Gerencia pública y economía informal (página 2)

La finalidad e intención que se persigue al efectuar la presente investigación, se expresa y resume en los siguientes objetivos:

Objetivo General

Establecer la relación entre la opinión de gerentes y funcionarios públicos sobre la economía informal, y las políticas de apoyo, estímulo y financiamiento a las microempresas del Estado Lara.

Objetivos Específicos

1) Analizar el marco legal e institucional vigente en materia de apoyo a la Economía Social y a las Microempresas, así como la gestión gubernamental reciente dirigida a dichos sectores.

2) Examinar la opinión de los actores y responsables institucionales oficiales en las áreas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre la economía informal.

3) Establecer el nivel de influencia de los valores, juicios y percepciones reflejadas en la opinión de gerentes públicos sobre la economía informal y las microempresas, en la administración de las políticas dirigidas al sector microempresarial del Estado Lara.

Justificación

La economía informal, o los múltiples adjetivos que denotan su complejidad y el difícil consenso teórico que gira a su alrededor, constituye una realidad inocultable y presente en los países en vías de desarrollo, en América Latina y muy particularmente en Venezuela.

La permanencia y prolongación de un cuadro recesivo, inflacionario, y de incremento del índice de desempleo, por señalar solo algunos de los diversos factores económicos que intervienen en su existencia, y su reciente agudización como nunca antes en la historia del país, indican aparte de su expansión como sector económico, una presencia e implicaciones en todos los órdenes que persistirá durante algún tiempo, y que ameritan por tanto un estudio detallado.

Esto ocurre en el marco de un replanteamiento de las relaciones de poder, participación e influencia entre el Estado y el resto de los actores que conforman el tejido social, contexto en el cual la ingobernabilidad creciente impide la satisfacción de las necesidades básicas de la colectividad, que asisten a su vez a la crisis del Estado de Bienestar, tal como existió décadas atrás.

En esa dificultad, que padece el gerente público para que sus decisiones generen los resultados esperados, radica igualmente el interés por establecer el grado de relación entre la opinión de ese funcionario público sobre la economía informal, como parte de una realidad amplia y compleja sobre la cual busca intervenir, y las acciones y decisiones que, convertidas eventualmente en políticas, se diseñan y ejecutan para atender las necesidades sociales y resolver el problema del desarrollo económico, cuyo norte debe ser finalmente el desarrollo social.

Se considera el Estado Lara, por su perfil económico y productivo, por su larga tradición cooperativa, microempresarial, de organizaciones populares y comunitarias y por la existencia de diversas instituciones orientadas a la atención del sector económico bajo análisis, constituye una oportunidad que justifica y en cierto sentido hace viable la presente investigación, en momentos en que han surgido desde diversos sectores, dudas y críticas en relación a la gestión económica del actual gobierno, y a la orientación que sustentaría buena parte de los programas y acciones destinados al área microempresarial.

Alcances

• Los funcionarios, gerentes y empleados a consultar y a encuestar pertenecen a instituciones públicas cuyo funcionamiento o razón de ser tiene que ver directamente con el sector microempresarial y la economía informal, bien sea a través del diseño de estrategias, bien sea mediante el financiamiento o bien a través del seguimiento, asesoría y la capacitación (FUNDAPYME, FUNDEME, TECNOPARQUE, DIRECCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA). Se visitarán las sedes de dichas instituciones ubicadas en la ciudad de Barquisimeto, municipio Iribarren, capital del Estado, en el cual se concentra la mayor parte de la población atendida.

• No se pretende en este trabajo profundizar rigurosamente en la descripción y caracterización estadística y cuantitativa de la Economía Informal o del sector microempresarial, como es quizá lo usual cuando se aborda dicha temática, dado que es la dimensión cualitativa del fenómeno sobre la cual se quiere abundar.

• No se persigue una descripción detallada y en profundidad de la naturaleza, misión, visión, objetivos, resultados, cifras de los programas, actividades o políticas ejecutadas por dichos organismos, sino conocer la opinión y percepción de quienes las integran y dirigen sobre una realidad sobre la cual, directa o indirectamente, deben actuar.

• Aun cuando se reconocen las implicaciones de los adjetivos que se le pueden endosar a la palabra "Economía", en atención a determinada postura teórico-conceptual o ideológica, a los efectos del presente trabajo se empleará el término "Economía Informal" por ser el que, desde la perspectiva de los enfoques del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe-Organización Internacional del Trabajo (PREALC-OIT) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresa de mejor forma la tesis del autor; dejando claro no obstante, que también se hará uso indistinto de las denominaciones "Economía Social", "Economía Popular" o "Economía Alternativa" para caracterizar el objeto de estudio, en el entendido de que son éstas las categorías presentes mayoritariamente en el discurso y en la praxis normativa de la actual gestión gubernamental. Queda para una futura y más detallada aproximación científica, el desarrollo de una diferenciación conceptual o terminológica entre los distintos enfoques, y de su pertinencia y adecuación a la realidad venezolana.

Se asume el carácter complejo, diverso, heterogéneo y altamente estructurado de la economía informal, como expresión de una realidad con múltiples vínculos con la pobreza, el desempleo, la educación, el funcionamiento del Estado, la cultura y las instituciones, por mencionar sólo algunos elementos. Al tanto de dichas imbricaciones, la atención recaerá fundamentalmente en los rasgos definitorios de la economía informal, de las microempresas, sin obviar los vínculos y conexiones necesarios y evidentes con los factores mencionados, que pudieran incorporarse como variables en futuros y más acabados estudios, sobre todo porque atienden en el fondo, al igual que la actual indagatoria, al papel y a la posición que debe desempeñar el Estado frente a dichas realidades.

CAPITULO II:

Marco teórico

Antecedentes

Parece existir un consenso generalizado en la literatura consultada, en el sentido de atribuir la noción de "informalidad" a las investigaciones auspiciadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la labor realizada por Keith Hart hacia fines de la década de 1960, dirigida a estudiar los mercados laborales urbanos en África.

Portes (2000), Hart postuló un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana, apoyado en su mayor parte en la distinción entre empleo y autoempleo. El concepto de informalidad se aplicaba a los autoempleados. Hart enfatizó el notable dinamismo y la diversidad de estas actividades que, en su opinión, trascendían con mucho a los limpiabotas y los vendedores de fósforos. Hay quienes sostienen como Quijano (1998) que existe un similar origen y desarrollo histórico-analítico entre la noción de informalidad con la definición de marginalidad.

La tesis de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), así como los trabajos de sociólogos, economistas y científicos sociales en torno a la Teoría de la Dependencia y el Subdesarrollo, que sustentarían a la larga la política de sustitución de importaciones, o la tesis del desarrollo endógeno, aplicadas por varios gobiernos de la época, constituyeron las aproximaciones no sólo teóricas sino ideológicas que desde el materialismo histórico o el estructural-funcionalismo analizaron la realidad económica latinoamericana.

El proceso de industrialización acelerada, las migraciones, el crecimiento demográfico, físico y económico de las principales ciudades latinoamericanas, fueron sentando las bases de los problemas de empleo, vivienda y conformación de zonas deprimidas en los márgenes urbanos, con distintas denominaciones como barrios, favelas, villas miseria. En estos ámbitos citadinos, una vez que se fueron agudizando los problemas económicos y sociales y el empobrecimiento de crecientes masas humanas, se conformaría el territorio concreto y real objeto de la discusión sobre la "informalidad", y en cierta forma, sobre la noción de "marginalidad."

Quijano (1998) describe acertadamente el panorama de la región latinoamericana de la época:

Aquello ocurre en todo el orden capitalista mundial, pero sobre todo en las áreas donde la heterogeneidad histórico-estructural es más acusada, por el nivel "subdesarrollado" del capital. En tal perspectiva, el continuo crecimiento de una población sin empleo e ingresos salariales estables, no proviene del pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Es un fenómeno producido por las propias tendencias globales del capital, cuyos efectos sobre la población trabajadora se ejercen en todo el universo capitalista, pero que se agravan en las condiciones de una sociedad "dependiente" (…) donde el rasgo sobresaliente era, y todavía es, el desencuentro permanente entre sus normas y valores "formales" y sus prácticas sociales reales.

