Lo primero que hay que decir es que el sistema de cuentas nocionales sigue siendo un modelo de reparto, con todo lo que esto implica. Esto quiere decir que se basa en la llamada "solidaridad intergeneracional": los trabajadores del presente le pagan la jubilación a los pensionistas con sus cotizaciones. Por lo tanto, no hay un ahorro real detrás de las pensiones como ocurriría en un modelo de capitalización.
Sin embargo, el sistema nocional tiene algunas novedades muy importantes que lo diferencian del actualmente vigente. El principal cambio es que pasa de un modelo de "prestación definida" a uno de "aportación definida". De esta manera, a cada trabajador, cuando comienza su carrera laboral, se le abre una "cuenta virtual" en la que se van acumulando las cotizaciones que realice. Cuando llegue el momento de la jubilación, la Seguridad Social le informará de cuánto ha logrado atesorar y esa cantidad se convertirá en un derecho que se irá devengando durante el resto de su vida.
Ejemplo: un trabajador de 65 años tiene 300.000 euros en su cuenta virtual, que corresponden a la suma de las cotizaciones durante toda su vida laboral, ajustadas por un factor de revalorización. La Seguridad Social le informa de que tiene "derecho" a recibir ese dinero en prestaciones a lo largo de los años. Y la cantidad que cobrará mensualmente dependerá de la esperanza de vida que tenga por delante en el momento de la jubilación.
¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Para José Manuel Eguiagaray, presidente del Grupo Consultivo de Unespa, la clave está en que es "claro y diáfano". De esta manera, los trabajadores sabrán "cuánto han aportado y tomarán sus decisiones", sobre su vida laboral y sobre cuándo jubilarse. Y todo esto redundará en que las pensiones saldrán del debate político, porque la prestación ya no dependerá de la decisión del Gobierno de turno, sino del ajuste de los parámetros del sistema. En estos momentos, la mayoría de los ciudadanos reconoce que no sabe cuánto cobrará cuando se jubile. De hecho, en general, se tiende a sobreestimar la paga que se recibirá en ese momento.
En cuanto a su sostenibilidad, el informe admite que "el sistema de cuentas nocionales no es exactamente sostenible per se. También está sometido al peligro de encontrarse en un punto en el que hay más compromisos que dinero". Sin embargo, la novedad radica en que "al ser muy transparente, los problemas de sostenibilidad pueden localizarse con inmediatez, y corregirse de forma menos traumática. Más aún, si está bien diseñado y las reglas de reequilibrio están decididas previamente, el sistema conoce siempre lo que debe hacer para garantizar su balance".
Además, el modelo nocional tiene otra ventaja: premia a aquellos que han contribuido por sus aportaciones durante toda su vida activa. En este sentido, se asemeja al sistema de capitalización. Ya no habrá períodos de cálculo de las pensiones que beneficien a unos u otros. Cada uno tendrá lo que ha puesto, lo que incentivará la "responsabilidad" de cada trabajador. Hace unas semanas, alertábamos de "la reforma oculta" de las pensiones, esa tendencia a estrechar la diferencia entre máximas y mínimas que se está produciendo desde hace años y que amenaza con dinamitar el carácter contributivo sobre el que se fundó el modelo.
Los problemas
Como apuntamos, hay que tener muy en cuenta que la bolsa que cada trabajador acumularía es completamente virtual. Para pagarle la pensión seguirá dependiendo de la cotización de otro. Por lo tanto, los problemas demográficos que prevemos para el futuro también le afectan. Es decir, en el cálculo de la pensión también habrá que introducir la sostenibilidad de todo el sistema a medio plazo. Siguiendo con nuestro ejemplo, no es lo mismo que ese trabajador que ha acumulado 300.000 euros se jubile cuando hay 20 millones de cotizantes y una perspectiva demográfica positiva, con millones de jóvenes a punto de entrar en el mercado laboral; que le toque con 10 millones de trabajadores y sin relevo a la vista. En uno y otro caso, la prestación podría cambiar sensiblemente.
Eso sí, este ajuste será menor que el que nos esperaría sin cambios porque el modelo vigente es, directamente, insostenible a unas décadas vista. De hecho, Eguiagaray confía en que, "si crece la economía y la productividad", los ajustes serán menores y, en cualquier caso, serán "transparentes y previsibles".
El segundo problema del modelo nocional es más político y, quizás por eso, más complicado de solventar. En general, desde que se creó el sistema de la Seguridad Social se han otorgado "derechos" en forma de pensiones que son superiores a las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral.
Por lo tanto, si igualamos pagos e ingresos, lo que ocurrirá en la práctica es que habrá un descenso en las pensiones medias. Eguiagaray lo admite pero recuerda que "todas las reformas conducen a una rebaja de la pensión media, no hay que hacerse trampas al solitario. Todas tienden a reducir la tasa de sustitución, pero ahora no se hace de forma tan clara. De hecho, seguir con reformas como hasta ahora tiene sus límites. La variable más eficaz es retrasar la edad de jubilación pero, ¿hasta cuándo podemos alargarlo?".
En este sentido, los autores del informe apuntan a que será imprescindible un "período de transición" que podría suponer "un esfuerzo de transferencia de recursos que equilibrasen en alguna medida esos problemas; recursos que sólo pueden proceder del caudal de ingresos impositivos. La transición puede tener un coste para las finanzas públicas o puede demandar la instrumentación de figuras tributarias específicas hoy no existentes". En este sentido, surge la cuestión de dónde poner "la edad de corte para la reforma", es decir, quién se mantendría en el sistema antiguo y quién en el nuevo.
Por último, está el tema de las pensiones no contributivas. Hasta ahora, buena parte de estas prestaciones se pagaban con cargo a la Seguridad Social. De hecho, el año pasado ya hubo que sacar del sistema a algunos beneficiarios, puesto que no había suficiente con el dinero de las contribuciones. Lo que ocurre es que entonces habrá que pagarlas con fondos provenientes de los impuestos.
