INDICE:Luis Ortega Morales La Posición Del Ezln Los Partidos Políticos Y El Ezln El Ezln No Debe Ser Un Partido Político El Debate Soluciones El Prd, La Izquierda Mexicana Y El Indigenismo Zapatista.
El debate en torno a la diversidad étnica, a la aceptación de la existencia de minorías y la práctica del pluralismo, fue el resultado histórico impuesto después de cinco siglos de pretender infructuosamente la conquista de mesoamérica. El costo fue el enfrentamiento con tres fuerzas autónomas: la Iglesia, los cacicazgos regionales y los pueblos o comunidades indígenas. Guerra a sangre y fuego contra los pueblos indígenas, principalmente con los Yaquis y en la península de Yucatán, son ejemplos de los mecanismos utilizados para el sometimiento.
Los primeros misioneros imaginaron un reino de dos repúblicas, la de indios y la de españoles. La separación, creían, facilitaría la protección y cristianización de los indígenas y mantendría su pureza.
El Estado–nación, no aceptó la diversidad social y prefirió el camino de uniformarla mediante la legislación, la administración federal y un poder único. La primera exigencia es entonces desaparecer la sociedad diversa por medio de sometimiento y si era necesario la destrucción de las «culturas diferenciadas». El fin unificar las «etnias» la lengua, el sistema educativo, el gobierno y la religión. En un mismo territorio, la cultura de la nación hegemónica sustituye a la multiplicidad de culturas étnicas.
De entrada tenemos que decir que los indígenas en México no son un todo homogéneo que se pueda tratar con una sola legislación nacional. El indigenismo y los indígenas son una necesidad del estado mexicano para unificar sus políticas nacionales sobre la diversidad de pueblos marginados. No existe por tanto la cultura indígena, la marginación indígena o las costumbres indígenas. Por el contrario, cada pueblo, cada cultura tiene su identidad, su historia, su propia concepción cósmica y su propia resistencia. Tendremos que hablar entonces de las políticas hacia los distintos pueblos indígenas, porque tan distintos son los yaquis de los purépechas como son los totonacos de los totziles. El grado de aculturación y sometimiento ha sido totalmente distinto en cada caso y el resultado histórico en cada momento adquiere particularidades tan especiales como para obligarnos a distinguir las diferentes políticas a aplicar.
El país está formado por diferentes visiones y realidades. Las 52 lenguas diferentes existentes son igual número de culturas indígenas, depositarias del conocimiento antiguo en el territorio nacional, a las cuales debemos reconocer la capacidad para crear nuevos conocimientos.
La diversidad de culturas que integran nuestro país, obliga a examinar las relaciones entre el conociniento que emerge de todas ellas. En Chiapas la redefinición de política, incluida la de la ciencia, juega un papel importante. El conflicto actual, muestra que las políticas de desarrollo han ignorado que México es un país formado por una diversidad de grupos indígenas, depositarios del conocimiento de los antiguos moradores que conservan diferentes grados de concebir al universo y al hombre 1.
Tenemos en México diferentes problemáticas indígenas expresadas actualmente con movimientos propios, en donde el más significativo es sin duda el levantamiento armado y la declaración de guerra al Estado Mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que los encontramos en Nayarit, Sonora, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otros.
Guillermo Bonfil nos ayuda a entender esta confrontación histórica entre el México profundo y, es decir los llamados comúnmente indígenas, aquellos grupos campesinos y urbanos cuyas culturas tienen que ver con lo indígena: sus ritos, sus fiestas, su alimentación, sus valores han permanecido inalterables en sus valores esenciales, han resistido y resistirán porque eso es «lo que realmente somos y lo que realmente tenemos para salir adelante». Zapata en su condición de campesino supo incorporar al México profundo en el proceso revolucionario. El México imaginario, la otra parte de la contradicción, es el modelo civilizatorio producto de la aculturación.
Tenemos enfrente ahora una exigencia real, sistematizada y plenamente difundida y por tanto conocida: el reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indios plasmados en acuerdos políticos y en un proyecto de legislación que logra interpretarlos plenamente y hacerlos suyos, propios e identificables. Por otro lado, otro proyecto, opuesto históricamente, que también se ha re-conocido como el impuesto históricamente, en indeseable para estos tiempos y un obstáculo para la solución al conflicto creado con el EZLN.
El Poder Legislativo, negado históricamente en su independencia como poder autónomo, ha estado incapacitado por más de seis años a dar una solución a una guerra justa, desatada por los miserables del sur, que reclaman el reconocimiento del espacio que se han ganado en la historia como forjadores de esta nación, con el derecho siempre negado de decidir por su propio futuro y el del territorio, el de sus iguales y de quienes conviven con ellos. Su presencia en los destinos de México es de participación, no-solo de beneficios. Construir un México con ellos. Reconocidos como parte integrante, realmente existente.
