La desindustrialización en la Argentina del Proceso

Período Martínez de Hoz

• Breve Reseña Histórica
• El proceso de desindustrialización
• Reforma Financiera
• Reducción arancelaria
• Promoción Industrial
• Política de mercado
• Conclusiones
• Bibliografía
• Citas

1977

Buenos Aires

Retrato de un artista del dinero

El ministro de Economía de la dictadura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, es un devoto de la empresa privada. En ella piensa los domingos, cuando se arrodilla en misa, y también los días de semana, cuando dicta cursos en la Escuela Militar. Sin embargo, el ministro se desprende de la empresa privada que dirige. Generosamente se la cede al Estado, que paga por ella diez veces más de lo que vale.

Los generales convierten el país en un cuartel. El ministro lo convierte en un casino. Cae en la Argentina un diluvio de dólares y cosas. Es la hora de los verdugos, pero también de los tahúres y los malabaristas: los generales mandan callar y obedecer mientras el ministro ordena especular y consumir. El que trabaja es un gil; el que protesta, un cadáver. Para reducir los salarios a la mitad y reducir a la nada a los obreros rebeldes, el ministro soborna con plata dulce a la clase media, que viaja a Miami y vuelve cargada de montañas de aparatos y aparatitos y chirimbolos y chirimbolitos.

Ante la cotidiana matanza, los tilingos mediopelos se encogen de hombros:

– Algo habrán hecho. Por algo será.

Ó silban mirando para otro lado:

– No te metás.

Eduardo Galeano

Memoria del Fuego 3: El siglo del viento

Breve Reseña Histórica

Para comprender el proceso económico al cual el presente trabajo de investigación hará referencia, es preciso recuperar ciertos hechos y acontecimientos que al construir la historia argentina definen el escenario de estudio o al menos permiten entender el por qué de ciertas cuestiones. Por ello seguidamente se realizará un breve recorrido histórico el cual se propone marcar los hechos sociales, políticos y económicos más significativos, para así poder comprender de manera acabada la realidad que nos interesa analizar.

Hacia la década de 1930 el mundo se sumía bajo la llamada "Gran Depresión", importante crisis del capitalismo que desorganizó las relaciones vigentes del comercio internacional, restringiendo ampliamente los términos de intercambio que Argentina, como periferia, mantenía con los países centrales.

Dicha crisis ocasionó un quiebre para el viejo Modelo Agroexportador que hasta ese momento representaba el eje de la economía argentina, por lo cual el país debió gestar una nueva salida comercial, a través de lo que se llamó el "Modelo Industrial por Sustitución de Importaciones" (ISI) (1), un modelo de industrialización impulsado fuertemente por el Estado.

Poco a poco esta nueva orientación se fue enlazando a una fuerte estructuración del movimiento obrero que luchaba por la amplitud de sus derechos sociales.

Avanzada la década del ´40 y profundizándose la Industria por Sustitución de Importaciones, el gobierno adoptó reglas tendientes a fortalecer el papel del Estado, mediante el apoyo al desarrollo industrial y la redistribución de los ingresos, ocasionando un importante refuerzo en la demanda y en el consumo interno, como parte constitutiva y funcional al progreso del modelo. Asimismo, se respondía a una política ligada al reconocimiento de los derechos del trabajador, procurando como resultado un nuevo papel del Estado, prestador e interventor de las demandas sociales.

Sobre un marco de desarrollo en el sector fabril y de movilización en los sectores populares se origina entonces en la Argentina, en conjunto con la aparición del Peronismo, el Estado de Bienestar (2) que perdurará hasta principios de los ´70. Un Estado netamente involucrado en todos los órdenes, un modelo fuertemente inclusivo como un espacio donde los ciudadanos podían actuar política y socialmente para establecer sus derechos.

Dicho Estado no sólo operó como moderador de la producción capitalista, sino también como un importante productor a través de la creación de empresas estatales que permitían asegurar así el "pleno empleo" (3).

Cabe destacar que esta matriz "estado – céntrica" (4) impulsada fuertemente por los dos gobiernos peronistas (desde 1946 hasta 1955), estuvo ampliamente ligada a la elaboración de nuevos y trascendentales derechos laborales, hoy plasmados en el artículo 14 bis de la nuestra Constitución Nacional, como así también en la generación y aplicación de servicios sociales universales: salud, educación, trabajo, protección social (jubilación, obra social).

En síntesis, se asistió en la Argentina al desarrollo de un Estado Benefactor, promotor de prestaciones sociales y actor indispensable en la garantía de las mismas, cuya estrategia estaba centrada en la protección de los mercados y la expansión de la demanda interna, dando lugar, asimismo, al amplio crecimiento de los sectores medios de la población y a una política de gasto social concentrada en gran parte de los servicios sociales.

Sin embargo, la política del Estado de Bienestar iniciará su colapso en la década del ´70, en conjunto con el último gobierno del General Juan Domingo Perón (1973-1976), principalmente a causa de la creciente despolitización del Estado (5), la doctrina de la seguridad nacional (1966) 6), la creciente devaluación del peso argentino (7) y la agudización de los conflictos sociales (8).

Asimismo el importante crecimiento del gasto público, la generación de un visible déficit fiscal, el proceso de altísima inflación, los costos progresivos y la baja productividad en las prestaciones sociales, la defensa hacia los intereses corporativos y la carga excesiva de impuestos, correspondientes a este modelo de Estado, fue lo que decisivamente produjo un fuerte período de inestabilidad y agotamiento (Llach, 1997).

A nivel mundial, las políticas keynesianas, comenzaban a mostrar sus debilidades; la internacionalización y transnacionalización de la producción, se constituyeron como el primer medio que debía desmembrar estas barreras proteccionistas hacia los mercados (nacionales e internacionales) y asentar, con ello, las precondiciones para el posterior desgaste funcional del proteccionismo.

El nuevo criterio económico – neoliberal, que demandaban los países desarrollados para sostener relaciones comerciales, ya no se amoldaba a los viejos modelos intervensionistas que continuaban empleando los Estados Latinoamericanos. Lo que significó que estos últimos, debieran finalmente efectuar un cambio hacia sistemas más competitivos, tercerizando las prestaciones, que hasta este momento otorgaba el Estado, en el mercado.

Esta década del ´70 estuvo, además, sumida por dos acontecimientos que fraguaron nuevos preceptos en las economías mundiales. Por un lado, en diciembre de 1971 los principales países del mundo occidental firmaron el "Acuerdo Monetario de Washington", el cual elaboró un sistema de bandas de flotación entre las monedas, otorgándole mayor flexibilidad y una devaluación del dólar con respecto al oro; ahora las economías debían regirse por el nuevo "patrón dólar". Por otro lado, en octubre de 1973 la economía mundial sufre otra conmoción, la "crisis del petróleo". La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) resolvió incrementar el precio del combustible, lo cual generó de inmediato una importante recesión en la mayoría de los países.