Barrantes (1997) defiende la denominación de "Economía Popular", y afirma que ella define una región específica del conjunto de relaciones de nuestra configuración societal, no reducida a una locación geo-espacial específica sino que se encuentra múltiplemente inscrita en el entramado político, ideológico, simbólico, imaginario, económico, jurídico y cultural venezolano.

Freije (2001) ha indagado sobre el empleo informal en América Latina y el Caribe con base en los estudios y cifras suministradas por la CEPAL y la OIT para la región, los cuales a decir de este autor, denotan la disparidad de registros y la dificultad para llegar a conclusiones respecto a la tendencia que muestra el tamaño del empleo informal en la zona, pero que en todo caso sugerirían que ningún país latinoamericano ha podido eliminar la informalidad, en el caso de las estadísticas de la OIT, y que países como Chile, El Salvador y Honduras han mostrado una disminución del tamaño relativo del empleo informal en sus economías.

La conclusión de Freije (2001) en torno al fenómeno se expresa en los siguientes términos:

Cinco aspectos se destacan como los más importantes y urgentes con respecto al tamaño y la tendencia de las actividades informales en América Latina y el Caribe. Estos aspectos son: el complejo efecto que las regulaciones tienen sobre las actividades informales; el impacto que las políticas macroeconómicas han tenido sobre el sector informal en las últimas dos décadas; la pobreza, desigualdad y estancamiento social que suelen acompañar al empleo informal; la falta de protección social que afecta a los trabajadores informales; y la baja productividad que muestra la mayor parte de las actividades informales. La literatura ha identificado los primeros dos aspectos como las principales causas del voluminoso sector informal que aun caracteriza a los mercados laborales de la región. Los últimos tres aspectos son las consecuencias del empleo informal y las razones por las que los investigadores y los responsables de la formulación de políticas deben encontrar estrategias para combatir el problema.

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica –ILPES- (1998), al estudiar la evolución del mercado de trabajo en América Latina resaltan cambios ocurridos en la estructura del empleo y el significativo deterioro de su calidad. Afirma esta institución que por un lado, disminuye la importancia del sector público y de la gran empresa privada como generadores del empleo y, por otro, aumenta la importancia de las pequeñas empresas y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Esas dos categorías, sumadas al servicio doméstico, pasan de 40% del total del empleo en 1980 a 52% en 1990 y a 57% en 1996.

Este organismo pronuncia que de mantenerse la tendencia, se puede prever la influencia de tales procesos en la estructura del empleo.

A pesar de las diferencias que existen en la estructura laboral, económica y socio-productiva de cada país, estas cifras permiten constatar como punto en común el peso y la presencia de la economía informal en América Latina.

En el caso venezolano vale mencionar, el trabajo de Valente y otros (2002) en torno al desempeño del sector informal en el estado Zulia durante el período 1984-1998, apoyado en el análisis estadístico del empleo por sectores (formal e informal) en el contexto del entorno macroeconómico de Venezuela, y su manifestación en el mercado laboral.

De acuerdo al referido trabajo, el total de nuevos empleos (588.229) que se generaron en el Estado Zulia durante el período 1984-1998, al sector formal sólo le correspondió el 33,93% (equivalente a 119.575 empleos), mientras que el informal absorbió el 66,07% (es decir 388.654 empleos), lo cual evidencia la debilidad del mercado de trabajo regional en el cual las industrias organizadas mostraron poco dinamismo para generar empleo, dado el largo proceso de estancamiento de la economía venezolana, y por ende, de la zuliana.

Aunque dicha investigación comprende un análisis estadístico y macroeconómico de la economía informal en el estado Zulia, es conveniente resaltar lo afirmado por Valente y otros (2002) en cuanto a considerar que

A nivel micro, la informalidad está vinculada a las estrategias de inserción laboral de los grupos domésticos ante situaciones de carencias educativas, desempleo, subempleo y/o bajas en los niveles de ingreso familiar; así como también a formas "tradicionales" de organización social de la producción que no responden a la lógica de maximización de la ganancia sino más bien a garantizar los bienes que permiten la manutención y desarrollo de la familia.

La naturaleza estructural y compleja de la economía informal, plantea diversas conexiones y vínculos teórico-prácticos con temas como el desempleo, las carencias educativas y, ciertamente, con el de la pobreza.

En el terrero tributario, Giménez (2002) demuestra, a través del análisis de la Ordenanza que establece el impuesto a las actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar en el Municipio Iribarren del estado Lara, la posibilidad de pechar y aplicar la potestad tributaria municipal a quienes realizan actividades de manera informal en su jurisdicción, y además, aporta datos interesantes en torno a los ingresos promedio, motivaciones y disposición a pagar impuestos de comerciantes informales entrevistados que muestran otra dimensión, poco explorada y alejada de la imagen tradicional del sector informal.

El crecimiento de la economía informal en Venezuela ha estado relacionado, entre otros elementos, con el aumento del índice de desempleo y con la imposibilidad del llamado sector formal del aparato productivo de absorber no sólo la mano de obra calificada o con experiencia en situación de desempleo, sino a los venezolanos que cada año se incorporan a la población económicamente activa del país, estimada según García (Diario El Nacional, 01-06-2003) en 350.000 personas, y de acuerdo a Santos (Diario El Universal, 14 –07-2003) en 240.000 personas.

Algunos datos que ilustran dicha realidad son aportados por un estudio elaborado por la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, según el cual una persona que ha tenido trabajo pero que se encuentra desempleada en Venezuela pasa en promedio 12,2 meses buscando empleo; el lapso de búsqueda varía de acuerdo a la capacitación, (65% de la población desempleada no ha finalizado la educación media) la edad, la actividad económica y hasta el sexo (una mujer dura año y medio y una persona de 50 años puede permanecer cesante más de dos años). (Diario El Nacional, 26-03-2003.)

La firma consultora Datanálisis, en uno de sus estudios, ha afirmado que al estudiar el fenómeno de la informalidad por estratos sociales, sus cálculos indican "que 4 de cada 10 trabajadores que pueden considerarse como parte de la clase media trabajaban a finales de febrero de 2003 en la economía subterránea; es decir, en el sector informal trabaja 40% de la clase media". (Diario El Nacional, 30-04-2003).

Trasladándonos a otra perspectiva analítica, se puede afirmar la existencia de vínculos teóricos y prácticos entre la economía informal y la actividad microempresarial, en la tesis de que una parte considerable de quienes realizan actividades de manera informal, suelen efectuarlas bajo el particular esquema organizativo de la microempresa.

En relación a la conceptualización de microempresas, Piñate y Vivas (1995), citando a Chávez (1987), las definen como pequeñas unidades que participan en el proceso productivo global, realizando un conjunto heterogéneo de actividades que presentan características que las diferencian del sector moderno, manteniendo entre ellas rasgos comunes.

Desde el debate conceptual centrado en los elementos o rasgos distintivos de ese complejo agregado de relaciones categorizado bien como "economía informal", o bien como "economía popular", se destaca la vinculación establecida entre el ámbito o espacio económico, social y cultural en el que la actividad se realiza, y la forma organizativa o microempresarial bajo la cual esa acción se canaliza. En esta orientación, el documento del PNUD "Desarrollo sin Pobreza" citado por Iranzo (1995), ofrece, desde la perspectiva de la economía popular, una descripción acabada de esa realidad que se incorpora integra a continuación:

La economía popular urbana, va desde las manifestaciones más elementales de microempresa familiar hasta empresas productivas con criterios contables más formales, bien sean de origen familiar o basadas en formas asociativas. Una descripción global de la economía popular urbana debe considerar los siguientes elementos:

• a) Sus agentes son familias pobres, cuyo capital tiende a estar representado, a lo sumo, en pequeños ahorros salariales y prestacionales.

