El paramilitarismo como uno de los fenómenos de violencia en Colombia (página 2)

La desinstitucionalización de ciertos territorios tuvo origen en las denominadas "Republicas independientes", definidas como aquellas zonas ocupadas por grupos campesinos que participaron en la confrontación partidista de los años cincuenta, y que a comienzos de la década de los 60 se comprometieron con el gobierno de turno a reintegrarse a la vida civil, a cambio de una reforma agraria que permitiera la reivindicación de sus derechos sociales. Ante el fracaso de los acuerdos, dichos territorios, ubicados principalmente en los departamentos del Huila, Tolima y Meta, y algunas zonas del magdalena medio, fueron cercados por el ejército para impedir una nueva reacción armada de los campesinos, quienes decidieron no abandonar su actividad reivindicativa y continuar organizando sus comunidades para exigir la atención estatal.

Los cercos militares en torno a los asentamientos que se habían formado, generaron el aislamiento de dichas zonas con el resto del país, ante la dificultad de poder desarrollar la actividad comercial. El aislamiento también trajo como consecuencia la total ausencia de autoridades en las zonas ocupadas, dando paso a la llamada "experiencia de autogestión", que consistió en que eran los propios campesinos quienes designaban a sus dirigentes y adoptaban sus propias decisiones.

Esas regiones donde la institucionalidad estuvo ausente, fueron paulatinamente ocupadas y dominadas por los distintos actores armados que hoy hacen parte del conflicto, en particular por los grupos guerrilleros de izquierda, convirtiéndose en sus fortines políticos y de lucha, sin que las autoridades se interesaran porque aquellas regiones fueran vinculadas a las dinámicas normales del resto del país. Ese fenómeno de desinstitucionalización, presentando nuevas características, con el tiempo se extendió a otras zonas del país, donde era evidente que el Estado no ejercía la autoridad y no estaba en capacidad de brindar desarrollo y seguridad a sus pobladores.

En ese contexto, el paramilitarismo justificó su existencia ideológica sobre la base de una lucha antisubversiva, anti-insurgente y de defensa de los valores tradicionales y de la institucionalidad estatal, reconociendo el uso de la violencia para cumplir con ese objetivo. Se trataba, a juicio de los sectores que lo conformaban, de un acto legítimo de defensa frente a la agresión de que era objeto la sociedad por parte de los grupos insurgentes, y que el Estado no estaba en condiciones de repeler. Con ese pretexto, el de defender los intereses de la sociedad civil, en una primera etapa, los grupos paramilitares confrontaron a la guerrilla y lograron expulsarla de algunos territorios ocupados, pasando a ser de sus dominio e imponiendo en ellos su autoridad por la fuerza y la amenaza.

Sin embargo, como ya se mencionó, los grupos paramilitares se convirtieron en verdaderas organizaciones delictivas y criminales, al servicio de distintos intereses particulares y en contra de la población civil. Se constituyó en un instrumento para defender, asegurar y ampliar los intereses de ciertos sectores políticos, económicos y sociales, asociándose con el narcotráfico. Por la vía de la violencia, de las masacres y el desplazamiento forzado, obtuvo el control sobre amplias zonas del territorio nacional ricas en recursos naturales y de alta biodiversidad, regiones estratégicas, tierras fértiles y aptas para la agroindustria y con potencial para proyectos de infraestructura.

Allí irrumpieron los grupos paramilitares y de milicias implementando estrategias para involucrarse con la población hasta el punto de ser identificados por los pobladores como habitantes de los territorios. Bajo esa estrategia, los grupos armados han cumplido funciones reguladoras de las relaciones sociales, implantando sistemas autoritarios y restrictivos. Los órdenes que han impuesto requieren el sometimiento de los pobladores, bajo amenaza y muerte, generando cambios en la organización social, comunitaria y familiar, entre los que se cuenta el desplazamiento forzado y las desapariciones.

La población civil, se ha convertido en la verdadera víctima de los grupos armados y de los paramilitares que no han escatimado los actos de violencia en su contra. Dentro del propósito de asegurar, ampliar y defender sus intereses y conquistar y mantener nuevos privilegios de tipo económico y político para ciertos sectores, materializados en un mayor domino sobre la tierra y sobre los cargos públicos, los grupos paramilitares han ejecutado actos de barbarie contra la población civil, entre ellos, masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, hostigamientos, amenazas y desplazamientos forzados.

Durante los dos gobiernos del Presidente Álvaro Uribe, entre los años 2002 – 2010, como consecuencia de su política de seguridad, Colombia entró en un proceso de institucionalización de aquellas zonas del territorio nacional que se encontraban bajo el dominio de los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, desplazando a tales grupos por la vía armada y garantizando la presencia de las autoridades políticas, civiles y judiciales del Estado. De igual manera, acompañando la estrategia de seguridad, se dictó la llamada Ley de Justicia y Paz, cuyo objetivo era el de facilitar los proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Bajo el auspicio de dicha ley, se produjo la desmovilización de un gran número de estructuras paramilitares, sin que ello haya implicado su desaparición definitiva del fenómeno.

Ese proceso de desmovilización, sin embargo, ha sido objeto de serios cuestionamientos por las condiciones especiales en que se llegó al mismo. Dentro del concepto de justicia transicional, que precisamente acogió el Presidente Uribe para desmontar el paramilitarismo, se propuso la entrega de los principales cabecillas de los grupos paramilitares para que contaran la verdad e indemnizaran a sus víctimas, a cambio de penas benignas frente a la dimensión de los delitos atroces cometidos, condenas que no superaran los 8 años de prisión. Se critica que hoy en día, no se haya llegado a la verdad sobre los actos de barbarie cometidos por tales grupos, y, también, que los cabecillas no hayan entregado los recursos suficientes para reparar a sus víctimas.

No obstante los esfuerzos que se han llevado a cabo para desmontar el fenómeno paramilitar, en una menor proporción, el accionar delincuencial de tales grupos continúa vigente, llevando a cabo sus acciones militares por distintas zonas del territorio nacional en contra de la población civil. Muy a pesar de la acción de las autoridades, y de las desmovilizaciones de algunos grupos y de sus líderes más destacados, en distintas zonas del país, continúan operando bandas de paramilitares y narcotraficantes, las mal llamadas BACRIM (bandas criminales), que están al frente del negocio del narcotráfico.

A finales del segundo gobierno del presidente Uribe, a iniciativa del partido liberal, se presento ante el Congreso de la Republica un proyecto de ley cuyo propósito específico era lograr la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, dentro de un propósito de paz y reconciliación nacional. Sin embargo, sobre la base de los altos costos fiscales que dicha intención legislativa podía tener, las fuerzas políticas aliadas con el gobierno no permitieron que esa intención legislativa se convirtiera en realidad.

En Mayo de 2010, se eligió como presidente de la Republica al doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien una vez posesionado, en agosto de ese mismo año, convoco a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y gremios económicos para apoyar un acuerdo nacional por la paz y la reivindicación de los derechos sociales. Con ese propósito, y en desarrollo de dicho acuerdo, el gobierno Nacional a través del ministerio de interior y de justicia, presentó ante el congreso de la Republica un proyecto de ley, actualmente en trámite, que recoge la iniciativa anterior, es decir, la de reconocer estatus jurídico a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Concretamente, dicho proyecto está dirigido a adoptar medidas de atención y reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

El comentado proyecto de ley, es el resultado de un amplio consenso entre el Gobierno Nacional, diversos sectores políticos y la sociedad civil, en aras de lograr un amparo integral de las víctimas que abarque mecanismos de asistencia, atención, prevención, protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para que aquéllas reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida. Se considera que sólo con la materialización de este objetivo es posible lograr la finalidad última de la justicia transicional en Colombia, como recuperación de los traumas de la violencia sistemática y generalizada, cual es la reconciliación nacional.

