La cooperación Universidad-Empresa-Estado en el Perú (página 7)

Partes: 1, 2, , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

TABLA No.26

ESTRUCTURAS TRIBUTARIAS EN AMÉRICA LATINA (1)

(1) No incluye contribuciones sociales. Considera aquellos tributos que constituyen ingresos del Gobierno Central.

Fuente: FMI, Administraciones Tributarias de los países. Elaboración SUNAT.

E3. CONTINUAR CON REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DEL ESTADO.

Privatizar en principio es bueno, es positivo. Principalmente, esto hace que, de alguna manera, el Estado se retire de la actividad económica productiva y se dedique más a lo que la sociedad lo exige: promover y regular, dejando la actividad de producción de bienes y servicios al sector privado. No todos los momentos son buenos para privatizar, ahora la economía está en una encrucijada, hay una crisis económica en donde existen deudas, pero también existen bienes que se pueden transar. El ingreso de éstos bienes permitirá bajar el nivel de endeudamiento, de tal manera que los efectos de la crisis se pueden suavizar. Si se va esperar el mejor momento para vender las empresas, éste nunca va a llegar. Por tanto, parte de la crisis es consecuencia del tamaño del Estado, por ello éste debe reducirse. Parte de esta reducción es la privatización. Hay dos efectos positivos en este proceso: El primero se da en las actividades productivas: al pasar a una lógica privada, se llega a una mayor eficiencia para la sociedad en general; El segundo efecto, consiste en la reducción del Estado: disminuye la carga para el sector formal, y éste crece. Por consiguiente en este sentido es necesario desarrollar en los próximos 4 años:

1. Diseñar un plan de acción para la reducción o fusión de organismos públicos, nombrando una comisión responsable del más alto nivel para su ejecución.

2. Mantener al Estado como promotor de la actividad privada y no como actor, delegando poderes del aparato burocrático.

3. Reducir y a la vez fortalecer el tamaño del Estado. Para ello, concluir con las privatizaciones pendientes e impulsar la política de concesiones, entre otras medidas.

4. Fijar objetivos anuales y quinquenales con plazos y metas medibles.

El Gobierno de turno a través del "Acuerdo Nacional", se ha comprometido en este aspecto():

Vigésimo Cuarta Política de Estado

Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente

Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos una adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores.

Con este objetivo el Estado:

(a) incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población;

(b) establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal;

(c) dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno;

(d) pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno;

(e) erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas;

(f) mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles;

(g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; y

(h) revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.

Así sea. Tomamos nota, que ojalá en el mediano plazo se cumplan estos objetivos. Elemento fundamental en el apoyo a la cooperación –Universidad–Empresa-Estado.

E4. INTENSIFICAR PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES.

Existe experiencia internacional exitosa que respalda esta propuesta. Pero pésima en el mercado interno por el mal manejo que se hizo del Electro Sur en Arequipa. Resulta sumamente importante que la población internalice los beneficios provenientes de las empresas privatizadas y no sólo los costos para poder alcanzar grandes avances en este aspecto. Sin embargo, todavía quedan tantos activos por privatizar como obras de infraestructura para concesionar, éstos no van a generar un flujo significativo de inversión. Por ello se deberían crear las condiciones necesarias para que las privatizaciones se aten a compromisos de inversión de desarrollo de nuevos proyectos, en los cuales se promocione la inversión extranjera en el país.

Hay que dejar claro el concepto de las privatizaciones. El objetivo no es proveer de dinero al Estado sino hacer productivas y exitosas las empresas que se privatizan. Importa menos lo que se hizo con los dos mil millones de dólares que pagó la Telefónica por la obsoleta Compañía Peruana de Teléfonos, que en realidad servía a los partidos políticos tradicionales de agencia de empleos. Sino el desarrollo ulterior que han tenido las comunicaciones en el Perú, que dieron un paso cualitativo y cuantitativo gigante. En este sentido se deben tomar las siguientes acciones en los próximos 5 años:

1. Explicar al ciudadano común y corriente, las razones que este proceso debe ejecutarse.

2. Desarrollar una política eficiente de concesiones que incluya la normatividad necesaria.

3. Incentivar la creación de mecanismos de defensa del consumidor para que mejore la calidad del servicio de las empresas privatizadas o dadas en concesión.

