Riesgos profesionales en el periodismo: Caso frontera del Táchira

Enviado por chenat

Memoria de Grado presentado como requisito parcial para optar al Titulo de Licenciada en Comunicación social. Mención Desarrollo Económico.

RESUMEN

Los riesgos que los periodistas enfrentan en el mundo, se presentan en varios escenarios, el principal de ellos es las Guerras, y en el año 2003 la ofensiva en Irak y el foco de tensiones y violencia palestino –Israelí, hizo que el Medio Oriente fuera el lugar donde mayor numero de periodistas perdieran la vida. El segundo escenario de riesgo para los periodistas es la investigación de actos de corrupción, sobre todo en América Latina y en Filipinas, El Tercer escenario, lo forman los regímenes dictatoriales, donde los medios de comunicación pertenecen al gobierno, sus contenidos son revisados por un comité de las llamadas revoluciones. En América Latina, Colombia y Venezuela son los países más riesgosos para ser periodistas; en el primero los comunicadores sufren las presiones, amenazas de los grupos insurgentes. En el segundo las intimidaciones provienen de los insultos verbales, hechos por el presidente Chávez en contra de los medios y que son tomados por sus seguidores.

Entre los riesgos que viven los periodistas a nivel mundial están: agresiones físicas y verbales, hostigamiento judicial, amenaza de muerte, censura, riesgo legal, pecuniario, riesgo por desacato, recortes de publicidad oficial, entre otros.

INTRODUCCION

"Riesgos profesionales del periodismo: Caso Frontera del Táchira". Es el nombre que escogimos para la memoria de grado, tomando en cuenta que es un tema actual, debido a la difícil situación que viven los periodistas, fotógrafos y camarógrafo en nuestro país.

Pero a través de la investigación hasta ahora realizada nos podemos dar cuenta que el periodismo es riesgoso en todo el mundo, y que existen factores que la hacen cada vez más peligrosa. Entre esos agentes se encuentran la censura, la autocensura, represiones, espionaje telefónico, persecución, secuestro, agresiones físicas y hasta la muerte de los trabajadores de la prensa. Hay quienes piensan que esto sólo ocurre cuando se cubre una guerra, pero no es así en los regímenes dictatoriales, en los países con terrorismo y narcotráfico también acontece.

Actualmente los comunicadores sociales venezolanos, están pasando momentos difíciles a la hora de cubrir informaciones tanto del oficialismo como de la oposición, pues son agredidos verbal y físicamente, tienen muchas veces que autocensurarse o arriesgarse cargando chaleco antibalas y máscara antigas.

Esta situación ya se había vivido en nuestro país, en la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez (1948-1957), donde los allanamientos a domicilios de periodistas y a los periódicos, extensos interrogatorios en la Seguridad Nacional, secuestros policiales, espionaje y la censura se convirtieron en el gusano que dominaba a los periodistas.

En esa época cientos de periodistas fueron sometidos a vejaciones, presiones, tortura, exilio, interrogatorios y humillaciones que a veces culminaban en palizas infamantes. La profesión de periodista se convirtió en delito y la Seguridad Nacional era la única autoridad competente para dar o quitar la licencia en el ejercicio profesional.

Ningún órgano periodístico en la capital o en el interior, ni político ni informativo logró vivir mucho tiempo bajo el régimen de censura o la ofensiva antiinformación de la dictadura perezjimenista.

Si comparamos los datos presentados por los libros, acerca de la situación de la libertad de prensa en los años de Pérez Jiménez, y el escenario actual, hay cierta similitud, pues antes como ahora hay agresiones a los periodistas no por la Seguridad Nacional, sino por los Círculos Bolivarianos y afectos al gobierno; hostigados por los miembros del gobierno nacional, antes por el General Vallenilla Lanz, Ministro de la defensa perezjimenista.

Por otra parte en ese tiempo existía una junta de censura de prensa, hoy día el gobierno propone la ley de responsabilidad social de radio y televisión, cuya función será controlar los contenidos que pueden o no salir por los medios, usando como excusa en la protección a los niños y adolescentes.

Todos estos aspectos nos hacen pensar que tanto la libertad de prensa como los periodistas venezolanos vuelven a estar corriendo un grave peligro, y los profesionales que viven en la frontera deben sumarle a estos acontecimientos los riesgos que implican cubrir las informaciones del país vecino donde sus colegas también corren grandes riesgos.

