El paramilitarismo como uno de los fenómenos de violencia en Colombia

Objetivos

GENERAL:

• Evidenciar los distintos efectos y consecuencias que la violencia paramilitar y sus métodos de lucha han tenido en la sociedad Colombiana.

ESPECIFICOS:

• Transmitir a la juventud estudiantil, una información más detallada sobre la problemática social y política que genera el fenómeno paramilitar en Colombia.

• Generar un clima de reflexión y concientización sobre la necesidad de buscar posibles soluciones al fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

• Plantear un nuevo tipo de sociedad, pacifica e incluyente.

Resumen

El paramilitarismo es uno de los fenómenos que ha contribuido a la grave situación de violencia política que ha vivido Colombia durante las últimas décadas. Aun cuando en sus orígenes, se constituyó bajo la forma de un movimiento contrainsurgente, cuyo único objetivo era combatir los grupos guerrilleros que agredían la sociedad colombiana, con el paso del tiempo, se convirtió en una verdadera organización delictiva y criminal, al servicio de intereses particulares, que cooptaron los espacios dejados por las autoridades legítimas, dirigiendo sus acciones de represión y barbarie contra la población civil, en el camino de apoderarse de la tierra y de obtener el poder político, social y económico.

Las organizaciones paramilitares, mediante la violencia -las amenazas, los asesinatos, las masacres, las torturas y el desplazamiento forzado-, y con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad y del Estado, no solo han logrado generar terror e intimidación en la población civil, sino también, imponer su autoridad en vastas zonas del territorio nacional. Estos grupos armados al margen de la ley, constituyen, entonces, una amenaza contra la estabilidad institucional, en cuanto actúan en franco desconocimiento del Estado Social de Derecho.

Colombia, consciente de las graves consecuencias que el conflicto armado le ha dejado al País, a través de sus autoridades, y con el apoyo de los distintos sectores políticos, sociales y económicos, debe asumir el compromiso histórico de garantizar a sus habitantes la paz y la reconciliación nacional. Con ese propósito, le corresponde adelantar una verdadera política de desmovilización y reinserción social, que garantice el juzgamiento y castigo de los autores generadores de violencia, el conocimiento de la verdad sobre los hechos delictivos y la reparación de las víctimas del conflicto armado, asegurándole a éstas unas condiciones de vida digna y el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

El Estado no puede seguir tolerado la existencia de grupos armados al margen de la ley, cualquiera sea su denominación. La disolución y desmantelamiento de estos grupos constituye una obligación ineludible del Estado, para que éste pueda recuperar su institucionalidad y se ponga fin a la violencia generalizada y sistemática que nos aqueja.

Introducción

El paramilitarismo es un fenómeno de violencia de enorme gravedad, cuyos actos han causado mucho daño a la sociedad colombiana y al país en las últimas décadas. Sus acciones se han reflejado en innumerables masacres, barbaries, desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, amenazas y masivos desplazamientos forzados. Se presenta bajo la forma de una estructura u organización armada contrainsurgente de tipo militar y paraestatal, contraria a la ley, que surge en Colombia en los inicios de la década de los años 80 y que se ha diseminado a lo largo y ancho del territorio nacional, con el apoyo de algunas células de la fuerza pública, de ciertos grupos económicos y políticos, del narcotráfico, e incluso de algunos sectores sociales, quienes lo han promovido con un propósito de represión, particularmente, respecto de movimientos alternativos tanto políticos como sociales, y dentro del fin último de obtener el poder político, económico y social.

Una realidad de injusticia, pobreza y marginamiento, sumada a la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos y para ejercer el control sobre el territorio patrio y sobre su población, son los fenómenos que han incidido en el surgimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley en Colombia, entre ellas, los grupos paramilitares y de autodefensa, quienes pretender legitimar políticamente su execrable y cruel estrategia delictiva y criminal.

La disolución y erradicación de los grupos paramilitares, y la extinción de cualquier vínculo entre éstos y los distintos sectores de la sociedad colombiana y del Estado, se constituye en un propósito urgente e ineludible para que el país pueda recuperar su institucionalidad y sus habitantes llevar una vida digna y justa. No se puede seguir tolerando que este tipo de organizaciones armadas, con su infinito e insaciable deseo de poder, continúen llevando a cabo actos de terror y crímenes de lesa humanidad en contra de la población y con la anuencia de ciertas autoridades y grupos sociales y económicos.