Se señalan estos dos influyentes sucesos, pues los mismos elevaron la oferta de fondos prestables hacia los países de la periferia, lo que favoreció a que las potencias centrales se sirvieran de esta crisis económica para ofrecer nuevos créditos o préstamos, que finalmente establecieron el considerable aumento de la deuda externa latinoamericana y por ello la crisis financiera de los años ´80.

Argentina, particularmente, entre 1980 y 1981, enfrentaba un grave desequilibrio económico en la balanza de pagos, fruto del aumento sideral de la demanda durante el último gobierno militar. La apertura comercial y el retraso cambiario acentuaron las importaciones, la remesa de utilidades y regalías provocaron un déficit comercial y de la cuenta corriente, producto en gran parte de los dos acontecimientos a escala mundial, antes mencionados.

Las vidrieras de los comercios argentinos se inundaron de productos extranjeros, lo que generó un fuerte descenso en la venta de bienes nacionales. De acuerdo con la política militar la apertura de mercado se justificaba sobre una exigencia necesaria a la industria nacional, para que pudiera lograr un alto nivel en la producción y elaboración de su manufactura.

Asimismo se inició un crecimiento en el endeudamiento del empresariado, compartida con la especulación o fuga de capitales. Cabe destacar que la deuda externa de la Argentina, que en 1977 era de aproximadamente 27.7 millones de dólares, en el año 1981 llegó a 46.3 millones de dólares. Para efectuar el pago de esta duda se utilizaba entonces más del 51% de los ingresos de las exportaciones.

Así, la década del ´80 caracterizada por la "crisis de la deuda", fue el punto inaugural a una notable transformación en la política económica latinoamericana y Argentina en particular.

Frente a este escenario las Instituciones de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), tomaron como principal cometido la renegociación del endeudamiento externo y las fuentes de financiamiento, como así también el establecimiento de un orden en los sistemas monetarios, financieros y comerciales del mundo. El aspecto central de estas propuestas era proporcionar un mecanismo para la transferencia de recursos financieros de los países industrializados, para impulsar la reconstrucción y el desarrollo de los países periféricos.

Estas instituciones intensificaron notablemente su poder y se convirtieron en el dispositivo nodal a la implantación de los ajustes estructurales.

El conjunto de recetas de corte neoliberal recibió el nombre de "Consenso de Washington", entre las cuales se encontraban: la disminución de los aranceles aduaneros, la privatización de las empresas estatales, la restricción del gasto público, la desestimación de las políticas tendientes a la industrialización y la protección a la propiedad privada. Todas disposiciones orientadas a desmontar las políticas proteccionistas y a ampliar los márgenes de libertad de los mercados.

Bajo la tesis básica de que el mercado constituye el mejor instrumento y más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades, el neoliberalismo exaltó así las virtudes de un Estado mínimo e impugnó al Estado de Bienestar como dispositivo de redistribución en beneficio de las clases más desfavorecidas.

El primer avance de estas políticas neoliberales aconteció dentro de lo que se denominó el "Proceso de Reorganización Nacional", gobierno militar que se estableció entre los años 1976 y 1983, y en el cual, como se señaló recientemente, se desmontaron las políticas proteccionistas y se ampliaron los márgenes de libertad de los mercados. A partir de este golpe de Estado, y de la mano del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, comenzó a efectuarse un implicante conjunto de políticas que impactaron fuertemente en la esfera económica argentina, las cuales produjeron, finalmente, una ruptura de las características estructurales y del funcionamiento económico del país.

Considerando el discurso pronunciado por dicho ministro, el 2 de abril de 1976, los principales ejes del su plan económico se resumían en: "lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable, como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de la economía; acelerar la tasa de crecimiento económico y alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios, en la medida adecuada a la productividad de la economía". En consecuencia, se produjo una alteración en el balance de poder existente entre los diferentes grupos económicos y la inserción productiva y comercial de los sectores empresariales, dándose paso a una nueva configuración y caracterización radicalmente disímil de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de importaciones.

El golpe militar manipuló sus políticas económicas a fin de afianzar el poder del sector financiero especulativo. Gran parte de estas medidas, tanto económicas como sociales, tuvieron como finalidad la preservación y la extensión de los intereses de dicho sector. Sus estrategias recesivas mitigaron la demanda interna, en especial la de aquellos estratos medios y bajos de la sociedad, en tanto que la liberalización de las importaciones castigó principalmente al sistema industrial, afectando particularmente a la producción de textiles, ropa, calzado, muebles, productos metálicos, maquinarias eléctricas y material de transporte (9). (Panettieri, 1992)

El producto final de este Proceso dio cifras alarmantes con respecto a la situación social, financiera y económica del país: 365 centros clandestinos de detención; 30.000 desaparecidos; 1.068 heridos y 635 argentinos muertos en la Guerra de Malvinas; $31.561 millones de deuda pública; $13.526 millones de deuda privada; 49.4% de gasto público; 15.7% de déficit fiscal; 343.3% de inflación y 25.3% de hogares pobres. Todos números por demás alarmantes.

A continuación se expone un cuadro referencial a modo de síntesis, donde se exponen los principales indicadores relevantes, durante la gestión de Martínez de Hoz:

Fuente: MULLER, Alberto. Un quiebre olvidado: La política económica de Martínez de Hoz

Introducción

La industria entro en crisis a partir de 1975-1976, cuando presentaba las mejores condiciones de su historia. Con varias décadas de crecimiento continuo, signado solo por algunas desequilibrios coyunturales, el sector industrial presentaba hasta esos años, un proceso de expansión, que lo había llevado, hacia 1974, al uso indiscriminado de toda su capacidad instalada, lanzándose además nuevos proyectos de expansión de las ramas básicas.

La persistencia de las elevadas tasas de interés manifestadas desde 1975, la tendencia al atraso cambiario, agudizada para fines de 1978 y la apertura indiscriminada a las importaciones fueron modificando la economía argentina y su demanda local. "Las tasas de interés se reciclaban con nuevos créditos y se cargaban a los precios mientras fuera posible; los costos financieros llegaron a niveles tales que su impacto era más elevado que los salarios en las estructuras de costos de las empresas. Los gastos financieros reales representaron cerca del 20% de las ganancias operativas consolidadas del sector fabril entre el año 1975 y 1980, en un proceso de continuo aumento" (10).

