La Dictadura militar argentina y el gobierno de Alfonsín (1976-1989) (página 2)

Durante la dictadura militar, Raúl Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos. Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina. En 1983, Alfonsín denunció públicamente que existía un acuerdo militar-sindical para olvidar los "excesos" cometidos durante la represión, mantener sin variantes a la cúpula del Ejército en el próximo gobierno y evitar la intervención del poder constitucional en la reorganización de las Fuerzas Armadas. Según el candidato de la UCR las negociaciones se dieron entre el ex presidente militar general Cristino Nicolaides y Lorenzo Miguel.

La campaña de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos o discursos agresivos. La Junta Coordinadora Nacional (que en el pasado rechazó expresamente la lucha armada) jugó un papel determinante en el triunfo de Alfonsín, movilizando masivamente a la juventud, especialmente universitaria, entre la que Franja Morada se volvió en 1983 ampliamente mayoritaria.

Augusto Conte fue candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano. Su hijo había desaparecido en julio de 1976, lo que lo llevó a convertirse en uno de los fundadores del CELS. Su idea era llevar los derechos humanos al Parlamento y ésa fue la consigna: "Augusto Conte, los Derechos Humanos al Parlamento". Desde su banca buscaría evitar que se legalizara la impunidad de los crímenes contra la humanidad del terrorismo de Estado de la dictadura y las violaciones a los derechos Humanos. Representando a todos los organismos de derechos humanos, impulsó la creación de una comisión investigadora bicameral para investigar los crímenes de la dictadura, para darles dimensión política e institucional.

En una elección extremadamente polarizada como fue la de 1983, el Partido Intransigente se quedó con el lugar de la tercera fuerza, gracias a la estrategia de plantear la fórmula Oscar Alende-Lisandro Viale como una alternativa por izquierda a la hegemonía PJ-UCR. Ese tercer lugar le sirvió como trampolín al millón de votos que conseguirían dos años después en las legislativas de 1985. Sus filas recibieron a muchos ex presos políticos y perseguidos, tanto del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) como de Montoneros, que dieron una lucha interna para renovar la tradicional estructura e hicieron propios los reclamos de los organismos de derechos humanos.

3)

a) El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra. Tuvo como principal objetivo, reinaugurar la democracia y la reivindicación de los derechos humanos. El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares. Esta disposición, fue denominada "la teoría de los dos demonios" pues limitaba a dos cúpulas la responsabilidad en la violencia política y explicaba la violencia de Estado por la violencia guerrillera.

Además, propuso que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgase en primera instancia las violaciones distinguiendo entre quienes "planearon la represión y emitieron las órdenes; quienes actuaron más allá de las órdenes, movidos por crueldad, perversión, o codicia, y quienes las cumplieron estrictamente". La propuesta, admitía la existencia de "excesos" sin precisarlos. Ello reforzó la idea de los organismos de crear una comisión bicameral ya que la justicia militar, imaginaban, no impondría condenas. Los partidos de centro izquierda, el peronismo y sectores del propio gobierno comenzaron a apoyar esta iniciativa. Alfonsín temía que una comisión bicameral desembocara en una puja entre los legisladores por sancionar con más rigor a las Fuerzas Armadas, creando una situación de extrema tensión con los militares.

A tan solo cinco días de ocupar el poder, el nuevo presidente, firmó el decreto 187, que creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para esclarecer los hechos violatorios a los derechos humanos del gobierno anterior, reuniendo denuncias y pruebas. El 15 de diciembre de 1983 nació la CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por notables personalidades de distintos ámbitos de la cultura. Este nuevo organismo creado por el presidente se dispuso a recopilar información y testimonios. De esta manera se iban conociendo más casos de desaparecidos y se lograron encontrar centros de concentración clandestinos de los que aún no se tenía idea. El trabajo de recopilación de información duró nueve meses, donde se reunieron en el propio escenario de los hechos las pruebas suficientes, reunidas en un libro que se llamó "Nunca más" para llevar a juicio a los miembros de la Junta Militar, lo que se produjo en abril de 1985.

Esa documentación, con los legajos correspondientes a las personas desaparecidas, víctimas de ejecuciones sumarias y extrajudiciales y sobrevivientes, fue remitida a la Justicia competente que, superados los obstáculos presentados por la justicia militar que debía instruir los sumarios y juzgar en primera instancia, efectuó el Juicio a las Juntas Militares y a personal de la policía de la provincia de Buenos Aires.

El alfonsinismo se convirtió en la vinculación de los pedidos de los organismos de derechos humanos y las preferencias de la opinión pública sobre este tema. Además derogó la "Ley" de auto-amnistía dictada por el gobierno de facto del general Bignone, en vistas a los procesos que se les avecinaban. Frustrándose posteriormente la actividad jurisdiccional como consecuencia de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que consagraron la impunidad a favor de las personas que planearon y ejecutaron la represión.

El informe que presentó la CONADEP cuando se encargó de recabar las denuncias en el Nunca más fue de 8961 personas, considerado una lista abierta porque solo contaban los casos en que los familiares de un desaparecido hubieran denunciado el secuestro. Las Madres de Plaza de Mayo reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos y consideran que muchos más casos no fueron denunciados. La cifra originalmente arbitraria que se cargó de fuerte valor simbólico ya que no es posible conocer el número exacto. Las madres se separaron en dos. El grupo escindido se llamó Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Las diferencias de criterio se debían a la oposición de Bonafini de concurrir a denunciar en la CONADEP, a la aceptación del fallecimiento de sus hijos y la posibilidad de identificar los cuerpos en las exhumaciones de los NN, a la aceptación de la reparación monetaria que ofrecía el Gobierno radical de Raúl Alfonsín y al cuestionamiento de la figura de Bonafini.

En julio de 1984, se vio el programa especial "Nunca Más" por la pantalla de Canal 13, con testimonios de sobrevivientes de los campos y de familiares de víctimas. En la previa, los militares hicieron llegar al Gobierno su disconformidad por la emisión. Alfonsín discutió con sus colaboradores si emitirlo con el costo de irritar a los militares o prohibirlo, pese a que ya estaba anunciado, y enfrentar el escándalo público. Sabato amenazó con renunciar si se prohibía la emisión. Para atenuar los ánimos, el ministro del Interior terminó hablando a manera de prólogo al comenzar el envío. Así, Antonio Tróccoli cargó las tintas en la guerrilla como iniciadora de la violencia de los 70, aliviando las críticas castrenses y sumando más fundamentación para la teoría de los dos demonios.

El prólogo del libro fué consensuado por los integrantes. Sábato le dio su impronta al inicio: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda", para luego agregar que, "a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos". Es lo que califica como "metodología del terror planificada por los altos mandos". El texto postula que los dos tipos de violencia no son equiparables ya que hay una "infinitamente peor"; un terror autónomo que llegó de zonas extremas a enfermar, a convulsionar, acorde con la irracionalidad y el desorden que instala la enfermedad, versus un terror racional y autoritario. El primer terror convocó al segundo. En la teoría de los dos demonios resuena el todos los extremos son malos, los extremos se tocan' etc. Desde esta neutralidad el prólogo plantea que los dos 'extremos' fueron demonios. Esto infiere que el bando subversivo debía ser derrotado, como todo demonio; el problema era cómo.

El primero de los levantamientos carapintada tuvo lugar en la Pascua de 1987, con la excusa de las acciones administrativas llevadas a cabo por la cúpula de las fuerzas armadas, sobre los beneficiarios del Punto Final; personal con jerarquía de suboficiales y oficiales con grado menor a coronel .Las leyes de de Punto Final y Obediencia Debida, la expresión del desorden con el que avanzaba el proceso de transición democrática.

La evidencia de que el orden democrático estaba condicionado por la pretensión de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. La Ley de Punto Final ponía un plazo de 60 días para definir procesamientos a involucrados en los crímenes de la dictadura que vencía en marzo de 1987. La limitación temporal a los procesamientos que implicó esa ley no fue suficiente para los militares. El 15 de abril de 1987, cuando debía presentarse ante los tribunales el mayor Ernesto Barreiro, buena parte del Ejército se había levantado para exigir a las instituciones el olvido definitivo del pasado inmediato. Tras la negociación entre el presidente y Aldo Rico, se envió al Congreso el proyecto de ley de Obediencia Debida, que terminaba definitivamente con la posibilidad de enjuiciar a cualquier militar por debajo de los que habían tenido los cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura.

b) El gobierno militar además de los problemas que había dejado para resolver por los atentados contra los derechos humanos que habían cometido, dejó inconvenientes en otros ámbitos. La derrota en Malvinas significó una gran pérdida económica para el país. En el ámbito de relaciones exteriores, el conflicto bélico había colocado a la Argentina en un mal lugar ante las Naciones Unidas, por haber invadido sin respetar mediaciones diplomáticas y también estaban latentes los problemas limítrofes con Chile.

En política internacional el gobierno radical logró poner fin a los diferendos con Chile por la cuestión Austral, firmando el 23 de enero de 1984, con la mediación papal, de Juan Pablo II, una Declaración Conjunta de Paz y Amistad entre ambos países, comprometiéndose ambos, a buscar soluciones por medios pacíficos. Para lograr el apoyo popular al laudo arbitral que dictaría la autoridad eclesiástica, Alfonsín convocó a un plebiscito donde el pueblo se manifestó claramente por el sí a la decisión del Papa. El Tratado de Paz y Amistad con Chile, se firmó el 29 de noviembre de 1984. Para consolidar la imagen democrática de la Argentina y la difusión regional e internacional de los valores de la democracia se firmaron numerosos pactos internacionales sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros Pactos Internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas). La diplomacia argentina intentó activar una serie de mecanismos de concertación política multilateral para hallar una solución al problema de la deuda externa. Los más destacados en este sentido tuvieron lugar durante el año 1984, que registró la participación argentina en la Conferencia de Quito, la declaración conjunta efectuada con Brasil, México y Colombia, la Reunión de Cartagena, y la Segunda Reunión del Grupo de Cartagena en Mar del Plata.

El gobierno buscó plantear un régimen político pluralista en el que todas las expresiones tuviesen lugar. El objetivo era democratizar a la sociedad luego de años de autoritarismo, dado que como nunca la población vivía un clima legalista. Desde el gobierno se trató de abarcar identidades políticas no radicales articulándolas con organizaciones sociales. Muchas fueron las transformaciones sociales; entre las que podemos destacar: En 1985, se restableció la patria potestad compartida. En 1987, el Congreso de la Nación sancionó la ley 23.515 de divorcio, que con diferentes reformas posteriores habilitó, después de muchas décadas de reclamos sociales, la separación legal de los cónyuges y la posibilidad de que los mismos se casasen nuevamente. Se disolvió el Ente de Calificación Cinematográfica, creado por Juan Carlos Onganía en 1968. De esta manera se ponía fin a los largos años de censura de la que fuera víctima el cine nacional incluyendo sus actores y directores, haciéndose extensiva también a otras artes y medios de comunicación. Se sancionó la ley de Actos Discriminatorios, la de control de natalidad y se convocó a un Congreso Pedagógico Nacional entre muchas medidas apuntadas a la cultura y la educación.

Además de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el otro componente central de la política militar del gobierno fue la implementación de una reforma que redujo el poder organizacional y la autonomía de las Fuerzas Armadas, mediante la Ley de Ministerios. Además, por distintos mecanismos se fortaleció la estructura y el funcionamiento del Ministerio de Defensa, del cual pasaron a depender varios organismos de los Comandos, numerosas empresas militares, incluida la Dirección General de Fabricaciones Militares. También se modificó la relación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, restándole a las primeras participación presupuestaria y otorgándole a las segundas autonomía de las primeras.

Paralelamente se implementó una reforma presupuestaria, que hacia 1989 había reducido el gasto anual en Defensa al 1,9% del PBI (4,2% durante los últimos años de la dictadura). Los salarios militares cayeron y se produjo una considerable reducción del personal militar, que afectó especialmente al Ejército. Tras un importante descabezamiento de las cúpulas militares, el gobierno de Alfonsín designó a nuevos jefes que debían cumplir un rol fundamental: controlar el convulsionado frente interno y viabilizar la reforma y la judicialización del alfonsinismo. El gobierno buscó catapultar la figura del Ministro de Defensa, que había jugado un rol muy secundario durante la dictadura. La Ley de Defensa Nacional estableció que las Fuerzas Armadas eran un instrumento del poder político en el ámbito de la defensa nacional, que su empleo debía limitarse a enfrentar amenazas de tipo militar, estatal y externo, y que no podían involucrarse en seguridad interior. Así mismo para restarle poder al Ejército se incrementó el presupuesto de Gendarmería y de Prefectura, se los equipó contundentemente y se los jerarquizó.

Por el gobierno de Alfonsín pasaron cinco ministros de trabajo. El primero de ellos fue el sindicalista gráfico (anti peronista) Antonio Mucci. Propuso la democratización del sistema sindical argentino por medio de una ley (Ley Mucci) que fue rechazada en el Senado, donde el justicialismo tenía mayoría; al fracaso de la ley motivó su renuncia al cargo. El radical Juan Manuel Casella ocupó el cargo por pocos meses hasta que fue reemplazado por Hugo Barrionuevo. El proyecto más importante planeado bajo el mandato del nuevo ministro de trabajo, un proyecto de modernización laboral ideado por Armando Caro Figueroa, estaba también orientado en esa dirección: dejaba en manos de las negociaciones entre patrones y sindicatos la continuidad de varios logros sociales históricos de la CGT, borrándolos de las leyes que los habían garantizado hasta ese momento. El rechazo de la central obrera a ese nuevo proyecto llevó a la renuncia de Barrionuevo.

En 1987 Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a uno de los principales dirigentes sindicales del país, Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Como resultado de este acuerdo, el gobierno de Alfonsín elaboró una nueva Ley Sindical que fue aprobada en 1988, con el apoyo unánime de todos los sindicatos y parlamentarios de todos los partidos políticos. En cambio fue cuestionada por la UIA.

Aldo Neri se desempeñó como Ministro de Salud y Bienestar Social. Intentó implementar una reforma integral en el Sistema de Salud. El proyecto se denominaba Seguro Nacional de Salud y estaba basado en una propuesta del tercer gobierno de Perón. Los dos ejes del proyecto radical consistían en la reforma de las obras sociales, con la perspectiva de una progresiva autonomización de la gestión de los sindicatos para convertirse en entes autárquicos. Por otro lado, se buscó la descentralización de la gestión de la salud pública para darle mayor injerencia y responsabilidad a las provincias. Sin embargo, cuando el proyecto fue presentado al Congreso en 1985, había sufrido varias modificaciones y recibió la oposición de los sindicatos y de la industria farmacéutica, por lo que no fue aprobado. A los pocos meses, Neri renunció.

c) La cuestión económica era extremadamente grave y condicionó las políticas de gobierno. La inflación se había acelerado desde mediados de 1982. Junto con el déficit fiscal y la deuda externa, que seguía creciendo, constituía la parte más visible del problema. El Estado había asumido la deuda en dólares de los particulares, cargaba con el pago de unos servicios que insumían una buena parte de sus ingresos. Esas cuestiones se refinanciaban gracias al FMI, que a cambio presionaba al gobierno para que adoptara políticas que priorizaran la capacidad de pago.

Durante el primer año del gobierno radical, la económica quedó en manos del ministro Bernardo Grinspun, quien buscaría una salida política a los problemas financieros. Quería que se auditara la deuda para declarar su nulidad por ilegítima. Procuraba organizar el llamado Club de deudores, que finalmente fue desmantelado por presión de los acreedores, FMI y Estados Unidos. Grinspun apuntaba a fortalecer el mercado interno mediante el aumento de salarios, junto con créditos para empresarios medios, con control de tarifas y tipo de cambio alto. Se complementaba con importantes medidas de acción social, como el Programa Alimentario Nacional (PAN), que se hizo conocido por su Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, así como la oposición activa de los grupos de poder (los empresarios cuestionaron el gasto y la intervención estatal, la CGT se movilizó por razones sindicales y políticas), determinaron el fracaso del plan económico de Grinspun. El fallido diagnóstico del ministro residía en que no tomaba en cuenta la radical transformación de las condiciones económicas luego de 1975. Se necesitaba una reestructuración, pero las soluciones de fondo fueron postergadas por el gobierno, cuya prioridad era consolidar la débil democracia. Quince meses después de haber asumido, la inflación era de 626 por ciento anual, lo que puso punto final a su gestión.

Sourrouille, con un perfil más técnico y menos político, asumió el Ministerio de Economía. Su objetivo era estabilizar la situación en el corto plazo a través de un fuerte shock, de modo de poder crear las modificaciones más profundas. Lo primero era detener la inflación. Se congelaron los precios, salarios y tarifas de servicios públicos, se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal. En junio de 1985 se adoptó finalmente el Plan Austral que contaba con la aprobación del FMI y las autoridades económicas del gobierno de los Estados Unidos. El plan cambió el signo monetario, quitó tres ceros al peso argentino y lo convirtió en Austral. Ante la baja brusca de inflación se estableció un desagio, por el cual el peso argentino se depreciaba frente al austral a una tasa de inflación anterior a la entrada en vigencia del plan. El Plan Austral funcionó bien al principio. Se logró reducir la inflación (la tasa mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo) e incrementar los salarios reales, pero estos resultados no perduraron, debido a que no se corrigieron los desequilibrios fiscal y externo.

En 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período). Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.

En 1988 el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.

El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación alcanzó 78% en mayo. La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% y al récord histórico de 47% en octubre del mismo año.

Autor:

Nicolás Barroso