El modelo sueco
En cualquier caso, lo que parece evidente es que el sistema de financiación de las pensiones tal y como está planteado actualmente no es sostenible a medio-largo plazo. Los treintañeros que se incorporaron hace una década al mercado laboral saben que no cobrarán pensiones públicas como las que disfrutan sus padres. Pero España no es el primer país que se enfrenta a esta situación.
En Suecia, por ejemplo, en la década de los noventa, se vieron ante la misma problemática. En 1998, gracias al acuerdo entre los grandes partidos suecos, se aprobó un cambio de un sistema de reparto puro a uno mixto, en el que empresarios y trabajadores aportan un 19,5% del sueldo en forma de cotizaciones, de las que un 17% cubre un sistema nocional parecido al descrito en este artículo y un 2,5% se destina a un fondo de capitalización obligatorio y personal para cada trabajador (este último punto está fuera del análisis de Unespa). Por ahora, nada indica que algo así vaya a ser aprobado en nuestro país. Pero los expertos ya avisan de que algo habrá que hacer y no será suficiente con pequeños parches.
El futuro de las pensiones y el ahorro de cara al futuro (a verlas venir…)
– Una doble amenaza se cierne sobre los futuros pensionistas españoles (Libertad Digital – 2/5/13)
(Por Domingo Soriano) Lectura recomendada
En lo que hace referencia a sus pensiones, probablemente los españoles estén bastante desconcertados. Por un lado, es raro el día en que no sale un responsable público a la palestra a asegurarles que no tienen nada que temer, que sus prestaciones de jubilación están completamente garantizadas. Por otro, son casi igual de habituales las noticias sobre cambios en el modelo. Y por último, también es muy común que esos mismos políticos que les dicen lo fantástica que es la Seguridad Social, les recomienden hacerse un plan privado. Así, parece lógico que muchos ciudadanos se pregunten: si el sistema público es tan seguro como afirman sus responsables, ¿por qué hay que estar constantemente reformándolo?
Lo cierto es que hay muchos datos preocupantes en lo que tiene que ver con la capacidad de la Seguridad Social de hacer frente a sus obligaciones. En Libre Mercado le hemos dedicado numerosos artículos a la cuestión. Sin embargo, hay otra cara del problema a la que normalmente no se presta tanta atención. Porque lo normal es que, puesto que existe una creencia (casi certeza) de que las pensiones del futuro serán más bajas que las actuales, España fuera también uno de los países en los que más peso tiene el ahorro individual para hacer frente a esta situación. Y no es así. Ni por el lado público ni por el privado hay una respuesta clara: los pensionistas españoles del futuro se enfrentan a una doble amenaza.
La tasa de sustitución
En cuanto a las pensiones públicas, uno de los principales problemas de los españoles reside en su desconocimiento. Como explicamos hace unos meses, no saben ni cuánto cobrarán, ni los cambios legales que ha habido en los últimos años ni las reformas ya anunciadas. Sí, es posible que escuchen a veces noticias sobre el problema que se ciernes sobre ellos, pero probablemente no son conscientes de su magnitud.
Por ejemplo, en comparación con los países de nuestro entorno, España tenía en 2007 una tasa de sustitución del 81%, frente al 34% de Japón o al 40% de Alemania. Tras la reforma, este dato habrá caído un poco pero, en cualquier caso, no será posible garantizar un nivel que implica que la diferencia entre pensión y último sueldo sea de apenas un 20%.
Aunque se hace mucho hincapié en los temas demográficos y en el envejecimiento previsto (y acelerado) de la población española en los próximos años, este dato es una buena piedra de toque de cómo el sistema público está por encima de sus posibilidades. Sólo con llevar esa tasa de sustitución a los niveles habituales en la OCDE, los futuros pensionistas hispanos ya pueden ir haciéndose una idea del camino que recorrerán sus pagas.
¿Ahorro?
En este sentido, desde la perspectiva española, una de las primeras preguntas que surgen es cómo pueden vivir los jubilados franceses o alemanes con prestaciones que apenas llegan a la mitad de su último sueldo. Y aquí aparece la segunda amenaza que se cierne sobre los pensionistas patrios: su tasa de ahorro es mucho menor que la de sus vecinos. Es decir, que cuando desaparezca parte de la paga pública a la que creían que tenían derecho, se podrían encontrar sin el colchón del ahorro privado.
Por ejemplo, si tomamos como referencia los planes de pensiones, en Holanda los fondos acumulados por sus ciudadanos llegan al 138% del PIB, en Reino Unido al 88% y en Dinamarca al 49,7%. Mientras, en España apenas alcanzan el 7,8%. Y como apuntaba el informe del BCE conocido hace unas semanas sobre el patrimonio de los europeos, "sólo el 5,6% de los españoles tiene fondos de inversión, frente a un 17% de los alemanes u holandeses". De acuerdo a un estudio de la CNMV, sólo el 27% de los españoles tiene plan de pensiones, frente a un 49% de los americanos y lo mismo puede decirse para fondos de inversión o acciones.
¿Y por qué se da esta situación? Puede haber muchas explicaciones, desde sociológicas a legales, pasando por las pocas ventajas fiscales que puede tener el ahorro en España respecto a otros países. Pero no hay duda de que los fondos españoles tienen también un problema de rentabilidad. Por alguna razón, los beneficios de estos productos han estado, en general, por debajo de lo habitual en la UE. Así, según los datos del último informe de Inverco (la patronal del sector) la rentabilidad media de los planes de pensiones españoles a cinco años apenas llega al 1,85%; a diez años sube hasta el 3,09% (ver rentabilidad en el gráfico superior).