Es importante tomar en cuenta la reflexión hecha por Martha Rodríguez García en su texto:
Los sedentarios, al frente de dichos tratados, hacían ver que los nómadas siempre eran los que solicitaban la paz ante las autoridades militares y los pobladores, por lo que se abrogaban la autoridad para imponer las condiciones de los acuerdos. En consecuencia, el bando que pedía la paz se encontraba en una posición de inferioridad frente a su adversario. Así, los acuerdos que establecía un tratado dependían de la relativa fuerza o debilidad con que se medía al indio enemigo; éste era el termómetro para otorgar un mayor o menor número de concesiones. Las estrategias de paz se enfocaron a destruir la cultura del nómada; pero también se utilizó al nómada para contrarrestar la fuerza de otros adversarios como los norteamericanos, para enfrentar a otros indios definidos como salvajes y, en más de una ocasión, se les pensó, paradójicamente, como colonizadores del desierto.*
Es importante, entonces, tomar en cuenta que la cuestión básica que es el reconocimiento de los derechos de los indios en la legislación fundamental de la República, es decir, incorporar a las comunidades y pueblos indios como parte de la nación, pero también como sujetos del Estado.
En este marco de auto revisión de nuestro parcial desarrollo como cultura mexicana, exenta de lo mexica, se nos impone el respeto a la autonomía cultural de las sociedades históricas y la necesidad de abandonar los prejuicios discriminatorios y paternalistas que dominan la relación del Estado con los grupos indígenas.
El EZLN ha emitido cinco comunicados desde la Selva Lacandona. En la Primera del 1 de enero de 1994, que es la declaración de guerra y basados en el artículo 39 Constitucional, fue dirigida contra el ejército federal mexicano, «pilar básico de la dictadura que padecemos», contra el partido en el poder y contra el ejecutivo federal «que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari», pidiéndole a los otros Poderes de la Nación (esta legislatura y los magistrados), (que) «se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador» y se propone: «Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano».
Finalmente, declaran: «no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático».
En la Segunda declaración de junio de 1994, dice que debido a que a «este llamado se respondió con la política del exterminio y la mentira. Los poderes de la Unión ignoraron nuestra justa demanda y permitieron la masacre (y) no supieron cumplir con su deber constitucional, permitiendo que el Ejecutivo Federal los controlara» y que «la Sociedad Civil asumió el deber de preservar a nuestra patria, ella manifestó su desacuerdo con la masacre y obligó a dialogar. Es en la SOCIEDAD CIVIL, en quien reside nuestra soberanía, es el pueblo quien puede, en todo tiempo, alterar o modificar nuestra forma de gobierno y lo ha asumido ya.
En la Tercera Declaración de enero de 1995, al ser reconocido «por nacionales y extranjeros como fuerza beligerante», ordenan una «PRÓRROGA UNILATERAL DEL CESE AL FUEGO OFENSIVO … para permitir a la sociedad civil que se organice (y) se pronuncien por asumir un gobierno de transición política hacia la democracia, reiteran su disposición a una solución política y llaman a la sociedad civil a un Diálogo Nacional por la Democracia, la Libertad y la Justicia para todos los mexicanos».
Convoca a una Convención Nacional Democrática con representación de todos los estados de la Federación y de todas las fuerzas patriotas, recurriendo a la consulta nacional, de la que emane un Gobierno Provisional o de Transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral y desembocar en un nuevo Constituyente, una nueva Carta Magna y la destrucción del sistema de partido de Estado y del presidencialismo en cuyo marco se convoque a nuevas elecciones.
Llamamos -dicen- a la Convención Nacional Democrática y al ciudadano Cuuahtémoc Cárdenas Solórzano a encabezar este Movimiento para la Liberación Nacional, como frente amplio de oposición, incorporándose a la CONVENCION NACIONAL DEMOCRATICA si no tienen partido, y al Movimiento si militan en alguna de las fuerzas políticas de oposición.
y declara:
PRIMERO.- Se le retira al gobierno federal la custodia de la Patria.
La Bandera de México, la ley suprema de la Nación, el Himno Mexicano y el Escudo Nacional estarán ahora bajo el cuidado de las fuerzas de la resistencia hasta que la legalidad, la legitimidad y la soberanía sean restauradas en todo el territorio nacional.
SEGUNDO.- Se declara válida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos original, expedida el 5 de febrero de 1917, incorporando a ella las Leyes Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomía incluyente para las regiones indígenas, y se decreta el apego a ella hasta que se instaure el nuevo constituyente y se expida una nueva Carta Magna.
