La Lógica de la Privatización como Nueva Modalidad en la Educación Superior Salvadoreña

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Aclaración necesaria

Ante una problemática de trascendencia nacional se impone el diálogo franco, el análisis responsable y con criterios académicos. Esta es la intención de este documento y la idea es aportar al debate sobre las consecuencias, positivas o negativas, de la probable implementación del Proyecto UES-BID (2005) así como la firma de las cláusulas del convenio de préstamo anunciado. Sabemos de antemano que muchos estarán de acuerdo con lo aquí expuesto, pero también habrán quienes no, por una u otra razón. Esperamos que aquellos que no coincidan con este planteamiento, traten de rebatir las ideas con altura académica , datos confiables y serios, pues sólo así entraremos en la dinámica del debate de altura para que, a la larga, construyamos juntos un mejor país a través de la educación con equidad, libertad y justicia.

1. ¿Qué es la privatización y su lógica?

Nadie lo puede negar. La privatización de la educación superior forma parte de la agenda neoliberal a escala mundial desde hace más de 25 años, impulsada por los organismos financieros multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el caso de nuestra región.

Para contextualizar, en torno al tema de la educación superior que nos interesa, uno de los documentos que expone la posición del BID sobre esta materia, lleva el título de "Estrategia de Educación Superior", publicado a principios de 1997. El documento describe el criterio con que el BID considera la educación superior en América Latina y el Caribe, y propone estrategias para la acción que el propio Banco podría realizar ( con apoyo financiero y técnico) frente a los resultados logrados hasta la fecha y en torno a las reformas que recomienda.

En la última sección del documento referido, se abordan los aspectos de las reformas que podrían ser objeto de asistencia directa por parte del Banco; entre otras, impulso a la enseñanza superior tecnológica, proyectos de mejoramiento cualitativo; apoyo a las instituciones que desarrollan investigación fundamental e investigación aplicada y un claro e inequívoco apoyo al sector privado de educación superior.

Sin embargo, aunque se matizan los términos del discurso en los distintos documentos, para no generar reacciones, lo cierto es que, como norma general, las políticas para la educación superior, desde la visión neoliberal de los organismos financieros multilaterales parten de esta argumentación:

El Estado sólo debe proporcionar recursos globales, razonables, en función de indicadores de eficiencia y marcos generales de orientación, bajo el principio general de que el creador del gasto debe ser el financiador del mismo.

Con lo anterior se pretende, en el caso de la educación universitaria y tecnológica superior, crear, como finalidad última, una estructura condicionada a las leyes de la oferta y la demanda, cuyas premisas fundamentales están asentadas en los criterios de rentabilidad, eficiencia y productividad.

En el caso que nos ocupa aclaramos que, aunque en general el término privatización alude normalmente a la venta o concesión de la propiedad del Estado al sector privado, en el presente estudio concebimos la "nueva modalidad" de privatización que podría implementarse en la Universidad de El Salvador (UES), como un fenómeno de mayor amplitud y complejidad, que puede incluso hasta pasar desapercibido; es decir cuando se aplica lo que aquí denominaremos la "Lógica de la privatización" (Coraggio y Vispo ,2001), sin llegar a las modalidades que normalmente se consideran como privatización.

Dicha lógica la entendemos como:

El proceso mediante el cual se introduce en el campo de la educación pública universitaria y no universitaria la lógica del lucro, propia de un mercado poco regulado, no afectando con ello su forma legal de propiedad estatal (protegida por la Constitución en el articulo 61 en el caso de la UES), pero si su forma de provisión, servicios que presta o recibe, funcionamiento y las modalidades de financiamiento, prevaleciendo, entre otras, el autofinanciamiento (a través de aranceles y cuotas ), sin importar a quienes o a cuantos se afecte. Dicha lógica supone, asimismo, toda una mentalidad y un estilo de conducción y organización propia de una empresa privada, donde el rendimiento individual es medido productivamente a partir de estándares de calidad fijados por el mercado y al servicio del mercado.

A partir de múltiples experiencias a escala mundial, actualmente las formas de avance subrepticio de la privatización de la educación pública superior son múltiples, involucrando, entre otras, la implantación de nuevos aranceles o aumentado su costo, ajustes presupuestarios, criterios de competencia y modernización, recepción de fondos privados , cambios curriculares y formas diferentes de administración , que promueven una formación afín a las necesidades inmediatas del tipo de mercado que promueve el neoliberalismo ortodoxo implantado en el país desde hace unos 16 años.

En concreto, partimos de la idea central de que realmente no se pretende "vender la UES" como pregonan algunos en términos de propaganda o como creen otros que no han analizado críticamente la problemática. Se trata básicamente de implementar un "nuevo modelo" de conducción, una forma diferente de administración y, fundamentalmente de autogestión financiera. Con otras palabras, de acuerdo al discurso privatizador, de lo que se trata es de construir una institución supuestamente moderna, eficiente, de calidad, eso sí, orientada al mercado y al modelo económico neoliberal que claramente han impuesto en el país las instituciones financieras internacionales, entre ellas el BID.