• b) Desde el punto de vista empresarial casi siempre se caracterizan por la precariedad de su gestión administrativa, por la concentración de funciones en una persona que debe ser al mismo tiempo productor, vendedor y administrador.

• c) La lógica familiar, busca la generación de un ingreso suficiente para sus necesidades como objetivo central del proceso productivo; incorporar a dicho proceso la mano de obra familiar y utilizar la vivienda también como lugar de trabajo, son características de dicha lógica.

• d) La débil acumulación del capital inicial y la falta de información tecnológica se traducen en una dotación no siempre óptima de procesos. El producto, por su parte, refleja frecuentemente la precariedad empresarial de la cual es resultado: presenta, por lo tanto deficiencias en diseño, en calidad, en homogeneidad, etc.

• e) Encuentra una casi insalvable dificultad para incorporarse al "sistema institucional" debido a la excesiva regulación que caracteriza nuestra vida social y como consecuencia de esta informalidad se ve privada de acceso al sistema institucional de crédito y de compras.

• f) Ha sido, hasta hace poco, ignorada en los programas de desarrollo, considerándola solamente como un "problema social".

• g) No obstante todo lo anterior, la empresa popular compite con la empresa "formal", aprovechando nichos de mercado que le representan ventajas comparativas derivadas de su tamaño y estructura empresarial.

• h) Es fundamental entender que lo pequeño y lo popular no se identifican con la ineficiencia.

Más recientemente, Márquez y Gómez (2001) analizan la modalidad microempresarial de organización, desde la óptica metodológica de los estudios de casos de éxito emprendedor, y en sintonía con una visión liberal y positiva de la economía y de la actividad empresarial.

Estos autores, al explicar la naturaleza de la investigación desarrollada, esbozan la premisa que fundamenta y resume los resultados de su indagatoria sobre los microempresarios analizados, al expresar que

Sus experiencias sugieren que la microempresa que surja de orígenes humildes puede –a partir del espíritu emprendedor, de aprovechar redes y forjar vínculos con otras empresas e instituciones- contribuir a fortalecer la economía y el desarrollo social.

Bases Teóricas

Es evidente la diversidad conceptual y la heterogeneidad de posturas y enfoques que intentan indagar en dichos constructos teóricos, esto es debido al carácter no tan novedoso de la informalidad y la actividad microempresarial en el ámbito latinoamericano. En la opinión de Barrantes (1997) el Sector Informal Urbano (SIU) fue definido no por lo que es y tiene, sino, por lo que no es: lo no estructurado, lo no formal, lo no rentable, lo no estético, lo no legal, lo no legítimo; y por lo que no tiene: capital, razón, organización, educación y, antes de El Otro Sendero (De Soto, 1987), espíritu neolibreempresarial.

El debate actual sobre el desarrollo económico, la Tercera Vía, y la edificación de modelos de crecimiento socio-productivos que superen las deficiencias, exclusiones y efectos perniciosos ocasionados por la aplicación de las políticas de "shock" de corte neoliberal propugnadas por el FMI y el BM en América Latina en años recientes, ha incorporado como tema de la agenda pública la emergencia del denominado Tercer Sector, ámbito nebuloso que agrupa a las organizaciones que no pertenecen al espacio del mercado, pero que tampoco encajan en las dimensiones y lógica de funcionamiento de la acción estatal.

En una línea argumental distinta a la de Barrantes (1997), Bombarolo (2001) alude a la problemática de homogeneizar desde una concepción sectorial, a las expresiones organizativas, variadas por naturaleza, para agruparlas en el mencionado Tercer Sector, y plantea críticas al mito del conflicto Estado, Mercado y Tercer Sector. En relación a esta idea, Bombarolo (2001) sostiene que

no existe unidad sectorial alguna que nos permita hablar del Tercer Sector como un "actor social universal". (…) Tan grandes son las diferencias, posiciones, tamaños, sentidos, orígenes, actitudes, que resulta casi imposible encontrar puntos vinculantes más allá del hecho de que se trata de "organizaciones de personas". Las visiones funcionalistas desde donde se construye aquel "supuesto actor", se construyen y conducen a privilegiar "lo formal" de las organizaciones antes que "el sentido de su quehacer" (…) La historia demuestra día a día que el enorme y heterogéneo universo de las organizaciones no actúa como "sector" ante los hechos cotidianos o las decisiones macrosociales.

El mencionado autor expone así, los matices no sólo económicos o laborales de la informalidad, sino también los inconvenientes o riesgos en que se puede caer al momento de "etiquetar" o analizar la realidad desde un único enfoque conceptual o ideológico.

Según Bombarolo (2001)

Es necesario poner en duda la tan difundida disputa o distancia sectorial entre Estado, Mercado y Tercer Sector. Para descubrir el sentido de las argumentaciones que sostienen aquella diferenciación, sería necesario revisar cuál es el rol que se le asigna al Estado en los procesos de construcción social, cuál al sentido de democracia y cuál al sentido de lucro.

Enfoques sobre la informalidad

Piñate y Vivas (1995), al postular la variedad de enfoques sobre la Economía Popular, cada uno con implicaciones teóricas y prácticas distintas ante el aspecto de la realidad que cada una enfatiza, plantean la existencia de al menos cuatro enfoques: el enfoque del Excedente Laboral, asumido por la OIT-PREALC (incapacidad del sector moderno de crear nuevos empleos); el enfoque Neomarxista (desigualdades del sistema económico internacional y variante de la relación capital-trabajo); el enfoque Neoliberal, del cual De Soto es figura emblemática (las condiciones legales y el Estado como obstáculos y costos a la operatividad del sector formal); y el enfoque de la Economía Popular, asumido por la ONU-PNUD (estrategias de sobrevivencia aplicadas por los pobres para autogenerar empleo e ingresos).

En esa misma orientación conceptual, Caraballo y Jiménez (1996) elaboran una descripción de los distintos enfoques sobre el sector informal, que a continuación se presenta en algunos de sus rasgos fundamentales.

• Enfoque Neoliberal: Identifica a Hernando de Soto como su máximo exponente. Esta corriente entiende a la Economía Informal como una serie de actividades de producción extralegal pero lícita, que se deben a la excesiva carga de regulaciones impuestas por el Estado, además a su ineficiencia, por no proveer los recursos y medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, debido al exceso de trabas burocráticas y administrativas.

• Enfoque Neomarxista: Según este enfoque, las grandes industrias con la finalidad de disminuir sus costos de producción utilizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas empresas, convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector Formal. Considera que el Sector Informal, al estar subordinado a las necesidades de acumulación de capital, no tiene posibilidad alguna de desarrollo autónomo. Es decir una vez superada la crisis, la economía experimentará períodos de crecimiento, ocasionando así una reincorporación de la población al sector formal.

• Enfoque del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC): Este programa que depende de la OIT, define al sector informal como excedente de fuerza de trabajo producto de la incapacidad de absorción de mano de obra por parte del sector formal, haciendo referencia a la incapacidad estructural de la economía capitalista moderna de nuestros países de generar los ingresos monetarios que las personas requieren, y el tipo de desarrollo tecnológico que privilegia las técnicas intensivas de capital, por lo que surge la economía informal como respuesta a las necesidades de un grueso sector de la población que por obligación o por voluntad se autogenera empleo, para su subsistencia y la de su familia, asumiendo la renuncia a los beneficios económicos del sistema de seguridad social, ofrecido por el sector formal. Este enfoque resalta el efecto positivo que este sector tiene en relación a la generación de empleo y producción, si es apoyado a través de políticas específicas.

• Enfoque Alternativo o de Economía Popular: Este enfoque es apoyado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y hace mención a las diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los pobres para autogenerarse empleo e ingresos, realizando para ello actividades económicas de pequeña escala que sirven para satisfacer sus necesidades ante la inflación y las altas tasas de desempleo. Su principal exponente, Luis Razeto Negliaro, indica que de esta forma los sectores populares constituyen formas alternativas de empresas creando un modo especial de hacer economía dentro del sistema económico global, a la cual se puede denominar Economía Popular.

