Gerencia pública y economía informal

Introducción

En la Globalización uno de los instrumentos más visibles, en el ámbito económico, administrativo y empresarial, es la acontecimiento de una nueva arquitectura organizativa que, obteniendo ciertas características de la tradicional noción de "empresa" y desde ámbitos mucho más específicos y populares, participa en la libre oferta y solicitud de productos y servicios, en mercados marcados cada vez más, sobre todo en Latinoamérica y Venezuela, por la recesión y la contracción económica, junto a los dominantes de la competitividad y la eficiencia gerencial.

Pese a que su apariencia en la praxis organizacional se encumbre quizá a los inicios mismos de la actividad empresarial, la microempresa establece hoy en día centro de la atención oficial, académica, mediática y individual, como expresión de la iniciativa individual, familiar, grupal o comunitaria que frente al complejo entramado de transformaciones y el replanteamiento de las relaciones de poder entre el capital privado, el Estado y la sociedad civil en el terreno del mercado, ha desarrollado su presencia, rol e influencia, a la hora de estudiar las nuevas instintos de desarrollo empresarial, o de diseñar políticas de crecimiento económico a fin de reforzar el tejido industrial y productivo de una sociedad.

Evidentemente vinculado a esta dispuesta, el argumento de la economía informal y el reciente beneficio que su existencia y esparcimiento en Venezuela ha suscitado, plantea una variedad de interrogantes en torno no sólo a su fisonomía y confusión como fenómeno que excede las barreras de lo meramente económico para involucrar variables institucionales, históricas, sociales y culturales, sino su evidente interconexión con la irrupción de las microempresas, como realidad conceptual y práctica, en el escenario productivo mundial, nacional y regional.

El Estado, cuya realización y gobernabilidad se ha visto afectada por la nueva realidad global, tecnológica y la influencia de las grandes empresas transnacionales, sigue y seguirá desempeñando un papel fundamental e insustituible, en tanto ámbito o instancia llamada a 10 dictar los lineamientos y pautas para el adecuado funcionamiento del mercado, y como actor vigilante o activo rectificador de sus distorsiones e inequidades.

El Estado en las Políticas Públicas, que hostiga atender determinada insuficiencia social o solventar una situación problemática, irradian en su diseño, elaboración y ejecución no sólo la finalidad formal o declarada de atacar una realidad determinada, sino que muchas veces contribuyen elementos de juicio sobre la concepción, valoración o postura ideológica de quienes desde el gobierno, perciben y entienden de una forma específica dicha realidad, y de quienes equivalentemente en el plano operativo, las emplean. En este sentido, el encargo que a continuación se expone, enmarcado en la potestad o destreza a manifestar en el uso del método científico propio de quien aspira a alcanzar el Titulo de Maestría en el área de la Gerencia Empresarial, pretende abordar la vinculación entre la Gerencia Pública y la Economía Informal, a través del análisis de la opinión de los actores oficiales comprometidos de las políticas dirigidas a las microempresas sobre el aludido sector económico, así como el contexto legal, social, económico y sobre todo global, que concretan decisivamente el ambiente de la actividad organizativa en sus diversas modalidades y escalas, en el entendido de que es factible asemejar diferencias y contradicciones entre lo mencionado sobre la economía informal por quienes tienen el compromiso oficial de aplicarlas, los objetivos del marco legal vigente, y los objetivos institucionales y programáticos de dichas políticas.

CAPITULO I:

El problema

Planteamiento del Problema

La reseña al agravamiento del aprieto económico venezolano y a su naturaleza histórico-estructural, es hoy un lugar habitual que debe sortear los ensayos por ahondar en sus causas, a objeto de alcanzar un conocimiento más concluido y científico en lo atinente a su persistencia y complicación.

Esta crisis, que abarca numerosos ámbitos y cuya entera determinación excede los objetivos del presente trabajo, es beneficio del agotamiento de un modelo de desarrollo económico rentístico-petrolero, del complejo replanteamiento de las relaciones de poder entre el Estado, el capital y el resto de los actores sociales, así como a la difícil concreción de la estabilidad política y la independencia institucional que en la dialéctica histórica venezolana, determinan en buena medida la naturaleza, funcionamiento y estructura del Poder Público en Venezuela.

