Transición de la guerra a la paz en Guatemala (página 2)

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La confrontación social de 1954-60:
La deposición violenta del presidente Jacobo Arbenz definió el inicio de la etapa de confrontación social (1954-1960), período durante el cual se experimentó una tremenda persecución a cualquier grupo, persona o asociación que hubiera estado vinculada con el proceso revolucionario; esto generó un momento sumamente convulso que obligó a mucha gente a partir hacia el exilio. Durante este periodo se integraron varias juntas militares; fue asesinado el máximo dirigente del movimiento contra revolucionario, el coronel Carlos Castillo Armas, y fue electo presidente uno de los generales vinculados con la dictadura de los 143 años, en momentos en que el país se encontraba al borde de la polarización social.
Para medir el contexto internacional de la época, conviene referirse a la obra del guatemalteco, ya fallecido, Manuel Galich "América Latina en el año del Moncada". En ella uno se da cuenta de que los gobiernos revolucionarios, tanto el de Arévalo como el de Arbenz, habían perdido la perspectiva internacional. Guatemala era una isla, todo el resto de América Latina eran dictaduras, con la excepción de Costa Rica; el problema era no haber previsto eso y el mismo error cometió Ydigoras Fuentes
Así, durante su gestión, a los miembros de un grupo de militares que hablan recibido adiestramiento para sobre vivencia en jungla en los Estados Unidos, se les negó el acceso a puestos de mando al interior del ejército por temor a que dieran un golpe de Estado, pero se les ordenó entrenar al grupo de mercenarios que se preparaban en territorio guatemalteco pera intentar invadir Cuba en abril de 1961, lo cual provocó la reacción del gobierno cubano y el cobro de esta factura durante más de 36 años.
El 13 de noviembre de 1960, los oficiales que habían sido entrenados en sobre vivencia en jungla se revelaron contra el gobierno Ydigorista, generando una conjura que fue fácilmente controlable, según parece debido a una nueva traición al interior del ejército. Algún ciclo perverso dentro del ejército a través de estos cincuenta años determina que cada vez que hay momentos políticos trascendentes, una parte de la oficialidad de recambio traiciona a sus superiores para poder ascender.
Esta rebelión fracasada obligó a sus dirigentes a escapar hacia el exilio y un grupo de ellos se escondió en las montañas; con el tiempo, este grupo se asoció con los cuadros ideológicos del partido comunista que hablan sido expulsados del gobierno en 1954 y, en una unión estratégica, generaron, a principios de 1962, la conformación de un proyecto político militar que plantearía como estrategia prioritaria de la lucha de clases, la toma del poder por la vía armada.
La Polarización política de 1960-62:
Así nació la lucha armada; una primera etapa basándose en la estrategia del foco guerrillero duró de 1962 a 1971, durante la cual el enfrentamiento se da entre compañeros de la misma Escuela Militar; con el pasar del tiempo, los cuadros militares de ambos bandos empezaron a diferenciarse, cuando Cuba se encargó de empezar a formar nuevos cuadros insurgentes totalmente ajenos a la perspectiva militar.
A partir de 1963, con el golpe de Estado que depuso al general Ydígoras Fuentes, se inició en Guatemala un proyecto militar que transformó en ejército contrainsurgente al que fuera el ejército de la revolución entre 1944 y 1954, y que durante 1954-1963 se convirtiera en un ejército anticomunista. La diferencia cualitativa fue que en ese momento principió el carácter dominante de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en cuyo concepto el enemigo era visualizado como un sub-humano carente de cualquier tipo de derechos a quien hay que destruir, porque él actuaría de igual modo con el defensor del sistema; "O él lo destruye a usted o usted lo destruye a él". Ése era el mensaje de fondo.
Este condicionamiento mental incidió en la profundización de la polarización de la sociedad guatemalteca, generando un tremendo baño de sangre; esta etapa llegó a su final en 1971 cuando solo quedaban algunos pequeños grupos de comandos insurgentes urbanos, después de una desproporcionada escalada de violencia paramilitar durante los años 1967-1968, que generó la reacción del Departamento de Estado norteamericano, por las múltiples desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales registradas durante ese período.
Pura frenar el producto de la violencia se efectuaron cambios en la cúpula militar. Otra traición en el interior del ejército facilitó la salida de los dos principales dirigentes de la contrainsurgencia. Los coroneles Rafael Arriaga Bosque y Carlos Arana Osorio, el primero ministro de la Defensa y el segundo el principal comandante responsable de la zona de operaciones anti-guerrilleras en el oriente del país
Al coronel Arana lo mandaron de agregado militar a Nicaragua y al coronel Arriaga Bosque a los Estados Unidos. Los partidos políticos anticomunistas en la oposición veían en Arana a un dirigente capaz de recuperar el control que habían perdido en 1958, por lo cual le ofrecieron la candidatura presidencial, que aceptó y, a su regreso, ganó las elecciones y se convirtió en presidente de la República.
Este triunfo electoral legitimó al proyecto militar, dándose un salto cualitativo en la forma como los militares captaron el manejo del poder político en Guatemala; plantearon estar en el mando a largo plazo por medio del fortalecimiento de la agrupación formada para este propósito, el Partido Institucional Democrático, y mediante el otorgamiento del grado de generales a los oficiales superiores leales al proyecto aranista.
Plantearon como grado superior en el mando militar el de comandante general del ejército, en tanto presidente de la República, y elaboraron un perfil ideal para los futuros candidatos: haber sido director de la Escuela Politécnica, agregado militar en Washington, director del Centro de Estudios Militares, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, ministro de la Defensa, candidato presidencial propuesto por el PID y presidente de la República.
Al haber fallado los pronósticos del proyecto militar, ya que pierden las elecciones en 1974 y en 1978, imponen a sus respectivos candidatos mediante fraudes electorales, siendo nombrados como presidentes los generales KjeIl Laugerud García (1974-1978) y Fernando Romeo Lucas García (1978-1982)
