El efecto de la dictadura argentina en la ciudad de Rosario (1976-1983)

"La conciencia es esencialmente reactiva; por eso no saberse lo que puede un cuerpo, de qué actividad es capaz y lo que decimos de la conciencia debemos también decirlo de la memoria y el hábito" (Gilles Deleuze)

"Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos" (Martin Luther King)

"Si no se comprende e insiste a las nuevas generaciones que la dictadura argentina asentó su poder sobre el colaboracionismo, no se podrá entender nunca cómo fue posible tanta barbarie" (Rubén Chababo, La Capital, 01/04/96)

"También es terrorista el que activa a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana "(Jorge Rafael Videla)

Las modalidades y el diseño de la represión

En las primeras horas del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar redactó una serie de comunicados que anulaban las libertades y garantías constitucionales para los argentinos.

En consonancia con los cambios operados a nivel nacional la provincia de Santa Fe fue intervenida. El primer interventor provincial fue el Coronel José María González, en abril lo reemplazó en ese cargo el Vicealmirante Jorge Aníbal Desimone quien se mantendría en ese puesto hasta 1981. Asimismo en la ciudad de Rosario el intendente Rodolfo Ruggeri fue encarcelado (junto a otros políticos y funcionarios provinciales y municipales) asumiendo el cargo el Coronel Hugo Laciar reemplazado luego por el Capitán Augusto Cristiani que ocupó ese lugar hasta 1981; luego asumió Alberto Natale como intendente civil en el contexto de un reordenamiento político que se iniciaba con la asunción de Viola como presidente de facto.

El golpe de estado no implicó sólo un cambio de autoridades en la ciudad sino que significó un claro acatamiento de las pautas que el PRN planteaba y la imposición desde arriba de estrategias de despolitización y disciplinamiento social en los diversos ámbitos públicos de la ciudad. La instauración de la dictadura fue posible a partir de este conjunto de medidas coercitivas impuestas desde el Estado y también gracias al apoyo tibio en algunos casos, elocuente en otros que recibió el PRN desde diversas instituciones como la Iglesia, algunos partidos políticos en la provincia de Santa Fe el PDP, por ejemplo e inclusive de los medios de comunicación locales que legitimaron en primera instancia el golpe y sustentaron luego el gobierno militar con mayor o menor énfasis por lo menos hasta iniciada la década del 80.

Así se intensificaron los operativos "rastrillo" en las zonas fabriles-señaladamente Villa Constitución y las localidades de la zona norte del cordón industrial que se extendía entre Rosario y Puerto San Martín-, el control sobre la universidad y en general sobre el ámbito urbano y la detención de militantes, comenzando a poblar las cárceles y dando paso a la aparición de centros de detención improvisados en dependencias militares, comisarías o en la sede de la Jefatura de Policía de Rosario. La ofensiva militar y policial sobre estos "objetivos" se conjugó con el aumento de los asesinatos de militantes políticos y sindicales, atribuibles en muchos casos a "comandos antiextremistas" o a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), y la reiterada aparición de cadáveres en la vía pública en Rosario y en varias localidades cercanas se convirtió en un ingrediente más del panorama político local y regional.

Efectivizado el Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, se reorganizaron y coordinaron las fuerzas policiales y militares y la división territorial en cuerpos de ejército y fue completada con un sistema de centros clandestinos de detención diseminados por todo el ámbito nacional y "grupos de tareas" con distintos radios de actuación.

Rosario fue clave en el diseño y ejecución del accionar represivo en la región: era la principal ciudad del sur de la provincia, la sede del Comando del II Cuerpo, y, en tal sentido, el lugar de asentamiento de las principales autoridades militares.

A los pocos días del Golpe de Estado, fue designado por el Comando del Cuerpo de Ejército II el Comandante de Gendarmería Agustín Feced como Jefe de Policía de la Unidad Regional II, quien asumiría un rol principal en el diseño y ejecución de la represión en Rosario. Un papel igualmente significativo fue el que desempeñó, en el ámbito militar, el Destacamento de Inteligencia Militar 121, la llamada "patota de Oroño", que no sólo se ocupaba de las tareas de inteligencia sino asimismo de los operativos y de gestionar algunos de los centros de detención que funcionaron en el área.

Si bien puede decirse que no hay un único patrón de conducta entre los miembros de los grupos operativos, hay ciertos rasgos que interesa destacar. En primer lugar, que la mayoría de ellos eran hombres jóvenes, tan jóvenes como aquellos a los que secuestraban, torturaban y asesinaban. Estos jóvenes, que tenían entre 20 y poco más de 30 años, no compartían el imaginario cultural e ideológico que animaba a los militantes de las organizaciones de la izquierda armada y no armada que actuaban en la Argentina. Algunos de ellos han sido sindicados como miembros de organizaciones de ultraderecha como el CNU y muchos de ellos estaban convencidos de cumplir con una misión o de ser protagonistas de una "guerra".

