Preparación de la comunidad para el uso adecuado y efectivo de los mecanismos legales de participación

Resumen

Este trabajo presenta el reporte de una investigación documental y de campo, realizada sobre una muestra de cincuenta docentes, padres, representantes y vecinos vinculados con la Escuela Bolivariana "La Donera", del Municipio Caripe, Estado Monagas, con el fin de descubrir cuál es el nivel de preparación específica que tienen los ciudadanos para el uso adecuado y efectivo de los mecanismos legales de participación, así como sus habilidades para la toma de decisiones y su concepto de "calidad de vida". El análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario compuesto por 39 preguntas cerradas, sugiere que los ciudadanos no están satisfechos con sus conocimientos sobre los aspectos legales necesarios para ejercer su derecho a la participación, ni con sus habilidades para tomar de decisiones bajo criterios pertinentes; pero están dispuestos a participar en procesos sistemáticos que los ayuden a superar esas carencias y lograr una preparación adecuada para intervenir en la conducción de su propio destino, sobre la base de sus necesidades, intereses y aspiraciones; de su propia idea de lo que quieren ser y hacer, y de su particular concepción de calidad de vida. Finalmente, sobre el fundamento de estos resultados, se estructura una Propuesta Educativa orientada a contribuir con la resolución del problema.

Descriptores: Comunidad Rural; Nueva Ruralidad; Participación Ciudadana.

Introducción

El desarrollo comunitario y la participación ciudadana son ideas que han cobrado una importante presencia entre los venezolanos durante la última década, especialmente impulsados por el objetivo fundamental del gobierno de "refundar la República" y consolidar una "democracia participativa y protagónica" en sustitución del modelo representativo que guió al Estado durante los cuarenta años previos.

El modelo propuesto involucra un conjunto de procesos y acciones mediante los cuales la agregación consciente y dirigida de la población busca soluciones a los problemas propios del entorno. La comunidad es considerada como el agregado social de personas que comparten intereses geográficos, culturales, económicos y ambientales comunes; y por eso se caracteriza por un alto grado de interacción y el sentido de la solidaridad social; de allí que el desarrollo comunitario se hace viable cuando la coparticipación de esa sociedad con los gobiernos locales permite que la planificación e implementación de programas para el mejoramiento de su calidad de vida, se realice sobre la base de esos intereses, necesidades y aspiraciones que la comunidad siente y manifiesta a través de los mecanismos legales de participación ciudadana.

Todas estas afirmaciones llevan a pensar que el desarrollo comunal debe estar basado en un proceso muy selectivo de toma de decisiones donde los individuos actúan y se apoyan, para buscar en conjunto la resolución de sus necesidades dominantes, a los problemas que los afectan en el ámbito personal y como grupo social; en una estrecha interacción guiada por los líderes locales y las organizaciones sociales que existen en la comunidad.

Como una manera de facilitar esta interacción, y en vista del escaso apoyo que tradicionalmente daban las comunidades a las escuelas en Venezuela, por considerarlas poco pertinentes a su cultura, condiciones y expectativas, durante las últimas décadas se han diseñado políticas y modelos que buscan mejorar la relación escuela-comunidad y convertir al centro educativo en un pilar de apoyo para el crecimiento comunal, en lo social, cultural, económico y político.

Algunas de estas formas se basan sobre la educación en valores, mediante la cual se pretende capacitar al individuo para intervenir en la búsqueda de soluciones a los problemas o conflictos cotidianos y contribuir a la culturización en su comunidad circundante. Es decir: se fundamentan en el principio de que la educación como proceso social facilita la participación activa y efectiva de los involucrados, y el proceso educativo debe ser pertinente a las necesidades del binomio individuo-sociedad donde se lleve a cabo.

Esto es especialmente necesario en el entorno rural, históricamente marginado del desarrollo concebido dentro de la "civilización oficial", pero culturalmente rico en oportunidades de crecimiento dentro de lo natural, lo autóctono, el cuidado del ambiente y la producción para el abastecimiento propio; con su particular forma de ver la vida y su especial concepto de calidad de vida; donde la escuela puede significar tanto un medio que ofrece la oportunidad de ganar para la comunidad el respeto y la atención a sus demandas por parte de los planificadores, como un mecanismo de alienación y sometimiento: una línea de producción de individuos obedientes a un pensamiento único que no admite puntos de vista diferentes.

Para la escuela, admitir responsablemente esa dicotomía y tomar partido por el respeto a la vida y a la autodeterminación de los ciudadanos, significa asumir el compromiso por la educación social de la comunidad; fomentar con ella una integración bidireccional permanente que deberá reforzarse en forma progresiva; y mantener un seguimiento a la ejecución de ese importante proceso, dentro del cual tiene una especial significación la preparación de los ciudadanos para ejercer su derecho a la participación de una forma eficiente y productiva.