Ciertas empresas endeudadas escogieron por la venta de activos fijos (11) para pagar sus compromisos, como así también reducir costos y contraer estructuras. Por su parte, otras firmas optaron por esperar una refinanciación "blanda" que por supuesto nunca llego, concluyendo abatidas por la carga de intereses. Consecuentemente, fue más imperioso sobrevivir que progresar, con lo cual muchas empresas debieron despojarse de sus ingenieros y especialistas no ligados a la producción, abandonando con ello toda perspectiva futura de crecimiento y deteriorando la capacidad de implementar cambios y desarrollos productivos.

A pesar de esta realidad, no todas las compañías fueron alteradas por el funcionamiento del nuevo mercado financiero, ya que varias de estas disponían de un cash flow (12) positivo o bien porque se encontraban en condiciones de tomar créditos a bajo interés en el exterior, represtándolo a tasas elevadas en el mercado interno. Dichas empresas fueron consideradas como operadoras financistas o especuladoras que poseían una fábrica; esta última era utilizada con un activo valioso ya que servía como garantía para tomar nuevos créditos y no como instrumento de producción, supeditándola entonces a la lógica de valorizar la moneda en el mercado. Frente a este tempestuoso juego de la especulación, numerosas empresas desaparecieron o fueron mutadas de dueños. Aproximadamente 30 de las 200 empresas cotizantes cambiaron de firma, para ser posteriormente cerradas.

Asimismo, sobrevino el atraso cambiario y la caída de las exportaciones, factores simulados por el ingreso de la oferta de nuevas plantas que entraban a la producción local, y que debían exportar para sobrevivir. Fueron plantas equipadas con todas las herramientas necesarias para competir en el mercado internacional; mediante la venta de productos petroquímicos, aluminio y siderurgia, compensaron la declinación de otras industrias.

El atraso cambiario también facilitó la llegada de bienes importados, apoyados por el equipo económico de Martínez de Hoz, ya que dichos bienes servían como contralor de los precios de la oferta local y obligaban al sector industrial interno a mejorar la calidad de sus productos. De esta manera, se rebajaron las tarifas y se abrió plenamente la economía al mercado externo.

"Las importaciones fueron masivas y abarcaron numerosos rubros que no se pueden considerar prioritarios: incluyeron paraguas y lavarropas, autos y cigarrillos. Esa variedad no fue suficiente para cubrir todo el espectro industrial aunque afectó a buena parte del mismo; la experiencia de ese ensayo general, mostró que no bastaba con reducir las tarifas y/o atrasar el tipo de cambio. Enormes barreras no arancelarias frenaban la competencia externa y mantenían numerosos sectores protegidos. Las regulaciones sectoriales, las interacciones entre empresa, el control del sistema de distribución y otras características semejantes eran elementos de bloqueo al ingreso competitivo en muchas ramas" (13).

Estas disposiciones y sus impactos resumidos estadísticamente, demuestran que la producción industrial argentina declinó un 17% en el período transcurrido entre 1975 y 1981, reduciéndose un 10% adicional en 1982. Diversas estimaciones indican que cerca de 400.000 empleados industriales habían perdido su empleo durante ese período. Factores que no sólo han afectado a la industria en su desarrollo, sino también han generado un deterioro y una precariedad en este sector, vigente hasta la nuestros días (Schvarzer, 1983).

A continuación, y profundizando al análisis de esta investigación, se desarrollarán las principales políticas económicas, efectuadas durante la gestión del entonces Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y que han sido implementadas para llevar a cabo el sutil pero efectivo desmantelamiento del sector industrial o de la cultura antiindustrialista.

Para ello, primeramente se efectuará un estudio de las principales causas que provocaron este proceso de desindustrialización, evidenciando la nueva política financiera, la reducción arancelaria, la promoción industrial y la apertura indiscriminada de la economía al exterior.

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis sobre las implicantes consecuencias de este cambio en el liderazgo industrial argentino, tomándose en consideración el proceso de endeudamiento externo, la especulación y el ingreso irrestricto de bienes importados.

El proceso de desindustrialización

Para comprender este desmantelamiento de la industria, es necesario analizar el modelo de industrialización imperante en la Argentina, posterior a las transformaciones liberales efectuadas por el gobierno militar de 1976. Para ello, se reconoce -como se explicó en la reseña histórica- que el modelo por sustitución de importaciones, fue llevado a cabo como único recurso eficaz en respuesta de la aguda crisis económica internacional acontecida en los años ´30. Fue a partir de 1946, y frente a la reaparición de la oferta extranjera de bienes y capitales, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón otorgó una mayor protección industrial, confiriendo a este sector de una política de industrialización a largo plazo.

Durante su primer fase de aplicación, 1946-1959, dicho modelo funcionó de acuerdo a las variaciones en los precios. La imposición por parte del Estado, de aranceles proteccionistas, permitió a las empresas absorber, con rentabilidad, costos laborales mayores. Asimismo, primaron las políticas de inversión, gasto público y consumo de no asalariados para atraer las demandas de bienes industriales.

Por su parte la segunda fase, 1959-1970, fue más expansiva pero inestable. La economía se configuró sin reservas de mano de obra y con un movimiento sindicalista activo y organizado, situación que solo pudo ser contenida mediante un acuerdo político con los asalariados; la inflación y la regulación autoritaria. A pesar de ello, la crisis de los años ´60 no pudo ser contenida.

Según Adolfo Canitrot, dicha crisis presentó dos etapa: "una primera, iniciada a mediados de 1969, que correspondió a la progresiva disolución del sistema autoritario-militar, y que se caracterizó, en lo económico, por el descenso del ritmo de crecimiento y el ascenso de las tasa de inflación. Y en una segunda etapa, comenzada en 1973 con el peronismo en el poder, durante la cual se intentó repetir, sobre bases políticas endebles, un acuerdo de precios y salarios que finalizó en una inflación galopante" (14).

Si bien entonces la industria argentina entro en crisis entre los años 1975-1976, en sus más optimas condiciones, su realidad permitía evidenciar amplios componentes negativos en cuanto a sus limitaciones.

Las principales debilidades o insuficiencias en la industria, se encontraban en aquellos sectores destinados a la producción de insumos industriales y de bienes de capital, escenario que conducía dos problemáticas. Por un lado, y por su impacto desestabilizador de corto plazo, era necesario importar dichos insumos, que al afectar la balanza comercial, producían instabilidades perjudiciales en las etapas de expansión. Por otra parte, se evidenciaba una importante falta de desarrollo en el propio proceso de creación de tecnología, excluyendo cada vez más a las industrias locales de la frontera productiva de los países desarrollados, provocando con ello efectos comparativamente escasos en la evolución de la productividad.