Beccaria, Carpio y Orsatti (2000) contribuyen con el debate conceptual sobre la informalidad, manifestando que

(El sector informal) no es un nuevo segmento del mercado de trabajo, ni un residuo de los modos de producción precapitalistas. El sector informal es internamente heterogéneo, formado por segmentos reorganizados de combinaciones de producción preexistente, unificada por su relación funcional con la economía capitalista. (…) El hecho de que la unidad informal dependa económicamente de la empresa moderna, no modifica (el hecho de) que su titular sea un pequeño microempresario que asume riesgos y cuenta con un capital.

Para Castells y Portes (1989), el sector informal incluye a todas las actividades redituables que no están reguladas por el Estado en entornos sociales en los que sí están reguladas actividades similares.

Con la realización del presente trabajo se desea lograr una postura teórica que combine o vincule los planteamientos básicos del enfoque defendido por la OIT, a través del PREALC, y la tesis del enfoque de la Economía Popular, esbozado por el PNUD, de esta manera nos permitiremos tener una visualización del fenómeno que permita edificar, con base a las particularidades de la realidad venezolana, una elaboración conceptual que sistematice la esencia de un ámbito altamente estructurado. Citado por Alejandro Portes (2000).

Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero.

El Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.164 del 22 de marzo de 2001), también conocido como "Ley de Microfinanzas" plantea en su exposición de motivos, que el mismo

(…) tiene como objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales autoempleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica, a objeto de integrarlas en las dinámicas económicas y sociales del país.

Al analizar más brevemente el objeto del referido instrumento legislativo, en el artículo 1 se plantea que "el presente Decreto Ley tiene por objeto crear, estimular, promocionar y desarrollar el sistema microfinanciero para atender la economía popular (denominación ya presente en la anterior Constitución de 1961) y alternativa, a los fines de su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social.

Artículo 2: A los efectos del presente Decreto Ley se entiende por:

Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales, sean autoempleada, desempleadas y microempresarios, como a personas jurídicas organizadas en unidades asociativas o microempresas, en áreas rurales y urbanas.

Microempresario: Persona natural o jurídica, que bajo cualquier forma de organización o gestión productiva, desarrolle o tenga iniciativas para realizar actividades de comercialización, prestación de servicios, transformación y producción industrial, agrícola o artesanal de bienes. En el caso de persona jurídica, deberá contar con un número total no mayor de diez (10) trabajadores y trabajadoras o generar ventas anuales hasta por la cantidad de nueve mil Unidades Tributarias (9.000 U.T.).

Unidad Asociativa: Dos (2) o más personas naturales bajo cualquier forma de organización con la finalidad de acceder a los servicios financieros y no financieros, para gestionar la iniciativa económica común.

Servicios Financieros: Productos e instrumentos financieros prestados por los entes u organizaciones públicos o privados para facilitar y promover el desarrollo de los usuarios del sistema microfinanciero.

Servicios No Financieros: programas, proyectos, instrumentos y acciones para el adiestramiento, capacitación, asistencia tecnológica, productiva y otros, prestados por los entes u organizaciones públicos o privados a los usuarios del sistema microfinanciero.

Microcrédito: crédito concedido a los usuarios del sistema microfinanciero con o sin intereses, destinado a financiar actividades de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago lo constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades.

La Ley de Microfinanzas, hace mención básicamente al microempresario y a la unidad asociativa, bajo cualquier forma de organización, haciendo la salvedad en el caso de microempresas registradas o asumiendo la forma de una persona jurídica, que el número de trabajadores no deberá ser mayor de 10, o de poseer ventas anuales que no superen las 9.000 unidades tributarias (Bs.- 264.600.000,00 asumiendo el valor de la unidad tributaria vigente a la fecha, Junio de 2005, de Bs.-29.400,00). Aun cuando se trata de un límite superior, es evidente que ante la agudización de la recesión económica y la generalizada caída en las ventas que reportan los organismos gremiales del sector privado, el referido monto (Bs.- 264.600.000,00) luce más cercano quizás a los ingresos de una empresa mediana, pero no circunscrita al ámbito de un trabajador por cuenta propia, de un comerciante informal, de una unidad productiva familiar o de una microempresa que a duras penas trate de sobrevivir.

Esta norma alude a lo que es el financiamiento y transferencia de recursos o microcréditos propiamente dichos a los beneficiarios, y lo que sería la capacitación, asesoría y asistencia técnica destinados a garantizar la viabilidad en el largo plazo de la unidad microempresarial.

El artículo 6 describe los lineamientos, que regirán la acción y las decisiones del Poder Ejecutivo en la conformación del sistema microfinanciero y en el fomento a la denominada economía popular y alternativa, entre ellos:

1.- Promoción de programas y mecanismos que estimulen la productividad y competitividad del sistema microfinanciero (…)

3.- Promoción de la iniciativa e inversión pública o privada nacional e internacional, en la provisión de servicios de fomento y desarrollo para las microfinanzas, auspiciando la competencia, sana y leal en el mercado; (…)

6.- Evaluación de los resultados e impactos de los programas, proyectos, instrumentos y servicios de promoción y desarrollo, a los efectos de mejorar la planificación y ejecución de sus objetivos (…)

8.- Promoción y articulación de programas y proyectos tendientes a desarrollar una cultura productiva y de calidad de servicios, que facilite la sostenibilidad y sustentabilidad del sector. (Subrayados del autor).

En relación a la sostenibilidad y sustentabilidad como aspecto válido quizá no solo como finalidad a lograr en los microempresarios o público objeto de atención de la política, sino también de la gestión, aplicación y administración de los recursos que alimentan dicha política en cuanto tal, vale mencionar lo planteado por Iranzo (1995) en cuanto a que

(…) Se puede dejar de una vez establecido que hasta en la aplicación de programas crediticios por parte del Estado, en la práctica, independientemente de su naturaleza, la concepción que se maneja es más de distribución de los recursos que de inversión, por lo que es insignificante el esfuerzo que se hace por recuperar los fondos concedidos como préstamos.

Ante esta afirmación resulta pertinente hacer referencia al artículo 3 de la Ley de Microfinanzas, el cual estipula que, "los entes u organizaciones públicas y privadas que integren el sistema microfinanciero deben ser diligentes en el retorno y la recuperación de los recursos económicos y la sustentabilidad del sistema en forma eficiente y oportuna".

Cabe destacar que existen ciertos criterios que plantean la verificación o la constatación del cumplimiento de dicha norma. Como por ejemplo la flexibilización de los requisitos y la facilitación de los trámites administrativos que pauta el numeral 2 del artículo 15, las debilidades en el seguimiento, y el contraste quizá con lo que es la realidad en las instituciones que atienden financieramente al sector microempresarial en cuanto a su gestión cotidiana.

Microempresa, pequeña y mediana empresa: ¿ambigüedad conceptual?

En algunos casos, es común emplear los términos "microempresa" y "pequeña y mediana empresa" (PYME) para caracterizar modalidades particulares de organización empresarial, definidas por su reducido tamaño, escala de producción, flexibilidad estructural y escaso capital, y como expresiones de lo que se ha catalogado como economía informal o economía popular, según la óptica teórica e ideológica adoptada.

No obstante, podemos afirmar que, pese a la variedad terminológica y poco consensual, la microempresa y la PYME representarían precisamente la concreción en el terreno empresarial, económico y organizativo, de las transformaciones impuestas por la Globalización, la conformación de mercados mundiales, y de los efectos positivos o perniciosos causados por el surgimiento de una nueva dinámica productiva y tecnológica, que junto a la presencia de la organización Corporativa o Transnacional, están replanteando la gobernabilidad y el papel del Estado en tanto agente económico y político, así como el papel de los costos de transacción y el riesgo-país de una economía como determinantes de la inversión extranjera.