El presente estudio se formula con la intención de diseñar una propuesta que contribuya a hacer realidad esta función de la escuela en el medio rural, específicamente en la Escuela Bolivariana "La Donera", ubicada en el Municipio Caripe, del Estado Monagas; de modo que los padres, representantes, docentes y vecinos del plantel tengan en la institución un punto de apoyo para apuntalar su crecimiento como comunidad, con un estilo de vida que responda realmente a sus preferencias.

Sobre la base de una investigación documental con un componente de campo y en un nivel descriptivo, el estudio se orienta a reconocer y ubicar las capacidades, inquietudes y recursos que existen en la comunidad, así como sus necesidades y aspiraciones, a fin de tomarlas como eje principal para el diseño de la propuesta.

El trabajo consta de seis capítulos que son los siguientes:

Capítulo I: El Problema y sus Generalidades, donde se incluyen: el Planteamiento del Problema, los Objetivos del Estudio, la Justificación e Importancia del estudio, así como su delimitación.

Capítulo II: Marco Teórico, que contiene los antecedentes históricos y los de la investigación, sus Bases Teóricas, Sociológicas, Filosóficas, institucionales y Legales, la definición de las Variables a investigar y su operacionalización.

Capítulo III: Marco Metodológico, en el cual se expone el Tipo de investigación, la Población objeto de estudio, la Muestra y el proceso de muestreo utilizado, la construcción y validación del instrumento, así como su aplicación, y el conteo, tabulación y forma de análisis de datos obtenidos.

Capítulo IV: Presentación y análisis de resultados, expone la Forma de presentación de los resultados, el Tipo de Análisis aplicado y cada uno de los cuadros construidos sobre la base de la tabulación efectuada, así como el análisis particular en cada caso.

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, muestra la síntesis de las inferencias producidas como resultado del análisis de los datos y su comparación con los objetivos de la investigación, e igualmente las líneas de acción que se consideran aconsejables a partir de esas inferencias.

Capítulo VI: Propuesta. Contiene la Presentación y Justificación de la Propuesta, sus Objetivos, Bases Legales y el Plan Operativo sobre el cual se desarrollará.

CAPÍTULO I

El problema

Planteamiento del Problema

El importante desarrollo económico que han alcanzado varios países de Latinoamérica en las últimas décadas ha estado marcado por la globalización y la adopción de un sistema económico de libre comercio. Este proceso puede calificarse como beneficioso en algunos aspectos, pero también ha servido para incrementar las diferencias en múltiples ámbitos de la trama social.

Uno de los ámbitos donde se han profundizado las diferencias sociales es el mundo rural, con respecto a lo cual, Llambí (1995) plantea que "… la globalización, además de vincularse a procesos de desarrollo económico y social, lo está a transformaciones dramáticas, pero quizás menos visibles, en los sistemas agrícolas locales, y en las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones rurales" (p. 15). De esa manera, la acción de la "civilización oficial" ejerce su fuerza, no siempre provechosa, sobre el entorno del campo y sus habitantes, sobre su cultura y su identidad, como lo reconoce el PNUD, cuando en su Informe Anual (2002) expresa que "La verdad contemporánea es que en América Latina la ciudad succiona y erosiona el campo" (p. 54), y como consecuencia de ello, en la mayoría de los países del área, el habitante urbano suma hoy día la mayoría de la población y se convierte en personaje central de las políticas públicas.

Los resultados de estos procesos son relevantes, pues si bien la población rural en la región disminuyó en relación con la población urbana de 18,5% en 1990 a 13,4% (PNUD, 2002), en algunas regiones continúa siendo una proporción muy importante de la población. Además, el porcentaje de población en situación de pobreza sigue siendo mayor en las zonas rurales, donde es del 20,1% en comparación con el 18,6% en zonas urbanas (ídem).

Pese a lo anterior, las cifras oficiales en Venezuela enfatizan el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general. De hecho, según Jorge Giordani, J. (2007), citado por Radio Nacional de Venezuela (2007), "… la economía venezolana ha crecido en los últimos catorce trimestres es decir, tres años y medio, un promedio de 12,6 por ciento anualmente, colocando a Venezuela … con el promedio económico de crecimiento más alto de América Latina".

Según este funcionario, la industria de alimentos ha aumentado en 13 por ciento, y el gobierno colocó el salario mínimo en 286 dólares, el primero en América Latina y mayor al costo de la canasta básica. Junto a estas cifras, la baja en la tasa de desempleo y la expansión en los programas sociales del gobierno nacional, han mejorado las condiciones de vida del venezolano.

