Una visión jurídica de los Sistemas que aprovechan las Fuentes Renovables de Energía. Cuba

Proyecto: Planificación energética territorial con fuentes renovables de energía utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIFRE), las Técnicas de la Informática y las Comunicaciones (TIC) en la ordenación territorial, estudios de sus impactos (ambientales, de desastres naturales, económicos y sociales) y la introducción del marco regulatorio de normas jurídicas y técnicas. Código PR-0287.

Centro de Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas (CIPEL)

…Las Fuentes Renovables de Energía no se han desarrollado más, porque el petróleo, el carbón y los reactivos nucleares, o sea, los portadores de energía concentrada, son instrumentos de poder…. Mientras se gastan miles de millones de dólares en investigaciones y gastos militares para dominar la energía, son insignificantes los recursos empleados en investigaciones científicas y tecnológicas para desarrollar las fuentes renovables… [1].

Dr. Luis Bérriz Pérez

Resumen

En la actualidad el panorama energético mundial se distingue por la búsqueda de alternativas sostenibles para diversificar la matriz energética mundial; factores como el agotamiento de los combustibles fósiles y los daños ya irreparables ocasionados al medio ambiente, hacen apremiante desde el punto de vista económico y más urgente desde el punto de vista ético el cambio. El país no escapa a esa subliminal realidad y cada vez es más necesaria la búsqueda de alternativas.

En el trabajo se analiza la evolución del marco regulatorio del perfil energético, particularmente el referido a la utilización de las fuentes renovables de energía y como antecedentes se realiza una mirada crítica al surgimiento del derecho ambiental internacional y su expresión en la nación cubana, mostrando la utilidad del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, como vía para la mitigación de los impactos negativos causados por el uso de los combustibles fósiles.

Se define el concepto de marco regulatorio energético, analizando un conjunto relaciones sociales que se derivan de los Servicios Energéticos Renovables, constituyendo los elementos básicos que demuestran la necesidad de una Norma Jurídica específica que tutele la introducción del aprovechamiento de las fuentes renovables en la matriz energética nacional.

Se demuestra como las Fuentes Renovables de Energía han logrado constituirse actualmente en un fin en sí mismas, generadoras de un grupo importante de relaciones sociales y una amplia gama de resultados técnicos en los cuales interactúa el hombre, adaptando y convirtiendo de forma sostenible los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del desarrollo económico y social, aportando un resultado sustentable concreto y susceptible de ser normado jurídicamente, a tono con sus atributos territoriales propios y las peculiares relaciones que de ellas se derivan.

Se precisa el concepto de eficacia social energética y se ofrecen las premisas para determinarla, suponiendo que para lograr una mayor expresión de esta, es necesaria la promulgación de una normativa jurídica específica, que ordene la introducción de las tecnologías que aprovechan las fuentes renovables de energía y su penetración con un mayor peso en la matriz energética nacional.

Se exponen los principios que van a determinar los objetivos y alcance de una Ley que ordene la penetración del aprovechamiento de las fuentes renovables, a la vez que sirven de base instrumental para garantizar su cumplimiento, constituyendo el sostén de su desarrollo y el desenvolviendo de las relaciones generadas a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables y la prestación de los servicios energéticos.

Se expone brevemente el marco teórico y un breve repaso a la teoría normativa del ordenamiento jurídico, abordando los elementos del contenido de la norma jurídica que se necesita.

Introducción

En la Ley de Leyes del Estado Cubano, Carta Magna que fue proclamada el 24 de febrero de 1976 en acto solemne y público, se refrenda en el Artículo 27 [2]…El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política….

Más adelante en el propio artículo establece,…Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza…

Estos preceptos constitucionales tutelan el medio ambiente y protegen el uso sostenible de los recursos naturales del país, subrayando las obligaciones que en ello adquieren los Órganos del Estado y los ciudadanos en estas tareas.

La Ley No 81 del Medio Ambiente [3], tiene por objeto establecer los principios que rigen la política y las normas básicas que regulan la gestión ambiental del estado, así como las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del país.

En el ámbito internacional se puede señalar que el 8 de junio de 1998, fue refrendado mediante Resolución del Consejo del Parlamento Europeo el Libro Blanco sobre las Fuentes Renovables de Energía [4], estableciendo la estrategia a seguir por los países miembros a corto y medio plazo e indica que debe realizarse un esfuerzo para dar a conocer el potencial y ventajas de estos recursos para las regiones.