Tales restricciones, para afrontar la debilidad de la industria en la generación local de bienes de capital, inducía, indefectiblemente, no sólo a la dependencia de divisas necesarias para importar maquinarias, sino también a la utilidad que las empresas extranjeras hallaran para insertarse posteriormente en el país, o para vender sus adelantos tecnológicos. Cabe destacar, que la gran mayoría de estas empresas transferían tecnología y maquinarias ya no utilizadas en sus respectivos establecimientos fabriles, a causa de sus recientes innovaciones. Esto hacía aún más evidente el significativo retraso del sector industrial argentino, en cuanto a la adjudicación de maquinarias prácticamente arcaicas.

De acuerdo a estudios efectuados por diversos autores, la base de estas deficiencias estructurales en la esfera industrial, se debe a una serie de factores o causas tales como la ausencia de un perfil específico para el proceso de industrialización, la notable inestabilidad y versatilidad de las políticas económicas, las conflictos para imponer un acuerdo social que sustentara una política industrial de largo plazo, las irregularidades en la distribución del ingreso, que expandía y comprimía el mercado e impedía la planificación empresaria, y la falta por parte del Estado de una política de investigación y desarrollo local imprescindibles para reducir la brecha existente entre la Argentina y los demás países desarrollados (Rapoport, 2000).

Considerando entonces, que el plan impulsado por Martínez de Hoz, fue un proyecto antipopular, excluyente y regresivo, el cual apuntó a lograr una atomización social generalizada mediante el empleo de una profunda reestructuración productiva y una modificación en la anterior organización de relaciones económicas y políticas, se comprende entonces que dicho plan, tuvo como principal objetivo abandonar definitivamente cualquier orientación industrialista vigente en el país desde 1930.

Esta labor fue emprendida indiscriminadamente a través de la utilización de cuatro herramientas primordiales. Dispositivos que no sólo han transformado el contexto económico e industrial, sino también su base social de sustentación y su inserción en la división internacional del trabajo (15), estas herramientas son:

• Reforma Financiera
• Reducción arancelaria
• Promoción industrial
• Política de mercado

Reforma Financiera

Como se observa, la política económica de 1976 presentó como principal objetivo el libre mercado de capitales. La aplicación de este objetivo a partir de 1977 significó un desvinculo definitivo con el pasado del subsidio fiscal, el crédito de bancos oficiales, el mecanismo de redescuento y la tasa de interés negativa.

Si se considera la economía argentina posterior al periodo del Proceso, la valoración de la industrialización era sinónimo de desarrollo económico como así también condición necesaria para impulsar el bienestar social. Una característica representativa sobre esta concepción industrialista, es la desconfianza otorgada al mercado de capitales como instrumento eficiente para el crecimiento económico de un país. De esta manera, y bajo este esquema, las políticas económicas contuvieron un esquema de financiamiento subsidiado de la industria, a través de la intervención y regulación del Estado en las relaciones de precios, impuestos y gastos.

Este modelo industrialista fue aplicado hasta 1976. Posteriormente, y frente a un nuevo gobierno de facto, se invierte el esquema de financiamiento, otorgando total primacía al mercado de capitales. Mediante esta nueva política representada por pautas estáticas, la formación de los precios fueron constituidos bajo los supuestos de la libre competencia y completa certidumbre. Asimismo, la ampliación de los recursos fue determinado por las decisiones de ahorro de los consumidores, resultantes además de un patrón de preferencias temporales de consumo.

Por su parte, la tasa de interés evaluada para este modelo, fue el precio relativo entre bienes presentes y futuros. Toda intervención externa al mercado en la designación del precio implicaba, para este modelo, una violación a las preferencias de los consumidores, una ineficiencia en la asignación de recursos y un declive en el nivel del bienestar (Canitrot, 1980).

Evaluando cada uno de estos puntos, las relaciones establecidas entre inversión, actividad y ganancia, que en su momento operaban en el anterior esquema industrial argentino, fueron ignoradas por completo bajo este nuevo programa económico.

Desde el momento en que el equipo armado por el entonces ministro de economía Martínez de Hoz, comenzó a abordar una clara y definida política económica con criterios sectoriales y liberales, se inició una cadena de pugnas que tendieron a extenuar la industria como rama productiva en la economía nacional, desbaratando los mecanismos industriales implementados hasta entonces.

Las primeras alteraciones al sector industrial fueron recibidas por las consecuencias de las políticas macroeconómicas, y precisamente de la estrategia financiera. Así fue como el 14 de febrero de 1977, a través de la Ley N° 21.526, se establece una reforma financiera, la cual institucionalizó la presencia de las elevadas tasas de interés y de los mecanismos que alentaban las operaciones de corto plazo.

Este nuevo Régimen de Entidades Financieras que implicaba un cambio sustancial en el mercado de capitales nacionales, promovió como principales medidas la liberalización de las tasas de interés y la "desnacionalización" o "descentralización" de los depósitos, admitiendo que la capacidad prestable de los bancos quedara atada a su habilidad para captar depósitos. (Gerchunoff y Llach, 1998)

De acuerdo a niveles económicos, esta reforma consistió en la "creación de un sistema de reservas fraccionarias que reemplazaba a la anterior sistema centralizado de depósito con un encaje del 100%; la liberalización de las tasas nominales de interés activas y pasivas; una mayor responsabilidad de los bancos en sus relaciones con la clientela, estableciendo, además, requisitos sobre la solvencia y la liquidez de dichas entidades; el establecimiento de un régimen de garantía plena de los depósitos en el marco de una mayor liberalidad de los requisitos para la expansión o instalación de nuevas entidades y sucursales sin importar la nacionalidad; y la recreación de la función del Banco Central como prestamista en última instancia" (16).

Asimismo, dicha reforma permitió incrementar el rol del sector financiero privado, disminuyendo de esta manera la intervención del Estado. El conjunto de medidas adoptadas tuvieron amplias repercusiones, en tanto que la liberalización de los movimientos de fondos y de las tasa de interés, alteraron las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores económicos, perjudicando las operaciones productivas e incentivando a la especulación. Entre los años 1978 y 1979, el gobierno habría autorizado la apertura de 1.197 sucursales financieras.

El efecto que contrastó esta nueva política financiera marcó importantes diferencias y conductas en las empresas industriales. Si bien algunas lograron extraer beneficios por la flamante circunstancia, otras permanecieron aprisionadas por los inconmensurables costos que no pudieron superar, bajo un significativo y creciente endeudamiento. Cabe destacar que las empresas más vulneradas ante esta realidad fueron las pequeñas y medianas, es decir, aquellas con menor capacidad de acceso a créditos externos, oficiales o con escasa posibilidad de incorporar capital agregado. Por su parte, el impacto fue casi imperceptible sobre las grandes empresas, debido a su capacidad de adaptación frente a las nuevas políticas de cambio.