TERCERO.- Se llama a la lucha por el reconocimiento como «gobierno de transición a la democracia» al que se doten por sí mismas las distintas comunidades, organizaciones sociales y políticas, manteniendo el pacto federal acordado en la Constitución de 1917, y se incluyan, sin importar credo religioso, clase social, ideología política, raza o sexo, en el Movimiento para la Liberación Nacional.
El gobierno nacional de transición a la democracia tendría las siguientes características:
1.- Que liquide al sistema de partido de Estado y separe realmente al gobierno del PRI.
2.- Que reforme la ley electoral en términos que garanticen: limpieza, credibilidad, equidad, participación ciudadana no partidaria y no gubernamental, reconocimiento de todas las fuerzas políticas nacionales, regionales o locales, y que convoque a nuevas elecciones generales en la federación.
3.- Que convoque a un Constituyente para la creación de una nueva Constitución.
4.- Que reconozca las particularidades de los grupos indígenas, reconozca su derecho a la autonomía incluyente y su ciudadanía.
5.- Que vuleva a orientar el programa económico nacional, hacendo a un lado el disimulo y la mentira, y favoreciendo a los sectores más desposeídos del país, los obreros y campesinos, que son los principales productores de la riqueza que otros se apropian.
El EZLN observa la posibilidad de tránsito pacífico a la democracia y a la libertad que se enfrenta a una nueva prueba en el proceso electoral de agosto de 1994,
«trajo la esperanza, en amplios sectores del país, de que el tránsito a la democracia era posible por la vía electoral. El EZLN se hizo a un lado para dar oportunidad de lucha a las fuerzas políticas legales de oposición. El 21 de agosto vino a terminar con las ilusiones de un cambio inmediato por la vía pacífica. Un proceso electoral viciado, inmoral, inequitativo e ilegítimo culminó en una nueva burla a la buena voluntad de los ciudadanos. … Frente a una votación sin precedentes, el sistema político mexicano optó por la imposición y cortó, así, las esperanzas en la vía electoral.»
La Cuarta Declaración del 1o. de enero de 1996, señala los problemas y la ruta llena de dificultades, incomprensiones y retrocesos del Movimiento para la Liberación Nacional. La opción del gobierno por la solución militar, después del diálogo, desatando una gran persecución policiaca y militar que tenía como objetivo el asesinato de la dirigencia del EZLN. «Decenas de civiles inocentes fueron tomados presos por el mal gobierno y todavía permanecen en las cárceles en calidad de rehenes de los terroristas que nos gobiernan.»
Tres nuevas iniciativas fueron lanzadas por los zapatistas como respuesta al éxito de la Consulta por la Paz y la Democracia.
1. Llamó a realizar un encuentro intercontinental en contra del neoliberalismo,
2. a la formación de comités civiles de diálogo como base de discusión de los principales problemas nacionales y germen de una nueva fuerza política no partidaria; y
3. a la construcción de nuevos Aguascalientes como lugares de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo.
Constituyó también el Foro Nacional Indígena para el diálogo iniciado entre las distintas etnias y sus representantes
Se declara el nacimiento del Frente Zapatista de Liberación Naciona, la nueva fuerza política nacional, organización civil y pacífica, independiente y democrática, mexicana y nacional, que lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México, por un nuevo Constituyente y una nueva Constitución. Una fuerza política con base en el EZLN.
Una nueva fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para la Liberación Nacional, como lugar de acción política ciudadana donde confluyen otras fuerzas políticas de oposición independiente, espacio de encuentro de voluntades y coordinador de acciones unitarias.
Una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no sea un partido político.
Una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas no debe ser unilateral, debe incorporar los Acuerdos de San Andrés y reconocer así los aspectos fundamentales de las demandas de los pueblos indios: autonomía, territorialidad, sistemas normativos. En los Acuerdos se reconoce el derecho a la autonomía indígena y el territorio, conforme al convenio 169 de la OIT, firmado por el Senado de la República.
