La libertad de uno acaba dónde empieza la de otro. Este principio sólo puede llevarse a la práctica mediante la igualdad de oportunidades. Si no PUEDO elegir, si no tengo OPCIÓN, entonces realmente no ELIJO (aunque quiera) y por tanto no soy libre (o soy mucho menos libre que otro que sí tiene más opciones, su libertad no acaba donde empieza la mía porque la mía simplemente no empieza, su libertad traspasa el límite de la mía). Igualdad y libertad son dos caras indisociables de los derechos del hombre. La libertad debe estar "equitativamente distribuida" entre los individuos de una sociedad. Como dijo Noam Chomsky, Una libertad sin opciones es un regalo del diablo. Por tanto, además de compatibilizar unos derechos humanos con otros, hay que "democratizarlos" para que TODOS los ciudadanos tengan las mismas oportunidades reales de tener acceso a ellos (los derechos humanos son universales y se reconocen por igual para todos). Se trata de cumplir en la práctica los principios de la declaración de los derechos del hombre. Se trata por tanto de dar la importancia adecuada a cada derecho humano (respecto del resto de derechos) y de garantizar las mismas oportunidades de acceso a cada derecho. Este doble desafío es ahora mismo totalmente utópico, pero la utopía es necesaria. No debemos consentir que se nos venda la idea de que libertad implica inevitablemente desigualdad porque es justo lo contrario. No puede existir libertad (en la vida en sociedad) sin igualdad de oportunidades. Las grandes desigualdades sociales son realmente consecuencia del libertinaje (de la desigualdad de oportunidades, de la preponderancia de unas libertades "secundarias" de una minoría sobre las libertades "básicas" de la mayoría, del "acaparamiento desigual" de las libertades). Admitiendo que la igualdad absoluta es imposible (y también injusta), es antinatural, la desigualdad excesiva tampoco es lógica ni justa ni natural. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos debemos ganar igual, pero nadie puede trabajar cientos (ni siquiera decenas) de veces lo que otros y por tanto tampoco debería ganar cientos (ni decenas) de veces lo que otros (no digamos ya el caso de unos pocos que se enriquecen con el trabajo ajeno).
Es lógico que haya ciertas desigualdades (debido a nuestra desigualdad "natural") pero no es lógico que sean excesivas (debido a las desigualdades "antinaturales"). Los seres humanos somos distintos pero tampoco demasiado distintos. Es necesario que la sociedad vuelva a ser "natural". Si no, la sociedad está condenada, tarde o pronto, a su extinción, no se puede ir contra-natura.
Una Constitución no debe imponer soluciones concretas (y susceptibles de discrepancia) a los problemas de una sociedad. Por ejemplo, no debe imponer la unidad nacional de un país (en democracia la soberanía popular supera la soberanía nacional, el concepto de pueblo está por encima del concepto de nación, la nación debe someterse al pueblo y no al revés, la Constitución puede establecer una estructura territorial determinada, pero ésta siempre debe estar abierta y susceptible de ser cambiada democráticamente), no debe imponer un modelo económico concreto (la economía de libre mercado o la economía estatalizada), etc. De lo que se trata es de articular la democracia, de establecer el marco político adecuado para poder resolver los problemas de forma democrática (independientemente de la solución final adoptada para los mismos por el conjunto de la sociedad).
La democracia fija la METODOLOGÍA para convivir y resolver los problemas, para decidir las soluciones a los problemas, no debe fijar nunca las propias soluciones, no debe fijar nunca los fines (los únicos fines fijados deben ser los derechos humanos).
Por otro lado, para evitar el estancamiento y posibilitar el avance (necesario siempre en toda sociedad) es imprescindible relajar las condiciones para permitir reformas de la Carta Magna, por ejemplo debería ser suficiente con ser aprobada la reforma por la mayoría absoluta de los parlamentos y siempre que dicha propuesta de reforma haya sido presentada por 3 grupos parlamentarios como mínimo (sin olvidar la aprobación definitiva por parte del pueblo mediante referéndum).
En suma, el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos para TODOS los ciudadanos, debe llevarlos a la práctica (en este sentido se ha propuesto la creación de una renta básica universal como forma de garantizar la libertad individual, idea aparentemente utópica pero que cada vez gana más adeptos y no dista mucho de ciertas ayudas existentes en el Estado de Bienestar, pero dicha renta básica universal no debe ser impuesta constitucionalmente porque es una solución concreta, como hemos dicho, la Constitución debe garantizar la satisfacción de los derechos humanos pero no debe imponer la forma de hacerlo), el Estado debe ser el "regulador" de la sociedad. El "desmantelamiento sesgado" del Estado (en realidad su "secuestro" por parte de la minoría dominante) sólo puede producir la "degeneración" de la sociedad, sólo puede conducir al desastre, al caos, a la "ley de la jungla". Otra cosa muy distinta sería tender progresivamente a una sociedad sin Estado (si es que eso es posible) si la mayoría de la sociedad lo decidiera libremente así, como resultado de una evolución natural de la sociedad, como resultado de una emancipación total del conjunto de la sociedad. El Estado nunca debe convertirse en el instrumento de una minoría (ya sea económica o política) para someter a la mayoría (va contra el principio básico de supervivencia de toda sociedad, el bienestar de la mayoría), y por ahora, no es posible la sociedad sin el Estado. Por tanto, una sociedad más democrática necesita reforzar el papel del Estado (pero garantizando su servicio al conjunto de la sociedad y evitando que sea justo al revés), necesita desarrollar el Estado de Bienestar (no el Estado policial o represor).