Tal proyecto, que actualmente se encuentra surtiendo su último debate en la plenaria del Senado de la República, tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas, que permita hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifiquen a través de la recuperación del ejercicio de sus derechos constitucionales, promoviendo igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación, dentro del marco de la justicia transicional.

7.2 El paramilitarismo desde una perspectiva jurídica y económica

Una vez analizado el paramilitarismo desde la perspectiva política y social, pasamos a ver la incidencia de dicho fenómeno en el ámbito jurídico y económico, apoyándonos también en la investigación teórica y práctica realizada, en este último caso, basándonos en alguna medida en las entrevistas que hicimos a personas con experiencia en el tema.

El fenómeno paramilitar, dentro del propósito de cooptar el poder político, económico y territorial en Colombia, se ha manifestado a través de dos grandes acciones: las masacres y el desplazamiento forzado interno, las cuales constituyen formas de violencia extrema, violatorias de la dignidad humana y contrarias al derecho internacional humanitario.

Las referidas acciones, que venían en incremento en los últimos veinte años, han implicado grandes costos para el país, tanto desde el punto de vista institucional, como desde la perspectiva social y humana. Tales costos se aprecian, entonces, en términos de vidas humanas, destrucción en infraestructura -pública y privada-, exclusión social, discriminación, expropiación de tierras, y en la necesidad de diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas dirigidas a enfrentar tales hechos de violencia contra la población civil y reivindicar los derechos de las víctimas; políticas cuya puesta en marcha viene implicando un gran esfuerzo económico y de inversión de recursos públicos.

Hasta mediados de los años noventa, Colombia venía enfrentando las consecuencias del paramilitarismo a través de los mecanismos que le brindaba la legislación ordinaria para tiempos de normalidad institucional, lo cual mostraba la incapacidad de las autoridades para contrarrestar y superar ese fenómeno de violencia cuya impunidad era creciente. Ante la circunstancia de que las acciones paramilitares venían en aumento, se expidió la siguiente ley: "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, la protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos en la República de Colombia" (Corte Constitucional, 2007), estableciéndose en ella el marco legal dentro del cual el Estado debe asumir su responsabilidad frente al conflicto armado y se señalan los mecanismos e instituciones necesarios para proveer las ayudas requeridas por la población afectada por el desplazamiento. De forma paralela, en ese mismo año, se profirió la Ley 418 de 1997, mediante la cual se buscó facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y lograr la convivencia pacífica, previendo la posibilidad de conceder amnistías e indultos para delitos políticos cometidos por miembros de organizaciones ilegales.

No obstante la intención señalada en las citadas leyes, el Estado no apropió los recursos necesarios para hacer realidad los idearios de justicia y reconciliación, y tampoco adoptó las medidas suficientes y adecuadas dirigidas a frenar la situación de desplazamiento en el país.

Posteriormente, la propia Corte Constitucional, en la Sentencia T-025 de 2004, procedió a "declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado" (Corte Constitucional, 2004) , al advertir la grave crisis humanitaria y la vulneración constante de los derechos de la población desplazada, incluso derivada (i) de la omisión de las autoridades en adoptar los correctivos tendientes a garantizar los derechos de la población afectada; (ii) de la falta de recursos y de capacidad institucional para atender las contingencias y (iii) de la connivencia de varias entidades estatales en las omisiones y acciones generadoras de la vulneración de los derechos de los desplazados.

En ese escenario, se procedió a dictar una nueva ley, la ya mencionada Ley de Justicia y Paz, cuyo objetivo era el de facilitar los proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, sin someter al perdón y olvido las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

Para llevar a cabo la ejecución de la ley de justicia y paz, se crearon instituciones especializadas, a nivel de la administración de Justicia y de la Rama Ejecutiva, con cargo al presupuesto general de la Nación, como lo fueron: (i) la Unidad Nacional de Fiscalías para justicia y paz; (ii) los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para justicia y paz (iii) la Procuraduría Judicial para justicia y paz; (iv) la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, precedida por el Vicepresidente de la República; (v) las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes; y (vi) el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los órganos judiciales, fueron creados para ocuparse de manera especial y única, de lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. Por su parte, en plena concordancia con lo anterior, la ejecución de las labores de reparación corre a cargo del Fondo para la Reparación a las Víctimas, mientras que el Consejo Nacional de Reparación y Reconciliación, presidido por el Vicepresidente de la República y con representación de diversos estamentos, entre ellos las organizaciones de víctimas, es el encargado de supervisar las labores de reparación y de presentar un informe público sobre el surgimiento y accionar de los grupos armados ilegales que se desmovilicen. Dicho consejo debe velar además, por el eficaz desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales, poner en marcha programas de reparación colectiva en las regiones donde éstas han operado y coordinar las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.

De modo que, dentro de la necesidad de ofrecer un juzgamiento especial en los términos de la ley para los miembros de los grupos armados que tomaran el camino de la reinserción, y también, dentro del objetivo de brindar verdadera atención a las víctimas de la violencia, mediante el trámite de la reparación de los daños que le fueron causados por los distintos actos de violencia que hubiesen sido confesados.

Como se ha venido señalando a largo de esta monografía, aun cuando la ley de Justicia y Paz condicionaba la entrega de los jefes paramilitares a que contaran toda la verdad sobre sus acciones y entregaran todos los bienes que habían adquirido, estos hechos no se han cumplido, y, por tanto, son pocas las condenas que se han producido y no ha habido lugar a las reparaciones de la víctimas del conflicto paramilitar, debiendo asumir el Estado los costos que implica el sostenimiento y atención de las mismas. Como es de todos conocidos, algunos jefes paramilitares han tenido que ser extraditados a los Estados Unidos, para ser juzgados por delitos trasnacionales, por no cumplir con las condiciones de verdad, justicia y reparación. Si a lo ocurrido se suma las penas previstas en la ley, que en ningún caso superan los 8 años de cárcel, tal sanción resulta ser desproporcionada en relación con los delitos atroces que aquellos han cometido contra la población civil.

Sobre este particular, el abogado José Antonio Cepeda Amarís, miembro de la Corte Constitucional, al ser interrogado sobre el papel cumplido por la administración de justicia dentro del compromiso que tienen las autoridades públicas de combatir los grupos paramilitares, manifestó que "en la practica la administración de justicia ha sido insuficiente y no ha sido constante en la persecución de estos fenómenos de violencia que están sumados al paramilitarismo" (Cepeda, 2011)

Después de más de cinco años de haber entrado en vigencia la Ley de Justicia y Paz, sólo hasta mediados del año 2010 se dictó la primera sentencia contra dos jefes del paramilitarismo sometidos a la justicia, los conocidos con los alias de "Diego Vecino" y "Juancho Dique", por crímenes contra la comunidad de Mampuján los días 10 y 11 de marzo del año 2000, un corregimiento de María La Baja, Bolívar. Los citados jefes paramilitares, fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, sin embargo, los dos desmovilizados, por estar cobijados por la ley de Justicia y Paz, quedan sometidos a la pena alternativa de ocho años. El Tribunal encontró culpables a "Diego Vecino" y a "Juancho Dique" de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento, secuestro, hurto, porte ilegal de armas y uso de prendas de las FF.AA, calificando dicha autoridad la masacre y el desplazamiento de Mampuján, de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de Lesa Humanidad por haber atacado civiles inocentes. El Tribunal también determinó la indemnización que deberán recibir las víctimas para ser reparadas, estando basada tal reparación individual en las condenas a Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, por el delito de homicidio, los paramilitares tendrán que pagar 240 millones por familias víctimas, con un máximo de 40 millones de pesos por víctimas, dineros que de acuerdo con los bienes que éstos denunciaron ante las autoridades de justicia y paz, resultan en principio insuficientes para cubrir la condena.