Evidentemente, estos datos son una media. Hay gestores que han conseguido importantes rendimientos, pero no han sido la norma. Por un lado, hay que apuntar que muchas entidades financieras ofrecen estos productos como forma de fidelización, con regalos y otros ganchos similares, más que como una forma de inversión en sí misma. Muchos contribuyentes, además, utilizan estos planes como forma de optimización fiscal.
La opinión de los expertos
Isca Noguera, responsable del Departamento de Auditoría Financiera y Maite Lázaro, consultora de Ahorro-Previsión de Optima Financial Planners, apuntan algunas ideas interesantes para aquellos que estén pensando en ahorrar de cara a su jubilación:
¿Qué contratar?: "Los planes de perfil más arriesgado sí que dan rentabilidades más elevadas, sobre todo a medio plazo. Cuando una persona se acerca a la edad de jubilación, se le aconseja pasar uno con capital asegurado. A los jóvenes, se les aconseja planes de perfil de más riesgo".
¿Rentabilidad o "ganchos"?: "Está claro que los regalos son muy bonitos, pero normalmente se dan a cambio de una penalización por retirar el plan en un tiempo determinado, para tener atado a los clientes. La gente debería tener en cuenta esto, lo importante no es lo que te pueden regalar, sino la rentabilidad del plan".
¿Nos fijamos demasiado en la fiscalidad?: "En la medida en que la fiscalidad es ventajosa, mucha gente contrata sólo para ahorrarse el IRPF. La rentabilidad no se tiene tan en cuenta. La gente no lo contempla como un producto de rentabilidad".
¿Qué pasa cuando me llega el momento de cobrarlo?: "Es lo más importante. Lo primero que hay que ver es si las aportaciones son hasta 31 de diciembre de 2007; en ese caso normalmente interesa bastante cobrar en forma de capital, porque tiene una deducción del 40%, como una renta irregular. Las aportaciones posteriores, en general, interesa más cobrarlas en forma de renta".
¿Cómo podría ayudar el Gobierno a relanzar estos productos?: "Pues podría volver a aprobar esa reducción, para que te beneficies no sólo cuando aportas sino también cuando rescatas".
¿Se puede rescatar el plan mientras estás trabajando si tienes más de 65 años?: "Entiendo que no. Si sigues generando rentas no puedes cobrarlo. Tienes que tener certificado legal de que eres jubilado (total o parcial). El rescate sólo se permite por jubilación, invalidez, desempleo o enfermedad grave".
Con tanto "meneo" en Europa, es importante ver cómo funciona (¡o no!) el sistema USA
– El futuro del sistema previsional estadounidense (Project Syndicate – 28/5/13)
(Por Laura Tyson) Lectura recomendada
Berkeley.- La primera ola de baby boomers estadounidenses está llegando a la edad de jubilarse, y el sistema de pensiones del país comienza a revelar sus fallas. Más de la mitad del total de los trabajadores (y más del 60% de los trabajadores de bajos ingresos) están en riesgo de carecer de ahorros suficientes para mantener su nivel de vida cuando dejen de trabajar. En un reciente estudio comparativo internacional, el sistema de pensiones estadounidense obtuvo la calificación "C" (aprobado), pero para un número importante y cada vez mayor de estadounidenses, no está funcionando bien.
La lentitud de la recuperación de la economía después de la Gran Recesión ha agravado este problema. Llegado el momento de jubilarse, las viviendas son el activo más importante para la mayoría de los estadounidenses; pero a pesar de una subida reciente, los precios de las propiedades siguen un 28% por debajo del pico alcanzado en 2006, mientras que el 28% del total de los propietarios deben más por sus hipotecas que lo que valen sus propiedades.
Uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya el modelo previsional estadounidense es el sistema de planes de retiro empresariales con participación voluntaria. Pero cerca de 16 millones de estadounidenses están desempleados o ya no forman parte de la fuerza laboral; al mismo tiempo, más de la mitad de los empleos creados durante la recuperación son puestos de bajos salarios, que por lo general no cuentan con planes de retiro. En cambio, la mayoría de los 625.000 empleos del sector público que se perdieron durante la recuperación ofrecían generosas pensiones.
Casi el 60% de los trabajadores con empleo en el sector privado y edades comprendidas entre los 25 y los 64 años no están cubiertos por planes de retiro empresariales; además, las tasas de cobertura varían según los ingresos: en el cuartil superior de ingresos la cobertura alcanza al 73% de los trabajadores, mientras que en el cuartil inferior esa cifra se reduce al 38%. También la participación en los planes varía según los ingresos: la participación de trabajadores de bajos ingresos es mucho menor que la de trabajadores de altos ingresos. La falta de cobertura universal implica además que los trabajadores entran y salen de los planes según cambian de empleo; el resultado es que más de un tercio de todas las familias termina sin ninguna cobertura de pensión empresarial. En cambio, en otros países donde los empleadores y los empleados están obligados a participar en planes de retiro empresariales de nivel nacional, la cobertura es casi universal.
El ahorro personal es otro pilar del sistema previsional estadounidense, pero para la mayoría de las familias resulta muy insuficiente, debido en parte a las dificultades para ahorrar provocadas por décadas de estancamiento de la franja media de salarios. Según un estudio reciente, la tercera parte de los estadounidenses de entre 45 y 54 años de edad no tienen ahorros específicamente destinados a la jubilación. En tanto, tres cuartos de las personas próximas a retirarse (aquellas con edades entre los 50 y los 64 años) cuentan con ingresos anuales inferiores a 52.201 dólares y, en promedio, tienen menos de 27.000 dólares ahorrados para el retiro.
En Estados Unidos, los ahorros jubilatorios gozan de generosas exenciones impositivas, pero estas benefician a los destinatarios equivocados y sus resultados son limitados. Más del 80% del valor de las exenciones va a parar al 20% superior de los contribuyentes que ganan más de 100.000 dólares por año. Además, el sistema le cuesta al fisco estadounidense casi cien mil millones de dólares al año, pero tiene poco efecto sobre el nivel de ahorro; en cambio, induce a los contribuyentes de altos ingresos a pasar sus ahorros a activos exentos de impuestos. Esta es una de las razones principales por las que el presidente Barack Obama propone limitar las exenciones.
Hay una propuesta más radical según la cual se eliminaría las exenciones impositivas para reemplazarlas con un crédito fiscal reembolsable, condicionado a los medios del contribuyente, que se depositaría directamente en su cuenta individual de retiro (cuenta "IRA", por sus siglas en inglés) a modo de aporte complementario del Estado. Está visto que los contribuyentes responden mejor a incentivos basados en aportes complementarios que a exenciones impositivas, porque los primeros son más fáciles de comprender y más transparentes.
La falta de inclusión en planes empresariales y la insuficiencia de los ahorros personales provocan que más de la tercera parte de las familias estadounidenses (y más del 75% de las familias de bajos ingresos) dependan totalmente de la Seguridad Social como fuente de ingresos después del retiro. Y como esto compensa solamente alrededor del 40% de los ingresos previos al retiro en el caso de los trabajadores de bajos ingresos y menos de la tercera parte en el caso de los trabajadores de ingresos medios, la dependencia exclusiva de la Seguridad Social equivale a vivir en la línea de pobreza o por debajo de ella. (En otros países desarrollados, el porcentaje de sustitución de ingresos se sitúa en torno del 70%, mientras que el valor de referencia que recomiendan los expertos en asuntos previsionales es 80%.)
Para hacer frente a la crisis jubilatoria que se cierne sobre Estados Unidos, es necesario aumentar la inclusión de los trabajadores en los planes de retiro empresariales. Una medida eficaz sería inscribir automáticamente a quienes no manifiesten explícitamente su decisión en contrario; cuando se aplica este sistema, la participación de los empleados salta por encima del 90%. De hecho, en una investigación reciente se descubrió que la inscripción automática es mucho más eficaz que las exenciones impositivas como modo de incentivar el ahorro para la jubilación.
Sin embargo, aunque casi todos los trabajadores estadounidenses pueden tener cuentas IRA con beneficios impositivos, muchos empleadores no ofrecen los correspondientes planes de retiro. Según la propuesta de Obama, estos empleadores estarían obligados a ofrecer a sus trabajadores la realización automática de aportes a sus cuentas IRA por medio de una retención periódica del sueldo. Para alentar la participación de los trabajadores de bajos ingresos, se deberían ofrecer aportes complementarios del Estado en la forma de créditos fiscales, como sustituto o como añadido al sistema de exenciones impositivas.
En California y algunos otros estados también se está evaluando la creación de nuevos planes de ahorro, administrados por los estados, que beneficiarían a los trabajadores del sector privado que no tengan acceso a planes de retiro empresariales. El plan de California (que se basa en una propuesta de Teresa Ghilarducci y sus colegas) supone la inscripción automática de aquellos trabajadores del sector privado que trabajen en empresas con cinco o más empleados en las que no se ofrezcan planes de retiro. Para los aportes, los empleadores retendrían automáticamente el 3% del salario bruto, que sería el porcentaje estándar; los empleados podrían ajustar esa cifra o pedir que se los excluya del sistema.
Según este esquema, cada trabajador tendría una cuenta individual (que a los efectos impositivos se consideraría equivalente a una cuenta IRA), pero los activos de los que dependerían las prestaciones del plan se colocarían en un fondo fiduciario común, con rentabilidad real garantizada por un seguro privado y que se distribuiría en forma de anualidad tras la jubilación. Cada cuenta estaría vinculada con el trabajador, no con los empleadores, lo que garantizaría la portabilidad entre empleos. (La falta de portabilidad y de anualidades es un importante defecto de la mayoría de los planes de retiro empresariales.) Una junta independiente se encargaría de supervisar la administración del plan del estado, y los administradores de los fondos de inversión se elegirían mediante llamado a licitación.
Hace poco, el senador Tom Harkin propuso un plan nacional con características similares para todos los trabajadores cuyos planes de retiro empresariales no cumplan ciertos requisitos mínimos. En los estudios comparativos internacionales, los países cuyos planes de retiro aventajan a los de Estados Unidos en cuanto a cobertura, nivel de prestaciones y sostenibilidad a largo plazo son los que, además de sus programas básicos de seguridad social, tienen planes nacionales de pensiones. En algunos casos la participación es obligatoria, en otros hay inscripción automática y en otros la participación se incentiva mediante aportes complementarios del Estado.
Si Estados Unidos facilitara el ahorro y lo hiciera financieramente más atractivo, mediante un mejor diseño de las exenciones impositivas, aportes complementarios del Estado, cuentas IRA de inscripción automática y planes de retiro administrados por los estados, lograría un importante incremento del ahorro previsional, especialmente en familias de ingresos bajos y medios. También sería útil mejorar el nivel de conocimientos financieros de la población. La presente obsesión por el déficit fiscal y las restricciones presupuestarias no debe hacernos olvidar la necesidad de implementar reformas para hacer frente a la crisis jubilatoria que se cierne sobre muchos estadounidenses.
(Laura Tyson, a former chair of the US President's Council of Economic Advisers, is a professor at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley)
El "factor de sostenibilidad" en Europa
"En Europa ya hay siete países que han introducido esta variable en su sistema y que pueden servir de inspiración para el caso español. El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones -edad de jubilación, años de cotización necesaria, o importe inicial de la pensión- vinculado a la esperanza de vida de la población y que ya está implantado en varios países europeos. De esta forma, si la esperanza de vida aumenta (o disminuye) en una población, esos parámetros se recalculan de acuerdo con una fórmula proporcional"… Así se garantiza en el resto Europa la sostenibilidad de las pensiones (Expansión – 7/6/13)
El Ejecutivo español quiere que la reforma de las pensiones, se fundamente en esta variable (hay que recordar que en la ley de 2011 ya se introducía este factor, aunque no se detalla su aplicación). Las experiencias de los países de nuestro entorno suponen un buen ejemplo para ver cómo se puede desarrollar este factor de sostenibilidad. Los países que ya han puesto en práctica este sistema son Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal. Todos utilizan para su cálculo proyecciones demográficas de los institutos estadísticos oficiales. En el caso de España, sería el Instituto Nacional de Estadística. Además, en estos casos la revisión de los parámetros de la pensión se hace de forma periódica (la ley española de 2011 establecía que fuera cada cinco años).
A continuación, se analiza cómo lo han hecho algunos países europeos:
Italia.- Edad de jubilación En Italia, los ajustes de la edad de jubilación se van a realizar cada tres años a partir de 2013, y se basarán en datos medios del último trienio respecto a los del trienio anterior, y a partir de la edad de jubilación actual de 65 años. Años de cotización Italia ha incorporado esta vinculación para el caso de años cotizados mínimos para acceder a la jubilación anticipada a partir de 2013. Y se va a utilizar el mismo mecanismo que el mencionado para la edad de jubilación: cada tres años y basados en datos medios del último trienio respecto a los del trienio anterior.
Francia.- Años de cotización Francia, desde 2009, incluye un mecanismo de ajuste de los años cotizados al ritmo del aumento de la esperanza de vida a los 61 años, con el objetivo de mantener constante el ratio entre años cotizados y años de cobro de pensión.
Portugal.- Importe de la pensión En Portugal ajustan directamente el importe de la pensión inicial multiplicándola por un factor de sostenibilidad. La fórmula es el cociente de las esperanzas de vida, la actual y la futura (si la futura es mayor el cociente dará un valor inferior a 1, por el que habrá que multiplicar el importe inicial de la pensión).
Finlandia.- Importe de la pensión En Finlandia también ajustan directamente el importe de la pensión inicial multiplicándola por un factor de sostenibilidad, aunque con una fórmula diferente a la portuguesa. En Finlandia es un cociente algo más complejo que incorpora valores de renta.
Grecia.- Edad de jubilación En Grecia, las edades mínima y ordinaria de jubilación (65 años) se ajustarán de forma automática según los cambios en la esperanza de vida a partir de 2021. Pero la forma en cómo se pondrá en práctica está todavía por regular.
Dinamarca.- Edad de jubilación En Dinamarca la edad de jubilación quedará fijada en los 67 años en 2022. A partir de entonces la edad de jubilación se vinculará a la evolución de la esperanza de vida a los 60 años tomando como base la del año 2020 y con un desfase de 5 años.
Países Bajos.- Edad de jubilación En Países Bajos está previsto aumentar la edad de jubilación hasta 67 años en 2025 y luego vincularla a la esperanza de vida aunque la propuesta concreta está pendiente.
Como "hacerse el sueco" (de verdad): capitalización y un modelo sostenible
"Aunque viendo su actual prosperidad pueda parecer sorprendente, hace dos décadas la situación económica de Suecia no era demasiado envidiable. Las finanzas públicas estaban al límite y aparecía en el horizonte una importante amenaza demográfica, con la generación del baby-boom, que veía cómo se acercaba su retiro (en 15-20 años) sin un reemplazo laboral claro"… Pensiones en Suecia: la reforma que el PP no se atreve a hacer (Libertad Digital – 7/9/13)
Ante esta perspectiva, los grandes partidos iniciaron crearon una comisión, formada por técnicos más o menos alejados de la política, que hiciese una propuesta de reforma del sistema nacional de pensiones. No fue sencillo llegar a un acuerdo. De hecho, los primeros pasos en esta dirección se dieron en 1984 y la reforma se aprobó en el Parlamento en 1994, con los votos a favor de cinco de los siete partidos presentes y una abrumadora mayoría (para más información, Johannes Hagen, de la Universidad de Uppsala, ha publicado este mismo año un completísimo relato de todo el proceso).
Finalmente, Suecia se convirtió en el primer país europeo que acometía un cambio radical de su sistema de prestaciones de jubilación. ¿Las claves?: igualar contribuciones y prestaciones, asegurar en lo posible el equilibrio financiero del modelo de reparto y, sobre todo, abrir la puerta a un sistema de capitalización individual dentro del sistema público.
Mientras, en España, en los últimos años, se han sucedido las reformas. PP y PSOE se refugian en el Pacto de Toledo para aprobar cambios que reducirán la prestación de las futuras pensiones: endurecimiento de las condiciones de acceso, nuevos índices para la revalorización,… Todo se hace en nombre de la sostenibilidad de un sistema tan "sostenible" que hay que ajustar cada poco tiempo para que no quiebre.
Las claves del modelo
Lo primero que hay que decir es que el modelo sueco no es de capitalización como el chileno. En el país escandinavo, sólo un pequeño porcentaje de cada pensión se gestiona de forma similar a como se hace en este tipo de sistemas. Y ni siquiera para esta parte se cumple con todos los requisitos normalmente asociados a la capitalización.
– Mínimo garantizado: corresponde a lo que en España son las pensiones no contributivas. El Estado sueco reconoce a todos aquellos que lleguen a la edad de jubilación (y hayan vivido en su territorio durante al menos cuarenta años) unos ingresos mínimos. En 2012, para un soltero o viudo, La prestación mensual sería de unos 870 euros.
Esta cantidad sólo se recibe si no hay otras fuentes de ingresos, pero también hay complementos para aquellos con pensiones muy bajas. Es decir, alguien que tenga derecho a una pensión contributiva de (por ejemplo) 700 euros, tendrá derecho también a un sueldo suplementario, para que al menos llegue a esos 870 euros, aunque normalmente superará ligeramente esa cantidad, con el objetivo de que el que ha sido cotizante tenga algún tipo de beneficio.