El ambiente de ingobernabilidad y de abandono de consensos que ha marcado el conjunto de reformas políticas, legales e institucionales iniciadas a partir de 1998 con el aumento al poder de Hugo Chávez Frías, y la promulgación de un nuevo Texto Constitucional en 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente, han signado innegablemente el clima económico y el cometido de los principales indicadores macroeconómicos y micro sociales de la estructura productiva nacional, soberanamente de la evaluación que pueda realizarse sobre la gestión gubernamental del Presidente Hugo Chávez.

En el contexto de un desapego entre el liderazgo empresarial del país y el Poder Ejecutivo, y de la poca continuación de la política económica oficial, la escena económica venezolana exhibe un proceso de descapitalización progresiva, desinversión y contracción generalizada de la producción en sus distintas secciones y linajes de actividad.

El acrecentamiento en las cifras de desempleo, junto al cierre de empresas y a la progresivo precarización del trabajo y de las relaciones laborales, causadas por el proceso de Globalización económica y la debilidad del modelo de progreso económico venezolano, forman algunos de los factores que han inducido a miles de personas a buscar nuevas formas de ganarse la vida. Y es aquí cuando se hace indudable un aumento de la presencia en el escenario económico nacional de la designada economía informal, cuyas cifras abarcan ya más de la mitad de la población económicamente activa.

Para este corporación los venezolanos que trabajaron lo hicieron en el sector formal, es decir, en empresas de cinco o más personas del área pública o privada, por lo que para ese lapso, el ente citado estima que el 53,7% de los trabajadores obtuvieron ingresos en el sector informal de la economía, evidenciando cierta similitud con las estimaciones no oficiales comentadas anteriormente.

Aun cuando no se poseen las cifras oficiales y definitivas del último censo realizado en el país (año 2001), haciendo uso de las estimaciones y cifras aportadas por firmas privadas, se evidencia que la economía informal en el estado Lara, cercana casi al 60%, rebasa lo que serían las cifras referidas al país, aproximadamente un 50-55% de la población económicamente activa.

Ahora bien, más allá de las conceptualizaciones y enfoques hipotéticas e ideológicas existentes alrededor de la economía informal y su progresivo presencia en relación a un disminuido sector formal o moderno del aparato productivo, junto a la invasión de los llamados "buhoneros" en las aceras y vías céntricas de las principales ciudades del país como expresión más palpable más no exclusiva de la informalidad, se ha convertido en un fenómeno complejo cuyas implicaciones prevalecen los términos superficiales de lo laboral o lo económico para hundirse en raíces causales que atenderían a aspectos como la naturaleza de la intervención estatal en la economía, las características y problemas estructurales del tejido productivo nacional y a la cultura e instituciones de la sociedad venezolana.

La economía informal, concebida desde sus múltiples y posibles significados; como espacio socio-productivo objeto de debate político; problema de orden público urbanístico ambiental; justificación o escape aparente al desempleo de la fuerza laboral; expresión de la reestructuración del mercado global capitalista y de la relación capital-trabajo; evidencia de las iniciativas sociales y populares hacia el emprendimiento empresarial y la asociatividad, o simple respuesta ciudadana a las restricciones, costos y obstáculos estatales al libre juego de la oferta y la demanda y al ánimo lucrativo de grupos sociales excluidos del sector "moderno" o "formal" de la economía, constituye una realidad compleja y altamente estructurada con múltiples aristas analíticas, cuyas dimensiones teóricas y prácticas justifican su análisis riguroso y sistemático.

La misma caracterización de "economía informal" traería consigo la predisposición hacia una visión parcial del fenómeno, entre quienes han planteado una terminología que refiere, con calificativos quizá menos excluyentes, a una "economía social", "solidaria", "alternativa", "popular" o "asociativa", lo cual ilustra la ausencia de un consenso generalizado y absoluto sobre esta novedosa tendencia. De hecho, la profusión de adjetivos denotaría la poca claridad conceptual y los distintos matices ideológicos o políticos en torno a la economía informal.

Sin embargo, la informalización de la economía, con vínculos igualmente notables con la conformación de un nuevo paradigma organizativo en lo empresarial, plantea precisamente la discusión en torno a los esquemas, formas y modalidades bajo las cuales la población excluida de ese sector formal, o en todo caso imposibilitada de acceder a él, se organiza, asocia y agrupa en pequeñas unidades productivas para lograr como objetivos, o bien de la subsistencia o sobrevivencia, la acumulación, o bien la consolidación plena en términos empresariales.

