- Un breve acercamiento histórico
- Cómo estamos las mujeres entre el 2015 y 2017?
- Retos y desafíos del feminismo ecuatoriano
Hablar de las mujeres ecuatorianas desde la teoría feminista[1]implica recuperar la memoria histórica desde un enfoque holístico (integral) y un conjunto de saberes, valores y prácticas que explican las causas, formas, mecanismos, justificaciones y expresiones de la subordinación de las mujeres, analiza el impacto de las desigualdades en la sociedad de clase e identifica las oportunidades para transformarla, en las nuevas relaciones sociales de producción del capitalismo en su fase neoliberal.
Un breve acercamiento histórico
A lo largo del devenir histórico las mujeres ecuatorianas han tenido un papel activo y protagónico en la participación social, popular y política, constituyéndose en el eje central de las transformaciones que ha vivido el país en vinculación con movimientos obreros y partidos de izquierda, en los que hicieran brillante presencia Nela Martínez y Zoila Ugarte, fundadora y presidenta del Centro Feminista Anticlerical de Ecuador; sin olvidar a nuestras antecesoras indígenas, campesinas, negras y montubias que asumieron luchas libertarias, por la descolonización y defensa de territorios ancestrales como Lorenza Abimañay, Manuela León, Dolores Cacuango, entre otras.
Las mujeres de la larga noche neoliberal: Desde 1980 hasta 1997
Al decir de Margarita Aguiñaga, "el neoliberalismo significó la brutal profundización de la división sexual de la vida en todas sus contradicciones: clase, género y etnia; elevación de la explotación y pobreza, de violencia sexual y racismos, fundamentalmente contra las mujeres y la madre naturaleza"[2].
En estas décadas, la división sexual de la vida y del trabajo significó la ampliación del trabajo remunerado por una parte, y por otra, el trabajo no remunerado que mantuvo a las mujeres mestizas, afro-ecuatorianas, indígenas y campesinas en condición de pobreza.
Una sobreexplotación de las mujeres por el capital en lo local, nacional e internacional, conocida como "feminización de la matriz de acumulación de capital" donde la feminización de la pobreza fue más allá de la incorporación masiva de las mujeres al sostenimiento de la recesión global y de la ganancia del capital financiero, bajo formas de generación de autoempleo y de autogestión del empleo, con mínima intervención del estado y con responsabilidad abrumadora del trabajo no remunerado, la reproducción de la vida humana y de trabajos de sostenibilidad de la naturaleza.
Los indicadores en relación al acceso laboral, la descomunal pobreza, el alto nivel de violencia de género (física, sexual, psicológica, verbal y patrimonial) la exclusión política, la división de lo público entre hombres y mujeres evidencian los roles de sumisión de las mujeres en la relación familia-estado-mercado.
En este contexto, aparece la lucha de las mujeres como un problema público, ético y de derechos humanos cuya cúspide fue la incorporación de los Derechos de las Mujeres en la Constitución de 1998; inaugurándose paralelamente, un sentido de participación social y política que el neoliberalismo lo negaba como principio para la mayoría.
Inicialmente, las organizaciones de mujeres se expresan como una corriente radical en la lucha por la desigualdad y la estructura de clase que visibiliza las contradicciones de clase, etnia y de género, basándose en la crítica a la opresión sexual. Luego, el discurso feminista sufre un retroceso ideológico y se torna crítico frente al feminismo de izquierda que había centrado sus análisis y acción hacia las mujeres desde la lucha de clase.
Se impone entonces el enfoque ideológico-político de categorías (conceptos) desde la ONU y gobiernos nacionales que contraen acuerdos internacionales para impulsar los derechos humanos de las mujeres y de otros sectores como los jóvenes, indígenas y niños. Varias son las conferencias y declaraciones de carácter ético- político que presionan a los Estados a la inclusión de iniciales alianzas institucionales, en un proceso acompañado de movilización y presencia de un movimiento de mujeres que presionó en la misma perspectiva.