Asimismo, esta reforma afectó la toma de decisiones en materia de inversión sobre los bienes de capital y sobre la creación e incorporación de innovaciones tecnológicas. En esta estrategia, la valorización financiera fue más importante que la producción, en tanto los activos fijos comenzaron a tener más primacía como garantía para tomar nuevos créditos, que luego se destinarían a la especulación y no al desarrollo de la capacidad productiva. En función de este juego especulativo, las industrias se compraban y vendían reiteradas veces.

Esta manipulación de alto monto financiero, llegó a superar a los salarios en la estructura de costos, forzando a que diversas empresas efectuaran ajustes a su capacidad inmediata, como así también a su futura producción. El endeudamiento ascendió a niveles altísimos, superando en muchos casos el propio patrimonio de las empresas, las cuales debieron cerrar sus puertas o reclamar asistencia al Estado.

A continuación, se presenta un cuadro con las empresas o grupos económicos que han exhibido mayor endeudamiento externo durante ese periodo.

Empresas con mayor endeudamiento externo (en millones de dólares)

Fuente: Rapoport, Mario. Historia Económica, Política y Social de la Argentina, 2000

Este cuadro desalentador terminó de concretarse a lo largo de 1978, cuando se procedió a implementar el enfoque monetario de balanza de pagos y se diagramó la llamada "tablita" cambiaria (17), delineándose a partir de allí, un nuevo cronograma de rebajas en los aranceles. El objetivo de estos mecanismos fue restringir el incremento de los precios, exponiendo de esta manera a la producción local a la competencia de las importaciones.

Posterior a esta reforma, se inició la expansión financiera, la cual culminó en un importante caos. Si bien los cambios liberales establecidos durante la reforma financiera, daban amplia garantía a los depósitos, no existía un adecuado sistema de control. Bajo este régimen de tasas libres, la combinación de garantía pública y la falta de supervisión de calidad a la cartera de los bancos, hizo a la realidad potencialmente peligrosa. De esta manera, quedó conformado un contexto donde los bancos competían por la captación de fondos con crecientes tasas de interés, pero también efectuando préstamos a considerables tasas para aquellas empresas desesperadas que no hallaban financiamiento alguno en condiciones más favorables.

Esta presión alcista sobre las tasas era reforzada por la presencia en el mercado de empresas públicas que habían pasado a ser autónomas en carácter financiero, y que se constituían como importantes demandantes de crédito. Dicha presión sobrevivió en tanto duró la monetización especulativa, pero colapsó a partir de la liquidación del Banco de Intercambio Regional (BIR), desatándose una corrida que si bien en un inicio canceló las actividades de tres importantes bancos (Oddone, de los Andes e Internacional), terminó afectando a todo el sistema financiero. Para 1980, en plena fase terminal del programa económico del entonces ministro Martínez de Hoz, el Banco Central debió asumir el control de aproximadamente 60 instituciones bancarias.

Reducción arancelaria

Otra de las medidas diseñadas para el proceso de desindustrialización implementado en el Proceso, y quizá la más significativa para el sector industrial, fue la estrategia arancelaria, la cual tendió a la apertura del mercado local y a la competencia de bienes importados. Estrategia que comenzó a aplicarse gradualmente desde 1976, aunque sus efectos nocivos fueron plasmados transcurridos los dos años. De acuerdo a esta medida, las reducciones tarifarias fueron efectuadas a fin de eliminar la protección excesiva implícita en los elevados aranceles registrados en la economía argentina.

Para diciembre de 1978, esta disposición dio lugar a un nuevo programa de reducción arancelaria gradual y progresiva, prevista de tal manera, que en un plazo no mayor a seis años, la industria argentina debía quedar completamente abierta a la competencia internacional. De esta manera, se establecía un plazo razonable de adaptación de las empresas locales frente a las extranjeras. A pesar de ello, la invasión de nuevas medidas y resoluciones anticipadas, modificaron el sentido de esta medida.

En 1979, se establece una resolución en la cual se autoriza el adelanto de los ajustes tarifarios previstos sobre aquellos sectores que habrían mostrado comportamientos no deseados de precios. Dicha resolución rechazada por gran parte del empresariado, provocó desconcierto frente al programa impulsado por el Ministerio de Economía (18) meses después, una nueva resolución fue aplicada en el sector de bienes de capital.

Para 1980, el equipo económico extendió las disposiciones hasta llegar a la reducción de los gravámenes extraarencelarios, de manera tal que la economía argentina se asegurara una efectiva y plena apertura del mercado interno a la competencia exterior, transmitiendo de este modo, un claro mensaje a la industria, la cual debía ser desmantelada de toda estructura posible de resguardo para su producción local.

Los resultados de estas políticas económicas y arancelarias de "desindustrialización eficiente", pudieron advertirse en algunas ramas industriales. Aquellas ramas integradas por empresas pequeñas y medianas, que operaban en mercados altamente competitivos y con innovaciones tecnológicas, como ser la electrónica de consumo, fueron derruidas por los productos importados (Schvarzer, 1986).

De acuerdo a Gerchunoff y Llach "las importaciones, estimuladas por el retraso del dólar y por la apertura, representaron una competencia que para muchas ramas manufactureras resultó perjudicial, y además provocaron un fuerte déficit de comercio. En 1980 esas tendencias se acentuarían, hasta hacerse insostenibles, por la continuada apreciación cambiaria y el inicio de la recesión" (19) de esta manera, y frente a la situación descripta entre los años 1974 y1980 la industria redujo tres o cuatro puntos su participación en el PBI, mientras que para las ramas textil y papelera la combinación de estos fuertes componentes como ser recesión, apertura y atraso cambiario fue tan pronunciada que originó caídas netas de aproximadamente 15%.

Esta exposición de la producción interna a la competencia irascible de las importaciones fue manifestada desde el gobierno como una propuesta óptima en la contención de los precios. En cuanto a este análisis, cabe destacar dos puntos limitantes, en primer lugar, las empresas extranjeras presentaban un mayor acceso al crédito, con lo cual la incidencia de los costos financieros era mucho menor; y a su vez, desarrollaba la debilidad de las empresas locales en cuanto a competitividad por razones que no eran ni de índole productiva ni de ineficiencia. En segundo lugar, las diferencias en la competencia remitían a circunstancias netamente estructurales, que debían resolverse a corto plazo; asimismo, los precios eran fijados arbitrariamente por los oligopolios internacionales, logrando con ello un mercado cautivo en el cual imponían su estructura de precios. Todos estos factores debían ser definidos a través de una política industrial que controlara las acciones de dumping (20) y no a través de esta brutal exposición del mercado interno. (Rapoport, 2000)

Promoción Industrial

Otra línea de acción manifestada por la gestión de Martínez de Hoz, fue la implementación de una serie de proyectos emergentes del gobierno peronista, de promoción industrial. Estos proyectos gestados desde 1969 durante el periodo 1973-1976 y convalidados posteriormente por el Proceso, eran planes centrados en la industria básica, como ser proveedores de insumos intermedios para el mercado interno, y que en su mayoría demandaban inversiones masivas en capital, difíciles de obtener sin un considerable apoyo del Estado. Cabe aclarar, que gran parte de estos proyectos no fueron siquiera contemplados y mucho menos realizados (21).