2. La problemática de las cuotas y aranceles

En El Salvador, desde que conocidas empresas públicas fueron privatizadas en la década de los noventa del Siglo XX, como fue el caso de ANTEL o las de energía eléctrica, entre otras, para ciertos sectores nunca ha habido "aumento" de tarifas por los servicios. Eufemísticamente, para disfrazar el discurso tecnocrático, se utilizan otras palabras más atractivas. Se prefieren expresiones como: "actualización de tarifas", "readecuación de tarifas" e incluso se habla de "revisión de tarifas para operar con los costos reales…" Coincidencia o no, en la UES se habla actualmente de "aplicar las cuotas diferenciadas ya establecidas al menos hasta el costo. "

Para realizar este análisis partimos de lo planteado en los siete estudios técnicos del programa "Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador" (ES-TO15) de la cooperación técnica no reembolsable del BID (ATN / SF-8858-ES). En el documento "Evaluación de las opciones jurídicas de la Universidad de El Salvador", con fecha del 15 de abril de 2005, elaborado por el consultor Francisco Díaz, este recomienda, entre otros aspectos:

"Con relación a las tasas y aranceles que aplica actualmente la UES… se recomienda su elevación al menos hasta su valor de costo…"
"Puede autorizarse el cobro de aranceles para los servicios en beneficio de usuarios externos que presta la UES a través de Proyección Social con estudiantes en servicio social…"
"En cuanto a la matricula, puede sugerirse lo mismo que para los aranceles: elevarla al menos a su costo real."
Un porcentaje relevante de estudiantes tienen capacidad de pago mayor que el limite de diez salarios mínimos urbano… es necesario revisar ese limite en base a un criterio de equidad…"

Ahora bien, para los fines de esta investigación y con base a una elaboración propia, entendemos por aranceles, en sentido general:

"Como las tarifas oficiales (se pueden denominar cuotas) clasificadas de acuerdo a criterios y características técnicas de un servicio que se comercializa o vende según ciertas especificidades (carrera y grado profesional otorgado) y atendiendo los niveles de complejidad, oferta y demanda en el mercado profesional, bienes, locales, servicios e instrumental tecnológico requerido para alcanzar un titulo, con el fin de recaudar ingresos para la institución. Incluye, por lo mismo, las tarifas o cuotas que se cobran por los servicios que la institución presta o vende a entes externos" (J.C. Grande, 2006).

Con otras palabras, a partir de los aranceles, es la realización de los estudios y el grado que se obtenga el que se grava, en gran medida, como un impuesto más, utilizando para ello una cuota que establece los límites cuantitativos diferenciados.

Por lo tanto, el concepto de aranceles no lo tomamos como se conoce tradicionalmente en las ciencias económicas y administrativas, en el sentido de referirse a la tarifa de impuestos de importación y exportación que perciben las aduanas u otras dependencias gubernamentales. Es más, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2004), define el término arancel como "la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos…"

Está demostrado. Todo arancel en la educación superior es un paso importante en cualquier proceso y modelo de privatización aquí y en cualquier parte del mundo, capaz de transformar de un golpe la naturaleza misma de la educación pública superior, ya que de esta forma se concreta la introducción de la lógica de la privatización dentro del mercado de la enseñanza.

Como ya es conocido en otros países, para lograr la modificación o introducción de los nuevos aranceles los organismos internacionales (BM, BID, FMI, etc.) normalmente se encargan del financiamiento y de la provisión de toda una serie de documentos y publicaciones ( es el caso de los siete estudios técnicos)que hacen el papel de fundamento "teórico-técnico " de estas políticas.

Comúnmente se conocen como Consultorías y tienden a ser tomadas como los documentos técnicos más confiables e importantes, a tal grado que se presentan como incuestionables, aún cuando tengan errores en el análisis e incluso en los datos que se aportan en las investigaciones de campo, testimoniales o documentales.

Una aclaración es necesaria antes de entrar de lleno al análisis de este apartado:

En principio no nos oponemos a un préstamo del BID para una auténtica inversión educativa que realmente aporte al desarrollo institucional; es más, dadas las condiciones actuales del país, en lo referente a los críticos recursos financieros del Estado, probablemente puede ser hasta necesario .En lo que no estamos de acuerdo es en las probables condiciones (¿recomendaciones?) ya que, para nadie es un secreto que los organismos financieros internacionales no son, ni por cerca, instituciones filantrópicas, de caridad o de beneficencia. Todo el mundo sabe que dichas instituciones siempre ponen condiciones para otorgar préstamos o para dar ayudas no reembolsables.

Son, por esencia, las instituciones que defienden los grandes intereses de las potencias hegemónicas y para ello basta analizar la procedencia de los fondos, la estructura de su directorio y, desde luego, los resultados que se han obtenido en el ámbito social hasta el momento, en casi todos los países subdesarrollados.

Es más, está demostrado que son altamente responsables del deterioro socioeconómico de los países debido a las fallidas "recomendaciones" para implementar el ajuste estructural y el neoliberalismo, a los altos costos que implica el pago del servicio de la deuda externa, que en el caso de nuestro país ascendía de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva sólo hasta el año 2004, a 8,869.9 millones de dólares de saldo bruto, lo cual representaba el 47 % del PIB.

Asimismo, lejos de ir encontrando una solución, la cuestión tiende a agravarse para el año 2006, ya que la deuda pública, en virtud de un presupuesto desfinanciado, se ha incrementado en 779 millones de dólares y el déficit provisional aumentará en un 2.1 del PIB. Eso implica que sólo en concepto de pago de deuda, el Estado salvadoreño destinará 1,180 millones de dólares, que bien pudieran ser utilizados en inversión social.

Lo siguiente también debe quedar claro, nuestra discrepancia con la propuesta de implementar la lógica de la privatización y el aumento de los aranceles y cuotas no implica una defensa acrítica de la UES, de un importante porcentaje de su personal (docente, administrativo, de servicios y autoridades) y de su forma de financiamiento y, para lo cual, ciertamente es necesario y urgente realizar una evaluación objetiva, que sea de consenso, integral y, ante todo profesional y no coercitiva, de cara a subsanar las deficiencias de forma y fondo del proceso formativo, educativo y de la ética.

Al contrario, entendemos que la Universidad de El Salvador se encuentra sumergida en una evidente crisis académica, administrativa, política y financiera producto de décadas de agravios externos y saqueos como resultado de las conocidas intervenciones militares y el precario e insuficiente presupuesto que viene asignando el Estado año tras año y el cual apenas llega al 1.17 %, hasta el 2005, con respecto al presupuesto total del país.