Más de 2.000 personas sufrieron violaciones graves a los derechos humanos y cerca de 300 fueron denunciados como desaparecidos sólo en 1984, en Rosario.

Las declaraciones condujeron al reconocimiento de varios centros de cautiverio. El más temerario fue el que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Jefatura, ubicado en el ala del edificio sobre Dorrego y San Lorenzo. Por allí pasaron centenares de hombres y mujeres de todas las edades, orígenes sociales e ideologías, incluso gente sin militancia política de ningún tipo. Hubo otros centros de reclusión ilegal menores. Uno en la Fábrica de Armas "Domingo Matheu", en Ovidio Lagos al 5200. Otro, denominado la Quinta de Funes, en inmediaciones del Liceo Militar de esa localidad. El Batallón de Comunicaciones 121 del II Cuerpo de Ejército y La Calamita, en la zona de Capitán Bermúdez.

En el Gran Rosario se produjeron 1.800 detenciones ilegales, entre febrero de 1977 y marzo de 1979, según declaró el teniente coronel Eduardo González Poulet, uno de los principales involucrados del Comando del II Cuerpo, encargado de llevar adelante los "tribunales de guerra". Solamente 700 personas pasaron a disposición del Poder Ejecutivo nacional.

Uno de los incriminados fue Edgardo "Gato" Andrada, ex arquero de Rosario Central, Colón (Santa Fe) y Vasco Da Gama (Brasil) por el represor Eduardo Costanzo, en un reportaje realizado por el periodista José Maggi, en el programa "Trascendental" de LT8-Radio Rosario. Lo denunciado era conocido por muchos integrantes de los organismos de Derechos Humanos de Rosario, pero no por la mayoría de la población.

Andrada trabajó en el Ejército, y aseguran que intervino en secuestros y fue agente de los servicios de inteligencia de la dictadura.

La documentación robada en los Tribunales provinciales y otras dos viviendas, el 8 de octubre de 1984, comprometía a por lo menos cincuenta empresas de la región relacionadas con la represión ilegal, además de contener la información precisa de los integrantes de la "comunidad informativa rosarina", como la llamaba el jefe de policía rosarina, Agustín Feced. Todos eran elementos recogidos por la CONADEP. Según todos los indicios, el asalto fue cometido por oficiales en actividad pertenecientes al II Cuerpo de Ejército. Desde el símbolo máximo de la justicia provincial, en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Rosario, fueron robados el equivalente a tres piezas de documentación que probaba la vinculación del llamado personal civil de inteligencia que operaba tanto para el ejército como para las fuerzas de seguridad. Lo robado vinculaba a todos los que estaban en la represión y los que estaban en funcionamiento en 1984.

No hubo sector de la sociedad que los dictadores no dejaran de reprimir y controlar.

Según Roberto Manuel Pena, ex secretario de la SIDE del gobierno de Raúl Alfonsín, los servicios de las Fuerzas Armadas no habían sido desmantelados y seguían operando, aún en Democracia. Todos tenían la infraestructura montada: casas, oficinas, depósitos, autos y, por supuesto, armas que les permitían lograr sus objetivos como una serie de atentados: bombas en Córdoba, robos en los Tribunales de Rosario o actos de presión psicológica como las amenazas.

Para el profesor Rubén Naranjo, en la Biblioteca Vigil, se llegaron a quemar 80 mil libros, siguiendo la lógica del llamado Operativo Claridad, diseñado por el Ministerio del Interior de la Nación, desde 1976.

Si bien puede decirse que no hay un único patrón de conducta entre los miembros de los grupos operativos, hay ciertos rasgos que interesa destacar. En primer lugar, que la mayoría de ellos eran hombres jóvenes, tan jóvenes como aquellos a los que secuestraban, torturaban y asesinaban. Estos jóvenes, que tenían entre 20 y poco más de 30 años, no compartían el imaginario cultural e ideológico que animaba a los militantes de las organizaciones de la izquierda armada y no armada que actuaban en la Argentina. Algunos de ellos han sido sindicados como miembros de organizaciones de ultraderecha como el CNU y muchos de ellos estaban convencidos de cumplir con una misión o de ser protagonistas de una "guerra".

