La Lógica de la Privatización como Nueva Modalidad en la Educación Superior Salvadoreña (página 2)

7. Crítica a los argumentos en favor del aumento de las cuotas y aranceles

La gran mayoría de los trabajos que sostienen la necesidad de reformar la universidad mediante una nueva lógica, prescinden completamente de dos aspectos centrales a la hora de caracterizarla:

• La historia de limitaciones presupuestarias, agresiones militares y amenazas concretas a su comunidad y a su quehacer académico.
• La íntima relación con el proceso de desarrollo social y económico salvadoreño.

Todos los trabajos que sostienen la necesidad de aumentar los aranceles (o actualizar cuotas) destacan un triste y deplorable panorama a la hora de retratar la UES. En cierta forma, los defensores de la implantación de la lógica de la privatización proceden de inmediato a atribuir, utilizando eufemismos argumentativos, todas las fallas de la institución en cierta forma al carácter gratuito y masivo que esta debe tener. Por supuesto que esto no lo dicen así abiertamente, pues saben que genera resistencia en muchos sectores analíticos.

Más bien se podría afirmar con mayor fuerza argumentativa todo lo contrario: fueron los últimos años de privación presupuestaria, agresiones, injerencia externa, calumnias mediáticas, maltrato interno, lo que terminó por diezmar la universidad conduciéndola a su más profunda crisis académica.

Es más, no es la falta de aplicación de las recomendaciones propias de la lógica de la privatización, las que tienen en grave problema a la UES sino su avance subrepticio. Esto ocupa un lugar central en explicar los problemas actuales de la universidad, ante todo por la vinculación con el proceso de desarrollo del país que al limitarla en el presupuesto, limita asimismo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la investigación aplicada y humanística que podría estar al servicio del país para solucionar ciertos problemas.

8. Críticas al diagnóstico de la" eterna" escasez presupuestaria

Sin analizar y decir el porqué, y mucho menos hacer un análisis político y socio histórico, simplemente se afirma y acepta que el presupuesto es escaso. Muchos otros lo aceptan como un problema de asignación relativa e incluso que hay que tener paciencia "pues el gobierno hace lo que puede".

Con tono afectado -y paradójicamente populista- se afirma que financiar a la universidad pública aquí y en cualquier país del mundo, implica desviar partidas destinadas a fines de mayor prioridad, como la alimentación, la vivienda, la educación básica y la salud, máxime cuando hoy contamos con un gobierno "con sentido humano" que asigna 15 ó 20 dólares mensuales a algunas familias en pobreza extrema a fin de que puedan enviar a la escuela al menos a tres hijos (como promedio).

Basta con una mínima revisión de la forma en la que se asigna el presupuesto nacional para objetar este argumento. El gobierno salvadoreño no se distingue precisamente por su capacidad de asignar los fondos con arreglo a las necesidades de la sociedad, y menos todavía por sus inclinaciones hacia la planificación económica, en ningún área. Basta observar las diferentes partidas en el presupuesto general de la nación para el 2006, donde en el área de salud pública, y el ISSS, por ejemplo, en la práctica han tenido recortes con relación al 2005.

Los fondos no están inapelablemente ausentes, sino que justamente son empleados para fines ajenos al desarrollo económico y social (la propaganda gubernamental personalizada en el Presidente Antonio Saca, por ejemplo).

Este hecho queda palmariamente demostrado cada vez que, debido a la presión política, empresaria o popular, el gobierno se ve obligado a otorgar concesiones bajo la forma de refuerzos presupuestarios.

En términos estrictos, tampoco el tamaño total de los fondos públicos es absolutamente fijo, ya que, por ejemplo, se podrían aumentar los recursos disponibles combatiendo seriamente la evasión y la elusión o gravando con mayores impuestos ciertas ganancias, los dividendos bancarios y los artículos de lujo.

Un análisis pormenorizado de la distribución del presupuesto público pone de manifiesto que no es justamente el gasto en educación superior el que se encuentra sobredimensionado. En numerosos países, desarrollados o no, el presupuesto universitario público considerado como proporción del PIB, en términos absolutos o medido por estudiante, es sustancialmente mayor. Es más, en la región Centroamericana nos quedamos muy atrás, ya que, por ejemplo, Nicaragua destina el 30 % del presupuesto total de educación a la formación universitaria y Costa Rica un 20 %. Nuestro país apenas destina un pírrico 10 % del gasto total en educación, lo cual equivale al 1.17 % del PIB.