Lo cierto es que el principal problema que ha enfrentado el proceso de privatización se centra en los cuestionamientos sobre cómo se vendieron los activos del país. El trabajo de Pro Inversión –organismo responsable del gobierno- debió empezar por definir, antes de las elecciones regionales, cuáles serían empresas regionales y cuáles de ámbito nacional. Lo que hasta ahora no está claro. Un ejemplo es el caso del contrato realizado en telecomunicaciones, donde se buscaba tener 1,500 pueblos comunicados. Aquí, la inversión que se tenía que realizar no interesaba. Lo más importante era la provisión del servicio. Por lo tanto, un camino que reduce la incertidumbre tanto para el Estado, como para el inversionista, es concentrarse en metas de desarrollo y no en compromisos de reinversión de capital. El monitoreo de esta variable es más sencillo y menos costoso, ya que a veces se pueden fijar metas de inversión cuyo monto es superior o inferior a la meta de servicio propuesta.

E5. PROMOVER CONTRATOS DE GERENCIA.

Con estos contratos, que generalmente son de corto plazo, se mantiene la propiedad de los activos del sector público en cuestión, si no se privatiza, pero se logran las ventajas de eficiencia de una gerencia privada. Cuando es el capital privado el que está en juego, los gerentes tienden a ser más cuidadosos en las decisiones de asignación de recursos, mientras que en una gerencia pública pueden tener otras prioridades y utilizar capital proveniente del presupuesto público asignado. Con los contratos de gerencia, una vez que se tiene la infraestructura montada, lo cual se encuentra en manos del Estado, se tiene la opción de subastar el derecho de gerenciar una determinada firma. El problema con las empresas públicas es que son manipuladas y se da mayor importancia a los temas políticos que a los de eficiencia.

CAPITULO III

SITUACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES ECONÓMICO-EMPRESARIAL DE LA UNMSM.

A. SITUACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PERUANO

A1. ASPECTO HISTÓRICO.

La tradición europea que fue heredada por América Latina, ponía a las universidades y las empresas económicas en polos opuestos. Según esta tradición, las universidades se dedican a la búsqueda del conocimiento, de la educación y de la cultura, mientras que las empresas son organizaciones que tienen por objetivo la ganancia monetaria. Las empresas tienen una lógica de corto plazo, mientras que las universidades tienen la perspectiva de los siglos(). Desde esta óptica pedir a las universidades que actuasen basadas en criterios de eficiencia y productividad parece inadecuado ya que la racionalidad imperante es que a la universidad no debía importarle el costo que tenga para que su producto sea de calidad en términos educacionales, científicos o culturales.

Sin embargo, en los últimos años, la barrera aparentemente infranqueable entre las universidades y las empresas económicas, ha empezado a fracturarse en distintos puntos, y la aproximación y los paralelos entre los dos, se ha tornado cada vez más frecuente. En el límite, hay quienes argumentan que las universidades tendrían que portarse y ser tratadas como empresas económicas, tanto desde el punto de vista de la evaluación de sus resultados, como de su forma de financiación, por la venta de productos al mercado y no por subsidios y donaciones públicas.

El factor más evidente en esta transformación es la limitación presupuestaria de los gobiernos, ante la demanda creciente de costos de los sistemas de educación superior. En el pasado, cuando la educación superior no atendía sino al 5% o menos de la población, era posible suponer que los recursos para la educación superior seguirían siempre existiendo, y que las universidades podrían continuar sin preocuparse por la eficiencia de su trabajo o con la recuperación del costos de sus operaciones.

El mercado pasó a desempeñar un rol más decisivo para el desarrollo de las naciones, y la cultura que tradicionalmente había justificado la producción estatal de los servicios públicos, se debilitó para dar paso a una concepción basada en la diversidad de las ofertas, en eficiencia competitiva y el control de costos.

La lógica económica está siendo introducida en los sistemas universitarios en todo el mundo por los mecanismos de evaluación establecidos por gobiernos y ministerios de educación, en su esfuerzo de hacer más racional y transparente la asignación de recursos para instituciones de educación superior.