Este proyecto pretende mostrar cómo el paramilitarismo ha incidido en los hechos de violencia política en Colombia durante los últimos treinta años, y cómo a través de sus acciones de barbarie y desolación, ha logrado infiltrar distintos sectores de la sociedad y el Estado, obteniendo un alto nivel de poder político, económico y territorial. Además, en este trabajo, pretendo transmitir a la juventud estudiantil, una información más detallada sobre la problemática social y política que genera el fenómeno paramilitar en Colombia, procurando que alrededor de dicha problemática, se genere un clima de reflexión y concientización sobre la necesidad de buscar soluciones futuras y definitivas, que le permitan a las nuevas generaciones de Colombianos vivir en un ambiente de paz y prosperidad, alejado del conflicto que ha marcado al pueblo colombiano durante décadas.

Marco teórico

El paramilitarismo, una de las causas de la violencia en Colombia

Nuestro país, Colombia, viene enfrentando desde hace varias décadas, un fenómeno de violencia, un conflicto político armado, que pude calificarse como estructural y que tiene múltiples y complejas causas y manifestaciones.

En Colombia, el conflicto político se remonta al siglo XIX, como consecuencia de las diferencias y rivalidades surgidas entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, que para ese entonces, representaban los intereses de algunas de las clases sociales más representativas del país. Dicho conflicto adquirió mayor fortaleza durante la guerra civil de los Mil Días, que tuvo lugar entre los años de 1889 a 1902, y que concluyó con el triunfo de los conservadores sobre los liberales, promoviéndose así un largo periodo de violencia partidista, que se extendería hasta 1953, y que encuentra su punto álgido con la muerte del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, cuyo asesinato provocó una encarnizada revuelta popular conocida como "El Bogotazo". Luego de un periodo de dictadura militar, al mando del general Rojas Pinilla (1953 a 1957), los partidos liberal y conservador formaron lo que se llamó "El Frente Nacional"[1], que no fue otra cosa que un acuerdo político entre ellos, que les permitió a sus líderes alternarse el poder y repartirse por igual los cargos públicos durante cuatro periodos de gobierno, 16 años, marginado a otras fuerzas políticas que surgían en representación de sectores minoritarios de la población.

Posteriormente, el conflicto político se reinicia en la década de los años 60, con el surgimiento de grupos armados de izquierda conocidos como guerrillas comunistas, las cuales fueron el resultado de una política de exclusión social y partidista, de la distribución desigual de las tierras y de la injusticia social y económica, liderada por los gobiernos de turno. Estos grupos de izquierda aparecen, inicialmente, en aquellas zonas de la geografía nacional donde no hacía presencia el Estado, concretamente en algunos sectores de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, y ciertos territorios del magdalena medio, ocupados por campesinos que participaron en el conflicto político de los años 50, y que mantenían una confrontación ideológica y política con el Estado, en demanda de la reivindicación de sus derechos sociales y de una Reforma Agraria que les permitiera el acceso a la tierra. Dichos territorios, que sirvieron de asiento a los primeros grupos de izquierda, en los inicios de la década de los años 60, fueron objeto de un proceso de asilamiento institucional con respecto a las demás zonas ocupadas del País, y en ellos no hacían presencia las distintas autoridades públicas, en desarrollo de una equivocada estrategia militar con la que se buscaba impedir nuevos alzamientos de los movimientos campesinos que los ocupaban, y que reclamaban la atención del Estado para que le fueran reconocidos los derechos que reclamaban. A tales territorios, se les identificó entonces con el nombre de "repúblicas independientes", precisamente, porque eran gobernados por los propios grupos campesinos que los ocupaban, y no por las autoridades del Estado legítimamente constituidas, constituyéndose tal situación, en el ambiente propicio para dar origen y albergar a las primeras organizaciones guerrilleras de izquierda.

En este escenario, la aparición de las guerrillas comunistas, entre las que se destacan las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación) y posteriormente el M-19 (Movimiento 19 de Abril), marcó la vida política del país desde entonces, con su objetivo ideario de tomarse el poder, so pretexto de reivindicar los derechos de las clases menos favorecidas y marginadas. A la aparición de los grupos guerrilleros[2]le siguieron después el narcotráfico[3]y los grupos de autodefensas[4]que en las últimas décadas se constituyeron también en un factor importante en el panorama de violencia que aún ahora aqueja al país. En el caso de las autodefensas o paramilitares, estos hacen presencia en el panorama nacional, y encuentran una presunta justificación, como grupos de fuerza que, en representación de ciertos sectores sociales, se forman para combatir a las organizaciones guerrilleras de izquierda, ante la impotencia del Estado para hacerlo a través de sus autoridades y la fuerza pública.