Respecto de la cantidad óptima de graduados, difícilmente podría arrogarse la capacidad de proyectar la cantidad de profesionales de cada área necesarios para el desarrollo de un Estado que ha demostrado su ineptitud para la planificación de todo tipo. El mercado, asimismo, sólo brinda señales vinculadas con las necesidades solventes de corto plazo, lo que de modo alguno constituye un criterio válido para estas decisiones. Por lo mismo, no puede afirmarse sin cinismo que, por ejemplo, "sobran médicos y odontólogos" en una sociedad en que las necesidades de salud se encuentran por completo insatisfechas: parece más cierto afirmar que no sobran médicos ni odontólogos, sino que faltan recursos públicos para salud.

Por otra parte, el recurso de contraponer el gasto en educación superior con el gasto en educación básica o en salud, como si fueran dos objetivos excluyentes, es un recurso ideológico manipulador que pretende forzar una elección entre el gasto en sectores sociales mutuamente necesarios. Este énfasis en el peso que representa la educación superior para las finanzas públicas pone al descubierto que en muchos casos el verdadero objetivo de la actualización del arancel no es mejorar el sistema universitario sino recaudar fondos para que el Estado pueda desentenderse de esta obligación constitucional.

Hemos de agregar asimismo, que la historia salvadoreña muestra que cuando el presupuesto universitario fue adecuado, la UES fue capaz de ofrecer una formación de calidad a conjuntos crecientes de la población. De esto pueden dar fe muchas instituciones y los miles de profesionales graduados en las décadas pasadas y que hoy se desempeñan con gran eficiencia y, además con ética, en la administración pública y las empresas privadas del país

De hecho, aquellos países que priorizan el financiamiento de la educación superior están reputados como los de mayor excelencia en este campo. No hay un problema natural en el hecho de que la universidad sea financiada por el Estado íntegramente, lo que implica que no es ésta la premisa sobre la que debe basarse la discusión.

9. ¿Realmente existe un problema de inequidad?

El eje de la lógica privatizadora, aquí y en cualquier parte del mundo, se centra sobre el supuesto carácter regresivo de la universidad pública y gratuita. En pocas palabras, se sostiene que a la universidad la mantienen los pobres mientras la aprovechan los de clase media -media o los acomodados, para utilizar uno de los términos utilizados en la consultoría referida anteriormente.

Empecemos por el principio: en primer lugar, no es cierto que los estudios sean hoy gratuitos.

Aun, sin tener en cuenta los aranceles o cuotas ya vigentes, el estudiante tiene que afrontar diversos gastos, realmente prohibitivos para los amplios sectores de menores ingresos. Completar una carrera universitaria en El Salvador requiere disponer de presupuesto para transporte diario, alimentación mínima de $ 1.15 el almuerzo en los cafetines (plato del día), para materiales de estudio, diversos trámites o documentos arancelados y el particularmente gravoso "costo de oportunidad" que implica limitar las horas de trabajo.

Tal como están planteadas, ciertas carreras son directamente (como medicina, odontología, etc.) incompatibles con una jornada de trabajo extendida, ya habitual en las actuales condiciones de flexibilización del mercado laboral. Este factor, generalmente pasado por alto, explica muchas veces la imposibilidad de acceder a estudios de importantes franjas de la población en edad de hacerlo.

De hecho, el problema de la universidad actual no es tanto por qué concurren los que efectivamente lo hacen, sino las condiciones que impiden que sea aún más masiva.

Es cierto que los sectores de menores ingresos no acceden a la Universidad Nacional debido a la conjunción de múltiples razones, la mayoría de carácter extra universitario, que imponen límites a su ingreso a este sistema de educación. Entre los factores que restringen el acceso pueden mencionarse:

• Las evidentes fallas de la educación básica y media (que pretenden corregirse con el Plan 2021). Basta analizar los resultados de la PAES año tras año.
• Los imperativos de generar ingresos al hogar (por exiguos que sean y sea en el empleo que exista), dadas las secuelas de la dolarización, entre otras razones.
• La incapacidad económica de afrontar los gastos asociados con la educación universitaria.

Por lo tanto, no es cierto que por definición la UES sólo atienda a los sectores medios -alto o medios-medio. Esto no puede ser así en un país crecientemente pauperizado, con un sistema educativo básico desfinanciado e ineficaz, y que excluye a masas crecientes de su población no sólo del sistema educativo, sino cada vez más de todo mecanismo de integración social.

Entonces, el aumento de aranceles y limitaciones al ingreso solamente acentuaría el carácter restringido de la universidad actual. A la vez, al aseverar que a la universidad sólo concurren personas de ingresos medios altos y altos, el diagnóstico y la lógica privatizadora vuelven a apartarse de la realidad.