En este contexto surge la acreditación como un proceso por medio del cual un programa o institución educativa brinda información sobre sus operaciones y logros a un organismo externo que evalúa y juzga, de manera independiente, dicha información para poder hacer una declaración pública sobre el valor o la calidad del programa o de la institución. Muchos creen que la educación ha funcionado a la manera de una caja negra, cuya opacidad impide saber qué ocurre en su interior. En el momento actual, dicha imagen resulta ampliamente insatisfactoria, siendo numerosas las voces que reclaman una mayor transparencia. Pues conociendo el grado de logro de sus objetivos, será fundamental para hacer mejor uso de los recursos disponibles y para tomar las decisiones más adecuadas. La acreditación resulta así, una constancia de credibilidad por parte de la sociedad y del público demandante de los servicios educativos.

Por ejemplo, los franceses en 1998 formaron una Comisión integrada por distinguidos intelectuales presidida por Jacques Attali, que presentó un informe sobre la situación de la educación superior en Francia y sobre las reformas inmediatas y a largo plazo que consideraba necesarias para elevar el nivel de calificación de los franceses, meta que, pensaban, debe llegar a ser "el objetivo principal de la política económica y social de Francia". ¿Qué les preocupa?. Que la enseñanza superior debe ser pensada en su dimensión internacional, y en particular europea. Buscan un sistema compatible de diplomas y de carreras de conjunto de los establecimientos de enseñanza superior. Armonizar las carreras de las universidades y de las grandes escuelas francesas con las universidades de otros países de la Unión Europea.

En España, de igual forma. La Comisión de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), presentó el Informe Bricall, donde en sus más de 500 páginas ofrece un diagnóstico completo sobre la Universidad Española de los 80/90. En este país, la Universidad del 2000, enfrenta nuevos retos, producto de la consolidación de la democracia y del surgimiento de una sociedad. ¿Sus problemas?. Tres temas concretos: ()

1. Las cuestiones relativas a las relaciones entre los gobiernos y las universidades públicas. En este caso, el problema fundamental es definir y delimitar la autonomía universitaria y establecer las formas de responsabilidad social de las propias universidades.

2. Las cuestiones relativas al gobierno interno de las universidades, es decir a los procedimientos que se utilizan en ellas para la toma de decisiones. La cuestión fundamental aquí se refiere al modelo interno de gobierno universitario y al equilibrio entre los elementos propios de un modelo colegial y los característicos de un modelo de gestión profesional.

3. Las cuestiones relativas a la estructura funcional de las universidades, a su organización en centros, departamentos, etc., y su relación de dicha estructura con los modelos de gestión interna. El problema fundamental aquí, consiste en el grado de rigidez o de flexibilidad de esas estructuras en el interior de cada universidad para hacer frente a los cambios del entorno y, correlativamente, en la uniformidad o diversidad de las opciones en el seno de un mismo sistema universitario.

Como es de notar, los problemas y las preocupaciones, corresponden en general, a todos los continentes, pero sus particularidades tienen que ver con la sociedad y entorno a los que sirve la universidad.

Pero veamos qué ocurre en el Perú. Entre los meses de Septiembre a Noviembre de 1999, se desarrolló en Lima, un Conversatorio organizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal al que denominó "¿QUÉ TIPO DE UNIVERSIDAD REQUIERE EL PAIS?". Tema que reunió a ilustres pensadores peruanos como Luis Jaime Cisneros, Carlos del Río Cabrera, Ronald Woodman Pollitt, Edith Mellado Céspedes, León Trahtemberg, César Paredes Canto, Edgardo Mercado Jarrín y Felipe Mac Gregor. Allí se trató de los modelos Universitarios: el Clásico, el Francés, el Alemán, el Corporativo.

Como el aspecto ideológico es muy amplio, puede ser materia de otra tesis, nos limitaremos a citar lo siguiente:

"Para algunos la universidad es un taller: para otros es un "centro de transformación social"; para otros la universidad es un símbolo del prestigio personal; para otros la universidad es la orientación hacia un ideal del que la realidad se nutre, y es lo que el famoso filósofo alemán Jaspers llama la universidad-idea, la orientación hacia el saber y la ciencia"

"Muchos años de vida universitaria, y algunos de obligada reflexión sobre ella, me han llevado a la convicción de que el rol que se asigna y que de hecho desempeña una universidad depende de la concepción que una comunidad y el Estado, tengan de ella, dependen del rol que el Estado y la comunidad social le asigne, y como en el caso de los jóvenes, depende también de la autoestima que la universidad tenga"().

Nunca como ahora la situación económica del país está en una encrucijada y sus problemas fundamentales: generar trabajo y mejorar el nivel de vida de los peruanos. Entonces, en esta coyuntura, el rol de la universidad pública, en nuestra opinión, es contribuir a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad peruana.