Como bien lo plantea Rosales (1996)

¿Qué significa el término competitividad para una PYME que debe rivalizar tanto con grandes empresas nacionales y multinacionales como con las microempresas y las empresas informales, dentro de una economía altamente perturbada por la intervención –a veces inexorable- del Estado? Tal pregunta a veces es respondida con políticas públicas que, por su carácter generalizante, difícilmente recogen la amplia diversidad de empresas pequeñas y medianas que operan en los países en vías de desarrollo.

Cuando hablamos de microempresas, suele existir una conexión con la noción de informalidad; sin embargo, de ella no escapa la PYME; más aún por la agudización de la crisis económica y el difuso límite más teórico que práctico que separaría, a nuestro modo de ver, a una de la otra.

Esta tesis parece corroborarse, a la luz de las divergencias y coincidencias conceptuales según las afirmaciones de reconocidos especialistas en el tema:

"Las microempresas han estado incluidas en las definiciones del sector informal desde (…) hace tres décadas. Arbitrariamente, mal medidas muchas veces, pero incorporadas en forma creciente (…) al sector informal con tamaños variables, (…) en algunos países las de menos de cinco trabajadores, en otros menos de diez. Por lo tanto, las comparaciones no siempre son válidas." Tokman. (2000)

"…el sector informal se identifica en general con las unidades económicas que tienen escasa acumulación y baja productividad. En realidad, el hecho de que la lógica de su funcionamiento sea la de subsistencia y no la de acumulación, es central a esta visión. Beccaria et al. (2000)

"…Un tamaño pequeño de establecimiento no es necesariamente sinónimo de aspectos tales como bajo nivel tecnológico, de eficiencia o de rentabilidad." Monza. (2000)

En nuestra opinión, los términos microempresas y pequeña y mediana empresa (PYME), aluden a una misma realidad: la de pequeñas unidades productivas que, en la mayoría de los casos, surgen bien como la respuesta popular al desempleo, como expresión concreta del ánimo emprendedor, como reconfiguración de una gran empresa formal o como única vía de subsistencia para un sector mayoritario de la población.

En el contexto latinoamericano, y en el caso particular de Venezuela, consideramos que ambas definiciones exhiben diferencias más teóricas o conceptuales que reales. En el fondo, refieren a la reestructuración de los mercados capitalistas en el escenario global y competitivo, a la precarización del trabajo formal, y a un ajuste impuesto por la realidad en el funcionamiento de la economía, las organizaciones, la presencia del Estado y al papel de la ciudadanía en la búsqueda de mejores niveles de vida.

Criterios de definición de las micro y PYMES

Es importante mencionar algunos datos estadísticos del ámbito latinoamericano, en el caso particular de México, el universo de empresas consideradas micro, pequeñas y medianas representa más de 95% del total de las unidades económicas establecidas y contribuye con más del 50% del empleo.

En alusión a la República Argentina, para 1998 se estimaba que de la estructura total de la ocupación o el empleo, las microempresas (empleadores y asalariados) representaban el 18,8%, y junto a las unidades de producción familiar, con un peso del 16%, ambos sectores representaban el 35% de la ocupación total de ese país.

En Venezuela, según estudios y criterios aportados por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), una microempresa tiene menos de 5 trabajadores, una pequeña entre 5 y 20, una mediana entre 21 y 100 trabajadores y una grande tiene más de 100. Para 1997, de acuerdo al IESA, había alrededor de 211.000 empresas, 78% de las cuales eran microempresas, 14% pequeñas y el resto medianas o grandes, lo cual arroja una proporción, al sumar las micro y las pequeñas empresas, de 92%, evidenciando el peso considerable de este tipo de organizaciones en la economía venezolana.

El IESA empleó como criterio de cuantificación cifras del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Finanzas), con base en datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), es decir, empresas que cotizan ante este instituto. No obstante, la evasión o no inscripción en el Seguro Social, en el caso de aquellas empresas informales, explicarían la diferencia entre la cifra de empresas aportada por el IESA, y las estimaciones de Francés (1999) y del trabajo del Observatorio PYME (2001), que plantean la existencia en Venezuela de cerca de 500.000 empresas. Sin embargo, vale reseñar que como producto de la crisis económica, con todo lo contradictorio de las cifras estadísticas, para mediados del año siguiente se anunció que del total de 16.229 que existían en el sector industrial, solamente estaban operando 7.957, es decir, aproximadamente el 50% se ha declarado en quiebra o ha cambiado de ramo de actividad.

Fedeindustria, gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas industriales, estima que éstas organizaciones aportan alrededor del 15% del PIB,17 cifra que pudiera aumentar si se considera no sólo a las PYMES industriales sino a las comerciales, que representan la mayoría.

La falta de uniformidad al momento de categorizar a una organización como PYME, queda igualmente reflejada en el decreto presidencial Nº 963, del 27 de agosto de 2000 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 12-09-2000), de exoneración de impuesto sobre la renta a la PYME, en el cual se establece, en su artículo 2, que "se entenderá por PYME manufacturera aquella empresa cuya nómina no supere a los ciento cincuenta (150) trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T), y por PYME comercial o de servicios aquella empresa cuya nómina sea inferior a cincuenta (50) trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.)."

Pese a establecer límites superiores en cuanto al número de trabajadores, los parámetros de ingresos también contrastan, junto al número de empleados, con la realidad de crisis, cierres, quiebras y semi-parálisis de muchas empresas en la actualidad.

En relación a los vínculos de lo informal con otras realidades, Quijano (1998) establece una analogía entre la aparición del concepto de "marginalidad", y la noción de "informalidad", aparte de alertar sobre las contradicciones teóricas y debilidad científica de una cierta visión de lo informal, en el sentido de que "todo lo que exista u opere al margen de las normas `formales´ del Estado, es `informal, y es `informal´ porque existe fuera de las normas formales del Estado, es decir, el término `informalidad´ no ha dejado de ser un membrete empírico, dentro de un razonamiento tautológico".

El referido autor, además de afirmar la debilidad o inadecuación formal del término "microempresa" en su conexión con lo informal, sugiere la categoría de "polo marginal" como

El conjunto de ocupaciones o actividades establecidas en torno al uso de recursos residuales de producción; que se estructuran como relaciones sociales de modo precario e inestable; que generan ingresos reducidos, inestables y de incompleta configuración respecto del "salario" o de la "ganancia"; que producen bienes y/o servicios para un mercado constituido por la propia población de trabajadores marginalizados (en síntesis) (…) un conjunto de actividades económicas, una red de roles y relaciones sociales, un nivel de recursos y productividad, una relación y un lugar dentro del poder capitalista, no un mundo aparte de él ni un "sector" frente a otro.

Es conveniente, ante la variedad de enfoques y visiones sobre el área objeto de estudio, aportar algunos comentarios preliminares que permitan dejar claramente establecidos la visión del autor del presente trabajo sobre el fenómeno bajo revisión, y sobre los esquemas conceptuales que servirán de referencia epistemológica al desarrollo de la investigación.

Premisas sobre la Economía Informal y las Microempresas.

A los efectos de identificar las ideas-matrices y las nociones que orientarán la presente investigación, se precisa la naturaleza predominantemente cualitativa del estudio, sin obviar la necesaria referencia a datos y cifras que permitan fundamentar el análisis a realizar, extraídas de fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas.

Igualmente, se plantean a continuación algunas consideraciones que a manera de hipótesis, representan la opinión o posición del autor sobre el fenómeno en estudio, y cuya verificación o contrastación con el fenómeno bajo análisis se pretende desarrollar.

En esta dirección, se considera conveniente puntualizar lo siguiente:

1) La informalidad es una realidad altamente estructurada y compleja. El crecimiento de la denominada economía informal en el país, no se agota en la alusión al "buhonerismo" o a los vendedores informales en las calles y avenidas de las principales ciudades de Venezuela, sino que tiene que ver quizá con la tendencia a la "informalización" de la estructura empresarial nacional, producto de la dinámica global y los cambios que ella ocasiona (reingeniería, downsizing, reducción de personal, automatización de procesos, reducción de costos, fusiones, en el caso de las que aun sobreviven) así como de la imposibilidad de asumir los costos de la "formalidad" (impuestos nacionales, municipales y estadales, permisología, registro, contribuciones parafiscales, costos laborales, decretos de establecimiento de salario mínimo, gastos de funcionamiento, servicios básicos, en el caso de las que al no poder asumir estos costos o cierran, o los evaden abiertamente).