Vistas así las cosas, resulta casi imposible cuantificar los costos económicos que ha demandado para el Estado y para la sociedad el fenómeno paramilitar. Como ya se mencionó, dicho costo se ha manifestado en pérdidas de vidas humanas, desplazamiento, destrucción, expropiación sin indemnización, y violación reiterada de los derechos fundamentales para las víctimas. Para la administración pública, recursos que habrían podido direccionarse a otros sectores sociales, han debido invertirse en seguridad, justicia y demás políticas públicas diseñadas para la atención de las víctimas.

Precisamente, el proyecto que actualmente surte su último debate en el Congreso de la República, dirigido a lograr la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y la restitución de sus tierras, ha presentado resistencia sobre la base de los altísimos costos que el mismo puede implicar para las finanzas públicas, máxime si se tiene en cuenta que la devolución de bienes y recursos por parte de los paramilitares sometidos a la justicia, no resulta proporcional a los daños por ellos causados a la población civil. En relación con este punto, el Economista Juan Camilo Nariño, al ser interrogado sobre las críticas que le caben al proyecto de ley de reparación de víctimas de la violencia en Colombia, hizo la siguiente precisión:

"Mi inquietud en esto es en el alcance y el marco en el que se va a desarrollar esa ley, es decir, que victimas de la violencia se van a atender, en qué condiciones, en que formas porque aquí hay que de alguna forma dimensionar esto, porque el Estado no tiene plata para pagar esas expectativas que salen en general, entonces esas iniciativas de la ley de víctimas, Colombia estaba en mora de tenerlas, era necesario tenerlas hace mucho tiempo, ahora para que esas enormes expectativas que hay entorno a eso, no queden como una propuesta mas, tienen que acotarse muy bien a la ley, tiene que saberse muy bien a que se va a responder y a que no. Entonces mi inquietud es el alcance de cómo se va a enmarcar esa ley para que se cumpla con las expectativas .Acá somos expertos en sacar unas leyes muy grandes, unas expectativas muy grandes, pero que a la hora de concretarlas nada, además deben ser inmediatas, debe promulgarse la ley y empezar el proceso de reparación y de entrega de tierras a quien le corresponde, ahora hay que ver bien a quien les corresponda y como, eso es lo que hay que afinar en la ley de esa reglamentación". (Nariño, 2011)

Aun cuando existan serias críticas sobre el proyecto de ley de reparación de víctimas de la violencia armada en Colombia, sobre la base de los altos e incalculables costos que demandaría para las finanzas públicas, si con ello se contribuye a lograr la paz y la reconciliación nacional en Colombia y permitir que las víctimas de la violencia armada reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida, debe darse vía libre al mismo, pues, frente a dicho propósitos, cualquier cantidad de recursos resultarían pocos en pro de alcanzar el objetivo. El costo de la violencia en Colombia, en términos de pérdidas de vidas humanas, desplazamiento forzado, y crisis social, no puede medirse en términos económicos, ni tampoco dicho factor puede ser un impedimento para lograr la tan anhelada paz.

Conclusiones

En esta monografía se llegó a diversas conclusiones acerca del conflicto armado y los graves problemas sociales, económicos y políticos que ha desencadenado el paramilitarismo a lo largo de los últimos treinta años en Colombia; como muestra del poder y el control que tenían dichos grupos sobre la organización estatal y sobre la comunidad nacional.

Consientes del conflicto armado que hoy existe en Colombia, y las graves consecuencias que el mismo le ha dejado al País, en centenares de muertes, desplazamiento, devastación, destrucción, pobreza y marginamiento, el Estado y la sociedad, deben asumir el compromiso histórico de encausar todos sus actos, acciones y ejecutorias, hacia la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. Por eso creo que es un deber y un compromiso propio del Estado, con la colaboración de la población civil, desmantelar la estrategia paramilitar, perseguir a sus promotores, ejecutores y encubridores, así como también, depurar las responsabilidades y adelantar el enjuiciamiento de los responsables de cada uno de los actos que han perjudicado a la sociedad, ya que considero indispensable que eso ocurra para llegar a reconstruir la verdad y lograr una sociedad más igualitaria y justa, y a su vez, encontrar y desarrollar un debido orden democrático y un verdadero Estado Social de Derecho, como lo propugna nuestra Constitución Política.

Sin duda que los grupos paramilitares son verdaderas organizaciones criminales y delictivas que, dentro del objetivo de lograr la paz y la reconciliación nacional, deben ser confrontadas por el Estado con todos los instrumentos con los que cuenta para combatir el delito y sobre sus miembros debe recaer toda la responsabilidad penal que corresponda a sus conductas; de la misma forma, el Estado debe trazar una verdadera estrategia de reparación en favor de las víctimas de este fenómeno, apropiando los recursos para las respectivas indemnizaciones, recursos que también deben provenir de los patrimonios personales de los jefes paramilitares, que en últimas son recursos de las propias víctimas. Como ya se mencionó, si una ley general sobre reparación de víctimas de la violencia, que implique una vasta apropiación de recursos públicos, contribuye a lograr la paz y la reconciliación nacional en Colombia y permitir que las víctimas de la violencia armada reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida, debe darse vía libre a la misma, pues, frente a dicho propósitos, cualquier cantidad de recursos resultarían pocos en pro de alcanzar el objetivo.

Ahora bien, el paramilitarismo, por todo lo que ha sido históricamente y lo que aún es, es un fenómeno de violencia política que debe ser denunciado por todas sus implicaciones en masacres, desplazamiento forzado, tortura, amenaza, aniquilamiento, mentira y crueldad. Pero silenciarse frente a los crímenes que han cometido, en nada ayuda a la adecuada construcción de la paz, puesto que ésta jamás se puede edificar sobre la mentira, y mucho menos, manteniendo vigentes los mecanismos del crimen y de la impunidad. Siendo éstas, razones de sobra para que el Estado corte cualquier tipo de nexo causal con dichos grupos y pueda recuperar y limpiar su institucionalidad, pues no es posible permitir que organizaciones armadas, que incurren en crímenes de lesa humanidad y en el terror, actúen bajo el nombre del Estado o con su consentimiento. Pero en el proceso de búsqueda de la paz, es de vital importancia que el Estado reconozca y garantice los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, como principios fundamentales que cada uno de ellos tiene y que por ningún motivo pueden ser negociables, tal y como lo afirman en el siguiente manifiesto por la paz y los derechos humanos en Colombia muchas ONG y entidades políticas a nivel mundial:

"… el perdón solo podrá venir de las víctimas y nunca de los victimarios. El perdón no se decreta. La capacidad de perdonar es inherente a la víctima y está relacionada con la necesidad de saber la verdad y ver realizada la justicia. Solo así el pasado será pasado aunque nunca olvido". (Derechos Humanos , 2000)

Cabe destacar, que la comunidad internacional, a través de los distintos entes intergubernamentales, ONG y los propios Estados, tiene la responsabilidad de hacer un llamado al Estado colombiano para que en el País se respeten los derechos humanos y se acaten las normas del Derecho Internacional Humanitario y los convenios internacionales que en esa materia han sido suscritos por Colombia y que la comprometen en el concierto internacional de las naciones. En cumplimiento de tales mandatos, el Estado colombiano debe tener como prioridad indiscutible, y así se lo debe exigir la comunidad internacional, el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y el castigo y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes que éstas han cometido. Solo logrando tales cometidos, se pueden generar condiciones para la reconstrucción del país y para encontrar la paz con justicia social y la reconciliación nacional.