Es más, si tomamos en cuanta los siguientes datos, fácilmente constatamos que ello no es así, de acuerdo con el estudio de Adalberto Elías Campos (2004), en el apartado "Costo de los estudios y modalidades de cobro". Según las estimaciones de Campos, los costos de estudios a nivel de licenciatura en una universidad privada ascienden a unos US$ 760 al año, aún cuando en carreras del área de la salud los mismos ascienden a unos US$ 1500 al año. Además, se cobran matrículas por cada semestre que oscilan entre US$ 50 y US$ 150 dólares y cuotas mensuales entre US$ 45 y US$ 170 dólares.

Para maestrías también se cobran matrículas por semestre, cuatro en total, más las mensualidades durante dos años. Las matrículas oscilan entre los US$ 45 y los US$ 90 dólares y las mensualidades desde US$ 86 hasta US$ 176 dólares. Si comparamos estos datos con las cuotas máximas actuales en la UES, las cantidades resultas exorbitantes e inalcanzables para el mayoritario sector social de escasos recursos económicos (Campos, 2004).

Es importante recalcar que se incurre en un error al identificar el nivel de ingreso de los estudiantes con el de sus padres.

El período que va desde los 18 a los 25 años de edad coincide en nuestra sociedad con el de la independencia de los jóvenes con respecto a sus familias de origen; lo que convierte en error de cómputo el hecho de considerar la situación económica de éstos y aquellos como análogas, suponiendo un grado de dependencia económica incluso más allá de lo que la ley establece como dependencia civil (Lo Vuolo, s/f).

En todo caso, esta práctica puede ser adecuada para los sectores más acomodados de los estudiantes de la UES que apenas representan el 15 % según la consultoría del BID (2005), ya que es habitual que los jóvenes no accedan al mercado laboral sino hasta completar sus estudios, totalmente solventados por los padres.

Sin embargo, está claro que en muchos casos los estudios son desarrollados como actividad complementaria al trabajo de tiempo parcial o completo. En efecto, la gran masa de los estudiantes universitarios tiene la necesidad de trabajar "en algo" para solventar los múltiples componentes no gratuitos de su educación superior. Esto implica que incluso los aranceles o aumentos "moderados" que algunos sectores sugieren para la universidad pública resultaría un gasto elevado para la mayor parte de los estudiantes si consideramos sus verdaderos ingresos como ciudadanos emancipados.

Entonces, la acusación de inequidad está basada esencialmente sobre la supuesta regresividad del gasto universitario. Para cuestionar este argumento es necesario examinar la cuestión de la regresividad desde un doble punto de vista: el de la generación y el del gasto de los recursos públicos.

Respecto del origen de los fondos públicos destinados a la universidad, el diagnóstico de la lógica privatizadora observa el hecho de que ésta esté solventada esencialmente por los contribuyentes más pobres de los pobres. Como evidentemente el sistema impositivo salvadoreño se caracteriza por una marcada regresividad, el financiamiento universitario se concentra en las capas de menores ingresos. Nuestra crítica no puede negar la veracidad de este argumento. Sin embargo, cabe denunciar la falacia en la que reposa.

Es cierto que la universidad está solventada por los pobres, pero cuando aproximadamente la mitad de la recaudación fiscal proviene de impuestos al consumo, mientras los recursos provenientes de impuestos proporcionales a la riqueza es exigua, desde el helicóptero presidencial, las escobas de los empleados de servicio… hasta el último de los papeles membretados que utiliza el sector público es solventado por los pobres (Lindenboim, J. (2001).

Pero una cosa si es cierta e incuestionable:

Todo gasto en el que incurra el estado salvadoreño, está financiado mayoritariamente por los grupos de menores ingresos. Así de sencillo, así de cierto y así de lamentable.

Si esta acusación le cabe a la educación superior, antes le corresponde a otros gastos superfluos del gobierno central (viajes de enormes comitivas a Europa para visitar el Papa, la extensa propaganda del Presidente, etc.), a los dineros apropiados de manera ilegal (ANDA, ISSS…) debido a la galopante corrupción, a la elusión fiscal para favorecer al sector financiero, etc.

La cuestión no es que la universidad sea regresiva, sino que el sistema impositivo nacional lo es, y es allí donde deben realizarse las transformaciones fundamentales.

La pretensión de manchar con esta culpa a la educación superior y pretender que en ese ámbito se dé solución a lo que en el nivel global cada vez se agrava más, muestra la frágil posición de los que defienden la lógica de la privatización, que por otra parte pocas veces o nunca se muestran preocupados por el carácter regresivo de la recaudación fiscal, al menos que nosotros sepamos.

Por otra parte, como habíamos señalado, la educación superior no es apropiada íntegramente de manera individual y privada, sino que posee una función social relevante y necesaria para el desarrollo económico y social, entonces el gasto universitario educativo no puede en ningún sentido ser entendido como un beneficio exclusivo de los que asisten a la universidad. Por lo contrario, al igual que otros gastos sociales, el gasto en educación superior ofrece un claro beneficio para la sociedad en su conjunto.