Más de 2.000 personas sufrieron violaciones graves a los derechos humanos y cerca de 300 fueron denunciados como desaparecidos sólo en 1984, en Rosario.

Las declaraciones condujeron al reconocimiento de varios centros de cautiverio. El más temerario fue el que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Jefatura, ubicado en el ala del edificio sobre Dorrego y San Lorenzo. Por allí pasaron centenares de hombres y mujeres de todas las edades, orígenes sociales e ideologías, incluso gente sin militancia política de ningún tipo. Hubo otros centros de reclusión ilegal menores. Uno en la Fábrica de Armas "Domingo Matheu", en Ovidio Lagos al 5200. Otro, denominado la Quinta de Funes, en inmediaciones del Liceo Militar de esa localidad. El Batallón de Comunicaciones 121 del II Cuerpo de Ejército y La Calamita, en la zona de Capitán Bermúdez.

El 29 de mayo de 1984, la justicia federal rosarina recibió un escrito que era copia del informe remitido por el entonces coronel Alfredo Sotera, jefe del destacamento de inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, calificado como estrictamente secreto y confidencial'. Todos tenían la infraestructura montada: casas, oficinas, depósitos, autos y, por supuesto, armas que les permitían lograr sus objetivos como una serie de atentados: bombas en Córdoba, robos en los Tribunales de Rosario o actos de presión psicológica como las amenazas.

Describía la estructura zona, sección militar, logística, informaciones e inteligencia, prensa y adoctrinamiento, organización zonal, secretaría de política zonal, JUP, los responsables y jefes de subzonas de la UES en el oeste, centro y sur del Gran Rosario y agregaba gráficos sobre los llamados 'delincuentes subversivos muertos' y 'detenidos', relacionados con la organización Montoneros.

A menos de siete meses de producido el golpe, el informe Sotera sostenía que solamente había 88 'subversivos' prófugos.

A pesar de la escasa magnitud de la supuesta amenaza militar que representaba la guerrilla, el gobierno de la dictadura se quedó durante siete años.

Queda claro que el objetivo no era militar, sino económico, como se descubriría con el tiempo.

Pero lo importante de este material, hoy dentro de la causa federal 47.913, 'Agustín Feced y otros', es destacar lo que sucedería en esos últimos días 1976 y los primeros de 1977.

En donde aparecen involucrados militares tales como Andrés Ferrero, Luciano Jáuregui, el propio Sotera y el ahora detenido por su vinculación al llamado operativo Cóndor, Carlos Landoni.

"Antes que sea demasiado tarde", titulaba el Partido Peronista Auténtico su solicitada que apareció en el diario "La Capital", el 1° de setiembre de 1975.

Exigía la renuncia de María Estela Martínez de Perón "ya que al suplantar el programa de liberación que el pueblo votó, ha perdido legitimidad y sustento popular".

Convocaba a elecciones generales, pedía la derogación de la legislación represiva, la libertad de todos los presos políticos, gremiales y estudiantiles; y exigía la "investigación de las AAA y procesamiento de sus integrantes" como también de "los delincuentes económicos".

En los cines de la ciudad se estrenaba "La Raulito", con Marilina Ross y "Los Irrompibles", protagonizada por los humoristas uruguayos de "Hiperhumor".

Los obreros de Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, denunciaban la reiteración de amenazas de muerte y represalias contra las familias de los miembros de la comisión interna. "Estos mercenarios, al servicio de otros intereses que no son los de los trabajadores quieren acallar y así conseguir que el movimiento obrero cargue sobre sus espaldas la crisis, la explotación y la desocupación", decía el texto de la solicitada.

En Buenos Aires, el general de brigada Roberto Eduardo Viola, ex comandante del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, entre el 20 de mayo y el 29 de agosto de ese año, asumía como nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Eran los primeros días de aquel setiembre de 1975. "Mis únicos jueces son Dios y el pueblo. Si soy buena me quedaré y si soy mala y no los sirvo, que gobierne otro que pueda hacerlo ya que no estoy aferrada al sillón de Rivadavia y si el pueblo juzga que ese sillón tiene que estar vacío, sin mi presencia, que me lo diga", dijo la todavía presidenta María Estela Martínez de Perón.

Se informaba que en Tucumán "las bajas de la guerrilla alcanzarían a 800". Sin embargo, el 25 de mayo de aquel año, el general Acdel Vilas aseguró que "los guerrilleros muertos" no eran más de 350. Comenzaba la inflación de las cifras sobre la cantidad de "delincuentes terroristas" en operaciones para justificar el golpe que se venía preparando.