En este tiempo las organizaciones de mujeres aprendieron que un tipo de feminismo podía convivir con el Estado en condiciones de subordinación, hacer ciertas reformas y ser parte como minoría de las estructuras políticas y económicas del Estado. Por un lado se consolida la tendencia del "feminismo institucional" promulgado por mujeres de las instituciones del Estado, la academia y ONGs (ligado a procesos de autogestión). Y por otro lado, tiene mucha fuerza en la década de los noventa el feminismo de izquierda que va asumiendo protagonismo desde 1995, alcanzando su mayor fuerza en el año 2000.
El feminismo institucional-liberal incluye el enfoque de género como un problema público, sin embargo, como política pública el género no significó ser fuerte en relación a quien subordina, sino en relación a las mujeres del conjunto de la sociedad y en disputa con las organizaciones de mujeres y feministas que no veían como finalidad la inclusión de género, que luchan por ella, pero transgreden este límite.
Las luchas de las mujeres indígena y no indígenas (mujeres precarizadas marginales y rurales) agrupadas en organizaciones populares y de mujeres combinan sus críticas al neoliberalismo, la plurinacionalidad, el planteamiento de las economías social y solidaria, la oposición al ALCA y al TLC, con las demandas de género. La CONAIE, MUPNP, Movimiento Plurinacional Pachakutik, Nuevo País, FENOCIN y Partido Socialista, asumen la inclusión de la lucha de género en sus propuestas programáticas.
La dinámica de las organizaciones de mujeres marca una forma fragmentada (dividida) que se ha mantenido hasta la actualidad: por un lado, encuentros de clase y género con posiciones feminista – liberales orientados a menguar los impactos de éste modelo sobre las mujeres, desde el acceso a derechos económicos, sexuales y reproductivos; y por otro lado, desde fuera del Estado, realización de encuentros de clase y género dentro de los movimientos y organizaciones sociales que cuestionan al neoliberalismo y las relaciones machistas.
Para Raquel Rodas[3]"en los noventa se crean las primeras organizaciones nacionales de mujeres, se ratifican convenios internacionales que promueven los derechos de las mujeres, el Estado modernizado expide leyes como la 103 (1995), Ley de Amparo Laboral (1997) que evolucionó hacia la reforma de la Ley Electoral, más conocida como la Ley de Cuotas y la Ley de Maternidad Gratuita (1998)".
La Constitución de 1998 integra los derechos de la mujer, el Estado formaliza la atención oficial a los problemas de las mujeres a través del Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU (1997) y otros organismos especializados como la Defensoría de la Mujer y la Comisión Legislativa Especializada de la Mujer y la Familia, instituciones que no respondieron a las demandas de atacar al modelo capitalista-neoliberal-patriarcalista.
El patriarcado colocó la autoridad paterna y masculina sobre las mujeres en todos los ámbitos del mercado laboral y la economía, desvalorizado en su doble o triple jornada en relación al trabajo de los hombres, a la ganancia, a la generación de la plusvalía, enriquecimiento de clases, al ingreso y al salario de quienes trabajan.
El mercado financiero vio en las mujeres una mercancía más y en la vida privada, Ellas podían acceder a espacios públicos previo permiso y autorización de lo masculino, paterno y religioso; así aparecen nuevas negociaciones para que las mujeres puedan movilizarse fuera de la casa pidiendo permiso a los maridos; las mujeres migrantes son controladas por sus maridos en sus bienes y dinero; las mujeres logran vivir solas aunque prejuiciadas por estar solteras; las divorciadas quedan relegadas por carecer del status de casadas y las mujeres rurales siguen siendo definidas por el cura parroquial, etc.
En fin, el Estado no ha dejado de reproducir las relaciones de clase, de desigualdad de género y étnicas como forma cultural autoritaria y represiva. Desde la institucionalidad estatal se hace concesiones segmentadas y flacos favores para las mujeres. Y es precisamente la aceptación de estos favores patriarcales y la inconformidad con sus límites lo que marcó la diferencia; diferencia que creció y promovió el feminismo de izquierda y un feminismo "más progresista".