Es esta la hora del Congreso de la Unión. «Después de una larga lucha por la democracia, encabezada por los partidos políticos de oposición, hay en las cámaras de Diputados y Senadores una nueva correlación de fuerzas que dificulta las arbitrariedades propias del presidencialismo y apunta, con esperanza, a una verdadera separación e independencia de los poderes de la Unión. La nueva composición política de las cámaras baja y alta plantea el reto de dignificar el trabajo legislativo, la expectativa de convertirlo en un espacio al servicio de la Nación y no del presidente en torno, y la esperanza de hacer realidad el «Honorable» que antecede al nombre colectivo con que se conoce a senadores y diputados federales. Llamamos a los diputados y senadores de la República de todos los partidos políticos con registro y a los congresistas independientes, a que legislen en beneficio de todos los mexicanos. A que manden obedeciendo. A que cumplan con su deber apoyando la paz y no la guerra. A que, haciendo efectiva la división de Poderes, obliguen al Ejecutivo federal a detener la guerra de exterminio que lleva adelante en las poblaciones indígenas de México. A que, con pleno respeto a las prerrogativas que la Constitución Política les confiere, escuchen la voz del pueblo mexicano y sea ella la que los mande en el momento de legislar. A que apoyen con firmeza y plenitud a la Comisión de Concordia y Pacificación, para que esta comisión legislativa pueda desempeñar eficaz y eficientemente sus labores de coadyuvancia en el proceso de paz. A que respondan al llamado histórico que exige pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indios. A que contribuyan a crear una imagen internacional digna de nuestro país. A que pasen a la historia nacional como un Congreso que dejó de obedecer y servir a uno, y cumplió con su obligación de obedecer y servir a todos.
En la Quinta Declaración de la Selva Lacandona del 19 de julio de 1998, llama especialmente y convoca a una
CONSULTA NACIONAL SOBRE LA INICIATIVA DE LEY INDIGENA DE LA COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION Y POR EL FIN DE LA GUERRA DE EXTERMINIO.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL EZLN
Para el EZLN, como lo dice en su Primera Declaración, existe un sistema político de partido en el poder que es el monopolio de la dictadura, es decir, desde él emanan y se reproducen los dictadores. Es un partido que se ha eternizado en el poder y «detenta para su beneficio el producto del trabajo de todos los mexicanos», está sustenetado en el presidencialismo, que tiene la cultura del fraude como método para imponerse e impedir la democracia. Un poder que se sobre pone y cuyas raíces posibilitan su mantenimiento como tal. Este sistema hace posible la existencia y beligerancia de cacicazgos, el poder omnipotente de los ganaderos y comerciantes, es el brazo político del crimen organizado y el narcotráfico.
Para el EZLN, el sistema de partido del Estado deberá ser destruido y uno de sus pasos será el cumplimieno de las demandas presentadas por el EZLN. Por ello, «el cumplimiento de los compromisos implica, necesariamente, la muerte del sistema de partido de Estado. Por suicidio o por fusilamiento, la muerte del actual sistema político mexicano es condición necesaria, aunque no suficiente, del tránsito a la democracia en nuestro país». Este «espacio» libre y democrático nacerá sobre el cadáver maloliente del sistema de partido de Estado y del presidencialismo.
El Partido Revolucionario Institucional, continúa su fase de descomposición más aguda al recurrir al asesinato como método de solución de sus pugnas internas. Incapaz de un diálogo civilizado a su interior, el PRI ensangrentaba el suelo nacional. La vergüenza de ver usurpados los colores nacionales en el escudo del PRI sigue para todos los mexicanos.
Un gobierno nacional de transición a la democracia pasa necesariamente por la liquidación del sistema de partido de Estado y que se separe realmente al gobierno del PRI. Por todos los medios y en todos los niveles, por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado.
En la Cuarta Declaración IVseñala que «el Partido Acción Nacional, el más fiel aliado de Carlos Salinas de Gortari, empezó a mostrar sus posibilidades reales de relevar al Partido Revolucionario Institucional en la cumbre del poder político y a enseñar su vocación represiva, intolerante y reaccionaria. Quienes ven con esperanza el ascenso del neopanismo olvidan que el relevo de una dictadura no significa democracia, y aplauden la nueva inquisición que, con careta democrática, habrá de sancionar con golpes y moralina los últimos estertores de un país que fue asombro mundial y hoy es referencia de crónicas policiacas y escándalos».
«Mientras la verdadera oposición se afana en encontrar el centro en una nación moribunda, amplias capas de la población refuerzan su escepticismo frente a los partidos políticos y buscan, sin encontrarla todavía, una opción de quehacer político nuevo, una organización política de nuevo tipo».
Llamamos «a quienes entienden que el sistema de partido de Estado es el principal obstáculo para el tránsito a la democracia en México; a quienes saben que democracia no quiere decir alternancia del poder sino gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; a quienes estén de acuerdo con que se haga una nueva Carta Magna que incorpore las principales demandas del pueblo mexicano y las garantías de que se cumpla el artículo 39 mediante las figuras de plebiscito y referéndum; a quienes no aspiran o pretenden ejercer cargos públicos o puestos de elección popular; a quienes tienen el corazón, la voluntad y el pensamiento en el lado izquierdo del pecho; a quienes quieren dejar de ser espectadores y están dispuestos a no tener ni pago ni privilegio alguno como no sea el participar en la reconstrucción nacional; a quienes quieren construir algo nuevo y bueno, para que formen el Frente Zapatista de Liberación Nacional».
