Primer Parcial: 30 años de democracia
1) Describir al gobierno militar de 1976-1983 a partir de: a) El plan represivo y su importancia dentro de la junta b) los diferentes objetivos políticos y económicos; c) Las líneas de conflicto interno y las causas de su fracaso político
2) Explicar el debate en torno a los DDHH desde: a) Actitudes de la sociedad civil bajo la dictadura; b) Las transformaciones de los organismos y discursos de los DDHH; C) Las posturas de los diferentes partidos políticos respecto al tema.
3) Describir al gobierno de Alfonsín desarrollando: a Su política de DDHH y las diferencias con los resultados; b) si objetivos reformistas y sus resultados; c) La política económica y sus crisis.
1)
a) El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón e instalaron un gobierno de facto integrado por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. El llamado "Proceso de Reorganización Nacional" prometía poner fin al caos económico de 1975, reestablecer el orden perdido y detener el accionar de las organizaciones armadas y de la Triple A.
El plan sistemático de represión que la Junta de Comandantes ejecutó en todo en el país ya había sido puesto en práctica un año antes en Tucumán durante el Operativo Independencia. Por su parte, los grupos parapoliciales que habían operado en años anteriores fueron absorbidos para participar de la acción antisubversiva. Las tres armas dividieron sus acciones en distintas zonas e incluso existió cierta competencia entre ellas por el control del territorio. La naturaleza de dicha represión fue de tipo terrorista ya que según el diagnóstico de la Junta el problema se encontraba en la sociedad misma y en su incapacidad para resolver sus conflictos. La sociedad debía ser disciplinada, por ello mismo se renunció a la legalidad y se optó por una "guerra irregular" contra la población civil y las organizaciones guerrilleras. Así mismo la elección de la clandestinidad evitaba el riesgo de reacción interna y externa (EE. UU., el Vaticano, etc.).
Las operaciones estaban exhaustivamente planeadas y organizadas con el fin de reducir el margen de error y las acciones irresponsables. La recolección de información y las infiltraciones fueron llevadas a cabo tanto por la S.I.D.E como por el Batallón 601. Las órdenes eras dadas por los altos mandos castrenses, bajaban a través de una cadena de mandos y eran ejecutadas por los grupos de tareas, quiénes tenían una estructura celular similar a la guerrilla. El aparato burocrático necesario para dicho accionar empleaba a un número importante de personas (personal fijo y rotativo).
El accionar terrorista del Estado se dividió en cuatro fases: secuestro – tortura – clandestinidad – exterminio. Los secuestros se realizaban generalmente de noche, ya fuese en las viviendas de los familiares o en sus trabajos. La destrucción de la personalidad empezaba desde ese mismo momento en el que a la víctima le vendaban los ojos y comenzaba a ser golpeada dentro del automóvil utilizado para su traslado. Seguido al secuestro seguía el saqueo del hogar del detenido como forma de autofinanciamiento de los grupos de tareas. La tortura sistemática empleaba métodos como la picana, el "submarino" y violaciones sexuales. La intención de esta práctica era la entrega de compañeros, lugares de encuentro u objetivos. Aunque el objetivo último era quebrantar la voluntad del detenido y destruir su individualidad. Someter al individuo al mayor aislamiento y soledad, con la intención de desconectarlo de la vida pública y la vida privada, para facilitar la rapidez de las investigaciones. Los centros clandestinos de detención se encontraban en unidades militares como la E.S.M.A o Campo de Mayo o en dependencias policiales (El Olimpo, Pozo de Banfield, La Perla).
Mal alimentados, encapuchados y "tabicados", estas fueron las condiciones de detención, sumada a la imposibilidad de obtener noticias de su persona por parte de sus familiares. Muchas detenidas dieron a luz en los centros clandestinos, siendo los mismos secuestradores quiénes se apropiaron de sus hijos. El detenido-desaparecido, privado de toda protección legal y de defensa, fue sometido al dominio total de sus captores. La manipulación psicológica fue otra constante del sadismo de los torturadores, ejecutadas a través de simulacros de fusilamiento o de la obligación de participar de la tortura de algún compañero.
El destino final para la gran mayoría de los desaparecidos era la muerte (disfrazado de fuga o enfrentamiento), esta decisión se tomaba en base a su "recuperabilidad" o utilidad. Para alimentar sus planes políticos Massera utilizó "quebrados", ex-miembros de Montoneros detenidos en la E.S.M.A., para que colaboraran con su diario Convicción a cambio de su vida. El hecho de ser católicos y peronistas los hacía candidatos del "plan de recuperación de subversivos", mientras que los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P), ateos y marxistas, eran considerados irrecuperables.
Durante los tres primeros años de la dictadura se produjeron la mayoría de las desapariciones. Para 1978 solo quedaban siete centros clandestinos de detención ya que la amenaza de las organizaciones armadas había disminuido considerablemente, aunque no por eso el exterminio finalizó sino que continuó. La CIDH visitó el país en 1979 debido a las acusaciones por violaciones a los derechos humanos realizadas durante el gobierno miliar. Abrieron tres oficinas en todo el país y recibieron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones, como consecuencia de esta investigación se elaboró un informe final que se dio a conocer un año después en forma de libro. De esta manera se descorría el velo y la condena internacional se hacía notar lo que provocó preocupación entre los represores por su futuro, es por esto que los sectores más duros del Ejército vuelven a imponerse para reiniciar la represión ilegal. Siendo el mismo año en que se da la Contraofensiva de Montoneros y de la "Operación Gaviota" (intento de asesinato de Videla por parte del E.R.P).
La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes de entre 15 y 35 años. Algunos eran miembros de Montoneros y del E.R.P, no obstante antes de Marzo de 1976 estas organizaciones habían sufrido un gran número de bajas (Monte Chingolo) mientras que sus cúpulas se exiliaron. En la represión ilegal murieron dirigentes gremiales, militantes políticos, sacerdotes, activistas de DD.HH., abogados de presos políticos, familiares de desaparecidos, periodistas, etc. Algunos de ellos tuvieron relación indirecta con las organizaciones armadas, otros cayeron por ser mencionados en una sesión de tortura o porque su nombre aparecía en la libreta de direcciones de otro detenido. Como también desparecieron personas cercanas a la dictadura (Fernando Branca, Héctor Hidalgo Solá, Elena Holmberg). Más allá de los posibles "errores", desaparecer a alguien por un dato equivocado, las víctimas fueron las deseadas.
La represión al fin de cuentas terminó siendo dirigida contra ese sector social que no podía ser asesinado, contra los vivos, contra la sociedad civil que debía ser disciplinada por el terror o la palabra. Aquellos que si bien no tenían simpatías hacia la guerrilla, tampoco las tenían con la Junta Militar ni con los Organismos de derechos humanos. Se buscaba eliminar todo activismo, toda protesta social, pensamiento crítico o movilización popular. Evitar que los individuos se sintieran representados en colectivos más grandes.
La estructura clandestina fue complementada por la estructura institucional. El estado de sitio ya había sido declarado en 1974, el gobierno militar suspendió el derecho constitucional de opción a salir del país. Se impuso la pena de muerte pero jamás se aplicó de manera oficial. Se dictaron leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos. No solo desaparecieron las instituciones de la República, sino también la expresión política. Los partidos fueron inhabilitados y la actividad sindical prohibida. Contra los medios de comunicación se ejerció censura con tal de que no se informara sobre el accionar terrorista de la dictadura; Aparecieron las "listas negras" donde se prohibieron libros, canciones, películas, revistas, etc. y se persiguió a escritores, artistas, educadores, poetas, periodistas e intelectuales en general. La cultura y la educación eran consideradas por los dictadores como un "campo de batalla" contra la subversión.
De esta manera se impuso el discurso único del gobierno militar que impregnó de terror a toda la sociedad que se mantuvo inmovilizada y sin reacción. Quiénes no aceptaron estas condiciones decidieron exiliarse y muchas otras se escondieron. También, en el ámbito privado, fueron quemadas aquellas obras de la cultura (libros, revistas, afiches) que pudieran ser calificadas como subversivas por los militares. También se optó por recluirse y exiliarse internamente. La mayoría aceptó pasivamente el discurso oficial, justificó la represión con el "por algo será" o simplemente decidió ignorar lo que estaba sucediendo. La autocensura y el auto control fueron las maneras en las que la población internalizó el autoritarismo al mismo tiempo que cada individuo monitoreó el comportamiento ajeno. La sociedad se vigiló así misma. Si bien estas medidas nunca ayudaron a que la población civil simpatice con el Proceso Militar, si lograron eliminar cualquier tipo de respuesta.
b) El Proceso de Reorganización Nacional buscó construir una serie de modificaciones que cimentaran un nuevo orden político, en el que las Fuerzas Armadas tuvieran una participación orgánica y estable en el sistema de decisión. La estructura clandestina coexistió con otra institucional, sujeta a normas establecidas por las propias autoridades. El objetivo era fundar un sistema político estable, fiscalizado por el poder militar, capaz de finalizar el ciclo indefinido de gobiernos civiles y militares. Los partidos mayoritarios (peronismo y radicalismo) debían desaparecer y dar lugar a otros más pequeños.
En un país con una fuerte tradición presidencialista, la autoridad del presidente resultó sometida al escrutinio de las tres armas. Las atribuciones del gobierno de facto se desprenden de las propias normas jurídicas sancionadas por la intervención militar, El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias – que suprimieron el Congreso, depuraron la Justicia y prohibieron la actividad política- establecían un cuerpo colegiado, la Junta Militar, con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos. Este gobierno militar fue una dictadura institucional, impersonal, del conjunto de las Fuerzas Armadas, procuró evitar la personalización del poder al estilo de las dictaduras personales. Finalmente la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas. El formato de una dictadura institucional implicaba la coparticipación de las tres fuerzas en las responsabilidades directas de gobierno. Se dividió el poder por igual en la Junta Militar nombrando un vocal por cada arma. En la designación de gobernadores, el poder se repartió según el peso propio de cada una de las fuerzas, por lo que al Ejército se le confió el mayor número de provincias.
La dictadura se propuso una vez instaurada tres objetivos políticos básicos: a) crear una nueva elite política que la sucediera, el llamado Movimiento de Opinión Nacional; b) reformar la Constitución para instaurar un cuarto poder que institucionalizara la intervención del alto mando militar: un poder corrector con derecho a veto y c) digitar con mucho tiempo una salida política a través de elecciones municipales para seleccionar a los referentes "naturales". La ambición política implicaba cumplir con el propósito de crear una descendencia que quedaría en manos de partidos de centro-derecha. La propuesta se constituyó alrededor de dos puntos: por un lado, el diálogo como forma de organizar el consenso del orden autoritario (diálogo que se llevará a cabo recién en 1980); por otro, la renovación de la clase dirigente. En diciembre de 1979, las Fuerzas Armadas dieron a conocer las Bases Políticas del Proceso estableciendo las reglas con las que debían operar el régimen militar. Se propugnaba por un sistema político pluripartidista, en el que se debería promover, tanto en el orden nacional como provincial, la formación de partidos ampliamente representativos. Contaminado por el Estado terrorista, toda la estructura jurídica se vió afectada, al punto de no haber límites normativos para el ejercicio del poder. Quedaron imposibilitadas todas las funciones de regulación y control básicas.
Con respecto al asunto financiero, José Martínez de Hoz fue el ministro de Economía durante los primeros cinco años de dictadura. Cuando asumió debió enfrentar una crisis cíclica aguda, su plan económico consistía en poder dominar la inflación, la deuda externa y la recesión. Según su análisis las constantes crisis eran producto de la impotencia del poder político ante los grandes grupos corporativos (sindicatos y empresarios) que se enfrentaban generando caos, o se unían para obtener beneficios del Estado. La solución sería cambiar la inestable configuración social, es decir, se buscó solventar los problemas de la economía en vez de su crecimiento. Para Martínez de Hoz el Estado benefactor había sido el responsable del desorden social, por lo que sus medidas fueron en favor del mercado, el único capaz de disciplinar a todos los actores por igual. Se premiaría la eficacia de competir. Sin embargo los resultados fueron otros: el poder económico quedó en manos de un pequeño grupo de empresarios que se beneficiaron con las prebendas estatales a la vez que para implementar estas medidas no fue con mercado, sino a través de una fuerte intervención del Estado.
Si bien el ministro contó con el apoyo del establisment la relación con los militares fue más bien distante ya que en las Fuerzas Armadas prevalecían ideas más tradicionales. Parte de sus medidas fueron bloqueadas, por lo que tuvo que adaptarse y descartar muchas de sus recetas más recesivas. En Junio de 1977 empezó a regir la reforma financiera con el propósito de ir hacia la liberalización del mercado financiero. Apuntaba a limitar la injerencia del Estado en el sistema financiero, dejando que las entidades privadas actuaran con libertad en los criterios para otorgamiento de crédito y la fijación de tasas. Lo que propició la proliferación de bancos e instituciones financieras. Ante una eventual quiebra el Estado garantizaba el depósito a los ahorristas, esto sumado a la eliminación de controles generó un mecanismo perverso que finalmente llevó a todo el sistema a la ruina.
En diciembre de 1978 llegó la segunda gran modificación con la "pauta cambiaria". Se anunció un cronograma de devaluación gradual del tipo de cambio, convirtiéndolo en el instrumento principal de ajuste del sistema. Se trató de fortalecer la previsibilidad cambiaria, y así reducir por pasos la inflación. El gobierno fijó una tabla de devaluación mensual del peso, la nueva estrategia buscaba controlar el movimiento de la economía mediante el manejo del tipo de cambio. De esta manera, el atraso cambiario promovió las importaciones, que afectó duramente a la industria local. La adopción de la pauta cambiaria coincidió con la etapa de gran circulación de dinero, que provenía de los beneficios extraordinarios del petróleo. Junto con endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta: con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor. Los grandes grupos obtenían créditos pero no los invertían en la producción sino en la especulación. A su vez, la clase media se dedicó a invertir sus ahorros en las financieras, con tasas de interés altísimas, y a aprovechar el dólar barato para viajar al exterior y adquirir allí variedad de productos.
Para 1980 las exportaciones cayeron un 20 % respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30 %. En ese contexto se produjo fin a la etapa de la "plata dulce". La quiebra del Banco de Intercambio Regional junto con el cierre de otras 37 entidades financieras originó una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas. Durante la gestión de Martínez de Hoz, el Estado realizó importantes obras públicas. Las empresas contratistas se beneficiaron y crecieron a costa de la prebenda estatal. Estos grupos, junto con los acreedores extranjeros, se convirtieron en los nuevos tutores del Estado.
c) Como el poder se encontraba fraccionado entre las tres fuerzas, no existía una instancia superior que resolviera las disputas entre ellas. Debido a la represión ilegal, el control de los centros clandestinos de detención y la puja por el territorio surgieron líneas de conflicto interno. Las distintas posturas fueron:
• La propuesta política de la unidad nacional promovida por Viola, Liendo, Bussi y Bignone se constituyó en la más fuerte pero la menos dominante. Estos jefes respaldaban a Martínez de Hoz (muy criticado por los militares más nacionalistas), pero reconocían la necesidad de buscar una salida política en el futuro. En 1979 dieron a conocer un documento denominado "Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional", que resumía las unificadas del golpe de 1976. La propuesta llegaba en un momento de relativa vitalidad del Estado autoritario y de pérdida paulatina de legitimidad. Mantenían diálogo con los dirigentes de los partidos políticos.
• Otro grupo creía que la dictadura debía continuar sin plazos y que la represión debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. Sus figuras más destacadas fueron conocidas como "Los Duros": Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, y Carlos Guillermo Suárez Mason, a los que se asociaba Ramón J. Camps, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires y figura clave de la represión. Se oponían a Videla-Viola, por ser más proclives a establecer diálogos con sectores políticos y por su visión pragmática. Eran corporativistas y anti políticos. Menéndez se insubordinó en varias ocasiones (en 1978 estuvo a punto de iniciar la guerra con Chile por su cuenta).
• Entre esas dos postura hay un grupo moderador (Videla, Harguindeguy, Galtieri).
• Los oficiales de la Aeronáutica y de la Marina hicieron oír su voz, en especial el almirante Emilio Massera, que llevaba adelante su propio juego desestabilizador. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), bajo su dirección, fue uno de los centros de detención más grandes y ganó méritos en esa tenebrosa competencia. Jaqueó a Videla, para acotar su poder, y tomó distancia de Martínez de Hoz. Cuando pasó a retiro, Massera montó una fundación de estudios políticos, un diario, un centro de promoción internacional y un partido político.
El grupo de Videla y Viola fue avanzando en el control del poder, pero en mayo de 1978 Massera se anotó un triunfo cuando logró que se separaran las funciones de presidente de la Nación y de comandante en jefe del Ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981, convirtiéndose en el "cuarto hombre" que pedían la Armada y la Fuerza Aérea para mantener el equilibrio. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo de Videla. En 1980 Videla pudo imponer en la Junta la designación de Viola como su sucesor, pero a costa de una compleja negociación. En suma, la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco se hizo para mantener el orden que ella misma pretendía imponer a la sociedad. Sólo hacia el fin del período de Videla, estimulados por el descontento que generó la crisis económica, así como por las crecientes dificultades que encontraba el gobierno militar, las voces de protesta comenzaron a elevarse.
El más notable de los reclamos fue el de los derechos humanos. Un grupo de madres de desaparecidos empezó a reunirse todas las semanas en Plaza de Mayo. Así atacaron el centro mismo del discurso represivo y empezaron a conmover la indiferencia de la sociedad. De manera gradual, las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en la referencia de un movimiento cada vez más amplio de asociaciones defensoras de los derechos humanos, fortalecida desde el exterior por la prensa, los gobiernos y las organizaciones civiles. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 y su posterior informe fue como bomba dentro del corazón de la dictadura militar. La visita del organismo dependiente de la OEA había sido pacientemente impulsada por varios militantes de los derechos humanos en Buenos Aires. El principal de ellos era el profesor Emilio Mignone, quien por su actividad profesional tenía importantes contactos con el sector educativo de Estados Unidos. Al comenzar su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, esos contactos se convirtieron en un factor fundamental. Desde 1981, los militares se vieron obligados a dar respuesta. Aunque en general coincidieron que no debía revisarse lo actuado en la represión ilegal, mostraron diferencias y contradicciones que agudizaron sus disensiones y ampliaron la brecha por donde la opinión pública comenzaba a aparecer.
La prohibición política terminó en 1981. Los grupos de derecha fueron convocados para construir una fuerza política oficialista por el gobierno, que ensayó una apertura política, mientras peronistas y radicales se unían a otros partidos para conformar la Multipartidaria. Los partidos políticos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni aceptar una democracia sujeta a la tutela militar. Se reclamaron los únicos depositarios de la legitimidad política e incorporar las protestas de empresarios y sindicalistas o las vinculadas a los derechos humanos. Sus voces críticas se volvieron difíciles de ignorar.
En 1981, con el objetivo de atenuar la crisis económica y la adversa opinión internacional, Viola tomó contacto con diversos políticos ("amigos" del Proceso) y discutió con ellos la posibilidad de una eventual transición, pero no logró ningún apoyo importante. Fue desplazado y reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. El nuevo presidente intentó armar un movimiento en el que los "amigos políticos" sustentaran su liderazgo, mientras anunciaba una futura institucionalización. Las medidas económicas tomadas por su ministro de economía, Roberto Alemann, despertaron críticas tanto de empresarios como de sindicalistas, lo que culminó en movilizaciones callejeras impulsadas por la CGT en 1982.
En este clima se planeó ocupar las islas Malvinas. Los altos mandos creían que una futura victoria militar le devolvería la legitimidad social perdida. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas tomaron las islas, lo que generó un amplio apoyo popular. Las voces críticas, incluso la de los exiliados, reacomodaron sus posturas y la decisión de Galtieri fue aceptada. La dictadura recuperaba, aunque sea por poco tiempo, la validez de la población civil y se anotaba una victoria política.
La respuesta de Gran Bretaña fue realmente dura y la primer ministro avizoró la guerra como una oportunidad para relanzar su carrera política. La dictadura, aislada del mundo principalmente por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, nunca recibió el apoyo esperado. Con el correr de los días la oposición al gobierno militar se reavivaba; en los actos de la CGT volvieron las críticas, mientras desde el radicalismo Raúl Alfonsín proponía la creación de un gobierno civil.
La rendición argentina se produjo el 14 junio. Por entonces, los generales exigían la renuncia de Galtieri, quién fue reemplazado por Bignone. Se volvió a convocar a los partidos políticos para organizar la transición hacia la democracia; siempre y cuando no se revisaran los actos de corrupción y las responsabilidades en la llamada "guerra sucia", lo cuál fue rechazado por la sociedad movilizada contra las Fuerzas Armadas. Los organismos de derechos humanos impusieron a toda práctica política una dimensión ética y una valoración de los acuerdos básicos de la sociedad.
2)
a) Tiempo antes del golpe de Marzo de 1976, la sociedad convivía con noticias sobre secuestros, asesinatos e inclusive desapariciones atribuidas a fuerzas estatales o paraestatales. Durante el tercer gobierno peronista, el Estado aparecía como principal responsable del terror, cuando se sindicaba a la Triple A y a veces por omisión al no poder controlar la represión. El terrorismo estatal demostró ser compatible con un gobierno de facto y con uno elegido por el pueblo. Por lo tanto la llegada de otra dictadura no fue una sorpresa para la sociedad civil ya que estaba acostumbrada a las interrupciones militares. El Proceso buscó legitimarse presentándose como quiénes venían a reestablecer el orden frente al terrorismo de izquierda como al terrorismo estatal peronista, por lo tanto fue recibido con la expectativa de la recuperación del monopolio de la violencia.
Las máximas "por algo será" o "algo habrá hecho" sirvieron para atribuir una racionalidad a los representantes de un poder que, al menos idealmente los protegía de un caos mayor. Bien podrían entenderse como parte de la culpabilidad generalizada, sin embargo, esas palabras no iban contra las víctimas sino que estaban del lado de la necesidad del Estado. No importaba que tan verdadera fuera la represión sino que fuera necesaria, por lo que los sectores de clase media no reclamaron "verdad" al Estado durante la represión ilegal. En cambio sí creyeron en la necesidad de un Estado cuya implacabilidad no bastó.
Además de monopolizar el uso de la violencia, el estado terrorista buscó monopolizar el discurso sobre la violencia. Mientras que la DGI podía lanzar una campaña animada que ilustraba la persecución de evasores impositivos con un tanque, la publicidad comercial comenzaba a abandonar el imaginario ligado a las armas al que había recurrido profusamente en los años anteriores al golpe para vender desde automóviles y perfumes hasta juguetes. En algunas propagandas se pedía al ciudadano honorable que delatara a quienes evadían impuestos. "Identifique al evasor", finalizaba el texto. Otro aviso se titulaba "Señalar al culpable". Desaparecida la amenaza guerrillera, el concepto de "subversión" sobrevivió como un ente fantasmal al que el Gobierno militar asoció toda diferencia considerada inintegrable a la nación.
Frente al disciplinamiento que la dictadura quería llevar acabo se dio una resistencia no-revolucionario, sino más bien cultural. Se consumía aquello que se encontraba por fuera de los símbolos del Proceso. La revista Humor y la revista Expreso Imaginario, el boom del rock y las novelas de Jorge Asís conformaron los mojones culturales de una crítica posible. La sociedad civil quería vivir su vida a como dé lugar, lo que no impidió que disfrutara de la época de la "plata dulce" y se dedicara a consumir sin que eso implicara sentir simpatía por el gobierno militar. Debido a la profunda paranoia y desconfianza de la dictadura para con la población civil jamás lograron ningún tipo de propensión, a la vez que esta nunca se disciplinó.
En 1976 se funda Expreso Imaginario. Una revista cuyo contenido abarcaba diversos temas, desde un punto de vista "alternativo", temáticas que eran poco tratadas por los medios masivos de comunicación (ciencia, ecología, indigenismo e historietas), uno de los cuales era la música rock. Estos tópicos lograban escapar de la censura del Proceso a la vez que cimentaba una asociación que acogía a los jóvenes. Fue una publicación osada al tratar la historia de los pueblos originarios cuando en las escuelas y colegios de todo el país se conmemoraban los cien años de la así llamada "Conquista del Desierto". A modo de boicot, durante todo el Mundial de 1978 no se publicó una sola nota sobre el evento deportivo.
En un tiempo de educación represiva y sexualidad reprimida, el rock produjo una explosión de color, música y libertad. Para 1979, la banda Serú Girán edita su segundo álbum de estudio, La grasa de las capitales. Charly García dejó de lado la complejidad y retoma la temática de crítica social. Las canciones hablan sobre temas como la muerte, el desamparo, la no pertenencia y el desamor. La portada de este disco es una parodia de la revista argentina Gente, perteneciente al grupo editorial Atlántida, una de las que más apoyaron y difundieron la campaña pro dictadura, inclusive antes del golpe.
La revista Humor comenzó a publicarse en los años más duros de la última dictadura militar de Argentina. En sus pá¬gi¬nas aparecieron ex¬pre¬sio¬nes pe¬rio¬dís¬ti¬cas y ar¬tís¬ti¬cas que otros me¬dios ig¬no¬ra¬ron, has¬ta con¬ver¬tir¬la en un sím¬bo¬lo de la li¬ber¬tad de ex¬pre¬sión y de com¬pro¬mi¬so con la de¬mo¬cra¬cia y los De¬re¬chos Hu¬ma¬nos. La pu¬bli¬ca¬ción y mu¬chos de sus colaboradores de¬bie¬ron so¬por¬tar de ma¬ne¬ra rei¬te¬ra¬da los in¬ten¬tos de cen¬su¬ra y las in¬ti¬mi-dacio¬nes. Al principio, hacían blanco casi exclusivamente en la catástrofe económica del Proceso (de la inflación a la "plata dulce). Entre las entrevistas más notables se encuentran las realizadas a Alfonsín y Luder dos años antes del retorno democrático; a Adolfo Pérez Esquivel y a Hebe de Bonafini, cuando casi ninguna publicación masiva les daba lugar en sus páginas.
El cine picaresco, catalogado como burdo y chabacano, tuvo un rápido crecimiento. Los chistes sexuales y las mujeres semi-desnudas chocaban con el discurso conservador de los militares, estas películas fueron tan populares que lograron escapar a la censura y funcionaron como un poro por donde la sociedad pudo respirar. Los personajes protagonistas eran hombres ventajistas que disfrutaban de la época de la abundancia durante la "plata dulce". Una vez llegada la democracia se consideró que este tipo de películas fueron "cómplices" del discurso dictatorial. Por otro lado Adolfo Aristarain estrenaba Tiempo de revancha en 1981. La película es una alegoría sobre los presos políticos y los desaparecidos. La denuncia que el film lleva a cabo se realiza mediante el uso de varios elementos simbólicos: desde el título mismo, las características de la trama y el foco en el enfrentamiento del protagonista con una poderosa empresa, hasta la presencia de explosivos, la muerte y la pérdida del habla.
Antes de finalizar 1981, la revista Gente realizó una encuesta que evaluaba el Gobierno de las Fuerzas Armadas según la opinión de sus lectores. En la mayoría de las respuestas castigaban al Gobierno. En una escala de 1 a 10 puntos, casi el 70% calificó entre 1 y 3 puntos el desempeño de la Justicia, y en los ámbitos de la educación y el bienestar social, más de un 60% otorgó calificaciones inferiores a los 6 puntos. Hacia el final del Proceso, cuando se conocen los pormenores de la represión y las atrocidades cometidas se vuelvan irrefutables, la sociedad está dispuesta a castigar a la Junta.
b) Ya desde antes de 1976, distintos organismos no gubernamentales se fueron formando como consecuencia de la sistemática violación de los Derechos Humanos en nuestro país. Podemos encontrar reclamos de familiares y amigos de víctimas de la represión estatal desde 1969, año en el que se publica El libro negro de la Casa Rosada (en el cuál se denuncian torturas). Durante la llamada Revolución Argentina se acusaba a las autoridades por las víctimas asesinadas en los levantamientos populares en Corrientes, Rosario y Córdoba. La Masacre de Trelew (agosto de 1972) y la Masacre de Ezeiza (junio de 1973) ponían en evidencia el plan represivo del Estado y visibilizaban el accionar represivo de organizaciones parapoliciales de derecha (como la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A). Es decir, que hay un claro responsable para los denunciantes. En el funeral de Rodolfo Ortega Peña (abogado de presos políticos asesinado por la Triple A) los asistentes formaron un cortejo fúnebre para acompañar el féretro al cementerio. Sin embargo, la policía les cortó el paso y desató una fuerte represión. Todos los asistentes al entierro fueron detenidos. La represión clandestina del Proceso borró todo esto y se desconoce la autoría de los crímenes, de hecho a mediados de 1976 los organismos de derechos humanos le reclamaban al Estado que pusiera fin al accionar de la Triple A creyéndola todavía partícipe de la represión ilegal.
El discurso de los DD.HH. previo al golpe de 1976 era claramente militante; se reclamaba por los "guerrilleros heroicos" frente a las comisarías donde habían sido detenidos. Por un lado había un sentido épico por la caída del compañero y se reivindicaba su historia. Se entendía que había una causa por la que había sido asesinado: sus convicciones políticas. Por otro había una certeza, se lo sabía muerto, había un cuerpo que evidenciaba el crimen. A diferencia de los grupos de tares, los grupos parapoliciales ejecutaban in situ, no se encargaban de desaparecer o de esconder los cuerpos. Esta forma de reprimir permitía que la sociedad estuviera enterada de los que sucedía: los medios de comunicación informaban sobre el asesinato de un abogado de presos político o bien podían toparse con alguna victima que la Triple A dejaba en alguna esquina de la ciudad.
En el año 1977 irrumpen públicamente un grupo de madres que pedían la aparición de sus hijos detenidos ilegalmente. Esas mismas mujeres formaron más tarde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que comenzó a nuclear a quienes reclamaban por la "aparición con vida de los detenidos desaparecidos", por lo tanto ya no existe certeza sobre su vida o su muerte. Esta agrupación fue la primera respuesta pública que surgió de la sociedad civil frente a la represión de la dictadura militar. En esos momentos en los que la actividad de los grupos de tareas era fuerte y sistemática, el reclamo de las Madres fue realizado casi en total soledad. El discurso cambia, ya no es revolucionario, el reclamo es de tipo moral. Se pide por una vida y no por un militante político.
Luego a este movimiento se le sumaron más personas que habían pasado por lo mismo. Aparecieron nuevas agrupaciones, como las Abuelas de Plaza de Mayo. Éstas se dedicaron a rastrear la suerte de sus nietos, muchos de ellos secuestrados junto con sus padres o nacidos en los centros clandestinos. El reclamo de los familiares de las víctimas fue acompañado por el de otros organismos defensores de los derechos humanos que ya existían antes de 1976 como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros que se crearon como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fundado en 1980. Todos los reclamos por los desaparecidos ahora se encontraban despolitizados, atraviesan una fase más legalista y la demanda es institucional.