El "honor" de Díaz Bessone

Elida Luna presentó ante la justicia federal santafesina una denuncia contra los ex titulares del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri, por ser los responsables de la desaparición seguida de tortura y muerte de su anterior pareja, Daniel Gorosito.

El 18 de enero de 1976 fue secuestrado en Rosario, Daniel Gorosito, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, por integrantes de un grupo de tareas en el área jurisdiccional del Comando del II Cuerpo de Ejército.

La unidad estaba bajo el mando del entonces general de brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone, actual profesor del Colegio Militar de la Nación y presidente del Círculo Militar.

Gorosito fue remitido a los subsuelos de la Jefatura de Policía de Rosario, a las dependencias del Servicio de Informaciones, en la ochava de San Lorenzo y Dorrego. Luego de permanecer semanas enteras en medio de sesiones de torturas con la aplicación de picana y palizas permanentes, Gorosito fue fusilado y enterrado en algún lugar cercano a la ciudad.

La historia está consignada en uno de los 270 expedientes que reunió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que funcionó en las oficinas del Centro Cultural "Bernardino Rivadavia", entre abril y octubre de 1984.

El caso, además, es uno de los 97 delitos imputados al comandante del segundo cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, entre aquel 8 de setiembre de 1975 y el 12 de octubre de 1976, general de Brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone.

El 23 de noviembre de 1989, por decreto 1002 de aquel año, el presidente de la Nación, Carlos Menem, indultaba al general de división Díaz Bessone.

Sin embargo, la lista de "menores NN derivados de procedimientos antisubverivos" que consta en el cuerpo 21 de la causa federal 47.913, abre la posibilidad de que Díaz Bessone sea juzgado por los delitos de lesa humanidad que le imputara la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Galtieri y el orden de los cien años

Uno de los jefes del Servicio de Informaciones, el comisario principal Raúl Alberto Guzmán Alfaro, declaró que "recibió órdenes directas del General Galtieri, que todas las mañanas debía llevarle las novedades que se produjeran no al jefe de policía, sino al general Galtieri directamente…".

El ex dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, Mario Luraschi, informó que después de haber sido torturado, fue conducido el 23 de diciembre de 1976, al Comando del II Cuerpo de Ejército, en ese entonces en Córdoba y Moreno, donde hoy funciona un bar temático en lugar del planificado "museo de la memoria" de Rosario. "Me llevan al comando. Nos habla Galtieri y nos amenaza de muerte diciendo que a la próxima nos mataban. Nos trajeron en colectivos de la 53 y 200…", dijo Luraschi.

En abril de 1977, cuando se le concedió la libertad de José Américo Giusti, que había sido secuestrado el 1 de octubre de 1976, por integrantes del ejército, Galtieri pronunció un discurso, donde aseguró que su libertad "fue concedida por una amnistía de Semana Santa solicitada por Zazpe y Primatesta".

Pero el cristianismo de Galtieri tenía límites. Su visión del reino de los cielos era una construcción por medio de fusilamientos y torturas.

"La determinación sobre la suerte de los presos era al principio tomada por el II Cuerpo de Ejército, al mando del general Díaz Bessone hasta octubre de 1976. Después le sucedió Galtieri. A partir de la asunción de éste al Comando, aumenta considerablemente la cantidad de fusilados. Apenas llega, se escapó un detenido del Servicio de Informaciones, por lo que Galtieri ordenó que se fusile a todos los que habían sido secuestrados con el fugado. Eran siete personas, entre ellas, la mujer de un dirigente sindical", relató a la revista "Caras y Caretas", en abril de 1984, Angel Ruani.

Agregó que fue juzgado "por un consejo de Guerra, el 25 de agosto de 1977. En el Comando del II Cuerpo de Ejército, el mayor Fernando Soria me muestra una lista de oficiales y me dice que designe a mi defensor. Como yo no conocía a ninguno de esos señores, le respondí que lo designaran ellos. Ese mismo día me hacen el juicio bajo la acusación de actividades subversivas. Actuó como defensor el teniente coronel González Roulet, quien en ese momento era el encargado de los presos políticos en el área del II Cuerpo…El militar que decía ser mi defensor, se limitó a reconocer la justeza de las acusaciones aunque adujo que era posible que yo, dada mi juventud, hubiera sido engañado y manipulado por los tentáculos de la internacional subversiva. Pasadas dos horas, me condenaron a 12 años de prisión. Posteriormente, el defensor apela y me hacen un nuevo consejo, aunque esta vez no me llevan, no estoy presente. Un tiempo después me vienen a leer la nueva condena que es de 15 años".