En la actualidad, el fenómeno de violencia en Colombia presenta, entre sus principales protagonistas, a las organizaciones guerrilleras, a los narcotraficantes y a los grupos ilegales de autodefensas (AUC), también llamados paramilitares[5]cuya principal fuente de financiación es ahora el tráfico ilícito de drogas. En el caso específico de los grupos de autodefensa, éstos con sus actos de violencia, terrorismo y barbarie, a lo largo de estos años, no sólo han cobrado una gran cuota de vidas humanas, incluyendo mujeres y niños, sino que también han obligado a cientos de miles de colombianos a abandonar sus hogares y a desplazarse a los centros urbanos de la patria, en busca de protección, con las consecuencias sociales y económicas que el desplazamiento forzado implica.

Consientes del grave daño que tales organizaciones le han causado a la patria, distintos sectores de la sociedad, y la misma comunidad internacional, han coincidido en señalar que en el origen del fenómeno de violencia que nos aqueja, se encuentra una realidad de injusticia, desigualdad, pobreza y marginamiento, la cual ha sido utilizada, entre otros, por los grupos de autodefensa, para alimentar la confrontación entre los colombianos y acceder, en beneficio propio, al poder político, social y económico en el país[6]

Una mirada al panorama de la violencia política en Colombia, desde el punto de vista de quienes han sido víctimas, debe apuntar necesariamente hacia el camino de la paz y la reconciliación. Precisamente, en la Declaración de Oslo sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Celebrada en París en 1997, se consignó, en su artículo segundo, que "Todos los seres humanos, todos los estados y los otros miembros de la comunidad internacional y todos los pueblos, tienen el deber de contribuir al mantenimiento y a la construcción de la paz, así como a la prevención de los conflictos armados y de violencia bajo todas sus formas. Es de su incumbencia favorecer el desarme y oponerse por todos los medios legítimos a los actos de agresión y a las violaciones sistemáticas, masivas y flagrantes de los derechos humanos que constituyen una amenaza para la paz." ONU. (1997). Derechos humanos.

El fenómeno del paramilitarismo y su incidencia en la situación de violencia que vive el país, será objeto de estudio y análisis, utilizando como fuentes principales las siguientes: (i) la obra "UNA LARGA NOCHE Los caminos del conflicto en Colombia", escrita por Nelly Castro; (ii) la obra "Paramilitares y autodefensas", escrita por Mauricio Romero; (iii) audio del abogado y sociólogo Alejandro Reyes Posada, que contiene una exposición sobre el surgimiento y expansión del paramilitarismo; (iv) el escrito "Breve historia del paramilitarismo", cuyo autor es Alvaro Vázquez del Real Wednesday; (v) artículos del Periódico EL TIEMPO, "El verdadero origen del paramilitarismo en Colombia", del 15 de mayo de 2007 y "Bandas" "ruta prohibida en Córdoba", del 16 de enero de 2011; (vi) documental realizado por el periodista del canal RCN Guillermo Prieto LaRota, conocido como "Pirri", que trata el tema de la historia del paramilitarismo en Colombia, presentado el 27 de octubre de 2008; (vii) jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencias T-025 de 2004, mediante la cual se declara el Estado de cosas inconstitucional frente al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, T-599 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras.

Coinciden las distintas fuentes consultadas en señalar, que se entiende por paramilitarismo, la estructura u organización armada contrainsurgente de tipo militar y paraestatal, contraria a la ley, que surge en Colombia en los inicios de la década de los años 80 en la región de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio, apoyada por los militares y creada con el propósito inicial de combatir a los grupos guerrilleros que ocupaban ciertos sectores del territorio nacional, buscando de esta forma su extinción definitiva.

Los primeros grupos paramilitares surgieron de la relación ejercito – ganaderos latifundistas, como se anotó, para combatir a los grupos guerrilleros asentados en la zona del Magdalena Medio, que extorsionaban a los grandes propietarios de tierra, a través del cobro de la mal llamada vacuna, y que los desplazaban cuando aquellos se negaban al pago de la extorsión. Con el tiempo, dichas organizaciones paramilitares o de autodefensas (AUC), se fueron extendiendo a los distintos ámbitos del territorio del País, en particular las zonas de Córdoba y Urabá, siendo infiltradas por otros grupos generadores de violencia, como los narcotraficantes, quienes la utilizaron para consolidar su poder territorial, político y económico, y cometer todo tipo de atrocidades y barbaries en contra de la población civil.