El límite para tener derecho a alguna paga de este mínimo garantizado era en el último ejercicio de unos 1.250 euros mensuales. Alguien que gane menos con su pensión normal, tendrá un complemento no contributivo. Un aspecto muy importante de esta herramienta es que se financia año a año vía impuestos, lo que quiere decir que está al margen del resto del sistema.
– Cuentas nocionales: éste es el corazón del sistema sueco. Las cotizaciones sociales en el país escandinavo se dividen en dos partes: un 16% va al "inkomstpension" (cuentas nocionales) y un 2,5% al Premium Pension Scheme (el modelo de capitalización que explicamos en el siguiente epígrafe).
En España, un grupo de expertos convocados por Unespa (la patronal de los seguros) y presidido por el exministro socialista José Manuel Eguiagaray abogó por un cambio en la dirección de las cuentas nocionales. La clave reside en que el trabajador tiene derecho a recibir durante su jubilación el equivalente (más o menos) a lo que ha cotizado. Es decir, se acaba el período de cálculo, los años de cotización para cobrar el máximo y los demás indicadores.
Así, cuando un trabajador alcanza los 65 años y decide retirarse, se calcula cuántos años le quedan de vida. Se suma cuánto ha contribuido al sistema. Y se le calcula su paga en función de ambas variables. Es un modelo totalmente de reparto, pero con dos importantes matices respecto a lo vigente en España. Por un lado, existe una cierta justicia en que todo lo cotizado cuente. No hay efectos frontera por haber trabajado un mes más o menos; ni la mala suerte de quedar en paro en los últimos años de la vida activa acaba con las expectativas del jubilado.
Pero además, el modelo sueco incluye un sistema de revalorización constante. El incremento anual en las pensiones se establece en relación con la subida de los salarios, en una especie de equilibrio intergeneracional: si suben los ingresos de los cotizantes, también lo harán los de aquellos que viven de sus cotizaciones (y a la inversa).
Por último, existe un mecanismo de ajuste automático. Se calcula cuánto debe el sistema (valor actualizado de las pensiones) y se compara con sus "activos" (cotizaciones más los fondos de salvaguarda que ha acumulado el Estado sueco). En el caso de que la relación sea negativa, se ajustan las pensiones inmediatamente a esta circunstancia, con recortes en las prestaciones. Desde 2001, esta circunstancia sólo se ha producido en dos ocasiones, 2010 y 2011, y en ambos casos el Gobierno aprobó mecanismos extraordinarios de compensación.
– Cuentas individuales: es la tercera pata del modelo y posiblemente la más novedosa. El 2,5% del salario de los trabajadores suecos va destinado a estas cuentas. Con esa cantidad, pueden invertir en los centenares de fondos (hasta 800) que existen en el país. O, si lo prefieren, en un fondo público, gestionado por el Gobierno y que invierte con criterios más conservadores.
Las posibilidades son infinitas. Cada persona puede distribuir su dinero entre varios fondos y cambiar a lo largo del año. Las compañías tienen la obligación de informar a sus clientes de sus tarifas y comisiones, así como de su filosofía de inversión. Y los fondos están divididos en categorías, en función del riesgo de sus inversiones.
A partir de los 61 años, los suecos pueden empezar a cobrar el dinero acumulado. Y se permite asociar los beneficios a una tercera persona (cónyuge o hijos) o unirlos a los de la pareja para que, en caso de fallecimiento, el otro siga cobrando del dinero ahorrado. En esencia es un modelo capitalización, con algunas restricciones en cuanto a retirada de fondos o beneficiarios.
– El "sobre naranja": es la cuarta "pata" del sistema. No implica otro fondo ni nada parecido. El sobre naranja que todos los suecos reciben al comienzo de cada año les informa de cómo van sus fondos. De esta manera, indica por una parte cuánto hay en su cuenta nocional ficticia (puesto que hay que recordar que este dinero lo pagan los actuales cotizantes, con los riesgos que eso implica). Y también les dice cómo va su fondo de ahorro individual.
Con esta información, el trabajador sabe con bastante precisión qué pensión le quedaría, en función también de a qué edad elige retirarse. Porque ésta es otra característica del modelo: al tener información detallada, es el trabajador el que decide, dentro de unos parámetros muy amplios, si prefiere jubilarse antes con una pensión más reducida o ahorrar algo más y retrasar el fin de su vida activa.
Los matices
Evidentemente, un cambio de esta magnitud es complicado de hacer. Para empezar, un modelo de cuentas nocionales implicaría un recorte en las prestaciones prometidas con los actuales requisitos de acceso al sistema (tras la última reforma, 37 años de cotización requeridos para cobrar el 100% y 25 años período de cálculo).
Por lo tanto, sería imprescindible un período de transición para que aquellos que están cercanos a la edad de jubilación, y no tienen margen de maniobra, no se vean perjudicados.
Además, hay que tener en cuenta que la situación del mercado laboral en España dista mucho de la sueca. Con un 27% de paro, el número de trabajadores que sustenta con su cotización a los pensionistas es muy reducido. Eso sí, al menos hay mucho margen de mejora, para sostener el sistema durante el período de transición. Y está la famosa "hucha" de las pensiones, que se podría utilizar como colchón de seguridad. El "baby-boom" en España fue algo más tardío que en otros países, al igual que la incorporación de la mujer al mercado laboral, por lo que hay cierto margen hasta 2025-2030 para ir preparando el sistema (hasta ese momento seguirá creciendo, en teoría, la fuerza laboral).
En cualquier caso, no parece que éste vaya a ser el camino seguido por los políticos españoles. En 1996, durante la primera legislatura de Aznar, se habló mucho de que el Gobierno tenía un informe sobre la mesa para pasar al modelo chileno de pensiones. Ahora, 17 años después, durante los que se podía haber avanzado mucho, eso se da políticamente por imposible (aunque son muchos los expertos que creen que sería una solución factible). El ejemplo de Suecia es un paso intermedio, con un modelo de reparto más sostenible y algo de capitalización. Además, en el país escandinavo, las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores se complementan con planes empleado-empresa, un camino que en España está por recorrer.
Nada de esto parece que vaya a impulsarse en nuestro país. El Gobierno ya ha dicho que su reforma de pensiones es la que está sobre la mesa. Y los fundamentos no cambian, por falta de ambición o de convicción. El factor de sostenibilidad introduce un cierto componente de equilibrio financiero, pero le faltan algunos elementos clave del sistema de cuentas nocionales. Los jubilados españoles, presentes y futuros, ya saben a qué atenerse.
El Gobierno polaco se "argentiniza" (el último tango en Varsovia o un ensayo europeo)
"El Gobierno polaco ha anunciado esta semana que transferirá más de la mitad de los activos de los fondos de pensiones privados al estado. Hoy un miembro del banco central polaco ha defendido esta decisión"… El Gobierno polaco confisca los fondos de pensiones privados (Expansión – 7/9/13)
Polonia anunció el 4 de septiembre (2013) que transferirá al estado muchos de los activos de los fondos de pensiones privados para recortar la deuda pública del país. Los analistas consideran que estaría poniendo en peligro el futuro de miles de millones en inversiones nacionales y extranjeras.
Aunque se esperaba una reforma de calado, el anuncio del Gobierno fue más lejos de lo que esperaban los mercados y está sacrificando su tradicional defensa del libre comercio para calmar a una población golpeada por la crisis económica. La organización de fondos de pensiones de Polonia ha señalado que esta decisión podría ser inconstitucional. Al fin y al cabo, señalan, se estarían confiscando activos privados sin ofrecer una compensación.
El primer ministro polaco se apresuró a aclarar que aunque los fondos privados que se encuentren dentro del marco de aquellos que garantiza el estado se transferirían a un vehículo financiero público, se conservarían las posiciones de los inversores. Anna Zielinska-Glebocka aseguró que Polonia no alcanzará un crecimiento potencial del 3 al 4 por ciento (un 0,8% más que ahora) sin un estímulo de las inversiones que sirva para reforzar la demanda doméstica y para reducir el peso de las exportaciones de las que el país depende en estos momentos. Zielinska-Glebocka señaló que "los cambios en el sistema de pensiones son positivos" para impulsar "las inversiones" y que el impacto de las nuevas medidas se sentirá más en 2015 que en 2014.
La solución para el "crecimiento" europeo está en la "exportación"… ¿de abuelas?
"Hacerse mayor en Alemania está empezando a ser prohibitivo. Tanto para las familias de los ancianos como para los propios jubilados se hace cada vez más difícil asumir el coste de una residencia o de un cuidador a domicilio. ¿La solución? Salir de Alemania. La "exportación de abuelas", como han acuñado el fenómeno en los medios germanos, está la orden del día"… La "exportación de abuelas": un fenómeno creciente entre los jubilados de Alemania (El Economista – 16/9/13)
Con un precio medio de 3.250 euros al mes, la tarifa de las residencias de ancianos en Alemania se presenta difícil de cubrir incluso para aquellos abuelos que cuentan con ahorros además de con una pensión estatal. Según una encuesta elaborada el pasado mes de marzo por TNS Emni, uno de cada cinco germanos están ahora dispuestos a considerar la opción de salir del país para su retiro.
Y el destino predilecto es, por el momento, la vecina Polonia. De acuerdo con los datos recopilados por "Bloomberg", allí hay residencias cuyo precio medio ronda los 1.200 euros mensuales.
Pero los ciudadanos alemanes no solo evalúan el precio. Los servicios y cuidados ofrecidos por los establecimientos polacos son en muchos casos mejores de los que proporcionan sus homólogos alemanes.
"Por casi un tercio de lo que pagaba en Alemania, Sonja vive en una centenaria villa de lujo restaurada donde disfruta de buenas comidas, atención las 24 horas del día y terapia física intensiva", cuenta la agencia de noticias financieras. Se trata del caso de Sonja Miskulin, una alemana de 94 años afectada de demencia senil a quien su hija ha decidido trasladar a una residencia de Polonia recientemente.
Las ayudas que concede el Gobierno alemán descienden cuando el cuidado del anciano se realiza fuera del país a unos 700 euros, menos de la mitad del máximo que se puede percibir dentro de Alemania, pero una cantidad más que suficiente para para cubrir los gastos de la residencia polaca junto con la pensión y los posibles ahorros.
"He trabajado muy duro para tener lo que tengo", explica Ingrid Fetz, una jubilada de 74 años dispuesta a marcharse después de hacer cuentas. "Me rompería el corazón tener que entregar mi casa a una residencia, así que pensé, ¿por qué tengo que quedarme en Alemania?", añade.
"Solo puedo decir, hijos, cuando vuestros padres se hagan mayores, llevadlos a Polonia", declara la hija de Sonja Miskulin, que atendió a su madre en casa hasta que su enfermedad lo hizo imposible y que ahora debe conducir nueve horas para verla.
Este convencimiento, expresado a través de estos casos concretos, es creciente. El número de familias que afirma que el traslado es la única opción para dar un retiro barato y de calidad a sus parientes está empezando a ser tan generalizado que los medios germanos ya se hacen eco de la tendencia, a la que han denominado la "exportación de abuelas". A la vez, el principal diario de Múnich habla de "colonialismo gerontológico".
Mientras, en Polonia acogen de buen grado a los nuevos inquilinos. Residencias como la que acoge a la señora Miskulin aseguran que pronto la mitad de sus clientes serán de Alemania y crece el número de establecimientos donde se habla alemán e incluso se ofrecen en el menú comidas típicas alemanas.