En este documento se establece una línea de trabajo para el despegue en el aprovechamiento de las FRE1, considerándose a los agentes de decisión en el ámbito local y regional como un elemento de importancia en su promoción.

1 Fuentes Renovables de Energía

El 27 de Septiembre de 2001 en Bruselas, el Consejo del Parlamento Europeo publica la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de las FRE en el mercado interior de la electricidad [5].

En principio el marco regulatorio del perfil energético a escala mundial se desarrolla y adquiere niveles relevantes, durante el escenario de la revolución industrial, la energía comienza a ser regulada como un simple producto del mercado, al margen de toda consideración social y medioambiental como un derecho de las personas. La energía es rebajada al valor de una simple mercancía.

En este espacio se singulariza más por su finalidad mercantil y objeto económico, que por su validez como un derecho social y al analizar sus objetivos instrumentales podemos estudiarlo en dos etapas:

Primera Etapa: desde finales del siglo XIX hasta los primeros años de la década de los ´70 del siglo XX, donde esencialmente se produce la introducción y desarrollo a gran escala de las tecnologías de generación eléctrica a base del consumo de combustibles fósiles y la tendencia normativa se perfiló al logro de los siguientes objetivos:

• Propugnar la privatización del sector energético por encima del modo estatal y social de producción.

• Lograr la penetración de las tecnologías Diesel y posterior dependencia petrolera de la industria eléctrica.

• Asegurar el espacio y garantías institucionales a las empresas energéticas del sector privado.

• Proteger las relaciones económicas y mercantiles del sector privado (política de estímulos económicos y protección estatal), por encima del valor social del servicio.

• Consagrar el papel proteccionista del estado hacia el sector privado.

• Dinamizar el desarrollo tecnológico del sector.

• Asegurar las bases de surgimiento del monopolio energético.

En esta etapa se van a producir cambios en el escenario político de Cuba, que van a particularizar de manera muy especial el desarrollo energético del país.

Durante la primera mitad del siglo XX, el esquema energético cubano era típico de un país capitalista subdesarrollado, dominado por el monopolio eléctrico con una penetración prácticamente total de los intereses imperialistas norteamericanos, las líneas eléctricas se extendían hasta donde se pudiera percibir una utilidad económica satisfactoria para la Compañía de Electricidad, que se encontraba en manos de la burguesía energética del país y el monopolio eléctrico norteamericano.

El primero de Enero de 1959 cuando triunfa la Revolución, el servicio eléctrico llegaba a penas al 56% de la población [44]. Durante estos años las normas jurídicas y técnicas del sector energético, no dejaron de ser más que una homologación del marco regulatorio privado de los Estados Unidos.

En los primeros veinte años posteriores al triunfo de la revolución, se van a realizar importantes cambios conceptuales y estructurales en la vida económica y social de la nación y formando parte de esta metamorfosis se emprende el desarrollo energético, ahora con una nueva vocación; por primera vez en la historia del país comienza un repliegue del papel y la ordenación energética hacia funciones de carácter social y no simplemente mercantilistas. La energía eléctrica comienza a dejar de ser considerada como un simple producto del mercado, para convertirse en un derecho genuino de la sociedad.

Se nacionaliza la Compañía de Electricidad Cubana y aunque no se promulga ninguna Ley específica sobre el perfil energético, se comienzan a dar los primeros pasos en el desarrollo integral de la nación para llevar la electricidad a todos los rincones de la sociedad cubana.

Con la ayuda de los países miembros de lo que fuera el Campo Socialista, en especial la Unión Soviética, ya para 1973 se crea y pone en funcionamiento el Sistema Electroenergético Nacional; y en el año 1989 la generación de energía eléctrica había aumentado en ocho veces y la electrificación había alcanzado el 95% de la población total del país; pero este desarrollo se había logrado con el empleo extensivo de combustibles fósiles y de tecnologías provenientes del campo socialista, pues las justas condiciones de intercambio comercial que ofrecía el CAME2 permitían y sustentaban el desarrollo del país y en esas condiciones no resultaba un imperativo el desarrollo de otras fuentes de energía [44].