En otro punto de vista, la caracterización neoliberal sostiene que todos los frutos de los estudios universitarios son disfrutados individualmente por el estudiante, que recibirá mayores ingresos en su futuro profesional.

Esta apropiación privada es la que justificaría aumentos en las cuotas y aranceles. Es cierto que si la formación, tal como ha ocurrido cada vez más en los últimos tiempos, toma un cariz unilateralmente profesionalista y tecnicista abandonando por completo su contenido crítico y social, la hipótesis de la apropiación individual del esfuerzo público se asemejará cada vez más a la realidad.

Se ve entonces que más que tratarse de un diagnóstico fiel de la universidad tal cual es, se trata de una anticipación de lo que la lógica de la privatización traería consigo; es, pues, una expresión de deseo, dado que éste es el lugar que se reserva para la educación pública adaptada por completo a la demanda del mercado.

"Los beneficios de la educación superior no son sólo apropiados privadamente sino que, fundamentalmente, son distribuidos hacia el conjunto de la sociedad a través de la formación de profesionales que satisfacen necesidades sociales, y de la generación de ciencia, tecnología y pensamiento crítico, esenciales para el desarrollo económico y social de cualquier país" (Johnstone, B. D. 1998) .

Por otra parte, en el caso de que, efectivamente, los egresados de la universidad obtuvieran al graduarse ingresos particularmente elevados, es razonable esperar que, en el marco de una estructura impositiva progresiva, esos egresados sean gravados en función de los ingresos y ganancias que generen. No es claro por qué, entonces, se debe aplicar un arancel o una cuota elevada que implicaría un no recomendable caso de doble imposición.

A la vez, si bien es esperable que quienes acceden a la universidad gocen de mayores ingresos en el futuro, en un país con creciente desocupación, subocupación e inestabilidad de ingresos, esta suposición no se impone como una férrea ley general. Por lo tanto, no reviste ningún sentido económico gravar una base imponible (los ingresos futuros) que no existe aún y que, de hecho, se presupone (Johnstone, B. D. (1998).

Un sencillo ejemplo muestra que aun hoy, en la medida que los ingresos del graduado se incrementan, éste "paga" al Estado sus estudios por la vía de sus contribuciones, y si sólo lo hace lentamente es debido a la mencionada regresividad del sistema impositivo. Este argumento reafirma la necesidad de colocar el foco en la reforma del sistema impositivo, el cual debería estar destinado a gravar ingresos y ganancias y no los estudios universitarios. En una situación de estabilidad socioeconómica, los ingresos promedio de un graduado universitario, según diversos estudios pueden ascender a unos $ 950,00 mientras que para un secundario completo llegan sólo a $ 450 aproximadamente. Es más, una universidad privada de San Salvador lo publicita así a través de los medios de comunicación escritos.

10. Ineficiencia y falta de calidad académica

Por último, es importante cuestionar las acusaciones de baja calidad e ineficiencia que pesan sobre la Universidad, auque ello no quita que ciertas unidades académicas no la tengan. Entendemos y sostenemos aquí que la lógica de la privatización, por si solo, no asegura de ningún modo una mejora en la calidad, ni la superación de los problemas que actualmente aquejan a la universidad.

En este sentido vale recordar que la mayoría de las universidades privadas del país no se caracterizan por el elevado nivel académico, en especial las de mayor matrícula y cuota más accesible. No en balde, la voz popular las denominó en su momento "universidades de garaje", entre otras expresiones peyorativas.

Más allá de las limitaciones y agresiones que le tocó atravesar en décadas pasadas, la única universidad estatal de El Salvador conserva en muchos campos el primer lugar en calidad educativa.

Esta ventaja se observa simplemente en los resultados obtenidos en la prueba ECAP que pasa el MINED año tras año, donde los futuros profesores egresados de la UES superan hasta en un 40% a los provenientes de las privadas. Lo mismo puede decirse, aunque en menos medida, con respecto a los que se examinan en la Corte Suprema de Justicia, para optar al notariado. Vale decir, a propósito, que en el año 2004 se sometieron al examen que administra la Corte unos 3000 estudiantes y de ellos sólo pasaron 400. Nuevamente la mayoría de los que pasaron fue de la UES.

En lo que refiere a la llamada eficiencia, la obsesión por encontrar medidas cuantitativas del desempeño de las instituciones condujo a los autores de matriz neoclásica a diseñar indicadores de eficiencia fácilmente cuestionables. Uno de los favoritos es el que busca medir la eficiencia mediante la relación entre matrícula y egresados, la que por cierto en el caso de la UES es bastante alta.