Por ello se asume la informalidad como una salida necesaria para la subsistencia empresarial en un entorno en el que la formalidad parece reservada sólo para las empresas u organizaciones de cierta escala productiva, de cierto sector o enmarcada en cierta red productiva e industrial de elevada formalización, y en el que cultural, institucional y socialmente, el Estado ha perdido o ha visto mermar considerablemente su capacidad de vigilar, regular o controlar el ejercicio de actividades lucrativas en amplios sectores económicos.

El paradigma organizativo actualmente en conformación, en el marco de la Globalización y el ajuste acelerado de la economía mundial, plantea entre sus características más marcadas la flexibilidad estructural, el "achatamiento" (downsizing) y horizontalización de su fisonomía, o la alternativa de asumir esquemas de organización a través de la división o creación de Unidades Estratégicas de Negocios (Francés, 1999), empresas pequeñas o centros independientes de costos, jurídicamente distintas pero organizativa, estratégica y administrativamente vinculadas y nucleadas alrededor de una unidad empresarial mayor.

De tal forma, la microempresa aparece no sólo como la manifestación de las fuerzas de la economía popular, informal o no "incluida", en la realización de transacciones y operaciones variadas en mercados desregulados, y como mecanismos de subsistencia de los mayoritarios sectores sociales deprimidos económicamente, sino también como un modelo lucrativo de pequeños empresarios que prefieren mantenerse al margen del orden legal y formal en lo laboral, jurídico o impositivo, o como un mecanismo de desconcentración organizativa y de reducción de costos de una gran empresa o industria.

2) El Estado promueve la economía informal. Aunque parece un monumental e ilógico contrasentido, la crisis del modelo de desarrollo económico, la fragilidad institucional a todo nivel, la ausencia de políticas económicas que respondan más a una estratégica visión de Estado a largo plazo y no a un circunstancial cálculo político, demagógico o electoral de un gobierno en esencia transitorio, la agudización de la recesión económica, la descapitalización industrial del país, la desinversión, el aumento y persistencia del desempleo, la ausencia de un clima propicio para la inversión privada y particular, nacional y foránea, la destrucción no declarada de sectores empresariales privados por razones políticas, la anquilosada e ineficiente estructura de la Administración Pública, entre otros factores, conforman un cuadro poco propicio a la creación de empresas, a la inversión y a la creación de empleos.

Sin embargo, concebir a las microempresas y a las asociaciones cooperativas como modelos ideales del desarrollo económico, cuya proliferación en base a la asistencia crediticia y financiera, no quiere decir que garantizará el crecimiento económico y la superación de la pobreza, ya que el desarrollo y el diseño de políticas empresariales se encuentran desvinculadas de una estrategia económica integral en la que se creen redes productivas, y se vincule a las pequeñas empresas con las medianas y grandes empresas, desde una perspectiva más acorde con las nuevas realidades globales.

El gobierno nacional, en su afán de propiciar y promover el crecimiento de la microempresa y las cooperativas, con énfasis sólo en el financiamiento, sin diseñar o estructurar una política que las integre y relacione con la mediana y la gran empresa y en lo posible con el sector externo de la economía, con posturas ideológicas poco claras y no identificadas con una economía de libre mercado, y manteniendo un aparato administrativo, institucional y normativo que en la práctica obstaculiza la iniciativa empresarial, desde las escalas más básicas y particulares hasta las más organizadas y complejas, y que no penaliza, ni fiscaliza, ni regula la informalidad empresarial, laboral o jurídica, está en pocos términos promoviendo e incentivando el ejercicio de actividades informales o la informalización creciente del aparato productivo del país.

En este sentido se asume a la informalidad no tanto en su relación con la flexibilización propia y en cierta forma impuesta por la competitividad global en las organizaciones y en sus estructuras, sino como una salida necesaria para la subsistencia empresarial en un ambiente en el que la formalidad parece reservada sólo para las empresas u organizaciones de cierta escala productiva, de cierto sector o enmarcada en cierta red productiva e industrial de elevada formalización, y en el que cultural, institucional y socialmente, el estado ha perdido considerablemente su capacidad de vigilar, regular o controlar el ejercicio de actividades lucrativas en amplios sectores económicos, y en el que su aparato burocrático puede fundarse como obstáculo a la agilidad y dinamismo propio del mundo de los negocios y a la materialización de la iniciativa empresarial.

El paradigma organizativo actualmente en conformación, en el marco de la globalización y el ajuste acelerado de la economía mundial, plantea entre la flexibilidad estructural, el "achatamiento" y horizontalización de su fisonomía, o la alternativa de asumir esquemas de organización a través de la división o creación de unidades estratégicas de negocios, empresas pequeñas o centros independientes de costos, jurídicamente distintas pero organizativa, estratégica y administrativamente vinculadas y nucleadas alrededor de una unidad empresarial mayor.

Así, la microempresa aparece no sólo como la manifestación de las fuerzas de la economía popular, "informal" , en la realización de servicios y operaciones variadas en mercados ilegales, y como mecanismos de subsistencia de los mayoritarios sectores sociales deprimidos económicamente, sino también como un modelo beneficioso de pequeños empresarios que prefieren evadir todo el marco legal y administrativo que lleva una empresa del orden legal, con la finalidad de obtener mas ganancia ya que no pagan impuesto.

2) El Estado promueve la economía informal. Aunque parece ilógico y erróneo, la crisis del modelo de desarrollo económico, la fragilidad institucional a todo nivel, la ausencia de políticas económicas que respondan a una estratégica visión de estado a largo plazo y no a un provisional cálculo político de un gobierno, la agudización de la recesión económica, la descapitalización industrial del país, la desinversión, el aumento del desempleo, la ausencia de un clima propicio para la inversión privada y particular, nacional y foránea, la destrucción no declarada de sectores empresariales privados por razones políticas, la ineficiente estructura de la Administración Pública, entre otros factores, es decir varios factores poco propicio a la creación, inversión de empresas y por consiguiente a la creación de empleos.

El inusitado auge en el discurso y práctica gubernamental de las microempresas y las cooperativas como modelos productivos, auspiciados por la nueva Constitución de 1999 y por decisiones y actuaciones del gobierno de Hugo Chávez, se materializa en la Ley de Microfinanzas, y en la creación de un circuito crediticio microfinanciero conformado entre otras instituciones por el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer, provistos para el financiamiento de la iniciativa popular.

No obstante, concebir a las microempresas y a las asociaciones cooperativas como modelos ideales del desarrollo económico, cuya proliferación en base a la asistencia crediticia y financiera, sin más, garantizará el crecimiento económico y la superación de la pobreza, constituye una visión limitada y parcial del desarrollo y del diseño de políticas empresariales, desvinculadas de una estrategia económica integral en la que se creen redes productivas, y se vincule a las pequeñas empresas con las medianas y grandes empresas, desde una perspectiva más acorde con las nuevas realidades globales.

El gobierno nacional, en su interés de favorecer y promover el crecimiento de la microempresa y las cooperativas, con énfasis sólo en el financiamiento, sin diseñar o estructurar una política que las integre y relacione con la mediana y la gran empresa y en lo posible con el sector externo de la economía, con posturas ideológicas poco claras y no identificadas con una economía de libre mercado, y manteniendo un aparato administrativo, institucional y normativo que en la práctica obstaculiza la iniciativa empresarial, desde las escalas más básicas y particulares hasta las más organizadas y complejas, y que no penaliza, fiscaliza , ni regula la informalidad empresarial, laboral o jurídica, promoviendo e incentivando el ejercicio de actividades informales creciente del aparato productivo del país.