3. Una cámara de diputados (no territorial) y una cámara de senadores (territorial) claramente diferenciadas y con competencias complementarias. El Congreso debe representar a los ciudadanos y el Senado a los territorios. De todas formas, habría que replantearse si realmente es necesario el Senado, pero lo que está claro es que, si existe, debe tener funciones distintas y complementarias al Congreso, relacionadas con su razón de ser: la relación de los distintos territorios entre sí y con el Estado central.
4. La elección de cualquier cargo público (de cualquier representante de un grupo humano) debe ser siempre libre, directa y secreta (tanto en el caso de un representante del pueblo elegido por sufragio universal como en el caso de un representante interno de un organismo determinado, como un parlamento, un comité de empresa, etc.). El que sea la votación secreta garantiza la libertad de voto (evita por ejemplo la disciplina de voto impuesta por los partidos políticos en los parlamentos, el mandato imperativo debe ser para con la ciudadanía y no para con los partidos). El anonimato es casi siempre el mejor salvoconducto de la libertad.
5. Una ley electoral que permita que el voto de todos los ciudadanos valga igual y que busque un equilibrio entre gobernabilidad y representatividad (intentando dar prioridad a ésta última). Para mejorar dicho equilibrio, deberían crearse nuevos métodos (o mejorarse los existentes) para repartir los escaños a partir de los votos emitidos. Hasta que no se encuentre un método más eficiente, el sistema D´Hondt podría ser sustituido por el método Sainte-Laguë, que no favorece tanto a los partidos mayoritarios y por tanto mejora la representatividad. Por otro lado, debería haber circunscripción electoral única en todo el Estado para la elección de diputados y circunscripciones territoriales para la elección de senadores (junto con mecanismos que garanticen la representatividad de todos los territorios) con sistema de elección mayoritario plurinominal (donde el elector elige varios candidatos a senador para su circunscripción). El Congreso debe ser una cámara de representación de los ciudadanos (independientemente de su situación geográfica) y el Senado debe ser una cámara de representación de los territorios (teniendo en cuenta por supuesto el "peso" de cada uno de ellos y procurando una mínima representación de todos los territorios por ejemplo mediante elección de ciertos senadores por los parlamentos regionales).
En estos tiempos donde los medios de comunicación acercan a las personas, la proximidad física de los candidatos a los electores es irrelevante (sobre todo para la elección de representantes en organismos estatales, otra cosa son los organismos locales como los ayuntamientos), lo importante es que los candidatos (y sobre todo sus programas) sean conocidos por los electores. Además debe permitirse que cualquier persona pueda presentarse como candidato a cualquier cargo público, independientemente de si pertenece a un partido político o no (cumpliendo los mismos requisitos que los partidos en cuanto a la defensa de ideas que no atenten contra los derechos humanos). En caso de que se presente a través de un partido político, las listas deben ser abiertas para aumentar el margen de elección del electorado (el elector elige no sólo su partido, sino también su candidato favorito dentro de ese partido, es decir el orden de importancia de los candidatos de un partido lo determina el electorado en vez del propio partido). Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, las listas abiertas aumentan el margen de elección de los electores pero pueden provocar tensiones dentro de los partidos, además existen diferentes sistemas de listas abiertas. A este respecto, se deberían desarrollar en el futuro métodos que vayan aumentando el margen de elección de los electores y eviten los inconvenientes detectados.
6. La financiación de los partidos políticos debe ser totalmente transparente y controlada por el Estado. Los partidos deben autofinanciarse a través de sus militantes exclusivamente mediante un sistema de cuotas cuya cuantía debe estar claramente limitada por ley. Nunca debe permitirse la financiación por personas jurídicas, siempre deben ser personas físicas. No debe haber financiación externa de ningún tipo (ni pública ni privada).
La ayuda del Estado debe ser secundaria y en materia fiscal o para paliar gastos electorales o facilitar el acceso a los medios de comunicación, y debe "premiar" a los partidos más austeros y "castigar" el despilfarro. Dicha ayuda puede ser proporcional a los resultados electorales anteriores pero, siendo secundaria, no debe ser excesivamente importante (ni excesivamente proporcional a dichos resultados) y debe permitir a otras fuerzas minoritarias darse a conocer (aquí puede introducirse otro factor que determine la proporción de las ayudas estatales a nuevas fuerzas políticas: el número de afiliados de un partido), debe intentar tender a que las distintas fuerzas políticas puedan "competir" en igualdad de condiciones por acceder a las instituciones (o por lo menos con una desigualdad "razonable", no excesiva, tampoco es posible que TODAS las fuerzas políticas puedan presentarse en sociedad de la misma manera, no habría ni recursos ni tiempo para ello). Si no es así se tiende inevitablemente a un bipartidismo excesivamente "estático" y a una democracia excesivamente "estancada".