Sin embargo, frente a esta posición, España (2007) señala que "A esta generación de venezolanos le ha tocado vivir el más espectacular proceso de empobrecimiento masivo que haya tenido lugar en la historia republicana del país" (p. 1). Al tratar de explicar su afirmación, el autor expresa:

La pobreza y la pérdida de poder adquisitivo de la totalidad de los sectores asalariados y por cuenta propia del país, es la resultante de múltiples factores. Procesos económicos, políticos, institucionales, culturales, demográficos y geográficos están presentes como dimensiones explicativas de la pobreza y, en consecuencia, sobre los que hay que actuar para detener y revertir las carencias materiales de los hogares (ídem).

Además, agrega en el mismo documento, es un hecho universal que la pobreza es la resultante de una combinación entre bajo crecimiento y desigualdad, y por eso, en los países que han alcanzado un crecimiento económico sostenido, los futuros avances en la reducción de la pobreza, van a depender de lo que puedan hacer en favor de reducir la desigualdad; pero para los países que han sido los grandes fracasos económicos del continente – y coloca a Venezuela entre ellos – la prioridad sin lugar a dudas consiste en recuperar el dinamismo y el crecimiento económico, perdido hace años, lo cual ha sido la causa principal del aumento de la pobreza, sin que ello suponga dejar de lado los esfuerzos por atacar las fuentes desde las cuales se originan las desigualdades sociales.

En una declaración previa, España, citado por León (2005) informaba que la pobreza en las zonas rurales del país puede llegar a 90% de su población; y agrega que:

… la pobreza rural es más severa que la urbana; en la zona rural hay menos oportunidades económicas y sociales; es decir, empleo, servicios médicos y educación. Eso es lo que ha explicado históricamente la migración del campo a la ciudad. La gente va en busca de las oportunidades (p. 1).

Es posible considerar que las afirmaciones de uno y otro expertos pudieran presentar sesgos en relación con sus respectivas posiciones políticas; pero si efectivamente a partir de las cifras oficiales se pudiera afirmar que la pobreza ha disminuido porque hay más establecimientos educacionales, mejores condiciones de salud para algunos sectores, mayor acceso a bienes y una mayor cantidad de venezolanos atendidos por los programas sociales, ello no significa necesariamente que ha mejorado la calidad de vida de esta población.

Según De la Barra, Rodríguez y Moreno (1980), durante toda una época ha habido consenso sobre el tema de que el desarrollo eleva el bienestar y, por lo tanto, es causa de una mejor vida, pese a las transformaciones que la modernización introduce en comunidades de organización tradicional. Uno de los supuestos en este sentido, es que al fomentar los procesos de desarrollo social y económico se incrementa al mismo tiempo la calidad de vida de las personas. Sin embargo, esta afirmación no considera los posibles efectos negativos del desarrollo, como por ejemplo el daño ambiental y la pérdida de identidad cultural de las comunidades. Además, se sustenta en la idea de que la calidad de vida es consecuencia necesaria y exclusiva del aumento o mejora de una serie de indicadores sociales y económicos.

Pero, tal como menciona Keller (1990):

… la evaluación de la calidad de vida se ha mantenido en un plano de mediciones llamadas "objetivas" y "cuantificables" como renta per cápita, médicos per cápita, nivel de escolaridad, y otros, que han provocado una distorsión `cuantofrénica´ para concluir que se posee mejor calidad de vida y mayor desarrollo mientras mayores sean los índices cuantificables de rendimiento y perjuicio social (p. 75).

Esa expresión sugiere que dentro de este concepto de calidad de vida no se toman en cuenta aspectos relacionados con la propia opinión de los individuos objeto y sujeto de los planes de desarrollo, en cuanto a su versión de lo que aspiran, sus necesidades e intereses como seres humanos, sus expectativas culturales; sino sólo lo que es "económicamente interesante" para los planificadores y los ejecutores de las políticas; con respecto a lo cual, el mismo Keller (ídem) agrega que "Especialmente el discurso político latinoamericano es muy propenso a esta distorsión. Los gobiernos miden su éxito o fracaso a través de estos elementos y no en función de la realización humana y de la felicidad de sus pueblos" (p.75).