UE: una veintena de países ha cambiado su sistema desde 2008, la mayoría sin acuerdo
"El Gobierno no tiene fácil lograr un pacto para reformar las pensiones. Lo pudo comprobar la semana pasada, cuando el Consejo Económico y Social rechazó su propuesta y le pidió que empezara de cero. Y lo ha certificado esta semana, cuando se dio de frente con todos los grupos de la oposición. Pero si no tiene éxito, desde luego, no será una excepción en Europa. Desde 2008 hasta ahora 22 países han reformado sus sistemas de pensiones, y en la mayor parte de ocasiones, el pacto entre Gobierno y agentes sociales ha sido imposible"… A Europa se le atragantan los pactos para las reformas de pensiones (El País – 6/10/13)
"La fuerte presión para hacer reformas, debido a la crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público, ha limitado la posibilidad de que los sindicatos lleguen a influir y, en muchos países, ha acabado con el fracaso de las negociaciones y la ruptura del diálogo social", analiza un informe de Eurofound, una fundación de la Unión Europea integrada por sindicatos, empresarios y la propia UE, que está en consonancia con imágenes como la de hace un par de semanas en Polonia, donde el Gobierno de Donald Tusk se encontró manifestaciones multitudinarias encabezadas por Solidaridad por su plan de reforma. Y el rechazo no solo se da en los representantes de los trabajadores, antes de la CEOE, ya en 2009 los empresarios suecos se disgustaron por varios ajustes que hizo el Gobierno del país escandinavo.
"Es la orientación general", explica José María Zufiaur, del Consejo Económico y Social europeo (CES), "los Gobiernos siguen las orientaciones de Bruselas en temas que no son de su competencia. Da lugar a reformas impuestas sin consenso social". Los mayores desencuentros se han dado en países rescatados, excepto en Portugal, donde la reforma hecha cuatro años antes del rescate evitó que la troika -el FMI, el BCE y la UE- impusiera una nueva, aunque eso no le evitó una congelación de pensiones de 2011 a 2013. Entonces se retrasó la edad de jubilación hasta los 65 años y se creó un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.
Portugal se adelantó en cinco años al Libro Blanco de la Comisión Europea. En este informe, como en el Ageing Report 2012 también de la Comisión, se apunta el problema demográfico al que Europa enfrentará en las próximas décadas por su envejecimiento que puede elevar el gasto medio en pensiones en la UE para 2060 hasta el 12,5% del PIB (Italia se sitúa ya en torno al 15%). Para contener ese gasto, el Libro Blanco aconseja reformas que "vinculen la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida", "restrinjan el acceso a la jubilación anticipada", "iguale la edad de jubilación de hombres y mujeres" o se "fomente la constitución de planes de ahorro privado". La crítica que hace Zufiaur, del CES europeo, a este planteamiento es que "se está aprovechando la crisis" para hacer reformas que él considera "ideológicas".
Esos consejos se siguieron en Grecia, donde hasta el rescate existía uno de los sistemas más generosos del continente. A pesar del rechazo social, entre 2010 y 2012, los diferentes Gobiernos helenos han ido implementando las condiciones de la troika que suponen elevar de 60 a 65 años o aumentar las carreras de cotización para cobrar el 100% de la pensión hasta los 40 años.
Tampoco fue posible el pacto en Irlanda, donde el año que viene la edad de jubilación se elevará a 66 años, en 2021 subirá hasta los 67 y en 2028 se llegará a los 68 años. "En Irlanda, la consulta tripartita ha sido un instrumento fuerte en el pasado, pero la crisis económica ha traído la ruptura del vínculo de acuerdos de nivel nacional en políticas clave", expone Eurofound.
Pero el choque entre Gobiernos y agentes sociales por las reformas de pensiones no se han quedado solo en los países rescatados. También en los grandes países de la Unión con reformas recientes -algunas de ellas abortadas en parte, como la de 2010 en Francia- ha sido posible llegar a una entente. En Italia, como en Suecia o Bélgica, lo que hizo imposible el acuerdo social fueron las prisas. "La adopción de medidas ha tenido un ritmo muy rápido y los agentes sociales no han tenido suficiente tiempo para expresar su opinión", lamenta Eurofound.
Una de las reformas de mayor calado del Gobierno de Mario Monti fue la de pensiones, en línea con muchas de las peticiones de su patronal, Confindustria, pero lejos de los sindicatos. Italia es uno de los países en los que la edad de jubilación de hombre y mujer es distinta ahora y donde se prevé igualarla, concretamente en 2018, donde ambos sexos se retirarán los 66 años. Además, siguiendo el modelo sueco, se cambió sustancialmente la naturaleza del sistema al adoptar las cuentas nocionales: un modelo en el que el trabajador tiene una cuenta personal en la que se anotan sus aportaciones al sistema, a través de las cotizaciones, y se le aplica un coeficiente de rentabilidad. Llegado el momento de jubilarse, la pensión se calcula según lo acumulado en esa cuenta.
La contestación social en Francia, probablemente el país de Europa donde hay ahora un sistema más generoso, contra los cambios en las pensiones se agotó en 2010, cuando Sarkozy sacó adelante el retraso gradual de la edad de jubilación de 60 a 62 años en 2018. François Hollande llegó al poder prometiendo una derogación de esta reforma, pero solo lo hizo en parte. Ahora el presidente francés, siguiendo el dictado de la UE, está tramitando un aumento del periodo de cotización exigido que está encontrando un débil rechazo en la calle.
Las opciones de acuerdo o choque en Europa no acabarán cuando se acabe la tramitación de la reforma que en España ha comenzado su andadura en el Congreso u Hollande saque adelante la suya. El envejecimiento de la población en Europa va para largo y, como recuerda Eurofound, "las reformas de pensiones se mantendrán en la agenda de muchos países".
Autor:
Ricardo Lomoro
| Página siguiente |