Así como el Estado debe "redistribuir riqueza" mediante impuestos progresivos para, al menos en teoría, tender hacia una igualdad social, debe hacer lo propio con las ayudas a los partidos políticos para tender hacia una "igualdad democrática" razonable. Tampoco se puede pretender que todas las ideas se reflejen en las instituciones, sería imposible y provocaría ingobernabilidad. Siempre la democracia representativa se basa en la "agregación" de ideas. Se trata de llegar a un "equilibrio" para por un lado conseguir gobernabilidad ("agrupando ideas") y por otro conseguir representatividad (no "agrupando" demasiado las ideas, evitando que en dicha agregación excesiva se pierda pluralidad). Una idea no es más válida (ni más certera) porque sea más mayoritaria (además si es mayoritaria y "juega con ventaja" lo será cada vez más) y por tanto no debe ser "privilegiada" en exceso.
Todas las ideas (siempre que sean respetuosas con la democracia, es decir con los derechos humanos) deben ser respetadas, pero también deben tener las mismas oportunidades (deben poder defenderse en igualdad de condiciones). Siempre la igualdad (de oportunidades) debe estar presente en la filosofía democrática. Ante unas elecciones, el pueblo tiene derecho a conocer las propuestas de todos los principales partidos, es decir de aquellos que ya existen en las instituciones, pero también de aquellos que no existen aún en ellas pero tienen un número de militantes que rebase cierto umbral (esto fomentaría la "circulación" de partidos en la sociedad y la participación política de los ciudadanos).
Los gastos electorales de un partido deben ser financiados únicamente mediante sus activos, no pudiendo nunca acceder a créditos de ningún tipo. De esta manera se evita la dependencia del poder político respecto del poder económico. Los partidos políticos no necesitan realizar tantos gastos, debe haber una reducción drástica de los gastos en las campañas electorales. En éstas los partidos políticos deben explicar sus programas electorales y para ello el Estado debe poner gratuitamente a disposición de los mismos todo tipo de medios de comunicación y además esto debe hacerse no sólo durante las campañas sino que durante toda la legislatura (por supuesto de manera menos intensa) para incrementar la información y la cultura democrática del pueblo.
7. Los partidos políticos deben funcionar obligatoriamente de forma estrictamente democrática (a todos los niveles) y perfectamente estipulada por ley. En particular, debe obligarse a la realización de elecciones primarias para que los militantes de los partidos sean los que elijan a sus candidatos. Una organización que defienda ideas antidemocráticas (es decir que atenten contra los derechos humanos) o bien que defienda sus ideas (sean cuales sean éstas) de forma antidemocrática (es decir irrespetuosa o violenta) nunca puede obtener el status de partido político. En democracia no se pueden consentir partidos políticos antidemocráticos aunque sí organizaciones antidemocráticas (que defiendan cualesquiera ideas pacíficamente o bien cuyo funcionamiento interno no sea democrático) a las que pueda pertenecer o no libremente cualquier ciudadano, pero en este caso el Estado tiene la obligación de advertir a la ciudadanía del incumplimiento de los derechos humanos, así como la obligación de impedir que dichas organizaciones puedan llegar a eliminar la propia democracia si acceden al poder. Los únicos límites de la democracia son los derechos humanos, son los principios básicos democráticos. Si admitimos que los derechos humanos son irrenunciables, entonces la democracia (cuyo objetivo fundamental es su cumplimiento) también es irrenunciable y debe protegerse. No se puede eliminar la democracia, ni siquiera democráticamente. Esto no significa que la forma de implementarla sea única e intocable (lo que debe ser intocable es su filosofía, sus principios elementales).
8. El poder ejecutivo (presidente de la república) y el poder legislativo (diputados y senadores) deben ser elegidos directamente por el pueblo mediante elecciones separadas (presidenciales y legislativas). De esta forma el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo y ambos dependen directamente del pueblo. El presidente de la república debe ser elegido mediante sufragio universal directo por mayoría absoluta (en primera vuelta o en segunda entre los dos candidatos más votados en la primera). En el caso de elecciones presidenciales debe haber una circunscripción electoral única en todo el Estado.
