Crisis y Transformación del Sistema Político Venezolano. Actualizado 2013

Introducción

En el presente informe se hace especial hincapié en el análisis de la evolución histórica de la forma del Estado y las teorías sobre el mismo, así como en la descripción de las características fundamentales del Estado Moderno, en base al cual pervive la actual división política mundial. Se tratará también de precisar su significado y distinguirlo del de otros términos que, aunque a veces son apropiados para referirse a la misma realidad a la que aludimos al hablar de Estado, no son completamente asimilables a aquél, como Nación, País o Patria. Resulta difícil esbozar una definición del Estado que tenga en cuenta sus múltiples dimensiones y sea unánimemente aceptada.

El concepto Weberiano, está basado sobre todo en la primera de estas dimensiones, la económica. La situación de clase es una determinada posición en un mercado, que define objetivamente las posibilidades de acceder a determinados bienes y oportunidades que circulan en éste; el aspecto más característico de una posición de clase, en términos de Weber, es precisamente la clase de oportunidades vitales que se abren a los miembros de la misma a partir de la posesión o no de determinados tipos de bienes, y a la manera en que explotan estos en un mercado.

La Forma de Estado Venezolano se ampliará y explicará la figura del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también se debe dar cuenta de la evolución jurídico-constitucional del Estado Moderno.

La Crisis y Transformación del Sistema Político Venezolano está compuesto en varias crisis que tuvo el país como Crisis del Modelo Sociopolítico, Sistema Político Venezolano, Modelo Rentista, Modelo Socioeconómico y de las expectativas sociales, Modelo de Representación y de Legitimidad y Mecanismos de Generación de Consenso y de Canalización del Conflicto.

La Evolución Histórica trata de la época precolombina hasta los presidentes que tuvo el país desde 1829 hasta la actualidad.

Definición de Estado Moderno

El Estado es la forma de organización política más extendida entre las comunidades humanas, y su complejidad como hecho ligado a la dimensión social del hombre le hace susceptible de ser analizado desde múltiples perspectivas, que incidirán en uno u otro de sus aspectos relevantes. Así, su estudio no constituye un patrimonio exclusivo de la ciencia política, rama del saber que se ocupa de los fenómenos de poder, sino que compete igualmente a otras ciencias sociales, como la Historia, que lo estudia en su dimensión de fenómeno histórico de carácter universal; la Sociología, cuyo enfoque radica en determinar sus relaciones con la sociedad civil; la Filosofía, centrada en la especulación acerca del concepto teórico y ético del Estado, o el Derecho, al cual interesa en su vertiente jurídica e institucional..

Concepto Weberiano

De acuerdo con Weber, la sociedad se estratifica como un continuo a lo largo de tres dimensiones paralelas: la económica, la política y la social. Hasta cierto punto, su modelo es afín a la imagen vulgar de la estratificación, aunque define de manera rigurosa las variables que emplea. De acuerdo con el concepto de Weber, las clases objetivas no necesariamente se corresponden con las identificaciones subjetivas efectuadas por los individuos, sino que se definen por las oportunidades que se les ofrece en los mercados su dotación de capital. "Las dimensiones son: "el "estatus económico", que equivale a la riqueza, es decir, a los ingresos y el capital del que se dispone; la mayor diferencia entre las clases se concentra no en el nivel de ingresos aunque las disparidades en éste pueden ser de hasta un 1000% entre el quintil superior y el inferior en las sociedades industriales modernas, sino sobre todo en el volumen y la estructura del capital del que se dispone. La clase media normalmente no dispone de suficiente capital como para dedicarse simplemente a recibir el interés que produce, sino que debe implicarse activamente como empresaria en la gestión de éste, como comerciante o industrial en pequeña escala por ejemplo. Weber distingue además los poseedores de capital económico de los poseedores de habilidades especiales por las que pueden obtener un precio relativamente elevado y un cierto grado de control sobre el mercado en el que ejercen, el "estatus político", que equivale al poder; aunque es más difícil definir el poder en términos formales o cuantificables que la riqueza, equivale en términos generales a la capacidad que se posee de determinar, directa o indirectamente, la acción de otros. En el modelo de Weber, el poder se concentra sobre todo en el ámbito de la política, a través de la legislación y del monopolio legítimo de la violencia que concentra el Estado. Al estar el control del Estado en manos de una élite, la distribución desigual del poder se concentra en éstos; el "prestigio", la capacidad de influir sobre la acción ajena a través de la impresión carismática que uno produce. El prestigio puede codificarse en medios institucionales, como los términos o títulos honoríficos que se conceden legalmente, o simplemente ejercerse en la interacción social. La similitud objetiva entre individuos tiende a definir trayectorias y conjuntos de experiencias afines entre éstos, aunque los valores que los individuos adscriban subjetivamente a estaos sean diferentes. A la vez, la posesión de determinados tipos de bienes define la posibilidad de actuar en determinados mercados, y recibir en ellos determinados beneficios, que a su vez constriñen los conjuntos futuros de posibilidades vitales.

