La Ética en la Función Pública de la UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho, Perú

El presente trabajo de investigación titulado "La Ética en la Función Pública de la UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho y su influencia en la Gestión Educativa al 30 de junio del 2015"; tuvo como problema general la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la ética en la función pública en la gestión educativa de las instituciones educativas – UGEL 05, S.J.L-E.A, 2015?, y como objetivo general: Conocer la influencia de la Ética en la función pública y la gestión educativa de las Instituciones Educativas – UGEL 05, S.J.L-E.A, 2015.

En el aspecto metodológico el trabajo de investigación es de tipo cualitativo. El nivel es descriptivo, y el diseño es no experimental de corte transversal. La poblacional fue delimitada por los miembros de las instituciones educativas de la UGEL Nº 05, de San Juan de Lurigancho.

La variable independiente: La Ética en la función pública. La variable dependiente es la gestión en las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 05, del distrito de San Juan de Lurigancho.

Palabras clave: Ética en la función pública y gestión educativa.

Introducción

A nivel mundial, el nivel comparativamente bajo de corrupción en Finlandia es el resultado de un proceso de desarrollo que se ha extendido a lo largo de casi dos siglos. La disminución histórica de la corrupción forma parte del desarrollo global e integral de la sociedad finlandesa, que se convirtió de una sociedad inculta, pobre, agrícola y dependiente de un poder imperial extranjero a una república democrática independiente, un país moderno industrializado y una sociedad de la información con un alto nivel de escolaridad. En lo que respecta a Finlandia, no se puede atribuir la reducción histórica de la corrupción a ninguna reforma específica emprendida en sectores particulares. Se puede considerar que la principal fortaleza de Finlandia es el establecimiento y mantenimiento de un orden social que no ofrece terreno fértil para que la corrupción pueda enraizarse. Sin embargo, el orden social finlandés se caracteriza por una serie de fortalezas específicas que constituyen un valor agregado especial en las acciones internacionales contra la corrupción. Entre estas fortalezas, vale la pena señalar y destacar cuatro:

I. Una base de valores que incluye la moderación, el autocontrol y el bien común, las principales fortalezas que tiene Finlandia para combatir la corrupción comprenden la condena moral y jurídica de la centralización del poder y las disparidades socioeconómicas, junto con la promoción de una cultura de gobernabilidad que fomenta el bien común. El abrazar sinceramente los valores de la moderación, el autocontrol y el bien común pone límites importantes a la búsqueda de beneficios privados a expensas de otros. Estos valores también sirven para construir la confianza mutua. Una serie de estudios han demostrado una correlación positiva reflejada en un alto grado de confianza entre los miembros de una sociedad y bajos niveles de corrupción. La experiencia finlandesa también indica que el ejemplo moral de los funcionarios y encargados de tomar decisiones en cargos ejecutivos es indispensable para el desarrollo de una cultura ética de gobernabilidad. Cuando las personas ven un comportamiento ético y responsable en aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en una organización, es más probable que deseen imitarlos. Se puede desarrollar y reforzar una cultura de responsabilidad en la administración pública al declarar oficialmente que los valores éticos constituyen la base del servicio público. De acuerdo con la Política de Personal del Gobierno de Finlandia, el servicio público está basado en valores.

Los funcionarios públicos de Finlandia representan, por lo general, los valores comunes del pueblo finlandés. Además, un amplio consenso entre los ciudadanos con respecto a los valores antes mencionados, en conjunto con una sociedad civil activa e interesada, constituye la clave para generar la presión que se requiere a fin de que surja y se consolide una cultura de gobernabilidad responsable. Los medios de comunicación independientes han demostrado que son indispensables para que la sociedad civil ejerza presión, la cual se ve fortalecida por la cantidad excepcionalmente alta de lectores de periódicos en Finlandia. Hasta los abusos menores de los funcionarios públicos son de interés periodístico en el país – a veces a expensas de noticias más importantes – y, por consiguiente, suscitan una pronta reacción de desaprobación por parte del público.