Destacan los estudios, que, precisamente, durante la década de los años ochenta, se presentó un incremento desmesurado en las tazas de asesinatos y desapariciones de pobladores inermes, miembros de movimientos sociales y políticos, principalmente opositores de los gobiernos de turno, quienes fueron señalados por los grupos paramilitares como "guerrilleros de civil". Bajo esa estrategia, de imputarle sumariamente a los civiles vínculos con las guerrillas, el paramilitarismo volcó su accionar contra la misma población, para obtener beneficios particulares.

A este respecto, la escritora Nelly Castro define el paramilitarismo como "una fuerza armada que actúa paralela y coordinadamente con las fuerzas del estado para destruir la subversión" (Castro, 2006) En la misma obra, la autora precisa que:

"La primera fase del paramilitarismo de explícito carácter antisubversivo en Colombia comenzó a principios de los ochenta y tuvo como epicentro el Magdalena Medio, una zona históricamente golpeada por conflictos de tierras, no solamente entre tradicionales latifundistas y los colonos, sino también entre éstos y la Tropical Oil Company". Aclara también la autora, que una segunda fase del este fenómeno "tuvo como epicentro el área de Córdoba y Urabá y el liderazgo pasó a manos de los hermanos Castaño, poderosos ganaderos antioqueños conectados con el narcotráfico. Financiados por éste y por el capital agroindustrial y ganadero de la zona, y entrenados por instructores israelíes en Colombia y en el mismo Israel, se fueron fortaleciendo y en coordinación con otros grupos paramilitares de todo el país formaron en los noventa las AUC". (Castro, 2006)

Existe también acuerdo entre las distintas fuentes, en que el fenómeno paramilitar se agudizó en Colombia, a raíz de la política de diálogos de paz con los grupos guerrilleros, propuesta por el Presidente Belisario Betancurt durante su gobierno, el cual tuvo lugar en el periodo comprendido entre 1982 y 1986. Ciertos grupos sociales -las mal llamadas élites- y las propias fuerzas armadas, no compartieron la política de paz del Gobierno y se sintieron traicionados, formando grupos armados para defender los territorios contra los ataques guerrilleros[7]

En efecto, la lucha por el dominio y propiedad del territorio, como medio de adquirir poder y riqueza y monopolizada por reducidos sectores sociales, sumada a una política de paz en medio de la violencia, sin acuerdos de cese al fuego, y que limitaba la acción legítima de la fuerza pública, terminó por generar grandes fenómenos de desplazamiento, empobrecimiento y delincuencia, que llevó a la reacción de las élites regionales propietarias de tierras, quienes dentro del interés de mantener su estatu cou procedieron a conformar y patrocinar ejercicitos de civiles para su autodefensa contrainsurgente, con la ayuda, apoyo y complacencia de la fuerza pública, que para estos efectos actuaba por fuera del marco de la ley y el orden preestablecido, y de forma secreta.

No obstante, a la lucha contrainsurgente, se sumaron también los objetivos de exterminio de los líderes políticos de izquierda, reinsertados y surgidos de la civilidad, que fueron asesinados con la complacencia de las fuerzas del orden por grupos paramilitares. A estos grupos paramilitares que iniciaron como ejércitos de autodefensa, y cuya acción cobró la vida de muchos ciudadanos que fueron objeto de irresponsables juicios sumarios por supuestos vínculos con la guerrilla, con el tiempo, al final de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, se le sumaron otros factores desestabilizadores, delictivos y de violencia, como el narcotráfico, que los utilizó y los congregó en su lucha contra el Estado para defender sus propios intereses.

Sobre este aspecto, el autor Mauricio Romero, en su obra "Paramilitares y autodefensas", precisa que:

"En el departamento de Córdoba y en la vecina Urabá, las temidas ACCU, la organización paramilitar y contrainsurgente más consolidada del país, sentaron su cuartel general y construyeron una sólida red de apoyo e influencia local y regional que va más allá del dominio ejercido directamente por los aproximadamente 6.000 combatientes organizados bajo su dirección. Con esta fuerza, además de protección para sus asociados, las ACCU han aterrorizado a los que sus dirigentes llaman "los guerrilleros de civil", población desarmada con diferentes tipos de relación con la guerrilla…" (Romero, 2003, pagina 119 capitulo 3)

En la misma obra se destaca que, a pesar de que la Constitución de 1991 amplió los espacios democráticos y de participación, en la década de los 90, los grupos de autodefensa degeneraron en verdaderos sectores de poder, independientes y autónomos, aumentando su fuerza económica y política, procurando infiltrar todos los estamentos del Estado y creando alianzas macabras con quienes detentaban el poder político para fundar un nuevo Estado. En esta época, tuvo lugar el llamado proceso 8.000, que no fue otra cosa que, precisamente, dice el autor, "la investigación sobre la financiación del Cartel de Cali a la campaña que llevó a la Presidencia al candidato liberal Ernesto Samper (1994-1998) a mediados de los años noventa (Medina, 1997)", y que debeló la alianza narcotráfico-paramilitarismo y política.