Sin embargo, y esto hay que decirlo sin ambigüedades, si evidentemente hay una crisis, el principal responsable es el Estado salvadoreño, no sólo por no cumplir el claro mandato constitucional, sino por actuar deliberadamente para llevar a una crisis a la institución, para justificar precisamente con ello la implantación de la lógica de la privatización.

Entonces, para hacer frente a las amenazas externas e internas, desde nuestra perspectiva, la Universidad merece y exige ser transformada y, ante todo, reconstruida académicamente, para volver a encarnar plenamente su necesaria función social y la creación y difusión de conocimiento crítico al servicio de la sociedad. Esta reconstrucción debe surgir, ante todo, de la edificación de la democracia participativa y del debate pluralista, serio, académico y crítico al interior de la Alma Mater. Más sin embargo, es precisamente el avance de la lógica de la privatización, y en particular de los probables nuevos aranceles y cuotas, lo que no favorece, sino que directamente atentan contra este proceso de reconstrucción.

3. Estrategias y discurso con relación a los aranceles

La estrategia discursiva adoptada por los sectores que pretenden introducir la lógica de la privatización en la Universidad Nacional tiene una estructura sencilla, encaminada tanto a conquistar la opinión pública como a brindar argumentos a los políticos e intelectuales dentro y fuera de la universidad, cuya virtud pasa más por ser atractivo para el sentido común que por su rigurosidad y carácter académico.

La trama estructural de esta estrategia discursiva puede sintetizarse así:

En primer lugar, valiéndose del discurso en apariencia y científicamente neutro, apolítico, en fin "técnico", que distingue a la corriente económica neoclásica, se postulan ciertos principios abstractos que deberían determinar tanto el contenido como la forma de la educación superior salvadoreña, particularmente la impartida en la UES.
En segundo lugar, se efectúa un diagnóstico de la situación institucional y nacional en que actualmente se encuentra el sistema, señalando cómo todo y cada uno de esos deseables principios se ven vulnerados.
En tercer lugar, se genera un listado de recomendaciones ineludibles de reformas inmediatas, con el objeto de que la universidad actual se dirija hacia un nuevo sistema de educación superior acorde con esos principios, presentándolos como fundamentales para "adaptarse a los nuevos tiempos y a la globalización "(Mollis, 2001).

3.1 Los principios neoclásicos (¿neoliberales?)

Los sectores internos y externos alentados y apoyados por los organismos financieros multilaterales, en nuestro caso el BID, que buscan avanzar hacia la nueva lógica sostienen que el sistema de educación superior debe estar regido ante todo por los principios de equidad y eficiencia, tal como claramente también lo sostiene el Banco Mundial (2001). Las definiciones de estos principios están tomadas del cuerpo doctrinario de la economía neoclásica y basta remitirse a los textos de Milton y Rose Friedman, planteadas en el libro "Libertad de Elegir. Hacia un Nuevo Liberalismo Económico", desde 1980, entre otro documentos.

Es bien conocido que la metodología del análisis neoclásico consiste en tomar al individuo que decide acerca de su propia educación como unidad inicial del razonamiento. Este punto de partida se sustenta sobre la tesis de que los beneficios de la educación superior son apropiados individualmente a través de la denominada "renta educativa", es decir, los mayores ingresos que trae consigo la educación superior en el futuro debido a la mayor calificación y productividad de la fuerza de trabajo con formación universitaria. Esta teoría sostiene que los beneficios sociales que pudieran existir son menos relevantes que los individuales y que van en el mismo sentido que los beneficios privados, con lo cual puede hacerse abstracción de ellos para simplificar el estudio.

De acuerdo con lo anterior, el individuo queda entonces en el centro del análisis. Este individuo, como todos, se comporta de tal manera que busca maximizar su satisfacción (utilidad) a través del tiempo, y con este objetivo en mente toma la decisión acerca de iniciar, o no, una carrera universitaria. El móvil que lo lleva a estudiar son los ingresos adicionales que espera obtener una vez terminados sus estudios, los que compara con los gastos en los cuales debe incurrir durante ellos, incluido el costo de oportunidad de no generar ingresos por ese lapso (Bour, 1993).

Por lo tanto, el estudiante es entendido como un agente económico que se relaciona con la universidad como cliente–consumidor. La universidad, por su parte, es concebida como una empresa productiva (cuya función es vender servicios) dedicada a producir un insumo de uso difundido: los graduados o profesionales.

Según la teoría neoclásica, la interacción mediante el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado de unos (estudiantes = clientes) y otros (universidad), es la única forma de alcanzar simultáneamente los tres principios neoclásicos. Este mecanismo asegura que se producirán cantidad y calidad de profesionales adecuadas, en función de la demanda que de este insumo realicen el resto de las unidades productivas de la sociedad; lo que garantiza una asignación eficiente de los recursos. A la vez, debido a que quienes se apropian de la "renta educativa" pagan un arancel o cuota a cambio de los servicios educativos que reciben, la equidad está asegurada.

Estos resultados se obtienen sólo bajo los supuestos de que existe libre competencia entre universidades que funcionan con una misma lógica, atomización de oferta y demanda, libre movilidad de recursos e información completa y perfecta; es decir, en un contexto en el cual hay plena libertad de elección. De esta forma, esta teoría trata de demostrar, mediante análisis matemáticos, que el mercado competitivo descrito es lo mejor para cualquier país y, por lo mismo, bueno para El Salvador (Bour, 1993).

3.2 El diagnóstico del sistema público salvadoreño

Partiendo de la anterior perspectiva teórica, el discurso de la nueva lógica privatizadora realiza luego un diagnóstico de la situación actual del sistema universitario público, evaluando en particular el grado en que se vulneran o respetan los tres principios neoclásicos.