El general Kjell Laugerud, sabiendo que su mandato era espurio y que la insurgencia había sido prácticamente eliminada, permitió la apertura política mediante un importante apoyo a la organización cooperativa, autorización para la inscripción de sindicatos y condiciones para el libre funcionamiento de los partidos políticos legalizados. El hecho que, en nuestra opinión, salvó su período, fue el terremoto del 4 de febrero de 1976. El terremoto puso a flote el verdadero rostro de la crisis que se vivía en Guatemala; dado que el ejército ha sido la única institución que tiene presencia hasta en el último centímetro del territorio nacional, los militares captaron plenamente la magnitud de la tragedia. Estimulado por un sentimiento nacionalista, el gobernante lanzó la consigna "reconstruir sin dejar de producir".
Este ambiente facilitó el desarrollo y profundización de la organización social, desde donde se evolucionó hacia la participación política y a la protesta popular: a mediados de 1977 se da una masiva marcha de mineros desde Ixtahuacán, Huehuetenango, y la huelga general en la Coca Cola, empezando a generarse un ambiente de insurrección.
El movimiento guerrillero se había desplegado hacia cuatro vertientes en el norte y en el occidente del país desde principios de 1972; las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se situaron en el Peten; otro grupo formó el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el Ixcán, Quiché; Y producto de la división de las FAR-Regional de Occidente, se forma la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) en la bocacosta de San Marcos, y el Movimiento Revolucionario Ixim, con presencia en la ciudad capital.
Cuando en 1978 el proyecto militar vuelve a perder las elecciones e impone a Lucas García, ya se registraba el renacimiento de la guerrilla con la variante estratégica de haber evolucionado desde la visión del foco hacia la del Implante; desde la visión del foco, el grupo guerrillero no entraba en contacto directo con la población; en cambio, en la visión del implante, este contacto con las comunidades para ganar su confianza y colaboración se vuelve determinante, porque les permite relacionarse con poblaciones en zonas totalmente selváticas y marginadas donde no entraba nadie.
Al asumir el mando, Lucas García sabía que su candidatura había sido impuesta por sobre otro candidato que tenía mucha presencia en el ejército, el general Ricardo Peralta Méndez, lo cual generaba que un sector militar le fuera adverso; por ello permitió que los operativos represivos fueran controlados por grupos civiles, habiéndose iniciado una sangrienta etapa de "terrorismo de Estado" intentando controlar la protesta popular y el desborde insurgente.
Según Amnistía Internacional, durante la guerra murieron 150.000 guatemaltecos y, según datos oficiales, las bajas militares fueron de 15.000 en ambos bandos; es decir que durante el período de la confrontación interna en Guatemala se cometieron 135.000 ejecuciones extrajudiciales.
Lógicamente, a más terrorismo de Estado, menos desarrollo social y más deterioro en las condiciones de vida, mayores fueron las posibilidades de crecimiento del movimiento insurgente; el jefe del Estado Mayor General del ejército, el general Benedicto Lucas García, recientemente declaró que en junio de 1981, al momento de asumir el mando técnico del ejército, la guerrilla estaba a punto de asumir el control político del país; la guerrilla había declarado que tenía presencia en 17 de los 22 departamentos de la República y el ejército les reconocía presencia en 14 de los 22 departamentos.
La corrupción política, la interferencia de enemigos civiles en acciones represivas fuera del control de lo militar, el descuido en los programas de abastecimiento y logística para las tropas en zonas de combate, el crecido número de bajas experimentado a partir de junio de 1981, producto de una fuerte ofensiva militar en contra de los frentes guerrilleros y la comisión de un nuevo fraude electoral en marzo de 1982, entre otros factores, generaron un nuevo golpe de Estado.
En agosto de 1983 se dio un relevo en la cúpula de mando para proceder a una nueva etapa de apertura democrática, dentro del espacio permitido por el proyecto militar, ya que los operativos en contra de la insurgencia habían sido del todo exitosos; por intermedio del plan de campaña Victoria 82 el ejército derrotó militarmente a la guerrilla y por intermedio del plan de campaña Firmeza 83, se desplegó por toda la República para garantizar el control militar de la población civil y evitar que se dieran apoyos a favor de los insurgentes.
Mediante la aplicación de lectura de espejo el ejército reaccionó en contra de la insurgencia utilizando sus propias tácticas: autodefensa civil, control militar de la población y concentración de las comunidades para adoctrinamiento; Prácticamente se trató de una guerra en que se enfrentó al pueblo contra el pueblo, ya que las tropas de ambos bandos eran mayoritariamente indígenas.
En 1983 la visión estratégica era quitarle el agua al pez, según la perspectiva maoísta de que la población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez; si le quito al pez el agua lo mato, y si a la guerrilla le quito el contacto con la población civil garantizo su muerte. Esta estrategia sé operacionalizó mediante la autodefensa civil, las aldeas modelo y los polos de desarrollo; luego se formaron las coordinadoras interinstitucionales para garantizar que hubiera control militar en todas las áreas de entrenamiento y después en toda la República, como resultado, no hubo cargo público que no lo manejara un militar.
En 1984 se consolidó el triunfo del Proyecto militar mediante la aplicación del plan de campaña Reencuentro Institucional 84; el nuevo gobierno militar convocó a elecciones para integrar una Asamblea Nacional Constituyente, habiendo participado 17 organizaciones políticas y registrándose un nivel de participación equivalente a un 78% de los electores inscritos; Nunca antes en Guatemala se había visto algo igual ya que, si bien durante las elecciones que ganó el Dr. Juan José Arévalo el índice de participación fue de un 98%, los electores potenciales eran 300.000, Pero en 1984 los electores eran 2.4 millones. Ese fue el momento en que se legitimó el proyecto contrainsurgente, sé des-legitimó la lucha armada y se abrió la apertura hacia la vida institucional.
Posteriormente, a finales de 1985, se realizaron elecciones generales, ganadas por primera vez en cincuenta años en forma libre y transparente por una opción civil, a la que el gobierno militar entregó el mando a principios de 1986.
La lucha armada 1962-1985:
El nuevo presidente civil, Vinicio Cerezo, "recibió el mando pero no el poder". Ya que la presencia militar era tremenda-mente fuerte; ellos estaban conscientes de su victoria y no aceptarían ninguna fórmula de dialogo a menos que fuera para que les entregaran las armas y discutir los términos de la capitulación insurgente.