EL EZLN NO DEBE SER UN PARTIDO POLÍTICO.
Desde que surgió el EZLN se observó la posibilidad de la aparición de una fuerza política que podría competir con los partidos políticos existentes y esta fue más insistente con el llamado del propio ejército insurgente a la constitución de una expresión política, a partir de la Quinta y última Declaración de la Selva Lacandona, pero la sorpresa después de la Consulta Nacional convocada específicamente para conocer la opinión de la Sociedad Civil al respecto, fue que se construía una organización política nacional, distinta de los partidos políticos actualmente registrados: «Una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no sea un partido político», que es lo que en la teoría clásica de los partidos políticos se denomina, partidos antisistema, de oposición no institucional.
El llamado a la Consulta Nacional fue imaginado por el gobierno como una derrota política y la deposición de las armas. A su vez querían que solicitaran su registro, entregaran su padrón de afiliados y presentaran su Plataforma de Principios, Programa y estatutos y candidatos para todos los puestos. Se imaginaban que podrían ganar las presidencia municipales de los municipios chiapanecos en conflicto y que con el otorgamientos de su reconocimeinto legal termaría la migraña que inició el Primero de enero de 1994. La ingenuidad del gobierno salinista, zedillista y ahora foxista, de los perredistas e intelectuales del voto útil y de muchos otros analistas políticos, todavía se mantiene como una alternativa para la paz.
Si nos apegaramos a la teoría clásica de los partidos políticos, estos, en representación de una clase social, como lo fueron los partidos marxistas respecto de la clase obrera, pretenden la toma del poder, la realización desde el poder de su plataforma programática y la solución de los grandes problemas nacionales. Por ello, es posible pensar que algunos partidos políticos y el propio EZLN, perdieron parte de su sustento programático, al ser desplazado el PRI del Poder Ejecutivo y de las gubernaturas y al modificarse la relación de fuerzas en la representación popular en las cámaras, que el Poder Legislativo deje de ser instrumento del Ejecutivo y del Partido del Estado, ya que estas son demandas que ocupan un lugar central en su propuesta programática, que dicen, se cumplirán con la toma o el arribo al poder del ppartido que representan o bien, en su caso, con el cumplimieno de las demandas presentadas por el EZLN, contenidas en la Declaración de Guerra del Primero de enero de 1994, a saber: «plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.»
En el nuevo debate realizado en torno al problema indígena, sobre todo a partir del levantamiento del EZLN en Chiapas, han prevalecido algunas líneas de tratamiento, a saber:
a. 500 años de humillación y miseria. Desde la conquista y a lo largo de la etapa colonial y del México independiente, los indígenas del país se han sublevado una y otra vez, su protesta y rebeliones no ha cesado. Esta no es la primera gran rebelión en la historia de Chiapas, las 2 anteriores (1712 y 1868), fueron ahogadas en sangre y han sido apagadas con masacres despiadadas.
b. La explicación oficial, se reduce a la inoperancia de las medidas gubernamentales para incorporarlos plenamente a la civilización, al sistema y a la modernidad. La ayuda oficial a Chiapas y más recursos federales a la zona, no ha sido suficiente.
d. Violaciones impunes de derechos humanos. abusos, vejaciones, profunda pobreza, rezagos sociales e injusticias, marginación política, económica y social, explotación y racismo. Los indígenas compiten con los ganaderos, los madereros y hacendados por la escasa tierra. Esta rebelión es producto La rebelión es en contra de los hacendados, del dominio de los caciques al servicio del PRI y del gobierno estatal, en complicidad con el federa protegen los privilegios y abusos que cometen los caciques, los talamontes y ganaderos de la región. El mayor Mario dice que los indígenas en Chiapas durante los 64 años de poder político de un solo partido, se les niegan servicio y educación, sólo para mantenerlos sometidos
e. El gobierno debería dejar a un lado su posición racista en este asunto. Afirma que los indígenas son incapaces de comprender la situación del país y que por eso no pueden contar con líderes indígenas, por esta razón los líderes son extranjeros y los han engañado para que se rebelen.
f. Tendencias mundiales de pauperización de la población, exigencia de justicia y democracia. Seis entidades del país que contribuyeron en mayor medida a la desigualdad nacional fueron, en orden de importancia, Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Chiapas y San Luis Potosí, en conjunto aportaron más de la tercera parte del índice de desigualdad que en promedio registró el país al término de 1992.