Esta situación se hace más dramática en los sectores rurales, ya que la planificación de las políticas públicas que allí son aplicadas se realiza en la ciudad, justamente a partir de las mediciones y cifras obtenidas a través de indicadores sociales que, si bien pueden ser útiles para realizar comparaciones en el tiempo y entre diferentes sectores y comunidades, no representan con precisión la realidad de estos lugares. Se utilizan los mismos indicadores para evaluar la calidad de vida de las zonas urbanas y rurales, sin considerar las diferencias culturales, territoriales ni demográficas presentes en estos sectores y, además, no se consideran los sectores de difícil acceso.

En consecuencia, se hace evidente la necesidad de diseñar políticas y programas específicos, que den debida cuenta de la heterogeneidad social, económica y cultural del sector, tal como lo plantean Barrera, Rojas y Tomic (1999), cuando expresan que:

Mejorar la calidad de vida de la población rural no significa la adopción de las pautas y criterios de calidad de vida urbanos, sino que apunta a la selección de aquellos elementos que, sin atentar contra el ecosistema, facilitan y mejoran la vida cotidiana del ambiente rural (p. 50).

Y eso incluye la propia idea que tienen los individuos acerca de lo que significa el bienestar, su identidad cultural, sus tradiciones y, en general, su manera particular de ver la vida y hacer las cosas.

En este sentido, Llambí (1995) plantea que, por lo común:

… los estudios de la pobreza, al otorgar prioridad a la construcción de indicadores sintéticos con miras a realizar comparaciones intertemporales en un mismo país o entre países, tienden a encubrir bajo una imagen de homogeneidad y coherencia situaciones sumamente disímiles, que a su vez derivan en procesos tremendamente heterogéneos.

Esta supuesta universalidad de los índices – que de hecho está vinculada a un relativo empobrecimiento técnico – no sólo reduce el tipo de fenómenos que se desea diagnosticar, sino también tiende a vaciar de contenido a las políticas públicas que de ellas derivan (p. 11).

Por eso, sería conveniente que cualquier decisión sobre política económica orientada a intervenir en la realidad de los grupos humanos ubicados en las zonas rurales, atienda a las características y propiedades locales referidas a lo geográfico, lo humano y lo cultural; de modo que los individuos y las comunidades focales de los planes de desarrollo sean realmente parte activa en la búsqueda de soluciones a los problemas locales y la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones.

Esto implica la necesidad de realizar de un diagnóstico que ayude a describir esa realidad y extraiga de ella misma ideas básicas para orientar el trabajo de planificación; pero igualmente requiere contar con la participación de los pobladores de estas áreas en la toma de decisiones acerca de su propio futuro, que sean respetadas por los organismos oficiales y que reflejen de la manera mas fiel la forma particular como ellos quieren orientar su vida, inmersa en la praxis de la vida cotidiana. Desde esa perspectiva, el hecho de enfrentar esa situación se presenta como un problema con diversas aristas, entre las cuales se pueden mencionar:

La ignorancia o la poca relevancia que se le concede a las opiniones y características propias de las unidades sociales que habitan en los sitios geográficos clasificados como rurales, incluyendo su particular concepción de la "calidad de vida".

La falta de participación de los pobladores en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes, dentro de los esquemas tradicionales de planificación.

El escaso o nulo poder de arbitraje que han tenido las comunidades para influir sobre las decisiones de política económica y de desarrollo que se toman en los niveles directivos de la administración pública y que les afectan en forma directa.

Todo lo expuesto configura un escenario en cuya estructura actual se encuentran unidades sociales con características y tradiciones heterogéneas, establecidas en medios geográficos muy variados y con distintos grados de preparación en relación con lo que se pudiera llamar "la civilización oficial".

Dentro de los planes de desarrollo nacional, estas unidades sociales han sido tratadas a través de un mismo tipo de indicadores y con un mismo horizonte de planificación; es decir, con iguales objetivos y metas, generalmente sin tomar en cuenta las expectativas de los ciudadanos afectadas.

Con la finalidad de consolidar los cambios políticos y económicos ocurridos en el país durante las últimas décadas, el Estado ha introducido una serie de reformas en las normas, procedimientos y mecanismos que rigen sus relaciones con las comunidades, entre los cuales se cuentan el Modelo de las Escuelas Bolivarianas, la Ley de los Consejos Locales de Planificación y la Ley de los Consejos Comunales; y propone una "democracia participativa y protagónica" que promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los problemas comunes; pero la gran mayoría de los ensayos de gestión comunitaria han derivado hacia los mismos tipos de procedimientos eleccionarios característicos de la "democracia representativa" que se pretende sustituir.