También la posición de la sociedad frente al paramilitarismo debe ser, por supuesto, de total y absoluto rechazo. Considero que en nuestro país, los fenómenos de violencia en general, y la violencia paramilitar en particular, han desestabilizado la sociedad y ha causado daños irreparables en su población. El hecho de que el paramilitarismo actúe por fuera de la ley y en alianza con grandes grupos delincuenciales, deslegitima cualquier justificación posible sobre su existencia. La historia muestra que en la búsqueda de sus objetivos, han dirigido sus acciones contra la población civil, ejecutando grandes y múltiples masacres y generando desplazamientos forzados en las distintas regiones. A raíz de estos hechos, las ciudades se han visto invadidas por compatriotas que han sido despojados de sus tierras y de su patrimonio y que llegan a ellas sin ningún futuro huyendo de la violencia paramilitar.

Nosotros los jóvenes de esta generación, también estamos comprometidos con la paz y la reconciliación de Colombia y, por tanto, debemos encausar nuestros actos al logro de ese objetivo. El compromiso inicial, en aras de tal propósito, es el de educarnos y formarnos con valores, basando nuestros actos en la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el perdón, la rectitud y la ética, buscando con ello una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva, donde todos tengamos oportunidades y podamos vivir dignamente. En un futuro, y bajo los principios señalados, nos corresponde contribuir, a través de nuestra fuerza de trabajo, al desarrollo y progreso del país.

Bibliografía

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Anexos

Anexo 1:

Entrevista transcrita Doctor Juan Camilo Nariño, economista y politólogo.

ENTREVISTA ECONOMICA

• 1. Distintas fuentes coinciden en definir el paramilitarismo como una estructura u organización armada paraestatal creada para combatir los grupos guerrilleros. ¿Qué factores cree usted que influyeron para que el paramilitarismo transformara su carácter antisubversivo?

Yo lo que veo es que la discusión es por supuesto de las zonas donde se creó el paramilitarismo, fue una ausencia total del Estado, que por algún tiempo importante permaneció así, pero al ya no estar en el proceso de desmovilización, al conversar con los paramilitares, al preguntarle a los comandantes del por qué estaban desmovilizándose. Uno lo que puede ver es que esa situación de permisividad en algunas regiones empezó a cambiar y de manera muy fuerte, entonces ellos empiezan a sentir que hay un Estado persiguiéndolos, siendo estos personas que han estado acostumbradas a vivir, comandando grupos y frentes sin mayor persecución, y cuando empiezan a sentir dicha persecución por supuesto empiezan a sentir una presión para desmovilizarse. Si usted me dice que esto es una creación paraestatal, yo lo pensaría que es una creación de un monstro que principalmente se pensó que era una solución y que se creó por civiles o grupos de importancia de algunas regiones, que después empezó a tener una permisividad del Estado en algunas regiones, pero que no fue creado por el Estado, que es distinto.

2. ¿Desde una perspectiva económica, que críticas cree usted que le caben al proyecto de ley de reparación de víctimas de la violencia en Colombia, que actualmente se tramita en el Congreso de la Republica?

Mi inquietud en esto es en el alcance y el marco en el que se va a desarrollar esa ley, es decir, que victimas de la violencia se van a atender, en qué condiciones, en que formas porque aquí hay que de alguna forma dimensionar esto, porque el Estado no tiene plata para pagar esas expectativas que salen en general, entonces esas iniciativas de la ley de víctimas, Colombia estaba en mora de tenerlas, era necesario tenerlas hace mucho tiempo, ahora para que esas enormes expectativas que ahí entorno a eso, no queden como una propuesta mas, tienen que acotarse muy bien a la ley, tiene que saberse muy bien a que se va a responder y a que no. Entonces mi inquietud es el alcance de cómo se va a enmarcar esa ley para que se cumpla con las expectativas .Acá somos expertos en sacar unas leyes muy grandes, unas expectativas muy grandes, pero que a la hora de concretarlas nada, además deben ser inmediatas, debe promulgarse la ley y empezar el proceso de reparación y de entrega de tierras a quien le corresponde, ahora hay que ver bien a quien les corresponda y como, eso es lo que hay que afinar en la ley de esa reglamentación.

• 3. . De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Red de Solidaridad Social, en Colombia se registran actualmente más de dos millones setecientos (2.700.000) desplazados por la violencia. ¿Cree usted que esta cifra es real ?, y si lo es, ¿A cuánto cree usted que asciende el estimativo de recursos que ha tenido que apropiar el Estado durante los últimos cinco años para la prevención del desplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación y estabilización socio- económica de los desplazados internos de Colombia?

Yo no sé, Laureano Gómez decía que la estadística es aquello con lo cual o sin lo cual, siempre quedamos tal cual. Si Colombia se ha caracterizado por no tener cifras de nada, y eso es un problema que hay que solucionar. Seguramente la violencia y tantos años de violencia han generado un desplazamiento o algo parecido a eso, yo ahí veces me atrevo a decir que esas cifras de la violencia suelen dimensionarse un poco más de lo normal que es realmente, pero habrá que ver, pero no tengo argumentos para debatir eso.

• 4. ¿Qué costos económicos cree usted que ha traído para el país la política de reinserción de los grupos paramilitares en Colombia?

Yo no sé las cifras, pero cualquier costo es menor, si hubiera una consciencia en cuanto a eso. Todos los programas de reinserción y reincorporación en el mundo entero, debe ser una política de Estado y deben rodearse de recursos económicos, de recursos físicos y ponerse todo el Estado a disposición para que esa reincorporación suceda de buena forma. Entonces yo creo que el proceso de reincorporación en Colombia ha sido corto, no sé en recursos, pero en efectividad si lo sé, es decir, hay que poner todo el Estado a funcionar para que las personas que se desmovilicen de un grupo armado, no vuelvan a la ilegalidad, ya que dieron el transito a la legalidad, que realmente se les acompañe en el proceso para que no vuelvan a la ilegalidad. ¿Qué es lo más fácil? Que una persona de 17 años o de 20 años en Córdoba, que desde los 12 ha estado en la ilegalidad en un grupo armado, la cosa más fácil es pasarse al narcotráfico, entonces el Estado tiene que poner toda la disposición para que esto no siga.

• 5. . ¿Cuáles cree usted que deben ser las acciones que tiene que adoptar el gobierno para ponerle fin al fenómeno paramilitar?

Esa pregunta supone que hoy existe un fenómeno paramilitar. Yo a veces pienso, porque además de todo lo viví, yo estuve tres años en eso, pero siento que el fenómeno actual, que algunos asemejan con un fenómeno paramilitar, es un fenómeno de narcotráfico. Las estructuras paramilitares, como así lo define el derecho internacional, entre otras, que existían antes, con mandos unificados, manejo completo del territorio y de más, hoy no las tiene, esas estructuras por definición, se acabaron con los procesos de desmovilización, ahora que dichos procesos, llevaron a la creación de grupos netamente vinculados al narcotráfico. Las estructuras paramilitares de antes, financiadas por supuesto por el narcotráfico y demás, e inclusive muchos que llegaron al proceso siendo narcotraficantes, eso sí, sin un pasado paramilitar, esas estructuras se desmovilizaron, sus jefes hoy están en Estados Unidos en proceso de extradición, pero el paramilitarismo como tal, tal vez es un problema de nombres y de palabras, yo me refiero a las estructuras ilegales armadas, donde 2000 hombres, 1300 hombres que existían antes, que manejaban todo en Vichada, todo el oriente antioqueño, todo Nariño, para poder traficar, un bloque como el bloque Bolívar, estos bloques y esas estructuras hoy como eran antes ya no existen.