Bajo esos parámetros, la violencia política en Colombia, de la cual los grupos paramilitares han sido grandes protagonistas, se incrementó en los últimos años, aun en los momentos en que los gobiernos de la última década han facilitado políticas democráticas de apertura y participación. De igual manera, la violencia generalizada y permanente, muestra la dificultad e impotencia del Estado para territorializar su autoridad y controlar a la población. Como lo señala el autor en la obra antes citada, la soberanía del Estado, desde la perspectiva política, "ha sido repetidamente desafiada por sectores subalternos, y más recientemente por élites regionales, hecho en el cual las fuerzas constitucionales han tenido responsabilidad". (Romero, 2002)

Ahora bien, en el propósito de imponer su autoridad y de obtener el poder político, económico y social en Colombia, los grupos paramilitares han acudido a formas de violencia extrema, violatorias de la dignidad humana y contrarias al derecho internacional humanitario, como son las masacres y el desplazamiento forzado interno.

En el documental realizado por el periodista del canal RCN Guillermo Prieto LaRota, conocido como "Pirri", que trata el tema de la historia del paramilitarismo en Colombia, presentado el 27 de octubre de 2008, se hace referencia a algunos jefes paramilitares que fueron importantes para el desarrollo y consolidación de esas fuerzas, y bajo cuyo mando se llevaron a cabo las acciones más espantosas de que ha dado noticia la historia de nuestro país. Se refirieron concretamente al jefe paramilitar Carlos Castaño, quien inició teniendo negocios de drogas con Pablo Escobar en Medellín y después terminó como uno de los lideres más representativos del paramilitarismo. También se refirió al paramilitar Heber Veloza más conocido como HH, responsable de las masacres más sonadas y sanguinarias, quien acumuló grandes riquezas con la toma de tierras de manos de los campesinos y terratenientes propietarios en la zona de Antioquia y Urabá.

Las masacres aparecen a mediados de los ochenta como una forma de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo el control territorial de la guerrilla, principalmente en las zonas de Urabá, el magdalena Medio y Meta. En la mitad de la década de los noventa, reaparecieron por todo el país como una forma de destacar la presencia y barbarie de los paramilitares.

En Urabá, bajo el liderazgo de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, las masacres se convirtieron en el sinónimo de la violencia paramilitar. En esa zona, en la llamada finca "Las Tangas", los grupos de autodefensa de Córdoba y Urabá llevaron a cabo una serie de acciones violentas contra secuestrados sindicalistas, campesinos, militantes de la izquierda, defensores de derechos humanos y pobladores de la región, a quienes torturaron y asesinaron, bajo la falsa sindicación de ser miembros o colaboradores de la guerrilla. Dicha práctica se extendió luego por otras regiones del País, constituyéndose así en su sello personal.

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas entre 1993 y 2006, con un saldo de 14.660 víctimas, la mayoría de las cuales fueron atribuidas a grupos paramilitares, como se muestra en la siguiente grafica realizada por el observatorio presidencial de los derechos humanos:

El desplazamiento forzado, se constituyó en otra de las formas de violencia más perversa utilizada por los grupos paramilitares o de autodefensa, para consolidar su poder territorial. Sin perjuicio de los diferentes conceptos que sobre el fenómeno del desplazamiento se han esbozado por distintas organizaciones nacionales o internacionales que se ocupan del tema, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, "se encuentra en condición de desplazado toda persona que se ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional, por causas imputables a la existencia de un conflicto armado interno, a la violencia generalizada, a la violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, en fin, a determinados factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden público-económico interno[8](Constitucional, Corte, 2001)

En ese contexto, para el caso de los paramilitares, la autora Nelly Castro, destaca que el desplazamiento forzado es la movilización de personas, familias o incluso poblaciones enteras, que son acusadas de colaborar con los grupos guerrilleros, y que por tal razón, son amenazados o aterrorizados, en la mayoría de veces por las autodefensas, para que abandonen el lugar, debiendo rodar por el país sin destino fijo, y sin recursos para sobrevivir. Destaca la autora que, según la Red de Solidaridad Social, en Colombia se registran actualmente más de dos millones setecientos (2.700.000) desplazados por la violencia.