EXPLICACIONES LOCALES
g. Falta de ayuda y hasta obstaculización, por parte del gobierno, de alternativas viables de desarrollo. Las enfermedades tanto en mexicanos como en guatemaltecos eran infecciones adquiridas por contacto directo, seguidas de las que se contagian por vía aérea, la desnutrición fue un síntoma detectado en población infantil y adulta.
i. Desplome de los precios internacionales de sus principales productos agrícolas, café y plátano, que originó una cartera vencida de productores del campo por más de 700 millones de nuevos pesos a la que desde hace 2 años con el consiguiente problema del endeudamiento. Son los finqueros los que siempre han recibido apoyo técnico y económico de las dependencias gubernamentales y de la banca privada. La característica común es que los campesinos siempre reciban lo mínimo por sus cosechas.
j. Los cambios al artículo 27 constitucional pusieron en riesgo la tenencia de la tierra.
k. La zona se localiza en la frontera de México con América Latina, lo cual significa contacto con la pobreza, con refugiados y con guerrilleros
l. Eliminar todos los rezagos que existen, no solo en Chiapas sino en todo el país
m. Construir un país más democrático y una distribución de la riqueza más digna
n. Eliminar las diferencias entre el norte industrial y el sur agrario
q. Acabar con la oligarquía local, democratizar la región y mejorar el sistema judicial.
r. La solución no es fácil porque implica el debilitamiento, sino es que el fin, del sistema y del PRI.
t. La única solución es cambiar la situación de los indígenas, dotarlos de tierra y enseñarlos diversos oficios.
u. La demanda principal es desaparecer todos los poderes corruptos y criminales, incluyendo al gobernador y a los presidentes municipales.
Este recuento nos debe servir para valorar objetivamente la viabilidad de la posición del gobierno de Fox, en la solución del conflicto en Chiapas, en primer lugar y para iniciar la solución de las demandas ancestrales de los indígenas y los pobres y marginados de este país.
Fox representa a un empresario, neoliberal, propagandista, mediático, portador activo de la modernidad primer mundista, preocupado por insertar a México en la globalidad, participando de su comercio, compitiendo en su producción y pretendiendo colaborar en la pacificación y democratización del mundo.
Para que eso se logre, es necesario acabar con la pobreza en México, lograr una gran confianza para que empresarios mexicanos, pero sobre todo extranjeros inviertan en el campo y puedan realizar el gran proyecto capitalista Puebla-Panamá. De esta manera, cada mexicano y mexicana deberá ser un importante micro empresario y cada familia deberá tener su changarro, su tele y su vocho, para que puedan aportar su esfuerzo físico en los millones de empleos que se crearán con gusto y por México.
Para Fox, no se trata de construir dos o más méxicos, sino uno solo, unido en una gran nación capitalista. En este proyecto, los separatistas y sobre todo los indígenas autonomistas no tienen cabida. Dividen y obstaculizan el desarrollo nacional.
El pragmatismo con el que ha actuado Fox en estos años hasta llevarlo a la presidencia de la República, no es ningún obstáculo para que acepte las propuestas del EZLN, pero eso, de ninguna manera implica la mínima identidad con las demandas de otorgamiento de autonomía a las comunidades indígenas, de reconocimiento a la soberanía de sus territorios y de independencia sus gobiernos. En su ingenuidad, considera la posibilidad del aceleramiento en la incorporación de los pueblos indígenas a la modernidad, de su inclusión plena a la nación y de su asimilación total. Es criollo, profundamente pragmático y neoliberal.
De ahí que sea posible que los métodos de asimilación cambien por otros menos agresivos, pero que finalmente darán el mismo resultado: la imposición de la cultura occidental y la destrucción total de la diversidad étnica y cultural en nuestro país.
Por ello, la diversidad de posiciones en torno a la reforma constitucional federal es una realidad y no podemos soslayarla.
1. El PRI se ha redefinido como "un partido progresista, de clara vocación nacionalista; una organización política de centro izquierda"1 , y pregona en su Programa de acción "que los pueblos indígenas participen con plena libertad en las tareas nacionales", un "reconocimiento efectivo del carácter pluricultural de las comunidades indígenas y "las libre determinación en torno a sus usos y costumbres", la educación intercultural y bilingüe, el ejercicio de la ciudadanía plena, el acceso a la justicia y el respeto a su dignidad, reconocimiento del orden consuetudinario indígena, defensoría pública especializada, "mantener, preservar y perfeccionar su lengua, sus tradiciones civiles y religiosas, sus costumbr4es, sus prácticas, su cultura, sus sistemas de convivencia y el orden" , "creación del municipio indígena mediante el instrumento legal correspondiente, consulta a las comunidades indígenas.