II. Estructuras legislativas, judiciales y administrativas ejercen una estricta vigilancia que protege contra el abuso de poder, para prevenir la corrupción también es necesario un amplio sistema de leyes, un poder judicial independiente y que funcione bien, la aplicación eficiente de las leyes y un seguimiento propositivo de los abusos, al igual que una gestión financiera transparente y actualizada. La constitución finlandesa estipula que la ley debe garantizar la gobernabilidad. Las principales leyes que protegen contra la corrupción comprenden la Constitución de Finlandia, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Transparencia en Actividades Gubernamentales, el Código Penal, la Ley del Presupuesto Estatal, la Ley de Cuentas, la Ley de Auditoría y la Ley de Adquisiciones Públicas. El sistema jurídico finlandés también incluye la Defensoría del Pueblo, que responde al parlamento, el Ministerio de Justicia y los tribunales administrativos. El Ministro de Justicia y el Defensor del Pueblo vigilan las acciones de los servidores públicos a los niveles más altos. Los dos son funcionarios independientes investidos de la autoridad para investigar las acciones de los miembros del parlamento, los ministros y el jefe de Estado.

La eficiencia y el alto perfil público de sus cargos también contribuyen a prevenir abusos. La constitución finlandesa exige que el ejercicio de los poderes públicos esté basado en la ley. Cualquiera que esté insatisfecho con una decisión administrativa concerniente a sus derechos u obligaciones puede cuestionar la legalidad de esa decisión ante un tribunal administrativo. El derecho a apelar en esos casos está cubierto sobre todo por las disposiciones de la Ley de Procedimiento Judicial Administrativo que contiene una disposición según la cual los tribunales administrativos tienen la obligación de garantizar que todos los casos sean examinados como es debido. Por consiguiente, las partes en un proceso pueden, por lo general, llevar adelante la acción judicial sin ayuda de profesionales del derecho, lo cual hace más fácil interponer recursos de apelación y tener acceso a reparaciones judiciales. La Corte Suprema Administrativa es el tribunal de última instancia en casos administrativos. Finlandia se inspira en una fuerte tradición legalista que se mantiene mediante requisitos claros de competencia, la obligación de fundamentar públicamente las decisiones, un sistema correccional eficiente, métodos actualizados de investigación criminal, así como prácticas presupuestarias, de contabilidad y auditoría modernas. Estos factores contribuyen a que sea muy probable detectar abusos con el respaldo que ofrece el acceso público a los documentos oficiales y la libertad de prensa.

La investigación criminal con criterio profesional asegura que haya grandes probabilidades de encontrar y apresar a los autores de actos de corrupción. La obligación de fundamentar públicamente las decisiones aumenta la transparencia y la confianza pública en la gobernabilidad, y evita que se tomen decisiones parciales y partidistas. El sistema de relatoría establecido desde hace tiempo en la administración pública de Finlandia también ha servido para prevenir abusos porque descentraliza los poderes de los servidores públicos. Asimismo, la transferencia de poderes a las instituciones subsidiarias ha demostrado que es un medio importante para incrementar la eficiencia del gobierno y evitar los riesgos de la centralización excesiva.

III. La prominencia de la mujer en la toma de decisiones políticas, de acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial, la representación femenina en parlamentos y altos cargos públicos guarda correlación con niveles más bajos de corrupción y una cultura de rendición de cuentas que contribuye a la gobernabilidad. Esta correlación destaca la importancia de la equidad de género en la prevención de la corrupción. Por mucho tiempo las mujeres han desempeñado un papel relativamente prominente en la Administración Pública de Finlandia. En 1906, Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en conceder a la mujer tanto el derecho de votar como de participar en las elecciones. De ahí que las diecinueve mujeres parlamentarias elegidas en las primeras elecciones celebradas en Finlandia en 1907 fueran las primeras representantes de su género en el mundo. Finlandia ha mantenido su posición en la primera liga de las naciones del mundo en términos de representación parlamentaria femenina. Las mujeres constituyen más de un tercio de los miembros del parlamento finlandés y de los consejos municipales, y casi la mitad de los miembros del gabinete actual de Finlandia. Se han utilizado cuotas de género para asegurar una representación femenina más equilibrada a todos los niveles del servicio público.

IV. Las bajas disparidades de ingresos y salarios adecuados, una serie de estudios indica que cuando los salarios son adecuados y las brechas entre ingresos son relativamente pequeñas, el resultado es una disminución de la corrupción. Mientras más altos sean los ingresos, mayor será la satisfacción laboral y se reducirá la propensión a aceptar sobornos. Asimismo, cuando las brechas entre ingresos son reducidas constituyen un freno a la codicia económica en el desarrollo profesional. Las comparaciones globales muestran que los salarios de los funcionarios públicos de Finlandia son razonables y las disparidades de ingresos se encuentran entre las más bajas del mundo. La moderación en estas disparidades de ingresos entre los servidores públicos de Finlandia refleja el patrón general entre los asalariados finlandeses. La brecha relativamente estrecha en la distribución de ingresos se puede atribuir en gran medida a la base de valores finlandesa antes mencionada, que desaprueba profundamente la distribución desigual de la riqueza. En Finlandia, el ideal de moderación en los diferenciales de ingresos se manifiesta en un régimen tributario progresivo y las disposiciones relativas a la seguridad social. Los buenos salarios requieren, a la vez, una economía pública sólida y un fuerte sector corporativo.

Es así que a nivel internacional, el fomento de la ética en el servicio público se considera prioritario para el desarrollo de los países. Finlandia, primero en el mundo en la tabla de "Transparency International", cuenta con un desarrollo cultural donde la corrupción es inadmisible como comportamiento social. Por su parte, el Gobierno de Noruega creó la "Comisión Nacional de Valores Humanos", no en respuesta a actos de corrupción, sino enfocado en la formación valórica en escuelas y municipios. Ambos países, han impulsado medidas concretas en pro de la ética, que además responde a un esfuerzo de la Unión Europea en su conjunto por establecer altos estándares de conducta funcionaria en el servicio público.

A nivel de América Latina, con el retorno de la democracia en Chile en los años noventa, se vuelve la mirada hacia el Estado y sus instituciones, surgiendo interrogantes acerca de su rol y cómo se abordarán las expectativas de eficiencia, credibilidad y transparencia en su gestión. La experiencia chilena en políticas públicas pro ética, responde a estas exigencias institucionales, fundamentalmente estableciendo las normas legales que regirán el comportamiento de los funcionarios públicos.

En el marco del programa sobre "Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública" el año 1994 se creó la "Comisión Nacional de Ética Pública", para estudiar el estado de la probidad y la prevención de la corrupción. El año 2001 se impulsa el "Programa de Mejoramiento de Gestión – PMG" instrumento de apoyo al quehacer de los servicios públicos, basado en el cumplimiento de metas asociadas a un incentivo económico para los funcionarios.

A tres años del inicio de los PMG, se promulga la Ley 19.882 sobre "Nuevo Trato Laboral", que crea la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública. El año 2005, se introducen los primeros elementos para transitar hacia un mecanismo de certificación externa de sistemas de gestión para los servicios públicos, a través de las Normas ISO. Cabe destacar este año, la aprobación de las reformas a la Constitución Política de la República, dónde se le otorga carácter constitucional al principio de probidad en la función pública.

A inicios del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se formula la "Agenda de Probidad, Transparencia, Eficiencia y Modernización del Estado", siendo la Probidad y Recursos Humanos un área clave de intervención. De los compromisos de esta agenda, destaca la entrada en vigencia de la Ley N°20.285 sobre Transparencia y Acceso a la información pública, el 20 de abril del 2009.

Hoy, Chile presenta una realidad institucional nueva, dónde se han sentado las bases normativas requeridas para el ordenamiento de la función pública, con una "cultura organizacional" en el sector público que ha experimentado cambios positivos producto de este proceso. Por lo tanto, es posible avanzar hacia la reflexión y promoción de los valores fundamentales que motivan la actuación del funcionario público y su aplicación efectiva en las prácticas de trabajo.

A nivel del Perú, a pesar del crecimiento económico que viene experimentando en los últimos años, nuestro país aún tiene camino por recorrer para ser considerado como totalmente desarrollado. Los niveles de pobreza, la bajísima calidad de la educación que se brinda en el país y los elevados índices de corrupción son reflejo de ese largo camino por recorrer y, a la vez, constituyen tres elementos indesligables.

El desarrollo, según Amartya Sen, puede ser entendido como la expansión de libertades individuales o de capacidades humanas. Esta concepción parte de la premisa que el incremento de las rentas personales no es el único medio para expandir las libertades en una sociedad pues existen también otros factores como los derechos humanos o el papel de las instituciones sociales y económicas. Bajo esta mirada, es necesario fomentar las capacidades humanas esenciales como, por ejemplo, tener acceso a recursos adecuados para lograr un nivel de vida decorosa y participar en la vida en comunidad. Los bienes son solo herramientas para poner en marcha aquellas actividades que lleven a una vida digna. Pobres serán, entonces, aquellas personas que no solo tengan escasos recursos económicos sino, sobre todo, quienes tienen menos opciones entre las cuales elegir con libertad.

Así pues, uno de los requisitos para hablar de desarrollo como expansión de libertades es la estabilidad del sistema democrático y, en este orden de ideas, la corrupción es un indicador que mide dicha estabilidad. Y es que en un sistema democrático donde los índices de corrupción son altos, esta situación se ve reflejada en la perpetuidad de las desigualdades sociales existentes y en la vulneración de diversos derechos a causa de conductas que pueden calificar como delitos contra la Administración Pública, además de los efectos negativos que genera en las economías nacionales. Para afirmar entonces que estamos ante una democracia genuina, los Derechos Humanos deben estar garantizados. No obstante, la presencia de corrupción endémica es un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos, sobre todo por parte de los más pobres.

Al respecto, Sen considera que "con todo lo valiosa que es la democracia como principal fuente de oportunidades sociales, también es necesario analizar las formas y los medios para que funcione bien, para realizar su potencial. El logro de la justicia social depende no solo de las formas institucionales sino también de que éstas se pongan verdaderamente en práctica". En otras palabras, para afirmar que, por ejemplo, en Perú rige una verdadera democracia, no basta con que se lleven a cabo procesos electorales, sino que también resulta necesario que el Estado garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de cara a la satisfacción de, al menos, sus necesidades más básicas.

Por otro lado, "la gobernabilidad genuinamente democrática requiere una participación amplia y sustantiva, así como la rendición de cuentas por parte de quienes ostentan poder". La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades y, de igual forma, es un derecho de la ciudadanía. Todos y todas gozamos del derecho de acceder a información pública como herramienta para controlar la legalidad y licitud de las acciones y decisiones de nuestras autoridades, en tanto el Estado se encuentra a nuestro servicio. A pesar de esto, los sectores que viven en marcos de pobreza no solo padecen por la escasez de recursos económicos, sino también por el desconocimiento de sus derechos gracias a la baja calidad de la educación provista por el Estado. Esta situación es un claro ejemplo de ausencia de opciones entre las cuales elegir. Es decir, de falta de desarrollo como expansión de capacidades. Sin educación que brinde el conocimiento de nuestros derechos y de las obligaciones del Estado hacia nosotros, no podremos reclamar cuando desde el Estado se cometa un acto de corrupción que termine afectando la calidad de los servicios públicos que brinda a la ciudadanía.

Cuando la calidad o, incluso, el acceso a los servicios públicos se ven afectado, los sectores pobres son quienes sufren de manera más intensa. Peor aún, cuando este último se vuelve un objeto transable -por medio de sobornos o extorsiones-, es lógico afirmar que solo aquellas personas que cuenten con recursos económicos podrán satisfacer sus necesidades básicas con esos servicios. Los sectores que viven en pobreza no contarán con los fondos suficientes para acceder, de modo ilegal, a dichos servicios básicos.

Todo esto nos lleva a reafirmar que la corrupción es un obstáculo en el camino al desarrollo de un país. Por ende, medir los niveles de corrupción funciona como herramienta para medir qué tan cerca o lejos estamos del desarrollo. Entonces, ante el develamiento de un sinnúmero de casos de corrupción en el último año -además de los casos de corrupción ocurridos en gobiernos anteriores que aún siguen siendo procesados o se encuentran aún en la impunidad-, la respuesta a la interrogante ¿qué tan cerca está Perú del desarrollo? parece ser obvia: nuestro país aún está lejos.

CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

• ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.

• ANTECEDENTES INTERNACIONALES.

Alvarado, L. (2011), en su artículo de investigación titulada: "Reflexiones teóricas: valores éticos en la prestación de servicios de la administración pública". Sostiene que: El presente artículo tiene como objetivo principal estudiar los valores éticos presentes en la actuación de los empleados administrativos en Universidades Públicas Venezolanas. Dentro de los resultados más importantes destacan: El empleado administrativo busca perfeccionarse para trascender en sus funciones universitarias, *Le importa el reconocimiento que le puedan otorgar los profesores universitarios. El respeto es uno de los valores que más practican. La democracia, lo expresan como la apertura a las diferentes corrientes del pensamiento,*La solidaridad, es el norte hacia el cual están orientadas las acciones en sus labores. La justicia, responsabilidad, compromiso y lealtad, son valores con los cuales son capaces de actuar en todo el recinto universitario.

La ética en los empleados públicos no se reduce a una lista de buenos principios, implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo, traduciéndose en actos concretos, orientados hacía el interés público (Bautista (2001:75). Los valores éticos en las administraciones públicas comprenden el compromiso por un sistema de relaciones basado en la probidad y la eficiencia.

Estos al ser compartidos, influyen en el desempeño del personal, ya que proveen pautas sobre las cuales se toman decisiones, se ejecutan acciones y se incentiva a los mismos a dar su mejor esfuerzo por el bienestar institucional y colectivo. Es importante resaltar la necesidad que existe de prestar un servicio óptimo y armónico entre las expectativas del usuario en el servicio prestado por los funcionarios públicos, el cual debe ser con eficacia, eficiencia, transparencia, excelencia y mucha responsabilidad. En argumentos de Camarasa (2004:14) expone "la administración debe satisfacer las expectativas de los ciudadanos, reduciendo la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente, es decir, entre el servicio ofrecido y el nivel de servicio que requiere el cliente".

Cifuentes, F. (2009), en su tesis de maestría titulada: "El desafío ético en la función pública: el caso de carabineros de Chile". Tesis para optar al grado de magister en gestión y políticas públicas. Universidad de chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de ingeniería industrial. Sostiene que: El estudio de caso "El desafío ético en la función pública: el caso de Carabineros de Chile" buscó explorar los principales elementos de construcción de lo ético en la función pública, a partir del análisis del caso de Carabineros de Chile, extrayendo algunas lecciones de política pública en la materia.

La hipótesis principal del estudio fue que "la formación valórica y su refuerzo organizacional, son fundamentales para lograr una función pública con altos estándares éticos". El estudio se definió como cualitativo, analítico y exploratorio, ya que no se han realizado estudios anteriores sobre Carabineros de Chile en esta materia. Consideró una revisión conceptual basada en información secundaria de fuentes bibliográficas y entrevistas en profundidad a informantes claves del ámbito académico, institucional de Carabineros de Chile y tomadores de decisión en políticas públicas. Se abordó la materia a partir del año 1990 hasta el 2009, en un contexto institucional democrático. El énfasis estuvo en las medidas y prácticas en pro de la ética en el servicio público.

La experiencia internacional, considera la ética en la función pública como prioritaria para el desarrollo de los países. Finlandia, Los Países Bajos y otros, han implementado las propuestas del "Marco de Ética para el Sector Público de los países miembros de la Unión Europea". Por su parte, Chile ha establecido las principales bases legales que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos. Se presenta una realidad institucional nueva, con una "cultura organizacional" que ha experimentado cambios positivos en el proceso. Por lo tanto, se puede avanzar hacia la discusión y fomento de los valores que orientan la acción de los funcionarios públicos. En términos generales, se confirma la hipótesis de investigación.

La ética y doctrina institucional que inspiran a Carabineros de Chile y sus mecanismos organizacionales pro ética, son aplicables como orientación para otras instituciones públicas. El logro del bien común supone que los intereses particulares deben conjugarse con el interés general, donde el Carabinero como cualquier funcionario público, debe responder desde una ética fundada en estas nociones. Éste es el desafío de la función pública chilena.

Moriconi, M. (2009), en su tesis doctoral titulada: "Estudio crítico y comparado del discurso oficial sobre reformas administrativas en Argentina, Chile y Uruguay" Universidad de Salamanca. Sostiene que: Desde hace al menos dos décadas, la mayor parte de los países latinoamericanos han incorporado a sus agendas de gobierno programas de reforma de las administraciones públicas, los que han sido, en muchas ocasiones, ambiciosos y de largo alcance (Prats 1999b, 119; Ramió y Salvador 2005). Puede afirmarse que la preocupación por las reformas administrativas acompañó los procesos de transición a la democracia desde un primer momento, en América Latina, puesto que era evidente para los líderes democráticos la necesidad de mejorar los resultados del gobierno y poder desarrollar programas de política pública eficaces para promover el desarrollo, reducir la pobreza, mejorar los niveles de seguridad, etc.

Hay que notar también que altos índices de pobreza y pobreza extrema no han podido ser reducidos substancialmente desde las transiciones, un fenómeno calificado por Kliksberg como un "escándalo moral" y que significa que vastos sectores de la población continúan sufriendo privaciones que les impiden ejercer sus derechos más básicos (Kliksberg 2000, 36). Los países iberoamericanos continúan teniendo la distribución del ingreso menos equitativa en el mundo, medida por indicadores como el coeficiente de Gini (Hoffman y Centeno 2003). Este problema afecta incluso a países que han sido relativamente exitosos en la consolidación de sus instituciones públicas y sus programas de política en otras áreas, como la económica, pero que no logran reducir la extrema desigualdad y la pobreza que afecta a sectores marginales, como es el caso de Chile.

En síntesis, se trata de síntomas de la debilidad institucional del Estado y de la fragmentaria consolidación de administraciones públicas modernas, de los que resultan una serie de problemas sociales y políticos. Comprender cómo los gobiernos diagnostican la coyuntura para legitimar los cambios impulsados y analizar la materialización de ideas y discursos en la coyuntura particular de cada caso, cómo se sedimentan estos discursos y qué tipo de dislocaciones se producen en el seno institucional a la hora de interpretar el nuevo imaginario político, todo esto permite ver la complejidad del juego político a la hora de establecer cambios que afecten al diseño institucional y el rol de las ideas y la cultura propia de cada país para recibir y aceptar las modificaciones.

Todos estos factores quedan muchas veces relativamente subordinados a la presentación de los programas de reforma como "mejores soluciones técnicas", es decir, como propuestas neutralmente valorativas. El análisis de discurso permite penetrar por detrás de esta presentación engañosa, para establecer la naturaleza política, referida a normas y valores, del discurso oficial en cada caso. Pues finalmente, en lo referente a la administración pública latinoamericana, existe consenso en que los principales problemas que han aquejado, y aquejan, el rendimiento y el buen desempeño de la burocracia se relacionan con la debilidad institucional (Ramió y Salvador 2005, 11) y con la cultura política: el clientelismo, la informalidad, las prácticas patrimonialistas y la corrupción.

Velásquez, J. (2008), en su tesis doctoral titulada: "Corrupción y descentralización: una mirada desde el neoinstitucionalismo". Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Sostiene que: Está claro que la corrupción atenta contra los intereses propios de la nación, no se concibe como un flagelo de los últimos tiempos ni está ligada al proceso descentralizador que tuvo sus inicios a mediados de la década de los 80´s. Sin embargo, el fenómeno en la actualidad toma grados de importancia significativos, en la medida en que son los propios funcionarios públicos y la clase dirigente del orden nacional, departamental y municipal, los que han estado directamente vinculados al fenómeno.

En la actualidad, existe un consenso generalizado en torno a los efectos catastróficos de la corrupción cuando se desarrolla y se mantiene en el espacio de la administración pública, pues genera deslegitimación de las entidades públicas, de los organismos de control y afecta directamente de forma negativa la distribución del ingreso. Y está claro que se encuentra visiblemente presente en el sector público representativo de nuestro país. El interés de la presente monografía es interpretar la corrupción desde la mirada neoinstitucional y parte de considerar la posibilidad de que su origen y efectos estén en el marco de la estructura institucional.

Partiendo de lo anterior surgió la pregunta de investigación ¿Cómo la corrupción política afecta la consecución de los objetivos de la descentralización en Colombia? Así, el objetivo central de la presente monografía será entonces explicar de qué manera desde la mirada neoinstitucionalista, la corrupción política afecta la consecución de los objetivos de la descentralización en Colombia.

Para el logro de este objetivo se requieren de 4 pasos: definir el proceso de descentralización y los objetivos que éste intenta lograr en Colombia, analizar la corrupción política desde el enfoque neoinstitucional, determinar el número de sanciones y las características del tipo de conductas corruptas sancionadas en los niveles intermedio y local colombiano, establecer cómo esas conductas corruptas afectan la consecución de los objetivos planteados por la descentralización.

La argumentación de la monografía parte de la siguiente hipótesis: Las prácticas corruptas de los servidores públicos Colombianos de los niveles intermedio y local, contribuyen a obstaculizar la consecución de los objetivos propuestos por el proceso de la descentralización. La descentralización, tiene como objetivo central definir el marco conceptual de la descentralización pertinente para el logro del fin de la presente investigación. Realizando una aproximación al concepto de descentralización, a partir de su definición, seguido de su concepción en el contexto colombiano y cerrando con la definición de sus objetivos en el escenario colombiano.

Bautista, O. (2007), en su tesis doctoral titulada: "La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema ético integral en los gobiernos". Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Sostiene que uno de los reclamos de la sociedad, sobre todo en estos tiempos de cambios, es la atención que ésta debe recibir de su gobierno. Dicha atención se manifiesta a través de la satisfacción de las demandas de la comunidad política así como de una mayor expectativa en el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ni los gobiernos ni las administraciones públicas han logrado cumplir estas exigencias.

Ya sea en países con economías débiles y carencia de recursos como en aquéllos con crecimiento económico y superávit financiero, existen una serie de vicios, actitudes antiéticas o antivalores en el seno de sus instituciones públicas que impiden que se opere con la máxima eficiencia anhelada y se alcancen por tanto los resultados deseados, aún en los escenarios más realistas. Esta situación ha generado que las demandas ciudadanas hayan rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos y que las instituciones públicas sean vistas como lentas, ineficaces e ineficientes, lo que a su vez genera que la ciudadanía pierda la confianza en su gobierno.

Cualquier mejora en la operación de los organismos públicos, apoyada en técnicas e innovaciones hacía una mayor eficiencia y responsabilidad, tendrá mayor posibilidad de éxito si se acompaña de principios y valores éticos. Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal íntegro por lo que la ética es vital pues tiene un impacto activo en el personal que a su vez se manifiesta en la marcha y desarrollo de las instituciones. La integridad en el ser humano orienta la conducta al tiempo que permite actuar de acuerdo a valores. Los servidores públicos, entendiendo por éstos a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado (políticos, funcionarios y todos los que prestan sus servicios en las instituciones públicas), deben mantener un comportamiento íntegro al ocupar un cargo. Cuando éste personal posee probidad ejecuta cada acción con fundamento en la recta razón y acompañándose de una escala de valores.

Quienes sirven a la comunidad política trabajando bajo los elevados principios contribuyen a una mejor eficiencia en la operación de las instituciones públicas en todos sus aspectos. A su vez, el adecuado funcionamiento de las instituciones genera buenos resultados en las tareas o deberes públicos. Los buenos resultados son un factor clave para que los ciudadanos otorguen confianza a su gobierno.

La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Es además un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades y antivalores practicados en el uso del poder público. Es un factor esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. También es un instrumento clave para elevar la calidad de la política y la gestión pública gracias a la conducta honesta, eficiente e integra de los servidores públicos. La excelencia de los asuntos de la gestión pública se podrá alcanzar si se cuenta con servidores públicos con sólidos criterios de conducta ética.

• ANTECEDENTES NACIONALES.

Trefogli, G. (2013), en su tesis para optar el título profesional de licenciado en Gestión Pública titulada: "Gestión estratégica y creación de valor en el sector público: estudio de caso sobre el desarrollo de evaluaciones de conocimientos en el servicio civil peruano (2008-2012). Pontifica Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Sostiene que: El estudio de la gestión pública tiene como uno de sus objetos principales la actuación del directivo público. Estos actores, responsables de dirigir las organizaciones públicas, y de ejecutar las intervenciones que conforman las políticas públicas, tienen como exigencia actual en los servicios civiles profesionalizados el actuar generando resultados, satisfaciendo las demandas de los ciudadanos, valorando los procesos de evaluación y fortaleciendo las instituciones democráticas. Un marco conceptual útil para comprender esta orientación de la función directiva pública es el elaborado por Mark Moore (1995), en la denominada gestión estratégica para la creación de valor público.

Un modo de simplificar la actuación del sector público, para fines de su estudio, es interpretar que este, a través de sus procesos políticos y de gestión pública, tiene la tarea de identificar problemas públicos y buscar su atención, en correspondencia con el rol que la sociedad le haya asignado al Estado. La creación de valor público, de acuerdo al autor, consiste en atender las demandas ciudadanas. El valor público es un concepto eminentemente subjetivo, que se encuentra en los deseos y las percepciones de los ciudadanos.

En síntesis, se crea valor público cuando se atienden los problemas públicos demandados por los ciudadanos, y cuando en dicho proceso la actuación del directivo público es eficaz, eficiente, transparente, equitativa, fortalece las capacidades de la administración pública, entre otros indicadores que pueden ser utilizados para su medición. Y, las intervenciones a partir de sus resultados (medible con los indicadores antes mencionados, de efectividad, eficiencia, equidad, transparencia, fortalecimiento de las capacidades de la administración pública, entre otros) deben lograr la satisfacción de dos tipos de clientes, por tratarse de atender las demandas de un "agente principal" colectivo (la ciudadanía): el primero, son los usuarios o beneficiarios directos de los bienes o servicios públicos producidos por la administración pública; y el segundo, el resto de ciudadanos, que no son beneficiarios directos de dichos bienes o servicios, pero que autorizan su existencia a través de su satisfacción o tolerancia expresada a través de sus representantes políticos. Por tratarse de satisfacer a ambos tipos de clientes es que Moore (1995) ha identificado como un proceso de naturaleza dual a la creación de valor público.

Jiménez, H. (2010), en su tesis de maestría titulada: "La gestión de intereses en la administración pública peruana". Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Sección de Postgrado. Maestría en Gerencia Pública. Sostiene que: La presente tesis tiene como objetivo establecer las variables que contribuyen a que la gestión de intereses se constituya en un elemento que influya, como instrumento anticorrupción, en la práctica gerencial pública dentro del sistema democrático peruano. El método utilizado para la realización de la investigación se ha centrado básicamente en el interpretativo sin olvidar algunos aspectos del método tradicional o cuantitativo.

Para verificar la hipótesis, representada por la afirmación del objetivo mencionado, se ha recurrido a la encuesta y entrevistas, lográndose 80 respuestas al cuestionario por igual número de congresistas de la República y la entrevista a 08 gerentes públicos de diversos ámbitos de la Administración Pública. Se ha podido comprobar, que existen factores que hacen de la gestión de intereses una práctica gerencial a impulsar desde diversos ámbitos como la capacitación, mejora en su regulación, establecimiento de mejores y mayores controles en su implementación, entre otros.

En cuanto al primer aspecto, en el Perú, existen casos emblemáticos que trato seguidamente. Así, desde los inicios de la República podemos encontrar temas de corrupción y de escándalo. El caso de la deuda pública con motivo de las guerras de independencia que se constituyó en un escandaloso asunto de corrupción, debido a la ausencia de control en el reconocimiento y pago de las acreencias se defraudó al Estado con la participación interesada de particulares y de los propios órganos del Estado. En el caso del guano, se consideraban factores totalmente ajenos a un contexto favorable al Estado como el nepotismo, favoritismo e influencia política para otorgar u obtener la concesión de explotación.

La importancia del presente trabajo de investigación reside en que se aborda la gestión de intereses y el problema de la corrupción desde la perspectiva de la Administración Pública peruana, lo que hace pertinente el presente trabajo a los estudios de maestría concluidos. Se demuestra, además, que la Administración pública no es ajena a la negociación como herramienta para la toma de sus decisiones. Por ello, dada la naturaleza de la gestión de intereses se aborda este tema ampliamente.

• DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.-

Hoy en día se reconoce la existencia de un problema máximo y generalizado en nuestra sociedad: la desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en los gobernantes y en los administradores públicos. La ciudadanía es cada vez más sensible a que la actuación de los poderes públicos (en concreto, el poder ejecutivo) sea respetuosa tanto con el espíritu y letra de la ley, como con los principios éticos y valores sociales de su entorno y con la propia herencia cultural y política.

Que el sector público deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo y para eso ya existen las leyes y diferentes instituciones y órganos de control en un estado democrático y de derecho; pero además los gobernantes y administradores públicos tienen que mostrar su capacidad para desarrollar un servicio público con clara vocación y orientación al ciudadano e incluso llegar a consolidar principios y valores compartidos, dado que el sector público refleja la ética de la propia sociedad donde aparece y donde está inmerso.

Es común afirmar que la corrupción es un problema antiguo, generalizado y de difícil erradicación. Tal afirmación no resulta exclusiva en nuestro medio, sino que a nivel mundial se toma conocimiento de casos de corrupción cada vez más escandalosos. En el Perú, encontramos casos emblemáticos. Así, desde los inicios de la República podemos encontrar temas de corrupción y de escándalo como el caso de la deuda pública con motivo de las guerras de independencia que se constituyó en un escandaloso asunto de corrupción debido a la ausencia de control; en el reconocimiento y pago de las acreencias se defraudó al Estado con la participación interesada de particulares y de los propios órganos del Estado.