RIESGOS QUE VIVEN LOS PERIODISTAS

No hay profesionales a los que más trampas se les tiendan que a los comunicadores sociales, todos quieren manipularlos, utilizarlos en su beneficio y servirse de su influjo. Por eso son frecuentes las engaños que les ponen en forma de halagos, invitaciones, regalos, pasajes pagados, todo ello con el fin de doblegar su independencia o utilizar su influencia.

Para prevenir los riesgos, tentaciones y engañosos estímulos que frecuentemente amenazan a los periodistas, sobre todo a los que han logrado algún prestigio ante el público. El periodista está sometido a múltiples riesgos no sólo para el ejercicio honesto de su trabajo sino en su misma permanencia en los distintos medios, para su libertad de acción, para su justa aspiración a progresar y aun para la propia integridad personal.

El trabajo periodístico resulta agotador, monótono y con frecuencia mal remunerado, lo que se presta naturalmente a rivalidades entre colegas, a manipulación de intrigas e influencias, a la búsqueda no siempre limpia de amistades y posiciones para tratar de ganar prestigio entre quienes tienen el poder y el dinero.

Por estas razones los periodistas comunes y corrientes, corren riesgo de verse manipulados, de buscarse otras entradas para mejorar su condición de vida, de faltar a los principios de la solidaridad gremial y hasta de considerar el trabajo periodístico apenas como paso temporal hacia otros trabajos más lucrativos y brillantes.

No es extraño encontrar en los medios de comunicación a periodistas que al mismo tiempo son relacionistas de entidades y empresas, que pretenden trabajar en distintos medios a la vez y que hasta se convierten en vendedores de publicidad, para sus propios programas.

Pero aparte de estos riesgos contra la ética profesional, el ejercicio del periodismo se ha convertido en los últimos años en un trabajo de frecuentes riesgos y de serios peligros por razón de la exigencias de una labor cada vez más agitada y compleja que demanda desplazamientos rápidos, trabajo en circunstancias desfavorables y no poco coraje para enfrentar toda suerte de obstáculos y presiones.

En este capitulo trataremos los riesgos tanto legales como extra legales por los que pasa el periodista en el ejercicio de su profesión.

Clasificación de Riesgos según su Categoría

Agresión: en el caso de los periodistas, heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad.

Ataque: Cuando a los medios de prensa son dañados o asaltados por difusión de noticias u opiniones que producen rabia a un grupo determinado.

Amenaza: En forma personal, por teléfono, por carta o cualquier otra forma. También se arremete a las propiedades de un periodista como disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo; así como amenazar a sus familiares.

Censura: Supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política u otro tipo; retiro de publicidad oficial o discriminación en el reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

Intimidación: Acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores sociales detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus funciones.

Hostigamiento Judicial: Amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicios o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos, imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de comunicadores por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

Hostigamiento Verbal: Insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o declaración en repudio de artículos periodísticos.

Restricciones Legales: Aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa o presentación de proyectos legislativos o derechos del poder ejecutivo con esa finalidad.

Muerte: Periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por motivo de éste, luego de la realización del mismo.

De quienes provienen los Riesgos

Es preciso reconocer, que el periodista de nuestros tiempos ve cada vez más recortada su autonomía, que no le es fácil mantener su libertad y que debe estar siempre vigilante ante las presiones, amenazas y solapadas acechanzas que buscan manipularlo en su labor y utilizarlo para su conveniencia. No son solamente las restricciones y ataques de los gobiernos totalitarios o despóticos sino también, en las mismas democracias, donde constantemente se ve amedrentada la libertad del periodista para ejercer honestamente su misión, a tal punto que debe hallarse siempre en guardia para enfrentar el peligro y defender su libertad.

Puede, en efecto, comprobarse cómo en el desempeño de su responsabilidad social, el periodista tropieza con múltiples restricciones a la necesaria libertad de su función comunicadora. El comunicador consciente de estas restricciones que conspiran contra la libertad de su misión profesional, ha de estar alerta para enfrentarlas responsablemente.