El dato estadístico a que hace referencia la citada autora, coincide en alguna medida con los estudios realizados por la Red de Solidaridad Social y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-, quienes, a partir de análisis independientes que presentan variaciones de acuerdo a los años, sostienen que en los periodos comprendidos entre 1995 al 2006, el número de desplazados en Colombia, como consecuencia de los actos violentos de los grupos armados en conflicto, entre los que se cuentan los grupos paramilitares, pasó rápidamente de cincuenta mil personas (50.000) a una cifra aproximada superior a los dos millones de personas (2.000.000), tal como se muestra en la siguiente gráfica:

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado que el desplazamiento forzado, derivado principalmente del conflicto armado interno, ha tenido graves implicaciones sociales, económicas y políticas, en la medida que afecta desde hace décadas a grandes conglomerados de la población colombiana, en especial a la ubicada en las zonas rurales del País. Así mismo, ha señalado esa Corporación que la situación de desplazamiento trae consigo la violación sistemática de los derechos fundamentales y sociales de las personas que lo padecen, entre los que se cuentan sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la paz, al trabajo, a la dignidad humana, a la libertad de locomoción, a la salud, a la educación y, por consecuencia, a la vivienda en condiciones dignas; razón por la cual, debido a sus claras condiciones de vulnerabilidad, tales sujetos se hacen  merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado[9]

Precisamente, la magnitud del fenómeno, llevó al Estado a promover y expedir la Ley 387de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, la protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos en la República de Colombia" (Corte Constitucional, 1997), estableciendo el marco legal dentro del cual el Estado asume su responsabilidad frente al fenómeno y establece los mecanismos e instituciones necesarios para proveer las ayudas requeridas por la población afectada por el desplazamiento.

Posteriormente, la propia Corte Constitucional, en la Sentencia T-025 de 2004, procedió a "declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado" (Corte Constitucional, 2004) , al advertir la grave crisis humanitaria y la vulneración constante de los derechos de la población desplazada, incluso derivada (i) de la omisión de las autoridades en adoptar los correctivos tendientes a garantizar los derechos de la población afectada; (ii) de la falta de recursos y de capacidad institucional para atender las contingencias y (iii) de la connivencia de varias entidades estatales en las omisiones y acciones generadoras de la vulneración de los derechos de los desplazados.

De acuerdo con las fuentes a las que hemos hecho expresa referencia, podemos señalar que los grupos paramilitares son verdaderas organizaciones delictivas y criminales, que en su forma de actuar, han servido a distintos intereses particulares y en contra de la sociedad. Inicialmente actuaron como grupos de autodefensas al servicio de las elites regionales, para defenderlas de los ataques de los grupos guerrilleros que pretendían despojarlos de sus tierras y sus riquezas, y que con su accionar por fuera de la ley, causaron grandes daños a la población civil, como las masacres y los desplazamientos. Posteriormente se aliaron con grupos de narcotraficantes que les inculcaron formación militar y de combate y que los utilizaron para proteger a sus familias y el negocio de los cultivos de coca, manteniendo el daño a la sociedad. En un tercer periodo, los paramilitares estructuraron su propio negocio de narcotráfico -como fuente de financiación- y su propia organización militar, buscando adquirir poder político y económico, sin limitar sus acciones. En ese objetivo, lograron infiltrar las autoridades y organizaciones del Estado y suscribir alianzas con los políticos regionales para compartir el poder del Estado.

Dentro del proceso evolutivo del paramilitarismo, la fuerza pública cumplió un papel preponderante, en la medida en que desde sus orígenes apoyo la formación de estos grupos y acompañó muchas de sus acciones, prestándoles su colaboración. Es de público conocimiento, que durante los últimos 20 años, un gran número de miembros de las fuerzas armadas y de la policía, han sido vinculados a procesos penales por acciones delictivas de los paramilitares y han sido condenados por delitos atroces.

Los paramilitares, no sólo han recibido el apoyo de las fuerzas del orden. También, por omisión, otras autoridades públicas, han contribuido a la formación y desarrollo de estos grupos, en cuanto han dejado de cumplir con sus deberes de garantizar y proteger a todas las personas residentes en Colombia, su vida, honra y bienes, como lo demandan la Constitución Política y la ley. No puede olvidarse que la falta de presencia del Estado en las distintas regiones del país, fue la excusa para el surgimiento de tales grupos, quienes desbordaron su actuar y han causado grandes perjuicios a la sociedad civil.