Desde 1998-2008
La aparición masiva de diversas organizaciones de mujeres populares urbanas y rurales incorpora el género y el feminismo dentro de sus procesos. Las mujeres no organizadas, artistas, académicas, activistas, lideresas entre otras, se manifiestan en defensa de las mujeres desde "lo social" reivindicando como propios los derechos de las mujeres más afectadas por el sistema capitalista, patriarcal, racista, y exigen los derechos de la naturaleza, democracia paritaria, participación política y la defensa de la vida de las mujeres y sus familias.
El pensamiento feminista desde lo social y político muestra capacidad de denuncia y crítica al modelo neoliberal y patriarcal, negociación colectiva de exigencia y aproximación de hombres a las prácticas de género y del feminismo como un aspecto de su vida. Es el fenómeno de la expansión política, social e ideológica que se abrió para llegar donde a veces no se alcanzaba a mirar. La propuesta feminista era la destrucción del capitalismo y patriarcado, cambiando los roles tradicionales impuestos en la sociedad.
La incorporación y ratificación de los derechos humanos en el texto constitucional del 2008 y la desagregación de éstos a lo largo de la normativa, moviliza la presencia de mujeres en procesos locales, gubernamentales y sociales; el feminismo se amplía como identidad urbana y rural, y se fortalece como sujeto colectivo con pensamiento y palabra propia. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos no lograron captar el avance que existía en lo social, quedando pendiente este tema, debatido en casi todos los encuentros de mujeres.
En este contexto se abren dos procesos significativos:
1.- La lucha de género desde la institucionalidad posiciona la redistribución del desarrollo capitalista y el acceso de las mujeres a un mayor desarrollo; idea del "progresismo de las mujeres y feministas" que se quedan solo en ideología y la normativa, pero que en la práctica no se producen los cambios reales que exigen las mujeres diversas.
2.- El reagrupamiento de las mujeres populares y diversas por fuera del Estado que critican al modelo capitalista, patriarcal y racista, y que luchan por un real cambio de estructuras que permitan una nueva forma de vida, equidad e igualdad en la redistribución de los recursos desde otro modelo económico. La fuerte cercanía existencial del feminismo con las organizaciones de mujeres populares y su tejido social se extendió por todo el país, reafirmando la autonomía como una bandera de lucha que privilegia las libertades políticas, sexuales, económicas, culturales, raciales y de clase. La enunciación de la soberanía del cuerpo como espacio de lo propio se moviliza sin permiso permitiendo a las mujeres decidir ante la reproducción de la especie y de la vida.
Desde 2008-2014
Rafael Correa llega al gobierno con un alto apoyo del voto femenino porque en gran medida los niveles de pobreza y mendicidad se focalizaron en las mujeres empobrecidas, que tras la caída de varios gobiernos, se adhirieron en busca de democracia y justicia en el país, y porque concitó gran expectativa entre las organizaciones de mujeres. Algunas entraron al pacto con el gobierno y formaron parte del movimiento oficialista Alianza País, otras decidieron mantenerse fuera de las estructuras orgánicas del gobierno pero respaldar con su voto y consolidando su fuerza desde una posición crítica al gobierno, entre las que se encuentran mujeres de la CONAIE, organizaciones de defensa de la naturaleza como las Defensoras de la Pachamama, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, Movimiento Luna Creciente, y, conforme fueron avanzado las contradicciones con el gobierno agrupaciones como la CONFEMEC salieron de la alianza con el gobierno.
Sin un movimiento de mujeres consolidado a nivel nacional y bajo la presión de una reforma dirigida desde el Estado, nuevamente se centra el debate entre la progresividad de los derechos y el sostenimiento de propuestas que permitan su continuidad. Las organizaciones de mujeres generan procesos de articulación local, regional y nacional, pero desde la actuación de una base social movilizada que juega entre el clientelismo, las tensiones de Alianza País y el Estado; así se explica la presencia gremial de nuevas organizaciones vinculadas a las Juntas Parroquiales o auto organizadas por temas de enfrentamiento a la pobreza y otras organizaciones sindicalizadas vinculadas a organizaciones de trabajadores estatales (CUT).