Esto indica que el pueblo en general no tiene una formación específica para ejercer su derecho a participar ni para defender el protagonismo que le confiere la Constitución; y eso ocurre de manera dramática especialmente en los medios geográficos y conglomerados humanos tradicionalmente clasificados como "rurales", término frecuentemente relacionado en el lenguaje cotidiano, con atraso, pobreza, falta de servicios y oportunidades, aislamiento e ignorancia, entre otros similares, en una connotación que ha sido construida a través de la historia, por las sucesivas decisiones políticas y económicas que se han formulado con la intención nominal de contribuir al desarrollo del campo y sus pobladores.

De modo que un intento por superar esta situación deberá estar basado, como aspecto no negociable, en un conocimiento profundo sobre las características propias de cada unidad social y geográfica; sus tradiciones y cultura, sus costumbres, formas de organización y capacidad de gestión; recursos, expectativas, intereses y necesidades, así como su disposición y preparación para la participación.

Tales elementos constituirían el fundamento para una planificación que tome en cuenta la opinión de los ciudadanos focales en relación con el futuro que ellos aspiran para sí mismos y sus familias; pero esa acción planificadora no puede desarrollarse eficientemente en el contexto de una comunidad pasiva, y por lo tanto, es necesario dotar a los pobladores de las zonas rurales de las herramientas y conocimientos idóneos, así como de la motivación suficiente para que se inserten de una manera efectiva en los procesos de participación en la toma de decisiones y búsqueda de soluciones a los problemas comunitarios y personales.

Se plantea, entonces, que la respuesta al momento de planificar o intervenir se encuentra en las propias comunidades, a las cuales se les puede asignar la condición de expertas en sí mismas y portadoras de un enorme conocimiento sobre su realidad; tal como lo expresa Montero (2004), cuando expresa que: "el trazado de las líneas de transformación se hace desde la propia comunidad y, sobre todo, desde las aspiraciones, los deseos y las necesidades de la comunidad" (p.78).

De allí que la intención principal de este estudio se dirija hacia la formulación de una propuesta educativa que tenga como eje la institución escolar dentro de las comunidades rurales y contribuya a dinamizar la función social de la escuela mediante la instrucción de los alumnos, padres, representantes, vecinos y docentes en relación con la estructura del Estado y sus relaciones con la comunidad; las diversas formas válidas de participación, la toma de decisiones con criterios técnicos, en lo personal y comunitario, todo ello con atención a las características propias del conglomerado social y la unidad geográfica considerada.

En este sentido, aunque la metodología sea similar para todos los casos, cada comunidad se convierte en un objeto de estudio particular, por lo cual, con la idea de hacer factible la investigación, para la realización de este trabajo se seleccionó la comunidad de La Donera, ubicada en la Parroquia Capital Caripe del Municipio Caripe, Estado Monagas.

Esta selección se hizo sobre la base del conocimiento que tiene el autor sobre esta área geográfica y sus habitantes, como consecuencia de haber desarrollado en el sitio la mayor parte de su carrera profesional.

En función de estos planteamientos, el estudio se propone los siguientes objetivos:

Objetivos del estudio

Objetivo General

Formular una Propuesta Educativa orientada a la preparación de la comunidad para el uso adecuado y efectivo de los mecanismos legales de participación y la toma de decisiones en la conducción de su propio destino, para ser aplicada en la Escuela Primaria Bolivariana "La Donera", del Municipio Caripe, Estado Monagas.

Objetivos Específicos

1.- Describir los fundamentos teóricos y legales que rigen las relaciones del Estado venezolano con las comunidades; del modelo de las Escuelas Bolivarianas; de los procesos de participación y de la toma de decisiones.

2.- Indagar sobre la formación académica, experiencia, praxis profesional, inquietudes y expectativas que tienen los docentes, padres, representantes y vecinos de la Escuela Bolivariana "La Donera" del Municipio Caripe, Estado Monagas, sobre el marco legal del derecho a la participación de los ciudadanos, y sobre los procesos de toma de decisiones.

3.- Caracterizar los elementos que conforman el concepto de "calidad de vida" para los pobladores de la comunidad servida por la escuela.

4.- Sintetizar las características generales de la unidad geográfica y el conglomerado social objeto del estudio.

5.- Determinar la capacidad de organización de la comunidad; el nivel de participación de los ciudadanos en sus formas de organización social, en la comunidad y en el plantel; y su disposición a participar en el trabajo a realizar.

6.- Interpretar los puntos de vista y sugerencias que tienen los docentes, padres, representantes y vecinos, en relación con el poder de arbitraje que tienen las comunidades para influir sobre las decisiones de política económica y de desarrollo que les afectan en forma directa.

7.- Formular un cuerpo conclusiones y recomendaciones que sirvan como base al diseño de una Propuesta educativa orientada a la preparación de la comunidad para una participación efectiva en la toma de decisiones sobre su propio futuro.