Legislativamente, la promoción industrial se inicia el 27 de julio de 1977 cuando se aprueba Ley N° 21.608. La misma tuvo por objeto promover la expansión de la capacidad industrial del país, fortaleciendo la participación de la empresa privada en este proceso. Fue utilizada para empresas de bienes intermedios de uso difundido, como papel, aluminio, acero, petroquímica, etc., incluyendo un paquete de beneficios referidos a exención, reducción, suspensión o diferimiento de impuestos, amortización acelerada de activos fijos, privilegios o contracciones de derechos de importación y eventuales regulaciones cuantitativas temporarias a las importaciones. Asimismo, permitió eliminar cualquier diferencia existente entre las empresas nacionales y extranjeras, confiriendo a ambas igual derecho a la promoción (artículo 6°).

Por otra parte, anuló la posibilidad de otorgar créditos a las empresas promocionadas por esta ley, obedeciendo a la necesaria coherencia con las propuestas simultáneas de reestructuración del régimen financiero local. Finalmente, dicha ley también estableció como requisito calcular el costo fiscal implícito de la nueva política (22).

En 1979, esta ley se amplia a través del otorgamiento de subsidios para la radicación de actividades en la provincia de La Rioja, incluyendo posteriormente a San Luis, Catamarca y San Juan. Esta nueva normativa tuvo como objetivo tratar de desplazar las actividades de los polos industriales tradicionales (léase Buenos Aires, Rosario y Córdoba) hacia nuevas zonas.

Ambas disposiciones de promoción industrial fueron llevadas a cabo mediante el estrecho lazo sostenido entre el Estado y los grupos económicos, siempre en torno al llamado "compre nacional" y de precios especiales sobre aquellos bienes y servicios provistos por las empresas públicas. Conjuntamente, dichos grupos recibían concesiones para operar servicios en beneficio del desarrollo social (23).

Política de mercado

La gestión de Martínez de Hoz tomo como principal agente regulador de la economía al mercado. La apertura de la economía argentina, fue sustentada en la necesidad de disciplinar la conducta de los empresarios locales a través de la competencia internacional. De acuerdo con esta mirada, la competencia constituía, en su estrategia, un mecanismo fundamental para desmantelar el sistema de controles ejercido por el Estado sobre los precios. Asimismo, permitía abandonar la discusión sobre el carácter oligopólico de la estructura industrial.

La primera acción utilizada dentro de esta política de mercado fue la reducción de los salarios, deteriorándolos en más de un 30%. Dichos salarios fueron congelados por un periodo de tres meses y sólo podían ser incrementados por debajo de la inflación. Asimismo, se anunció la liberalización de los precios reemplazando el sistema de control existente hasta entonces por parte del Estado. Cabe destacar, que esta sujeción de los sueldos, fue diseñada no sólo como medio para regular el rebrote inflacionario, sino también para asegurar bajos costos de mano de obra a las empresas.

Una vez lograda la reducción de los salarios, y en consecuencia regresiva la caída del consumo, el equipo de Martínez de Hoz, planteo la necesidad de incrementar y desregularizar las transacciones con países desarrollados. Para ello, el 19 de agosto de 1976 se sanciona la ley N° 21.382 sobre inversiones extranjeras, la cual establece en su articulo 1°: "los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 3 destinados a la promoción de actividades de índole económica, o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales, sujetos a las disposiciones de la presente ley y de las que se contemplen en regímenes especiales o de promoción".

En agosto de 1980 se promulga la Ley N° 22.262, la cual establecía una defensa de la competencia, planteando el control de las actitudes dominantes del mercado, y estableciendo una serie de acciones para evitarlas, para así reencauzar a los empresarios, por medio de la persuasión y sin vías judiciales, hacia el objetivo de la libre competencia. Dicha ley crea en su interior la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la cual actuó en 18 casos, de los cuales todos corresponden a empresas estatales, pequeñas y medianas.

Este acelerado proceso de apertura de la economía argentina hacia el exterior trajo aparejado el cierre desmedido y masivo de fábricas de productos nacionales, desbastadas por la competencia internacional y las altas tasas de interés ofrecidas. Esta apertura fue llevada a cabo "discriminatoria y asimétricamente", ya que sólo se protegió de las importaciones a aquellas ramas con ventajas comparativas, a las oligopólicas y a las productoras de bienes no diferenciados, reduciéndose asimismo, el amparo a los sectores menos intensivos en mano de obra calificada, en conocimientos e innovación tecnológica y en ingeniería. Esta disposición centralizada dio a entender que las políticas económicas sólo debían ser ejecutadas con el fin de preservar al capital concentrado.

Según palabras de Jorge Schvarzer, "el estancamiento fue absoluto en términos de magnitud global de la producción, pero coincidió con una mejora cierta de la eficiencia de algunas ramas, tanto por el surgimiento de empresas nuevas como por el cierre de plantas obsoletas, y cierta renovación de equipos en otra. Pero el balance debe considerarse negativo, porque el proceso cerró las fuentes de crecimiento industrial, abriendo paso a más de un década de estancamiento, resultado que requerirá largos años y duros esfuerzos para ser revertido. La parálisis industrial coincidió con un cambio apreciable en las tendencias productivas en el mundo desarrollado, hasta abrir una brecha no conocida antes entre la situación nacional y las fronteras ya alcanzadas en las naciones más avanzadas, brecha que será difícil salvar, aun cuando se logre poner en marcha nuevamente el sistema reproductivo interno" (24).

Asimismo, es importante destacar que esta estrategia de apertura externa y las consecuentes medidas de corte recesivo que tendieron a contraer el mercado interno, presentaron como consecuencia el reposicionamiento relativo de diversos sectores: los servicios y el área de los energéticos (petróleo y gas) acrecentaron su participación en detrimento de las ramas productoras de bienes, especialmente de aquellas expuestas a la competencia internacional. Si se analiza la composición del PBI al inicio y al final del período (1975-1983) se observa que los sectores más damnificados fueron los relacionados con el mercado interno y aquellos cuyos productos competían con los importados, como ser construcción e industrias manufactureras.