Segunda Etapa: desde finales de los años ´70 del siglo XX hasta nuestros días; a nivel mundial la acumulación de capital y la introducción de novedosas y sofisticadas tecnologías, permitieron que el negocio energético adquiriera proporciones de monopolio, capaz de generar dependencia y subordinación política de unas naciones a otras y ser utilizado como un instrumento de desestabilización regional. En esta etapa los mecanismos de la regulación se dirigieron a los siguientes objetivos:

• Asegurar a la oligarquía energética una posición privilegiada en los círculos de poder del estado.

• Promover el desarrollo tecnológico a nivel global, como un instrumento de dependencia de unas regiones (naciones) a otras.

• Consagrar la dependencia petrolera, ahora a gran escala y la penetración de la energía nuclear, instaurando la dependencia energética como un instrumento de poder y dominación.

• Regular la competencia del mercado energético en relación con las renovables, divinizando las artificiales ventajas económicas de las tecnologías convencionales en relación con las renovables.

• Propugnar el desarrollo energético como un instrumento de poder hegemónico e imperial.

• Utilizar el recurso energético como un instrumento proveedor de crisis y desestabilización política a nivel regional y una justificación para llevar a cabo la política belicista del imperialismo mundial.

Particularmente en Cuba durante esa etapa se consolida el nivel alcanzado en el desarrollo energético del país; en el año 1975 se promulga la Ley 1287, Ley Eléctrica Cubana [43], que entre sus objetivos se encuentran los de garantizar la ordenación y regulación del crecimiento de la industria eléctrica, para hacer frente a la creciente demanda en función del desarrollo económico y social del país.

2 Consejo de Ayuda Mutua Económica

Para ello fue necesario introducir un amplio plan de instalaciones de plantas termoeléctricas, líneas de transmisión y distribución, servicios de electrificación a nuevas zonas rurales y urbanas, extendiendo este vital servicio a numerosas instalaciones agrícolas e industriales a todo lo largo y ancho del país [44].

En la propia Ley se comienzan a regular las primeras medidas para evitar el despilfarro o inadecuado aprovechamiento de la energía, reconociéndose como un objetivo obligado para toda la nación [43] y se establece la necesidad de actualizar y unificar las diversas normas técnicas que regulan la materia, dispersas hasta esos momentos en distintas leyes y disposiciones.

Se faculta al Ministerio de la Industria Eléctrica existente en aquellos momentos, como suministrador único de este servicio en el país y dispone las prioridades establecidas por el gobierno para el desarrollo de los planes económicos y sociales [43].

En el propio año 1975 y a tenor de lo dispuesto en la Ley 1287, fue aprobado y publicado el Reglamento del Servicio Eléctrico, estableciendo las bases regulativas para lograr la utilización racional y el máximo aprovechamiento de la energía eléctrica, siendo necesaria la actualización y unificación de las diversas normas técnicas reguladoras de la materia [43].

La desintegración de campo socialista, el derrumbamiento de la Unión Soviética y la intensificación del Bloqueo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, marcaron un duro golpe a la economía nacional.

Entre 1989 y 1993 el producto interno bruto de la Isla se redujo a la mitad y las importaciones cayeron en un 75%, la importación de petróleo se deprimió en 40,6% repercutiendo muy severamente en todos los órdenes de la vida económica y social del país durante varios años [44]. La industria eléctrica además comenzó a carecer de piezas de repuesto y otros componentes necesarios para su funcionamiento.

En el año 1993 comenzó un intensivo proceso de recuperación de la capacidad de generación eléctrica, acompañado de un notable aumento de la demanda de electricidad y en 1997 el Gobierno Cubano aprobó una estrategia enfocada en tres objetivos, dirigidos a perfilar la elevación de la eficiencia y recuperar la capacidad de generación del SEN3 [44]:

• Modernización de las Centrales Termoeléctricas y asimilación acelerada del uso del crudo nacional.

• Construcción y explotación de nuevas capacidades y utilización del gas acompañante de los yacimientos de petróleo.

• Desarrollo del Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC) del MINBAS4 en aquellos momentos y el Programa de Ahorro de Energía (PAEME) del MINED5.

En el año 2005 la dirección del país despliega una estrategia regulatoria, basada en la adopción de un grupo de acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección política y el estado, dirigidas a ordenar el emprendimiento de la Revolución Energética, sustentada en un grupo de principios, así como la ejecución de diversos programas adecuados a las condiciones y posibilidades del desarrollo económico y social del país.