Y en el caso específico que estamos evaluando, creemos que hay dos consideraciones claves que debemos superar: modernizar su organización para responder más eficientemente al cambio. Y ampliar su financiación, para atender a las nuevas consideraciones del mundo global. Base sobre las cuales abordamos este tema.

A2. ASPECTO LEGAL.

La Constitución Política establece el conjunto de mandatos que los ciudadanos le atribuyen al Estado y para garantizar su cumplimiento se consideran los fundamentos que deben orientar las finanzas públicas. La evolución de las normas constitucionales en el Perú tiene dos hitos muy importantes en los últimos veinticinco años. Por un lado, la Constitución de1979 que fue promulgada al cierre de un importante periodo de reformas económicas y sociales, que se iniciaron a fines de la década de los sesenta y que determinaron un incremento sustantivo de la participación del Estado en la economía nacional; y de otro, la Constitución de 1993 que también, buscó consolidar una serie de reformas pero de sentido inverso a las que se consagraron en la Constitución de 1979.En efecto, a diferencia de esta Constitución, la de 1993 consagró una menor intervención del Estado y un mayor protagonismo privado, dando cuenta, una vez más, del péndulo político que tuvo vigencia durante el siglo XX en el Perú. Ambas constituciones dieron cuenta por tanto, de una clara intención reformista. La primera sentando las bases para la construcción de un Estado desarrollista y la segunda, cancelando el proceso anterior y abriendo paso a la edificación de un Estado subsidiario.

Así el artículo 17 expresa que "la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita." A continuación expresa "que en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación". A diferencia del Artículo 25 de la Constitución de 1979 que decía "que la educación impartida por el Estado es gratuita en todos sus niveles, con sujeción a las normas de la ley".

Estos cambios de política llevaron al estado peruano a recortar su participación en la educación superior y a destinar sus escasos recursos a la educación básica. En la práctica esto significó dejar la educación superior a la iniciativa privada.() Surgió así un nuevo tipo de universidad: la universidad particular, concebida como una empresa de servicios educativos y defendida elocuentemente por representantes del neoliberalismo en el Perú, que vieron la educación superior como una actividad económica cualquiera. Apoyándose en los elementos propios de la economía de mercado: libre iniciativa, libre competencia, derecho a la propiedad y libertad de enseñanza, que la Constitución vigente consagra, los nuevos promotores reclamaban la abstención del Estado y el respeto al libre juego de la oferta y la demanda en materia educativa. Fundamentaban su proyecto en las nuevas exigencias del mercado de trabajo que las universidades existentes no siempre atendían, en las bondades de la libre competencia, en la inhabilidad del Estado para controlar y evaluar la educación superior así como en algunos escándalos protagonizados por algunas autoridades de universidades privadas que ellos consideraban como evidencia de las limitaciones de la autogestión o cogobierno en la universidad.

Así el 9 de noviembre de 1996 el gobierno peruano, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso, promulgó el Decreto Legislativo 882, estableciendo normas y garantías para promover la inversión privada en educación con el fin de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta a todos los niveles.

La norma establece que "toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación .Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa (Artículo 2).

Entre los aspectos más importantes de esta normas están las siguientes:

a. Legaliza la propiedad de las instituciones educativas particulares, esto es, garantiza el derecho de propiedad de las entidades promotoras.

b. Reconoce el derecho a adquirir y transferir la propiedad sobre las instituciones educativas particulares, disponiendo que este derecho conlleva la responsabilidad del propietario en la conducción de la institución y en el logro de los objetivos educacionales.

c. Las instituciones educativas particulares deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal (Artículo 4).

d. Tratándose de instituciones particulares de nivel universitario, el Estatuto o Reglamento o Reglamento Interno de cada una establece la modalidad de participación de la comunidad universitaria, conformada por profesores, alumnos y graduados. El Estatuto o Reglamento Interno debe permitir la participación de la comunidad universitaria en los asuntos relacionados con el régimen académico, de investigación y de proyección social.

e. Las instituciones educativas particulares pagarán impuesto a la renta. La utilidad obtenida será la diferencia entre los ingresos totales obtenidos por éstas y los gastos necesarios para producirlos y mantener su fuente, constituyendo renta neta.

f. La reinversión total o parcial, en sí misma o en otras Instituciones Educativas Particulares, constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido. Reinversión que sólo podrá realizarse en infraestructura y equipamientos didácticos, exclusivos para los fines educativos y de investigación que corresponda a sus respectivos niveles o modalidades de atención. (Artículo 13).