Si bien la Constitución de 2008 consagra el principio de igualdad (formal y material) entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación, el enfoque de género y el lenguaje inclusivo: progresividad de derechos y libertades, los derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de la diversidad de familias, derecho a la vida, a una vida digna y libre de violencia, la paridad y medidas de acción afirmativa en la conformación de diversas instancias, especialmente en la designación y representación, en la práctica se limita su acceso al ejercicio de tales derechos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo asume el enfoque de género como eje transversal y establece políticas públicas dirigidas a las mujeres para el logro de una sociedad igualitaria. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, en su último informe oficial sobre la implementación de la CEDAW, reconoce que "ciertas prácticas jurídicas y sociales sí discriminan a las mujeres tanto en la esfera pública como privada, pues tienen como efecto un tratamiento diferenciado a favor de los hombres en desventaja de las mujeres"[4].
En evidencia de ello, la Agenda Social 2009-2012 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), señala que aún persisten en el país la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios de calidad en los ámbitos de educación, salud, nutrición, vivienda, trabajo e inclusión económica y tratamiento de personas en condición de migrantes. Las inequidades están ligadas a la geografía, antecedentes étnico-culturales y al género, pero la incidencia de la extrema pobreza es mayor para las mujeres en el área rural.
En cuanto a derechos políticos, civiles, gobernabilidad democrática y ciudadanía de las mujeres, la participación política en paridad para las elecciones de autoridades locales reflejan que no han crecido debido a limitaciones en la normativa del código de la democracia, su reglamento interno, formas de asignación de escaños; sin descartar que la presencia de una candidata política no siempre es la voz de sus congéneres ni representa sus aspiraciones y demandas, sobre todo en los sectores populares, sigue siendo un reto importante. Sumado a lo anterior, no se han dado procesos sostenidos de formación en el interior de los partidos y movimientos políticos para superar los estereotipos de género e incluir en sus propuestas la administración y gestión de políticas públicas de género, que permitan superar las limitaciones que enfrentan las mujeres en el momento de poner en marcha una agenda de género.
En el ámbito económico, la CEPAL confirma que las tasas de desempleo de las mujeres son sistemáticamente mayores que las de los hombres, pero crece aún más la oferta de trabajo no remunerado que sostiene los hogares. Según el Informe ONU: Mujeres Ecuatorianas dos décadas de Cambios 1995-2015, "las proyecciones poblacionales muestran que a partir de 2030 se comenzará a cerrar en Ecuador el denominado Bono Demográfico y si todo el cuidado fuese provisto por los hogares las mujeres tendríamos que utilizar más de 20 horas al día para cubrir el trabajo necesario. Es decir, la otra cara de las crisis ha sido, tradicionalmente, un esquema de estrategias que han llevado adelante las familias que ven reducidos sus ingresos y enfrentan situaciones de desempleo o desprotección laboral"[5].
Este momento histórico, también es de reencuentros feministas, de diálogos diversos, de solidaridades que se tejen entre organizaciones de mujeres y feministas; pero al mismo tiempo de repliegue e imposibilidad de hacer retroceder el conservadurismo del Estado y las violencias en contra de sí mismas por la desmedida ofensiva patriarcal y cristalización del modelo de la RC, que concentra todos los poderes, emerge un caudillo y se abre nuevas formas de opresión, dentro de un orden largamente desquiciado como lo describe Juan Cuvi[6]
A tono con la lucha internacional, donde también de evidencia dos tendencias feministas en disputa por los sentidos de la lucha de género: una tendencia institucionalizada que por varios años impulsó procesos de expansión y globalización en el mundo de manera fragmentada y disímil; y, otra tendencia que surge y logra reagrupar a mujeres empobrecidas del mundo de Asia, África y América Latina en alianza con feministas de Europa y EU en lo que se llama la Marcha Mundial de las Mujeres-Foro Social Mundial; las organizaciones de mujeres del país continúan la lucha contra el modelo neoliberal logrando estrechar el vínculo de cuestionamiento a la globalización neoliberal y patriarcal. La lucha feminista ecuatoriana se articula con la Marcha Mundial de las Mujeres en diversos países muy ligadas a procesos de lucha de los movimientos sociales.
La propuesta vinculada al Foro Social Mundial abre otra posición de lucha internacional diferente de la lucha por los derechos humanos consolidada en Beijing y en el caso de América Latina, de los Encuentros Latinoamericanos y del Caribe y de las Redes que han promovido una posición feminista institucional, sobre todo desde mujeres pobres que asumen el cuestionamiento al machismo. Resurge nuevamente el feminismo de izquierda y de organizaciones de mujeres en resistencia al neoliberalismo. A esto se suma la lucha en contra de Tratado de Libre Comercio y por la caducidad del contrato con la OXY en las que las mujeres indígenas y algunas organizaciones de mujeres a nivel urbano tuvieron una presencia importante. Esto implicó volver a colocar el debate acerca de patriarcado y capitalismo y cuestionar los límites de los enfoques de derechos humanos.
Los desencuentros entre feminismos se producen en el 2014, sobre todo luego de derrota en la aprobación del CO y la aplicación de la política pública que fragmenta a las organizaciones de mujeres con los movimientos sociales y la dificultad del diálogo con las demandas feministas y/o de género de las mujeres. Se debilita la crítica al Estado desde de los feminismos, sobre todo los populares, donde la necesidad práctica de sobrevivencia de las mujeres es precaria y sus demandas siguen siendo tramitadas de manera fragmentada por las organizaciones de mujeres al Estado sin mayor diálogo y consensos en la presentación de propuestas y exigencias comunes.
La falta de respuesta de las organizaciones de mujeres ante la aplicación del Decreto 16 (2013), aumentó fragmentación e imposición técnica administrativa del Estado sobre las organizaciones de mujeres. Un ejem. se da en la eliminación del CONAMU, donde muchas Cajas de Ahorro y crédito que son la base de la generación de un ingreso complementario para las organizaciones de mujeres se quedaron por fuera de las posibilidades de acceso a la política pública.
La exigencia de ser parte del registro único de las organizaciones, impone una forma de control y re-direccionamiento de los proyectos ofertados por el Estado, creando una lógica de exigencia administrativa y técnica para "competir" por recursos públicos .La intervención del Estado profundiza la división entre las organizaciones de mujeres a algunas de las cuales las utilizan para mostrar indicadores de eficiencia, feminizando los indicadores, que se ha convertido en el mejor negocio, para legitimar políticas patriarcales.
Finalmente, aunque este momento ha sido de reafirmación de conservadurismos y aplicación de políticas neoliberales, también se ha reafirmado la presencia de las mujeres en la lucha popular participando en las movilizaciones locales y nacionales desde 2010 al 2015. Se realizaron luchas por la solidaridad con las mujeres criminalizadas por el gobierno que incrementó la represión en contra de las mujeres que se oponían al gobierno. Se propuso construir un feminismo en resistencia que nos colocará ante las debilidades del estado. Se generaron procesos de capacitación.
Aunque no se ha generado un movimiento nacional de mujeres y feministas autónomo e independiente de clase, debido a varios factores estructurales que afectan la unidad de las mujeres en sus condiciones de vida por el peso de la economía capitalista, la carga global del trabajo y la intervención del Estado, la existencia de un movimiento feminista se visibiliza estrictamente cuando está dirigido por una entidad Estatal y le permite interlocutar a organizaciones de mujeres diversas; problemas que requieren profundo análisis y la búsqueda urgente de alternativas que permitan una salida crítica y autónoma.
Cómo estamos las mujeres entre el 2015 y 2017?
Observando la dicotomía entre las tendencias del feminismo (estatal/ izquierda social), las políticas públicas y la normativa que entra en vigencia durante los últimos 10 años, atienden a la igualdad (formal) como meta y particularmente a elementos específicos de igualdad de género como la violencia de género, la participación política y la no discriminación. Un segmento de mujeres ha experimentado cambios importantes en sus vidas relativas a la educación, acceso a servicios de salud, la participación en esferas de decisión legislativa, incremento en el acceso a servicios y seguridad social; y la visibilización del trabajo no remunerado del cuidado a través de la generación de estadísticas. Hay más mujeres en puestos de dirección (particularmente en el sector público), en niveles de trabajo técnico y científico están más calificadas para el trabajo, y se han elevado sus niveles salariales de empleo a una tasa ligeramente superior que la de los varones. También hay más mujeres empresarias que hace 20 años y menos mujeres sin ingresos, aunque continúan percibiendo menor salario que los hombres, a pesar que hagan el mismo trabajo están sobrerepresentadas en los trabajos informales, no remunerados y con menor estabilidad, además del trabajo de cuidados.
Bajo esta lógica, las autoridades de la Revolución Ciudadana han repetido hasta el cansancio frases como que: "este gobierno tiene rostro de mujer", "nadie ha hecho tanto por las mujeres como este gobierno", "somos uno de los pocos países que tiene igualdad de género en las Cortes de Justicia", tanto en medios de comunicación afines al régimen (incluidos los Enlaces Ciudadanos o sabatinas) como en discursos de barricada en todo el país a propósito de la última campaña electoral (2017). Sin embargo, en varios espacios público-privados, donde la participación ciudadana es casi nula, o en medios de comunicación alternativos que dan tribuna a voces críticas, se afirma "hay un retroceso en derechos de las mujeres en estos 10 años", o que esta "es una década pérdida"[7].
Podría decirse que la apreciación oficial es cierta en la medida en que nunca antes hubo como en este gobierno al frente de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional tres mujeres, paridad en las cortes de justicia; ministerios, subsecretarías y demás funciones del Estado; se aumentó así mismo el llamado "bono de desarrollo humano", con mayoría de beneficiarias mujeres jefas de hogar; y en lo legislativo, la aprobación de supuestas "leyes que favorecieron a mujeres trabajadoras remuneradas del hogar"[8].
La verdad es que, bajo el mando de Gabriela Rivadeneira, Rossana Alvarado y Marcela Aguiñaga en la Asamblea Nacional 2013-2017, donde dos tercios de las curules ilegítimamente fueron impuestas por Correa, se aprobaron una serie de leyes como el Código Orgánico Integral Penal, el cual penaliza el aborto en casos de violación, sin reparar que en Ecuador el 14% de muertes maternas corresponde a niñas de 10 a 14 años, víctimas de violencia sexual; se tipificó la violencia intrafamiliar como delito común y el femicidio, pero al mismo tiempo se derogó la Ley Contra La Violencia de la Mujer (Ley 103), dejando a las mujeres en indefensión, al eliminarse las medidas de protección y amparo.
Para Ma. Paula Romo (constitucionalista), "el COIP olvidó "procedimientos adecuados y expeditos para violencia de género (según lo acaba de confirmar hace poco en su sentencia la Corte Constitucional) y que ha provocado por primera vez mujeres "presas y sentenciadas por interrumpir sus embarazos, incluso los que son espontáneos. Una legisladora llegó a justificar el "cateo íntimo" que se estaba realizando a las visitas de los centros penitenciarios"[9].