Como se pudo observar en el presente análisis, las principales consecuencias ligadas al proceso de desindustrialización, no sólo han sido la extensa masa de productos importados, que quebrantaron a la producción interna de las pequeñas y medianas empresas argentinas, y la gran especulación generada a través de la compra y venta de empresas, sino también el implicante endeudamiento externo.

La política económica aplicada por Martínez de Hoz, creó en la Argentina una serie de condiciones que situaban al país en un estado de privilegio como receptor de los créditos internacionales. Tanto la reforma financiera de 1977 y la apertura comercial, estimularon el ingreso de fondos y un avance de movimientos especulativos.

Entre los años 1976 y 1979, el endeudamiento fue constituido por el sector público. En consecuencia, a las dificultades existentes para la adquisición de créditos internos, la necesidad de las empresas al financiamiento se orientó hacia la banca internacional. Gran parte de estos préstamos conformó una importante reserva de divisas, acumulando casi 10.000 millones de dólares. Dicha reserva que tenía por objetivo consolidar las condiciones para una política de estabilización, no sólo inspiró a un negocio para la intermediación financiera, sino también representó, por sus intereses, un costo estimado de 500 millones de dólares.

Durante el último año de la gestión de Martínez de Hoz (1980-81), la apertura comercial, el retraso cambiario, el incremento de las importaciones y la remisión de utilidades y regalías por el capital y la tecnología provocaron un déficit comercial y de la cuenta corriente, originándose, consecuentemente, un alto crecimiento del endeudamiento empresarial, deuda que respondía no sólo a la necesidad productiva, sino también a la especulación o fuga de capitales.

Seguidamente, se expondrá un cuadro comparativo en el cual se podrá observar el endeudamiento externo por parte del sector público y privado, durante el período de Martínez de Hoz.

Endeudamiento externo de la Argentina (en millones de dólares)

Fuente: Rapoport, Mario. Historia Económica, Política y Social de la Argentina, 2000

De acuerdo a Mario Rapoport el endeudamiento argentino no respondió, en contraposición a Brasil, a un proceso de industrialización, "en la Argentina fue utilizado para solventar la especulación, la fuga de capitales, la compra de armamento y la demanda de consumo, con un altísimo costo en materia productiva, ya que la política para la atracción de capitales imponía una desprotección absoluta a las actividades productivas internas y un costo por la vía del incremento de las tasas de interés imposible de solventar. De allí que mientras muchos países, como el Brasil, entendieran al endeudamiento fundamentalmente como una forma de resolver sus problemas productivos, la Argentina se endeudó para destruir su aparato productivo, hipotecando su economía y arrasando la base productiva que podría contribuir a levantar posteriormente su hipoteca" (25).

Conclusiones

De acuerdo al estudio efectuado en la presente investigación, sobre el intencionado desmantelamiento del sector industrial en la Argentina durante los años 1976 -1981, el proceso de desindustrialización debe ser pensado en conjunto con un proceso de concentración. Esto significa, que mientras e restringían las dimensiones de la industria, en consecuencia de la disipación de aquellas empresas con menos poder del capital, se concentraba, asimismo, la propiedad industrial en manos de grupos económicos y empresas transnacionales diversificadas.

Se deduce entonces, que la caída de la producción durante este período no fue homogénea en cuanto a los diversos tipos de bienes. Así como creció la participación de los bienes intermedios en el total de la producción, decreció la de bienes de consumo. Por su parte, la crisis tampoco fue equilibrada, dentro de los estratos de concentración. Dicha crisis fue menor en las ramas altamente concentradas que en las medianas y pequeñas, dando como resultado un aumento de la participación del primero de estos estratos y una incidencia de los mercados oligopólicos.

Análogamente, y a partir de la reforma financiera, las empresas transnacionales presentaron una realidad de grandes beneficios. En virtud de su vínculo con firmas financieras controladas por el mismo grupo económico, dichas empresas tuvieron un acceso fluido al crédito, a tasas diferenciales, en instancias en donde la falta de recursos de financiación llevaba a muchas firmas a la quiebra o al cierre.

En términos cuantitativos, esta contracción de la actividad industrial fue reflejada por la evolución del PBI industrial. Para 1983, retorno de la democracia en Argentina, este indicador mostraba un retroceso de un 10% respecto del de diez años atrás. Asimismo, la actuación de otros índices económicos, enmarcado en el origen y término del período militar, también dejan percibir la dirección ejercida por la industria. El volumen físico de la producción se contrajo un 10%; el despido indiscriminado de los trabajadores, determinó que el número de obreros ocupados descendiera un 34%; el salario real cayó un 17%; el costo salarial también disminuyó un 19%; aumentaron la productividad horaria de los asalariados un 30% y un 6% la jornada media de trabajo. Para concluir, la relación productividad / costo salarial, es decir, la distribución interna del ingreso industrial, revela un incremento del 69% en la apropiación del excedente por parte del sector empresarial (26).

Lic. Samanta Acerenza

Bibliografía

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Citas

1. Modelo implementado a fines de los ´40 por el entonces Ministro de Hacienda, Dr. Federico Pinedo, cuya finalidad era mantener abierta la economía argentina al comercio exterior. Asimismo consideraba que debía lograrse un crecimiento aceptable oficializándose una industrialización exportadora, especializada en materias primas nacionales. Tal objetivo sólo podría conseguirse mediante un fuerte acercamiento a los EE.UU. Se trataba, entonces, de un plan proaliado en materia de política internacional, esta opción podrá ser mencionada como un intento de integración a una nueva división del trabajo, o bien como un cambio de metrópoli y la búsqueda de una dependencia próspera. (Fuente: LLACH, Juan José. El Plan Pinedo de 1940, su significado histórica y los orígenes de la economía política del peronismo. Bs. As.: Desarrollo Económico N° 23. Enero-marzo, 1984. PP. 525).

2. Los modelos del Estado de Bienestar según Esping Andersen, se pueden dividir en tres, dependiendo del reparto de las responsabilidades: socialdemócrata (el mercado genera inequidades, pero todos los ciudadanos son iguales y por lo tanto tienen derecho a recibir los mismos servicios, promoviéndose con ello, la universalización de los servicios sociales prestados por el Estado) modelo propio de los países escandinavos; liberal (la intervención del Estado es débil, no es suficiente y anula la correcta distribución del mercado, quien le garantiza a todos las mismas posibilidades de participar, predomina la asistencia social relacionada con necesidades concretas, no a la pertenencia laboral, ni a la condición de ciudadanía) este modelo se presenta principalmente en Estados Unidos, Canadá y Australia; y por último el tercer modelo corporativista (propone desplazar al mercado como proveedor de servicios sociales, pero no presenta alternativas desmercantilizadoras, puesto que los beneficios no se presentan como derechos de ciudadanía sino como servicios otorgados a partir de la inclusión a un trabajo) este tipo de estado benefactor se aplica en países tales como Alemania, Austria, Francia, Bélgica e Italia. (Fuente: ESPING ANDERSEN, Gosta. Los tres mundos del Estado de Bienestar. Valencia: Editorial Alfons El Magnanim, 1993).