De acuerdo con estadísticas presentadas por el Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos, entre los años 1987 a 2000, los grupos paramilitares presentaron un crecimiento en el número de combatientes, pasando de menos de mil unidades (1.000) a más de ocho mil unidades (8.000), tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Ya se mencionó, igualmente, que ciertos sectores de la sociedad han apoyado y contribuido a la formación de los paramilitares. La mayoría de fuentes consultadas coinciden en señalar que ciertos grupos económicos coadyuvaron en este proceso, como es el caso de empresarios, ganaderos, industriales y comerciantes, así como también, distintos sectores de la política regional. Estos sectores y grupos, han justificado su proceder en el hecho de que el Estado ha sido impotente y negligente para controlar la insurgencia guerrillera y para garantizarles a todos sus ciudadanos los derechos y libertades. En esta medida, consideran que la inseguridad, la ausencia del Estado y falta de ejercicio de soberanía en las regiones, legitiman la formación de grupos privados para la autodefensa.

Sin embargo, el Estado ha rechazado públicamente, tanto en el contexto interno como en el escenario internacional, la formación de grupos paramilitares y las acciones que han realizado, especialmente, contra la población civil. A través de sus distintas autoridades, ha combatido y sometido a la justicia las acciones delictivas de sus integrantes, persiguiendo a sus líderes, para imponerle las sanciones que correspondan. Durante el primero y segundo gobierno del Presidente Álvaro Uribe (2002 – 2006, 2006 – 2010), se adelanto una política de seguridad, desmovilización y reinserción de los grupos al margen de la ley, incluido los paramilitares. La desmovilización de las autodefensas, se produjo en cumplimiento de lo que se conoció como "el acuerdo de Santa Fe de Ralito", firmado el 15 de julio de 2003 entre los principales líderes de los grupos de autodefensas y el gobierno de Uribe Vélez durante su primer cuatrienio. Fruto de ese acuerdo, se expidió por el Congreso de la República una Ley, la Ley 975 de 2005, para someterlos y juzgarlos por sus delitos, bajo unas condiciones especiales, garantizando en todo caso los principios de verdad, justicia y reparación. Dicha ley, conocida como "Ley de Justicia y Paz", busca entonces reincorporar a la vida civil a los ex combatientes de los grupos armados irregulares y juzgar a sus líderes y responsables por los delitos que han cometido en el desarrollo de sus actividades, siendo beneficiarios de penas menos rígidas a cambio de la confesión y reparación de tales conductas. Si bien los términos de la Ley han sido cuestionados por amplios sectores de la sociedad, bajo la idea que la ley es muy flexible en las sanciones a imponer y genera impunidad, la misma ha tenido la aceptación de la comunidad internacional. Alternando con esta ley, se ha impulsado la llamada "Política de Seguridad", que ha logrado no solo un aumento en el pie de fuerza de las autoridades militares del Estado y en su aparato de guerra, sino también combatir con relativo éxito los grandes grupos armados al margen de la ley.

Aun cuando la ley de sometimiento condicionaba la entrega de los jefes paramilitares a que contaran toda la verdad sobre sus acciones y entregaran todos los bienes que habían adquirido, estos hechos no se han cumplido. De acuerdo con las informaciones de prensa y de los demás medios de comunicación, algunos de estos jefes debieron ser extraditados a los Estados Unidos por no cumplir con las condiciones de verdad, justicia y reparación. Además las penas que de acuerdo con la ley se les deben imponer, no superan los 8 años de cárcel, lo cual es desproporcionado en relación con los delitos atroces que han cometido contra la población civil. De igual manera, los grandes jefes paramilitares, han sido sustituidos por sus lugartenientes, quienes han asumido las riendas de las distintas organizaciones, y han continuado liderando el negocio del narcotráfico, continuando también con las acciones de violencia en contra de la población.