La Revolución Energética que se profundiza y perfecciona en Cuba, se fundamenta en la convicción de que el desarrollo sostenible no será posible sin el uso racional y el ahorro de todo tipo de recursos, especialmente de los combustibles fósiles y otras fuentes de energía, preferente de las FRE [45].

La energía hidroeléctrica de pequeña escala, el empleo de la energía eólica para el bombeo de agua, la generación de electricidad mediante paneles fotovoltaicos, son algunas de las tecnologías energéticas renovables más utilizadas en Cuba. Se habían instalado más de 10 000 sistemas fotovoltaicos dispersos en todo el país, cientos de plantas de biogás y con experiencia suficiente en la cogeneración en la industria azucarera. Se trazó una estrategia para que el aporte al SEN de los centrales azucareros aumentara con la instalación de tecnologías más eficientes, sostenido en un potencial de cogeneración estimado en unos 1.300 MW, se habían instalado parques eólicos de prueba en el del Municipio Especial Isla de la Juventud y se puso en marcha un programa para la ampliación del biogás, el calentamiento de agua con energía solar y la generación eléctrica a partir de biomasa forestal, Hidroenergía, energía solar fotovoltaica y energía eólica.

3 Sistema Electroenergético Nacional

4 Ministerio de la Industria Básica

5 Ministerio de Educación

Se previó que el territorio pinero cubriera el 40 por ciento de su demanda eléctrica a partir de fuentes renovables para el 2013. Los municipios de Guamá y Bartolomé Masó trabajaban por lograr su autosuficiencia energética [46].

Para estos momentos Cuba tenía una capacidad de generación eléctrica de 2.418 MW en base a GD6, de la cual 1.280 MW corresponden a generadores Diesel y el resto son motores de fuel oil (540 MW), una cogeneración (529 MW) y en otras tecnologías energéticas renovables (69 MW). Se habían instalado unos 6 000

generadores Diesel de emergencia en centros clave de producción y servicios. La potencia combinada de estos generadores es de 690 MW [44].

La ejecución de estos programas posibilitaría que a pesar de las limitaciones económicas, incrementadas por las consecuencias del Bloqueo Norteamericano, en el año 2008 se alcanzara una capacidad instalada de 5.282,4 MW, representando un incremento del 60% en relación al año 2002.

Todo este esfuerzo viene a demostrar lo esencial de la dimensión social de la energía, traduciendo con claridad su carácter de derecho social, más que como un instrumento del mercado al servicio de compañías privadas y monopolios estatales.

Sin dudas un gran esfuerzo de la dirección del país; pero todas estas tecnologías basadas en el consumo de petróleo y aunque se reportan algunas ventajas relacionadas con los indicadores de consumo de combustible, continúa implicando la dedicación de cuantiosos recursos económicos para asegurar su operación y mantenimiento, así como la reducción de los impactos asociados al uso de estas tecnologías.

Empero a pesar de la manifiesta voluntad política expresada por diversificar la matriz energética global a partir de la utilización de las FRE, se siguen considerando de manera preferencial a los combustibles fósiles en la generación, reduciendo las expectativas por emprender las transformaciones que se requieren, en función de lograr una base energética sustentable por los recursos que se utilizan y sostenible desde el punto de vista medioambiental.

6 Generación Distribuida

Una mirada crítica a la evolución histórica del Derecho Ambiental Internacional y su manifestación en Cuba

Es cierto que la historia no aporta nada nuevo que no sea lo ya acontecido y contado, todo hecho negativo o positivo ya ocurrió y no puede ser transformado; pero es ahí precisamente la sabia de la historia, la experiencia indeleble que nos enseña y nos hace meditar y enriquecer el conocimiento. Esa es su esencia útil, dominar la realidad y aprender de nuestros fracasos, así como mejorar y perfeccionar nuestros aciertos.

Una sociedad sin historia no puede reconocer de manera consiente el presente que vive y mucho menos podrá tener ideas de aprecio por el futuro.

Cuando nos adentramos en el estudio de la temática podemos constatar la relación estrecha que existe entre medio ambiente y las FRE; el sol, el agua, las plantas y los mares son partes inseparables del medio natural, los procesos de desprendimiento térmico que se dan lugar en los mares, las mareas, las fuerzas oscilatorias del viento y los procesos de descomposición de la materia, constituyen eventos naturales cíclicos que forman parte inseparable de la vida en la tierra y estos a su vez constituyen fuentes energéticas que pueden ser aprovechadas en su carácter renovable.