En primer lugar, basándose en la tesis de que los beneficios de la educación superior son apropiados individualmente a través de la "renta educativa", y teniendo en cuenta que en su mayoría los que acceden a la universidad son individuos provenientes de los estratos medios o altos de la sociedad, al menos en otros países, se concluye que estos sectores se ven individualmente beneficiados por la gratuidad de la enseñanza universitaria.

La injusticia desde el punto de vista de la equidad es palpable: mientras que los pobres aportan mediante sus impuestos al sostenimiento de toda la estructura del Estado, éste utiliza esos recursos para beneficiar a los estratos medios y altos. Por ello, desde la perspectiva de este análisis la educación pública universitaria se convierte en una forma de transferencia de ingresos desde los sectores más pobres hacia los estratos medios y altos.

En tal sentido, la educación superior gratuita es regresiva.

Pero la única universidad pública del país no sólo es inequitativa, sino que además es ineficiente, según quienes desean implantar una lógica de la privatización. En cierta forma se realiza un paralelismo entre las empresas públicas y la educación pública, sosteniendo que ambas son por naturaleza ineficientes. La eficiencia de las instituciones educativas se mide a través de la relación entre cantidad de insumo utilizado y cantidad de producto obtenido, es decir por el costo unitario del producto. Entonces, el insumo de la universidad son sus estudiantes y el producto sus graduados (Winkler, 1990).

El indicador predilecto para evaluar la eficiencia es justamente el cociente entre la cantidad de graduados y la matrícula total. A escala latinoamericana, este indicador presenta en general valores relativamente bajos en las universidades públicas y considerablemente más altos en las universidades privadas. Sin embargo, como contraste, en lo que respecta a la UES, más de la mitad de estudiantes de nuevo ingreso se gradúa eventualmente, ya que en otros países se estima que el porcentaje de graduación es del orden del 20% (BID-UES, 2005).

En segundo lugar,otro indicador que se utiliza frecuentemente es el de gasto por graduado. El hecho de que sus valores sean para algunas universidades públicas mayores que los coeficientes obtenidos en las universidades privadas, se interpreta una vez más como evidencia de la ineficiencia del Estado. En el caso de la UES, el costo por graduado sería en promedio de 9,028.00 dólares, lo cual ciertamente no resulta elevado, si se toma en cuenta la deserción equivalente en costos por la prolongación de 1.22 años , de acuerdo con la consultoría de Miguel Ernesto Vijil Icaza (BID-UES, 2005).

El tercer argumento del discurso de los adeptos a la lógica privatizadora consiste en postular la escasez, según ellos comprensivamente, del presupuesto para destinar a la educación superior. Simplemente no hay más dinero, pues el gobierno con "sentido humano" "hace lo que puede". Algunas versiones plantean una especie de opción dicotómica: destinar el escaso presupuesto del Estado a financiar la UES implica necesariamente descuidar gastos sociales más urgentes y prioritarios entre los que se encuentran la salud, la seguridad pública y, particularmente, la educación básica. De la educación básica se argumenta que es socialmente más rentable y esto se ha tomado como un dogma que, sin embargo, podría ser objeto de análisis en otra investigación.

Este axioma casi incuestionable de la eterna escasez de presupuesto se basa sobre una máxima del pensamiento neoliberal: la eliminación del déficit fiscal por medio de la reducción del gasto del Estado. Este último argumento fue y es impulsado claramente en el caso de la UES, ante todo en los tres anteriores gobiernos de ARENA, pues el actual obviamente juega con más inteligencia y, por lo mismo, los propósitos "sanos" parecen ser lo más conveniente socialmente y, además, electoralmente.

A través de las ideas anteriores se concluye que el sistema de educación superior salvadoreño, a no ser que implemente la lógica de la privatización, violaría los tres principios neoclásicos. Esta vulneración obviamente es atribuida al carácter público, gratuito y masivo de la universidad, aunque se diga lo contrario. Más aún, este carácter también se identifica como el responsable de la crisis de calidad por la que atraviesa.

Se cataloga a este modelo de universidad como necesariamente ineficiente en términos económicos, socialmente inequitativo y de mala calidad académica, por naturaleza. Es por eso que, para asegurar los principios expuestos y, si lo que se pretende es contribuir al bienestar general y al progreso económico nacional, la UES debe funcionar con una lógica de empresa privada. Supuestamente así será eficaz, de calidad, equitativa y productiva.

Pareciera que no importara que en el informe de "Análisis económico de ingresos y costos de la UES" elaborado por el consultor Miguel Ernesto Vijil Icaza, en el marco del proyecto BID-UES (2005), este determinara en sus hallazgos y conclusiones que, en lo referido al nivel socioeconómico de los estudiantes, un 30 % se ubican en la clase media baja, el 55 % son pobres y muy pobres y sólo un 15 % pertenecen al sector acomodado, sin especificar que puede entenderse por este último término.

Aún así, en el mismo informe el Consultor recomienda claramente aplicar lo que establece la Ley Orgánica de la UES con relación a la cuota diferenciada, es decir, habrá que aumentarlas para contribuir así a incrementar los ingresos en vista de la insuficiencia de las transferencias del Gobierno central que ha enfocado su accionar, fundamentalmente con criterios políticos, a aliviar a los sectores sociales más desprotegidos del sistema neoliberal, sin explicar, desde luego, que ellos son el resultado del modelo implementado por exigencia, entre otras , de las instituciones financieras multilaterales como el BID.

3.3 La propuesta de reforma (en el caso de la UES se denomina fortalecimiento)

Esta historia se ha repetido en todo el mundo. Una vez presentado el diagnóstico elaborado por los consultores (los siete estudios técnicos), se procede a proponer un nuevo modelo y reestructuración de la universidad acorde con los principios sostenidos y los datos que brindan las investigaciones patrocinadas por el BID. No es fácil aquí sintetizar las distintas propuestas y recomendaciones, ante todo por espacio. Sin embargo pueden identificarse ciertos rasgos comunes.