2. Por su parte el presidente Ernesto Zedillo en su iniciativa plantea que "No hay ni ha habido contradicción entre las justas demandas de los pueblos indígenas y los principios fundamentales del orden constitucional", que las reformas de 1992 que consagra la diversidad pluricultural de la nación fue insuficiente, que preservando la soberanía, la unidad nacional, la vigencia de la Ley y de las instituciones, se fundamenta en la igualdad de todos los mexicanos ante la Ley y los órganos jurisdiccionales, reconociendo la preservación y el libre desarrollo de las culturas indígenas, proponiendo "la integración del municipio con población mayoritariamente indígena no como un tipo diferente de municipio". "Para que estos sujetos puedan acogerse a los derechos derivados de la soberanía, requieren de categorías precisas como las de nacionalidad y ciudadanía"
3. El Partido Acción Nacional reivindica a las "comunidades indígenas como sujetos de derecho (…) aceptándolas con sus características, peculiaridades y formas propias de organización para el trabajo, la educación, lenguas y prácticas religiosas". "Deben gozar de autonomía expresada y ejercida en el ámbito municipal, dentro de una organización federal…" "La autonomía municipal, que se define por la capacidad de las comunidades para elegir en forma directa sus autoridades, manejar libremente su hacienda… ."
4. La diversidad cultural, debe ser alojada en un auténtico sistema federal, que reconozca la autonomía de las comunidades indígenas dentro del Estado mexicano, dentro de un orden solidario y subsidiarios"
Ante estas propuestas de reformas constitucionales de las dos minorías más grandes en el Congreso de la Unión, las observaciones del Ejército Zapatista quedan sujetas a la determinación de éstas, a saber:
a). Reformar el Artículo 27 constitucional. En el sentido de que "La tierra es de quien la Trabaja" y "Tierra y Libertad"
b). Desarrollar una política de verdadera sustentabilidad que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas
c). Situación, Derechos y cultura de la Mujer Indígena, la construcción de una nueva sociedad nacional, con otro modelo económico, político, social y coyuntural, que incluya a todos y todas las mexicanas.
EL PRD, LA IZQUIERDA MEXICANA Y EL INDIGENISMO ZAPATISTA.
La postura que han asumido una parte importante de la izquierda mexicana, incluyendo el zapatismo y el PRD, toma en cuenta la realidad emergida a partir del 2 de julio de 2000. Las demandas de destrucción del sistema de partido del Estado, el sufragio efectivo y el pluralismo, son hechos que se palpan claramente aunque expresen inconsistencias e inexactitudes. La alternancia política, que no es la democracia plena, pero si se expresa en ella. Los debates parlamentarios y el papel de los partidos políticos han transcurrido por serias transformaciones que llegan a cuestionar la existencia de los partidos más importantes. La crisis del PRI y del PRD es cada día más evidente y al parecer su solución implica una transformación en su papel histórico y su redefinición como partidos. El partido del gobierno y en el gobierno hoy ya no lo es y su tránsito hacia la oposición se resiste a aceptar su nuevo papel. Es de tal magnitud su crisis que la voces más fuertes expresan con plenitud la tragedia de la derrota. Los cacicazgos regionales de Tabasco y Yucatán, los senadores y diputados otrora cabezas de grupo, también derrotados, insisten en la restauración del antiguo régimen y en su ilusión de recuperación, se convierten en los defensores más fervientes del pasado, del autoritarismo presidencialista, del dispendio presupuestario y de los favores del sistema a la clase política priísta. Son estos los portadores del conservadurismo que impiden todo tipo de reformas que destruyan al sistema político presidencialista y centralista. Se oponen a la democratización de las instituciones, a la independencia de los poderes, a la rendición de cuentas y a la fiscalización presupuestaria. Promueven reformas regresivas en materia electoral para disminuir la autonomía de un organismo autónomo y ciudadanizado como el IFE o bien para impedir que el Poder Judicial actúe con independencia y con resoluciones apegadas a derecho.
Para los priístas incomprendidos por esta necia realidad, acostumbrados a modificar las normas, instituciones, resoluciones y presupuestos de acuerdo a su conveniencia, culpan a estas instituciones de sus derrotas y se colocan ajenos a entramado que construyeron con meticulosidad y que los ha derrotado en toda la línea. Su negativa a asumirse como responsables de su propia derrota, contrasta con su irresponsabilidad y desfachatez de exigir al nuevo gobierno y a los gobiernos no priístas medidas que ellos jamás aplicarían y demandan soluciones que jamás aceptaron a problemáticas y crisis de las que son directa, total y únicos responsables.