En la figura 1 se pueden apreciar algunas de las tecnologías que en el mundo y Cuba aprovechan en la actualidad el potencial energético de las fuentes renovables de energía.

Figura 1. Algunas tecnologías que aprovechan las fuentes renovables de energía y que son utilizadas actualmente en Cuba y el mundo.

La utilización de estas fuentes constituye una alternativa adecuada para frenar y minimizar la escala de impactos que causan las tecnologías de generación de energía que funcionan a base de la combustión de los fósiles y al propio tiempo lograr la preservación de recursos naturales para su disfrute por las generaciones actuales y venideras.

Sin embargo sería muy difícil exponer los argumentos sobre la necesidad del ordenamiento jurídico que favorezca el aprovechamiento de las FRE, sin realizar una mirada crítica al surgimiento y evolución del derecho ambiental.

De los cuatro y medio billones de años de historia que tiene el planeta, el hombre ha compartido con el resto de las criaturas los últimos quinientos mil años. Antes y después de que sus impactos fueran letales para el resto de las especies, hubo evolución y extinción. En el tiempo geológico toda especie tiene un tiempo finito de existencia; pero se ha demostrado que la responsabilidad del hombre frente al proceso de pérdida de la diversidad biológica y el agotamiento de los recursos naturales, está dada en un ritmo que oscila entre mil y diez mil veces más rápido que el proceso que se da de forma natural [6].

Sobre esta base se calcula la pérdida durante el siglo XXI de las dos terceras partes de todas las especies existentes y el agotamiento de los hidrocarburos y otros recursos minerales necesarios al desarrollo, lo que en materia de las especies vivas, equivale a la desaparición producida en la época cretácea y que tardó cinco millones de años para que se lograra el equilibrio ecológico, es decir, cinco veces la edad del hombre en la tierra [6].

Figura 2. Deforestación intensiva de un territorio.

En la figura 2 se puede apreciar la deforestación intensiva de un territorio.

Las graves afectaciones al medio natural que han ocasionado las políticas imperiales de desarrollo, donde la producción y el sobreconsumo de energía ha jugado un papel determinante, ha propiciado que más allá del controvertido debate sobre su causalidad, se haya comenzado a tomar

conciencia del carácter finito de los recursos de la biosfera, así como la necesidad de mantener el desarrollo económico y social, sin comprometer el disfrute de un ambiente adecuado por las generaciones actuales y venideras, a lo que se le ha dado en llamar modernamente desarrollo sostenible [7].

En ese reflujo de transformaciones e impactos se fue fraguando progresivamente un interés general por la protección del medio ambiente, favoreciendo un cambio de paradigma que ha motivado el nacimiento y desarrollo de una rama autónoma del derecho, el "Derecho Ambiental" y como traídas de la mano las FRE lucen en su capacidad de acción práctica como una alternativa de solución adecuada para el logro de los objetivos propuestos, en función de salvaguardar la salud del planeta y alcanzar las metas del desarrollo sostenible.

El derecho ambiental como ciencia jurídica independiente tiene su aparición en épocas recientes. Durante más de cuatrocientos noventa y nueve milenios de presencia de la especie humana en la tierra, la tutela medioambiental coexistió en los usos y costumbres sociales.

Primeramente en la magia ignorante durante el nacimiento del hombre al mundo como especie; luego en la no menos indocta religiosidad radical de aquellas sociedades occidentales antiguas, salvando con toda justicia otras culturas donde el eje principal de sus creencias, giraban en torno a determinadas deidades naturales.

Tal es el caso del sol para los egipcios y los Incas, así como la gran deidad Pachamama, entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales de América del Sur, que representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza; es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, siendo una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente y por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee.

El respeto del hombre por la naturaleza estaba condicionado no sólo por su dependencia del medio que lo rodeaba y de las ideas religiosas, sino también y era el caso de los filósofos, por una conciencia casi intuitiva de su pertenencia natural a ese todo, que no era otra cosa que la realidad cognoscible [6].

En la edad media, la Iglesia Católica prácticamente generaliza su dominio en la civilización occidental, abocándose a un periodo donde el fundamentalismo de los dogmas religiosos casi asfixió a las ciencias y el pleno desarrollo del hombre.