Como ya hemos esbozado, la teoría neoclásica demuestra en sus términos que la solución óptima es la privatización total o la concesión en caso de no haber resistencia estudiantil fundamentalmente. Esto fue lo que se hizo con los nueve institutos tecnológicos superiores del país, los cuales fueron concesionados a FEPADE o ÁGAPE, en años recientes.

La idea básica es crear un mercado en que los oferentes (universidades, institutos especializados o tecnológicos) compitan libremente para atraer a los demandantes (estudiantes). En cuanto a la elección de los estudiantes, la mejor manera de asignar sus fondos es descentralizadamente, por medio de sus decisiones individuales e independientes de cualquier injerencia distorcionadora del Estado.

Para ello es indispensable que el producto ofrecido tenga precio. Este último, cuando se trata de los estudios universitarios, recibe el nombre de arancel como ya lo hemos explicado. Por tanto, es recomendable renunciar a la gratuidad de la enseñanza para sostener la equidad: es decir, deben pagar un arancel todos aquellos que asisten a la universidad, que son quienes consiguen acceder mediante los estudios a un nivel de vida futuro más elevado (Winkler, 1990) o para ser exitosos, tal como lo pregona publicitariamente una Universidad privada de San Salvador, a través de los medios de comunicación.

En el caso de la UES, el mercado creado aseguraría la eficiencia, la calidad y la libertad de elección, así como el crecimiento de los recursos disponibles paral la educación superior. Una vez establecido el nuevo arancel o cuota, y para garantizar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, se propone establecer o ampliar un sistema de becas remuneradas para los menos favorecidos, pero con la condición de que estos "… muestren buen rendimiento académico y que observen una conducta correcta…" (BID-UES, 2005). Obviamente los fondos para aumentar el número de becarios pasa por incrementar los ingresos y ello sólo es posible si se aplica el Reglamento Especial del Sistema de Cuotas Diferenciadas de Escolaridad. Esa es, con otras palabras, la recomendación (¿exigencia?) del BID, entre otras.

Sin embargo, en el caso del diagnostico sobre el sistema de becas estudiantiles de la UES elaborado por el consultor Vigil Icaza del proyecto BID-UES (2005), se recomienda "estudiar la conveniencia de entregar las ayudas en forma de bonos de alimentación, atención medica, etc. en ves de efectivo, con el objeto de contribuir a que se destinen exclusivamente a las finalidades académicas para las que se otorgan".

A manera de ilustración, hemos de aclarar que en algunas versiones ya practicadas en otros países, las becas son reemplazadas por créditos a bajas tasas de interés que deben ser reintegrados por los estudiantes una vez graduados. De hecho en la década de los 70 del Siglo XX en El Salvador funcionó un sistema similar denominado "EDUCREDITO".

Por otro lado, está claro que la intervención del Estado no desaparece en la propuesta neoclásica, sino que se reduce a la aplicación de instrumentos no distorsionantes; es decir, que no incidan en el mecanismo de asignación automático del mercado. El papel que se reserva para el Estado es el de aportar fondos para las becas o subsidiar la tasa de interés de los créditos que en todo caso involucraría a la banca comercial, tal como se hace en el Instituto Tecnológico Americano de Educación Superior (ITAE)

Según otras formulaciones el Estado contribuye directamente al financiamiento de las universidades (complementando los ingresos por aranceles), sobre la base de indicadores de eficiencia, incentivando aún más una "sana competencia" que se traducirá en mayor calidad en la prestación del servicio educativo.

El punto central, en todo caso, es jugar con el concepto de calidad, para premiar y castigar financieramente, ignorando que dicho término es construido históricamente, que responde a intereses concretos y que, por lo mismo, para mostrar la supuesta calidad que exige el sistema precisamente hay que hacer y enseñar lo que al sistema le conviene y le gusta.

4. El lento, sostenido y programado deterioro de la Universidad Nacional

En el plano argumentativo, o sea el del discurso, el elemento fundamental de la estrategia para implementar la lógica privatizadora ha sido acentuar la crisis de la UES para crear las condiciones para su privatización total y como fin último, al igual que se hizo antes con ANTEL, las distribuidoras de energía eléctrica y otras instituciones públicas, incluyendo la concesión a FEPADE o ÁGAPE de los institutos tecnológicos como el ITCA que a manera de ejemplo, cobra desde que se dio en concesión, $ 5.71 en concepto de mora por cuota mensual pagada extemporáneamente.

La falta de presupuesto para hacer frente al aumento de la matrícula, para la incorporación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas, para mantener salarios docentes adecuados , administrativos y de servicios, realizar mejoras de infraestructura, etc. acabó por conformar un sistema en progresivo y franco deterioro institucional.

Esta situación genera un gran problema en el desarrollo institucional porque al contar con un techo presupuestario tan bajo se imposibilita la inversión en equipo, docentes a tiempo completos, infraestructura, laboratorios, etc. y esto limita la calidad académica.

A su vez esto redunda en una abundante y mediocre oferta de servicios, lo que hace más vulnerable a la cultura profesional del país (Samayoa, 1994).

Como lo hemos afirmado, a través de la degradación de la UES (vía presupuesto insuficiente, además de los ataques viscerales de algunos medios de comunicación como El Diario de Hoy) se crea el espacio para que se propaguen y legitimen, tanto desde fuera como desde dentro de la universidad, supuestas soluciones como la implantación de la lógica de la privatización en general y el arancel en particular, que en palabras de algunas autoridades no será un aumento de cuota, sino una "readecuación" como ya lo manda el Sistema de Cuotas Diferenciadas, aprobadas por el organismo legalmente constituido como es la AGU ,en el caso de las de aplicación general o los específicos de cada Facultad de acuerdo con el art. 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica.

Por otro lado, quienes defienden la genuina autonomía (docentes, trabajadores y estudiantes) ciertamente han estado a la defensiva y en otros casos simplemente inmovilizados. Se han limitado a atribuir el deterioro universitario al ahogo presupuestario gubernamental, negando con ello, la complicidad en el deterioro institucional, ya sea por conveniencia de grupos, incapacidad para analizar la situación e incluso para defender o apoyar instituciones políticas extra universitarias.

Sin embargo, y es justo reconocerlo, muchos de los problemas que actualmente tiene la universidad están relacionados con la calidad de la enseñanza, la orientación de los contenidos, la formación y forma de selección de los docentes, el desarrollo de la investigación humanística o aplicada y de programas de extensión, etc., que evidentemente trascienden la falta de presupuesto adecuado y oportuno.

Asimismo, dicho deterioro académico y administrativo, y en gran medida el de servicios, son creados y alentados por una política educativa inadecuada llevada adelante por algunas autoridades universitarias desde principios de los años 90, cuyas acciones, en mayor o menor medida fueron clientelistas, nepotistas, autoritarias e incluso corruptas que ciertamente no se apartan demasiado de lo observado en el ámbito nacional. Los gremios de trabajadores, docentes y las asociaciones estudiantiles (no todas) obviamente tienen también mucha responsabilidad, ya sea por omisión, incompetencia, acomodamiento, falta de criterios político-gremiales y hasta por complicidad.

Estos problemas, con mucha razón, son utilizados como argumento por aquellos que pretenden imponer la lógica de la privatización como solución mágica. El hecho de que los estudiantes tengan que recibir clases en condiciones inadecuadas , sucias y hasta inhóspitas, con un nivel académico en permanente deterioro, con pocos o nulos recursos pedagógicos y tecnológicos a la vez que, inocentemente, temerosos de que el título de las universidades privadas sea más valioso, hace aparecer a la búsqueda de mayores ingresos a través de otras formas de financiamiento -vinculadas claramente con expresiones de privatización- como la única opción para frenar el deterioro que atraviesa la universidad.

En suma, en momentos en que muchos estudiantes, docentes y buena parte de la sociedad han experimentado cierta preocupación, se difunde masivamente que la única solución consiste en aceptar ciertas formas veladas de privatización, principalmente en el arancel, las cuotas altas y la venta de servicios. Desde nuestra perspectiva, el deterioro de la UES tiene la marcada intencionalidad de imponer las condiciones para que la lógica de la privatización aparezca como la panacea. De hecho, así se ha entendido por parte de muchos docentes y estudiantes, aunque en el caso de los trabajadores administrativos y de servicios más parece obedecer a otras razones e intereses puramente gremiales, políticos y hasta personales.

En concreto, a través del deterioro inducido e implementado desde adentro tanto como desde afuera de la universidad, se puede cerrar una estrategia cuyo propósito es conducir inevitablemente a largo plazo a la privatización de la educación superior pública salvadoreña en su totalidad. Por eso, hoy la discusión crítica de los intereses y argumentos que se encierran tras el discurso privatizador se torna imprescindible, tal como lo aclaramos al principio, y esa es la única intención de este documento.

5. Transformaciones en la estructura productiva nacional y consecuencias sobre la Universidad

El proyecto BID-UES que apunta a transformar de plano la única universidad pública del país, expresa un movimiento más profundo que remite a las transformaciones recientes en la dinámica del desarrollo económico salvadoreño. Esto es así, porque las políticas implementadas y su profundización en la década de los '90, han modificado sustancialmente la estructura productiva, económica, cultural y social en la que se inserta la universidad actualmente.

Sintéticamente puede caracterízaselas como: reforma y achicamiento del Estado (incluidas las privatizaciones), apertura externa a través de los TLC, liberalización financiera, flexibilización laboral, dolarización, etc. Estas transformaciones trajeron consigo dos importantes consecuencias en lo que hace a las condiciones de vida de la sociedad, que se manifiestan en la creciente pauperización de grandes masas de la población:

Por un lado, se registró un crecimiento en las tasas de desempleo y subempleo, afectando a una proporción cada vez mayor de la población. El creciente sector informal de la economía es la prueba más palpable, pues sólo hasta el año 2003 ya ascendía al 36. 4 % de la PEA (o sea 1,272.524 personas) según la DIGESTYC (2005).
Por otra parte, tuvo lugar una progresiva fragmentación y diferenciación entre los trabajadores efectivamente ocupados.

Mientras una pequeña porción, fundamentalmente de las capas medias, aún conserva empleos de alta o mediana calificación y remuneración, la mayoría debió dedicarse a tareas que por su naturaleza requieren una formación cada vez menor (en las maquilas por ejemplo). Las condiciones de trabajo se deterioraron, la jornada laboral se alargó en la práctica (muchas veces sin pago extra) y el salario real descendió en picada con la dolarización, en especial para los últimos, al menos en un 30.5 % con la conversión de 8.75 de colón por dólar USA.

Este esquema no reserva prácticamente ningún lugar para la educación superior pública y de acceso masivo. La educación superior masiva, sólo pensada como reflejo o respuesta a las demandas inmediatas del mercado, se transforma en un gasto improductivo y oneroso desde la perspectiva del sistema. Los trabajadores flexibilizados y degradados no requieren una formación que vaya más allá de la básica necesaria para realizar tareas sencillas, en las maquilas o ciertos servicios, por ejemplo.

Resulta más barato entonces que los trabajadores que necesariamente requieren una sofisticada capacitación, solventen sus estudios superiores de manera individual a través del salario (en la práctica mediante los ingresos de sus padres). El resto queda privado de toda formación de orden superior, que resulta superflua en relación con el papel que se les reserva en el sistema productivo.