Semblantes como la flexibilidad estructural, la escala de producción, el tamaño y la adaptación del trabajo a los sucesos tecnologías y las nuevas condiciones del mercado laboral constituyen algunos de los elementos presentes en la identificación de ese nuevo paradigma organizativo, Guerra C. y Guerra S. (2002), lo que plantearía incluso una redefinición, replanteamiento o un debate alrededor de la noción misma de "microempresa", asumiendo que lo "micro" no es ya sólo una expresión de la economía social, popular o informal, sino un imperativo y requisito ineludible de reestructuración, sobrevivencia y competitividad empresarial.

En todo caso, la microempresa surge como instancia organizativa de primer orden en la economía latinoamericana y, particularmente la venezolana, abarcando la mayoría de las pequeñas unidades de producción en proporción a las de escala mediana o grande. Sus características o rasgos definitorios fundamentales (naturaleza familiar, escaso capital, mano de obra intensiva, gerencia rudimentaria, ausencia de formalidad jurídica, entre otros) tienen una lógica conexión con la noción de informalidad, en el plano no sólo teórico sino histórico.

Microempresa e informalidad se erigen como dos referencias analíticas que, en el actual contexto socio-político y económico venezolano, y a la luz de la naciente tendencia en círculos académicos, oficiales y multilaterales a superar modelos teóricos tradicionales u ortodoxos sobre el desarrollo y a valorar la cultura, las instituciones, la historia y la subjetividad del factor humano en los procesos económicos, hacen pertinente una aproximación a la relación entre estos dos constructos, y al papel del Estado como agente promotor del crecimiento económico y social de una nación, y de una mejor calidad de vida para su población.

El concepto de Capital Social empleado por el Banco Interamericano de Desarrollo

(2000), Putnam (1993)5 y Madrid (2002), por mencionar algunos; la insinuación a la "red" como medida central en la articulación de las relaciones de producción, comunicación e información del nuevo concepto de información utilizado por Castells (1999); el papel de la cultura en el nuevo pluralismo organizativo de Llano (1994); la revalorización de lo humano en la organización propia de la posmodernidad como tesis de Martínez (2000) y Morín (2000), o el estudio de las instituciones y su influencia en la teoría económica de la denominada por Williamson (2001) la Nueva Economía Institucional, evidencian la construcción de una nueva matriz epistémica, como soporte cognoscitivo de cualquier aproximación al tema de las microempresas y la informalidad.

Frente al papel del Estado, en el espacio de lo regional o lo local, y a su responsabilidad en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas destinadas al sector empresarial, las recientes reformas institucionales, particularmente materializadas en la nueva Ley Fundamental de 1999, plasman en cierta forma el espíritu aludido anteriormente, en lo atinente a la consideración de la sociedad civil, la economía social o popular, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a las cooperativas, como expresiones de sectores sociales tradicionalmente no incluidos en la economía "formal". La aparición del sector informal, o del conjunto de actividades y organizaciones que comparten establecida caracterización y suelen congregar en la economía informal, tiene constriñe relación con los primeros síntomas de crisis o agotamiento del modelo de desarrollo económico venezolano, alimentado de la renta petrolera y del Capitalismo de Estado, ubicados temporalmente hacia la segunda mitad de la década del 70, específicamente, a decir de Rojas (1992) en los años 1978-79. Según el referido historiador

"El carácter petrolero de la economía venezolana es lo que explica, en principio, el tardío impacto de la crisis mundial capitalista en el interior de nuestra estructura económica. (…) Mientras la economía mundial entra en crisis a finales de la década de los 60, agravada con el aumento de los precios del petróleo en 1973, Venezuela conoce los primeros efectos de la crisis en 1978-79, es decir, casi diez años después. (…) Sin embargo, hay que mirar el período anterior (1973-1978) para encontrar las raíces más inmediatas de la crisis. Allí encontramos como primer aspecto, la bonanza económica que sigue al auge inusitado de los precios internacionales del petróleo, el incremento inicialmente inexplicable de la deuda externa venezolana, el crecimiento del Gasto Público y, en lo fundamental, los desajustes financieros que harán explosión en 1978 paralelamente a la política de "frenazo" impuesto por el gobierno de Herrera Campins."

El desperfecto progresivo de los importantes indicadores macroeconómicos y sociales de Venezuela, contiguo la agotamiento del método político venezolano, desarrollado en parte por el debilidad progresivo del piloto de Estado Paternalista y la penetrante dificultades fiscal que limita cada vez más la complacencia de las miserias más primordiales en materia de empleo, salud, educación, vivienda, seguridad social y de calidad de vida en general, conducen al crecimiento del sector informal de la economía y de la población en circunstancias de pobreza moderada y extrema.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo (FAO), el 18% de la población venezolana padece de hambre. Elisa Panadés, representante del organismo en Venezuela, ha declarado que 3,8 millones de venezolanos no comen lo suficiente, por lo que se encuentran subnutridos. En correspondencia a las estadísticas sobre la pobreza en el país, las desigualdades que existen entre las apreciaciones públicas y privadas no soslayan el hecho preocupante de su persistencia y aumento.