De la misma manera, se eliminó la Ley de Maternidad Gratuita, bajo el discurso de que la "salud ya es de todos". Adicionalmente, se aprobó la ley de "justicia laboral" que proclama la seguridad social para trabajadoras no remuneradas, responsabilizando de este rol al cónyuge o familiares, situación que refuerza los círculos de dependencia económica y violencia; dicha ley no ofrece acceso a todas las prestaciones, convirtiendo en una seguridad social de segunda, si se considera que el Estado elimina el aporte del 40% al Instituto de Seguridad Social, precarizando la situación de las personas afiliadas, sobre todo de las mujeres trabajadoras (remuneradas y no remuneradas).
Entre otros retrocesos de política pública se encuentra la eliminación del Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), reemplazado por el Consejo de Igualdad de Género, cuya Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 aunque contiene lenguaje de género, no funciona adecuadamente, pues el presupuesto asignado a éste es mínimo y ya no tiene la rectoría en las políticas de género. En la práctica ha implicado la imposibilidad de hacer políticas públicas en todos los niveles orientadas a la garantía de derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.
Por decreto presidencial se elimina la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA) reemplazado por el llamado "Plan Familia", con vocería de una fundamentalista religiosa (Opus Dei). Centra su objetivo en fortalecer la familia tradicional (padre, madre e hijos), yéndose en contra de la Constitución que reconoce la existencia de las familias diversas y sus múltiples expresiones, bajo la premisa de la abstinencia sexual como mejor método anticonceptivo, lo que niega totalmente un enfoque de democratización de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes; sosteniéndose en un discurso adultocéntrico, homófobo y restrictivo del derecho al placer que tenemos todas las personas.
Desde el poder político se impone un discurso patriarcal, machista, violento, sexista, excluyente y descalificador hacia las mujeres autónomas e insumisas que han criticado al gobierno de AP en los últimos 10 años, a lo que se suma el aumento escalofriante de cifras de feminicidio, y en general de violencias contra las mujeres (acoso sexual, brecha salarial desigual entre hombres y mujeres, despojo de territorios, persecución y criminalización de dirigentas sociales, etc.).
Por las argumentaciones expuestas, se puede concluir que a pesar de los discursos "progresistas" de la RC, en el país se ha dado un retroceso en leyes, reformas, decretos, sentencias, designaciones, etc, configurando un escenario desalentador para las mujeres y grupos LGBTI.
Ante este grave retroceso y pérdida de derechos, nos queda como alternativa única el camino de la organización, la unidad de colectivos de mujeres y feministas a nivel local, regional y nacional en permanente movilización; toda vez que por el mundo recorre una corriente antiderechos, de la que Ecuador no se escapa en su proyecto político de opresión en todos los campos de la vida.
Frente a la "década perdida", las mujeres diversas y las organizaciones de mujeres gritamos, sostenemos y practicamos las resistencias feministas.
Entre las organizaciones de mujeres más representativas a escala nacional y regional pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres y lucha feminista se encuentran Luna Creciente con una base más indígena, Movimiento de Mujeres de la CONFEMEC de mujeres próximas a Unidad Popular; la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, movimientos indígenas de la CONAIE y FENOCIN; movimientos que se autodefinen feministas y populares, y se organizan desde mujeres que vienen de la izquierda social y política, cuentan con una base social organizada real. Interactúan en la política, algunas provienen de la lucha anti patriarcal y el esfuerzo realizado en años anteriores por re-dinamizar el feminismo del género hacia posiciones feministas radicales y de cuestionamiento al modelo neoliberal.
Retos y desafíos del feminismo ecuatoriano
La participación política de las mujeres y el trabajo no remunerado
Los últimos procesos eleccionarios del (2013 y 2014) nos muestran la sujeción de la conciencia femenina al Estado, pues muy poco queda de la conciencia anti-neoliberal – feminista, capaz de asumir una respuesta crítica a los gobiernos: la respuesta de las mujeres fue: por un lado aceptan el bono, los negocios inclusivos, los créditos, por el otro van a escuelas de formación feminista, y finalmente votan por Correa y Lasso. Acaso las mujeres empobrecidas han adoptado ideológica y políticamente estas características "camaleónicas"?.