Cuando asumió como Comandante del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri hizo público su proyecto. No se detuvo en pequeñeces. Quería instalar un orden de 100 años. Era el 12 de octubre de 1976, Rosario fue testigo.

Galtieri, nacido en julio de 1926 y casado con Lucía Gentile desde 1949, padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos; expresaba el sentido de su cruzada de fusilamientos y picana, de cenas con narcotraficantes bolivianos y empresarios poderosos de la región del Gran Rosario. Buscaba "los 100 años nuevos de paz" a partir del ejército que comenzaba otro ciclo histórico. En sus divagaciones estaba gestando la imagen de un general ungido por la voluntad popular. Antes de Malvinas, Galtieri quiso perpetuarse en el poder a través de la inteligencia de sus torturados.

"Operación México"

Desde el Aeropuerto de Fisherton, en Rosario, el general Leopoldo Fortunato Galtieri subió al avión presidencial "Tango 01" con destino a la Capital Federal. Frente a Jorge Rafael Videla y Eduardo Viola, explicó la "Operación México". Cuenta Miguel Bonasso en su imprescindible "Recuerdo de la Muerte" que el sábado 14 de enero de 1978, a las 12, aproximadamente, "el grupo compuesto por tres miembros de la inteligencia militar (Sebastián, Daniel y Barba) y dos prisioneros (Tulio Valenzuela y Carlos Laluf), emprenden la partida desde la quinta de Funes. Valenzuela lleva el mismo documento falto que tenía en el momento de la caída, a nombre de Jorge Raúl Cattone. El mayor Sebastián pasa a ser el señor Ferrer. Barba es ahora Caravetta y Nacho Laluf se llama Miguel Vila. Los documentos falsos de estos últimos han sido confeccionados en Funes, utilizando el servicio de documentación que tenía la Columna Rosario de la Organización Montoneros". Valenzuela había convencido a Galtieri para que lo enviara a México con la supuesta intención de infiltrar al Movimiento Peronista Montoneros en el exilio y así permitir el asesinato de los principales dirigentes. Quedaban en Funes nada menos que su compañera, Raquel Negro, embarazada de seis meses, y su hijo, Sebastián, de un año y medio. El 19 de enero, las autoridades mexicanas reclamaron ante las autoridades argentinas la violación de su soberanía por este grupo de tareas. Un día después, en el diario mexicano "Unomasuno", se publicaron las declaraciones telefónicas de Galtieri: "yo no tengo control de mis agentes fuera del país".

La grieta legal

El 9 de diciembre de 1985, Leopoldo Fortunato Galtieri fue absuelto de culpa y cargo por la Cámara Federal de Capital Federal.

Se le habían imputado 242 casos de encubrimiento, 11 privaciones ilegales de libertad calificada, 8 reducciones a la servidumbre, 15 falsedades ideológicas, una sustracción de menor y tres casos de tormentos. Hechos que había cometido como comandante en jefe del Ejército. Los fiscales pidieron quince años de reclusión.

Sin embargo el punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la dictadura, indicaba que "disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores, que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa, durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones".

Dicho artículo abrió la posibilidad para juzgar a los responsables militares del terrorismo de estado en todas y cada una de las provincias.

Entre ellos, desde el 12 de octubre de 1976 al 8 de febrero de 1979, el entonces general de división, Leopoldo Fortunato Galtieri.

Galtieri y Feced, viejos conocidos

El coronel Leopoldo Fortunato Galtieri visitó por primera vez la ciudad de Rosario en funciones operativas en setiembre de 1969. Venía con la orden de reprimir el segundo "Rosariazo", el protagonizado, fundamentalmente, por obreros de diferentes rubros.

Era el jefe de una unidad militar en Corrientes que se desplazó hasta la ciudad por entonces rebelde. En aquellos momentos había sido reemplazado el anterior jefe de la policía rosarina, un ex comandante de gendarmería, Milcíades Verdaguer. En su lugar apareció otro ex comandante de gendarmería, Agustín Feced.

El segundo "Rosariazo" les dio la posibilidad de conocerse e intercambiar experiencias y metodologías.

Entre 1973 y 1976, ni Galtieri ni Feced pudieron hacer demasiado. Incluso Feced fue vinculado al secuestro, tortura y muerte de Ángel Brandazza, ocurrido el 28 de noviembre de 1972.

Sin embargo, en octubre de 1976, Galtieri volvió a Rosario, ahora si como comandante del II Cuerpo de Ejército y se reencontró con "el Viejo", otra vez en funciones. Las denuncias de la CONADEP en la provincia los hacen responsables de la mayoría de las 270 vejaciones a los derechos humanos constatadas en el ámbito santafesino y que forman parte de causa 47.913.