3. Existe "pleno empleo" cuando la gran mayoría de las personas en edad de trabajar, capaces y dispuestas a hacerlo, pueden encontrar empleo productivo, remunerado y libremente escogido. Es decir, la inexistencia de desempleo involuntario o la disponibilidad de puestos de trabajo para todas las personas que busquen activamente una ocupación. (Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. El empleo en el mundo 1996/97 Las políticas nacionales en la era de la mundialización. Ginebra).

4. La matriz político-económica o matriz estado-céntrica, predominante en América Latina a partir de 1930, es definida como un conjunto de atributos económicos (industrialización sustitutiva, economía cerrada o semicerrada, la regulación estatal de los mercados y patrón de inflación moderada) y políticos (emergencia e incorporación política de nuevos actores sociales, organizaciones de trabajadores y movilización de sectores populares. Esta participación estuvo balanceada por controles implementados desde las agencias del Estado e implicó la creación de canales corporativistas y semicorporativistas vinculados con organizaciones públicas, partidos políticos y asociaciones profesionales y sindicatos). (Fuente: CAVAROSSI, Marcelo. Autoritarismo y democracia (1955-1983). Bs. As.: Editores de América Latina, 1996).

5. La característica innovadora que implantó la "Revolución Argentina", en relación con los gobiernos militares anteriores, fue el intento de despolitizar el tratamiento de las cuestiones económicas y sociales. Los jefes militares y empresarios creían que la causa de la crisis económica y social que atravesaba al país eran los enfrentamientos entre partidos políticos. Para ello se gestó un nuevo tipo de Estado burocrático-autoritario, que significó el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y la supresión de la ciudadanía de la sociedad argentina.

6. Doctrina militar originada por el conflicto internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética que, en general, apuntaba en contra del comunismo. Su objetivo principal era evitar la ideología política contraria, mediante las fronteras militares, las cuales se encargaban de controlar al supuesto enemigo interno, es decir, la tarea de reprimir todo tipo de manifestación política.

7. Esta situación se hizo presente a causa de la creciente inflación y el déficit fiscal, como así también en el estancamiento de las producciones del sector agropecuario y del sector industrial no integrado.

8. Entre lo cuales se podría nombrar: el "Cordobazo", el asesinato de Augusto Vandor, del sindicalista Emilio Jáuregui, los incendios en los supermercados Minimax y el secuestro del ex presidente Gral. Pedro Aramburu.

9. Si se considera la cantidad existente de establecimientos industriales para 1974, el número alcanzaba a 126.388; para 1984 dicho número descendió a 109.376, es decir, el 13.5%.

10. SCHVARZER, Jorge. La industria que supimos conseguir. Una historia político – social de la industria argentina. Bs. As.: Editorial Planeta, 1996.

11. Se llaman activos fijos al conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones.

12. En toda empresa cuando está elaborando un reporte de las ventas realizadas, así como de los gastos que se han generado, se obtiene un diferencial que permite conocer la utilidad obtenida y además se realiza una proyección a futuro, considerando las experiencias de periodos anteriores, logrando en esta forma prever en que momento es posible realizar nuevos gastos o inversiones, si así lo requiere la empresa. Es un estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado o también conocido como flujo de efectivo, y se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo determinado, como puede ser una semana, mes, trimestre o año.

13. Ibídem.

14. CANITROT, Adolfo. La disciplina como objeto de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976. Bs. As.: Desarrollo Económico Vol. XIX N° 76, 1980.

15 El proceso militar se propuso como principal medida revertir la dinámica y las condiciones productivas generadas por la industrialización sustitutiva debido a su supuesta ineficiencia respecto del mercado internacional, la discriminación que acarreaba en relación a la producción agropecuaria y especialmente por las condiciones sociales y el tipo de alianzas políticas a que daba lugar y que constituían la base de sustentación de los sucesivos proyectos populares. (Fuente: AZPIAZU, Daniel; BASUALDO, Eduardo y KHAVISSE, Miguel. El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Bs. As.: Legasa, 1989)

16. RAPOPORT, Mario. Historia Económica, Política y Social de la Argentina. Bs.As.: Editorial Macchi, 2000.

17. Tras un fuerte ingreso de capitales registrado en 1979 por las altas tasas internas que permitían una ganancia en dólares del 50% anual, comenzó a generarse una espiral de desconfianza en torno al esquema de la "tablita" cambiaria. La "tablita" se basaba en la fijación anticipada del tipo de cambio, con un cronograma de devaluaciones decrecientes que debían converger con la tasa inflacionaria en un período de ocho meses y que, al fracasar, disparó una fuerte fuga de divisas a medida que el atraso cambiario se ampliaba.

18. A pocos meses de lanzada esta resolución diversas ramas industriales estaban aplicando los aranceles mínimos, los cuales supuestamente hubieran debido tener efecto recién en 1985.

19. GERCHUNOFF, Pablo & LLACH, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Bs. As.: Editorial Ariel, 1998.

20. Se entiende por dumping a la práctica desleal del comercio internacional, la cual consiste en que un producto sea introducido en el mercado de otros países a un precio inferior a su valor en el país de origen en el curso de operaciones comerciales normales.

21. Como son los casos de la Petroquímica Bahía Blanca inconclusa desde 1985, Celulosa Puerto Piray ó Álcalis de la Patagonia.

22. De acuerdo con esta ley, el monto de inversión de los proyectos aprobados entre los años 1978-1980 suma 1288 millones de dólares. Los proyectos que mayor cantidad de dinero hay recibido (580 millones de dólares) fueron los que nunca se llevaron a cabo.

23. Se puede nombrar la creación de la termina del ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, efectuada a través del grupo Pescarmona ó bien la recolección de residuos también de la Ciudad del grupo Macri.

24. SCHVARZER, Jorge. La política económica de Martínez de Hoz. Bs. As.: Editorial Hyspamerica, 1986.

25. RAPOPORT, Mario. Historia Económica, Política y Social de la Argentina. Bs. As.: Editorial Macchi, 2000.

26. Datos extraídos del INDEC.