Todos esos grupos se encargaron de realizar denuncias, recopilar datos y asesorar a los damnificados. Gracias a estas acciones, los rumores de lo que ocurría clandestinamente llegaron a la OEA. Por esa razón, en septiembre de 1979, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo una visita al país. Su presencia colaboró con los organismos nacionales que luchaban por los derechos humanos. En el informe que se publicó un año después se culpa a los altos mandos militares por la represión ilegal, a la vez que afirma que las víctimas del régimen están muertas. Esto le valió el rechazo de los familiares y de los exiliados, quienes pedían por desaparecidos ya que no sabían cuál había sido su destino. El tema comenzó a tener mayor repercusión en la prensa y también las demandas eran acompañadas por manifestaciones y movilizaciones. Al año siguiente, Adolfo Pérez Esquivel recibe el premio Nobel de la Paz. Desconocido para muchos, desde años anteriores se encontraba luchando por los derechos humanos y fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta noticia fue recibida como un golpe para el gobierno militar y un incentivo para quienes formaban parte de la defensa de los derechos.
Los reclamos de sangre se impusieron en la lucha por los derechos humanos. Abuelas, Madres y posteriormente HIJOS imperaron por sobre el CELS o el SERPAJ, quiénes quedaron detrás de los familiares, siendo estos los que monopolizaron la causa. El desplazamiento de la narrativa revolucionaria logró que la sociedad pudiera empatizar con la víctima. El reclamo no era político sino moral. Ya no se reivindican las convicciones políticas sino que se pide por una vida, por el valor que esta tiene sin importar lo que esta piense. Se fue configurando entre los denunciantes un discurso humanitario que describía en detalle de las violaciones perpetradas, de sus responsables y víctimas, a quienes presentaba con sus datos identitarios básicos, como sus edades, sexos, nacionalidades y ocupaciones, generando la idea de la víctima inocente y ajena a la "subversión".
De este modo, los denunciantes buscaban enfrentar el discurso estigmatizante de la dictadura que identificaba a los desaparecidos como miembros de la guerrilla. En ese contexto de cambio cultural y político, la frase "Nunca Más", comenzó a ser postulada por los organismos de derechos humanos y núcleos de exiliados respecto de los crímenes dictatoriales. Sin embargo, hasta la derrota militar en la guerra contra el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas, en junio de 1982, las denuncias de los crímenes fueron neutralizadas. Tras la guerra, los organismos de derechos humanos canalizaron el repudio al régimen y se erigieron en un actor difícil de soslayar en la esfera pública.
En 1983, el gobierno dio a conocer la ley de auto amnistía que exculpaba a los miembros de las fuerzas armadas de los crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Con esta ley, los militares pretendieron cerrar definitivamente la revisión del pasado y frenar las acciones judiciales que ya se habían iniciado. El repudio hacia esa ley fue mutuo entre los sectores sociales y partidos políticos.
c) En 1979, Partido Justicialista entregó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento que denunciaba las violaciones producidas por el gobierno militar, a través de su Vicepresidente primero, Deolindo Bittel y el Vicepresidente segundo, Herminio Iglesias. En el sexto punto del texto "El justicialismo denuncia la violación de los derechos humanos" señala: "Nosotros, hombres del Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles, no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta. Sentimos un imperativo, producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa de la Patria. En consecuencia, el dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es también nuestro; el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a través de "actas", "decretos" o "bandos" en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y de los que padecen – y son millones – este exilio interior de la represión, el silencio y el hambre". El PJ fue el único partido en presentarse frente al órgano de la OEA (Raúl Alfonsín acompañó a Bittel a realizar la denuncia a título personal), mientras otros callaron e incluso apoyaron abiertamente al régimen o tuvo actitudes complacientes con la dictadura como la cúpula del mismo Partido Comunista ya que era anti peronista y anti foquista. Además el texto señalaba el injusto encarcelamiento al que fueron sometidos Isabel Perón, Lorenzo Miguel, entre otros peronistas.
Tiempo después de la derrota en la Guerra de Malvinas, La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos propuso realizar la Marcha por la vida. Un antecedente de movilización importante durante la dictadura había sido la movilización convocada por la CGT Brasil el 30 de marzo, que había sido fuertemente reprimida. Los organismos de familiares y los partidos políticos salieron a la calle (El 5 de octubre de 1982) a reclamar la realización de elecciones y condenaron la represión. Cafiero, Alende, Alfonsín y Auyero, con Framini y Frondizi, fueron parte de la primera Marcha por la Vida, junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, el SERPAJ y el CELS. La policía le cerró el paso a las columnas, para que no pudieran llegar a Plaza de Mayo. De todos modos, la movilización recorrió el centro porteño y fue un hito más en la recuperación de la democracia.
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