Justificación e importancia del estudio

La participación en la toma de decisiones sobre temas y asuntos que les afectan, es un derecho que tiene todos los ciudadanos. Sin embargo, no siempre las personas tienen el conocimiento, la preparación o la disposición suficientes como para contribuir de manera eficiente en este proceso, y esto es especialmente cierto en lo que se refiere a las comunidades rurales. Por eso es importante la realización de este estudio, ya que a través de sus resultados, se espera que una población adquiera conocimientos y desarrolle actitudes que le permitan una vida ciudadana activa y productiva en beneficio de su propia persona, su familia y el resto del colectivo. En consecuencia, la relevancia de este estudio radica en que:

a.- Busca mejorar el cumplimiento de la función social de la escuela mediante la formación de los ciudadanos para la participación y la toma de decisiones, dentro de la actividad educativa cotidiana del plantel, desde el Nivel de Educación Básica.

b.- Persigue poner al alcance de los adultos y niños vinculados con la escuela, los conocimientos, contenidos y procesos que faciliten y mejoren su voluntad de participación y la toma de decisiones mediante un aprendizaje que vaya más allá del aula.

c.- Fomenta la creación de condiciones para que el niño y el adulto desarrollen habilidades y destrezas que los capaciten para decidir sobre su propia realidad.

d.- Contribuye a sensibilizar a los docentes en cuanto a la importancia de mejorar los niveles y la calidad de la participación de los ciudadanos en el proceso educativo y en todas las instancias de desarrollo comunitario, para mejorar su calidad de vida y en consecuencia la de su educación.

e.- Muestra la necesidad que tiene el sistema educativo de que el docente se actualice en función de los cambios en las formas de relación del Estado con las comunidades, y se convierta en un multiplicador de las ventajas y oportunidades que ellas ofrecen.

f.- Representa un proceso de toma de decisiones locales dentro del contexto de la descentralización educativa, pero con proyecciones nacionales.

g.- Sirve de referencia al desarrollo de nuevas investigaciones.

En conclusión, a través de sus resultados de esta investigación se logrará organizar en un todo coherente las líneas básicas para la estructuración de una Propuesta Educativa que contribuya a sistematizar la formación de los ciudadanos de las comunidades rurales en relación con los procesos de participación en la búsqueda de soluciones a los problemas comunitarios y en la toma de decisiones con criterios técnicos, como una manera de prepararlos para ejercer el rol protagónico que le asigna la Constitución dentro del seno de la sociedad.

Delimitación

Este estudio se realizó en la Escuela Básica Bolivariana "La Donera", ubicada en Caripe, Parroquia Capital Caripe, del Municipio Caripe, al Norte del Estado Monagas, y estuvo dirigido a los docentes, padres, representantes y vecinos del plantel, con la finalidad de detectar características e indicadores que fundamenten una propuesta destinada a mejorar su efectividad y eficiencia como ciudadanos participantes en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con los destinos de la comunidad, en función de sus propios intereses y necesidades.

Glosario

Civilización oficial: forma de organización social, económica y cultural que responde a los lineamientos generales de la ideología inmersa en la forma de gobierno que rige a una nación (Definición operativa).

Comunidad: es el conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre si, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole (Ley de los Consejos Comunales, Art. 1.).

Población rural: Población que habita en un centro poblado con menos de 2.500 habitantes, incluyendo la población diseminada (Ferrer, 2001).

CAPÍTULO II

Marco teórico

Antecedentes Históricos

Las sociedades Feudales

Existe una extensa tradición escrita que explica las relaciones de los gobernantes con los ciudadanos del medio rural, en términos de subordinación, vasallaje o sumisión voluntaria o impuesta a la fuerza, y que describe los procesos mediante los cuales los señores se aseguraban de mantener el status de esas relaciones mediante decisiones que afectaban de manera directa a los individuos y comunidades bajo su dominio.

Una de esas formas de sociedad nació en Europa durante los últimos años del Imperio Romano de Occidente (Siglo V), cuando la unidad del mundo latino se fragmentó por las invasiones bárbaras y el gobierno imperial fue reemplazado por numerosos reinos tribales, mezcla de las civilizaciones romanas y germanas, que luchaban continuamente contra nuevas invasiones.

El debilitamiento del estado romano le impedía cumplir la función gubernamental de proteger a sus súbditos, por lo que se buscó un sistema que ofreciera mayor seguridad. Los débiles se confiaban a un hombre poderoso para recibir de él protección a cambio de sus servicios. Pero por otra parte, existía también la tradición germánica de los "compañeros de guerra", en la que los hombres se agrupaban alrededor de un jefe de guerra o caudillo a quien le juraban lealtad. La mezcla de ambos sistemas dio lugar al feudalismo medieval.