A pesar de los esfuerzos realizados, materializados en la política de desmovilización, la acción de los grupos paramilitares continúa hoy día vigente, y sus acciones militares por todo el territorio nacional, en contra de la población civil, son todavía motivo de preocupación. Muy a pesar de la acción de las autoridades, y de las desmovilizaciones de algunos grupos y de sus líderes más destacados, en distintas zonas del país, especialmente en el departamento de Córdoba, operan actualmente alrededor de 12 bandas de paramilitares y narcotraficantes, de más de 500 hombres cada una, conocidas como BACRIM (bandas criminales), que trafican droga y mueven rutas de la coca desde el nudo de paramillo hasta la costa.[10]

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, en un informe sobre lo que llama "Narcoparamilitarismo", declara que unos seis mil combatientes (6.000) y por lo menos siete mil cuatrocientos colaboradores (7.400) hacen parte de las citadas bandas criminales.

Interpretación

De acuerdo con el marco teórico, se ha podido establecer que el fenómeno paramilitar ha jugado un papel protagónico, de primer orden, en la grave situación de violencia que ha venido aquejando al país durante las últimas cuatro décadas. Sin desconocer que el origen y las causas del paramilitarismo se enquistan sobre la base de enormes desequilibrios sociales, económicos y políticos que han existido en Colombia, es claro que las consecuencias de éste fenómeno se han proyectado sobre la población del País, en especial sobre los sectores más débiles y más desprotegidos, quienes vienen sufrido daños irreparables como resultado de las acciones de crueldad y barbarie extrema, llevadas a cabo y ejecutadas por estos actores del conflicto en el propósito de obtener el poder.

Atendiendo a la problemática que ha generado, pasamos a analizar el fenómeno del paramilitarismo desde su dimensión política, social, económica y jurídica.

• El paramilitarismo desde una perspectiva política y social:

Dentro de la investigación teórica y práctica que se llevó a cabo para profundizar en el fenómeno paramilitar, y que incluyó entrevistas con personas que han tenido experiencia en el desarrollo del tema, se pudo constatar que, desde el punto de vista político y social, las causas del paramilitarismo pueden reducirse a tres aspectos básicos: (i) La ausencia de Estado en ciertas zonas de la geografía nacional; (ii) La cooptación de dichas zonas principalmente por grupos guerrilleros y paramilitares; y (iii) La permisividad de las autoridades de la República para recuperar los territorios y auspiciar su desarrollo.

En Colombia, durante muchas décadas, algunos territorios escaparon al control del gobierno y sobre ellos no se ejercía soberanía. Allí no tenían asiento las distintas autoridades, políticas, administrativas y judiciales, lo que sin duda, influyó notoriamente en la situación de violencia que hoy nos aqueja, y en el surgimiento de los distintos actores armados. Dicha práctica, con el tiempo, se extendió a otros espacios en los cuales, si bien hacían presencia las autoridades legítimamente constituidas, no era posible que ellas ejercieran sus funciones y protegieran a la población civil, en cuanto fueron infiltradas, controladas y dominadas por los distintos grupos de poder, entre ellos los guerrilleros y paramilitares.

Al respecto, el economista Juan Camilo Nariño, al ser interrogado sobre los orígenes del paramilitarismo y las circunstancias políticas que incidieron en su agudización, hizo el siguiente comentario, que resulta relevante para el aspecto que se trata:

"Sencillamente, la ausencia del Estado, una ausencia del Estado por años en algunas regiones que llevo al paramilitarismo, que genero una bola de nieve y de violencia que nunca el país se imagino, eso fue lo más nefasto que le pudo pasar al país, bueno como reacción a la guerrilla, que no estamos hablando de esa otra bola gigantesca de violencia".

"…"

"Una inhumana presencia guerrillera por todo el territorio nacional y una ausencia del Estado para combatir esa guerrilla y una, en parte en algunos lugares, permisividad del Estado para que esos grupos paramilitares crecieran y cogieran fuerza. Esos tres factores, un Estado que no hizo presencia, unos municipios del país que no tenían fuerza pública, que no tenían jueces, que no tenían autoridad, que la guerrilla con todo ese espacio de autoridad, sumado a una financiación de grupos para combatir eso sin Estado, y después una permisividad en muchas regiones del país de ese fenómeno paramilitar que llevo a un crecimiento exagerado, que después le corto la cabeza otro mundo, literal y no literalmente pero fue un fenómeno que al vincularse con el narcotráfico perdió cualquier sentido y perdió cualquier razón de ser, nunca debió ser pero así se formo, al igual que la guerrilla". (Nariño, 2011)

La ausencia del Estado en algunas regiones del territorio, y la permisividad para ejercer un control sobre ellas, fueron entonces factores determinantes en el surgimiento de los grupos guerrilleros y luego de los paramilitares, con las graves consecuencias que la presencia de estos actores armados ha implicado para el país en el orden político, económico y social.