La Forma de Estado Venezolano

El Estado Moderno es una forma de organización política surgida históricamente en Europa, contrapuesta a la atomización y pluricentrismo del orden feudal, propugnando la concentración del poder político en un centro único y soberano. Esta forma política en lo económico afianzó la economía capitalista y un sistema de estratificación social poroso que refleja el ascenso de la burguesía como clase social opuesta a la rigidez de los estamentos feudales y privilegios aristocráticos.

A su vez, El Estado Moderno evolucionó en el tiempo en varias direcciones: Una de ellas, el Estado Liberal, ésta forma consolidó el ascenso político de la burguesía y del capitalismo industrial en lo económico, al tiempo que significo la reacción frente a los absolutismos monárquicos. En el campo de las ideas el racionalismo, el utilitarismo y el iusnaturalismo fundamentaron doctrinariamente al Estado Liberal e impulsaron los procesos de la Revolución Francesa, La Independencia Norteamericana y la Revolución Industrial Inglesa.

El Estado Liberal de Derecho entra en crisis como resultado de los agudos conflictos y tensiones que tuvieron lugar en el periodo que transcurrió entre 1914 y 1939; caracterizado por la revolución bolchevique de 1917, la crisis de la ideología liberal, la feroz competencia imperialista entre las potencias, el surgimiento de fuertes sentimientos nacionalistas tanto en Europa como en otras regiones, el ascenso de los movimientos socialistas y comunistas y el surgimiento del nazismo y el fascismo. Los intentos por sortear la crisis, lejos de apuntalar los fundamentos liberales del Estado de Derecho lo socavaron aún más.

Como resultado, el intervencionismo estatal se constituyo en una nota definitoria de la acción del Estado para la conducción de la economía y la generación de condiciones de bienestar.

Así El Estado Social que toma cuerpo, es la superación del Estado Liberal mas no su negación, sino su adaptación a las exigencias de la sociedad post-industrial y las nuevas condiciones del sistema neo-capitalista. El Estado Social de Derecho aparece claramente configurado en la Constitución de la República Federal Alemana de 1949, extendiéndose rápidamente como modelo en la ingeniería constitucional de otros Estados. El Estado Social de Derecho adquiere diferentes notas constitutivas, resultado de los nuevos campos de acción pública que debe acometer. En algunas de ellas perfecciona al Liberal y en otras, reafirma su carácter de Estado Social.

Es un Estado orientado a la distribución de la riqueza social, para lo cual, el Estado a la vez que asume el rasgo de empresario, regula el crecimiento económico y orienta el proceso conforme unos objetivos nacionales trazados en la formulación de los planes nacionales. Pero además, extiende la democracia como ejercicio no solo de derechos políticos, la democracia formal; sino que propicia condiciones para la socialización de la esfera estatal, lo que se expresa en democracia económica y social; orientando sus políticas al aumento del consumo y el bienestar social, el pleno empleo, el crecimiento constante y la promoción de la economía de mercado. Como Estado de Derecho acoge la división de poderes, pero introduce una variante respecto del modelo clásico liberal, ya que la separación funcional de poderes es sustituida por funciones compartidas. En el Estado Social, se fortalece y gana autonomía la Administración Pública Central como poder, y los partidos y organizaciones sociales como instancias de representación de intereses de la sociedad. Como rasgos políticos de ésta forma de Estado su estrecha ligazón a la democracia representativa como régimen político y la idea de justicia que viene a contener al menos dos dimensiones, por una parte el control judicial de los actos administrativos, la constitucionalidad de las leyes y el carácter de la guarda Constitución por los jueces. Por la otra, la progresiva realización de la igualdad con base en el principio de funcionamiento de la democracia asociado a los regímenes de derechos, que postula la participación proporcional en función de diferencias relevantes, la reparadora de diferencias relevantes y dar a cada uno según sus necesidades.

En el contexto venezolano, si bien la Constitución Nacional de 1961 no definió de forma expresa el carácter de Estado Social, no obstante definió un extenso marco de normas y principios de carácter social y económico que así lo definen. Pero, es la Constitución vigente de 1999 la que recoge por primera vez y de manera expresa en su articulado la definición de Estado Social de Derecho (Art. 2), y va más allá al equiparar los rasgos democrático, Social y de Derecho y Justicia.

En síntesis, podríamos establecer las siguientes definiciones de cada uno de los enunciados que definen la forma de Estado consagrado en la Constitución de 1999:

El Estado Democrático: Es el marco de un sistema político que respeta principios fundamentales, como son: la separación de los poderes públicos, la elección de representantes y gobernantes y cualquier otra expresión que determine la voluntad popular. Consideran la existencia de mecanismos validos que reconocen y garantizan la expresión de la voluntad popular.

El Estado Social: Es un enunciado que permite establecer la vinculación de las acciones gubernamentales con los derechos sociales reconocidos formalmente en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

El Estado de Derecho: Es una forma política de Estado, cuyo poder y actividad están limitados por el Derecho. La expresión Derecho establece un orden jurídico racional basado en un régimen de derechos fundamentales (libertades individuales, propiedad privada, seguridad jurídica, entre otros.), la división de poderes y la autoridad de la ley como principios jurídicos que lo configuran. Completando con la reserva legal, la irretroactividad de la ley, la independencia de los jueces en la aplicación de justicia, la jerarquía de las normas dentro del orden jurídico, la legalidad de los actos administrativos y la justicia constitucional; estableciendo la sujeción de todas las actuaciones de los organismos públicos al marco constitucional y legal de un país, y la regulación de sus relaciones con la sociedad.

El Estado de Justicia: Es el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; y la existencia de un aparato de administración de justicia que responda a las necesidades de control jurisdiccional de las actuaciones de los poderes públicos y de los ciudadanos y a la efectiva defensa y protección de los derechos humanos mediante la actuación legitima de jueces y magistrados de la República.

Estado Federal Descentralizado: Corresponde con una forma de concebir el Estado, en la cual se reconocen distintas autoridades con autonomía política, administrativa y territorial, que se organiza tomando en cuenta la distribución de competencias y servicios, según distintos niveles de gobierno (Nacional, Sedal y Municipal).

Además, la nueva Constitución de 1999, agrega otros Poderes a saber:

El Poder Constituyente: Poder extraordinario que representa la voluntad soberana porque promueve modificaciones radicales de la estructura del Estado, siendo sus límites los principios democráticos y los derechos inalienables de la persona humana. Es soberano, porque no está sometido a otro poder ni subordinado a otra fuerza o autoridad y es originario o primario, porque deriva directamente de la voluntad del pueblo quien la manifiesta mediante un hecho revolucionario o por un mecanismo previsto en la constitución o en las leyes.

El Poder Público: Poder conferido al Estado para la realización de sus fines y se transformó a una estructura de cinco poderes: El Ejecutivo, El legislativo, El Judicial, El Electoral y el Poder Ciudadano.

• El Poder Legislativo dicta la Ley.

• El Poder Ejecutivo la ejecuta y vela por su cumplimiento.

• El Poder Judicial la interpreta y le da aplicación en los conflictos surgidos entre individuos, o entre individuos y el Estado.

• El Poder Electoral organiza, administra, dirige y vigila todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular, así como de los referendos, y

• El Poder Ciudadano previene, investiga y sanciona los hechos contra los derechos humanos, la ética pública y la moral administrativa, así como vela por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público.

Crisis y Transformación del Sistema Político Venezolano

Por más de tres décadas, la democracia venezolana funcionó con éxito, sobresaliendo, junto Con Colombia y Costa Rica, en un contexto latinoamericano signado por la recurrencia de gobiernos dictatoriales. No obstante, a partir de 1989 el país se sumergió en una severa crisis, que sembró dudas acerca del llamado "excepcionalismo" venezolano. En la actualidad han resurgido viejas inquietudes acerca de las condiciones y posibilidades de funcionamiento del orden democrático en el país. Los analistas se preguntan ¿cuáles son los determinantes de la crisis del sistema político venezolano?, ¿qué lecciones se pueden extraer de los logros y de las deficiencias de los 35 años de régimen democrático en el país?, ¿qué perspectivas de corto y mediano plazo se le plantean al sistema político venezolano?, ¿qué condiciones son necesarias para garantizar la estabilidad y legitimidad de la democracia en Venezuela?

Los Segundos Gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera El quinquenio 1989-1993 fue uno de los más dramáticos de nuestra historia democrática. Entre los eventos críticos o especiales ocurridos durante ese lapso destacan, en orden cronológico, el anuncio y puesta en marcha de un severo programa de ajuste económico en 1989. El estallido social del 27-28 febrero de 1989. La realización, por primera en el país, de elecciones directas para seleccionar gobernadores y alcaldes en 1989 y 1992 y el cambio en las reglas electorales. Los dos intentos de golpe de Estado de Febrero y de Noviembre de 1992. El fracasado empeño de promover una reforma general de la Constitución en 1992. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de mayo de 1993 de suspender de sus funciones del Presidente Pérez para dar curso a un juicio por peculado y malversación de fondos públicos. La presidencia provisional de Ramón José Velázquez. La ruptura de la dinámica bipartidista y los altos índices de abstención de las elecciones nacionales de diciembre de 1993.

Por su parte, el gobierno del Presidente Caldera, electo en diciembre de 1993, también confrontó serias dificultades, fundamentalmente en la esfera económica. Antes de la toma de posesión del nuevo Presidente, estalló una crisis financiera sin precedentes en el país, caracterizada por sucesivas olas de quiebras e intervenciones bancarias a lo largo de 1994 y 1995. En junio de 1994 el gobierno tomó la decisión de cerrar el mercado cambiario y de establecer un régimen de control de precios y de cambios diferenciales. En la misma fecha se suspendieron las garantías constitucionales, lo cual ocasionó un agudo enfrentamiento con el Congreso, cuando el mismo intentó restituirlas. Las dificultades económicas llevaron al gobierno a considerar la puesta en marcha de un nuevo programa de ajuste económico y a entablar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que la campaña electoral de Caldera se basó, en buena medida, en la crítica al gobierno de Pérez por haber seguido las recomendaciones de ese organismo. La gravedad de los eventos vividos durante el segundo gobierno de Pérez y las dificultades del segundo gobierno de Caldera llevan a reflexionar acerca del peso específico de las decisiones adoptadas por el liderazgo de estos lapsos en la ocurrencia de la crisis del sistema político venezolano. Igualmente sugieren que esa crisis se estaba gestando con anterioridad, con la modificación de las condiciones básicas de sustentación del orden democrático establecido en 1958.

La Crisis del Modelo Sociopolítico:

Desde inicios de los años 80, el país comenzó a experimentar la crisis del modelo rentista; el deterioro de las expectativas de bienestar colectivo; y la pérdida de legitimidad y confianza en las principales organizaciones partidistas y de otro tipo que hicieron posible el orden democrático. La interacción estos procesos subyacentes con las decisiones y acciones adoptadas durante los gobiernos de 1989 en adelante, concurrieron para generar desajustes severos en la antes estable democracia venezolana.

El análisis que sigue constituye un esfuerzo por caracterizar y comprender las transformaciones recientes del sistema político venezolano, y en particular responder a la pregunta por qué el mismo entró en crisis. Este trabajo se divide en tres secciones: en la primera se presentan algunos rasgos generales del sistema político venezolano tal como funcionó desde 1958 hasta 1989 aproximadamente. En la segunda, la sección más extensa, se examina su crisis. Y en la tercera, a modo de balance, se exponen algunos retos de corto y mediano plazo que se le plantean a la democracia venezolana.

Crisis del Sistema Político Venezolano

Las últimas consideraciones llevan a prestar atención a las transformaciones ocurridas en el modelo sociopolítico, en particular al llamado sistema populista de conciliación de élites. De acuerdo con Rey, cuando ocurre una modificación adversa en cualquiera de las variables básicas del modelo (renta petrolera, expectativas societarias y representatividad de las organizaciones) se produce una amenaza a la estabilidad del sistema que puede ser razonablemente compensada. No obstante, cuando surgen modificaciones negativas simultáneas en los tres factores, el sistema sociopolítico se encuentra en una situación límite, en una crisis. La hipótesis central de este capítulo es que se ha alcanzado esa situación.

Crisis del Modelo Rentista:

El modelo de desarrollo venezolano implantado desde mediados de los años 40 ha sido caracterizado como de capitalismo rentista. Este modelo, como es bien conocido, ha dependido directamente de la dinámica de la industria petrolera, la cual se instaló en el país desde los años 20 de este siglo. Hasta la nacionalización de la industria en 1976, la misma fue manejada por empresas multinacionales, las cuales contribuían al Estado a través del pago de los impuestos que fijados por concepto de explotación de los hidrocarburos. Las cambiantes relaciones entre el Estado y las empresas multinacionales se verificaron a través de las diversas modificaciones en la legislación petrolera e impositiva. La explotación petrolera se vincula con la economía y la sociedad como actividad productiva y como fuente rentística. Como actividad productiva incorpora trabajo, tecnologías, equipos y maquinarias, genera empleo y demanda bienes y servicios producidos en el país. Por el otro lado, la explotación petrolera ha sido una fuente de renta internacional exigida por el Estado venezolano, en tanto propietario de los recursos petroleros explotados en el territorio nacional.

Desde la instalación de la industria petrolera en el país, se verificó un proceso de pérdida de importancia relativa de la dimensión productiva del negocio petrolero, y el progresivo predominio de la dimensión rentística. Sin embargo, a lo largo de los años 80 tuvo lugar el colapso de la renta como fuente exclusiva de sostén del crecimiento económico. Ello resultó de la combinación de varios Procesos. De un lado, la inestabilidad y tendencia al decrecimiento de los precios en el mercado petrolero, y de los patrones de oferta y demanda internacional de hidrocarburos. Por otro lado, del incremento y complejización de los compromisos económicos y sociales del Estado venezolano. Finalmente, el crecimiento de la población y de sus consecuentes necesidades, también tornaron insuficiente el aporte petrolero. Esta limitación se hace evidente en el hecho de que en 1981 los ingresos petroleros per cápita alcanzaban a $ 1.631, mientras que 1993 descendieron a $ 529.

Las consecuencias de la operación del modelo rentista en la dinámica económica, sociopolítica, cultural, institucional del país han sido profundas, contradictorias y variadas.9 El Estado se amoldó y se formó según esta dinámica (Blanco, 1993: 63-81). El modelo rentista lo eximió de enfrentar la disyuntiva de extraer recursos de un sector de la sociedad para transferirlos a otro. El origen externo del ingreso fiscal y su abundancia permitieron atender de manera relativamente satisfactoria, aunque desigual, las demandas y expectativas de diversos sectores sin generar los conflictos distributivos característicos de otras realidades, y sin incluir significativamente consideraciones de eficiencia y productividad en la asignación de recursos.

El Estado utilizó varios mecanismos para transmitir esta renta al conjunto de la sociedad y para incidir en el modelado de la misma. En primer lugar, la distribución del ingreso fiscal a través del gasto público. Este gasto público se tradujo tanto en sueldos y salarios (gasto corriente), como en inversión productiva y en infraestructura (inversión pública), y en una multiplicidad de préstamos, subsidios, exoneraciones con los cuales se procuró transferir directa e indirectamente recursos fiscales a diversos sectores de la población. En segundo lugar, la sobrevaluación del tipo de cambio y la libertad cambiaria, que permitieron subsidiar la compra de moneda extranjera y la adquisición de insumos, bienes y servicios en el exterior, especialmente para apoyar la industrialización por sustitución de importaciones. Finalmente el bajo nivel de tributación interna, en particular el bajo nivel de contribución al impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas, a excepción de la industria petrolera. El uso de estos mecanismos se basó en la aplicación de tres reglas relativamente sencillas para la toma de decisiones y manejo de la política macroeconómica: el gobierno gastaba lo que ingresaba; el tipo de cambio se mantenía fijo y único respecto del dólar; las tasas de interés también se mantenían fijas.

En este modelo el Estado adquirió una discrecionalidad, centralidad y visibilidad extremas. En ello confluyeron el manejo relativamente autónomo de ingentes recursos de origen externo, el predominio de la ideología del Estado de bienestar, y la debilidad económica del sector empresarial. Se desarrolló un Estado hiperactivo, cuya vocación intervencionista se plasmó después de 1958 en el veloz crecimiento de la administración descentralizada, compuesta por aproximadamente 400 entes de variada forma jurídica. El Estado asumió las funciones convencionales de un Estado liberal, como orden interno, justicia y soberanía nacional; las de el Estado de bienestar, como inversión en infraestructura vial, agua, energía eléctrica, educación, salud y previsión social; hasta la intervención directa en actividades poco convencionales, como producción de azúcar y productos lácteos, las industrias del aluminio, hierro y petróleo, o la gerencia de hoteles, líneas aéreas, compañías de seguros y bancos. Tanto el gobierno central como la administración descentralizada se convirtieron en importante fuentes de ineficiencia y de corrupción. La administración descentralizada se amoldó a la tarea de satisfacer diversos intereses socioeconómicos e incluir sectores específicos en la formulación de la política pública, creándose, como ya se mencionó, un sistema semicorporativo de toma de decisiones. Este sistema introdujo rigideces en el proceso de toma de decisiones, puesto que los gobiernos, con independencia de su afiliación partidista, siguieron la rutina establecida de crear dispositivos de consulta multilateral para formular políticas públicas. Estos entes consultivos estaban compuestos por actores cuyo peso y representatividad sociopolíticas fue decreciendo progresivamente, como es el caso de los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y de Fedecámaras; al tiempo que la representación y mediación de los demás intereses societales se ejerció casi exclusivamente por parte de los funcionarios del gobierno central.

Al recortarse el ingreso petrolero tanto en términos absolutos como relativos, se produjo una reducción concomitante de la capacidad del Estado para atender diversas demandas sociales y para expandirse hacia nuevos ámbitos. La hipertrofia estatal generó ineficiencias múltiples que se reforzaban entre sí. Igualmente el Estado se vio obligado a cumplir con una variada gama de compromisos, que se convirtieron en costosos lastres políticos, sociales y económicos para el desempeño de la función pública. La enorme visibilidad del Estado venezolano hizo que el mismo fuera directamente responsabilizado por las penurias económicas de los sectores afectados por la disminución de los recursos fiscales, lo que acentuó el descrédito de los gestores públicos tradicionales. Durante variasDécadas, aun antes de instaurarse la democracia en el país, el dinamismo impuesto por la renta petrolera y su transmisión al conjunto de la sociedad produjeron niveles altos y constantes de desarrollo socioeconómico. El modelo se basó en la distribución y, en menor medida, creación de riqueza, que sirvió para asegurar al conjunto de la población niveles aceptables de bienestar. El crecimiento económico fue el supuesto que sostuvo el estilo consensual de resolución de los conflictos sociopolíticos. Sin embargo, la insuficiencia de la renta petrolera y la limitación de la acción estatal para atender las demandas de los diversos sectores sociales modificaron los supuestos del modelo sociopolítico y, en consecuencia, las reglas que lo rigen y las relaciones entre los actores.

Se pasó de una situación en la que los recursos fiscales se distribuían sin mediar las consideraciones de prioridades, costos y oportunidades, a la necesidad de competir por recursos cada vez más escasos. La sociedad venezolana se encuentra en transición desde una situación asimilable a un juego suma-variable positivo, en el que los actores podían repartirse los beneficios de un ingreso en continuo aumento, a una situación semejante a la de un juego suma-cero o suma-constante-negativo, donde las ganancias de unos representan las pérdidas de otros, o donde habrá que repartirse las pérdidas. Ello significa que, a diferencia del pasado, se hace cada vez más difícil asegurar la armonía social y política a través del ingreso petrolero y de la función mediadora del Estado.

A raíz de la crisis del modelo rentista, se pusieron en marcha procesos de reestructuración del sector público, como la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal y tributaria, la liberación de las tasas de interés, la unificación del mercado cambiario y la desregulación de la política comercial. El Gran Viraje, programa de transformación estructural propuesto por el gobierno del Presidente Pérez, intentó la redefinición de las prioridades, mecanismos y reglas de la acción estatal. Los nuevos lineamientos también afectaron a la industria petrolera, a través de la política de apertura, mediante la cual se procedió a incorporar capitales privados, locales y extranjeros, en diversas fases del negocio petrolero.

El contexto de escasez de recursos genera tensiones y frustraciones, que no son fácilmente canalizables a través de mecanismos, instituciones y reglas originalmente diseñados para tiempos de abundancia. La negociación para poner en marcha estas modificaciones ha sido lenta y conflictiva y ha estado caracterizada por las marchas y contramarchas. El modelo rentista, tanto en su dimensión estrictamente económica, como en sus consecuencias más difusas en los ámbitos cultural, institucional e ideológico permea a la sociedad venezolana y al proceso de formulación de políticas públicas.

Crisis del Modelo Socioeconómico y de las Expectativas Sociales.

La experiencia democrática se inició en Venezuela en una situación de precariedad institucional y de carencia de prácticas y hábitos pluralistas. De este modo, el liderazgo político, además de resaltar los valores intrínsecos de la democracia, tales como la libertad de expresión o el derecho a elegir las autoridades públicas, se apoyó en el desarrollo de mecanismos utilitarios de integración al régimen político como fórmula para generar apoyos al mismo.

Se estableció una correspondencia estrecha entre la democracia política y el desarrollo socioeconómico. Se argumentaba que la democratización de los canales de acceso al gobierno y al Estado, mediante elecciones regulares e imparciales, debía promover la democratización de la política económica y social, y el disfrute general de la riqueza social.

Los abundantes recursos fiscales hacían viable tal relación. La apuesta, tácita o explícitamente formulada, era que en la medida en que el régimen democrático fuese capaz de demostrar su superioridad al generar mayor riqueza social y garantizar mayores niveles de bienestar a la población, el mismo sería preferido frente a las opciones autoritarias, y se podría asegurar la confianza de la población en dicho orden. A su vez, en el mediano y largo plazo, ese vínculo inicialmente basado en consideraciones de carácter utilitario, debería transformarse en un vínculo valorativo, una vez que quedaran demostradas las ventajas del orden democrático.

Estos criterios se tradujeron en la formulación de políticas públicas, en particular de la política social. Se le asignó un papel fundamental al Estado en el diseño y puesta en práctica de la misma. Más que la eficiencia en el uso de los recursos, se enfatizó su capacidad para generar adhesiones; y la política social se adscribió estrechamente a las funciones de incorporación de la población al modelo sociopolítico, y a la legitimación de la democracia y de sus actores y procesos claves. La mediación entre la población y el Estado en el campo de la política social se ejerció a través de los partidos políticos y de las organizaciones gremiales y sindicales, asociadas con la formulación o prestación de los servicios sociales.

El Estado creó una extensa y compleja red asistencial a la cual accedió la población, si bien el disfrute de los servicios ofrecidos ocurrió de manera desigual dependiendo de su cobertura y calidad. Como resultado más visible de este estilo de formulación y puesta en práctica de la política social, a los años 60 y 70 se elevaron los índices de alfabetización, escolarización, salubridad, natalidad, consumo calórico, crecimiento sociobiológico, etc. Aun cuando las brechas entre los sectores más favorecidos y los de menos recursos se mantuvieron, a lo largo de esas décadas, la población de menores recursos logró elevar sus niveles de vida. Esa mejoría en la distribución de la riqueza se evidencia en el índice relativo a la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional o en los coeficientes de concentración del ingreso. Dada la distribución desigual del ingreso, las transferencias de recursos y las políticas asistenciales componían una parte más significativa del ingreso de los sectores de menores recursos que el de los de mayores recursos. La elevación del nivel socioeconómico individual, familiar y grupal de importantes sectores de la población, no sólo generó modificaciones de status en sentido positivo, sino grandes expectativas acerca de la potencialidad del modelo socioeconómico para seguir alimentando esa marcha ascendente e ininterrumpida en el disfrute del bienestar colectivo. La ecuación optimista entre desarrollo económico y régimen democrático logró implantarse y producir beneficios.

No obstante, la combinación entre recursos fiscales menguados, ajustes en el mercado laboral, ineficiencias acumuladas en el uso de los recursos disponibles y la progresiva pérdida de autonomía de la política social en favor de los intereses partidistas y gremiales, derivaron en los años 80 y lo que va de los años 90 en estancamientos y/o decrecimientos en los principales indicadores de bienestar individual y colectivo.

Tuvo lugar el decaimiento de los indicadores sociobiológicos fundamentales de la población. Igualmente se produjo la quiebra de servicios públicos fundamentales como los sistemas de salud, educación, justicia, vivienda, agua, drenaje y basura. A pesar del enorme volumen de recursos invertidos, la política social desarrollada a partir de 1958 mostró deficiencias intrínsecas, las cuales se evidenciaron y potenciaron en una situación de escasez fiscal.

El indicador sintético más contundente de este decaimiento es el crecimiento de la población en situación de pobreza. La proporción de hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza se incrementó de 17,73 por ciento en 1981 a 34,64 por ciento en 1991. Dentro de este grupo, la proporción de hogares en situación de pobreza extrema pasó de 3,67 por ciento en 1981 a 11,18 por ciento en 1991, mientras los hogares en situación de pobreza crítica pasaron de 14,06 por ciento en 1981 a 23,46 por ciento en 1991. Según datos más recientes, en 1994 del total de la población del país, el 48,9 por ciento se ubica en una situación de pobreza y el 21,63 por ciento en situación de pobreza extrema (Ministerio de la Familia, 1994).

Los mecanismos de mercado, la intervención del Estado y los esquemas político-organizativos convencionales mostraron su fragilidad y limitaciones para transmitir eficazmente recursos a la sociedad, y para asegurar niveles adecuados de bienestar a la población. Ello obligó a proponer modificaciones a la política social, que vinieron asociadas con el programa de ajustes del gobierno del Presidente Pérez y con la necesidad de mitigar los impactos negativos inmediatos que el mismo acarreó a la población de menores recursos.

Si bien las señales de declive socioeconómico eran evidentes a mediados de la década de los años 80, especialmente después del llamado "viernes negro" de febrero de 1983, cuando ocurrió la devaluación drástica del bolívar y el cierre del mercado cambiario, los gobiernos del esos años no emprendieron programas serios y sistemáticos de ajuste económico. No obstante, la población siguió confiando masivamente en el régimen democrático y en sus principales gestores, AD y Copei, quienes siguieron recibiendo amplios márgenes de respaldo electoral.

Sin embargo, al calor del deterioro acumulado de las condiciones de vida de la población, se estaba gestando una peligrosa desafección respecto de la democracia. El estallido del 27 de febrero de 1989 fue interpretado por muchos como una dramática señal del descontento de la población y de la peligrosidad del mismo para la estabilidad de la democracia; igualmente las simpatías despertadas por los golpistas del 4 de febrero de 1992. La quiebra del modelo socioeconómico y la frustración de las expectativas de mejoramiento socioeconómico individual y colectivo erosionaron la adhesión de la población al régimen democrático y a sus principales actores e instituciones, revelando la vulnerabilidad del vínculo establecido entre las condiciones socioeconómicas y la integración sociopolítica.

Las relaciones entre la esfera económica y la política no son lineales ni inmediatas; pero existen. Así como la población tardó en reaccionar en contra del status quo sociopolítico, a pesar del decaimiento socioeconómico, es difícil que recupere su confianza en el mismo, aun en el caso de que presentaren señales de mejoramiento socioeconómico. El decaimiento económico de más de una década ha producido un profundo descrédito en el liderazgo societal, difícil de superar en el corto plazo; con ello la adhesión a los gobiernos democráticos y al régimen como un todo se ha desgastado.

Crisis del Modelo de Representación y de Legitimidad.

Como ya fue dicho, una de las variables cruciales para el funcionamiento de la democracia en Venezuela, bajo la fórmula del sistema populista de conciliación de élites, fue la existencia de un número relativamente pequeño de organizaciones confiables, caracterizadas por su habilidad para agregar, canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la población. Junto con esas organizaciones, el país contó con un liderazgo hábil, representativo y capaz de generar acuerdos entre sí. La canalización de la participación política a través de estas organizaciones (partidos, gremios, asociaciones de intereses) y de sus líderes, generó una democracia "hiperorganizada y elitista". No obstante, en la actualidad los partidos más poderosos, Acción Democrática y Copei, así como las principales asociaciones de representación de intereses específicos, como Fedecámaras para el sector empresarial y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para el sector sindical, han perdido gran parte de su capacidad para agregar, canalizar y manejar las demandas de los sectores a los que supuestamente representan. Ello coloca a una amplia porción de la población al margen de las organizaciones existentes.

Por otro lado, en la medida en que los intereses y expectativas sociales se han complejizado y diferenciado, los diversos grupos requieren de una mayor gama de agrupaciones para representarlos. Ello incrementa el número y diferencias de los actores involucrados, fracciona el liderazgo nacional y sectorial, y genera patrones de negociación más complejos, costosos e impredecibles.