Se creaba pues, una compleja relación de hombre a hombre en la que ambas partes tenían determinados derechos y obligaciones jurídicas. El vasallo tenía que respetar a su señor, fomentar sus intereses, prestarle asistencia, ayudarlo financieramente a través del pago de impuestos y combatir a sus órdenes durante al menos 40 días al año. A su vez, el señor debía tratar a su vasallo de manera honorable, ayudarlo en casos de emergencias e impartir justicia.

La sociedad feudal era jerárquica y asignaba funciones específicas a cada estamento, los señores hacían la guerra, los monjes rezaban y los campesinos labraban. Una frase atribuida a Adalberto, Obispo de Laon (citado por Monsalve, 2007) en el primer cuarto del siglo XI, refleja con precisión la organización estamental:

… Ternaria es la casa del Señor, de la que erróneamente se cree que es una: aquí sobre la tierra los unos oran, los otros luchan y otros más trabajan; éstos tres son uno y no pueden ser divididos, de forma que sobre la función (officium) de uno descansan las obras (opera) de los dos restantes y todos conceden su ayuda a todos… (p. 3).

El texto describe un conglomerado social en el cual una casta toma las decisiones (lucha, protege, organiza), mientras otros trabajan para producir riquezas (los campesinos y labriegos) y un tercer grupo ayuda a los gobernantes a mantener el control sobre la población a través de la religión.

Esto coincide con la descripción que hace Alfredo el Grande de Inglaterra (ídem, p. 4) de los tres rostros del feudalismo como "hombres de oración, hombres de guerra y hombres de trabajo", juntos formaban una aldea defendida – y controlada – por el señor terrateniente y sus guerreros profesionales, en la cual se erigía una iglesia donde los monjes atendían las necesidades espirituales de la población, mientras a los campesinos les correspondía proporcionar los alimentos con su trabajo.

Casi todos los campos pertenecían al Señor, pero cada campesino tenía asignada una parcela para cultivar lo necesario para su subsistencia. La labor del campesino era colectiva, todos trabajaban juntos en los campos del señor y continuaban trabajando juntos en sus parcelas, para poder compartir las herramientas y bueyes. La sociedad feudal era esencialmente agraria, sustentado en la base trinitaria de nobleza, iglesia y campesinado.

Sin embargo, la condición sucesoral mediante la cual los hijos heredaban la parcela de sus padres y en muchos casos rompían la relación de dependencia con sus señores, amenazaba con derrumbar las bases de esta sociedad, y ello determinó que los gobernantes tomaran acciones que iban desde el dictado de normas de convivencia hasta la simple aplicación de la fuerza bruta para asegurarse la permanencia de sus vasallos dentro de los lineamientos convenientes para la clase dominante.

Con una gran gama de matices, en los cuales los señores feudales son sustituidos por gobernantes electos por diferentes vías, por dictadores, empresarios, monopolios, oligopolios, instituciones y otros tipos de representantes del poder, la forma de relación basada en la sociedad feudal se ha mantenido durante la historia en todo el mundo, y las acciones o decisiones para garantizar el control o ejercer influencia sobre el destino de las comunidades han tomado formas también diversas como el diseño de políticas públicas, convenios comerciales o instrumentos jurídicos que plantean una intención identificada con el desarrollo del medio rural; generalmente basados en principios o indicadores que pretenden reflejar la realidad y las aspiraciones e intereses de los habitantes de ese medio.

La Ley de Reforma Agraria

Como ejemplo de los instrumentos jurídicos diseñados para influir sobre el destino de las comunidades rurales, se puede mencionar en Venezuela la Ley de Reforma Agraria, promulgada en 1960, en el seno de un ensayo democrático que había sido apoyado por una gran mayoría de campesinos y productores rurales. Mediante este instrumento jurídico el Estado expresaba su intención de lograr:

… la transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de La Nación, mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia v explotación de la tierra, basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización de crédito y la asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad (Artículo 1).

Como metas de la Reforma Agraria se establecieron:

• La distribución equitativa de las tierras.

• La adecuada organización del crédito y de la asistencia integral para los productores del campo, a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica fundamento, de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad (Maduro, Z. 2008) .

A través de esta Ley se buscaba acabar con el monopolio en el manejo de las tierras, las cuales se encontraban en manos de muy pocas personas. Igualmente se perseguía mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, así como sus ingresos y darle la posibilidad de ahorrar o juntar dinero para independizarse.