Para el INE, la pobreza en el segundo semestre de 2002 había llegado a 48,6% del total de hogares, y en términos poblacionales, al 55,4% del total de habitantes; el 21% de los 5,81 millones de hogares y 25% de los 23 millones de venezolanos viven en situación de pobreza extrema, ya que su ingreso por cápita es inferior al valor de la canasta normativa alimentaria.

Frente a este desolador escenario, el economista en Jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Enrique Ganuza, ha señalado que Venezuela está en un grupo de 11 países que no logrará reducir en 50% la pobreza extrema para el año 2015 si se reproducen las políticas económicas de la década de los noventa, afirmación hecha con base en una proyección que hace el organismo multilateral fundamentada en el comportamiento económico de ese lapso, y lo que sucedería si se repiten hasta el 2015 los mismos resultados macroeconómicos que se registraron (en cuanto a variación del PIB y los coeficientes de desigualdad) entre 1990 y 1999, lo cual indicaría que pasarán 85 años para que el país llegue a disminuir 2% de la pobreza extrema. (Diario El Nacional, 19-7-03). De acuerdo a Datanálisis, la pobreza en cambio alcanza a 8 de cada 10 venezolanos, desagregada en un 38% de personas ubicadas en el estrato D (pobreza moderada) y un 43% localizadas en el estrato E (pobreza extrema). (Diario El Nacional, 25-05-2003). Por otra parte, Francés (1999) aporta algunas consideraciones, en la descripción cuantitativa del empeoramiento de la economía venezolana hacia finales de los 70 e inicios de los 80, al afirmar que:

"Después del Viernes Negro de 1983, la tasa de empleo informal no ha bajado del treinta y ocho por ciento; en 1994 subió al cincuenta por ciento, manteniéndose alrededor de este nivel desde entonces. El desempleo abierto, vale decir, la proporción de la fuerza de trabajo que está desocupada y buscando empleo, ha oscilado entre un mínimo de seis por ciento (en 1993) y trece por ciento (en 1984). Sumando el desempleo y empleo informal resulta que apenas el cincuenta por ciento, aproximadamente, de nuestra fuerza de trabajo ha contado con un empleo desde 1983, y menos del cuarenta por ciento, desde 1993."

Frente a la agudización de la crisis económico-institucional venezolana, y a la ausencia o ineficacia de políticas estratégicas que abordaran el fenómeno, cierta clase política asumió quizá a la informalidad como un "mal necesario", o como un sector que, ante el aumento de las cifras de desempleo, servía de vía de escape o "colchón" para atenuar el fuerte golpe de la pobreza y la inexistencia de oportunidades educativas o laborales.

Tal tesis es compartida por Hernández (1993):

"El sector de la Economía Popular, a través de las estructuras microempresariales ha evitado que el desarrollo de la crisis se convierta en un hecho de una mayor gravedad para los sectores populares. Gracias a este sector, un grueso número de personas continuó percibiendo algún tipo de ingresos, a pesar de haber salido de los sectores de la economía formal (…) La microempresa funcionó como un instrumento de los sectores populares para el "rebusque".

Queda en el debate, no obstante, los esquemas o modalidades de vinculación entre la empresa formal y la informal, o el peso de la competencia informal al momento de racionalizar y gerenciar los costos de la "formalidad" en algunas empresas. El imperativo de la competitividad por reducir los costos de producción, aunado a la contracción del mercado, caída de la demanda, plantean como salida para muchos empresarios, la adopción de prácticas informalidad, evasión o incumplimiento de deberes mercantiles o tributarios.