Los factores y quienes atentan contra la libertad del periodista, son los siguientes:

Los Gobiernos y Poderes estatales: Dentro de una concepción libre y democrática, la prensa debe reflejar la pluralidad de tesis políticas de la comunidad y ha de procurar mantenerse, por ello, en una clara situación de libertad frente a los gobiernos y fuerzas estatales. No debe, por tanto, convertirse en instrumento del gobierno, ni en el vocero de una política gubernamental ni aceptar entera dependencia económica. El Periodista encontrará, en el Estado y el gobierno serias fuerzas de presión para la libertad de su misión informativa y de opinión.

Los Grupos de Presión: En general los periodistas y los medios de comunicación deben enfrentar, en defensa de su libertad, los serios obstáculos y acechanzas de otras fuerzas de distinto orden que, para su propio beneficio, buscan aprovecharse de la labor informativa. Generalmente esos grupos de presión son:

Grupos de Presión Políticos: Son los de más peligroso influjo en nuestro medio, por la tradicional definición política de todos nuestros grandes órganos de prensa. Especialmente en épocas electorales, los periódicos y los periodistas están en constante riesgo de parcializarse y peder su independencia.
Grupos de Presión Económica: El más peligroso de los grupos de presión que atenta contra la prensa, es sin duda el poder económico en sus distintas modalidades y organizaciones pues poseen los más sutiles recursos para manipular al informador y a los propios órganos informativos. Empresarios, relacionistas de entidades económicas, patronos y sindicatos buscan aprovechar al periodista, no para una información objetiva, sino para el logro de sus propios intereses mediante los más variados procedimientos de presión.

Las Empresas Periodísticas: No faltan ocasiones en que el periodista debe defender su libertad frente a la propia empresa en que trabaja. No se puede olvidar que en la actualidad un órgano informativo tiene la conformación de una empresa industrial, productora de servicios noticiosos, con serios costos de equipos, materias primas, personal, obligaciones laborales y servicios, y no puede trabajar a pérdidas. Su finanzas dependen de la venta de un producto frágil y excesivamente transitorio como es la producción y debe, por consiguiente, para sobrevivir y prosperar, promover sus ventas y fortalecer su publicidad. Estos riesgos pueden convertirse a veces en fuerza de presión contra la libertad del periodismo cuando, en guarda de intereses económicos, los empresarios pretendan imponer al comunicador exigencias indebidas como el silencio intencional o la presentación o interpretación amañadas de los hechos.

Los Lectores, Televidentes o Radioescuchas: No se debe caer en la tentación de una fácil popularidad cediendo irresponsablemente a las malsanas apetencias de algunos sectores del público, ignorantes y de desviado criterio, que buscan sensacionalismo, violencia y sexo o de otros núcleos de lectores, televidentes y radioescuchas, ávidos de actitudes sectarias y de agresivas posiciones políticas. Por lo tanto, de servir a la verdad, frenar lo malsano, elevar el nivel moral, cultural y político de los lectores, televidentes y radioescuchas y promover, con su trabajo responsable los más dignos valores de la sociedad.

Tipos de Riesgos

1.-Riesgo Legal o de Cárcel: Bajo esta denominación de delitos contra la honra y el honor, es decir, aquellos que afectan el patrimonio moral o afectivo de una persona, la legislación contempla diversas figuras penales que son castigados con penas de cárcel. Según las legislaciones de muchos países estas figuras son:

La Calumnia: Una acusación o afirmación, realizada a través de los medios de comunicación social, que no corresponde a la verdad o, por lo menos, no puede ser probada fehacientemente. Articulo 241 del Código Penal Venezolano y articulo 172 del código penal panameño.
La Injuria: Agravio, expresión o acción de descrédito o deshonra. También de menosprecio. Acto de ofensa al honor, reputación o forma pública; ofensa genérica. Articulo 445 del Código Penal Venezolano y articulo 173 del código penal panameño.

Mientras que las penas de cárcel por este delito en Panamá por ejemplo es de 18 a 24 meses de prisión por calumnia y de 12 a 18 meses por injuria. Por su parte las leyes venezolanas estipulan 5 años de prisión por calumnia y de seis a treinta meses de prisión por injuria.

Riesgos Pecuniario Civil: Además de la responsabilidad de pagar con cárcel la comisión del delito, los responsables por calumnia o por injuria deben indemnizar daños y perjuicios civiles por el dolor moral inferido, y por los daños materiales causados.