Existen los grupos de narcotraficantes, incluso más vinculados a unos fenómenos urbanos y esa diferenciación es muy importante hacerla, porque cuando usted combate la ilegalidad urbana o rural, tiene distintas maneras de hacerlo, una con el ejército y la urbana tiene unas características y unas connotaciones para acabar con esas ilegalidades distintas, más vinculadas a la policía, a informantes urbanos. Entonces, esa diferenciación es muy importante para entender que es lo que está pasando en el país. Ya usted puede ir a las fincas por ejemplo, eso antes no se podía hacer, por un fenómeno paramilitar como también por un fenómeno de los grupos guerrilleros.

Hoy usted tal vez cuando le pregunta a sus amigos y de más, se siente más inseguro en las ciudades que en el campo, cosa que no existía antes y esa inseguridad en las ciudades se debe básicamente a grupos, que seguramente muchos de los procesos de desmovilización de los paramilitares, que se fueron a las comunas de Medellín, a los barrios de Bogotá, de Cali y demás, pero insisto, no son estructuras como las de antes, no son estructuras a lo que antes se llamaba paramilitarismo, si hoy se quieren inventar una nueva forma de paramilitarismo, pues muy bien, pero lo que existía antes, esas estructuras fuertes ya no existen.

Anexo 2:

Entrevista transcrita doctor Juan Camilo Nariño. Economista y politólogo.

ENTREVISTA POLITICA

• 1. ¿Cuál cree usted que es el origen del fenómeno paramilitar en Colombia?

Sencillamente, la ausencia del Estado, una ausencia del Estado, por años en algunas regiones que llevo al paramilitarismo, que genero una bola de nieve y de violencia que nunca el país se imagino, eso fue lo más nefasto que le pudo pasar al país, bueno como reacción a la guerrilla, que no estamos hablando de esa otra bola gigantesca de violencia.

• 2. ¿Cuáles cree usted que fueron las circunstancias políticas que incidieron en la agudización del fenómeno paramilitar durante la década de los años ochenta en Colombia?

Una inhumana presencia guerrillera por todo el territorio nacional y una ausencia del Estado para combatir esa guerrilla y una, en parte en algunos lugares, permisividad del Estado para que esos grupos paramilitares crecieran y cogieran fuerza. Esos tres factores, un Estado que no hizo presencia, unos municipios del país que no tenían fuerza pública, que no tenían jueces, que no tenían autoridad, que la guerrilla con todo ese espacio de autoridad, sumado a una financiación de grupos para combatir eso sin Estado, y después una permisividad en muchas regiones del país de ese fenómeno paramilitar que llevo a un crecimiento exagerado, que después le corto la cabeza otro mundo, literal y no literalmente pero fue un fenómeno que al vincularse con el narcotráfico perdió cualquier sentido y perdió cualquier razón de ser, nunca debió ser pero así se formo, al igual que la guerrilla.

• 3. ¿Qué beneficios cree usted que trajo para el país la llamada política de seguridad promovida y ejecutada por el presidente Uribe durante sus dos periodos presidenciales (2002-2010)?

Muchos, voy a hablar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social del país. En el punto de vista económico, Colombia había tenido históricamente antes del 2000, por ejemplo, una inversión extranjera directa que no llegaba a los mil millones de dólares, pues en el 2007 y 2008 ya había una inversión extranjera en el país de unos diez mil millones de dólares. Eso no existía antes, Colombia pasó de tener un producto interno o per cápita en el año 2000 de unos 2300 dólares por persona, a tener ahora un producto per cápita de casi 6000 dólares por persona. El país paso a tener unas exportaciones de cuarenta mil millones de dólares en el 2005 a ochenta mil millones de dólares cinco años después, es decir, la política de seguridad democrática, sumada a otras cosas, pero básicamente esa estructura, esa columna vertebral, genero en el país una confianza que antes no existía.

Antes Colombia era un país que internacionalmente no se tenía en cuenta para absolutamente nada y esa política de seguridad democrática, reconstruyo la confianza de afuera en el país y la confianza nuestra para poder llegar a ofrecer cosas en el mundo, productos, bienes, mercados y de mas. Ya desde el punto de vista económico o desde el punto de vista turístico, si usted revisa por ejemplo, las cifras de visitas y de viajes por carretera, en los peajes, Colombia es un país, hoy distinto que al de hace 8 años. Eso va estrictamente ligado a una política de seguridad que llevo la fuerza pública, algunos dirán que entonces se ha llevado corrupción, pero que llego esta institucionalidad a todos los municipios del país, jueces, llevar policías, llevar ejercito cuando lo corresponda a municipios donde tenía la última palabra el que más fuerte hablara con un fusil en la mano. Eso sigue pasando, pero ya no es tan generalizado como antes, de algo sirvió para disminuir esto.

Desde el punto de vista de la violencia como tal, yo sí creo que contribuyo a que hoy el país socialmente sea un país con menos presión de grupos al margen de la ley. Esa presión militar, llevo a que se diera a cabo la desmovilización de grupos paramilitares, treinta seis mil hombres, diecisiete mil armas por fuera de la guerra. Muchos dicen que esa política de seguridad democrática lo que hizo fue desmovilizar campesinos que no estaban vinculados a los grupos paramilitares, puede ser verdad, pero si ustedes a mi me ponen a escoger entre desmovilizar unas estructuras paramilitares en las que posiblemente el veinte por ciento de esos grupos, sean personas que no tenían vínculos con los grupos armados y en sí, con la estructura militar, yo sigo insistiendo en que es preferible desmovilizar la estructura militar y asumir el costo del vente por ciento que no pertenece a la estructura.

Anexo 3:

Entrevista transcrita doctor José Antonio Cepeda Amaris. Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia

ENTREVISTA JURÍDICA

• 1. ¿Cuál ha sido la incidencia del paramilitarismo en el fenómeno de violencia en Colombia en las últimas décadas?

Yo creo que no existe discusión en torno a la afirmación a que el paramilitarismo ha jugado un papel importante en el fenómeno de la violencia en Colombia por lo menos durante los últimos 30 años, la violencia en Colombia en realidad es una violencia estructural, una violencia endémica, la manera como la describe la jurisprudencia de la Corte Constitucional para significar que nuestro país ha vivido permanentemente en situación de violencia, han sido distintos los fenómenos que han incidido en ese fenómeno de violencia, podríamos decir que en los mismos albores de la republica a partir del grito de independencia nos unimos en una confrontación de orden partidista, fuimos evolucionando y esa violencia se fue transformando después con los grupos de izquierda una violencia antisubversiva y en esos momentos surgen los grupos paramilitares como formas de reacción a la violencia guerrillera y como consecuencia a la debilidad del Estado para afrontar esos grupos guerrilleros.

A partir de ese momento podríamos decir que el fenómeno paramilitar ya entra a ser protagonista en el fenómeno de violencia en Colombia, lo que ha ocurrido con el fenómeno paramilitar es que ha cambiado sus objetivos de guerra, repito, inicialmente centrémonos en el gobierno del presidente Turbay Ayala en el año 78 y en el gobierno del presidente Belisario Betancourt en el año 82 para decir que durante el gobierno del presidente Turbay se implemento lo que se llamo la doctrina de la seguridad nacional, parte de su compromiso de gobierno del presidente Turbay era combatir a esos grupos guerrilleros de esa manera se genero una filosofía de confrontación o de guerra para enfrenta esa copula militar para enfrentar a los guerrilleros y durante los 4 años del presidente Turbay digamos que las fuerzas armadas entraron a enfrentar a los grupos guerrilleros.

Cuando sube en el año 82 el presidente Belisario Betancourt al poder, cambia sustancialmente, le da un vuelco radical a esa política, para plantear una política de paz con los grupos guerrilleros. Dicha política de paz que implico el reconocimiento político de un acuerdo con esos grupos guerrilleros, genero una inconformidad en la cúpula militar que precisamente llevo a apoyar de manera subrepticia a estos grupos armados de civiles conocidos como paramilitares para que por fuera del Estado, por fuera de la ley se mantuviera esa confrontación que había sido legitima durante el gobierno del presidente Turbay de manera que en ese momento esos grupos paramilitares entran a confrontar a los guerrilleros con el visto bueno del apoyo de la cúpula militar en preparación, entrenamiento, armas y de algunos sectores de la sociedad no solo sociales sino también políticos que veían en esos grupos paramilitares la posibilidad que no tenía el Estado de confrontar y de disminuir a esos grupos guerrilleros. Esa es la primera fase del paramilitarismo y digamos que inicia su protagonismo en el escenario de la violencia en Colombia con ese objetivo de confrontar los grupos guerrilleros.

Posteriormente esos grupos paramilitares empezaron a desviarse de ese objetivo y a centrar su propósito en adquirir un poder político y económico con el propósito precisamente de mantener su hegemonía y en esa forma fue transformando ese objetivo de confrontar a esos grupos guerrilleros ya para obtener intereses particulares o servir a ciertos sectores, concretamente a los sectores del narcotráfico que empezaron a surgir en los años setentas y a servir a los objetivos que estos grupos narcotraficantes tenían también dentro del propósito de hacerse al poder político, económico y social. Esa transformación de los grupos paramilitares genero, digamos dentro de su filosofía ya un propósito donde se comprometían no solamente su confrontación a los grupos subversivos y a los grupos de izquierdas que eran las alas políticas de esos grupos guerrilleros sino que ya hubo una intromisión con otros sectores sociales, incluso no partidistas sin ninguna filosofía política porque el objetivo se transformo, y ya lo que se perseguía era el poder de la tierra, el poder económico, político y involucraron a toda la sociedad en esa confrontación de modo que la población termino siendo víctima de estos grupos paramilitares, digamos que ese objetivo de atacar a la población y de hacerse al poder a cualquier costa a través de cualquier costa a través de la persuasión, de la amenaza y a través de las acciones violentas, se prolongo hasta el gobierno del presidente Uribe, donde se plantea ya una política directa de paz con estos grupos con el fin de disminuir su capacidad bélica y de permitir que se entregaran al Estado y fueran juzgados por este con unas prerrogativas especiales que se les reconocían para esos efectos.

Entonces digamos que el fenómeno paramilitar, su influencia ha sido máxima en los últimos 30 años y a partir de su protagonismo en la violencia en Colombia se genero un fenómeno de disparado pues, de violencia que no ha sido posible controlar y repito que, tiene su mayor margen de manifestación hasta el momento en que el Presidente Uribe sube al poder y propone una política de inserción o de reinserción de estos grupos a partir de la famosa ley de justicia y paz que se expidió para esos defectos y que podría ser objeto de un gran debate y de una larga discusión los propósitos de la ley pero por lo menos en ese momento se conoce claramente el propósito del Estado de reintegrar estos grupos, conocer sus acciones, de saber que ocurrió y cuáles fueron las consecuencias y los efectos de esa violencia paramilitar.

• 2. ¿Qué papel cree usted que ha cumplido la administración de justicia dentro del compromiso que tienen las autoridades públicas de combatir los grupos paramilitares?

La administración de justicia, es una rama del poder público que tiene como propósito el de perseguir y castigar o sancionar el delito, de manera que siendo esa su obligación constitucional y legal, la administración de justicia dentro de sus facultades y atribuciones, ha actuado dentro de ese escenario para combatir y para enfrentar este fenómeno paramilitar y los fenómenos de violencia cualquiera que ello sea, eso digamos dentro de lo que es la dogmatica jurídica es lo que ha ocurrido y lo que ha de ocurrir, ¿Qué es lo que ocurre en la práctica?, en la practica la administración de justicia ha sido insuficiente y no ha sido constante en la persecución de estos fenómenos de violencia que están sumados al paramilitarismo.

Digamos que este fenómeno se ha manifestado a través de dos grandes acciones que atentan contra los derechos humanos que son las masacres y el desplazamiento forzado, las cuales son las acciones que ha llevado a cabo el paramilitarismo dentro de su política de tomarse el poder, no solo económico sino también político y social, lo ha hecho a través de este tipo de acciones, en lo económico tomándose la mayor proporción de tierras en el país, ha impulsado con ese fin el desplazamiento forzado, es decir, ha generado que la población rural que tiene sus pequeñas parcelas se desplace de sus lugares de residencia, de trabajo con el fin de tomarse ellos esas tierras y por su puesto a través de la amenaza, la coacción y la masacre ha logrado desplazar un gran número de pobladores de sus tierras.

Este fenómeno de desplazamiento sumado a las masacres ha hecho que la administración de justicia actué dentro de esos dos escenarios, dentro del escenario judicial propiamente dicho a través de los jueces penales y de las corporaciones de la jurisdicción ordinaria que se enmarcan en ese aspecto del derecho penal, pues han procurado no digamos en mayor medida, pero de alguna forma de juzgar a las cabezas de estos movimientos con el propósito de sancionar sus conductas y combatirlas. En cuanto al fenómeno del desplazamiento propiamente dicho de las masacres, tendré que manifestar que la Corte Constitucional ha venido cumpliendo un papel importante alrededor de estos dos fenómenos surgidos de las acciones de tutela propiamente dicha y del mismo control de constitucionalidad de las leyes en el sentido de llamar la atención del Estado, para que este adopte las políticas pertinentes con el fin de dar atención a la población desplazada y a la población que ha sido víctima de la violencia paramilitar y de la violencia en general y que a través de decisiones judiciales ha comprometido al Estado para que desarrolle una política pública pendiente a la atención y protección de estos grupos poblacionales que han sido víctimas del paramilitarismo.

En el año 2004, la Corte Constitucional dicto una sentencia muy importante con efectos generales en la que obliga al gobierno nacional a través de sus distintos órganos de asumir una política dirigida a atender a la población desplazada y victima de la violencia, es una sentencia que ha continuado en desarrollo, existe una sala de seguimiento al interior de la Corte que se encarga de vigilar, de velar, porque el Estado, el gobierno de turno, a través de las distintas autoridades asuma protagonismo en la atención y lleve a cabo las políticas públicas que sean necesarias para brindarle protección a estos grupos y para restablecerlos nuevamente a su medio y para permitirle a estas personas que puedan desarrollarse como tal y puedan seguir adelante en sus vidas.

De manera pues que, digamos que la administración de justicia, para resumir, ha combatido con la acción penal los actos paramilitares, puede ser que no hayan sido muy efectivas, pero en todo caso se continua en la labor de perseguir estas conductas delictivas, y desde el punto de vista constitucional, si ha llevado una labor importante a través de la Corte Constitucional, donde se le ha exigido al Estado que asuma los compromisos y obligaciones frente a estas poblaciones y les brinde la debida atención y protección que ellas requieren.

• 3.  ¿Qué factores cree usted que influyeron para que el paramilitarismo transformara su carácter antisubversivo?

Bien ya habíamos hablado y hacemos un recuento breve que los grupos paramilitares se formaron con el fin de combatir a los grupos guerrilleros, estos grupos paramilitares estaban dijimos auspiciados por la fuerza pública porque era la manera como subrepticiamente podrían seguir actuando en contra de los grupos guerrilleros, pero además tenían el apoyo de ciertos sectores sociales, concretamente de los ganaderos que venían siendo víctimas de las extorciones y secuestros de los grupos guerrilleros y se vieron entonces, en la necesidad ante la inoperancia del Estado para combatir esos grupos de apoyar económicamente a los grupos paramilitares. ¿Qué factores incidieron en la transformación del paramilitarismo? Yo creo que dos factores fundamentales, primero un factor económico, es decir, los grupos paramilitares para poder desarrollar sus acciones y actividades requerían necesariamente de un apoyo económico. Para eso tuvieron que transformar sus formas de financiarse y se vieron entonces permeados por los grupos narcotraficantes y este se volvió en un factor determinante de apoyo con esos grupos paramilitares, por lo tanto ese objetivo paramilitar empezó a cambiar su rumbo y entonces ya el narcotráfico empezó a ser muy importante haciendo que los grupos paramilitares no era necesariamente combatir los grupos guerrilleros sino obtener el poder político y económico necesario para llevar a cabo sus acciones de narcotráfico sin que el Estado frustrara digamos esas actividades, de manera que pienso que el fenómeno del narcotráfico fue fundamental para la transformación de los grupos paramilitares en su objetivo antisubversivo para luego convertirse en grupos al servicio de sectores sociales como lo fueron los narcotraficantes.

• 4. . Como funcionario judicial ¿cuáles han sido su sus vivencias o experiencias alrededor del fenómeno paramilitar?

Bueno en efecto, yo me desempeño o me he desempeñado en los últimos 20 años como funcionario de la rama judicial, completamente el estado vinculado a la corte constitucional lo he hecho en los últimos 18 años y digamos que el estado cerca al fenómeno paramilitar no propiamente al fenómeno sino a las manifestaciones de el fenómeno paramilitar habíamos mencionado en la respuesta anterior que dos de las manifestaciones más relevantes de los paramilitares han sido las masacres y las violencias y las y las desplazamiento forzado esos dos factores de violencia han sido objeto de estudio por la corte constitucional atreves de distintos escenarios y de distintas vías a la corte constitucional le corresponde dentro de sus funciones la protección de los derechos fundamentales pues bien las acciones paramilitares han generado una violación permanente y continua a los derechos fundamentales de las poblaciones que han sido víctimas de sus acciones ya sean e las masacres o del desplazamiento forzado.

Alrededor del fenómeno del desplazamiento forzado están la amenazas, están las los delitos sexuales la violencia sexual, están los asesinatos, las persecuciones bueno la corte a recibido. Dentro de su acción de la protección de los derechos fundamentales distintas a conocido distintos procesos atreves y a tramitado distintos procesos alrededor de personas de líderes comunales líder sociales líderes cívicos que han sido víctimas de amenazas o de delitos de esos grupos paramilitares la corte a conocido por vía de acción de tutela estas circunstancias y a protegido y a ordenado a dictado órdenes asía las autoridades gubernamentales y de otros órdenes a fin de darle protección a estas personasen cuanto al fenómeno del desplazamiento ya lo mencione la corte e a conocido de cerca este fenómeno ha actuado atreves de sus decisiones y lo repito, produjo en el año 2004 sentencias muy importante que todavía está en desarrollo que está en ejecución que es la famosa sentencia de los desplazados donde nos hemos involucrado directamente con estas circunstancia con las vivencia de estos grupos para que y será obligado al gobierno y a las distintas autoridades que sean consientes de la situación de desgracia de la situación crítica de estas personas de la vibración manifiesta de sus derechos para que adelante acciones tendientes a la profesión de estos derechos y al restablecimiento de sus derechos de manera pues que la experiencia ha sido muy fructífera, ha sido muy dolorosa, ha sido muy cercana y la corte dentro de su función de la protección a los derechos fundamentales a llevado e ha adelantado e acciones muy importantes en torno a la protección. Rápidamente finalizo señalando que desde otro punto de vista, desde otra perspectiva hemos tenido también conocer lo que es el fenómeno paramilitar atreves del control de constitucionalidad que la corte realizo la ley de justicia y paz.

Ya dijimos que la ley de justicia y paz fue una manifestación jurídica que hizo el estado a través del congreso de la republica y el gobierno nacional para lograr la reinserción, para lograr que los lideres se reinsertaran a la sociedad confesaran sus delitos y fueran sancionados digamos con unos beneficios muy especiales siempre y cuando se cumpliera el compromiso de confesar los delitos que habían cometido y todos los actos de violencia que se habían generado, pues bien la corte esa ley que expidió el congreso de la republica fue a control constitucional a la corte constitucional y en esa perspectiva la corte también llevo a cabo una labor muy importante con el fin de ajustar la ley para que en todo caso la ley que si bien reconocía beneficios a estos actores de los grupos paramilitares con el fin de que confesaran sus delitos no fuera excesivamente benévola de la manera que permitiera que finalmente lo que se generara atreves de esos actores de violencia fue una burla a la administración de justicia , una burla a la sociedad ,una burla al país y a la comunidad internacional la relación con sus conductas. La corte llevo a cabo una acción importante para asegurarse de que estas personas fueran juzgadas, fueran sancionadas y se reivindicaran con las victimas y reconocieran indemnizaciones y finalmente pagaran por los comportamientos delictuosos que habían cometido esa digamos seria la experiencia con relación al fenómeno paramilitar.

• 5.  ¿Cuáles cree usted que deben ser las acciones que debe adoptar el gobierno para ponerle fin al fenómeno paramilitar?

La pregunta es difícil como lo es la respuesta, no podría decir yo que tengo la formula sagrada o la fórmula mágica que permita ponerle fin al fenómeno paramilitar, alrededor de dicho fenómeno ahí una seria de circunstancias sociales, políticas que involucran un tema macro y que difícilmente podría yo resolver, digamos que dentro de una perspectiva general habría que señalar que la comunidad internacional se ha manifestado alrededor de la violencia en el mundo y en Colombia y a través de compromisos internacionales que ha adquirido el país ha generado ciertas soluciones que se han planteado para ponerle fin al fenómeno de violencia y concretamente al fenómeno del paramilitarismo .

La comunidad internacional a puesto en conocimiento y en practica unas series de acciones tendientes a abordar el fenómeno paramilitar para que este finalice desde la perspectiva jurídica y de la perspectiva política, lo ha hecho imponiéndole a los estados una serie de límites a las actuaciones con el fin de que si bien el Estado se le reconoce una capacidad negociar para efector de ponerle fin a estos fenómenos también se le imponen limites en el sentido de que no puede excederse en reconocimientos y en beneficios, de manera de que las acciones violentas queden impunes, es lo que se conoce como la famosa justicia transicional que llama el derecho internacional, la cual consiste en permitir que los Estados en efecto lleguen a acuerdos con estos grupos violentos con el fin de lograr la paz, pero que esos acuerdos no incluyan impunidad, sino que impliquen el cumplimientos de los principios de verdad, justicia y reparación, es decir que a la vez que el Estado puede negociar con ellos y ser benévolo en las acciones que se puedan poner no pueden dejar de haber sanciones, pero segundo debe haber un compromiso por parte de estos grupos para que digan la verdad y para que indemnicen a sus víctimas, de manera que así se cumplirían los tres ciclos de verdad, justicia y reparación , el Estado negocia con estos grupos con el fin de acabar la violencia, pero eso no significa que se perdonen, se reconozcan el principio de perdón y olvido a estos grupos sino que se enfrenten a un proceso, se les juzguen de una forma benévola, pero que estos se comprometan a decir la verdad de lo que ocurrió y además de indemnizar a sus víctimas, es eso desde el punto de vista político.

En Colombia el fenómeno paramilitar y de violencia, tiene un trasfondo social que difícilmente podríamos solucionar con una fórmula mágica que tiene que ver con la pobreza en Colombia, con la desigualdad material, mientras no logremos solucionar esos problemas y mientras no logremos avanzar hacia una sociedad mucho más justa, ecuánime, una sociedad de posibilidades y de inclusión de los diferentes grupos sociales, no podríamos hablar de terminada la violencia en Colombia, sino hablamos de una sociedad más igualitaria de mayores oportunidades no podríamos hablar de paz en Colombia, de manera que hoy será el fenómeno paramilitar y mañana serán otros fenómenos, ayer fue el fenómeno guerrillero y de alguna manera si estos fenómenos se han transformado o se han ido desapareciendo y llegaran otros, no sabremos cómo se llaman ni cuáles son, pero todo generado por la desigualdad, la diferencia social, por el abismo de las clases sociales que hay en el país y por la falta de atención de estos y de brindarles o garantizarles posibilidades de desarrollo, de vida digna, de adecuación, de salud, en fin.