Cifras de la crisis

La conflictividad política y la conformación de un clima creciente de violencia social, aunado al rompimiento de los canales de comunicación y concertación entre el gobierno de Hugo Chávez y el sector privado y sectores de oposición, entre diversos acontecimientos, desencadenaron un paro cívico nacional en Diciembre de 2002, iniciado por trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y liderizado por la principal central obrera (CTV) y el gremio empresarial (Fedecamaras). Dicha paralización cuya duración superó los dos meses, más allá de las implicaciones políticas que la ocasionaron, generó notables costos en la estructura productiva nacional, y ha marcado indudablemente, un antes y un después, por su magnitud y número de sectores involucrados al momento de evaluar la situación económica de Venezuela. Tal como lo relata una nota periodística de El Diario El Universal (30-03-2003)

El Banco Central reporta una contracción del PIB de 16,7% en el cuarto trimestre de 2002, el consumo de electricidad cae 8,5% en enero 2003 respecto al mismo mes del pasado año; la recaudación real del IVA se desploma 48% en enero, la del impuesto al débito bancario sigue la tendencia con un declive de 31% y los préstamos con problemas de pago saltan 12% entre diciembre y febrero (…) La Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional determina en su último informe que el impacto económico total producto de la huelga general se estima en un 7,6% del PIB, equivalente a 7 mil 367 millones de dólares.

La gravedad de la situación, históricamente inédita en cuanto a la caída de todos los indicadores macroeconómicos, productivos, industriales y sociales, se refleja en otros datos dados a conocer en la prensa nacional. De acuerdo con la información estadística aportada por el Banco Central de Venezuela, el indicador que mide la capacidad de producción de la industria privada descendió 74% entre febrero del 2002 y febrero de 2003. Es decir, el índice bajó de 86,80 puntos a 21,87 puntos en un período de 12 meses. (Diario El Nacional, 03-04-2003). Además de ello, el establecimiento a finales de Enero de 2003 de un control cambiario por parte del Ejecutivo, que no ha podido entregar con la celeridad del caso las divisas requeridas por los diversos sectores cuyos insumos son importados, enrarecen aún más el horizonte para todas las organizaciones empresariales, cuyo reto en los próximos tiempos parece resumirse en una palabra: sobrevivencia.

La Economía Popular en la Constitución de 1999.

La Constitución aprobada en Diciembre de 1999, como el resultado normativo de un proceso constituyente y del cumplimiento, en alguna medida, de la promesa electoral e ideológica de Hugo Chávez, consagra el apoyo del Estado a las nuevas tendencias organizativas en el ámbito de la denominada economía social.

La Carta Magna, en su artículo 308, (Capítulo I "Del régimen socioeconómico y la función del Estado en la Economía, del Título VI, "Del Sistema Socioeconómico") establece que "el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo socioeconómico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno".

Este financiamiento oportuno, se ha concretado en la "Ley de Microfinanzas", (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.164, del 22-03-2001), que le ha permitido al gobierno entregar una suma considerable de recursos (Bs 15,7 millardos para marzo de 2002)6 en microcréditos a comunidades, agrupaciones, asociaciones y personas de estratos deprimidos económicamente, a pesar de las críticas generadas en razón de la ausencia de garantías de recuperación de los mismos, la exclusión del sistema microfinanciero de la supervisión de la Superintendencia de Bancos, y del impacto real de los microcréditos, provenientes sólo del Estado con exclusión del sector privado, en la reactivación productiva del país, en lo que algunos han calificado como una visión meramente asistencialista y dadivosa del proceso de estímulo a la iniciativa empresarial popular.

Otro de los elementos presentes en el discurso y praxis de la actual gestión gubernamental como un mecanismo de fomento de esa economía popular o alternativa, lo constituye el modelo cooperativo de organización. Hay quienes sostienen que las asociaciones cooperativas constituyen uno de los ejemplos más claros de cómo la acción grupal organizada y mancomunada, siguiendo valores como la solidaridad, cooperación, decisiones consensuales y colegiadas y participación, pudieran concretarse en dicho modelo de organización como una alternativa de desarrollo social y económico. En esa dirección, por iniciativa del Poder Ejecutivo, la legislación nacional en materia cooperativa sufrió recientemente una reforma y actualización, a través del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (Gaceta Oficial Nº 37.285 del 18-09-2001.)

Según la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en el país existían para el año