Las condenas pecuniarias de alto monto son un peligro, en la medida que pueden tener resultados confiscatorios o comprometer la vialidad económica del medio de comunicación. Una buena muestra de este riesgo lo tienen con la condena dictada por los tribunales y la Corte Suprema de Costa Rica el año 2001 contra un diario La Nación, por cuantía de un millón de dólares, a la que sumó las penas de cárcel y la obligación de publicar la sentencia de condena por difamación en la primera plana del diario.

Censura legal: Los periodistas están expuestos a diversas formas de censura amparada bajo las leyes vigentes. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley .

Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En América Latina donde tantos medios de comunicación están vinculados o son presionados los partidos gobernantes, es difícil identificar los casos de censura y precisar quienes son los responsables. Lo que se induce de los pocos casos conocidos, es que la mayoría están relacionados a investigaciones y reportajes sobre la corrupción gubernamental.

En el 2002 esta fue la causa para el cierre de 4 programas de radio en Guatemala (1), Perú (2) y Uruguay (1), el intento de cerrar otro programa radial en Perú, y en el 2003, para el cierre de "Sin Censura", un popular editorial televisivo en El Salvador, y la suspensión de "Consensos", un programa de la Radio Korita en el estado de Nayarit, México.

La censura fue el factor que provocó los despidos de 3 periodistas en Argentina (1) y Uruguay (2) en el 2002, y de otros 4 despidos en el 2003 en Argentina (1), Bolivia (2) y México (1). Los casos de Bolivia, correspondientes a 2 periodistas de medios impresos y ocurridos en febrero del 2003, fueron por presión de sus superiores para favorecer a la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Los denunciantes acusaron a la gubernamental Unidad de Comunicación (Unicom) de pretender imponer una sola línea informativa y específicamente al ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín. En un diario argentino se argumentó que el periodista despedido en julio 2002 desobedeció una orden del director para que una nota crítica de la justicia estatal no saliera.

En el 2002 dos medios argentinos y en el 2003 otro de Paraguay sufrieron interferencias en la difusión de reportajes sobre la corrupción provocadas por funcionarios. En la ciudad de Santiago del Estero, Argentina, dos ediciones completas del periódico "La Verdad", una publicación de "Las Madres del Dolor", fueron secuestradas y del Canal 4 de Cable Express fue secuestrado un video que contenía una investigación periodística sobre el tráfico de bebés. En ambos casos la policía intervino sin orden judicial. En abril de 2003, una de las transmisiones de "El Informante", programa periodístico del Canal 2 en Paraguay, fue interrumpida, según sus conductores después de que un candidato presidencial llegara a pedir la censura de una grabación hasta después de las elecciones.

Riesgos de Desacato: Existen diversas normas legales que facultan a altos funcionarios (jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y funcionarios con mando y jurisdicción) para imponer sanciones de multa y arresto sumario a personas que a su juicio les falten el respeto. En la Práctica se han dado casos de sanciones por desacato aplicadas contra periodistas sin que el acto que las motivó se haya producido en audiencia al calor del desempeño del cargo por el funcionario.

Estas normas de insulto o desacato existen en todos los países estudiados con excepción de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Paraguay, y conllevan penas de cárcel en Jamaica y Canadá, se prohíbe publicar información especifica sobre un juicio. Los periodistas no pueden criticar, calificar o en algunos casos opinar sobre el juez o el proceso sin correr el riesgo de ser encarcelados.

Riesgo de negativa en acceso a la información Pública: En sólo tres países de América Latina existen suficientes garantías legales y procesales para permitir acceso a la información oficial o pública. Esto afecta gravemente al periodismo de investigación, al no permitir el acceso a la fuente de información.

Las formas más comunes de permitir el acceso a la información pública, son el derecho de petición, las leyes de acceso. La imposición arbitraria de comunicación a un medio a través del derecho de respuesta o réplica, llamado a veces de rectificación, es un mecanismo común en los países latinoamericanos.

En unos casos opera de forma más rápida, con base en un recurso excepcional de amparo o de tutela. Este derecho existe en todos los países para la prensa escrita salvo en Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y Puerto Rico. En Argentina y Costa Rica, la imposición de información se hace en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y no por expresa disposición interna.

En Panamá, la negativa al acceso a la información oficial, porque el mismo funcionario que los denuncia por publicaciones inexactas es el que niega la información, provocando inexactitudes. Esto porque carecen de una ley de acceso a la información pública.