Como es de suponer, el comentado Decreto Legislativo 882, ha revivido en el país los debates acerca de la función de la universidad, la mejor forma de gobernarla y los criterios para juzgar su efectividad. Sin embargo, en nuestra opinión, lo rescatable del mentado decreto son dos:

1. La competencia abierta que se da y dará en futuro entre universidad pública y privada; y

2. La libertad de elegir, a la universidad privada, cualquier estructura organizacional vigente en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Es de suponer, que la nueva Ley Orgánica de Universidades, bajo el principio de igualdad ante la ley, dé las mismas facilidades de organización a la universidad pública.

A3. ASPECTO ECONÓMICO.

Es un grito a voces como ya lo ha expresado la UNESCO, urbi et orbi, que no existe en la actualidad país alguno, capaz de financiar un sistema universitario exclusivamente con recursos públicos. Y es improbable que dicha tendencia pueda revertirse en los próximos años. Si esto es así, en el futuro inmediato asistiremos a cambios radicales en el comportamiento de las autoridades universitarias estatales. De administradores pasivos pasarán a ser gerentes proactivos, porque necesitarán incrementar sus ingresos vía optimización de su capacidad instalada. Estarán orientados, como ahora lo hacen las empresas productivas, a la reducción de sus costos, y aumentar la calidad y valor de sus servicios.

Según el Compendio Estadístico del 2000, publicado por la Oficina General de Planificación de la Universidad de San Marcos, de los 202 millones de soles a valor corriente que manejó en ese período, el 48% correspondió a Recursos Directamente Recaudados (S/.97´072,516). Y al 92% de los fondos entregados por el Tesoro Público. Y naturalmente es insuficiente. Lo que nos da una idea del gigantesco esfuerzo en creatividad, eficiencia y productividad que debe realizarse en la administración corporativa para duplicar, por lo menos, la generación de recursos propios. Por consiguiente la política en materia de generación de ingresos, es clave para el éxito de cualquier gestión que se realice desde el Rectorado de la Universidad. Entonces, ¿es serio pedir gratuidad de la enseñanza universitaria?. A la luz de la realidad, sólo será posible mediante el financiamiento mixto: del estado, los estudiantes y la empresa privada.

En este tema, el Estado Peruano, debe proyectar una política de largo plazo basado en un 6% del Presupuesto Nacional por un lapso de 20 años tomando necesariamente a la educación y a la Universidad como soportes fundamentales de una nueva sociedad.

Si la tendencia del Estado es despreocuparse del financiamiento de la Universidad Pública, a sus autoridades, no les queda otra alternativa que optimizar sus recursos propios. Y éstos pueden ser de cinco fuentes:

1. Del Ingreso proveniente de los Centros de Extensión Universitaria y Proyección Social.

2. Del Ingreso proveniente de la explotación de sus Centros de Producción.

3. Del Ingreso proveniente de las Escuelas Académico Profesionales.

4. Del Ingreso proveniente de las Unidades de Post Grado.

5. De las Donaciones.

1. Del Ingreso proveniente de los CEUPS.

Con referencia a los CEUPS, coordinar con todos los Directores en el ámbito corporativo con los Vicerrectorados Académico y Administrativo, definiendo metas económicas, uniformidad en la duración de las clases, valor de venta de los cursos en función de las horas dictadas, evitando la diversidad de costos y uniformizándolos a un mínimo de US$ 50 por curso. Si se desean cobrar cuotas diferenciadas, podrían dictarse en tres secuencias: mañanas, tardes y noche. Haciendo que los precios sean más bajos en función de las horas de menor demanda y más altos en las horas punta (las noches de 6 a 10 p.m.).

La Universidad tiene 20 Facultades, por tanto hay 20 Centros de Extensión Universitaria y Proyección Social. Medidas de coordinación son importantes a nivel corporativo. Y como muestra de los ingresos que pudieran obtenerse a nivel global presentamos los resultados en año 2003 generados por la Facultad de Ciencias Contables:

TABLA No. 27

RESULTADO ACTIVIDADES EN CEUPS DE CIENCIAS CONTABLES

AÑO 2003.