No hace falta calar muy hondo para percibir la superficialidad, propia de quienes aplican y explican estas medidas simplistas. En primer lugar porque, entre otras cosas, el índice de la cantidad de graduados por estudiante guarda relación también con el grado de exigencia que tiene la institución educativa, el tipo de formación ofrecida y la extensión de las carreras.

En este sentido, el indicador graduados/estudiantes podría entonces ser leído ya no como una medida de la (in)eficiencia de la institución, sino como un indicador de la exigencia de la misma.

Y aquí se llegaría a la conclusión de que las instituciones privadas universitarias tendrían menor grado de exigencia (hecho poco cuestionado en el país para la mayor parte de las instituciones) y por lo tanto, menor calidad de sus graduados. El hecho de que se gaste más por cada graduado no puede de ninguna manera interpretarse en sí mismo como ineficiencia, cuando no se evalúa su calidad (Riquelme, G. 2000).

El tomar al graduado como la unidad de medida por excelencia de la "productividad" de la universidad se sustenta sobre una visión (limitada) de la educación superior, según la cual toda formación que reciba un estudiante carece por completo de valor social mientras no sea coronada con la obtención de su diploma.

Por lo tanto, el pensamiento neoclásico sostiene implícitamente que un estudiante que no obtiene su diploma simplemente perdió su tiempo y, en términos del erario público, significó un derroche de recursos. Sin embargo, si el propósito de la educación universitaria es la formación y el aprendizaje no sólo hay que considerar los conocimientos adquiridos por aquellos que se gradúan, sino por todos aquellos que transitaron por la universidad.

La evidencia revela que el hecho mismo de poseer estudios universitarios parciales ofrece a los estudiantes la posibilidad de obtener diferenciales de ingresos a través de empleos a los que no podrían acceder sin esta calificación. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto resulta beneficiada con un estudiante que ha recibido una mayor y mejor formación (Riquelme, G. 2000).

En suma, dejar cualquier aspecto de la política educativa en manos de quienes únicamente buscan maximizar estas relaciones cuantitativas sería directamente desastroso, corriendo el riesgo de la reducción arbitraria de la duración de las carreras para mejorar la "eficiencia".

11. Críticas generales a la propuesta de la lógica de la privatización en el ámbito nacional.

Esta demostrado en la práctica. La historia salvadoreña se encargó de echar por tierra todas las ilusiones creadas por la propaganda en torno de la virtud intrínseca, natural y supuestamente eficiente de la actividad gerencial privada, como modelo a seguir, al menos en el ámbito nacional.

Aunque existen honrosas distinciones y valiosos ejemplos de empresas privadas con alto sentido de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sistema imperante ¿Alguien podría explicar con la más mínima lógica, porqué nuestro país, que es gobernado y gerenciado por el mismo partido político que a su vez fue fundado, es dirigido, dominado y administrado por conocidos empresarios, desde hace 16 años, ha experimentado un amplio deterioro en términos de Desarrollo Humano (PNUD, 2003) y en su productividad económica, mientras unos pocos sectores privados obtienen enormes ganancias?

Aún más, si los propietarios o representantes de la gran empresa privada como sector hegemónico y dirigencial en la esfera gubernamental en lo público-administrativo, así como en lo político y económico fueran sumamente eficientes como lideres, administradores o gerentes, ¿Por qué el PIB del país es tan pírrico desde hace años (Más o menos 2% en el 2005)? ¿Por qué mantienen tan endeudado al país? ¿Por qué la mayoría de empresas no son competitivas ante un TLC? ¿Por qué un alto porcentaje de empresas evaden impuestos, buscan beneficiarse con elusiones fiscales, se roban cotizaciones del ISSS y las AFP’S?

¿Por qué tanta denuncia por cobros indebidos en muchas empresas? ¿No será que lo que existe en la práctica es una deuda histórica con la aplicación de los conceptos de eficiencia, calidad, competitividad, respeto al Estado de Derecho, particularmente los laborales, etc.?

¿O es la forma en que se ha desarrollado e implementado el modelo lo que ha fallado y no el sistema de libre empresa? Es probable esto último, pues en principio creemos que no es el concepto de empresa privada como valor productivo del sistema al que hay que cuestionar como institución para el desarrollo nacional. Pero lo que si está claro es que la empresa privada nacional, particularmente la gran empresa hegemónica financiera, industrial y de servicios, agrupada en ciertas gremiales, evidentemente politizadas, ha sido muy inmediatista, no ha tenido visión de nación, ha obviado la RSE y quizás, por ello mismo, es claro que no puede dar lecciones de eficiencia y ética mucho menos de cómo modernizar una institución tan compleja y enorme como la Universidad Nacional, si este fuera el caso, a través de modalidades gerenciales que ni en algunas de sus empresas privadas han podido impulsar.