En estas condiciones el centro de atención era la contemplación y adoración de dios, quien conforme a los dogmas religiosos hizo al hombre a su imagen y semejanza, estableciendo por mandato divino que la relación hombre-naturaleza partiría de la supremacía del primero sobre la segunda, consolidándose de esa forma una posición egocentrista por encima del derecho a la diversidad biológica y la existencia del resto de las formas de vida en el planeta [6].

Esta posición queda claramente expresada en Génesis 1.28: …Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgarla y señoriad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra…[8].

Con este precepto de la cultura religiosa occidental, el hombre recibe el mandato divino de imponerse, de sojuzgar, utilizar y disfrutar sin límites de la naturaleza, sin más limitaciones que las dadas por sus necesidades e intereses personales, pues si Dios lo había dispuesto de esa manera no había que preocuparse de preservar nada.

De tal fatalidad resultó este presupuesto filosófico que a partir del siglo XV con la llegada del hombre europeo a las tierras de América, la agresión humana llegó al límite de exterminar su propia especie, los sentimientos más reprobables fueron alimentados por intereses y ventajas económicas; poblaciones enteras fueron exterminadas; culturas inigualables fueron truncadas en pleno desarrollo, saqueadas en sus valores y humilladas en sus principios y cuando se analizan estos vandalismos, cuánto daño no pudo haber hecho el conquistador contra la flora, la fauna y los recursos naturales.

Esta ideología depredadora sirvió de catalizador a los factores que luego darían lugar al surgimiento del modo de producción capitalista. La pujante burguesía naciente sin renunciar al reino de los cielos, bajó sus ojos a la tierra como nunca antes y se preocupó más por su presente, considerando al hombre como simple fuerza de trabajo y devorador insaciable de mercancías.

Las turbulencias de esta época se extendieron a las ciencias y los descubrimientos que fueron utilizados posteriormente por la industria, todo lo cual dio un notable impulso al fortalecimiento y desarrollo económico de la burguesía, que tuvo su expresión más evidente tiempos después de la revolución industrial a finales del siglo XVIII [6].

El salto histórico en cuanto a impactos medioambientales causados por la actividad antrópica tiene su origen a finales del propio siglo XVIII, la revolución industrial supuso un fuerte incremento en la demanda de materias primas y de energía, la más empleada hasta entonces la madera, fue desplazada por los combustibles fósiles, primero por el carbón, posteriormente por el petróleo y el gas natural y en la segunda mitad del siglo XX con la energía nuclear [9].

Ya para esta época el espíritu mercantilista había alcanzado niveles insospechados y el derecho no podía encontrarse ausente de este fenómeno.

En el año 1868 se presentó el primer documento impetratorio de carácter legal que se tenga conocimiento, sobre un tema vinculado con la protección medioambiental, al ser presentada una demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Austro-Húngaro, por un grupo de agricultores preocupados por la caza de que eran objetos las aves insectívoras ante la demanda de su plumaje por los sombreros conforme a la moda Victoriana. En ella se solicitaba al Emperador la firma de un tratado internacional para la protección de las aves beneficiosas para la agricultura [6].

Cuatro años más tarde en 1872 el Consejo Federal Suizo, señaló la necesidad de una comisión internacional que se encargara de la redacción de un acuerdo sobre la protección de aves.

En este mismo periodo 1884 y siguiendo igual tendencia, se dictó en Cuba la Ley de Caza [10] que protegió aquellas especies de la fauna cubana útiles para la agricultura, más adelante en el año 1909 se dictó la Ley de Caza y Pesca [6].

A finales del siglo XIX el petróleo y los combustibles nucleares aparecieron como elementos que facilitarían la solución eterna a los problemas del desarrollo en cuanto a sus necesidades energéticas, el diseño del sistema político y económico imperante, basado en una carrera incontrolada por el consumo, hicieron que se consideraran estas fuentes como ilimitadas e infinitas, sin suponer el agotamiento físico de las reservas de estos recursos y del impacto medioambiental asociado a la explotación intensiva de los hidrocarburos y combustibles nucleares.

Hasta entonces, la ciencia no había demostrado las afectaciones medioambientales y el agotamiento acelerado de los recursos naturales que ya había acumulado la actividad depredadora e irresponsable del hombre, por tanto ni ética ni científicamente existía lugar a tales preocupaciones.