La cumbre presidencial conocida como Esquipulas II fue la gran decisión política que evitó que la región centroamericana se convirtiera en el patio trasero de los norteamericanos, para dirimir la confrontación Este-Oste. A través de Esquipulas se abre el camino para iniciar la negociación de los conflictos armados en la región y, mediante las comisiones nacionales de reconciliación, la vía hacia el dialogo. La primera en entenderlo fue la guerrilla: después de su derrota militar insiste en la opción del dialogo directo con el gobierno de Vinicio Cerezo. Pero el ejército no quiere dialogar porque se siente un ejército victorioso, que ha sido el gran artífice del retorno a la institucionalidad. El ejército se considera el eje de la transición política y no capta la necesidad de negociar.
En el contexto de Esquipulas II, Vinicio Cerezo cree que existen condiciones para iniciar los acercamientos hacia el diálogo con la URNG y envía un grupo de militares y civiles a España en octubre del 87; el producto de esa reunión fue que, años más tarde, en 1990, se asesinara a Danilo Barillas, promotor de la idea, en ese entonces embajador de Guatemala en España.
En mayo de 1988 se dio un primer intento de golpe de Estado y, en mayo de 1989 se registró el segundo, haciendo evidente que el ejército no quería dialogar, mensaje captado por las cúpulas políticas y militares que incidió en la paralización de cualquier acción hasta 1990, cuando se le encomienda a la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) hacerse cargo de la iniciativa de diálogo indirecto.
El proceso de diálogo se abre en abril de 1990 mediante una reunión en Oslo, Noruega, en la que convergen una representación de la guerrilla y los miembros de la CNR avalados por el gobierno; en esa ocasión acuerdan abrir un proceso de diálogo de dos vías: primero entre la comandancia guerrillera y la representación de las organizaciones sociales del país; y después entre la comandancia guerrillera y el gobierno de la República, incluidos mandos militares.
Ambos objetivos se cumplieron: durante 1990 hubo reuniones entre la comandancia guerrillera con representantes de los partidos políticos, la cúpula empresarial, el sector religioso, el sector sindical y popular, el sector de pequeña y mediana empresa y el sector académico. El mérito de esta etapa es que la guerrilla, habiendo perdido sus fundamentos ideológicos por la caída del muro de Berlín y cambios inducidos en la Unión Soviética por la 'perestroika", necesitaba de un nuevo discurso, el cual les fue proporcionado por la visión multisectorial que les plantearon durante estas jornadas de diálogo.
De las propuestas que los sectores sociales hicieron durante las jornadas de diálogo, nació el temario general de las negociaciones; por ello no es cierto que la sociedad no haya participado en este proceso, ya que el eje temático de las negociaciones directas fue estructurado a partir de sus propuestas. Tal vez el único sector ausente, en tanto sector específico, fueron los indígenas, porque no hubo una reunión directa con ellos.
Es importante resaltar que los procesos de diálogo y negociación se dieron sin suspender la lucha armada, sin que se suspendiera la guerra, lo cual introdujo un componente de complejidad que no fue fácil manejar. Otra peculiaridad del proceso de negociación fue que generó acuerdos desde un principio, dándole una especial denuncia a lo actuado y manteniendo el interés de las partes.
El Diálogo del 86-90:
En 1991 sucedió uno de esos fenómenos raros que se dan solamente en los países subdesarrollados: en las elecciones de finales de 1990 el candidato de un partido pequeño ganó las elecciones, al no haberse permitido la participación del ex jefe de gobierno, general Ríos Montt, mayoritario en las encuestas de intención de voto.
El lng. Jorge Serrano Elías, ex presidente del Consejo de Estado durante el gobierno de facto del general Ríos Montt, había sido signatario del Acuerdo de Oslo y participado en las etapas de dialogo, en tanto representante titular de los partidos de oposición en la Comisión Nacional de Reconciliación. En su programa de gobierno planteó como objetivo nacional llegar a la paz, estructurar un pacto social y desarrollar un gobierno de unidad.
Cuando el lng. Serrano asume el mando prepone la negociación directa con la guerrilla, después de haber tomado dos decisiones trascendentales en el ámbito del relacionamiento del presidente de la República con las cúpulas militares: elige como ministro de la Defensa al general que ocupaba el tercer lugar en la terna que le fuera propuesta por el Estado Mayor de la Defensa Nacional; y ordena el nombramiento de oficiales para que en nombre del ejército se sumen a la comisión negociadora.
La decisión presidencial de nombrar al nuevo ministro de la Defensa automáticamente envió a retiro a los generales que estaban ubicados de primero y segundo en la terna propuesta, con lo que se rompió la continuidad del proyecto militar; el tercero en el orden propuesto no estaba aún preparado políticamente para continuar con la línea estratégica que los mandos del proyecto militar hablan trazado a largo plazo.
La segunda decisión consolidó al presidente Serrano como comandante general del ejército y, a regañadientes, obligó al ejército a involucrarse en un proceso de negociación directa iniciado en abril de 1991, que consumió tres etapas durante los casi seis años que duró, hasta su finalización en diciembre de 1996.
La primera etapa se realizó desde abril de 1991 hasta mayo de 1993, correspondiendo a las tareas de ruptura del hielo, catarsis en ambos bandos e inicio de la aprobación de los primeros acuerdos; fue tal vez el Paso determinante para que los militares y los guerrilleros entendieran que había que negociar. Durante este periodo se aprobaron los acuerdos marco para la negociación y sobre democratización y se discutió ampliamente, casi hasta su aprobación, el tema de los derechos humanos.
La segunda etapa transcurrió desde junio de 1993 hasta diciembre de 1995, durante la cual se planteó la oportunidad de abordar públicamente los grandes problemas que expresaba la crisis que vivían los guatemaltecos, a fin de intentar encontrarles solución mediante acuerdos políticos verificables internacionalmente.
Aunque a los negociadores del gobierno no les interesaba generar con la guerrilla un simple acuerdo de cese al fuego, estratégicamente se destacó la exigencia de que entregaran las armas y se amnistiaran. Sin embargo, en la mesa de negociación se insistió en discutir los grandes problemas nacionales para generar un ambiente de denuncia y, al mismo tiempo, lograr los acuerdos del 91 al 96.
La negociación del 91-96:
A la pregunta ¿dónde estamos ahora? Nosotros contestaríamos que estamos atorados en los acuerdos, porque no se previó que la etapa siguiente debería haber generado suficiente motivación para que los acuerdos fueran la base de los grandes consensos sociales; por eso, el reto actual para los guatemaltecos es tratar de convertir los acuerdos en bases para la concertación de grandes consensos.
Los consensos sociales:
La conciliación nacional:

Sin embargo, en los acuerdos hay suficientes contenidos y motivaciones como para que una sociedad tremendamente fragmentada y violenta como la guatemalteca encuentre en ellos el punto de arranque para un proceso de conciliación nacional, que deberla cubrir tres etapas básicas:

La primera etapa sería un balance sectorial en el que cada uno dc los sectores haga su propio balance

La segunda haría referencia al reto de efectuar un balance nacional buscando la generación de acuerdos nacionales.
La tercera sería la de generar, a partir de los primeros acuerdos nacionales, un pacto social que luciera factible la gobernabilidad del país.

El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico nos aporta los elementos para poder enfrentarnos juntos con el ayer, a fin de determinar el inicio del proceso de conciliación nacional; es importante que la sociedad guatemalteca experimente su propia catarsis para que pueda perdonar, Pero solo puede perdonar el agravio después de conocer la verdad; al sentir que se acaba el llanto que genere el conocimiento de la verdad principiará el desahogo y solo entonces podremos principiar a construir el futuro.

El desarrollo social:
El desarrollo social sería la base para la constricción de un proyecto nacional, es decir, para empezar a aprovechar la coyuntura que hoy vive Guatemala, para repensarla y ser capaces de superar su inmensa pobreza, su marginalidad y sus injusticias a partir de una decisión colectiva que nos involucrara a todos por igual.
Pensar qué tipo de guatemalteco queremos que nazca en el 2015, cuál va a ser su ingestión proteico-calórica, cómo va a ser su educación y los niveles de su salubridad; se trata de pensar multisectorialmente respecto al futuro del país, como paso fundamental para poder construirlo.
Una política de desarrollo social debería ser el principal objetivo de un proyecto nacional; buscar recuperar los objetivos del proyecto que se inició durante la apertura democrática de 1944-1954, adaptándolos a la actualidad que el país experimenta, pero en un marco estructural de justicia social, de democracia y paz.
La Paz

Antes de llegar a la paz habrá que trabajar en la maduración de las etapas anteriores, producto de las primeras decisiones políticas que expresen el logro de consensos sociales y el arribo a niveles de conciliación nacional.

Solo así cobrará importancia el contenido de lo acordado durante las negociaciones de paz; solo así la sociedad es capaz de apropiárselo, desarrollarlo y convertirlo en grandes decisiones políticas; de lo contrario, creemos que volveremos a la etapa de la confrontación social y temo que este ciclo perverso vuelva a repetirse.

El proceso de negociación de la paz en Guatemala formo parte de una iniciativa que tuvo origen en un esfuerzo centroamericano iniciado en mayo de 1986 con la Declaración de Esquipulas. En ésta Declaración los Presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se comprometieron a celebrar periódicamente reuniones presidenciales para analizar los problemas más urgentes con relación a la paz y desarrollo regional. En agosto de 1987, los mandatarios del área suscribieron el acuerdo de Esquipulas II, en el que establecieron los procedimientos para establecer la paz firme y duradera en toda Centroamérica.
1. Elecciones Democráticas e inicio de las negociaciones
2. En Guatemala, en 1985, el Congreso aprobó la nueva y actualmente vigente Constitución Política de la República, que presta particular relevancia a los derechos humanos. Ese mismo año un presidente civil, Vinicio Cerezo Arévalo fue elegido mediante elecciones democráticas Es en ese contexto nacional y en cumplimiento del Acuerdo de Esquipulas II, que en septiembre de 1987 el Presidente guatemalteco estableció lo Comisión Nacional de Reconciliación. La Conferencia Episcopal de Guatemala promovió decididamente la creación de la Comisión y formó parte de. La misma junto con un representante del Gobierno, un representante de los partidos políticos de oposición y un ciudadano notable.
  En el marco del mandato de impulsar y verificar el proceso de reconciliación nacional, en marzo de 1990 la Comisión suscribió eI Acuerdo básico paro la búsqueda de la paz por medios políticos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) En el Acuerdo se nombró a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño como conciliador, con las funciones de proponer iniciativas a las partes y mantener actividades de diálogo y negociación. En el mismo Acuerdo, a su vez se solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas observar las actividades y constituirse en garante del cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos por las Partes. Así mismo se acordó que la URNG celebraría reuniones con representantes de los partidos políticos de Guatemala y distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de encontrar caminos de solución a los problemas nacionales.
  En abril de 1991 el Gobierno de Guatemala y la URNG suscribieron su primer acuerdo, el Acuerdo de México. En el mismo se establecieron los procedimientos a nivel nacional para la búsqueda de la paz, así como una lista limitada de temas que se debían discutir en el proceso de negociación. Esta lista incluyó: democratización y derechos humanos; fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática; identidad y derechas de los pueblos indígenas; Reformas constitucionales y régimen electoral; aspectos socioeconómicos; situación agraria; reasentamiento de Ias poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país; arreglos para el definitivo cese al fuego; cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos; y el Acuerdo de paz firme y duradera y desmovilización. En el Acuerdo de "Querétaro de julio de 1991 el Gobierno y la URNG establecieron los requerimientos para el "fortalecimiento de la democracia funcional y participativa.
3. Los acuerdos de paz:
EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PAZ

El proceso de paz fue reanudado en 1994, después del intento de autogolpe de Estado del Presidente Jorge Serrano Elías en 1993, y el nombramiento de Ramiro de León Carpio para reemplazarle en el cargo. En el Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG las Partes solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas asumir la función de Moderador de las negociaciones entre el Gobierno y la URNG. Tras varias propuestas de la sociedad civil guatemalteca, procurando una mayor participación en el proceso de negociaciones, las partes convinieron en promover la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASE) Las funciones encomendadas a la Asamblea fueron: discutir los temas sustantivos de las negociaciones y comunicar sus recomendaciones tanto al Moderador de la ONU como a las partes, para que fueran consideradas y asumidas si se estimaban apropiadas; conocer los acuerdos firmados por las Partes y avalarlos para darles el carácter de compromisos nacionales. Finalmente, en él Acuerdo marco las Partes solicitaron a los gobiernos de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela integrar un Grupo de Países Amigos paro apoyar al Moderador de la ONU y dar mayor seguridad y firmeza a los compromisos asumidos por las Partes.