Los vecinos de los centros clandestinos

La instalación de centros clandestinos de por sí conllevaba una alteración de la normalidad de la vida cotidiana en el área, sobre todo cuando nos referimos a una modalidad utilizada frecuentemente en las zonas aledañas a Rosario, la de alquilar casas particulares ("quintas"). Esto marcaba una diferencia importante con aquellos centros que funcionaron en las dependencias policiales o militares, donde el movimiento de personal uniformado o vehículos formaba parte del panorama habitual.

Este fue el caso de la ciudad de Granadero Baigorria, el lugar donde estaba La Calamita.

La represión en los ámbitos laborales, educativos y de sociabilidad

Las cúpulas sindicales se vieron afectadas por el congelamiento de la actividad gremial y también en Rosario la Confederación General del Trabajo (CGT) local permaneció intervenida por militares, lo mismo que un puñado de gremios, hasta principios de la década de 1980.

Este es un aspecto problemático de la historia de los trabajadores, que no ha recibido la atención que merece ni siquiera cuando algunos científicos sociales plantearon posiciones alternativas, sobre el mismo.

Por su parte, la represión se dirigió en forma señalada hacia el sistema educativo, articulándose con el que se erigió en objetivo fundamental de la dictadura militar: la erradicación de la "subversión". En los establecimientos públicos de enseñanza media, se intensificó un perfil que combinaba la caída de la calidad de la enseñanza, las prácticas pedagógicas tradicionales, repetitivas y carentes de motivación con el cinismo y la apatía como respuesta de los estudiantes.

En la Universidad la imposición del orden se convirtió en el primer objetivo de las autoridades y, como había sucedido en otros ámbitos, fue intervenida por la dictadura, y derogó la ley universitaria del gobierno peronista y la promulgación en abril de una legislación "de emergencia" para las universidades nacionales, la ley N° 21.276. La represión dirigida hacia el sistema educativo se tradujo no sólo en la persecución y las desapariciones de docentes y estudiantes sino también en el control de los contenidos de la enseñanza, la imposición de rígidas medidas disciplinarias para los alumnos y la erradicación de las actividades políticas de escuelas y universidades.

Se les exigió a los decanos de las Universidades de todo el país que se les entreguen las listas de todos los estudiantes militantes en los centros de estudiantes y cuerpos de delegados, y se llevaron secuestrados a cientos de ellos. El lema era destruir las organizaciones que encarnan el pensamiento político crítico y que cuestionan en la práctica el modelo de apropiación, acumulación y circulación de la riqueza y el conocimiento. Las tristemente célebres "Listas Negras". Así se aplicaba la "cultura del miedo".

La represión cultural se sustentó en una serie de pilares básicos: desgaste del campo intelectual, con la intención de formar sujetos acríticos y desgaste de las identidades plurales, prohibiendo todo derecho de reunión; aunados en el campo universitario, como medidas de prevención regladas por la autoridad ilegal, entendido en ejes dictatoriales; así como también, sanciones, expulsiones, persecuciones, facilitadoras de la vigilancia y el control ideológico y moral.

Este embate represivo instrumentado desde diversos frentes logró, sobre todo, modificar la vida cotidiana de los adolescentes y jóvenes de la ciudad, ejemplificada en las estrictas normas de vestimenta y cortes de pelo para los alumnos de escuelas públicas, la prohibición de circular sin documentos de identidad, la restricción de espacios de sociabilidad en el ámbito urbano.

Las escuelas funcionaban como cuarteles. El proyecto educativo consistió en una férrea disciplina, prohibiciones curriculares y censura a los docentes y estudiantes. La dictadura invirtió más en defensa que en educación.

En las escuelas se habilitaban salas para mirar los partidos de Argentina durante el Mundial de fútbol de España de 1982. La educación durante la guerra de Malvinas fue una educación para legitimar la guerra y también para lavarla con deportivismos carnavalescos.

Eso es un punto de partida para comprender el "Proyecto Educativo Autoritario", tal como lo definieron Juan Carlos Tedesco, Cecilia Braslavsky y Ricardo Carciofi, en el libro homónimo.

En 1976, los gastos destinados a defensa fueron del 15,5 % y los destinados a educación del 100 %.