9. El poder judicial no debe ser designado por el poder político. Para ello podría plantearse, como mínimo, que sus órganos directivos sean elegidos democráticamente por el propio poder judicial. Pero Francisco Badarán plantea además que el poder judicial debe tener un órgano colegiado de carácter estatal constituido por personas electas directamente por el pueblo (personas que pueden ser cualesquiera ciudadanos no pertenecientes a ningún partido político) y un órgano de juristas asociado (elegido democráticamente por el pueblo o por los jueces) para asesorar al órgano popular anterior (dado el carácter eminentemente técnico del poder judicial). Es especialmente importante que las personas elegidas en dichos órganos no pertenezcan a ningún partido político (el derecho de asociación se limita mediante un régimen de incompatibilidades para garantizar la separación de poderes). Es decir, se deben implantar unas elecciones judiciales separadas de las elecciones presidenciales y legislativas. Además, el poder judicial debe tener autonomía financiera respecto del poder político. De esta manera el poder judicial es independiente del resto de poderes y es controlado directamente por el pueblo. En el caso de España los miembros del Tribunal Constitucional serían elegidos entre ciudadanos independientes (nunca de un partido político) por el pueblo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial serían elegidos entre candidatos juristas (nunca militante de un partido político) por el pueblo o por los jueces y el fiscal general del Estado (nunca militante de un partido político, una vez más) podría ser elegido por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, dado que el derecho a la justicia es un derecho básico, no está de más plantear su socialización como forma de garantizar dicho derecho a todos los ciudadanos por igual (desde luego como mínimo debería eliminarse el concepto de fianza que hace que los que tengan dinero sean tratados de forma distinta a los que no lo tienen). Francisco Badarán propone a este respecto una "Seguridad Social Jurídica" y además plantea universalizar el principio de la unidad jurisdiccional, eliminando sin excepciones la jurisdicción militar.
10. No deben existir tribunales de excepción permanentes (sólo tendrían sentido dichos tribunales en situaciones excepcionales transitorias como las guerras). En el caso de España debería eliminarse la Audiencia Nacional. En democracia todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y cualquier idea debe ser respetada siempre que esté acorde con los derechos humanos y se defienda respetuosa y pacíficamente. Toda idea que cumpla los requisitos anteriores (aunque defienda un cambio de régimen político o un cambio en la estructura territorial del país) tiene derecho a ser expuesta y discutida públicamente por lo que no debe ser reprimida ni criminalizada. Además deben establecerse medidas preventivas para evitar los abusos policiales y medidas correctoras contundentes que los castiguen ejemplarmente. El Estado debe garantizar el Estado de Derecho así como la seguridad de todos los ciudadanos (como el resto de derechos humanos, especialmente los básicos).
11. El poder sindical no debe ser subvencionado por el poder político. Como en el caso de los partidos políticos, los sindicatos pueden recibir ayudas fiscales, ayudas para las elecciones sindicales, etc. Y deben autofinanciarse de forma similar a los partidos políticos por sus afiliados y nunca por personas físicas o jurídicas externas. Lo mismo puede decirse respecto de su funcionamiento interno que debe ser estrictamente democrático. De esta forma el poder sindical es independiente del poder político y del poder económico.
12. Es imprescindible evitar (o por lo menos minimizar) la dependencia del poder de la prensa respecto del poder económico. Debe haber leyes que impulsen la libertad de expresión para que ésta exista de verdad (debería estar prohibido por ley la censura de todo tipo, debería estar prohibido el reservarse el derecho de publicación de una opinión, por lo menos en las versiones electrónicas de los diarios, debería protegerse al periodista para que pueda ejercer su trabajo con la máxima libertad posible, etc.) y debe haber organismos que vigilen escrupulosamente su cumplimiento. Deben delimitarse claramente los límites de la libertad de expresión, debe delimitarse claramente dónde acaba la crítica y dónde empieza el insulto, debe establecerse claramente cuándo se atenta contra la dignidad o la intimidad de las personas, pero también debe evitarse que bajo la excusa de la "injuria" o de una intimidad "exagerada" se camufle el intento de evitar la crítica (que siempre es legítima en democracia, ya sea verídica o no, mientras se haga desde el respeto y las buenas formas). Obviamente en democracia nadie (que ejerza alguna responsabilidad pública) debe estar libre de crítica, en democracia nunca debe existir ningún tema tabú (se debe poder hablar de todo, la única condición es que se haga respetuosamente). Deben establecerse mecanismos que velen por la veracidad y pluralidad de las informaciones publicadas y por la publicación de noticias o eventos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a conocer la actividad diaria de su ayuntamiento, de su parlamento regional, de su parlamento nacional.