Fuente: Memoria del Decano de la Facultad de Ciencias Contables. Año 2003. UNMSM.

Por consiguiente, si a nivel de la Universidad se fijara una meta de ingresos netos de S/.200,000 por Facultad, habría un ingreso en este rubro ( 200,000 x 20) = S/.4’000,000.

2. Del Ingreso proveniente de la explotación de sus Centros de Producción.

Se considera Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios a las unidades orgánicas que desarrollan actividades productivas o que prestan servicios compatibles con la finalidad e intereses de la Universidad, mediante la ejecución de proyectos rentables que generen recursos propios constituidos, organizados y gerenciados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos destinadas a producir bienes o prestar servicios que demande el mercado, a fin de obtener utilidades que permitan a la Universidad cumplir con sus fines. Son unidades autónomas en lo técnico, presupuestal y administrativo.

Habrá que encargar a un Comité, evaluar la rentabilidad operativa de los Centros de Producción y definir sus metas económicas en función de la inversión utilizada. Según reciente diagnóstico realizado por la Oficina General de Planificación de la UNMSM, la situación actual de estos organismos, muestran objetivamente, el efecto de la falta de control y planificación integrada de los diferentes recursos que manejan las Facultades, (Ver Tabla No. 28, página 96):

1. No existe un sistema de información. Como consecuencia del presente trabajo de investigación, nos ha llamado poderosamente la atención, la ausencia de información en las estadísticas universitarias. Son estas entidades las que deben funcionar como pivotes para generar ingresos a la Universidad.

2. El manejo económico-financiero está centralizado.

3. No existe un sistema normalizado de costos por actividades.

4. Ausencia de proceso regular de planificación, evaluación y control de inversiones y desarrollo de proyectos.

5. Excesiva burocracia administrativa a nivel global.

6. Duplicación de tareas actividades y funciones administrativas.

7. Alto nivel de desconocimiento de las normas, reglas y procedimientos administrativos y de gestión.

8. Sistema de gestión administrativa central no brinda con oportunidad suficiente información para tomar medidas correctivas y mejorar la eficiencia operativa.

9. No existe programa de imagen corporativa única y de posicionamiento general de los Centros de Producción.

10. Ausencia de Organigrama Integral que coordine, organice, dirija y controle hacia los objetivos de la Universidad.

Muestra que hay un trabajo pendiente en este sector, que es posible mejorarlo y generar mayores ingresos para contribuir al financiamiento de remuneraciones de los Docentes de la Universidad.

Sin embargo, hay dos áreas que pueden rápidamente reorganizarse y mejorar su ingresos:

a. El Centro de Idiomas dependiente de la Facultad de Letras

b. El Centro Pre Universitario dependiente de la Administración Central.

Como consecuencia de la globalización, el estudio de Idiomas es una necesidad. Por tanto este Centro de Producción, con ciertos ajustes en sus pensiones, mejora en sus programaciones, puede dictarse cursos en diferentes modalidades desde las 8 a.m. a 10 p.m. Consideramos fácilmente conseguir un excedente neto de S/. 1’000,000 anual.

En cuanto al Centro Pre-Universitario, según informes del Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los excedentes que generó este organismo, con dos turnos de clase en año 2003, fueron de 7 millones de soles. Lo que quiere decir, que optimizándolo a tres turnos perfectamente podría superar los 10 millones de soles.

A continuación información obtenida al respecto:

TABLA No. 28.

CENTROS DE PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AÑO 2001 (EN MONEDA NACIONAL).

Fuente: Oficina General de Planificación. UNMSM.

(*) No consigna gastos de agua y luz en sus egresos

(**) No consigna gastos de agua y luz en sus egresos.

Veamos en la siguiente página los resultados del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2002. Nos muestra un ingreso de S/.6’369,372, ineficiencia que puede superarse.

En la actualidad hay alrededor de 41 Centro de Producción. Los más importantes que pueden generar ingresos extraordinarios son:

a. Centro de Idiomas…………………………………………………….S/. 1’000,000

b. Centro de Educación de la Pre de UNMSM…………………. 7’000,000

c. Centros de Informática………………………………………………. 500,000

d. Los restantes 38 Centros si sólo generaran S/.150,000……. 5’700,000

TOTAL PROYECTADO 14’200,000

Por tanto, para comer tortillas, hay que romper los huevos. Es posible triplicar los ingresos actuales.