En consecuencia los principales autores del salto experimentado en el desarrollo industrial, se sintieron envanecidos por los conocimientos científicos adquiridos y sus invenciones tecnológicas. Se erigieron en jueces y verdugos de todo lo existente y poco le importó condenar a desaparecer a todos aquellos que no respondieran a sus gustos, patrones e intereses más inmediatos [6].

Lamentablemente esta corriente egoísta e irresponsable persiste en buena parte de los seres humanos de hoy.

El extraordinario desarrollo de la técnica y las ciencias alcanzado por la humanidad en el siglo XX, demostraron lo ambivalente de la creación de la mente humana.

Lo sublime y positivo ha visto la luz junto a lo negativo y deleznable de esta errónea doctrina de desarrollo, siendo responsable de conducir a la especie humana a vivir en dos mundos: uno dotado de todas

las comodidades posibles y otro que se enfrenta cada día a una lucha desesperada por la supervivencia y contra el hambre, el analfabetismo y las enfermedades; un primer mundo que ha logrado esta condición a base de la sostenida depauperación de un tercer mundo contaminado, desertificado y empobrecido en sus recursos naturales [6].

Figura 3. Un mundo desarrollado

Figura 4. Un mundo empobrecido

En las figuras 3 y 4 que se puede apreciar el contraste de ambos mundos.

El despegue tecnológico de la sociedad industrial impuso como paradigma producir más para tener mayores beneficios, es decir, priorizar la generación de energía por encima de sus efectos y consecuencias.

Las tecnologías convencionales cada vez más modernas, permitieron que durante la primera mitad del siglo XX, se disparara el consumo de energía a niveles prácticamente inmensurables, siendo el costo de los combustibles muy baratos y asequibles.

Hasta la década de los ´70, el consumo de energía se duplicó cada período de diez años, o lo que es lo mismo, cada período de catorce años la humanidad consumía tanta energía como la de toda su historia anterior [9]. En la figura 5 se puede apreciar una industria con altos consumos de energía.

Figura 5. Industria con altos consumos de energía

Estas realidades materializadas en una cadena perceptible de impactos y consecuencias medioambientales, hicieron que el hombre llegara a un 5 de Junio de 1972 y convocara auspiciada por la Naciones Unidas en la ciudad de Estocolmo, Suecia, por vez primera en la historia, una Conferencia Internacional para analizar los problemas que afectan al medio ambiente, conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano.

En este cónclave cobraron vida los principios y pronunciamientos que luego se perfilaran y encontraran su expresión más acabada en las normas jurídicas que constituyen hoy el Derecho Ambiental. De esta reunión internacional se derivó la Declaración de Estocolmo, que constituye la primera aproximación al tema del medio ambiente en la área internacional y donde se identifican los derroteros por los cuales debe transitar el estudio de esta problemática, así como los puntos focales en que debe trabajar el derecho en el análisis y solución de los problemas que se le presentan al hombre [10].

De los veintiséis principios que contiene la declaración, en el segundo se plantea;

…"Los recursos naturales de la tierra deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras"…, más adelante en el quinto de los principios se especifica textualmente, …"Los recursos renovables de la tierra deben emplearse de forma que se asegure que toda la humanidad comparta sus beneficios"… [6].

Sin embargo, tan justos planteamientos se quedan huérfanos de las necesarias pautas o la adopción de obligaciones vinculantes, para detener la carrera tecnológica responsable de gran parte de los daños ambientales ocasionados, tampoco se establecen parámetros generales en cuanto a la penetración de las fuentes renovables como método y forma de diversificar la matriz energética mundial, hacia una base sostenible y respetuosa con el medio natural.

Pero con sus insuficiencias de alcance, Estocolmo fue sin dudas muy importante para el surgimiento del Derecho Ambiental y donde por vez primera se reconociera a nivel mundial la preservación de los recursos naturales y el empleo de las FRE para su disfrute por la especie humana.