El 29 de diciembre de 1996 el proceso de negociación del la paz culmina con la firma del Acuerdo de paz firme y duradera.

Entre 1994 y 1996 las Partes acordaron un total de 12 Acuerdos, sobre los temas establecidos en el Acuerdo de México de 1991:

Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. (Ciudad de México, 10 de enero de 1994)
Acuerdo Global sobre Derechos Humanas, (Ciudad de México, 29 de marzo de 1994)
Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, (Oslo, 17 de junio de 1994)
Acuerdo sobre el' Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, (Oslo, 23 de Junio de 1994)
Acuerdo sobre identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, (Ciudad de México, marzo de 1995)
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, (Ciudad de México, 6 de mayo de 1996)
Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, (Ciudad de México, 19 de septiembre de 1996)
Acuerdo sobre el Definitivo Cese aI Fuego, (Oslo, 4 de diciembre de 1996)
Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, (Estocolmo, 7 de diciembre de 1996)
Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad, ( Madrid 12 de diciembre de 1996)
Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, (Guatemala, 29 de diciembre de 1996)
Acuerdo de Paz Firme y Duradera, (Guatemala, 29 de diciembre de 1996)

Resumen
Conforme a lo consignado en el acuerdo de calendario de Las Negociaciones para una Paz Firme y Duradera, suscrito el 29 de marzo de 1994, como documentos de base para la negociación sobre la temática sustantiva, ambas partes convinieron en utilizar en su versión original o actualizada, los documentos: "Una Paz Justa y Democrática: Contenido de la Negociación", publicado por la URNG en mayo de 1992; y "La paz no es solo la ausencia de guerra, sino que la creación del conjunto de condiciones que le permitan al hombre vivir sin angustias ni temores", respuesta del Gobierno de Guatemala en junio de 1992.
Las fuentes documentales para el inicio de la discusión de cada uno de los puntos incluidos en el Temario General de la Negociación; fueron tanto las opiniones iniciales del gobierno y de la URNG, como los documentos de consenso o de no-disenso elaborados por la Asamblea de la Sociedad Civil. Los documentos presentados por las partes en 1992, cada vez que se iniciaron los tratamientos y discusiones de un nuevo tema, fueron sustancialmente reformados por las partes, en aplicación al derecho de actualizar sus posicionamientos.
1. [1] Acuerdo Marco para la reanudación del Proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG (Ciudad de México, 10 de enero de 1994)
2. Al aprobar el Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación se acordó continuar negociando sobre el conjunto de los puntos del temario general incluido en el Acuerdo de México, decidir conjuntamente el alcance de los compromisos de las partes, sujetos todos a verificación; a estar representados en las negociaciones por delegados de alto nivel; y asumir acuerdos políticos acordes al marco constitucional, sin limitar la facultad de arribar a acuerdos para promover reformas institucionales y constitucionales.
  Los negociadores del gobierno optaros por la estrategia de tratar que el contenido de los acuerdos garantizara una opción viable y realista para solucionar determinados problemas nacionales, fundamentados en la legalidad y en la justicia, sin dar prioridad al proyecto político de cada una de las partes en la negociación.
  Se aprobó el procedimiento para la moderación de las negociaciones y la participación de los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca, ésta última con el encargo de discutir la temática sustantiva de la negociación bilateral, para formular posiciones de consenso que se canalizarían a la mesa de las negociaciones por intermedio del moderador, en calidad de recomendaciones u orientaciones, sin carácter vinculante, para favorecer el entendimiento entre las partes. Se le encargó, también, conocer los acuerdos bilaterales sobre la temática sustantiva y avalarlos por consenso para darles el carácter de compromisos nacionales, en el entendido que si no eran avalados mantendrían su vigencia.
  Se acordó solicitar a los gobiernos de Colombia. España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela, integrar un Grupo de Amigos del Proceso de Paz Guatemalteco, para apoyar a la moderación en la agilización del proceso de negociación y dar mayor seguridad y firmeza a los compromisos adquiridos en los acuerdos que se firmaran.
  Ambas partes coincidieron en que la verificación de sus acuerdos era fundamental para garantizar su cumplimiento y respeto; por ello, acordaron qué todos los acuerdos que se firmaran durante el proceso negociador deberían ir acompañados de mecanismos de verificación apropiados, nacionales e internacionales, solicitándole a la ONU la verificación del conjunto de los acuerdos, tanto sustantivos como operativos.
  El contenido de este acuerdo ratifica el compromiso general del Gobierno de Guatemala de respetar y promover los Derechos Humanos, específicamente delimitados en las disposiciones constitucionales vigentes en esta materia, los tratados, convenciones e instrumentos internacionales de los que Guatemala es signataria. Por su parte la URNG asumió el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana concurriendo al goce de sus Derechos Humanos.
  Abarca el compromiso de fortalecimiento de las instancias de protección de los Derechos Humanos, especialmente el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, en lo atinente a la defensa de su autonomía, el respaldo y fortalecimiento en el ejercicio de sus funciones, y la protección de su libertad de acción.
  Otro de los contenidos del acuerdo hace referencia al accionar en contra la impunidad, en especial el compromiso gubernamental de no propiciar la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los Derechos Humanos. En este contexto, el gobierno se compromete a promover ante el Organismo Legislativo las modificaciones legales necesarias para la tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, promoviendo ante las instancias internacionales correspondientes su calificación como delitos de lesa humanidad
  Además, este acuerdo cubre compromisos en materia de: no-existencia de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos; regulación de la tenencia, aportación y uso de armas de fuego por particulares; garantías para las libertades de asociación y de movimiento, en especial a la verificación de la voluntariedad en la pertenencia a la autodefensa civil; conscripción militar obligatoria pero no forzada; garantías y protección a las personas y entidades que trabajan en la protección de los derechos humanos; resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; y la erradicación de los sufrimientos de la población civil y el respeto de los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes han quedado fuera de combate, sin que éste último apartado constituya un acuerdo especial en materia de Derecho Internacional Humanitario de parte del Estado Guatemalteco.
  Como única excepción durante la negociación a este acuerdo se le dio vigencia inmediata, reconociendo la conveniencia de que, a titulo excepcional, su verificación empezara antes de la firma del acuerdo de paz final. Para dicha verificación y asegurar que se respetara éste acuerdo las Partes, solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas, ONU, establecer una Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala. En respuesta a esta solicitud la Asamblea General de la ONU acordó la creación de la Misión Nacional de Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, MINUGUA, para verificara a partir del 21 de noviembre de 1994 exclusivamente éste acuerdo.
3. [2] Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (Ciudad de México 29 de marzo de 1994)
  Este acuerdo plantea la necesidad de trabajar por una solución duradera y facilitar el reasentamiento de la población desarraigada, en un marco de justicia social, democratización y desarrollo nacional sostenible, sustentable y equitativo, a la vez de reconocer que es indispensable la participación de las poblaciones afectadas (desarraigados por el enfrentamiento armado y poblaciones de recepción), en la toma de decisiones relativas al diseño y ejecución de una estrategia global de reasentamiento