Resulta imperativo pensar en formas alternativas de eliminación de la feminización de la pobreza y del trabajo, lo que implica la eliminación de la carga global de trabajo (trabajo remunerado más trabajo no remunerado), exigiendo que el Estado cumpla con el pleno empleo y el trabajo justo, igual salario, igual trabajo en la perspectiva de alcanzar la igualdad social y con ello la plena participación política de las mujeres en las decisiones de la cosa pública y en las elecciones para las diferentes dignidades.
Relativo a la presencia, participación y representación política de las mujeres, en los últimos años, su presencia y representación ha aumentado en número, sin embargo se cuestiona su esa representación responde al movimiento de mujeres, propuesta de feminista y demanda de género, o sólo es una voz más que representa interés individualista de grupos económicos y partidos políticos.
Es importante la representación femenina en los espacios de poder y liderazgos en la toma de decisión política de sus respectivos municipios, provincias, y países porque desde su lógica de acción, pensamiento y teoría feminista aportan a la política y al desarrollo de los pueblos y naciones.
Es de justicia exigir y presionar que las mujeres estén representadas de forma paritaria en los espacios de decisión política, en todos las Funciones del Estado, así como en los partidos políticos y organizaciones sociales, y ello en todos los niveles, estatal, regional y local. Pero más importante, que quienes las representen estén formadas en la teoría feminista y lleven las demandas del movimiento e mujeres con una incidencia en la transformación de las actuales estructura inequitativas.
Es necesaria una participación cualitativa de mujeres, traducida su voz e intereses no sólo en las "políticas blandas" o tradicionales (Asuntos Sociales, Mujer, Infancia), sino en las áreas "clave" para el Estado (Interior, Finanzas, Seguridad, Fomento, Desarrollo productivo etc.).
La economía popular-solidaria y del Cuidado
La despenalización del aborto y la lucha en contra de todas las violencias
La constitución del 2008 si bien es una constitución garantista de derechos, esos derechos son interpretados desde la lógica neoliberal, reduccionista y patriarcalista impidiendo la autonomía del cuerpo de las mujeres, circunstancia que se ha visto agravada con el aumento incontrolable de todo tipo de violencias de género desde la institucionalidad estatal e ingerencia del fundamentalismo religioso (católico, protestante y demás sectas).
La resistencia feminista y el planteamiento de otras posibilidades de convivencia
Los resultados electorales del 2013 y 2014 marcan un punto de inflexión entre la derrota de los feminismos críticos, progresistas y de izquierda, de ahí la necesidad urgente e imperativa de:
1.- Aunar esfuerzos y criterios de unidad y consensos entre las organizaciones de mujeres nacionales, regionales y locales progresistas y de izquierda en la defensa de los derechos de las mujeres, estableciendo diálogos con otros sectores sociales y otras capacidades con demandas políticas, ecológicas, culturales en función de caminar hacia otro Estado popular.
2.- Avanzar en cambios profundos orientados al derrumbe de las estructuras capitalistas, machistas y patriarcales, ajustando en las demandas del feminismo, las necesidades básicas de mujeres indígenas, montubias, campesinas, urbano-marginales y jefas de hogar, de la mano de las luchas de los movimientos sociales, indígenas y organizaciones de la sociedad civil organizada.
3.- Confrontar al Estado patriarcal-capitalista con acciones de resistencia nacional e internacional, encuentros deliberativos y presentación de demandas y exigencias descolonizadoras.
4.- Resistencias socio-ambientales y defensa de los territorios locales frente a proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales llevados ca cabo por empresas transnacionales dentro de un modelo neoliberal desarrollista-extractivista, asentado en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas de la sierra y oriente.
En definitiva, el debate está abierto, a las puertas de un nuevo proceso eleccionario que se avecina en el 2019, espacio político en el que las organizaciones de mujeres y las feministas deberemos cumplir un rol protagónico en la presencia y cambio del modelo de gobernabilidad.
Autor:
Dra. Mireya Lara Saavedra
Riobamba, noviembre 03 de 2017.
JERE
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