Lo anterior lo planteamos, con respecto a la gran empresa privada y hegemónica, en todo sentido, porque, como lo argumenta el consultor de la Fundación Friedrich Ebert, Alexander Segovia, "El Salvador es el único país que cuenta con un gobierno de tipo empresarial en Centroamérica, en donde la agenda gubernamental es la misma del partido gobernante y de los grupos empresariales que lo integran; y el único caso que tenemos actualmente, no sólo en Centroamérica sino en toda América Latina…"

Para Segovia," la expansión de estos grupos y la concentración de la riqueza trajeron como consecuencia la exclusión de amplios sectores de la población y ha imposibilitado la ejecución de políticas públicas a largo plazo, que respondan más a las necesidades de los países que a los intereses de las elites empresariales. En un país de la región caracterizado por el autoritarismo y la falta de políticas públicas de su gobierno, hay un grupo económico que cuenta con más de 300 empresas y vende más de 2 mil millones de dólares al año", afirma, y agrega que "este poder es suficiente para financiar a los partidos políticos, los medios de comunicación y quién sabe que más instituciones" (Diario Co Latino, 21 de enero de 2006, Pág. 2).

. Por su parte, Rodolfo Cardenal, Vicerrector de la UCA, refiriéndose a las declaraciones de Segovia, manifiesta que El Salvador es el único país donde los grupos de poder económico dominan el Estado, la mayoría de partidos y todas las instituciones; y donde las elites pretenden establecer una plaza financiera y de servicios para toda la región. "Esto, en detrimento de la agricultura y la industria nacional y, desde luego, del bienestar de la gente". (Diario Co Latino, 21 de enero de 2006, Pág. 2)

Entonces, a partir de la forma en que se a desarrollado el sistema, a través de su expresión en el modelo neoliberal, es más que obvio a estas alturas, que la experiencia de la privatización de los servicios y empresas públicas en el país dejó un abultado saldo negativo especialmente para los sectores empobrecidos, como de hecho ya lo han reconocido diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Poca eficiencia puede predicarse de un sistema y el consecuente modelo, que opera con tarifas en algunos casos récord en términos internacionales (como es el caso de las empresas de telefonía), sostiene monopolios artificiales basados sobre un proceso de permanente -y cuestionable- renegociación y extensión de los plazos contractuales, incumple abiertamente los compromisos y plazos de inversión, y se encarga de trasladar al Estado los costos mientras sostiene ganancias millonarias que obviamente favorecen a ciertas empresas beneficiadas, por ejemplo, con la elusión fiscal.

En términos de equidad los resultados no fueron mejores: recurrentes reducciones y despidos de personal, limitación del servicio, financiamiento de la inversión mediante el aumento anticipado de las tarifas, desprotección del usuario o consumidor, entre otros. A la vez, resulta sorprendente que los sectores privatizadores, tan afectos a criticar al estado por su incapacidad operativa, confíen ciegamente en su capacidad para la adecuada negociación y necesaria regulación de las actividades privadas. Particularmente cabe mencionar la manifiesta incapacidad de regular la actividad de las empresas privatizadas a pesar de haber creado la Defensoría del Consumidor que, en teoría, por ejemplo, debe vigilar que los bancos y otras instituciones no hagan firmar pagarés en blanco a los usuarios de préstamos. No se comprende entonces cómo la implementación de la lógica de la privatización de la universidad estaría exenta de estas desgracias.

Finalmente nos preguntamos, en el ámbito educativo:

¿Por qué en ninguno de los estudios a favor de la lógica de la privatización encontramos alguna reflexión o investigación profunda y sustancial sobre el nivel actual de la gran mayoría de las universidades privadas (incluyendo sus costos de operación y las ganancias que, todo indica, podrían ser muy sustanciales) y la persistencia de un relativo mal nivel en la pública?

11.1 La calidad educativa

En general, en términos de la educación universitaria la calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones. Pero el problema no consiste en buscar una nueva definición de calidad, pues ya existen muchas en la literatura actual, sino determinar aquella que más convenga a la evaluación en las condiciones de la realidad latinoamericana y en la salvadoreña en lo particular, sin olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto, pues no se puede concebir una institución universitaria de calidad que no sea pertinente en su entorno social.

La pertinencia y la calidad, junto a la internacionalización, representan para la UNESCO, los tres aspectos claves que determinan la posición estratégica de la educación universitaria. En tal sentido, el grado de pertinencia social de un programa o institución se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentido que se producen objetivamente en la sociedad de su entorno, presumiblemente como efecto del cúmulo de aportes que realiza dicho programa. Por lo mismo, está claro que el concepto de calidad de la educación universitaria cambia de contenido en cada época, no es estable y duradero porque es un concepto primordialmente histórico.