Esta claro que, sobre el acceso al sistema de educación superior salvadoreño, la variable pertinente es la socio-económica; en tal sentido, prácticamente no hay dificultades académicas para entrar a una de las 26 universidades privadas o a cualquiera de los cinco institutos especializados mientras el estudiante tenga para pagar los aranceles, las cuotas respectivas y hasta los libros y fotocopias que habrá de comprar en la misma.

Para el caso, de acuerdo con la investigación de Joaquín Samayoa (1994), el 27% de las universidades cobran cuotas diferenciadas por nivel de ingreso, el 65% de las universidades admiten al 90% o más de los estudiantes que solicitan ingreso y el 25% de las universidades ni siquiera realizan pruebas de admisión.

Las cifras que relacionan a los niveles de media y superior son relativamente satisfactorios en el país, pues más de un 90% de los bachilleres ingresa a la universidad según la publicación del MINED "Educación de El Salvador en cifras (1994)"; sin embargo, sobre la marcha se ha detectado que un alto porcentaje de los estudiantes tienen que trabajar.

En la actualidad se puede reafirmar esta tesis con más radicalidad en tanto que se han detectado más bien "trabajadores que estudian" y que buscan los fines de semana para estudiar. Estos factores generan problemas en la vida del estudiante y redundan en muchos casos en fracasos o en mediocridad. Los factores de inequidad económica son evidentes en la pirámide de escolaridad a escala nacional.

A manera de ejemplo, para 1992 un número porcentual muy bajo de los estudiantes de educación superior, o sea el 7%, provienen de un 40% hogares de bajos ingresos, mientras que un 57% provenía del 20% de hogares con ingresos más altos; estos datos pernean a todo el espectro de la educación superior y se agudizan en la fase de egreso y de graduación (Samayoa, 1994).

Entonces, en este marco, que probablemente ha variado poco hasta el presente año, lo ideal es un sistema universitario adecuado a la creciente separación de los grupos sociales mediante la distinción entre universidades de primera clase o de elite (UCA, Matías Delgado, ESEN, Mónica Herrera) y universidades supuestamente de segunda clase (Pedagógica, UMA, Luterana, etc.) ambas privadas.

El período de transición hacia la diferenciación en su forma definitiva está signado por la progresiva transformación en los procesos de trabajo, que en algunos casos implica la desaparición de ciertas ocupaciones, y en otros una simplificación creciente. Profesiones liberales ,anteriormente bien remuneradas, como el médico o el odontólogo con clínica establecida, o el abogado con buffet propio, por mencionar algunos ejemplos, se han transformado mayoritariamente en puestos de mediana y baja remuneración dentro de grandes empresas (hospitales privados , por ejemplo) o cadenas especializadas de servicio.

"Estas empresas tienen acceso a tecnologías costosas, inaccesibles para un profesional autónomo. No se trata simplemente de un cambio en la forma, sino en el contenido mismo de las actividades, que se hacen más sencillas, monótonas y requieren cada vez menos de una formación universal. Este movimiento se reflejó en un deterioro en la formación universitaria, en el acortamiento de las carreras de grado y en reclamos generalizados en lo que respecta a la adecuación entre la formación y las necesidades del mercado" (Gómez, M. 2001).

En pocas palabras, este es el proceso oculto que se manifiesta en las prácticas y el discurso de la lógica de la privatización y que encarna en los diversos intereses inmediatos de múltiples sectores.

6. Los intereses concretos detrás de la lógica de la privatización

La obtención de un beneficio directo es el motivo inmediato de la constante presión a favor de cierta modalidad de privatización y es en la búsqueda de esos beneficios donde precisamente se batalla por un sistema universitario adecuado a la creciente segmentación registrada en el proceso de trabajo. Es en ese marco que salen a relucir los intereses de los sectores hegemónicos, pero también el de los populares, ante todo cuando surge la eterna problemática del presupuesto de la nación, año tras año, y no se equiparan salarios con relación al costo de la vida real.

En tal sentido, reducir hasta donde se pueda el financiamiento estatal de la universidad nacional contribuiría a reducir el gasto fiscal, liberando recursos que pueden encauzarse hacia otros usos que beneficien en forma directa a ciertos sectores hegemónicos. Estas ventajas abarcan, entre otras, el pago de la deuda pública, fundamentalmente la externa.

A la vez, estos sectores son también partidarios de la reducción del gasto fiscal en función del impacto que tal reducción generaría sobre su carga impositiva.

En ese rubro podríamos incluir a los proveedores y contratistas del Estado (habitualmente empresas pertenecientes a los grupos económicos locales), al vasto conjunto de acreedores del mismo (incluyendo a bancos, AFPs, organismos internacionales) a las empresas privatizadas y sectores exportadores.

Asimismo, los grupos empresariales vinculados con la enseñanza superior sueñan con una privatización completa que dé lugar a un sustancioso negocio que practica la elusión fiscal utilizando la figura de ser "empresas sin fines de lucro". Este mercado no sólo sería atractivo para las universidades privadas locales, sino también para universidades extranjeras que se encuentran en proceso de internacionalización de sus servicios donde de hecho, instituciones de México, España y Chile ya se han instalado en el país para explotar el floreciente mercado de los postgrados.

A propósito de lo anterior, es bueno traer a cuenta que, en la investigación realizada por Oscar Picardo (2003), titulada "Informe Nacional sobre Educación Superior de El Salvador" (I E S A L C) este afirma que:

"en lo que se refiere a las finanzas de las universidades privadas no hay mayores detalles, y a pesar de ser sin fines de lucro, existe una percepción de que "algunos propietarios" asumen cargos dirigenciales en las instituciones asignándose salarios y viáticos muy onerosos; no obstante, cruzando los datos de matrícula y colegiaturas, versus los paupérrimos salarios de docentes, se deducen ingresos significativos que permiten el crecimiento del patrimonio, además de otros ingresos por servicios asociados (fotocopias, libros, parqueos, catálogos, carné, derechos de exámenes, trámites académicos, etc."

En el marco esbozado, también hay espacio para ganancias asociadas con el sector financiero, pues la banca comercial local normalmente suelen incluir algún sistema de crédito a los estudiantes -con subvención estatal- que posiblemente se canalice a través del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) para afrontar el costo de los estudios, lo que abre un nuevo segmento en el mercado de capitales. De hecho, el Banco Salvadoreño ya publicita un crédito para financiar estudios universitarios sea a nivel de grado o postgrado, a través del Programa de Garantía para pequeños empresarios (PROGAPE).

En cuanto a las grandes empresas, su interés por la privatización está asociado con la búsqueda de una universidad más afín con sus necesidades y la lógica privada. Por un lado, estas empresas reclutan la mayor parte de sus plantillas técnicas entre los graduados universitarios y aspiran a disponer de profesionales formados según sus requerimientos, sin afrontar el costo de capacitación directa e indirecta que ello implica. Además, desde su punto de vista, las empresas financian parcialmente e indirectamente la universidad al destinarse una parte de sus impuestos a ésta.

Más aun, su interés por la privatización reside en que el perfil de graduados de una universidad privada -e igual nivel de preparación, que por otra parte no es lo que hoy sucede- tiende a ser más conveniente para este tipo de empresas: los graduados carecen de una formación orientada sobre la base de principios sociales y por tanto desarrollan una actitud de mayor valoración hacia la actividad privada (Lindenboim, 2001).

Por su parte, los partidos políticos de izquierda y de centro, y en ocasiones incluso los intelectuales afines, ven a la universidad como una potencial fuente de pensamiento autónomo y crítico capaz de cuestionar el sistema vigente tanto desde su aspecto ideológico como desde la acción política directa, lo cual podría quitarles el protagonismo mediático y de movilización tan necesario para un político que vive de la política partidista.

Los partidos políticos tradicionales también han impulsado abierta o solapadamente las posturas privatizadoras. De hecho, el FMLN, en una declaración al parecer bastante precipitada a fines de 2005, hasta cierto punto avala la implantación de la lógica de la privatización de la UES, al apoyar una iniciativa legislativa tendiente a firmar, sin mayor discusión entre los sectores, en su momento, el mencionado préstamo con el BID.

En algunos casos esta posición responde de manera inmediata a sus vínculos directos con los intereses antes mencionados. En otros, a un simple intento de control social destinado a desactivar el histórico papel combativo de la comunidad universitaria. Pero no hay que olvidar también que la UES se fue convirtiendo históricamente en una fuente de financiamiento partidario, de captación y "fogueo" de la futura dirigencia política nacional (casi todos los ex comandantes del FMLN fueron en su momento lideres estudiantiles) y de rédito político a través de la propaganda y la organización.

Es más, dentro de la propia universidad nacional hay quienes no ven con mala cara el proyecto privatizador. La conjunción de la necesidad de mayor presupuesto, con la premisa de que es imposible conseguirlo, lleva a algunos sectores del cuerpo docente a sostener que la única solución es aplicar las recomendaciones del BID, particularmente el referido a los aranceles. Aunque estas posiciones no suelen ser mayoritarias es menester reconocer su presencia, fruto también de la influencia neoliberal en los círculos académicos.

En particular se destaca un sector entre los docentes e investigadores vinculados al Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) que se ha visto especialmente favorecido, con cierta razón, por la penetración del financiamiento directo. Esta "aristocracia científica" o "elite académica" (que por cierto ya era tiempo que surgiera), generalmente vinculada de manera estrecha con algunas autoridades de la universidad, o por méritos realmente ganados en su práctica, apuesta a encontrar en la implementación de la lógica de la privatización una fuente de beneficios adicionales e ingresos económicos, así como una disminución de sus obligaciones docentes. Lo mismo puede decirse de quienes hoy administran exiguos recursos financieros y se sienten atraídos por la posibilidad de manejar mayores fondos y acrecentar así su influencia burocrática, como de hecho sucede en las oficinas centrales de la UES y en algunos decanatos.

En síntesis, de hecho, no sería correcto minimizar los avances que han logrado en las últimos meses en dirección a la "nueva modalidad de privatización" de la UES, especialmente a través de la imposición sistemática del ajuste presupuestario y la introducción de criterios mercantiles en la enseñanza, donde incluso los docentes de la institución pagan para cualificarse cuando realizan estudios de postgrado, en abierta violación al "Reglamento general del sistema de escalafón del personal de la UES", en su numeral 19 ,literal f. Es, en estos casos concretos, donde ya puede verse el avance de la lógica de la privatización como la nueva mentalidad con que se quiere manejar la institución.

Sin embargo, y en esto hemos de ser claros, los caminos de la lógica de la privatización no se limitan a la aplicación de aranceles directos ni sólo al aumento de cuotas (disfrazado, claro está, de actualización). En varias facultades de la UES los criterios mercantiles se impusieron principalmente en los estudios de postgrado, donde se encontró terreno fértil para cobrar los cursos. Así, la Universidad Nacional ya se dedica a la conquista de este jugoso mercado.

En detrimento de los estudios doctorales (aún inexistentes en la UES y las privadas) se ha registrado una verdadera invasión comercial de diversos cursos de postgrado y maestrías, en numerosos casos de pobre nivel académico, orientados principalmente a otorgar nuevas credenciales que en teoría contribuirán a facilitar la inserción de los egresados en un mercado laboral cada vez más estrecho y competitivo.

Partes: 1, 2

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