La prensa debería hacer un seguimiento diario (no sólo una vez al año en el debate del estado de la nación) de las actividades de los representantes de los ciudadanos en las distintas instituciones, informando sobre qué se habla, qué se propone, qué se aprueba, qué se rechaza, etc. Los medios deberían publicar diariamente una "agenda política" informando sobre todo ello. Por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a conocer todos los eventos o manifestaciones públicas que se han producido o que van a producirse en su ciudad. No hay ninguna excusa por "causas técnicas" que justifique en estos tiempos (con tantos medios tecnológicos) que no se pueda incluir en todos los diarios una relación de las manifestaciones/eventos (una especie de "agenda social") que se han producido el día anterior y de las manifestaciones/eventos que están convocados para el día siguiente en cada ciudad, ni que justifique que no se pueda publicar en las versiones de Internet (por lo menos) de todos los diarios todas las opiniones enviadas por los ciudadanos que así lo deseen. Para evitar tener una democracia "estancada" debe haber leyes que obliguen a los medios de comunicación (en especial a la televisión pública) permitir el acceso a partidos/organizaciones de todo tipo (no sólo a las mayoritarias) para exponer sus ideas (hay que romper el actual "monopolio" de ideas que impide que haya "circulación y renovación" de ideas y de partidos). Tenemos un sistema donde no hay un "mercado libre de ideas" y eso produce estancamiento. Dicho en términos mercantiles hay que "liberalizar el mercado de ideas" obligando a los medios de comunicación a ejercer de "distribuidores" de ideas. Es necesario canalizar la participación ciudadana en los medios. Los medios de comunicación, aun siendo en muchos casos privados, proporcionan un servicio público con una enorme responsabilidad y por tanto es imprescindible que la sociedad exija un servicio de calidad y sobre todo mínimamente fiable, objetivo y digno. El derecho a la información (plural y veraz) es un derecho inalienable de todo ciudadano y deben establecerse mecanismos que lo garanticen. El derecho que tiene todo ciudadano o grupo de ciudadanos a poseer un medio de comunicación con cierta línea editorial ideológica no debe anular o limitar seriamente el derecho de la ciudadanía en general a la información y a la libertad de expresión (hay que democratizar ésta para que no sea un privilegio de unos pocos). Es imprescindible regular perfectamente la prensa para que el ciudadano pueda distinguir claramente entre la opinión y la información. Deben establecerse mecanismos de control internos y externos de los medios (especialmente de la televisión). El Estado debe fomentar debates serios y verdaderamente plurales (especialmente en la televisión), debe evitar cualquier discriminación y debe proporcionar ayudas de tipo fiscal a los medios de comunicación con pocos recursos. Asimismo se debe impedir la peligrosa concentración de muchos medios de comunicación en pocas manos (que afecta directamente a la pluralidad), es decir, se deben evitar los monopolios (u oligopolios) tanto en los medios de "distribución final" de noticias (los medios de comunicación, a los que acceden los ciudadanos) como en los medios "proveedores" de noticias (las agencias de noticias a las que acuden los medios de comunicación). Se debe imponer máxima transparencia a todos los niveles: financiación, relación entre medios, fuentes de todas las noticias (sin atentar contra el secreto profesional de la fuente original en caso de necesidad pero por lo menos indicando la agencia de noticias, a este respecto es necesario regular con sumo cuidado el secreto profesional periodístico para por un lado respetar el anonimato de la fuente original en caso de necesidad y por otro lado evitar el uso de una sola agencia de noticias por la mayoría de medios), etc. Se debe establecer un régimen de incompatibilidades que garantice la independencia de la prensa (prohibiendo relaciones directas o indirectas con el poder político, con empresas de sectores relacionados con él, con el poder económico, es decir con la gran banca, con las empresas industriales, etc.). Se debe regular perfectamente la publicidad para que ésta no influya en los contenidos de los medios, etc, etc. En definitiva, se trata de poner un poco de orden en el caos en el que está sumida la prensa, se trata de recuperar el código deontológico del periodismo, se trata de evitar la degeneración de la prensa y por tanto de la democracia.
Es indudable que dicha degeneración es también consecuencia de la precarización del empleo en el sector, de la obsesión por el beneficio sobre cualquier otro criterio (aspectos que afectan en general a toda la población), pero quizás debería protegerse un poco más a los profesionales del cuarto poder (que en realidad es el primero), así como también se protege a los "profesionales" del poder político. Contrasta enormemente la sobreprotección de los políticos (de los cargos del poder ejecutivo, legislativo o judicial) y la precariedad de los periodistas. Hay que equiparar el cuarto poder con los tres poderes tradicionales (reduciendo la excesiva "protección" de estos tres y aumentándola en el cuarto), hay que "reequilibrar" todos los poderes además de separarlos.
Si con las medidas indicadas hasta ahora no es suficiente, no debería descartarse una posible socialización de la prensa (potenciando un sector público fuerte de la prensa y permitiendo un pequeño sector privado pero con las limitaciones expuestas, en particular evitando grandes concentraciones empresariales). No es tan descabellado pensar que si los tres poderes tradicionales son públicos (el Estado tiene su "monopolio") lo sea también el llamado cuarto poder. No es tan descabellado pensar que si se tiene un sector de salud público para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, se tenga una prensa pública para garantizar el derecho a la información (y por tanto a la libertad de pensamiento, el pensamiento es "modelado" por la información que recibe nuestro cerebro) y sobre todo a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Así como no se debe jugar con la salud de las personas, tampoco se debe hacer con la "salud mental" de la sociedad (que es lo que hace la prensa), con la "salud democrática". En cualquier caso, es muy importante que el sector público de la prensa sea independiente del poder político garantizando su autonomía respecto del gobierno de turno.
Dicha prensa pública (que debería estar presente en todos los medios: televisión y radio, como hasta ahora, pero también en prensa escrita y electrónica) debe fomentar el periodismo de calidad, la pluralidad y la participación activa de toda la ciudadanía (de todos los estratos e ideologías), en definitiva debe fomentar la democracia activa y real.