2001, 1.164 cooperativas, con un volumen de operaciones que sobrepasaba los 69 millardos de bolívares y que empleaban a 275.000,00 personas de forma directa. En otra información de prensa se expresa que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela ha establecido convenios de administración con las entidades microfinancieras del sector público (Banco de la Mujer y Banco del Pueblo Soberano) para la ejecución de programas de financiamiento a microempresas y cooperativas, destinando para ello recursos por el orden de los 13 millardos de bolívares en sectores como el agroalimentario, turismo, servicios y comercio. (Diario El Nacional, 07-08-2003). No obstante, pese a las reformas legislativas, y a los recursos financieros destinados a la promoción de cooperativas por parte del gobierno nacional a través de sus órganos respectivos, está latente el riesgo que significa concebir al cooperativismo como una fugaz moda, o como un utópico y aislado mecanismo para solucionar la aguda situación socioeconómica de la población, como parte de una visión limitada y sesgada que se reduce a preocuparse quizá del número de cooperativas creadas, y no de su sostenibilidad, viabilidad, y adecuación a los deseos, objetivos e intereses de quienes eventualmente puedan conformarlas. Estos hechos, así como la creación del Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, y el establecimiento, vía decreto presidencial, de un Ministro de Estado para la Economía Social, constituyen elementos de un entorno que, en términos jurídicos, financieros e institucionales, ha materializado un relativo apoyo a las organizaciones e individuos inmersos en este espacio productivo.

Sin embargo, el clima de enfrentamiento político entre el gobierno nacional y el sector empresarial privado, junto a sectores sindicales y opositores, plantean la posibilidad o sospecha, de acuerdo al discurso oficial, en el sentido de la utilización de este instrumental normativo-presupuestario con fines demagógicos, electorales y, más que al apoyo a la economía informal o popular, al desestímulo de la iniciativa privada a gran escala.

Planificación, acción y concepción económica reciente del actual gobierno

Al evaluar los planes y acciones del gobierno actual en el plano económico, se puede percibir ciertamente la continuidad de una línea de atención hacia la economía social, consagrada ya en la constitución de 1999, y en diversos planes y programas diseñados y aplicados por el Poder Ejecutivo. No obstante, es posible identificar la existencia de debilidades y fallas en la actual planificación económica, que estarían atentando contra la efectividad y solidez de la política pública dirigida al sector económico en general, y al ámbito de la economía social y a las microempresas en particular. En el documento informativo "Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007", se plantea la existencia de cinco ejes o equilibrios, que van a guiar la transición a la "Revolución Bolivariana", (tal cual reza el documento) y que abarcarían los siguientes ámbitos: económico, social, político, territorial e internacional.

En el apartado destinado al eje económico, se plantea que (…)El propósito es el ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que elimine progresivamente nuestra dependencia del rentismo petrolero. Vamos a diversificar la economía no petrolera y estimular la Economía Social, equilibrando la heterogeneidad de intereses económicos y sociales con la participación autogestionaria de todos los venezolanos, convergiendo diversas formas de propiedad y de relaciones de producción y consumo urbano-rural. Se apoya toda esta iniciativa autogestionaria en un sistema de microfinanzas y de asistencia técnica a las comunidades organizadas.

Al estudiar el desglose de estos equilibrios o ejes de acción en objetivos, estrategias, subobjetivos, subestrategias y subsubobjetivos, se nota sin embargo la carencia de acciones que involucren a las grandes compañías o sectores industriales, una relativa generalidad en los enunciados, duplicidad de objetivos y la simple enunciación de intenciones, sin las metas o indicadores correspondientes.

El fortalecimiento de la microempresa y las cooperativas, la organización del sistema de microfinanzas, y el aumento y fortalecimiento de la PYME se esbozan como subsubojetivos en el orden económico; sin embargo, en el caso de la economía social, aparece como subobjetivo 1.4 ("Desarrollar la economía social") y como subsubobjetivo 2.2.1. del eje social ("Fortalecer la economía social"), planteando un interés quizás no adecuadamente desagregado en términos de la metodología de organización manejada.

En esta línea temática, el economista Domingo Maza Zavala, expresaba en Enero de 2001, a propósito de la conmemoración de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y de una retrospectiva sobre los modelos de economía de finales de los 50 y del actual, lo siguiente:

(…) Se vive un proceso de transición, que no es obra de Chávez, sino de un país que viene desde mucho antes clamando por un cambio de esquemas. Si bien es cierto que hay necesidad de un nuevo modelo económico, esta estrategia está por definirse. La actual administración tiene algunos hechos que vislumbran un nuevo modelo: por ejemplo, el énfasis en la pequeña y mediana industria, las microfinanzas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los marginados. (Subrayado del autor. Diario El Nacional, 23-01-2002).