De esa manera se quería que los campesinos retornaran a los campos que habían abandonado, luego del boom petrolero. Su buscaba implementar un sistema de propiedad, tenencia y explotación justa de la tierra, basado en su equitativa distribución; que los campesinos pudieran tener acceso a los créditos para que se les fuera posible trabajar la tierra, además de una atención integral que le garantizase su estabilidad económica, su bienestar social y la garantía de su libertad y dignidad; todo a condición de que permanecieran en el campo, produciendo como lo habían hecho por generaciones.

Treinta y cuatro años después de la promulgación de esta Ley, se creó la Comisión Presidencial de Evaluación y Seguimiento de la Reforma Agraria (CPESRA), la cual aplicó en ocho regiones del país una encuesta relacionada con los aspectos humanos, sociales, de tenencia de la tierra y económicos relacionados con el productor y su familia, así como, secundariamente, los aspectos vinculados con la percepción del productor sobre el proceso de Reforma Agraria y los servicios básicos y complementarios a la producción y comercialización de sus productos (CPESRA, 1995, p. 1).

Entre los resultados más resaltantes del estudio se encuentra que:

• La asignación y ocupación de tierras ha beneficiado a los venezolanos por nacimiento (93%) y a los extranjeros (7%).

• Un 26% de los beneficiarios son analfabetos. Si se le agregan los que presentan una instrucción inferior al tercer grado de primaria, la cifra aumenta a un 49%.

• Un 55% de los beneficiarios vive fuera de su unidad de producción. No obstante, un 76% vive en el asentamiento o área no parcelada y un 86% dentro de las propias áreas rurales.

• Sólo un 13% de la familia se dedica a la actividad agrícola. El resto, 87%, se dedica a otros oficios (oficios del hogar, estudiantes, empleados u obreros urbanos sin capacitación específica) o está desocupado.

• Un 73% de los productores afectados no posee títulos definitivos de propiedad. De ellos, un 24% dispone de títulos provisionales; un 48% son ocupantes, y un 1% arrendatario, medianero o aparceros.

• Sólo el 17% de los productores recibe asistencia técnica, que proviene en un 51% de organizaciones públicas y en un 49% de las privadas.

• De los productores encuestados, un 43% considera que la reforma agraria ha sido regular, un 16% mala y un 40% buena o muy buena.

• La prestación de servicios de asistencia técnica ha sido mala para un 71%, regular para un 20% y buena para un 9%.

• El servicio de dotación de vivienda ha sido malo para un 48%, regular para un 29% y bueno para un 24%.

• La dotación de servicios públicos ha sido mala para un 47%, regular para un 42% y buena para un 11%.

• La asignación de créditos ha sido mala para un 75, regular para un 19% y buena para un 7%.

• Las organizaciones no agrupan a todos los productores. Cerca de la mitad no pertenece a ninguna organización y no todos los que pertenecen asisten y están incorporados a ellas (ídem, pp. 1-5).

Todo este panorama indica que las principales metas trazadas con motivo de la Reforma Agraria, no se lograron; más aún, como lo expresa Maduro (Op. Cit.), en la actualidad, entre los problemas que requieren mayor atención se encuentran:

• Falta de abastecimiento de alimento en el país.

• Bajo nivel de exportaciones del sector agropecuario.

• Conflicto entre productores y la agroindustria.

• Conflicto entre productores e importadores.

• Poca disposición para la inversión privada en el campo.

• Falta de financiamiento al Sector Agropecuario.

• Colapso de las instituciones públicas del sector agropecuario.

• Deterioro de la infraestructura del sector.

• Precarias condiciones de vida de la población rural.

• Falta de capacitación para la producción y organización social.

• Injusta distribución y tenencia de la tierra, donde el Estado es el principal latifundista (p. 4).

A esto hay que agregar la falta de voluntad o preparación para la participación efectiva de los habitantes del campo en la toma de decisiones sobre los problemas colectivos; todo lo cual dibuja un escenario que plantea un desmejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos que habitan y trabajan en el área rural, y requiere especial atención por parte de todos los individuos y organismos interesados en la solución de este asunto.

El Título de Propiedad del Conuco

Otro tipo de decisión anunciada como una solución a los problemas del campo fue la de proveer a todos los ciudadanos asentados en conucos tradicionales, del título de propiedad de esa parcela. Esa fue una bandera ondeada durante las pasadas elecciones presidenciales, tanto por los partidarios del gobierno actual como por algunos representantes de la oposición democrática; pero afortunadamente no tuvo mayor aceptación y, al contrario, levantó una serie de opiniones adversas basadas en dos razones fundamentales: