Organismos del comercio internacional (página 2)

La Asamblea General de Naciones Unidas encomendó a la Comisión (UNCITRAL) la labor general de fomentar la armonización y la unificación progresivas del derecho mercantil internacional. A partir de ello, la UNCITRAL se ha convertido en el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil internacional.

Hasta el momento, la Comisión está integrada por 36 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General. Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y de los principales sistemas jurídicos y económicos del mundo. Los miembros de la Comisión son elegidos por períodos de seis años y cada tres años expira el mandato de la mitad de ellos.

Las principales áreas de trabajo de la UNCITRAL son:

1. Compraventa internacional de mercaderías y operaciones conexas

2. Transporte internacional de mercaderías

3. Arbitraje y conciliación comercial internacional

4. Contratación pública

5. Contratos de Construcción

6. Pagos Internacionales

7. Insolvencia transfronteriza

8. Comercio Electrónico

En el área relativa a Comercio Electrónico destaca la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Esta ley, elaborada en el año de 1996, tiene por objeto facilitar el uso de medios modernos de comunicación y de almacenamiento de información, por ejemplo el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico y la telecopia, con o sin soporte de Internet. De acuerdo con la Comisión, la Ley Modelo se basa en el establecimiento de un equivalente funcional de conceptos conocidos en el tráfico que se opera sobre papel, como serían los conceptos "escrito", "firma" y "original".

La Ley Modeloproporciona los criterios para apreciar el valor jurídico de los mensajes electrónicos, y por tal motivo es muy importante para aumentar el uso de las comunicaciones que se operan sin el uso del papel. Como complemento de las normas generales, la Ley contiene también una serie de lineamientos para el comercio electrónico en áreas especiales, como sería el transporte de mercancías. Con el propósito de poder asistir a los legisladores, la Comisión ha elaborado además una Guía para la Incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico al derecho interno.

3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo – UNCTAD

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o UNCTAD, del inglés, United Nations Conference on Trade and Development) se estableció en 1964 como un cuerpo intergubernamental permanente de las Naciones Unidas. La UNCTAD es el principal órgano de la Asamblea General de la ONU para los asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo.

Los objetivos de la organización son "maximizar las oportunidades comerciales, de inversión y desarrollo de los países en vías de desarrollo así como la asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial" (extraído de la página web oficial).

En la actualidad, el UNCTAD cuenta con 191 estados miembros y su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. La UNCTAD dispone de una plantilla de 400 miembros y un presupuesto anual regular de aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses así como unos fondos extraordinarios de asistencia técnica de unos 25 millones de dólares estadounidenses.

El trabajo intergubernamental se realiza en cuatro niveles de reuniones:

• La conferencia UNCTAD – se lleva a cabo cada 4 años, la última fue UNCTAD XI en Sao Paulo en junio de 2004;
• La mesa de comercio y desarrollo del UNCTAD – la mesa gestiona el trabajo de la UNCTAD entre dos conferencias y se reúne tres veces al año;
• Cuatro comisiones UNCTAD y un grupo de trabajo – éstos se reúnen más a menudo que la mesa para reanudar la política, el programa y los asuntos relacionados con el presupuesto.
• Reuniones de expertos – las comisiones pueden convocar reuniones de expertos en ciertas áreas de forma que proporcionen información experta a las discusiones políticas de la comisión.

La UNCTAD genera una serie de informes sobre ciertos temas, entre ellos:

• El informe sobre comercio y desarrollo
• El informe de inversión mundial
• El informe sobre el desarrollo económico de África
• El informe sobre los países menos desarrollados
• Las estadísticas de la UNCTAD
• El informe sobre comercio electrónico y desarrollo
• La revisión de transporte marítimo

La UNCTAD también realiza varios programas de cooperación técnica como el ASYCUDA (SIDUNEA) , DMFAS, EMPRETEC y WAIPA.

Además, UNCTAD realiza ciertas cooperaciones técnicas en colaboración con la Organización Mundial del Comercio a través del Centro de Comercio Internacional (CCI), una agencia técnica de cooperación conjunta (del UNCTAD y de la Organización Mundial del Comercio) que aborda aspectos operacionales y empresariales del desarrollo del comercio

8. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el "FMI" o

"el Fondo", se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las desastrosas políticas económicas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta.

Algunos datos

· Número actual de países miembros: 185

· Personal: Aproximadamente 2.635 funcionarios procedentes de 143 países.

· Total de cuotas: US$338.000 millones (al 30 de septiembre de 2007).

· Préstamos pendientes de reembolso: US$17.000 millones a favor de 768 países, de los cuales 57 reciben préstamos en condiciones concesionarias por un monto de US$6.000 millones (al 30 de septiembre de 2007).

· Asistencia técnica provista: 438.4 años-empleado durante el ejercicio fiscal 2007.

Consultas de supervisión concluidas: 134 países durante el ejercicio 2007, de los cuales 125 publicaron voluntariamente los informes respectivos.

En el Artículo I del Convenio Constitutivo se establecen las principales responsabilidades del FMI:

· Fomentar la cooperación monetaria internacional.

· Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.

· Fomentar la estabilidad cambiaria.

· Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos.

· Poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos (con las garantías adecuadas) los recursos de la institución.

Las actividades del FMI

En general, el FMI se encarga de velar por la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional (el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio entre las monedas nacionales que hace factible el comercio entre países). Las actividades del FMI buscan fomentar la estabilidad económica y prevenir las crisis, ayudar a resolver las crisis cuando éstas se producen, y fomentar el crecimiento y aliviar la pobreza. Para lograr estos objetivos, el FMI emplea tres mecanismos principales: la supervisión, la asistencia técnica y la asistencia financiera.

· El FMI trata de fomentar el crecimiento y la estabilidad económica mundial (y, de este modo, evitar las crisis económicas) alentando a los países para que adopten políticas económicas sólidas.

Por medio del proceso de supervisión, el FMI ofrece un diálogo y un asesoramiento periódicos en materia de políticas a sus países miembros. El FMI realiza evaluaciones minuciosas de la situación económica de sus países miembros, regularmente una vez al año. El FMI y las autoridades examinan las políticas del país y determinan si éstas son congruentes con la estabilidad interna y externa, incluyendo un crecimiento sostenible, y el FMI hace recomendaciones en caso de que considere que es recomendable hacer ajustes. Los países miembros tienen la opción de publicar la evaluación del FMI, y la gran mayoría de ellos opta por la transparencia, poniendo a disposición del público amplia información sobre la supervisión bilateral. Además, el FMI combina información obtenida a través de distintas consultas para formular evaluaciones de la evolución y las perspectivas económicas mundiales y regionales. El FMI da a conocer sus puntos de vista supervisión multilateral en la publicación bianual Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook) y en el informe sobre la estabilidad financiera mundial (Global Financial Stability Report).

El FMI ofrece asistencia técnica y capacitación (generalmente, sin cargo alguno) a fin de ayudar a los países a fortalecer su capacidad para elaborar y poner en práctica políticas eficaces. La asistencia técnica brindada abarca varios ámbitos: política fiscal, política monetaria y cambiaria, supervisión y regulación del sistema bancario y financiero, y estadísticas.

· En el caso de los países miembros que tienen problemas para financiar su balanza de pagos, el FMI también funciona como un fondo al que puede recurrirse para facilitar la recuperación.

La asistencia financiera se otorga con el fin de dar a los países miembros margen de maniobra para corregir sus problemas de balanza de pagos. Las autoridades nacionales, en estrecha colaboración con el FMI, formulan un programa de políticas respaldado con financiamiento del FMI, y la continuidad del financiamiento está sujeta a la implementación exitosa de este programa.

· El FMI realiza también (de manera independiente y en colaboración con el Banco Mundial y otras organizaciones) una intensa labor destinada a reducir la pobreza en países de todo el mundo.

El FMI brinda asistencia financiera en virtud de sus servicios para préstamos en condiciones concesionarias: el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) y el Servicio para Shocks Exógenos , y alivio de la deuda a través de la Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa Multilateral para el Alivio de la Deuda.

En la mayoría de los países de bajo ingreso, esta labor de asistencia está fundamentada en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Estos documentos son preparados por las autoridades de los países —en consulta con la sociedad civil y sus socios externos en el desarrollo— con el fin de describir un marco de política económica, estructural y social de gran alcance para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza en el país.

La gestión y organización del FMI

El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. Su autoridad máxima es la Junta de Gobernadores, que está integrada por gobernadores de los 185 países miembros (un gobernador por país). Todos los gobernadores se reúnen una vez al año con ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial; los 24 gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) se reúnen dos veces por año. Las operaciones cotidianas del FMI se realizan en la sede del organismo en Washington y están a cargo del Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros; esta labor es orientada por el CMFI y respaldada por el personal profesional del FMI. El Director Gerente es el jefe del personal del FMI y el Presidente del Directorio Ejecutivo, y cuenta con la asistencia de tres subdirectores gerentes.

Los recursos del FMI son suministrados por sus países miembros, principalmente por medio del pago de cuotas, que, en general, guardan relación con el tamaño de la economía del país. El monto total de las cuotas es el principal factor determinante de la capacidad de concesión de préstamos del FMI. Los gastos anuales de administrar la institución se cubren principalmente con la diferencia entre los ingresos derivados de los intereses (sobre los préstamos pendientes de reembolso) y los pagos por concepto de intereses (correspondientes a los "depósitos" de cuotas).

BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial, abreviado como BM (en inglés: World Bank) es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 185 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

En 1944, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la postre se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods (llamado así por el nombre de la ciudad en New Hampshire, sede de la conferencia donde fue concebido) integrado por dos instituciones, fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Concebido el primero, en un principio, con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra, poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial (GBM).

Estructura del Banco Mundial

La organización tiene oficinas en 109 países y más de 10.000 empleados en nómina. El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países en desarrollo para el año 2002 fue de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un período de 35 a 40 años, con 10 años adicionales de gracia.

El Grupo del Banco Mundial está integrado por:

• El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 184 países miembros). Creado en 1945, tiene como objetivo lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna es la principal rama del GBM, debiéndose pertenecer a él para poder ser miembro de cualquiera de los siguientes organismos.

• La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 164 países miembros). Creada en 1960, está constituida por 164 países, quienes realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial (BM) proporcione entre 6,000 y 7,000 mdd anuales en crédito, casi sin intereses, a los 78 países considerados más pobres. La AIF juega un papel importante porque muchos países, llamados “en vías de desarrollo”, no pueden recibir financiamientos en condiciones de mercado. Esta proporciona dinero para la construcción de servicios básicos (educación, vivienda, agua potable, saneamiento), impulsando reformas e inversiones destinadas al fomentar el aumento de la productividad y el empleo.

• La Corporación Financiera Internacional (CFI, 178 países miembros). Creada en 1956, esta corporación esta encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes e inversionistas.

• El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 162 países miembros). Creado en 1988, este organismo tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como: expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricciones de transferencias, guerras o disturbios.

• El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 134 países miembros). Creado en 1966, este organismo esta constituido por 133 países. El CIADI tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países, al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias, relativas ese rubro. Esta institución cuenta con una fuerte área de investigación que publica temas sobre legislación internacional y nacional (de acuerdo al país), en materia de inversiones.

La CFI y el OMGI, cuentan a su vez con la Oficina del Ombudsman y Asesor (CAO) que tiene funciones de asesoría independiente y de atención de las reclamaciones formuladas por comunidades afectadas.

Junta de gobernadores

Cada país miembro esta representado en la Junta de Gobernadores[] , ellos tienen la facultad para tomar las de decisiones finales del Banco. Dentro de sus funciones se encuentra admitir o suspender a países miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos, así como determinar la distribución de los ingresos del BIRF.

Los gobernadores se reúnen anualmente o cuando una mayoría representante, por lo menos dos tercios de los votos totales, lo requiera. La duración de su cargo se estipula por cinco años con derecho a la reelección. La Junta participa junto con los Directores Ejecutivos en la elección del presidente del Banco.

La Junta de Gobernadores delega la responsabilidad de proyectos y decisiones a los Directores Ejecutivos con excepción de: admitir nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por acciones del Banco, suspender a un miembro, y determinar la distribución de las entradas netas al Banco.

Directorio Ejecutivo

Los Directores Ejecutivos tienen como meta desarrollar los proyectos y llevar a cabo la operación y conducción del Banco. El Directorio esta constituido por 12 Directores Ejecutivos titulares y 12 suplentes (estos últimos participan en la toma de decisiones, pero no tienen derecho a voto), su elección se da cada dos años.

Cinco Directores son designados por los cinco países miembros que tienen mayor número de acciones. Siete Directores son elegidos por la Junta de Gobernadores.

Presidente

El presidente del BM es elegido por el Directorio Ejecutivo, y preside al mismo, pero sin derecho a voto. Dentro de sus funciones se encuentra conducir los negocios, organizar, nombrar y remocionar a funcionarios y empleados del Banco, jugando un papel de jefe de personal.[2]

Consejo Consultivo

Dentro de la estructura del Banco se encuentra el Consejo Consultivo integrado por un mínimo de siete personas nombradas por la Junta de Gobernadores. A este se integran intereses bancarios, comerciales, industriales, agrícolas y del trabajo con el fin de asesorar al Banco en asuntos de política general. Estos consejeros mantienen el cargo durante dos años con derecho a reelección.

La Organización Mundial de Comercio

La Organización Mundialdel Comercio conocida como OMC fue establecida en 1995, la OMC administra los acuerdos comerciales negociados por sus miembros, en concreto el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual (TRIPs en inglés). Además de esta función principal, la OMC es un foro de negociaciones comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución de diferencias comerciales (disputas entre países); supervisa las políticas comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y comercial a escala mundial.

A pesar de que teóricamente el libre comercio no figura entre sus objetivos, en la práctica, la OMC es un foro dónde los Estados miembros buscan acuerdos para la reducción de aranceles, y por tanto para la liberalización del comercio, y dónde se resuelve cualquier disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con respecto a los acuerdos alcanzados

Historia

El GATT

El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) fue creado en 1947 como respuesta al periodo de proteccionismo, devaluaciones competitivas y controles de capitales del periodo de entreguerras que se considera fue uno de los factores que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Tras la adopción de la Smoot-Hawley Tariff Act en Estados Unidos, que incrementó los aranceles estadounidenses entre el 38%-52%, los socios comerciales de los EEUU le impusieron a éste restricciones comerciales como medida de represalia. Esto provocó un efecto dominó por el cual los flujos comerciales se desviaban a otros países, se tomaban medidas proteccionistas en estos, y a su vez medidas de represalia adicionales se tomaban.

Una vez concluida la guerra, los líderes políticos mundiales quisieron establecer una serie de organizaciones internacionales que redujeran la posibilidad de que se repitiera de nuevo el conflicto. Estas organizaciones internacionales fueron creadas para controlar las relaciones internacionales y monetarias (Naciones Unidas y FMI) y para el control de las relaciones comerciales (la Organización Internacional del Comercio, OIC).

Se consideró que un aumento del comercio incrementaría las rentas reales y que la garantía de un acceso no discriminatorio a los mercados internacionales reduciría la posibilidad de conflictos políticos o que las disputas comerciales pudieran crearlos.

El GATT fue el resultado de conversaciones entre 23 países (12 países industrializados y 11 en desarrollo)[1] que tuvieron lugar en paralelo a las conversaciones para la creación del OIC. Las negociaciones que tuvieron lugar en La Habana en 1947 no dieron sus frutos debido a la reticencia del Congreso de los Estados Unidos en ratificar el acuerdo. Finalmente, el GATT fue el único resultado de los acuerdos y éste impulsó la reducción de aranceles entre los Estados miembro.

A partir de aquí, y de acuerdo con el funcionamiento típico de los tratados, se sucedieron una serie de rondas de negociación que iban cambiando o añadiendo determinados aspectos al GATT. Por ejemplo, en 1962 se firmó el Multifibre Agreement que derogaba determinadas restricciones cuantitativas en el sector textil de la aplicación de las reducciones arancelarias (es decir, que en estos sectores no se aplicarían dichas reducciones) o La Ronda de Tokyo (1973-1979)

Creación de la OMC

Pascal Lamy, actual Director General de la OMC, en 2006

La Ronda de Uruguay (1986-93) fue uno de los momentos más importantes dentro de las negociaciones comerciales, resultando en la reintegración del sector agrícola y textil, introducción de nuevas disciplinas en el sector servicios y de Propiedad Intelectual, así como la creación de la OMC.

Así pues, la OMC fue creada el 1 de enero de 1995, sustituyendo al GATT, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde aún mantiene su sede. Desde su creación, el GATT fue explícitamente concebido como un acuerdo temporal que posteriormente formaría parte de la OIC. Debido a que carecía de una estructura institucional, se decidió crear la OMC para suplir estas deficiencias.

Las principales diferencias entre el GATT y la OMC son las siguientes[] :

• Único contrato (single undertaking): El acuerdo de la OMC es un único contrato, es decir, que todas sus provisiones se aplican a todos sus miembros. Esta es una diferencia importante con respecto al GATT dónde, principalmente los países en desarrollo, podían decidir si firmar o no un acuerdo.
• Órgano de solución de diferencias (dispute settlement): En la OMC es casi imposible bloquear la creación de Paneles para la resolución de disputas o la adopción de informes, mientras que esto sí que era posible en el caso del GATT.
• Transparencia: La OMC tiene un mayor mandato para conseguir la transparencia y vigilancia en sus funciones, principalmente a través de la creación del Mecanismo de Revisión de las Políticas Comerciales (Trade Policy Review Mechanism).
• Liderazgo de la organización: Como reflejo del mayor alcance de la organización, en lugar de designar un alto funcionario de uno de los Estados miembros (como era tradición en el GATT), los Directores Generales de la OMC son figuras políticas, en general ex-políticos.
• Funcionamiento: Mientras que en el GATT podía pasar una década sin encuentros ministeriales, en la OMC, los firmantes deben reunirse por lo menos una vez cada dos años.

Como se ha dicho, la OMC funciona básicamente mediante rondas de negociación de la Conferencia Ministerial. Con posterioridad a la ronda fundacional de la OMC, la Ronda Uruguay (1986-1993), se desarrollaron las siguientes Conferencias Ministeriales:

• 1996: 1ª, Singapur. Produce una Declaración Ministerial y otra sobre comercio de productos de tecnología de la información (esta última firmada por 18 miembros)
• 1998: 2ª, Ginebra. Produce una Declaración Ministerial y otra sobre comercio electrónico.
• 1999: 3ª, Seattle (también conocida como Ronda del Milenio). La reunión fracasa por las protestas masivas (ver: La batalla de Seattle) y no produce ninguna declaración.
• 2001: 4ª, Doha. Produce varias declaraciones y decisiones conocidas como "Programa de Doha".
• 2003: 5ª, Cancún. No logra acordar ninguna declaración debido al desacuerdo de los países desarrollados con la posición del G-21 (integrado por países del Sur) reclamando la eliminación de los subsidios agrícolas en países desarrollados.
• 2005: 6ª, Hong Kong. Se aprueba una Declaración Ministerial y una Lista de Preguntas a los Ministros que incluye 5 puntos directamente referidos al proteccionismo en la agricultura, y otros 3 sobre productos no agrícolas.

Funcionamiento

En general, se puede decir que la OMC es:

• Un mecanismo para el intercambio de compromisos en materia de política comercial.
• Un código de conducta: una serie de compromisos legales específicos que regulan las políticas comerciales de los Estados miembros.

En cuanto al segundo punto, este código de conducta emerge de un proceso de negociación que incluye (a pesar de no estar limitado a) una serie de compromisos legales para reducir las barreras al comercio. Así pues, estos compromisos se encuentran estipulados en los distintos acuerdos alcanzados: GATT, GATS y TRIPS. La OMC constituye un marco o estructura de normas y disciplinas para las políticas relacionadas con el comercio, es decir, que la OMC como organización no define ni especifica el resultado de las rondas de negociación, sino que este resultado depende de los acuerdos alcanzados por los Estados miembros dentro de dicha estructura.

Para entender exactamente en qué consiste dicho código de conducta, se considera que existen cinco principios o dimensiones de la OMC que son de particular interés para entender su funcionamiento. Estos cinco principios configuran la base legal sobre la que los Estados miembros pueden llegar a acuerdos, sin que estos acuerdos puedan violar ninguno de estos principios (es a estos principios a los que nos referíamos al decir que la OMC es un marco o estructura de normas):

• La no discriminación.
• La reciprocidad.
• El principio de acuerdos vinculantes.
• La transparencia.
• Determinadas excepciones (safety valves).

La no discriminación

El principio de no discriminación tiene a su vez dos componentes:

• La norma de la Nación Más Favorecida (NMF) (Most Favoured Nation, MFN).
• El principio de trato nacional (National Treatment).

Estas dos normas o principios se encuentran en los distintos acuerdos alcanzados sobre bienes, servicios, y propiedad intelectual, pero su precisa naturaleza o alcance difiere entre estas tres áreas. Esto es especialmente cierto en el caso del Trato Nacional, que es un compromiso específico y no general en el caso de los servicios.

La norma de la Nación Más Favorecida (NMF) requiere que un producto producido en un Estado miembro sea tratado de forma no menos favorecida que un producto similar originario de cualquier otro país. Es decir, supongamos que la Unión Europea (UE) tiene un acuerdo particular con los Estados Unidos por el cual a los coches deportivos estadounidenses (supongamos que existiera tal categoría) se les impone unos aranceles del 10%. Supongamos ahora que China dentro de unos años empieza a producir también coches deportivos y pretende exportarlos a la UE. Imaginemos que los coches deportivos chinos tienen un precio muy por debajo de los estadounidenses y europeos (por ejemplo, debido a que los trabajadores/as chinos/as tienen un salario mucho inferior al europeo). Así pues, imaginemos que los dirigentes políticos europeos deciden imponer a estos coches chinos unos aranceles del 50% (puesto que así, al entrar en el mercado europeo, su precio aumentará del 50% y se encontrarán a un precio mucho menos inferior al de los coches deportivos europeos o estadounidenses y por tanto su capacidad de competir con los coches deportivos europeos será mucho inferior). Pues bien, este comportamiento estaría prohibido por el principio de la NMF: puesto que la UE aplica aranceles del 10% a los coches deportivos estadounidenses está obligada a aplicar el mismo arancel a los coches deportivos chinos o de cualquier otro Estado miembro de la OMC. Es más, el principio de la NMF se aplica también si el Estado miembro tiene un acuerdo con otro país que no sea miembro de la OMC. Es decir, que si la UE tuviera un acuerdo bilateral con Mongolia (que no es miembro de la OMC) por el cual los aranceles impuestos a los coches deportivos mongoles fuera del 5%, la UE estaría obligada a garantizar unos aranceles máximos del 5% a todos los Estados miembros de la OMC.

La norma de la NMF se aplica incondicionalmente, a pesar de que existen excepciones. Las tres excepciones más importantes son:

• Las Zonas de Libre Comercio (Free Trade Area) que son acuerdos entre países por los cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel alguno (un ejemplo es la NAFTA entre EEUU, México y Canadá).
• Las Uniones Aduaneras (Custom Union) que son zonas de libre comercio pero dónde los países no sólo dejan de imponer aranceles a las exportaciones entre éstos sino que además adoptan aranceles comunes para las importaciones de países terceros (el ejemplo más conocido es la UE).
• Los acuerdos de trato preferencial que son acuerdos entre países industrializados y en desarrollo por los cuales los primeros dan un trato arancelario preferencial (es decir, aranceles inferiores) a los segundos.

El principio de trato nacional requiere que, una vez los productos extranjeros hayan satisfecho cualesquiera requisitos nacionales necesarios para poder ser importados, sean tratados de manera no menos favorecedora que productos similares o competitivos nacionales. Así pues, este principio se aplica tanto a regulaciones fiscales como políticas. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que los coches chinos se encuentran ya en la aduana de la UE tras haber pagado el arancel del 10%. Supongamos ahora que la UE ha decidido establecer a nivel europeo una nueva norma para fomentar el comercio intraeuropeo. Digamos que dicha norma consiste en una reducción fiscal del 10% de los costes de transporte de los coches europeos para las empresas europeas que producen dichos coches. Pues bien, según el principio de Trato Nacional, la UE estaría obligada a garantizar dicha reducción fiscal del 10% de los costes de transporte en territorio europeo a todas las empresas chinas y de los Estados miembros de la OMC que quisieran exportar coches en territorio europeo.

En ambos casos, la obligación es de dar un trato no menos favorable. Es decir, que un país puede favorecer un determinado producto extranjero en relación al nacional pero sujeto al principio de NMF, es decir, que dicho trato favorecedor deberá ser garantizado a todos los productos similares de cualquier país extranjero miembro de la OMC. Lo contrario también es cierto, es decir, que un país puede favorecer un producto nacional en relación a uno extranjero (por ejemplo con elevados aranceles sobre ese producto), pero entonces el país deberá favorecer dicho producto nacional en relación a todos los productos similares de cualquier país extranjero miembro de la OMC. En nuestro ejemplo anterior, esto quiere decir que la UE no puede imponer aranceles elevados a los coches chinos y bajos a los estadounidenses, pero sí que podría imponerles aranceles bajos e iguales (no discriminación) o aranceles elevados e iguales a ambos países.

El principio de NMF tiene una serie de objetivos económicos y políticos. En cuanto al objetivo económico, si la política de un país no discrimina entre países extranjeros, tanto importadores como consumidores continuarán teniendo el incentivo de comprar del país con un menor coste (es decir, precio). En cuanto al objetivo político, la NMF ofrece a los países pequeños la posibilidad de impedir que países más grandes darán mejor trato a competidores por razones de Política Exterior. Además, el principio de NMF, busca mantener la cooperación mediante el incremento del coste de un país de desviarse de sus compromisos, incrementando así la credibilidad de estos compromisos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la UE siguiera queriendo imponer tarifas a los coches chinos del 50%, lo podría hacer, pero entonces tendría que incrementar hasta ese nivel las tarifas impuestos a los coches de cualquier otro país miembro de la OMC. Esto querría decir que, de un día para otro, debido a la subida de los aranceles, el precio de todos los coches no europeos en la UE se incrementaría. Como seguramente la UE no quiere que sus ciudadanos paguen más caros todos los coches no europeos, finalmente decidirá ajustarse al compromiso que había alcanzado con todos los miembros de la OMC: una tarifa del 10%. Así el principio de la NMF incrementa el coste de cualquiera de sus miembros a desviarse de los compromisos previos alcanzados.

El objetivo del principio de trato nacional es que de igual forma, los compromisos de reducción de aranceles, no sean contrarrestados mediante el uso de impuestos o medidas similares. La obligación se aplica siempre, se haya alcanzado o no un compromiso en materia de aranceles, y cubre todos las políticas. En el principio de trato nacional es irrelevante hasta qué punto se le produce un daño económico al exportador extranjero mediante una ley o norma nacional, lo que importa es si esta ley discrimina entre productores nacionales y extranjeros.

El principio de reciprocidad

El principio de reciprocidad se aplica en el momento en que existen negociaciones para la entrada de un nuevo miembro a la OMC. Cuando un país quiere formar parte de la OMC el resto de Estados miembros están obligados a garantizar las tarifas acordadas al resto de Estados miembros, tal y como se ha descrito más arriba, debido al principio de la NMF. En nuestro ejemplo, si China quisiera formar parte de la OMC, el resto de países de la OMC, en nuestro ejemplo, la UE y los EEUU, tendrían que garantizar a los productos chinos las mismas tarifas que las aplicadas al resto de miembros, en nuestro ejemplo, una tarifa del 10% para los coches. El principio de reciprocidad implica que el resto de Estados miembros pueden decidir, como requisito para la entrada de China a la OMC, que ésta baje a su vez las tarifas que aplica a determinados productos provenientes de Estados miembros.

El objetivo del principio de reciprocidad es impedir el free riding. Es decir, que un país con tarifas elevadas que quiera entrar a formar parte de la OMC, se beneficie de unas tarifas bajas en todos los miembros de la OMC para sus productos (por el principio de la NMF) y el país pueda seguir imponiendo tarifas elevadas para los productos de los miembros de la OMC.

La solución de diferencias (dispute settlement)

La OMC es una de las pocas organizaciones internacionales que dispone de un órgano de solución de diferencias. Para el lector que lo conozca, se trata de un sistema muy similar al Derecho de la UE. Los compromisos de reducción de tarifas se enumeran en listas de concesiones (por ejemplo, el país X tiene una tarifa de Y en tal producto). Estas listas establecen límites obligados (ceiling binds): el país concernido no puede incrementar las tarifas por encima de éstos límites (con límites para cada producto extranjero).

En ocasiones, un país puede ser acusado de haber incrementado las tarifas. Sin embargo éste no es el caso más frecuente. Puesto que controlar las tarifas impuestas por el país es sencillo, basta con saber el importe pagado por la empresa exportadora y si dicha tarifa es superior al límite obligatorio estipulado. En cambio, la mayoría de problemas se derivan de otras acusaciones. En particular, la mayoría de casos se dan por supuestas violaciones del principio de trato nacional, es decir, porque un miembro considera que las normas nacionales discriminan a sus productores (exportadores) en relación a los nacionales del país.

Si un país considera que las acciones llevadas a cabo por otro miembro tienen como efecto anular o perjudicar las negociaciones de acceso al mercado o cualquiera de las normas de la OMC, puede pedirle al gobierno de dicho miembro que cambie estas normas o le permita un mayor acceso a su mercado (reducción de tarifas) en otros productos que al país interesen. Si no se llega a un acuerdo, el país puede iniciar una acción legal contra el miembro mediante la solución de diferencias de la OMC. Esto implica la constitución de un panel de expertos encargados de determinar si la medida del miembro contestada por el país viola los acuerdos de la OMC. Puesto que la OMC es un acuerdo intergubernamental (entre países), solamente los gobiernos tienen derecho a llevar un caso ante un panel.

Es muy importante entender como funciona el sistema de solución de diferencias para entender el funcionamiento de la OMC en sí. La OMC no puede obligar a un país a reducir sus tarifas puesto que no dispone de poder coercitivo (no dispone de policía) que puedan hacer cumplir las decisiones de los panels. En cambio, cuando un país acusa a otro de llevar a cabo acciones que perjudican su acceso al mercado y que son contrarias a las normas de la OMC, el panel, de la misma forma que haría un tribunal, decide si las normas de la OMC fueron violadas o no. Si considera que no ha habido violación alguna, se mantiene el status quo. Si en cambio considera que sí hubo violación, entonces autoriza al país afectado por tal violación a tomar medidas unilaterales en represalia. Por ejemplo, supongamos de nuevo que la UE decide llevar a cabo una reducción fiscal del 10% a los costes de transporte de empresas europeas productoras de coches. Supongamos que tal medida es considerada discriminatoria y viola el trato nacional puesto que las empresas extranjeras no se pueden beneficiar de dicha reducción. Entonces el panel decide cual es el daño aproximado, medido en dinero, que se le ha producido al país que denunció las acciones del otro miembro[] . Una vez contabilizado dicho daño, el país afectado puede iniciar medidas de represalia, es decir, una subida en las tarifas aplicadas a los productos del otro miembro que equivalga al daño económico que este miembro le causó.

Se deben de tener en cuenta diversos aspectos de este sistema de solución de diferencias. Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que el panel decide dar la razón a China, cuyas empresas no se pueden beneficiar de la reducción fiscal del 10% en costes de transporte en europa. Así pues, China y la UE podrían llegar a un acuerdo. Por ejemplo, China podría incrementar las tarifas que impone a los productos provenientes de la UE por un valor igual al daño económico causado por las acciones de la UE a China. Podría suceder también que la UE decidiera eliminar dicha norma por no convenirle la subida de tarifas por parte de China. Es importante notar que en este caso la UE podría seguir llevando a cabo la política deseada (una reducción fiscal del 10%) si así lo decidiera, sin que la decisión del panel entorpeciera la soberanía de la UE en decidir qué medida llevar a cabo. Ahora bien, supongamos en cambio que en otro caso, Burkina Faso acuse a la UE de llevar a cabo una medida similar que haya disminuido el acceso del maíz producido por sus agricultores al mercado europeo. Supongamos que el panel da la razón a Burkina Faso y le autoriza a tomar medidas en represalia. Pero imaginemos que Burkina Faso importa de la UE bienes de capital que utilizan sus empresas y productos farmacéuticos únicamente. Como a Burkina Faso no le interesa incrementar las tarifas impuestas a estos productos, básicamente porque esto encarecería las máquinas que utilizan sus empresas o los medicamentos que pagan sus ciudadanos, las acciones de la UE quedan impunes.

Así pues, aunque el sistema de solución de diferencias impide la represalia unilateral de un país (puesto que antes debe pasar el juicio del panel), la capacidad real de un país de responder a una acción de otro miembro que reduzca el acceso a su mercado depende de las características económicas de los países que se enfrenten. Esto es particularmente importante para países con una economía pequeña puesto que, dadas sus características, las medidas de represalia pueden ser poco efectivas o creíbles, incentivando así a que se infrinjan las normas contra los intereses de estos países.

Los principios de no discriminación, reciprocidad y la solución de diferencias tienen como objetivo conjunto asegurar el tercero de los cinco principios de la OMC, el principio de acuerdos vinculantes, puesto que aseguran el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el seno de la OMC.

La transparencia

Una precondición para la aplicación de los acuerdos es la información sobre los régimenes comerciales. La transparencia es una obligación legal, incluida en el Artículo X GATT, Artículo III del GATS y Artículo 63 TRIPS. Los miembros están obligados a publicar sus normas en materia de comercio, a establecer y mantener instituciones permitiendo la revisión de las decisiones administrativas que puedan afectar al comercio, a responder a las demandas de información por parte de otros miembros, y a notificar a la OMC cualquier cambio en la política comercial.

Estos requisitos de transparencia interna se suplementan con el control multilateral que ejercen los propios miembros de la OMC, facilitado además por informes nacionales periódicos que son preparados por el secretariado y discutidos en el Consejo de la OMC. Esto configura el llamado Mecanismo de Revisión de Políticas Comerciales.

La transparencia es sin duda vital para asegurar la titularidad de la OMC como institución: si los ciudadanos no saben en qué consiste la organización, su legitimidad queda erosionada. El Mecanismo de Revisión de Políticas Comerciales es una fuente importante de información que puede ser usada por la sociedad civil para valorar cuáles son las implicaciones del conjunto de políticas comerciales llevadas a cabo por los gobiernos. Desde un punto de vista económico, la transparencia puede ayudar también a reducir la incertidumbre acerca de las políticas comerciales de cada miembro, reduciendo así el risk premia requerido por los inversores.

Las excepciones

En la OMC no existen excepciones ad hoc: si un miembro quiere desviarse de sus compromisos, debe invocar la excepción apropiada o renegociar sus compromisos.

En cualquier caso, existen bastantes provisiones en los acuerdos admitiendo excepciones a las obligaciones básicas (límites tarifarios, prohibición de restricciones cuantitativas, no discriminación, etc.). Estas excepciones se pueden agrupar en tres categorías:

• Excepciones de carácter industrial: medidas inconsistentes con las obligaciones de la OMC y que en general reflejan el deseo de un Estado miembro de asistir a una industria específica en su competencia con las importaciones extranjeras. El objetivo es pues la protección de las empresas nacionales.
• Excepciones que afectan a la economía en general: políticas enfocadas a un problema macroeconómico o de oferta de un bien público (sanidad o seguridad pública por ejemplo). A diferencia de la anterior excepción, cuyo único objetivo es el de proteger a un determinado grupo de la sociedad (empresas y trabajadores/as de éstas), ésta tiene como objetivo incrementar el bienestar general.
• Excepciones institucionales o sistémicas: motivadas por el deseo general de los miembros en tratar un problema específico de algún miembro o salvaguardar el funcionamiento del sistema comercial en su conjunto.

Está compuesta por 151 países (julio, 2007) y su máxima autoridad es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. Las operaciones cotidianas de la organización están a cargo del Consejo General, del Órgano de Solución de Diferencias y del Órgano de Examen de las Políticas Internacionales. La OMC es el único de los organismos multilaterales con capacidad reconocida para sancionar a los países miembros por el incumplimiento de sus reglas. Lo hace a través del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y sus Paneles de Expertos. Estos Paneles de Expertos actúan como un tribunal cuando un país o grupo de países miembros denuncian a otro país por incumplir algún acuerdo de la OMC. Las resoluciones del Panel de Expertos son vinculantes y pueden derivar en sanciones comerciales. La OMC ha sido a menudo acusada de aplicar sus sanciones de forma desigual, tratando con rigidez a los países de la periferia, mientras que se lava la cara en las potencias económicas del centro. De hecho, no en pocas ocasiones ha resultado que los expertos del Panel de la OSD no son otros que directivos de destacadas empresas transnacionales.

A diferencia de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI, funciona bajo la máxima de un país, un voto. Las decisiones se toman por consenso: cualquier acuerdo que se alcance en las negociaciones debe ser mediante el consenso “explícito” de todas las partes, de tal forma que cualquier país puede, en teoría, bloquear un acuerdo. A pesar de la apariencia democrática de este proceso de toma de decisiones, alrededor del mismo se despliegan una serie de mecanismos y presiones que convierten la OMC en una institución totalmente antidemocrática.

La OMC, al igual que el GATT, funciona a través de Rondas de Negociación. En cada Ronda se plantean una serie de sectores y subsectores a liberalizar, así como otras cuestiones de funcionamiento e implementación de los acuerdos. A lo largo de las diferentes Rondas (que acostumbran a durar años), la OMC convoca lo que llama Conferencias Ministeriales, donde se toman efectivamente los acuerdos.

Entre conferencia y conferencia se realizan reuniones de trabajo de las diversas comisiones que van limando las diferencias sobre los temas que hay que negociar. A lo largo de la historia del GATT ha habido ocho Rondas de Negociación, y actualmente estamos en medio de la primera Ronda de Negociaciones desde que se creó la OMC, la cínicamente llamada “Ronda del Desarrollo”. Esta Ronda fue iniciada en la Conferencia Ministerial de Doha, en 2001.

Críticas No liberalización del comercio agrícola

La no liberalización del comercio agrícola ha sido una de las principales críticas por parte de amplios sectores de la sociedad civil. En ocasiones estas críticas se han dirigido a la OMC, a pesar de que ésta como tal no controle el resultado de los compromisos: son los Estados miembros, no la OMC, quienes deciden si permitir que los productos agrícolas extranjeros puedan tener un mayor acceso a sus respectivos mercados.

Lo cierto es que el sector agrícola es uno de los menos liberalizados, es decir, uno de los sectores dónde los principales mercados (EEUU, Japón y la UE) aplican tarifas más elevadas a las importaciones provenientes del extranjero. En la UE, la Política Agrícola Común (PAC) impide el acceso de muchas exportaciones de productos agrícolas para proteger a los agricultores europeos de la competencia de otros países. En EEUU, un complejo sistema de subsidios protege de igual forma a sus respectivos agricultores. No solamente no permiten el acceso a sus mercados sino que, además, en algunos casos determinados, debido a unos precios nacionales superiores a los mundiales causados por dicha protección (por ejemplo en la UE), se incentiva el incremento de la producción en estos países. Se han dado casos en los que países industrializados han producido un excedente de productos agrícolas, por los precios nacionales superiores a los mundiales (que incentivan al agricultor a producir más para ganar más). Como el país industrializado no tiene la suficiente demanda para satisfacer toda la producción, ni formas de almacenar los productos agrícolas (entre otras cosas porque muchos son perecederos), se decide exportar dicho excedente. El problema es que, al exportar estos productos, se incrementa su oferta en el mercado mundial y a mayor oferta, se reduce su precio a nivel mundial o incluso llegan tales productos a países en desarrollo que no pueden competir con ellos, no porque sean menos competitivos, sino porque el país industrializado de turno, al ofrecer un subsidio a sus agricultores facilita el que éstos puedan venderlos más baratos. El problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que en los países desarrollados tan sólo alrededor de un 5% de la población activa trabaja en la agricultura, mientras que en los países en desarrollo el porcentaje puede alcanzar hasta el 80% de la población. Es así como la protección garantizada a unos pocos agricultores (pagada con el dinero del contribuyente que tiene que pagar precios más altos o sufragar el gasto de los subsidios a los agricultores de su país), acaba impidiendo el acceso al mercado de los países ricos a los agricultores que más lo necesitan o incluso acaban reduciendo el precio de las exportaciones de éstos, con las evidentes consecuencias en su renta.

La no apertura de los mercados de los países ricos a los productos agrícolas ha sido motivo de duras luchas por parte de los países en desarrollo. El problema es que, debido a la forma en que se ha configurado el sistema propio de la OMC, no existe por parte de los países ricos un interés especial en permitir dicho acceso. En la OMC cada acuerdo se negocia: el país X rebaja sus tarifas en tal producto que exporta el país Y si a su vez el país Y rebaja sus tarifas en tal otro producto que exporta X. Con este sistema se liberaliza el comercio sin que un país pierda toda su protección a cambio de nada y por lo tanto ambos países puedan ganar con dicha liberalización. El problema es que los países pobres tienen poca cosa que ofrecer a los ricos, como son pobres y tienen una demanda poco importante, no pueden ofrecer a los países ricos la apertura de sus mercados en otros productos a cambio de que los ricos abran sus mercados agrícolas, porque los mercados de los países pobres no son importantes para las exportaciones de los países ricos. Es así como el sistema lesiona el poder de negociación de los países pobres.

Sin duda alguna se trata de un problema complejo de difícil solución. En primer lugar, están los agricultores de los países ricos que presionan al gobierno para que no deje de protegerlos. Además, a pesar de que en conjunto, la población ocupada en el sector agrario en los países industrializados es muy reducida, también es cierto que ésta no se reparte homogéneamente por todo el territorio, y existen zonas de estos países donde la agricultura es todavía hoy importante. Así pues, si se decidiera desproteger a estos agricultores sin una ayuda alternativa, muchas zonas rurales podrían perder parte de su actividad económica, incentivando así la despoblación de zonas rurales y el incremento de la población en zonas urbanas. En segundo lugar, existen también argumentos de seguridad alimentaria. Quienes defienden este argumento consideran que es mejor que el propio país produzca sus alimentos para no verse afectado por una posible disminución de las importaciones que provocaran la escasez de alimentos. Este argumento ha recibido duras críticas por parte de quienes consideran que la liberalización del comercio en el sector agrícola reduciría este problema más que acrecentarlo: si un país puede exportar y otro importar libremente, es difícil pensar en una situación dónde no existiera a escala mundial un excedente de producción alimentaria que supliera la escasez en otro lugar del mundo, especialmente si hablamos de países ricos que pueden permitirse pagar los alimentos a precios más elevados (como de hecho ya lo están haciendo los ciudadanos europeos o estadounidenses, entre otros).

Críticas al funcionamiento sistémico de la OMC

Los países del Sur han denunciado repetidamente las irregularidades en los procesos de negociación en el seno de la OMC. Mantener posiciones extremas hasta el último momento para conseguir acuerdos intermedios, negociar en pequeños grupos de países marginando a los países menos importantes (“sala verde”), etc. Son todas ellas estrategias comunes en las negociaciones en el seno de la OMC. La relación desigual entre los países ricos y la mayoría de países empobrecidos es un factor determinante en este tipo de negociaciones. Ningún país empobrecido tiene la capacidad de hacer frente unilateralmente a un bloqueo de las negociaciones. Cada país tiene por lo menos un punto vulnerable en su relación con EEUU, UE y Japón, los mercados más interesantes para la exportación. Como demostraron los países del Sur en la Conferencia Ministerial de Cancún con la creación del G23, la única forma de contrarrestar este tipo de estrategia es hacerle frente unidos puesto que el mercado de un país en vias de desarrollo puede no parecer interesante pero el de muchos de ellos conjuntamente sí lo es.

Además, estos documentos no siempre se elaboran con el tiempo suficiente para estudiarlos y evaluarlos, sobre todo para aquellos países con menos recursos que cuentan con menos técnicos a su disposición. A pesar de que este aspecto puede parecer trivial, es de vital importancia. La OMC son un conjunto de acuerdos muy complejos que necesitan de juristas, economistas, etc. para que puedan ser analizadas en detalle las consecuencias de cada compromiso. A pesar de que la OMC pone a disposición de los países en desarrollo a algunos de sus empleados, la diferencia entre pobres y ricos es enorme. En la última Conferencia Ministerial de Cancún, por ejemplo, la propuesta de la declaración final fue entregada a los delegados sólo 30 horas antes de la hora límite para alcanzar un acuerdo. Las delegaciones estuvieron discutiendo hasta altas horas de la madrugada[]

La falta de transparencia

Uno de los aspectos más criticados en cuanto a la transparencia de la OMC son las llamadas negociaciones de la Sala Verde (Green Room), un sistema de reuniones informales establecidas durante la Ronda de Uruguay, llamadas así por el color de la habitación donde se realizaban. En estas reuniones, un número reducido de países, con interés en el tema que va a ser negociado, se encuentran para llegar a un acuerdo que, más tarde, debe ser ratificado, por consenso, por todos los países miembros (entre los cuales hay muchos que no han sido invitados a las reuniones). Este mecanismo se repitió en Seattle, y fue uno de los motivos más importantes del fracaso de la conferencia, ya que los países africanos y otros de la periferia se plantaron ante esta situación y se negaron a ratificar la declaración final (en la negociación de la cual no habían participado, ya que habían sido marginados de las negociaciones de la "sala verde" durante toda la conferencia). Los procesos en la Green Room fueron objeto de críticas durante la década de los noventa, especialmente por parte de países en desarrollo y ONGs preocupadas por la falta de transparencia, por ser ambos excluídos de dichos procesos.

Han habido distintas propuestas durante décadas para formalizar las negociaciones en la Sala Verde mediante la creación de un comité ejecutivo que administre la agenda de la OMC, con un núcleo permanente de miembros basado en criterios acordados, como por ejemplo la proporción del comercio mundial manejado por cada país, junto a un grupo rotativo de países más pequenyos. A día de hoy, no se ha conseguido progreso en esta dirección. Determinados autores consideran que el abuso de negociaciones en la Sala Verde por parte de los miembros de la OMC es innecesario. En cualquier caso y a pesar de que una mayor transparencia es sin duda necesaria y siempre aconsejable para la organización, otros autores consideran que un mecanismo similar a las negociaciones en la Sala Verde (dónde determinados miembros se reúnan para discutir sobre políticas comerciales que afecten única o principalmente a éstos sin la participación de otros miembros) parece inevitable en una organización con un número tan elevado de miembros.

Otra crítica frecuente dirigida a la OMC es que no existe acceso libre a todos los datos generados por la OMC. Por ejemplo, no existe el acceso libre a la Base de Datos Integrados de la OMC, que comprende los datos sobre los límites tarifarios a los que los miembros se han comprometido. A pesar de que los límites tarifarios son el núcleo de la OMC, es muy complicado su análisis por parte de cualquier investigador externo puesto que esto requiere el análisis de una cantidad fenomenal de datos. Sin embargo, el Secretariado de la OMC organiza y recoge de manera más comprensible todos estos datos pero únicamente tienen acceso a ellos los gobiernos de los Estados miembros.

Miembros y observadores

La OMC agrupa a sus estados miembros, a estados observadores como es el caso de Argelia o Andorra y también a organizaciones como la ONU y el Banco Mundial.

La Unión Europea (UE) posee estatus de miembro. Su denominación a efectos de la OMC es, por razones jurídicas, las Comunidades Europeas.

151 Miembros al 27 de julio de 2007 (con fecha de su adhesión).

Albania 8 de septiembre de 2000, Alemania 1°de enero de 1995, Angola 23 de noviembre de 1996, Antigua y Barbuda 1°de enero de 1995, Arabia Saudita 11 de diciembre de 2005, Argentina 1°de enero de 1995, Armenia 5 de febrero de 2003, Australia 1°de enero de 1995, Austria 1°de enero de 1995, Bahrein, Reino de 1°de enero de 1995, Bangladesh 1°de enero de 1995, Barbados 1°de enero de 1995, Bélgica 1°de enero de 1995, Belice 1°de enero de 1995, Benin 22 de febrero de 1996, Bolivia 12 de septiembre de 1995, Botswana 31 de mayo de 1995, Brasil 1°de enero de 1995, Brunei Darussalam 1°de enero de 1995, Bulgaria 1°de diciembre de 1996, Burkina Faso 3 de junio de 1995, Burundi 23 de julio de 1995, Camboya 13 de octubre de 2004, Camerún 13 de diciembre de 1995, Canadá 1°de enero de 1995, Chad 19 de octubre de 1996, Chile 1°de enero de 1995, China 11 de diciembre de 2001, Chipre 30 de julio de 1995, Colombia 30 de abril de 1995, Comunidades Europeas 1°de enero de 1995, Congo 27 de marzo de 1997, Corea, República de 1°de enero de 1995, Costa Rica 1°de enero de 1995, Côte d'Ivoire 1°de enero de 1995, Croacia 30 de noviembre de 2000, Cuba 20 de abril de 1995, Dinamarca 1°de enero de 1995, Djibouti 31 de mayo de 1995, Dominica 1°de enero de 1995, Ecuador 21 de enero de 1996, Egipto 30 de junio de 1995, El Salvador 7 de mayo de 1995, Emiratos Árabes Unidos 10 de abril de 1996, Eslovenia 30 de julio de 1995, España 1°de enero de 1995, Estados Unidos de América 1°de enero de 1995, Estonia 13 de noviembre de 1999, Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM) 4 de abril de 2003, Fiji 14 de enero de 1996, Filipinas 1°de enero de 1995, Finlandia 1°de enero de 1995, Francia 1°de enero de 1995, Gabón 1°de enero de 1995, Gambia 23 de octubre de 1996, Georgia 14 de junio de 2000, Ghana 1°de enero de 1995, Granada 22 de febrero de 1996, Grecia 1°de enero de 1995, Guatemala 21 de julio de 1995, Guinea 25 de octubre de 1995, Guinea-Bissau 31 de mayo de 1995, Guyana 1°de enero de 1995, Haití 30 de enero de 1996, Honduras 1°de enero de 1995, Hong Kong, China 1°de enero de 1995, Hungría 1°de enero de 1995, India 1°de enero de 1995, Indonesia 1°de enero de 1995, Irlanda 1°de enero de 1995, Islandia 1°de enero de 1995, Islas Salomón 26 de julio de 1996, Israel 21 de abril de 1995, Italia 1°de enero de 1995, Jamaica 9 de marzo de 1995, Japón 1°de enero de 1995, Jordania 11 de abril de 2000, Kenya 1°de enero de 1995, Kuwait 1°de enero de 1995, Lesotho 31 de mayo de 1995, Letonia 10 de febrero de 1999, Liechtenstein 1°de septiembre de 1995, Lituania 31 de mayo de 2001, Luxemburgo 1°de enero de 1995, Madagascar 17 de noviembre de 1995, Macao, China 1°de enero de 1995, Malasia 1°de enero de 1995, Malawi 31 de mayo de 1995, Maldivas 31 de mayo de 1995, Malí 31 de mayo de 1995, Malta 1°de enero de 1995, Marruecos 1°de enero de 1995, Mauricio 1°de enero de 1995, Mauritania 31 de mayo de 1995, México 1°de enero de 1995, Moldova 26 de julio de 2001, Mongolia 29 de enero de 1997, Mozambique 26 de agosto de 1995, Myanmar 1°de enero de 1995, Namibia 1°de enero de 1995, Nepal 23 de abril de 2004, Nicaragua 3 de septiembre de 1995, Nigeria 1°de enero de 1995, Níger 13 de diciembre de 1996, Noruega 1°de enero de 1995, Nueva Zelandia 1°de enero de 1995, Omán 9 de noviembre de 2000, Países Bajos — Para el Reino de los Países Bajos en Europa y para las Antillas Holandesas 1° de enero de 1995, Pakistán 1°de enero de 1995, Panamá 6 de septiembre de 1997, Papua Nueva Guinea 9 de junio de 1996, Paraguay 1°de enero de 1995, Perú 1°de enero de 1995, Polonia 1°de julio de 1995, Portugal 1°de enero de 1995, Qatar 13 de enero de 1996, Reino Unido 1°de enero de 1995, República Centroafricana 31 de mayo de 1995, República Checa 1°de enero de 1995, República Democrática del Congo 1°de enero de 1997, República Dominicana 9 de marzo de 1995, República Eslovaca 1°de enero de 1995, República Kirguisa 20 de diciembre de 1998, Rumania 1°de enero de 1995, Rwanda 22 de mayo de 1996, Saint Kitts y Nevis 21 de febrero de 1996, Santa Lucía 1°de enero de 1995, San Vicente y las Granadinas 1°de enero de 1995, Senegal 1°de enero de 1995, Sierra Leona 23 de julio de 1995, Singapur 1°de enero de 1995, Sri Lanka 1°de enero de 1995, Sudáfrica 1°de enero de 1995, Suecia 1°de enero de 1995, Suiza 1°de julio de 1995, Suriname 1°de enero de 1995, Swazilandia 1°de enero de 1995, Tailandia 1°de enero de 1995, Taipei Chino 1°de enero de 2002, Tanzanía 1°de enero de 1995, Togo 31 de mayo de 1995, Tonga 27 de julio de 2007, Trinidad y Tabago 1°de marzo de 1995, Túnez 29 de marzo de 1995, Turquía 26 de marzo de 1995, Uganda 1°de enero de 1995, Uruguay 1°de enero de 1995, Venezuela (República Bolivariana de) 1°de enero de 1995, Viet Nam 11 de enero de 2007, Zambia 1°de enero de 1995, Zimbabwe 5 de marzo de 1995

Autor:

Dra. Rocio Fabiola Gómez Valdizán

Perú – 2006