Riesgo de restricción al secreto profesional: La falta de protección de sus fuentes de información o secreto profesional. No existe esta garantía en Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras , Jamaica, México y Puerto Rico. En Estados Unidos, 26 de los 50 estados tienen leyes que protegen las fuentes informativas. Los jueces del Canadá tienden a aplicar este derecho pero no en forma uniforme.

Este privilegio, sin embargo, no tiene un sustento sólido en los países en que la ley lo contempla, porque los jueces no aceptan la negación de información si es conducente al juicio.

Debe quedar claro que el secreto profesional del periodista es fundamentalmente un deber de conciencia, es decir pertenece ante todo al aspecto moral que es más respetable aún que el ámbito legal. De él han de ocuparse, por lo tanto, principalmente los códigos de ética y los tribunales de honor.

Pero como los conflictos surgidos en relación con el secreto profesional o la reserva de la fuente se han presentado apenas en los últimos años, nos resulta explicable que no se aluda a estos problemas en los primitivos códigos de moral periodística. La especificación de este deber se ha venido consolidando apenas en los modernos códigos de ética profesional.

La obligación moral del secreto profesional compromete al periodista, aun en riesgo de sufrir sanciones legales a no revelar la fuente de sus informaciones, máxime si ha existido compromiso previo. A no publicar estrictos secretos profesionales de terceros, obtenidos en el ejercicio de su función periodística. A no revelar hechos íntimos de personas logrados en el curso de la búsqueda de una noticia de interés general y que no afecte la verdadera realidad de la noticia.

En el 2002, 14 periodistas fueron presionados a revelar sus fuentes de información sobre casos de corrupción en Argentina (2), México (11) y Nicaragua (1). Las violaciones al secreto periodístico han seguido en el 2003, afectando a 3 periodistas y a 2 medios de comunicación en Bolivia (2), Guatemala (1), México (1) y Panamá (1).

En México varios periodistas han sido citados por la procuraduría nacional y algunas estatales para divulgar sus fuentes y declarar como "testigos" en casos como el de Pemexgate y del ex presidente Raúl Salinas de Gortari.

Cabe mencionar que el anteproyecto boliviano "Ley de Necesidad de Reforma Constitucional" contenía artículos que obligaban a los periodistas a dar a "conocer la fuente de una información que puede ser considerada como violadora de los derechos y garantías indicadas en la Constitución Política del Estado" y no permitía el anonimato, que en algunos casos, significó la revelación de importantes casos de corrupción. La ley fue aprobada en julio de 2002 superando dichas observaciones.

En agosto de 2002 la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la "Ley de Defensa Nacional". El Art. 25 de la citada Ley establecía que "los funcionarios, las autoridades públicas o municipales y las personas naturales o jurídicas deberán proporcionar en lo que corresponda, la información requerida de manera oficial por la autoridad competente para los fines de la defensa nacional". Tal como estaba redactado podría obligarse a los periodistas a revelar sus fuentes de información. Después de protestas nacionales e internacionales, el presidente Francisco Flores devolvió la ley con observaciones para eliminar las amenazas al secreto periodísticos, y estas fueron atendidas por la Asamblea Legislativa.

2.- Riesgos extra legales: Entre los riesgos ajenos a la legislación que deben confrontar los periodistas, nos permitimos enumerar los siguientes:

Censura Editorial: Esta se refiere a las restricciones que pudieran confrontar los periodistas que trabajan para medios de comunicación, para abordar temas de interés personal ajenos a la política editorial del medio.

El remedio para este problema radica en la riqueza de diversos medios de comunicación de orientaciones distintas. Debe asimismo mantenerse abiertas las secciones de opinión para dar cabida a criterios discrepantes de los periodistas.

Autocensura: Este peligroso fenómeno hace que el periodista se abstenga de hacer su trabajo por temor a represalías externas o internas al medio en que labora. Este mal debe ser combatido a través de una política editorial bien definida y abierta a discusión.

Recortes de publicidad Oficial: La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En el 2002, 5 medios de comunicación sufrieron cortes de publicidad oficial debido a sus reportajes sobre la corrupción, entre ellos, el periódico Provincia/23 en Tierra del Fuego, Argentina; el diario La Crónica de Baja California, México; y el diario El Tiempo, el Canal 13 y Radio Reloj, todos de Honduras, que acusaron públicamente al gobierno de "extorsión" por haberles suspendido la publicidad, luego que informaron de un viaje del presidente Ricardo Maduro para ver a su novia en Italia.

En el 2003 el diario argentino Río Negro sufrió una represalia del gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, quien ordenó cancelar la publicidad oficial luego de la difusión de un escándalo de cámaras ocultas que lo involucraban en un soborno. Debido a sus reportajes sobre irregularidades en la gestión local de la ciudad del Conurbano, Argentina, el diario Perspectiva Sur ha sufrido amenazas de juicios, el corte de la publicidad oficial por más de un año y presiones sobre los anunciantes para que suspendieran su publicidad en dicho medio de comunicación. Y otro diario argentino, Tiempo Sur, es víctima de recortes de publicidad oficial porque se resiste a dejar de reportar sobre anomalías en los gobiernos de la provincia de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos.

En México, el gobernador del Estado de Nayarit ocupó la asignación de publicidad oficial para censurar críticas a su gestión hechas por "Consensos", un programa de Radio Korita, que se transmitía simultáneamente por radio y televisión. Estas presiones del gobierno resultaron en la suspensión del programa.

Colegiación: Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH. La colegiación o la acreditación obligatoria de los periodistas con base a un título universitario existe en Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Además, en el 2002, anteproyectos de leyes que establecen la obligatoriedad de la colegiación periodística fueron presentados en la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, Argentina, y en República Dominicana, a través de una enmienda a la Ley 6132.

Un anteproyecto fue reactivado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, Argentina, y el Colegio de Periodistas de República Dominicana promovió el reestablecimiento de la exigencia de tener una licencia para trabajar en un medio de comunicación, norma que fue declarada inconstitucional en 1989. Entre otras iniciativas, un diputado hondureño hizo una propuesta para nombrar una comisión dedicada a normar el ejercicio periodístico ya que, a criterio de éste, la prensa "comete algunos actos que lesionan la honra y la honorabilidad de muchas personas".

El partido oficial guatemalteco logró en noviembre de 2001 la aprobación legislativa de la colegiación obligatoria y la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística a través de la Ley de Colegiados. En enero de 2002, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente algunos de sus artículos y aclaró que la Ley de Colegiados es obligatoria para todo profesional, menos para los periodistas. En junio, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó una ley que instauró la acreditación obligatoria de los periodistas y la exigencia de titulo profesional; el Poder Ejecutivo se negó a sancionarla.

En diciembre de 2002, el presidente Álvaro Úribe devolvió con observación a la Cámara de Representantes de Colombia el proyecto de Ley del Periodista, por considerar que impone condiciones para ser reconocido como periodista y que por tanto limita la libertad de expresión.

Todavía está pendiente un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, promovido en julio de 2002 por representantes de diarios y canales de televisión, con el apoyo del presidente Enrique Bolaños, para declarar la inconstitucional de la Ley No. 372 o "Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua", aprobada en el año 2001.

El Tribunal Supremo de justicia venezolano vs. Los periodistas

El 15 de julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazó un recurso que sostenía que varios artículos del Código Penal venezolano eran inconstitucionales. Rafael Chavero Gazdik, abogado que ha escrito sobre temas constitucionales, presentó una acción de nulidad por inconstitucionalidad en marzo del 2001 que argumentaba que los artículos 141, 148 al 152, 223 al 227, 444 al 447 y 450 del Código Penal eran contrarios a la Constitución venezolana y a obligaciones internacionales contraídas por Venezuela conforme al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a «buscar, recibir y difundir informaciones e ideas».

Los artículos 148 al 152 y 223 al 227 del Código Penal venezolano comprenden las disposiciones sobre desacato, que sancionan penalmente las expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios públicos e instituciones del Estado; los artículos 444 al 447 y el 450 tipifican los delitos de difamación e injuria; y el artículo 141 establece sanciones penales para toda persona que destruya la bandera venezolana u otro emblema nacional.

Tomando como fundamento el «Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos», publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1994, que sostiene que las leyes de desacato contravienen el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque reprimen la libertad de expresión, Chavero arguyó que como país miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Venezuela debía derogar las disposiciones sobre desacato o reformarlas con el objeto de adecuarlas a las normas internacionales.

En su escrito, Chavero también solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declarara la nulidad de las disposiciones que tipifican el delito de difamación o las reformara mediante la aplicación del estándar de la «real malicia» en los casos en que la persona ofendida fuera un funcionario o personaje público.