Por otro lado, en una reseña elaborada por el Diario El Universal a un documento del Banco Mundial, se puede de apreciar críticas en relación al manejo de las políticas públicas por parte de la actual gestión gubernamental:

En un documento del Banco Mundial se lee: Desde su comienzo, la administración Chávez dio prioridad a las reformas políticas, incluyendo la introducción de una nueva Constitución. Esto, y la falta de un programa económico amplio completamente implementado, aumentó la incertidumbre, afectando el clima de inversiones y reforzando el clima de desinversión del sector privado (…) Aunque Venezuela ha sido beneficiada con una gran riqueza natural, la pobreza es grave y las condiciones sociales se están deteriorando. La deficiente gerencia macroeconómica limita la participación del sector privado y las incertidumbres políticas han aumentado los riesgos de negocios y de país (…) El desempeño ha sido afectado por debilidades en el marco legal e institucional y una cultura del sector público ineficiente. La burocracia pública ha sido incapaz de diseñar e implementar programas para reducir la pobreza. (Subrayado del autor. Diario El Universal, 15-04-2003).

Por otra parte, Francisco Rodríguez, director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, expone algunas consideraciones en torno a la política y gestión económica y a la dirección de la Hacienda Pública Nacional.

En entrevista realizada por un diario de circulación nacional, el referido especialista comentaba: "Por eso creo que la política gubernamental es más bien un colchón de retazos donde se apela a medidas ortodoxas o heterodoxas para afrontar las crisis que se le vienen encima, pero no como un plan sostenible en el tiempo sino más bien como herramientas aisladas". (Subrayado del autor. Diario El Nacional, 04-08-2003).

En un artículo de opinión en relación a la política de endeudamiento de la gestión actual, Rodríguez expresaba que

(…) Mientras en 1998 el servicio de la deuda pública total representaba apenas 4,7% del PIB, para 2002 llegó a alcanzar 8,7% del PIB. Una de las causas del aumento del saldo y costo de la deuda es el manejo desacertado y poco justificable de la política de endeudamiento de la nación que se comienza a manifestar a partir del año 2002. Esta ha estado marcada por el deterioro progresivo de la transparencia, llevando a operaciones cuyo beneficio para la Nación es cuestionable. (Subrayado del autor. Diario El Nacional. "La política de endeudamiento público en Venezuela". 23-06-2003).

En tal sentido, pese a respaldarse en una disposición Constitucional, y en su configuración como objetivo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el lapso 2001-2007, el apoyo a la economía social, y concretamente a las microempresas, PYMES y cooperativas como actores básicos de este ámbito, necesita de un soporte de más alcance, de una estrategia macro o global en materia económica empleada con continuidad e integralidad, que admita armonizar coherentemente los programas financieros, crediticios o de capacitación puntuales o focalizados, con un plan sólido y completo para toda la economía, que principalmente, sea duradero y continuo.

En este orden de ideas, algunas críticas han salido en relación a la concepción que la actual gestión tiene sobre el desarrollo económico, la disposición de un sistema microfinanciero, y de los valores que conforman la justificación de las decisiones y políticas que se están empleando actualmente.

Ya en el año 2001, al comienzo de la actual gestión gubernamental, las irregularidades en los organismos de la estructura microfinanciera y de asistencia social y crediticia que el Pode Ejecutivo comenzaba a establecer, eran referidas por diarios nacionales.

Bajo una serie de denuncias e irregularidades, y por la inefectividad de su gestión en la atención de sectores populares, William Fariñas tuvo que renunciar al Fondo Único Social, no sin antes expresar para el Diario El Nacional (20-03-2001), lo que a continuación este medio presentó:

El ex presidente del Fondo Único Social, William Fariñas, admitió que durante su gestión cometió errores y tuvo que "saltar talanqueras porque, lamentablemente, son muy engorrosos los trámites en la administración pública para poder cumplir con todas las pautas que se establecen para cualquier transacción."

Con esto queda en evidencia el peso de la estructura burocrática, normativa y gerencial de la Administración Pública en su gestión y eficiencia, cuya lentitud administrativa no pueden justificar nunca la posición asumida por el referido funcionario, y más bien, plantea como propicia reformas y cambios que permitan solventar esa situación.

Mohammad Yunus, presidente del Grammen Bank, organización exitosa en materia de microcréditos en Bangladesh, testificaba en una entrevista que se le realizara en Octubre del 2001 (Diario El Nacional, 07-10-2001), a propósito de la promulgación de la Ley de Microfinanzas, que "el sistema de microfinanzas debe ser autosostenible, para que no dependa del financiamiento del Estado o de sus subsidios, sino que se convierta en un sistema bancario genuinamente comercial."