CAPITULO III:

Marco metodológico

Naturaleza de la Investigación

De acuerdo al "Manual para la elaboración del trabajo conducente al grado académico de Especialización – Maestría – Doctorado", diseñado por la Dirección de Postgrado de la UCLA (2001), la investigación se adapta a la definición que dicho manual ofrece de la investigación "monográfica-documental", es decir, el estudio descriptivo o diagnóstico de una situación inherente a la especialidad que lleva a la descripción o evaluación de los elementos que configuran el ámbito del problema.

En el ámbito general, el trabajo se inscribe en el llamado método o enfoque cualitativo (Hernández Sampieri et al, 2003), y más específicamente siguiendo los lineamientos del método hermenéutico-dialéctico (Martínez, 1994).

El conjunto de transformaciones ocurridas en diversos ámbitos del quehacer humano, materializado en el proceso de globalización, ha modificado el juego de los actores económicos, la tecnología, el conocimiento y las nociones de espacio y tiempo. La globalización, dimensión concreta y fáctica de dichos cambios, tiene su correlato en la posmodernidad, a decir de Brunner (1998), y expresión filosófica del cambio paradigmático al que asistimos, en el cual el paradigma positivista tradicional de la actividad científica esta dando paso importante a un paradigma postpositivista, definitivo de una nueva manera de hacer ciencia, en el cual lo humano vuelve a adquirir un valor significativo, revalorizando así la subjetividad y relatividad del conocimiento.

En relación al método hermenéutico-dialéctico, propicio para la investigación científica en el área de las ciencias sociales y especialmente en el terreno del comportamiento humano, Martínez (1994) aporta elementos para definirlo:

Dilthey –Uno de los principales exponentes del método hermenéutico en las ciencias humanas- define la hermenéutica como el proceso mediante el cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación. Es decir, que la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte.

Se considera, que el método hermenéutico-dialéctico es el que se adapta mas a la naturaleza del fenómeno a estudiar, como también los objetivos establecidos para la investigación en desarrollo, en la que se procura establecer desde una perspectiva estructural, sistémica e integral las relaciones entre la opinión de gerentes públicos del sector de promoción económica y microempresarial sobre la economía informal, y la naturaleza y aplicación de las políticas de desarrollo microempresarial en el estado Lara.

Esto trae consigo la posibilidad de identificar en ella elementos valorativos, subjetivos, conceptuales e ideológicos, que abordan el contraste entre el discurso "normativo o formal" del gerente público, producto de la intencionalidad expresada en el objetivo, la misión institucional o una política pública establecida, y el discurso "real o cotidiano", resultante de las prácticas habituales, de las costumbres, las relaciones sociales y la rica y en cierta forma subyacente interacción sociocultural de ese gerente público con el resto de los integrantes de la estructura burocrática, y especialmente, con las personas que acuden a la institución en la búsqueda de apoyo crediticio o de asesoría.

En esa relación con el fenómeno bajo análisis, a través del diálogo con los integrantes de la muestra a entrevistar siguiendo la metodología referida, reafirmando lo planteado por Martínez (1994) define la esencia y la intencionalidad de un modelo metodológico aunque básicamente cualitativo, aun bajo un entorno en el que pueden presentarse fallas del tradicional modelo científico y metodológico identificado con el positivismo.

Para la discusión viva hay algo de verdad en toda idea. Nada es entera e indiscutiblemente verdadero; nada es absolutamente absurdo y falso. Al confrontar las tesis, el pensamiento busca espontáneamente una unidad superior. Cada tesis es falsa por lo que afirma en forma absoluta, pero verdadera por lo que afirma relativamente. (Bleger, 1972, citado por Martínez).

La relatividad, el valor de la subjetividad y la contextualización de los datos y de los hechos, constituyen factores a ser conjugados con la rigurosidad propia del método seleccionado.

Revisión de información documental y electrónica

En el desarrollo de la investigación, se realizó una revisión de fuentes documentales bibliográficas, a los efectos de estructurar el cuerpo teórico conceptual del trabajo, complementada con la revisión de fuentes hemerográficas, notas periodísticas, reportajes, reseñas e informaciones de prensa directamente relacionadas con el objeto de estudio seleccionado.

Paralelamente, se realizaron diversas consultas utilizando la vía electrónica (INTERNET), para tener información actualizada.

Instituciones de apoyo al sector microempresarial en el Estado Lara consideradas para este estudio.

La tradición y trayectoria del movimiento cooperativo y de organizaciones vecinales, comunitarias y populares en el Estado Lara, establecen un cuadro en el que se aprecia igualmente la existencia de diversas instancias, tanto públicas como privadas, que se dedican a la atención, fomento, apoyo, promoción, financiamiento y capacitación al sector de las microempresas y de las PYMES.

A los efectos de la presente investigación, dada la facilidad relativa para acceder al personal; la experiencia institucional y organizativa; el número de personas empleadas así como su experticia y conocimientos en el área, se han seleccionado los siguientes organismos:

– Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación del Estado Lara.

– Dirección de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Lara.

– Fundación Parque Tecnológico de Barquisimeto (TECNOPARQUE).

– Fondo para el Fomento de la Artesanía, Pequeña y Mediana Empresa del Estado Lara (FUNDAPYME).

– Fundación para el Desarrollo de la Microempresa del Estado Lara (FÚNDEME).

Todas estas instituciones están relacionadas con la Gobernación del Estado Lara, bajo la forma directa de División o Dirección, o mediante la figura de Fundación o Instituto con carácter de Fondo.

La Dirección de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Lara es la instancia del Poder Ejecutivo Regional llamada a promover el desarrollo productivo de los distintos sectores que conforman la estructura económica de la entidad. La Dirección de Desarrollo Social es la encargada de la administración, aplicación, y control de los distintos programas sociales dirigidos a la población de bajos recursos o más vulnerable por razones de edad o situación socioeconómica y/o educativa.

La Fundación Parque Tecnológico de Barquisimeto ejecuta programas destinados a originar la creación de empresas, así como generación de soluciones materializadas en asesoría, capacitación, y asistencia técnica en los procesos de emprendimiento empresarial, con base en las ventajas comparativas del Estado Lara.

FUNDAPYME es un instituto autónomo con carácter de fondo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del fisco del Estado, adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado Lara (1998), aún cuando sus antecedentes se remontan a 1993 año en que se crea FUNDAPYMI. Tiene como objeto el fomento y promoción de la artesanía, la pequeña y mediana empresa, las empresas de servicio y la asistencia financiera para la consolidación de centros de trabajo de profesionales que ejerzan alguna carrera técnica o universitaria.

Entre los objetivos de FUNDAPYME, tendentes a lograr su objetivo institucional, destaca el referido a "establecer programas de asistencia crediticia, mejoramiento técnico, capacitación e investigación de dichos sectores, como parte de la política de desarrollo del Estado en la búsqueda de la creación de riquezas, consolidación y crecimiento de las fuentes de trabajo".

Cuenta con los siguientes programas y políticas de financiamiento:

Crediapyme (créditos a empresas ya establecidas); Promoción de empresas (creado para asistir financieramente la constitución y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que conlleven al "aumento de la producción y productividad del estado Lara a la vez que constituyan nuevas fuentes generadoras de empleo". Subrayado del autor); Artesanal (asistencia financiera a artesanos en equipos y herramienta de trabajo); Profesionales y

Técnicos (créditos a profesionales universitarios de libre ejercicio); Asistencia Tecnológica (financiamiento de proyectos de mejoramiento de la capacidad tecnológica) y Asociatividad (creación de alianzas cooperativas entre pymes y artesanos).

FUNDEME es un organismo creado por el Gobierno del Estado Lara, según decreto Nº040 del 27-07-90, para desarrollar unidades empresariales en el área de la producción y servicios y contribuir de esta manera a la generación de empleos, mediante el otorgamiento de créditos a través de programas de financiamiento. La misión de dicho ente persigue "la promoción, creación y consolidación de unidades empresariales sustentables en el tiempo, a través de programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento".