Mientras no pongamos fin nosotros a nuestro problema social no podemos hablar de formulas mágicas para ponerle fin al fenómeno paramilitar, este podrá terminar, podrá ser finalmente sometido por las fuerzas del Estado, pero surgirán nuevos fenómenos con otros nombres o con otras características que siempre estarán auspiciados por este problema social que ocurre en este país y que no hemos podido solucionar y que no soy yo, digamos el llamado a resolverlo, como digo a través de una posición dogmatica o filosófica que pueda desarrollarse. No se ha resuelto este problema en el mundo, en ningún lado, se ha avanzado en el desarrollo del problema social y en la atención en otros países y creo que deberíamos copiar las formulas de los países desarrollados, de los más avanzados y tenemos que acabar con las diferencia de clases y desigualdades para que podamos hablar de una paz duradera hacia el futuro.

Anexo 4:

Grafico Masacres:

Anexo 5:

Grafico Desplazamiento:

ANEXO 6:

Consolidación Paramilitarismo:

Anexo 7:

ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA

• 1. PREGUNTA

¿Cuál es la incidencia del paramilitarismo en el fenómeno de violencia estructural en Colombia?

Objeto de Estudio:

Mostrar como el paramilitarismo ha incidido en los hechos de violencia política en Colombia durante los últimos treinta años, y como a través de sus acciones de barbarie y desolación, ha logrado infiltrar distintos sectores de la sociedad y el Estado, obteniendo un alto nivel de poder político, económico y territorial.

Problema de Investigación:

La incidencia del paramilitarismo en el fenómeno de violencia estructural en Colombia

Hipótesis:

Una realidad de injusticia, pobreza y marginamiento, sumada a la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos y para ejercer el control sobre el territorio y la población, son los fenómenos que han incidido en el surgimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley en Colombia, entre ellas , los grupos paramilitares y de autodefensa.

Justificación:

El paramilitarismo es una organización delictiva y criminal, que, en su forma de actuar contraria a la ley, ha servido a distintos intereses particulares, desestabilizando la sociedad y causando daños irreparables en su población.

• 2. OBJETIVOS

• Con esta monografía, pretendo transmitir a la juventud estudiantil, una información más detallada sobre la problemática social y política que genera el fenómeno paramilitar en Colombia, procurando que alrededor de dicha problemática, se genere un clima de reflexión y concientización sobre la necesidad de buscar soluciones futuras y definitivas, que le permitan a las nuevas generaciones de Colombianos vivir en un ambiente de paz y prosperidad.

• Evidenciar los distintos efectos y consecuencias que la violencia paramilitar y sus métodos de lucha han tenido en la sociedad Colombiana.

• 3. METODOLOGIA

Este proyecto, se concreta en la elaboración y presentación de un video acerca del fenómeno del paramilitarismo como una de las causas de la violencia estructural en Colombia. Para tales efectos, se llevara a cabo un trabajo previo de estudio e investigación sobre dicho fenómeno, con el fin de precisar su origen, causas, manifestaciones, repercusiones políticas y sociales, así como también las políticas implementadas por el Estado para enfrentar el paramilitarismo y algunas posibles soluciones al mismo.

• 4. BIBLIOGRAFIAS

• La obra "UNA LARGA NOCHE Los caminos del conflicto en Colombia", escrita por Nelly Castro, en cual la autora realiza un estudio cronológico sobre el conflicto armado en Colombia a partir del propio grito de Independencia, en el que se incluye el fenómeno del paramilitarismo.

• la obra "Paramilitares y autodefensas", escrita por Mauricio Romero, en el que el autor lleva a cabo un estudio cronológico, pormenorizado y detallado del paramilitarismo en Colombia, desde su surgimiento hasta nuestros días, refiriéndose a las causas, consecuencias y relaciones con las elites regionales y con la política.

• audio del abogado y sociólogo Alejandro Reyes Posada, que contiene una exposición sobre el surgimiento y expansión del paramilitarismo, partiendo de la bonanza marimbera y cocalera de los años 70 en la costa atlántica latifundista.

• el texto "Breve historia del paramilitarismo", cuyo autor es Alvaro Vázquez del Real Wednesday, escrito para el Semanario Voz el cual, a partir de un enfoque de corte socialista, lleva a cabo un estudio histórico sobre el fenómeno paramilitar y su relación con los movimientos de derecha y ultra derecha en Colombia.

• artículos del Periódico EL TIEMPO, "El verdadero origen del paramilitarismo en Colombia", del 15 de mayo de 2007 y "Bandas" "ruta prohibida en Córdoba", del 16 de enero de 2011;

• documental realizado por el periodista del canal RCN Guillermo Prieto LaRota, conocido como "Pirri", que trata el tema de la historia del paramilitarismo en Colombia, presentado el 27 de octubre de 2008;

DEDICATORIA:

A mis padres, José y Clemencia, que lo han dado todo por mí.

A mi hermana Andrea, por los momentos que hemos compartido, aun cuando ahora no estemos juntos.

AGRADECIMIENTOS:

Agradezco a mi padre por la orientación y ayuda incondicional que me brindo para la elaboración de esta monografía. También agradezco a mi tutor, Santiago Tobar, por su acuciosa dedicación en la corrección y realización del proyecto. De igual manera, debo agradecer al doctor Juan Camilo Nariño por sus acertadas opiniones.

Autor:

José Alejandro Cepeda Campos

Tutor: Santiago Tobar

Monografía para optar al título de bachiller

Colegio Gimnasio Campestre

Grado 11

Bogotá D.C

Viernes 26 de Mayo del 2011

[1] Para ampliar y clarificar el tema sobre el “Frente Nacional” se sugiere http (Biblioteca virtual- Biblioteca Luis Ángel Arango). Igualmente se puede consultar el artículo de Jorge Orlando Melo, “El Frente Nacional. Reformismo y participación política”, en el que el autor estudia las políticas emprendidas por dicho frente.

[2] Movimientos armados que pretenden la sustitución de un sistema político, económico y social por otro.

[3] Personas o grupos de personas que trafican con drogas ilícitas y que generan violencia en su actividad.

[4] Grupos armados que desarrollan las mismas técnicas paramilitares. Las autodefensas unidas de Colombia (AUC), fue una organización ilegal paramilitar de extrema derecha, creada en abril de 1997 en Colombia para  reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos de los múltiples grupos paramilitares y de autodefensa regionales pre existentes.

[5] Fuerza armada que actúa de forma paralela y coordinada con las fuerzas del Estado para confrontar la subversión.

[6] ara un análisis técnico y estadístico se sugiere: “El conflicto, callejón con salida .INDH. Colombia 2003. En http://www.pnud.org.co/indh2003

[7] Para profundizar sobre la agudización del fenómeno paramilitar en Colombia se pueden consultar: Paramilitares y autodefensas, 1983-2003, Editorial Planeta-IEPRI por Mauricio Romero.

[8] Sentencia de la Corte Constitucional T-1346 de 2001.

[9] Sobre el tema se pueden consultar entre otras las sentencias de la corte Constitucional T-025 de 2004, T-630 de 2009 y T- 599 de 2008

[10] Periódico El Tiempo domingo 16 de enero del 2011 “Bandas” “Ruta prohibida en Córdoba” pagina 4