Por otro lado, frente al argumento de que con la socialización de la prensa se restringe el derecho de un ciudadano a crear un medio para difundir sus ideas (aun así podría llegarse a un "equilibrio" para permitir también cierta prensa privada limitada), se puede argumentar que si nadie tiene la propiedad de ningún medio de comunicación, y simultáneamente, se garantiza por ley el separar claramente la información de la opinión, la libertad de expresión mediante la obligación de publicar todas las opiniones (por lo menos en los medios electrónicos) y la independencia de la prensa, nadie tiene más oportunidad de expresar sus opiniones que los demás, se democratiza la libertad de expresión, todos los ciudadanos pueden difundir sus ideas en IGUALDAD DE CONDICIONES. Esto sería la auténtica "semilla" de la verdadera democracia. Puede sonar muy utópico ahora mismo, pero quién sabe "la utopía de hoy puede ser la realidad de mañana" (en el pasado volar no parecía utópico, parecía imposible). Si no hay ideas nunca habrá posibilidad de llevarlas a cabo. Es la PRIMERA condición necesaria para llevarlas a la práctica (luego hace falta voluntad, medios, etc.). No debemos renunciar a la utopía, si ya en la teoría renunciamos a lo que nos dicta la razón o el sentido común, a lo que es lógico y necesario para que las cosas mejoren o funcionen, entonces es imposible que se puedan llevar a la práctica, es imposible cambiar las cosas. Si ni siquiera podemos saber cómo PODRÍAN hacerse las cosas entonces nunca PODRÁN hacerse. "Del dicho al hecho hay un trecho, pero si ni siquiera hay dicho entonces nunca habrá hecho, será imposible, no utópico". Como dijo Noam Chomsky, Si supones que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si supones que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas.
En resumen, se trata de conseguir acercarnos lo más posible al ideal de unos medios de comunicación libres, imparciales y abiertos a la participación de toda la ciudadanía.
En la actualidad ya existen iniciativas internacionales para intentar recuperar el periodismo de calidad. El organismo Media Watch Global (Observatorio Internacional de Medios) cuestiona y reprende a los medios basándose en la ética, denuncia las faltas de honestidad mediática a través de informes, investigaciones y estudios que elabora periódicamente y distribuye. No sanciona, pero sus informes crean dudas sobre la credibilidad de un determinado medio y le ofrecen la oportunidad de corregirse. Este organismo pretende crear lo que se ha denominado un quinto poder como contraposición al cuarto poder tradicional, como forma de recuperar un espacio de lo público en el periodismo. S
in embargo, queda por ver si con este tipo de medidas "morales" se consiguen evitar los numerosos y graves problemas de la prensa, aunque es un intento muy interesante, puede resultar insuficiente, el tiempo lo dirá.
13. Debe haber leyes que impongan máxima transparencia y responsabilidad a los cargos electos de cualquier institución pública acerca de sus actividades, de su patrimonio, etc. El pueblo tiene derecho a saber con exactitud a qué se compromete un candidato a un cargo público antes de votarlo, a qué se dedica una vez que ha sido elegido y a pedir responsabilidades políticas (además de jurídicas) por sus actos. Deben establecerse mecanismos (por ejemplo referéndum revocatorio) para dar al pueblo la posibilidad de revocar el mandato de cualquier cargo electo en caso de incumplimiento de programa o de decisiones tomadas en contra de la opinión pública general (mandato imperativo). Esto es un reto muy importante para la mayor parte de las "democracias" actuales para avanzar hacia mayores grados de participación ciudadana. Mientras los cargos electos no respondan de sus actos ante el pueblo que los eligió, las democracias estarán prácticamente vacías de contenido porque el voto representa simplemente un "cheque en blanco" carente de significado, porque va contra el principio básico de soberanía popular. En una democracia, el voto (libre) debe ser la MÁXIMA (que no única) expresión de la soberanía popular y ello implica la OBLIGACIÓN por parte de los cargos electos a someterse a la misma. Adicionalmente, e independientemente de lo anterior, es necesario limitar por ley la duración máxima de los mandatos de todos los cargos públicos electos (es decir, de todos los cargos públicos de máxima responsabilidad, recordemos que éstos deben ser siempre elegidos democráticamente). Por ejemplo, parece razonable que cualquier candidato a cualquier cargo público no pueda presentarse más de dos veces a las elecciones correspondientes, es decir que cualquier cargo público no pueda estar en el puesto más de dos mandatos (salvo quizás casos excepcionales como alcaldes de localidades con muy pocos habitantes). Por otro lado, deben establecerse mecanismos que impongan la incompatibilidad entre cargos públicos y cargos en la empresa privada (no sólo durante el mandato ejercido en el poder político sino que también por lo menos en los años inmediatamente posteriores) para evitar el clientelismo, para evitar el uso de cargos públicos con fines de lucro personal, para evitar la subordinación del poder político al poder económico. No se trata tanto de prohibir la vuelta al sector privado de antiguos cargos públicos (aunque no debería descartarse esta medida más "contundente" en caso necesario), sino que se trata más bien de limitarla (evitando el acceso a ciertos cargos de responsabilidad en la empresa privada relacionados con el trabajo desempeñado en el poder político, fomentando la incorporación a la administración pública en vez de a la empresa privada, etc.).
14. El Estado debe ser laico y separado de todas las iglesias. No debe financiar a ninguna iglesia ni directa ni indirectamente. Esto implica, entre otras cosas, una enseñanza oficial pública gratuita y laica y una necesaria "convalidación" de toda enseñanza privada (religiosa o no).
15. Deben desarrollarse mecanismos que aumenten la participación directa del pueblo en cuestiones fundamentales promoviendo el uso del referéndum (que por supuesto debe ser vinculante, debe OBLIGAR siempre al poder político a ejecutar la decisión adoptada por el pueblo). Deben establecerse mecanismos que estipulen claramente cuándo es OBLIGATORIO convocar un referéndum (por ejemplo cuando se trate de decisiones relacionadas con leyes y derechos básicos) y qué requisitos técnicos se necesita para que mediante iniciativa popular el poder político esté OBLIGADO a convocar un referéndum (en particular el número de firmas necesario debería ir disminuyendo a medida que las posibilidades técnicas permitan agilizar y abaratar los referendos).
Asimismo deben estipularse qué mayorías se necesitan para conseguir aprobar los asuntos consultados (cuanto más básicos sean éstos, más amplias deberían ser dichas mayorías). Debe promocionarse el uso de la iniciativa legislativa popular intentando garantizar que ésta no se quede en papel mojado, intentando evitar que se convierta en un simple trámite que luego es rechazado por el parlamento de turno, ampliando las materias sobre las que se puede tratar, dando más poder de seguimiento a la misma por parte de sus promotores e incluso dando a éstos la posibilidad de defenderla directamente en el propio parlamento. Se trata de encontrar fórmulas eficaces para que poco a poco la ciudadanía pueda ir participando directamente en la labor del legislativo (no sólo en la elaboración de la agenda de asuntos a tratar sino que también en la búsqueda de soluciones a los mismos).
16. Deben desarrollarse los mecanismos necesarios para que los problemas nacionalistas puedan resolverse de manera pacífica, justa y eficaz. Y para ello es imprescindible reconocer el derecho de autodeterminación de todos los pueblos (el de todas las personas hoy por hoy resulta mucho más utópico), haya o no haya razones históricas o culturales o de cualquier otra índole (no se puede obligar a una comunidad de personas a permanecer unida a otra comunidad en contra de su voluntad, no es ético ni lógico). Como dijo Anthony Carty, catedrático de derecho público en la Universidad de Aberdeen, el derecho de autodeterminación es un derecho humano, es un derecho de participación política fundamental que tienen los individuos, en tanto que miembros de una comunidad, para que puedan ejercer el resto de derechos que les corresponden. Sin el derecho de formar una nación, también se resiente el resto de derechos individuales.
En este sentido un Estado Federal puede ser la mejor manera de articular un país con fuertes contrastes culturales o nacionales que permita por un lado la libre elección de sus Estados miembros de permanecer unidos o no y por otro lado una unión basada en una distribución equitativa de las competencias entre los Estados que deseen permanecer unidos. En todo caso, debe ser siempre el pueblo el que decida sobre la estructura territorial de su Estado. En el caso de los separatismos sólo tiene sentido que se pronuncien los habitantes de la región secesionista (derecho de autodeterminación), pero siempre garantizando que se haga de forma plenamente democrática (donde todas las opciones, tanto la separatista como la unionista, puedan darse a conocer públicamente en igualdad de condiciones) y dando opción de pronunciarse también a los habitantes de dicha región que, por razones políticas, hayan tenido que abandonarla en el pasado (siempre que se demuestre que lo hicieron por causas políticas, por la existencia de acoso o persecución o discriminaciones de raíz política, cultural, lingüística, etc.).
17. Aun siendo el presidente de la república el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cualquier actividad relacionada con un conflicto armado deberá ser aprobada por el parlamento (con una mayoría muy amplia). Además debería tenderse progresivamente a que sea el propio pueblo el que decida directamente sobre la declaración o no de una guerra (así probablemente la guerra pasaría a la historia).
18. Es necesario potenciar la figura de un defensor del pueblo al que pueda acudir cualquier ciudadano. Y para ello es necesario dotarle de las competencias y de los recursos adecuados para que su cargo no sea simbólico y debe ser elegido directamente por el pueblo mediante sufragio universal.
Evidentemente se deben establecer mecanismos que garanticen la aplicación de la ley. Es importante que las leyes estén bien hechas, pero también lo es que se lleven a la práctica, para lo cual debe haber una vigilancia escrupulosa de su cumplimiento.
A medida que la sociedad tiene mejores medios técnicos (que agilizan y abaratan los procesos electorales) y a medida que se racionalizan los costes electorales evitando despilfarros innecesarios, se hace cada vez más viable la posibilidad de realizar más consultas directas al pueblo (elecciones presidenciales, legislativas, judiciales, regionales, municipales, referendos, etc.), lo cual permite mayor separación de poderes y mayor participación de la ciudadanía.
Indudablemente, algunas de las medidas mencionadas son más viables que otras (aunque ninguna es imposible de llevar a cabo). Tampoco se trata de acometer todas las medidas simultáneamente, se puede seguir un proceso progresivo para ir implantando poco a poco las mismas. Lo más importante es desbloquear el "estancamiento" actual e iniciar un camino de reformas continuo.
Los costes adicionales para el Estado que suponen algunas de estas medidas (más procesos electorales, posible socialización de la Justicia, etc.) pueden ser compensados con una mayor racionalización de otros gastos (a través de una mejor gestión "impuesta" por un mayor control y por una mayor transparencia), con una lucha eficaz y determinante del fraude fiscal (centrándose en las grandes fortunas, en las profesiones liberales, en definitiva en aquellos sectores de la economía donde todo el mundo sabe que hay grandes cantidades de dinero negro, etc.), con un ahorro de costes evitando duplicidades de competencias (por ejemplo entre Congreso y Senado, entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado, entre las distintas administraciones estatales, regionales y locales, etc.). Muchas veces el problema de los recursos financieros del Estado tiene que ver más con su gestión y distribución que con la necesidad de mayor recaudación. Aun así, siempre queda la posibilidad de aumentar los impuestos a las clases privilegiadas (es decir a aquellas personas a las que les sobra más dinero).
Es especialmente importante desarrollar la separación del poder de la prensa respecto del poder político y sobre todo del poder económico. Este es uno de los grandes retos de las democracias representativas (la progresiva dependencia del poder de la prensa respecto del resto de poderes es una de las principales causas de la degeneración democrática). En este caso la teoría no está suficientemente elaborada (no hay que olvidar que dicha teoría se desarrolló fundamentalmente alrededor de la Revolución francesa, y en esa época la prensa no estaba tan desarrollada como en la actualidad). Evidentemente las teorías deben evolucionar para corregir los errores detectados en su aplicación pero también para adaptarse a las nuevas circunstancias puesto que la sociedad cambia continuamente. TODOS los poderes deben ser independientes e igualmente "poderosos" y robustos para que sea efectivo su mutuo control. Todos los poderes deben controlar al resto de poderes y deben a su vez ser controlados por el resto de poderes. Un poder debilitado (aunque incluso sea independiente) no puede controlar a los otros, no digamos ya si no es independiente.
La prensa está ahora mismo completamente subordinada al resto de poderes (y lo preocupante es que cada vez más) y sus profesionales están en una situación de precariedad que contrasta enormemente con la sobreprotección de los profesionales de los otros poderes (inmunidad, inviolabilidad, etc.). Es necesario, por un lado disminuir la excesiva "protección" de los componentes del poder político (aun admitiendo que sea necesaria cierta "protección", habría aun así que reconsiderar dicha necesidad, no se pueden justificar en una democracia ciertos privilegios exagerados) y por otro lado mejorar la "protección" de los profesionales de la prensa (proporcionándoles por lo menos cierta seguridad laboral y desde luego garantías de que puedan ejercer su trabajo con total libertad, hay que recuperar la libertad de expresión de los periodistas como base de la libertad de prensa). Todos los profesionales de todos los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial, prensa) deben tener un NIVEL de "protección" similar (esto no significa que tengan el mismo TIPO de "protección", por ejemplo, en el caso de un periodista probablemente no tiene sentido la inmunidad) que les garantice realizar su trabajo en mínimas condiciones de independencia y efectividad. La prensa, como el resto de poderes, debe ser independiente pero también debe ser controlada (que no sometida), en este caso por el poder político, mediante una legislación (y un control escrupuloso de su aplicación) que garantice los derechos de los ciudadanos de acceso a información plural y veraz así como de participación activa, llevando a la práctica la libertad de expresión de TODOS los ciudadanos. Del logro de este importantísimo reto depende la "salud" de cualquier democracia.
Como se ve, lejos de haber llegado a un punto de perfección, la democracia representativa tiene aún mucho margen para ser mejorada, y dado que es un modelo que ya está implantado y funcionando (más o menos, bien o mal), es técnicamente más factible mejorarlo a corto plazo que aplicar y probar nuevos modelos de democracia (que siempre necesitarán más tiempo para desarrollar sus teorías e ir poniéndolas en práctica). Esto no significa que haya que renunciar a evolucionar el modelo de democracia representativa hacia modelos más avanzados. El desarrollo de la democracia representativa implica sobre todo la puesta en práctica de sus postulados teóricos conocidos y "tradicionales", pero también la búsqueda de soluciones teóricas que la mejoren (en particular la adaptación de sus postulados "tradicionales" a los tiempos actuales, como la separación efectiva de todos los poderes, en especial del cuarto poder, y la mejora del equilibrio representatividad-gobernabilidad para sin impedir la segunda mejorar la primera). El desarrollo de la democracia representativa debe implicar siempre dar prioridad a la mejora continua de la representatividad.
Autor:
José López
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