En 1977 el Ministerio de Cultura y Educación distribuyó en todas las escuelas un opúsculo titulado "Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo". Allí se afirmaba entre otras cosas: "El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que desarrollará en niveles superiores…" Este tipo de sentencias justificaron las prohibiciones curriculares. Se excluyó el uso de la palabra "Vector de la enseñanza de las matemáticas" porque alguien supuso que los "subversivos" se manejaban con el concepto de "Vector revolucionario" y que eso subvertiría a los educandos. También se afirmó que la teoría lógico matemática de los conjuntos era una amenaza al orden público. Hasta "El Principito" de Saint Exupéry estuvo en el Index de lo prohibido. Se quiso abolir a la ciencia y a la cultura. Así de demencial.

Como señaló Tedesco, el drama educativo radica en lo que No se enseña, en lo que prohíbe. Ese drama tuvo centenares de víctimas. Hubo cerca de 300 estudiantes secundarios desparecidos. Y todavía no aparecen.

La educación durante los años de la dictadura incrustó un modo de concebir los procesos sociales simplista y binario.

Durante gran parte del gobierno militar y sobre todo a lo largo del primer quinquenio, la intendencia de Rosario logró establecer un diálogo fluido con quienes se regía como los "sectores representativos" de la comunidad: el Arzobispado de Rosario, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, entidades empresarias y comerciales como la Federación Gremial del Comercio y la Industria o la Asociación Empresaria de Rosario, pero también algunos dirigentes políticos y las asociaciones vecinales.

A lo largo del primer quinquenio, el Ejecutivo municipal al mando del capitán Augusto Félix Cristiani (1976-1981), se erigió en el eje articulador de una serie de acciones y declaraciones que expresaron reiteradamente la comunidad de objetivos existentes entre el Proceso de Reorganización Nacional, sus representantes en la comuna y el II° Cuerpo y las "fuerzas vivas" de la ciudad.

La Municipalidad de Rosario acuñó el slogan de "Rosario: ciudad limpia, ciudad sana, ciudad culta". La imagen de ciudad que pretendía construir Cristiani era la cara visible y legal del terror impuesto sobre la sociedad desde marzo de 1976. El éxito de la estrategia represiva se midió en estos primeros años en la casi total inexistencia de cuestionamientos y la generalizada apatía de los rosarinos, que sólo se rompió espasmódicamente con el impulso nacionalista ofrecido desde el poder, como sucedió, durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.

Los trabajadores

Es indudable que la dictadura modificó al movimiento obrero. La defensa que hicieron los trabajadores tanto del control sobre las condiciones de trabajo como de sus organizaciones gremiales fueron lo destacable del período.

Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos-entre ellos, 27 Federaciones y 30 Regionales de esa Central Obrera-, la suspensión de la actividad gremial-asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. A esto se sumó la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del Golpe, se reformó la Ley de Contrato de Trabajo, anulando normas en materia de derechos.

Toda esa legislación se combinó con la represión, ocupando militarmente las fábricas en conflicto, reprimiendo especialmente a distintos gremios industriales y de servicio, a sus delegados y miembros de comisiones internas. Los sindicalistas, delegados, militantes fabriles y abogados laborales fueron víctimas de la violencia aplicada desde el poder militar.

La Junta Militar designó como Ministro de Trabajo al General Liendo, quien luego de ordenar una batería de medidas contra la clase obrera, participó activamente en la reforma a la Ley de Contrato de Trabajo, por la cual se dejaba sin vigencia a una serie de normas que hacían a los derechos individuales.

Los mensajes de los genocidas, en los diferentes Primeros de Mayo, hicieron hincapié en los objetivos económicos de la dictadura, la necesidad de sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, las tareas de ordenar y recuperar a la Nación. A la vez, destacaban que se buscaba el punto de equilibrio entre el desarrollo de sus riquezas potenciales y la armonización de su crecimiento económico y social también se procuraba corregir los excesos y los vicios e instrumentar normas que eviten la corrupción.

En Rosario, la Asociación de Empleados de Comercio fue al gremio más consecuente en esos años en conmemorar la fecha, y el Círculo Católico de Obreros dio a conocer una serie de documentos analizando la situación de la clase obrera. De parte del resto del movimiento obrero, se destacaron el documento de 45 gremios emitido el 1° de mayo de 1891, la actitud durante la Guerra de Malvinas, los actos y las numerosas declaraciones en 1983.

La primera huelga general se realizó días previos a la conmemoración del 1° de Mayo de 1979. Una vez anunciado el paro, fueron detenidos varios dirigentes; inmediatamente fue solicitada su libertad y, a la vez, los sindicalistas de "los 25" ratificaban la decisión de parar. Por su parte, el gobierno explicitó que estaba garantizada la libertad de trabajo, a la vez que calificó como "paro ilegal" a la jornada de protesta.