Diez años más tarde el 18 de Mayo de 1982, se reunieron en Nairobi, Kenya, el Consejo de Gobernadores para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Figura 6. Muerte masiva de peses motivada por la contaminación ambiental

El objetivo trazado en esta ocasión consistió en analizar los progresos realizados en la instrumentación de los pronunciamientos hechos en Estocolmo. En la reunión se pudo constatar que el plan de acción asumido por los estados se había cumplido parcialmente, incidiendo en ello la falta de previsión y comprensión de los beneficios a largo plazo de la protección medioambiental, la inadecuada coordinación de enfoques y esfuerzos, la falta de disponibilidad de recursos y la inequitativa distribución de estos. Además se puso de manifiesto que la actividad anárquica del hombre había provocado un creciente deterioro ambiental [6]. En la figura 6 se puede apreciar una de las consecuencias provocadas por la actividad anárquica del hombre.

La Declaración de Nairobi que fue adoptada como la carta magna de la reunión, constituyó sin dudas un momento destacado en la profundización del pensamiento ambientalista, reconociendo la necesidad de la gestión y evaluación ambiental; la interacción mínima y compleja entre medio ambiente, desarrollo, población y recursos, entre otros objetivos.

El 28 de Mayo de 1982 fue aprobada por la Resolución No 3707 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Carta Mundial de la Naturaleza, en la que entre otros planteamientos; se reconoce la necesidad de la planificación ambiental, de la información que debe tener la población sobre las estrategias, la evaluación y demás actividades que surtan efectos sobre la naturaleza y se ratifica el carácter soberano de los estados en la regulación de estos aspectos conforme a su legislación nacional [6].

En esta ocasión tampoco se hace mención a limitar la penetración de tecnologías depredadoras de recursos naturales y contaminadores del medio natural, así como al papel reductor que pueden jugar las FRE relacionadas con los daños medioambientales y la preservación de los recursos naturales y mucho menos se trazan pautas y compromisos internacionales en este sentido.

A pesar de esta toma de conciencia internacional liderada por las Naciones Unidas, no se evidenció ninguna acción enérgica de los gobiernos dirigidas a la preservación y conservación del medio ambiente.

Así las cosas en 1984 un grupo de científicos alemanes, detectó signos de deterioro en los bosques, aunque ya era ampliamente conocida la problemática de la lluvia ácida. En este mismo año se informaba que la tierra perdía anualmente once millones de hectáreas de bosques y en 1985 dos científicos británicos informaban del hallazgo de un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida [6]. En la figura 7 se puede apreciar una imagen del agujero en la capa de ozono en la Antártida fotografiada por un satélite en el año 2000.

La acción internacional no podía hacerse esperar y el 16 de Junio de 1987, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), adoptó la decisión de presentar ante la Asamblea General el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, bajo el título de Nuestro Futuro Común, también conocido como el Informe Bruntland7 [6].

Figura 7. Imagen del agujero de ozono más grande en la Antártida registrada en septiembre de 2000.

En este informe se alerta acerca de los posibles esquemas que pueden trazarse a partir del concepto de desarrollo duradero o sostenible, al establecer que no es un estado de armonía fijo, sino un proceso de cambios en la explotación de los recursos. Se reconoce que las emisiones de gases contaminantes responsables del efecto invernadero, provienen de la combustión de los combustibles fósiles [6]. En la figura 8 se puede apreciar una gran industria emitiendo gases de efecto invernadero.

7 En este documento se propone crear una estrategia medioambiental a largo plazo, a fin de alcanzar un desarrollo sostenible para el año 2000. En el informe se señala la necesidad de una nueva era de crecimiento que sea poderosa a la par de sostenible social y medio ambientalmente, pero no cualquier desarrollo, no un desarrollo a cualquier precio, no un desarrollo imitando los fracasos de los actuales países desarrollados.

Figura 8. Emisiones de gases contaminantes responsables del efecto invernadero.

La incapacidad internacional por lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación medioambiental, ha puesto ya en peligro la vida en el planeta. El actuar irresponsable del hombre para lograr de forma irracional una mayor calidad de vida, no escatima en seguir dilapidando los recursos naturales que se agotan a un ritmo insostenible, dejando tras de sí más contaminación e impactos negativos.

La opinión internacional no se hace esperar y del 3 al 14 de junio de 1992, se celebra en Río de Janeiro Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, generándose varios documentos jurídicos internacionales; entre ellos el Programa 218 con el establecimiento de un marco jurídico y Reglamento Eficaz; la Convención sobre Diversidad Biológica que entró en vigor el 29 de Diciembre de 1993 y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 4 de Junio de 1992 [6].

8 En la Agenda 21 se trazan las pautas del Plan de Acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios en un nuevo modelo de desarrollo, que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.