  La estrategia global de reasentamiento pretende garantizar a la población desarraigada el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; reintegrarlos al nivel social, económico y político; priorizar la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema; desarrollar y fortalecer la democratización de las estructuras del Estado, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a nivel comunal, municipal, departamental, regional y nacional; y promover una auténtica reconciliación favoreciendo en las áreas de reasentamiento la participación, la tolerancia mutua, el respeto recíproco y la concertación de intereses.
  El acuerdo considera la vigencia de ciertas garantías para el reasentamiento de la población desarraigada, entre las cuales destacan: el pleno respeto a los derechos humanos; la protección de las familias encabezadas por mujeres, así como la de las viudas y huérfanos; la protección y respeto de los derechos de las comunidades indígenas; la urgente necesidad de remover todo tipo de minas o artefactos explosivos abandonados o implantados en las áreas de reasentamiento; reconocer los niveles educativos formales e informales y los estudios no formales de los promotores de educación y salud, todos mediante el proceso de equiparación y evaluación correspondiente; facilitar el proceso de documentación y dictar las normas necesarias para la inscripción como nacionales de los hijos de los desarraigados que hubieran nacido en el exterior, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; la revisión de los casos calificados como abandono voluntario de la tierra y la ratificación de la imprescriptibilidad de los derechos de tenencia; y el respeto a sus formas organizativas integrando a los nuevos asentamientos de poblaciones reasentadas al régimen municipal.
  Especial atención mereció en el acuerdo las garantías para lograr la integración productiva de la población desarraigada, mediante proyectos de desarrollo agrícola sustentando el desarrollo de infraestructura básica de comunicación, electrificación y productiva; el mejoramiento de la calidad de vida; la vigencia de esquemas concertados de planificación para el desarrollo de las áreas de reasentamiento; el desarrollo institucional de los municipios mediante su fortalecimiento administrativo, técnico y financiero; el fortalecimiento del sistema de organización comunal; y la profundización de los esquemas de descentralización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de ejecución, mediante el traslado gradual a la comunidad y a los gobiernos locales del poder de decisión, de manejo de los recursos y la administración de los servicios.
  El cumplimiento de los compromisos contraídos en la estrategia global de reasentamiento se consideró mediante la ejecución de proyectos específicos, identificados, formulados, priorizados y aprobados por una Comisión Técnica integrada por representantes del gobierno y de las poblaciones desarraigadas, contando con el apoyo consultivo de representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional.
4. [3] Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994)
  Con el afán de esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado, las partes acordaron establecer la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
5. [4] Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de Violencia que han causado sufrimiento a la población Guatemalteca (Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994)
  Este acuerdo es, a nuestro juicio, el más importante de los acuerdos generados durante el proceso negociador, porque enfrenta el problema central que impide la construcción de la Nación Guatemalteca. Plantea elementos que establecen marcos de acción para superar y eliminar las lógicas de la exclusión social; genera la posibilidad de construir nuevas bases de legitimidad por medio de la eliminación de cualquier forma de discriminación legal o de hecho; y representa el inicio de la construcción de niveles de acción política para enfrentar el reto de adecuar lo normativo y lo cultural a la especificidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de la sociedad guatemalteca.
  Este acuerdo posee una visión de futuro, pero también una actitud critica hacia el pasado; por una parte reconoce que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos y, por otra parte, acepta que las fracturas internas en nuestra sociedad, a nivel étnico, lingüístico y cultural, se originan en procesos históricos de conquista, colonización, desplazamientos y migraciones.
  Por primera vez en la historia política del país, un documento oficial registra la aceptación gubernamental específica a la identidad y derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, xinca y garífuna, componentes fundamentales de la herencia pre-colonial y colonial de nuestra sociedad y, deja constancia escrita de la pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya.
  Este acuerdo destaca el compromiso de luchar contra la discriminación legal y de hecho; y el reconocimiento de que la política educativa y cultural debe orientarse con un enfoque basado en el reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indígenas.
  Por ello propone la oficialización de idiomas indígenas; respetar el uso de nombres, apellidos y toponimias indígenas; reconocer la importancia y especificidad de la espiritualidad de los pueblos indígenas, así como del valor histórico y proyección de los templos, centros ceremoniales y lugares sagrados; respetar y garantizar el uso del traje indígena; reconocer la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos de los pueblos indígenas, al igual que la necesidad de una reforma educativa que responda a la diversidad cultural y lingüística del país; y el papel de los medios de comunicación masiva en la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales.
  En el área de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos destaca el compromiso de promover una reforma de la Constitución de la República, para definir y caracterizar a la Nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. En esta parte del acuerdo reitera el reconocimiento constitucional de reconocer, respetar y promover las formas de organización propias de las comunidades indígenas y el papel que les corresponde a sus autoridades constituidas, de acuerdo a sus normas consuetudinarias, en el manejo de sus asuntos y en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos que les afecten.
  Reconoce que los pueblos indígenas han sido marginados en la toma de decisiones en la vida política del país y que, para superar esta situación limitante a la libre y completa expresión de sus demandas y a la defensa de sus derechos, reitera el derecho que les compete a la creación y dirección de su propias instituciones, al control de su desarrollo y a ejercer libremente sus derechos políticos, siendo necesario institucionalizar la representación de los pueblos indígenas a nivel local, regional y nacional, y asegurar su libre participación en el proceso de toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida nacional.
  Para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el gobierno se compromete a promover ante el Organismo Legislativo, contando con su participación, el desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo a sus normas consuetudinarias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
  Para garantizar los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, se reconoce la necesidad de desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos, cubriendo en especial: la regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; la restitución de tierras comunales y compensación de derechos; la adquisición de tierras para el desarrollo de estas comunidades; y la protección jurídica de sus derechos agrarios.
  Para dar mayor garantía al cumplimiento de este acuerdo, se pactó el establecimiento de comisiones paritarias integradas por representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas, en materia de: definición y protección de lugares sagrados; diseño de la reforma educativa, reforma y participación; y derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas.
6. [5] Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Ciudad de México 31 de marzo de 1995)
  El acuerdo cubre aspectos de democratización y desarrollo participativo; desarrollo social, educación y capacitación, salud y seguridad social, vivienda y trabajo; situación agraria y desarrollo rural; y modernización de la gestión pública y política fiscal, planteando metas ambiciosas en materia de cobertura estatal de los servicios sociales básicos.
  Expresa un buen documento que define la política social del gobierno del Partido de Avanzada Nacional, el cual, si se logra cumplir influirá notablemente en la resolución de las demandas sociales provenientes de los sectores de pobreza, que anteriores gobiernos no han podido enfrentar exitosamente, y en la generación de infraestructura productiva, caminos, energía eléctrica, comunicaciones, ambas condiciones básicas para el desarrollo capitalista en el agro guatemalteco.
7. [6] Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (Ciudad de México, 6 de mayo de 1996)
  Este acuerdo busca la creación de estructuras y prácticas que eviten la exclusión política, la intolerancia ideológica y la polarización de la sociedad, mediante la reforma y cimentación de una institucionalidad acorde con las exigencias del desarrollo de la nación y de la reconciliación del pueblo guatemalteco, que debe abarcar desde las autoridades locales hasta el funcionamiento de los organismos del Estado, para que todos los depositarios del poder público cumplan su cometido al servicio de la justicia social.
8. [7] Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (Ciudad de México 19 de septiembre de 1996)
  Este acuerdo considera el cese de todas las acciones insurgentes y contrainsurgentes; la desmovilización escalonada de las fuerzas de la URNG; su incorporación a la legalidad en condiciones de seguridad y dignidad y el establecimiento de un programa de actividades verificado por las Naciones Unidas, el cual considera las etapas de: cese al fuego; separación de fuerzas; desmovilización y verificación.
9. [8] Acuerdo sobre el definitivo Cese al Fuego (Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996)
  Apelando a lo convenido durante las reuniones de Oslo (marzo de 1990) y el Escorial junio de 1990), las partes signatarias de este acuerdo gobierno e insurgencia deciden promover las reformas constitucionales que fuesen necesarias para la reconciliación de todos los guatemaltecos, la finalización del enfrentamiento armado interno y la solución pacífica de la problemática nacional por medios políticos y el irrestricto respeto y aplicación de la ley.
  El texto del acuerdo retoma y desarrolla, en algunos casos, los compromisos contraídos en los acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas, Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática, conducentes a promover reformas en el texto de la Constitución Política vigente.
  En el caso del reconocimiento de la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, hace la aclaración que no se trata de solamente reconocer su identidad y existencia como grupos étnicos, lo que ya está reconocido en el articulo 66 de la Constitución vigente, sino de reconocer que esa es la conformación de la sociedad guatemalteca sin perjuicio de su unidad nacional y del Estado.
  Para contribuir a perfeccionar el régimen electoral en tanto instrumento de transformación democrática, el acuerdo conviene en la conformación de una Comisión de Reforma Electoral, integrada por un Presidente nombrado por el Tribunal Supremo Electoral, un representante y un suplente por cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria y dos miembros y sus respectivos suplentes designados por el Tribunal Supremo Electoral. Como agenda indicativa se sugiere el tiramiento de los temas: documentación, empadronamiento, votación; transparencia y publicidad, campaña de información y fortalecimiento institucional.
10. [9] Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (Estocolmo, Suecia, 7 de diciembre de 1996)
  La suscripción de éste acuerdo representa u giro total para la vida en democracia, con participación en todos los ámbitos y por ende de todos los ciudadanos, tomando en cuenta la necesidad de desarrollar una sociedad más conciente, más justa y donde prevalezca la igualdad de derechos y sobre todo el reconocimiento legal y digno de la URNG a la sociedad guatemalteca, con derechos y deberes constitucionales.
  El proceso de incorporación de la URNG se inicia con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, que encierra todos los acuerdos firmados pero éste en si comprende dos fases: la incorporación inicial y la definitiva; mismos que consisten en la concentración de la URNG, o sea la desmilitarización, esto comprende también los servicios de documentación y capacitación, seguidamente se implementarán programas de ayuda tanto de infraestructura agrícola y demás servicios para la incorporación a la vida productiva.
  Al estar incorporados a la vida social, cultural, política, etc. Y manteniendo la figura legal que indica el acuerdo las partes concluyen en la extinción de responsabilidades penales por delitos cometidos durante el conflicto, siempre y cuando no sean imprescriptibles ya que de lo contrario tendrán un proceso mas claro que el de cualquier otro ciudadano y con ciertas condiciones a favor del procesado, esto en el aspecto jurídico.
  En el aspecto político todo miembro de la URNG incorporado a la ciudadanía guatemalteca podrá ejercer todos los derechos y libertades así como también deberes y obligaciones.
  En el área de seguridad el gobierno se compromete a brindar a miembros de la URNG toda la ayuda a fin de mantener su seguridad.
  En el aspecto socioeconómico, se implementarán medidas para que los ciudadanos incorporados tengan todo lo necesario para que tengan una buena orientación individual de acuerdo a la actividad a la que cada uno se dedique.
  Así mismo implementar de parte del gobierno medidas para Educación, Salud, Vivienda, Proyectos Económicos y Productivos.
  En el área cultural la incorporación se realizará tomando en cuenta el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
  Como parte final dentro del presente acuerdo se contemplan los subprogramas especiales que comprenden Discapacidad, Asesoría Jurídica y Reunificación Familiar, el primero dirigido a todos los miembros que durante el conflicto fueron afectados físicamente. La Asesoría Jurídica servirá de apoyo a todo miembro de la URNG para su incorporación. La Reunificación Familiar, en este aspecto el gobierno se compromete a facilitar el ingreso de los miembros de la URNG al vínculo familiar así como realizar todo el proceso para la recuperación de las victimas del enfrentamiento armado.
11. [10] Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la legalidad (Madrid, España, 12 de diciembre de 1996)
  Muy acertadamente, en este acuerdo se reconoce que el proceso de negociación ha generado una agenda de alcance nacional orientada a la superación de las raíces de la conflictividad social, política, económica, étnica y cultural, así como a la superación de las consecuencias del enfrentamiento armado interno. Enfrentar esta problemática dual -la herencia y los efectos- demanda de un empeño nacional que permita establecer las bases políticas, institucionales, financieras y técnicas para lograr su superación, mediante el cumplimiento de lo acordado.
  El cronograma fue dividido en tres fases: los primeros 90 días a partir del 15 de enero de 1997; el resto del presente año; y la etapa comprendida desde el año 1998 hasta el final del 2000. La estrategia para su cumplimiento considera: atender la calendarización ya establecida en los acuerdos; avanzar simultáneamente en el cumplimiento de todos los acuerdos; asumir con realismo los recursos humanos y materiales disponibles en cada fase; escalonar en el tiempo la ejecución de los componentes fundamentales de los acuerdos; poner énfasis en el establecimiento de los mecanismos de consulta previstos y de las bases institucionales legales o financieras; propiciar la participación de la sociedad en la definición de las políticas públicas que les conciernen; la programación de metas intermedias anuales, en relación al PIB; y las metas de crecimiento económico esperado para el período 1997-2000.
12. [11] Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los acuerdos de Paz (Guatemala, 29 de diciembre de 1 996)
13. [12] Acuerdo De Paz Firme Y Duradera: (Guatemala, 29 de diciembre de 1996)
El gobierno se comprometió a cumplir este acuerdo constituyéndose en un compromiso histórico e irrenunciable. Este acuerdo contempla el cumplimiento de todos los demás acuerdos antes mencionados.
EL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA

ANEXOS

ANEXO 1: Acuerdo de Querétaro: Acuerdo Marco sobre Democratización (México 25 de julio de 1991)

Ambas partes consideraron que el tema de la democratización permitiría construir el marco general que inscribiera de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de negociaciones; y requiriendo el país de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en lo político, económico, social y cultural, coincidieron en que los acuerdos políticos a que llegaran durante la negociación deberían reflejar las legitimas aspiraciones de todos los guatemaltecos, conducir a medidas institucionales y a la propuesta de reformas constitucionales ante el Congreso de la República, dentro del marco y espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala y de los acuerdos de Oslo, el Escorial y México.

Conforme a lo acordado, el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa en Guatemala requería de la preeminencia de la sociedad civil; el desarrollo de la vida institucional democrática; el funcionamiento efectivo de un estado de derecho; eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas; el respeto irrestricto a los derechos humanos, la subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil; el reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas; el acceso y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza, que debía basarse en principios de justicia social; y el efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.

Acordaron, también, que la democratización requería garantizar y promover la participación, en forma directa o indirecta, de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de gobierno en los diferentes niveles administrativos, reconociendo el derecho de todos los grupos que constituyen la Nación, a desarrollarse en relaciones de trabajo justas y equitativas, en sus propias formas culturales y de organización, en un pleno respeto a los derechos humanos y a la ley.

ANEXO 2: Acuerdo de Procedimientos para la búsqueda de la Paz por medios políticos (México 26 de abril de 1991)

Con el propósito de poner fin al enfrentamiento armado interno y conseguir la reconciliación de todos los guatemaltecos, se acordó llevar a cabo conversaciones bajo la conciliación y conducción del presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y la observación del representante del Secretario General de la Naciones Unidas. El gobierno y la URNG se comprometieron a estar representados por delegados de alto nivel, para negociar y asumir acuerdos políticos con apego al marco constitucional vigente y de conformidad con el acuerdo de El Escorial, España 1 de junio de 1990.

Ambas partes se comprometieron a llevar a cabo un proceso de negociación que permitiera, en el menor tiempo posible, la firma de un acuerdo de paz firme y duradera, en el cual se consignaran los acuerdos políticos, su implementación y ejecución por la partes, y los términos de verificación de su cumplimiento; esta última función fue asignada a la Comisión Nacional de Reconciliación, la Organización de las Naciones Unidas y a otras instancias internacionales que serian designadas de común acuerdo.

Se autorizó al Conciliador de las negociaciones para convocar a las reuniones; proponer iniciativas y soluciones a las partes; gestionar y mantener acciones de diálogo y negociación; y convocar a los sectores que participaron en las diversas reuniones celebradas con la URNG durante el transcurso de 1990, conforme al acuerdo de Oslo, para informarles del avance de las negociaciones directas entre el gobierno y la URNG.

Fue acordado el Temario General de las negociaciones incluyendo los temas:

[1] Democratización y Derechos Humanos;
[2] Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática;
[3] Identidad y derechos de los pueblos indígenas;
[4] Reformas constitucionales y régimen electoral;
[5] Aspectos socio-económicos;
[6] Situación agraria;
[7] Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado;
[8] Bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país;
[9] Arreglos para el definitivo cese el fuego;
[10] Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos;
[11] Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera y desmovilización.

Nótese que, a petición de la URNG, en la distribución de los temas en el acuerdo de Temario General de la Negociación, se dio prioridad al tratamiento de lo sustantivo –temas 1 a 7, relativos a los grandes problemas nacionales-, dejando de último el tratamiento de lo operativo -temas 8 a 11, relativos a la desactivación del enfrentamiento armado interno; en la práctica casi se respetó este orden aunque uno de los últimos temas tratados -Reformas Constitucionales y Régimen Electoral- es de carácter sustantivo y no operativo.

Autor:

Wagner López Cardona

Partes: 1, 2

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