Luego del paro, el gobierno y la prensa informaron que "hubo normalidad en todo el país". En general, las actividades demostraron que la jornada de protesta no tuvo el éxito esperado.

En Rosario, salvo en un sector de los ferroviarios del Mitre y algunos establecimientos fabriles, no se alteraron las actividades fundamentales. La pauta no fue acotada por otras agrupaciones, incluso los gremios de la carne y los metalúrgicos informaron que no había ordenado ninguna medida de fuerza.

En 1981 se realizó un encuentro de un sector de los Sindicatos de Rosario, agrupados en la Intersectorial de los 20 y dirigentes nacionales como Jorge Triacca-Secretario General del Sindicato de Obreros del Plástico-, quien fue acompañado por Delfor Jiménez-de los Textiles-, Otto Calace-de Sanidad-, y Juan Rachini-de Aguas Gaseosas. Triacca, años después, durante el juicio a las Juntas Militares, declaró que no sabía nada de los desaparecidos, que no los había en el movimiento obrero, que no recordaba nada de lo sucedido durante los años del terrorismo de estado.

La acumulación de la crisis económica, los problemas internos y el desprestigio generalizado, llevó a los militares a buscar una salida y lograr consenso nacional, al replantear en los hechos y por sorpresa la antigua demanda nacional de la recuperación de las Islas Malvinas.

Las posturas de la Iglesia Católica frente a la dictadura militar mudaron, desde los que apoyaron, colaboraron y justificaron sus acciones hasta los que se opusieron abiertamente, denunciando tanto la represión como la política económica.

Frente a las distintas conmemoraciones del 1° de Mayo, se dieron en la ciudad variadas posiciones.

Después de cuantificar y calificar unos 300 conflictos colectivos, la resistencia fue un fenómeno dominantemente molecular y defensivo, que sólo por azar configuró una "virtual huelga general no declarada". Esa resistencia manifestó una gran capacidad de adaptación para defender lo que se consideraban las "conquistas históricas" del movimiento obrero, la aparición de los "delegados provisorios" o representantes elegidos de hecho es un ejemplo de ello, a pesar de la ausencia de los sindicatos. Estos participaron escasamente en los conflictos porque estaban presididos por militares, no tenían injerencia sobre las negociaciones en las fábricas y se abstuvieron de manifestarse abiertamente.

La modernización en materia de disciplina laboral y de productividad, que los sectores patronales más dinámicos habían conseguido desde la caída del peronismo en 1955, fue amenazada por el resurgimiento de la protesta colectiva y la politización de los trabajadores jóvenes durante el período 1969 – 1974. Los reclamos empresarios tuvieron una primera respuesta en el mes de marzo de 1975, cuando el Estado nacional y los dirigentes centrales de la Unión Obrera Metalúrgica reprimieron a los activistas gremiales de la zona norte de Rosario y San Nicolás, interviniendo a la seccional opositora y combativa de Villa Constitución. La reacción estatal a los pedidos patronales de firmeza señalaba un momento crucial, cuando la "solución al problema de la productividad se ligó indisolublemente a la necesidad de disciplinamiento social".

Como decíamos antes, el gobierno militar surgido del golpe de 1976 tuvo a las fábricas como uno de los espacios preferidos para aplicar medidas drásticas de restauración del orden. El ejército ocupó las fábricas y persiguió sistemáticamente a las comisiones internas activas, instalando allí mismo centros de inteligencia, redes de informantes y lugares clandestinos de detención y tortura. A consecuencia de ello, los empresarios – que habían colaborado activamente con los militares en la "limpieza" política y sindical – recuperaron el control total sobre sus fábricas. En un primer momento, la desaparición de activistas políticos y sindicales facilitó la aplicación de prácticas elementales de disciplinamiento, con el objetivo de disminuir radicalmente el ausentismo, el incumplimiento de horarios, el "vagabundeo" dentro de la planta, etc. Sin embargo, en un momento posterior se realizaron cambios más profundos en la organización del trabajo, un disciplinamiento más "medular" si se quiere, que revirtieron normas legales o informales que regulaban las relaciones laborales en la industria, como la jornada de ocho horas o las pausas para el descanso.

Estas medidas disciplinarias profundas fueron causa de muchos reclamos, en forma de petitorios, y medidas de fuerza, que expresaban el malestar de los trabajadores por el ataque contra lo que consideraban sus "conquistas históricas".

El segundo objetivo del golpe militar -imponer el proyecto económico- estuvo encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y fue elaborado como un programa de "modernización del aparato productivo y racionalidad". En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.

Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio. Se creó, además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Las intendencias municipales fueron