El fallo del magistrado del Tribunal Supremo Jesús Eduardo Cabrera Romero modificó ligeramente el enunciado de los artículos 223, 224, 225 y 226, rechazó los argumentos de Chavero. Explicando su oposición a la anulación de las leyes de desacato, el magistrado Cabrera señaló que no se les debía permitir a poderosos grupos políticos y del poder económico privado dentro de una sociedad que expresaran pensamientos e ideas que busquen debilitar «las instituciones del Estado, para fines propios o ajenos». Además, Cabrera abordó la posibilidad de que «tal debilitamiento y hasta parálisis de las instituciones. se adelante mediante ataques persistentes, groseros, injuriosos, desmedidos y montados sobre falacias, contra los entes que conforman el tejido institucional del país».

Además, el fallo declaró que las leyes venezolanas garantizan los derechos humanos y no son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y destacó que los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana consagran el derecho a la información y a la libertad de expresión y conceden mayor protección que la otorgada de conformidad con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el fallo especificó que las recomendaciones emitidas por la CIDH en el informe de 1994 no eran vinculantes desde el punto de vista jurídico.

Después del fallo, Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, difundió un comunicado que lamentaba la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Organizaciones internacionales de derechos humanos tales como Human Rights Watch y organizaciones venezolanas como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) también han criticado el fallo.

Los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido que las actividades de los funcionarios públicos están sujetas a una mayor fiscalización y que éstos no deben gozar de mayor protección que el resto de la sociedad. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en octubre del 2000, expresa que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».

La Declaración de Principios señala, además, que «la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público».

Aunque la Declaración de Principios de la CIDH no es un documento vinculante, constituye la interpretación de la CIDH respecto a las normas internacionales vigentes en materia de libertad de expresión.

RIESGOS DEL PERIODISTA EN LA FRONTERA DEL TÁCHIRA

Este capítulo trata de una investigación de campo, para conocer cuales son los riesgos que viven los periodistas en nuestro estado, que no existen para los colegas del resto del país, y a los que se le suman los efectos negativos de la actual crisis política por la que esta pasando Venezuela, de la cual los comunicadores sociales son víctimas.

Variables y metodología:

El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los que se incluían las siguientes variables: Tipo de riesgo (amenaza de muerte, amenaza de juicio, demanda judicial, despido); Lugar de donde provino la amenaza (institución pública o privada, del medio de donde trabajan o de otro sitio). Otras categorías estudiadas son la fuente que más peligro representa (política, sucesos, economía, deportes y farándula); el medio de comunicación que más riesgo corre (televisión, radio, impresos); y la actitud del periodista ante una situación que pone su vida en peligro, entre otras.

Las informaciones de los distintos casos se registraron gracias a los testimonios de los periodistas encuestados, con el objeto de realizar un registro de fuente directas, para ello seleccionamos una muestra de 10 personas; 5 de ellos representantes de los medios regionales: (Aleida Carrillo y Freddy Villamizar de TRT, Zulma López del Grupo Radial González Lovera, Armando Hernández del Diario Los Andes y Omaira Labrador del Diario La Nación). Los otros 5 son los corresponsales de medios nacionales: (Yamile Jiménez de RCTV, Freddy Machado de Globovisión, Fabiola Niño de Televen, Gustavo Gómez Morón de Venevisión y Eleonora Delgado del Diario El Nacional).

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que consideraba las variables que explicitaremos posteriormente, se realizó una depuración de los distintos casos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes y ello derivó los gráficos que ilustramos este trabajo.

De acuerdo a los criterios metodológicos de este estudio, se demostró que el 100% de los entrevistados han corrido algún tipo de riesgo durante el ejercicio de su profesión.

Mientras que al ser consultados en relación con el tipo de riesgos que han sufrido, las respuestas variaron, ocupando el primer lugar la amenaza de muerte con 5 casos que representan 36%, seguida del hostigamiento físico con 4 puntos que es el 29% de la muestra; la demanda judicial con 2 casos para el 14% al igual que el hostigamiento verbal; mientras que el cubrimiento de la fuente de sucesos obtuvo 7% al ser referida, por Aleida Carrillo Gerente de Información de Televisora del Táchira, quien piensa que "el cubrir enfrentamientos policiales con delincuentes, así como las noticias de derrumbes y crecida de ríos, pone en riesgo la vida del periodista que no mide las consecuencias del hecho".