El PRD por su parte, derrotado también, pero por su ausencia histórica, ha mostrado su incapacidad para asumir plenamente la representación y continuidad de las luchas y movimientos sociales y políticos de la izquierda mexicana. El abandono de los espacios de lucha en las calles, centros de trabajo, de vivienda y de estudio que con tanto sacrificio conquistaron los forjadores del movimientos social y político de izquierda, ha dejado vacía la esperanza en el futuro. El Partido Político es hoy para este movimiento nacional de la izquierda solo un cascarón para la lucha legal e institucional, propio para la competencia de espacios de poder, de tráfico de influencias, de representación popular y de beneficios económicos individuales. Por ello, el movimiento estudiantil reivindicativo, el sindicalismo oposicionista, el movimiento urbano popular emergente, el movimiento campesino agrarista y sobre todo las luchas de mujeres, indígenas, jóvenes, indocumentados, discapacitados y ese conjunto de expresisones tan amplias y complejas que llenan una y otra vez con su significado la historia del país que queremos, no encuentran en los partidos politicos ni en las organizaciones de la sociedad civil desorganizada, una traducción de enlace y entendimiento que los justifique políticamente.
En su momento, los frentes de coordinación de la lucha social, jugaron un papel de enlace entre las grandes organizaciones de la sociedad civil que lograban expresarse independientes, conformando grandes movimientos reivindicativos nacionales, y se encontraban en cada paso con los partidos de izquierda, que hasta se sentían manipulados. Hoy la sociedad civil los busca y como siempre los necesita y no los encuentra, allí, en su origen y desenvolvimiento.
El futuro de México está en la transformación de las instituciones y en los sujetos de estos cambios, no en si mismas. Por ello, sí es de amplia notoriedad que la izquierda partidaria haya minimizado su presencia en los movimientos sociales nacionales y vea como el objetivo central influir en las instituciones. Esta lógica de la negociación parlamentaria y partidista, de los emplazamientos políticos a los presidentes, gobernadores y funcionarios públicos, permite modificar acuerdos, leyes, reglamentos, presupuestos y las medidas de gobierno, siempre al margen de los electores, ciudadanos o de sus movimientos reivindicativos.
La separación paulatina, pero conciente de la izquierda partidaria de los movimientos sociales, ha significada a su vez un alejamiento de su fuente natural de retroalimentación teórica, política y programática. Su renovación natural oposicionista y progresista es truncada históricamente y se refleja en la respuesta cansada y desconfiada de sus cuadros envejecidos, todavía en las direcciones partidarias. La juventud no es su virtud. La frescura de las ideas está donde siempre, en el movimientro social, lleno de jóvenes coreando las consignas zapatistas que no reparan en la existencia de los partidos políticos que en otros tiempos los hubieran adoctrinado.
Por ello no resulta novedoso que el PRD se identifique con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Siempre se ha manifestado en su favor, pero desde la fría tribuna de la cámara de dipútados, desde la impersonal y distante comunicación de los medios electrónicos, esperando influir en las medidas del nuevo gobierno de la alternancia.
El apoyo del PRD al movimiento indígena zapatista es de solidaridad no de participación plena, es de identificación con sus demandas, por su vocación principista y programática, no de compromiso histórico. Por ello es posible encontrar en el fenómeno del zapatismo dos caras del PRD, no opuestas pero si distantes, la asumida institucionalmente que le permite opinar desde fuera del movimiento, sin compromiso y con posibilidades de deslindarse de cualquier responsabilidad, por un lado y la de sus militantes de base, comprometidos y en el activismo, sin apoyo oficial y a veces en contra de los dirigente. No resulta extraño, entonces, que en el Comité Ejecutivo Nacional, en los comités ejecutivos estatales y en otros niveles de dirección intermedia, entre algunos diputados y regidores locales existan voces contrarias al movimiento zapatista, apagadas por la postura oficial nacional, que bien quisieran modificar la Ley de la CoCoPa, que impiden la discusión y la posición pública o que intencionalmente evitan el contacto con el movimiento.
En este reencuentro del PRD con la realidad y con su realidad fuera del movimiento real, se exige una reconsideración de inclusión y reinserción con las demandas y expresiones del movimientos social y sus actores. Uno de ellos, el más importante y nacional, es el indigenismo zapatista que ya es ahora el zapatismo indigenista, estudiantil, juvenil, femenil, etc.
El PRD, hoy la única alternativa partidaria de izquierda, tiene la gran oportunidad de reencontrarse con sus principios fundacionales y con el movimiento social nacional, participar -con el compromiso histórico que hoy necesita el país-, en el resurgimiento de la insurgencia popular que hará realidad el cambio democrático.
Autor:
Luis Ortega Moralesluisom[arroba]prdleg.diputados.gob.mx