No obstante, después, otra nota de prensa ilustraba las críticas generadas en relación a las irregularidades del sistema. La reseña periodística planteaba:

El Banco del Pueblo tiene aproximadamente 88% de su patrimonio colocado en papeles emitidos por la República dentro del país, mientras 9% de su capital lo ha otorgado en pequeños préstamos a los sectores más necesitados. (…) Al 31 de diciembre del año 2002 el Banco de Pueblo acumuló pérdidas por 7,49 millardos de bolívares (…) después de haber obtenido un saldo negativo entre enero y junio del mismo año que llegó a 4,74 millardos de bolívares. (Diario El Nacional, 09-06-2003).

Estos hechos, llevaron probablemente al Banco Central de Venezuela, a advertir en documento enviado a la Asamblea Nacional contentivo de observaciones del instituto emisor sobre la reforma de la Ley General de Bancos, que instituciones como el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer en realidad no son bancos, entendiendo como bancos a entidades que reciben depósitos y otorgan créditos.

Se señalaba además, que "lo más lógico es modificar esas instituciones en fondos de asistencia crediticia y conservar intacta la norma de que toda entidad debe estar regida por la Ley General de Bancos. Es altamente peligroso que instituciones que potencialmente pueden recibir depósitos del público estén en una especie de limbo regulatorio y de supervisión."

Ello conforma un cuadro en el que se reflejaría la relativa premura o improvisación, por parte del Estado, en la organización jurídico-administrativa del Sistema Microfinanciero, con las lógicas consecuencias en la dilapidación o uso poco eficiente de los recursos dirigidos a la asistencia crediticia de sectores populares.

Situación en el Estado Lara

Trasladándonos al ámbito del estado Lara, y como consecuencia de la coyuntura recesiva que atraviesa la nación, Argenis Manzi, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Lara (CAPMIL) informaba en relación a la entidad que

En la actualidad, existen 300 agremiados activos, pero hay otro grupo de pequeños industriales que están técnicamente cerrados desde los últimos 3 años, los cuales no han sido desincorporados del gremio por mantener viva la llama de la esperanza y darles un auxilio con créditos y asistencia técnica. (Diario El Impulso, 13-06-2002).

El agravamiento de la crisis económica, junto a los efectos del paro cívico iniciado en diciembre de 2002, y al control de cambio instaurado por el Poder Ejecutivo, hacen suponer un empeoramiento del nivel de actividad descrito por el referido dirigente gremial larense.

Vale destacar en el estado Lara, la presencia de organizaciones comunitarias, cooperativas y de acción social con una amplia trayectoria en el trabajo social y en la conformación de redes productivas, en el caso de CECOSESOLA y las Ferias de Consumo Familiar, así como otras organizaciones no gubernamentales, que reflejan la existencia de elementos culturales, y de un perfil económico de la entidad, con vocación agroindustrial y especialmente comercial, propicio para la actividad cooperativa, comunitaria y microempresarial.

Ese ámbito de lo que Moreno Contreras (2002) denomina el "Tercer Sector", el cual adopta formas de organización y participación más allá del Estado y del mercado, tiene una presencia notable en la entidad regional, corroborando lo expresado en torno a la fructífera actividad cooperativa, comunitaria y microempresarial que en ella se realiza. Muestra de ello, lo constituye el listado de organizaciones, entes e instituciones incluido en el "Directorio de la Alianza Social 2001", editado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venacham) correspondiente estado Lara, el cual da cuenta de 29 organizaciones que bajo la figura de Asociaciones civiles, Fundaciones, Juntas ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, sociedad de amigos, entre otras, realizan una importante labor en áreas de salud, ambiente, rehabilitación, educación, formación, microempresas, planificación familiar y acción social en general.

En este contexto, instituciones como FUNDEME y FUNDAPYME, vinculadas administrativamente a la Gobernación del Estado Lara y dedicadas al apoyo financiero a microempresarios, sin incluir a otras organizaciones no oficiales presentes en la entidad, conforman un escenario institucional propicio para analizar la opinión de gerentes públicos responsables en ésta área de actuación en torno a la economía informal, a objeto de proveer insumos para una reflexión seria y sistemática de las políticas microempresariales, su diseño, valores e impacto, en el marco de la actual coyuntura nacional.

Ello, en el entendido de que los valores, posturas o juicios reflejados en la opinión de dichos funcionarios referida a la realidad sobre la cual buscan actuar, puede evidenciar una concepción que, eventualmente, se constituiría en un obstáculo o limitante en la eficiente administración de la política microempresarial a su cargo, y al logro cabal de las finalidades generales del organismo oficial respectivo y de los programas desarrollados por el mismo.

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