Entonces, en cuanto a las mejoras de calidad que la lógica de la privatización promete, es propio de este discurso centrarse exclusivamente sobre la dimensión económica del problema ignorando la complejidad de sus diversos aspectos. En particular, el pensamiento privatista y su lógica, ignora que la imposición de aranceles posee un negativo impacto sobre la calidad al imponer distorsiones en la lógica educativa tanto desde el punto de vista del alumno como del docente.

El vínculo docente-alumno se mercantiliza, transformando a los alumnos en clientes y a los docentes en "empleados" en la peor acepción del término, relación que condiciona su accionar. Los efectos extremos que esta transformación puede derramar sobre la calidad de la enseñanza no son transparentes en algunas de las universidades privadas salvadoreñas, en las que se da instrucciones precisas (nos consta de vista y oídas) a los docentes en lo referido a la política de evaluación, nivel y exigencia, de modo que a partir de ello no se reduzca la Matrícula, al menos en forma significativa.

11.2 La atractiva promesa de aumentar las becas.

En lo que respecta a la propuesta de instrumentar un sistema de becas, este es ideal para fomentar el acceso a la universidad de alumnos con menores recursos en un esquema de educación superior sin restricciones económicas al ingreso, es decir, sin aranceles o cuotas excesivas. En estos casos, el sistema de becas ofrece un subsidio a aquellos estudiantes con dificultades para afrontar los costos involucrados en la educación superior (existentes aun en un sistema sin aranceles elevados) tales como los costos de transporte, los materiales de estudio, libros, etcétera.

Sin embargo, la naturaleza del sistema de becas es transformada cuando éste funciona como un mecanismo encubierto de selección, discriminación social y hasta de género. Este es el rol del sistema de becas en el marco de la propuesta de la lógica privatizadora, en la que rige la cuota diferenciada y el sistema de becas funciona como complemento. En estos casos, la experiencia indica que estos sistemas no resuelven la desigualdad creada desde el inicio en el sistema educativo, al diferenciar entre quienes pueden, y no, pagar el arancel alto. En lugar de favorecer la equidad y brindar oportunidades a los más desfavorecidos, los sistemas de becas tienden en estos casos a reafirmar la desigualdad entre quien la necesita y no.

Mientras ciertos sectores ingresan directamente a la universidad, los más vulnerables deben someterse a procesos de "demostración de pobreza" que no se les exigen a quienes no requieren financiamiento, cayendo en la estigmatización. Este proceso termina remarcando la incapacidad de sustento del becado, que debe demostrar permanentemente una suerte de gratitud. Es más, la desigualdad es mayor en tanto los becarios que ya cargan con las dificultades propias de su situación deben además sostener un rendimiento extraordinariamente bueno.

No puede hablarse de equidad en un sistema que exige más a los más desfavorecidos, como si debieran demostrar permanentemente que "merecen" la ayuda, mientras es por completo indulgente con los que pueden pagar.

Los sistemas masivos de becas se caracterizan además por su costosa gestión y elevada exigencia técnica en la administración. Su implementación involucra la evaluación y monitoreo permanentes de miles de potenciales estudiantes. En particular, la posibilidad de ofrecer un sistema de becas transparente e imparcial resulta una exigencia que pocos países del mundo han logrado cumplir.

Adicionalmente, por tratarse El Salvador de un país cuya población sufre una alta inestabilidad en los ingresos, desempleo y subempleo, la exigencia de actualización permanente de los archivos de los potenciales beneficiarios se torna especialmente relevante si el sistema pretende hacer justicia con todos aquellos que soliciten una beca.

Existen a la vez otras limitaciones de carácter técnico (no hay en el país un padrón confiable y actualizado que permita analizar expeditivamente el nivel de ingresos de la familia de un potencial becario) y económico (la evaluación permanente de la capacidad contributiva de los potenciales y efectivos becarios se presenta como altamente costosa).

Por último la implantación de un sistema de becas con la capacidad para determinar quiénes tienen acceso a ingresar y permanecer en la educación superior implica poner en manos de las autoridades universitarias una herramienta potencial de control ideológico y político de la población estudiantil. Es más, la manipulación se hace presente en aquellos estudiantes o asociaciones estudiantiles que, con tal de tener acceso o mantenerse en la UES, mediante el sistema de becas, brindan apoyo obligado a ciertas medidas propias de la lógica privatizadora, sin haber analizado seriamente las consecuencias.

A la vez, en numerosas propuestas, que más de alguna muy pronto se harán públicas por el sistema financiero local, se plantea la posibilidad de implementar un sistema de créditos para los estudiantes de menores recursos, pero que, obviamente, puedan ofrecer cierta garantía para el pago futuro, normalmente un fiador.