Se establece, entre los objetivos institucionales de FÚNDEME, el "contribuir a la promoción, consolidación y fortalecimiento de pequeñas empresas para la generación de fuentes de ingresos, seguros y estables".

Se va también a la oficina del Banco del Pueblo Soberano en la unidad de Barquisimeto, pero dado el escaso personal en dicha oficina y al hecho de que estas personas eran solo promotores esta institución fue descartada y no incluyó en la muestra.

Enfatizando que aún cuando estas instituciones no incorporan quizá la totalidad de los organismos públicos que atienden al sector microempresarial en el Estado Lara, si constituyen un agregado importante y significativo de aquellos entes que en la entidad, ejecutan políticas para el área de las microempresas y de las PYMES.

Muestra

La relación a explicar entre políticas microempresariales e informalidad, se establecerá con base en la opinión aportada por funcionarios públicos con cargos directivos y personal de gerencia media y operativa en los organismos e instituciones seleccionadas, destinadas al diseño, promoción e instrumentación de políticas dirigidas en un sentido amplio a los estratos sociales de bajos recursos interesados en realizar actividades productivas de manera individual, familiar o asociativa, y en sentido estricto hacia el área de las microempresas.

En este caso, la atención se dirigirá a las personas encargadas de gerenciar su aplicación y ejecución, desde organizaciones pertenecientes al sector público, o vinculadas a iniciativas auspiciadas por el Poder Ejecutivo nacional, regional o local.

La población total, está conformada por todos y cada uno de los directores, gerentes, coordinadores, presidentes o responsable estratégico así como personal de apoyo del área de la promoción de la economía social y microempresarial en la estructura de la Administración Pública o en instancias vinculadas funcionalmente a la Administración Central, Estadal o Municipal en el país.

Para el trabajo de grado, se ha considerado adecuada la elección de una muestra conformada por veintiséis (26) personas, que laboran en las instituciones referidas, desglosadas en función de su pertenencia al nivel estratégico de la organización (Alta gerencia), al nivel táctico (Gerencia media) y al nivel operativo (Personal administrativo o de apoyo), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Hernández Sampieriet (2003) hace alusión a las muestras cualitativas, y expresa que entre éstas la muestra de casos típicos tiene como propósito el estudio, conversación o interacción con "individuos, sistemas u organizaciones que poseen claramente las situaciones que se analizan o estudian".

Dada la naturaleza de la investigación, este tipo de muestreo es el más apropiado al método seleccionado, a través del cual si bien no es posible calcular el error muestral o inferir estadísticamente con base en la teoría de la probabilidad un determinado comportamiento muestral, y extrapolarlo o generalizarlo a la población, la profundidad y la técnica de recolección de información dadas las características y complejidad de las variables bajo estudio, son las más adecuados para acceder, desde una óptica estructural, sistémica y dialéctica a una realidad esencialmente social o humana.

Por inconvenientes logísticos, no fue posible consultar a personal del nivel táctico y operativo de la DDE; DDS y TECNOPARQUE, concentrándose con los muchos encuestados en FÚNDEME y FUNDAPYME, organismos que se dedican básicamente al financiamiento de proyectos de micro y pymes.

Técnica de Recolección de Datos

El levantamiento y la recopilación de información se sustentará en el diálogo y la conversación dirigida, con los gerentes o funcionarios en posiciones directivas de los organismos de promoción económica y microempresarial, bajo los criterios técnicos de la entrevista semi-estructurada o focalizada, en la cual existen una serie de aspectos predeterminados sobre los cuales se quiere consultar al entrevistado, pero dejando un margen o espacio para profundizar, complementar o enriquecer la información recopilada con otros comentarios, opiniones o visiones del entrevistado, y que agreguen valor cualitativo a la investigación.

La elección de esta técnica de recopilación de datos, se ve corroborada por la tesis de Martínez (1994) al manifestar que:

Las técnicas que tienen mayor sintonía epistemológica con el método hermenéutico-dialéctico, y las más adecuadas para describir estructuras, son las que adoptan la forma de un diálogo coloquial o entrevista semi-estructurada, complementada, posiblemente, con algunas otras escogidas entre las técnicas señaladas de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar.

Hacia esta misma dirección apunta Cerda (1991), al referirse a la encuesta focalizada, la cual posee la característica de agrupar en un solo punto un conjunto de cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido.

Según el autor, este tipo de entrevista exige cierta habilidad, tacto y experiencia para focalizar el interrogatorio en torno a los aspectos que interesan al investigador y orientar a la persona entrevistada, sin que se percate, por el camino que conduzca al esclarecimiento de las interrogantes planteadas.

Esta técnica será complementada con la grabación, (cintas de audio y previa aceptación del entrevistado) de las conversaciones a desarrollar con los funcionarios a consultar, en las sesiones que sean necesarias.

Fases de la Recolección de información

La búsqueda y obtención de la información en las instituciones seleccionadas (Fundeme, Fundapyme Tecnoparque, Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Lara) estará dividida en tres etapas o fases, que son:

a).- Contacto Inicial: Percibe la primera visita a la institución, para solicitar la entrevista con los funcionarios o personal del nivel estratégico o directivo de la institución, presentar la credencial institucional de la investigación que fundamente su carácter académico y concertar fecha de la entrevista.

b).- Entrevista Nivel Estratégico: Implica la conversación con los funcionarios del nivel gerencial estratégico, a través de una entrevista semi estructurada, con base en los tópicos contenidos en el instrumento, el cual le será entregado al final de la entrevista para que sea llenado en ese momento.

c).- Aplicación del instrumento nivel táctico y operativo: En una visita posterior a la institución, se le suministrará el instrumento al personal de gerencia media y operativa, para que lo respondan y entreguen en ese momento.

Posteriormente los datos recabados en los instrumentos serán procesados, para su presentación estadística, e igualmente, serán complementados con el análisis de las entrevistas grabadas hechas a los gerentes de las instituciones.

Diseño del instrumento

La elaboración del instrumento de recolección de información se sustentará en la denominada Escala de Likert, según Hernández Sampieri et al. (2003) en un conjunto de artículos presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos.

Esto permite evaluar la actitud del entrevistado, favorable o desfavorable en mayor o menor grado hacia el fenómeno, situación o variable en estudio.

Se pretende medir con la aplicación del cuestionario la actitud favorable hacia la economía informal, a través de la selección de las alternativas planteadas, así como otras referidas a la concepción de la riqueza, política microempresarial con énfasis en el financiamiento, actitud favorable hacia la exclusión de las medianas y grandes empresas y visión sobre el papel del Estado en la economía.

Las dimensiones u opiniones a consultar se orientarán, de tal forma, a los siguientes aspectos:

Aspecto Central:

a).- Actitud favorable hacia la existencia de la economía informal (art. del 1 al 7).

Se pretende en este artículo indagar la postura del funcionario en torno a los siguientes aspectos:

– El registro o constitución formal.

– La subsistencia como objetivo básico de creación de microempresas

– Costos laborales, impuestos y gastos legales de registro

– Facilidad de una empresa para ser informal

– Incentivos para no ser formal

– Papel del Estado ante la economía informal

Las respuestas indicarán hasta que punto existe una opinión favorable o justificadora de la economía informal por parte del funcionario público, ubicando a las microempresas como unidades productivas familiares o inmersas en dicho sector.

Aspectos complementarios:

b).- Actitud favorable hacia una política microempresarial con énfasis en el financiamiento (Art. 8 y 9)

Se persigue establecer el acuerdo o desacuerdo del gerente sobre la tesis de una política microempresarial en el cual énfasis recarga sólo en el financiamiento, restándole importancia a la capacitación y la asistencia técnica como factores componentes de esa política. Esto, bajo el supuesto de que ha sido esta la tendencia en la aplicación de estas políticas.

c).- Actitud favorable hacia una política microempresarial que excluya o no considere a las medianas y grandes empresas (Art.10, 11 y 12).