Imaginemos simplemente el costo total de la educación de un estudiante que deba afrontar tasas de interés de la magnitud que caracteriza al mercado de capitales salvadoreño. En un modelo neoliberal, muchas veces se sugiere operar con tasas subsidiadas, lo que podría terminar en un beneficio adicional para los estudiantes que poseen las garantías suficientes incluso para financiarse en el mercado financiero a tasas no subsidiadas (Lindenboim, J. (2001):

A manera de conclusión momentánea para continuar el debate responsable

Este documento se centró especialmente sobre el examen crítico de los argumentos de quienes, por desconocimiento, ingenuidad o con claras intenciones, promueven la imposición de la lógica de la privatización en la única universidad pública del país.

Hemos puesto de manifiesto, incluso en los propios términos de quienes los sostienen, la debilidad de los argumentos esgrimidos, así como su naturaleza falaz y su escaso sustento empírico. A la vez, hemos mostrado cuáles son los verdaderos intereses políticos y económicos que, escudados tras supuestas verdades científicas, datos objetivos y principios universales, impulsan veladamente la privatización de la universidad pública salvadoreña.

Al revisar los intereses concretos que se esconden tras el discurso privatizador, como forma de dominación global impulsado por los organismos financieros internacionales como el BID, hemos revelado que éstos se encuentran motivados por la necesidad de adecuar la UES a las transformaciones en la dinámica del desarrollo económico de los últimos 16 años, el flujo de emigrantes y el consecuente envío de las remesas, entre otros factores, que estimulan a ciertos conglomerados financieros nacionales y de comerciantes locales y de servicios.

Entonces, esta lógica de la privatización responde a intereses diversos pero concordantes; entre ellos, podemos mencionar que la intención de reajustar las cuotas (que no es lo mismo que aumento sostienen algunas autoridades) surge de la urgencia por liberar recursos presupuestarios, y de la posibilidad de numerosos nuevos negocios y segmentos abiertos a la explotación privada, que resultan atractivos para todo un conjunto de capitales locales.

Desde nuestro punto de vista en cambio, transformar la universidad pública, gratuita y masiva, es sellar a fuego el retroceso que la adopción del neoliberalismo ha impuesto sobre la sociedad salvadoreña desde hace unos 16 años, a partir del ascenso al gobierno del Pdte. Alfredo Cristiani. Tal como se hizo con las empresas públicas a comienzos de los '90, se postula que en el caso de la única Universidad pública del país, la mejor solución radica en imprimirle la lógica de la privatización, como un primer paso hacia la privatización total a largo plazo.

Sin embargo, como hemos argumentado, propuestas como la de implementar la lógica de la privatización y la actualización del arancel no ofrecen salidas reales a los problemas de calidad y falta de financiamiento de la universidad pública. Reviste una urgencia ineludible en medio de la tormenta política, económica y social por la que atraviesa el país comprender los intereses políticos y económicos que se esconden tras el discurso privatizador de la universidad. Del mismo modo, es imprescindible tomar conciencia de la gravedad que conlleva privatizar asolapadamente uno de los últimos reductos con capacidad y potencialidad crítica, científica e innovadora que quedan en el país.

Finalmente hemos de dejar claro que nuestra defensa de una universidad pública, gratuita, crítica, eficiente en lo académico y administrativo y al servicio de la sociedad pasa por tratar de dar lo mejor de cada uno, ya sea como docente, trabajador o estudiante.

La palabra defensa, no obstante, debe entenderse adecuadamente y sin sesgos ideológicos, en tanto nuestra posición se aparta de la de aquellos que buscan conservar o (en el mejor de los casos retocar ligeramente) una universidad que como argumentamos, es a todas luces anacrónica, deficiente y acomodada en el aspecto del rendimiento laboral-académico y, para lo cual , como ya lo hemos mencionado antes, ciertamente se necesita realizar una verdadera evaluación institucional que abarque a todos los sectores, pero que tenga como fin claro el buscar superar las deficiencias y sin sesgos de mala intención o revanchismos.

En síntesis, nuestra propuesta apunta más bien a una profunda refundación de nuestra única universidad pública, que la coloque a la altura de los desafíos presentes y futuros que demanda el país, en los ámbitos de las ciencias, las humanidades, las artes y la tecnología. Esta refundación no puede tener más objeto que poner a la universidad al servicio de la transformación social, política y económica, a la vez que defienda nuestra identidad nacional (FIEL – CEP. (2000).

Referencias

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Julio César Grande

El autor es Licenciado en Periodismo de la UES, Profesor Normalista de Educación Media, Trabajador Social y Master en Comunicación Social, por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente estudia el Postgrado Internacional en Comunicación y Desarrollo, que imparte la Universidad de Sevilla. Asimismo es autor de 5 libros sobre comunicación y cultura, entre otros trabajos de investigación.