La universidad particular de Iquitos y el rol de la iniciativa privada en la educación superior (página 3)

Primer mito: La educación es atribución fundamental del Estado.

De acuerdo con esta idea, el estado tiene como una de sus funciones primordiales la educación de sus ciudadanos. Al declarar las constituciones que la educación constituye un derecho —y, en el caso de nuestro país y de la educación inicial, primaria y secundaria, además, una obligación"—, se tiene por supuesto que constituye un deber simétrico del estado no sólo el procurarla sino también el proveerla directamente a esos ciudadanos.  

Pero esta idea olvida un principio medular: la educación de las personas fue una tarea anterior a la formación de los estados. Antes que estos existiesen fue entendida como una atribución —una obligación y, a la vez, un derecho— de los padres en relación con sus hijos. Es después que, en virtud de ese compromiso natural, y atendiendo la creciente complejidad de la labor educadora, la familia delega esa atribución en instituciones intermedias, inicialmente de orden religioso, procurando de esta forma complementar la transmisión de los conocimientos con la formación integral. Posteriormente surgen también instituciones de enseñan no confesionales que coexisten con las anteriores. 

Más adelante, con la aparición del estado occidental contemporáneo, y con su posterior crecimiento, se observa también la expansión de sus papeles hasta abarcar como una de las responsabilidades públicas primordiales la prestación de la enseñanza escolar, aunque en convivencia con la privada. Ese es también el caso de nuestro país, corno uno de los nuevos estados de la América latina que se emancipan e independizan al calor de la revolución francesa.  

De esta forma, puede apreciarse que las personas y las sociedades han ido abandonando sus atribuciones educativas, que les corresponden por naturaleza, abdicando de ellas a favor de un estado cada vez más grande y cada vez más difícil de sostener.  

Las justificaciones de la creciente presencia del estado en la educación han sido variadas, y suelen ser más numerosas cuando se trata de países subdesarrollados. Pero ellas no suelen ser discutidas, sino sólo repetidas. Así, se dice que, dada la relación existente entre la falta de educación y el grado de pobreza, el estado debe promover el crecimiento económico. O que debe buscarse la equidad social mitigando las exclusiones a través de una igualdad de oportunidades que el estado supuestamente mejor que nadie contribuye a lograr.  

Pero estas ideas no son sometidas a un escrutinio exigente que lleve a ver con claridad cuál es el resultado, en términos económicos y educativos, de la intervención del estado en la enseñanza. En efecto, estamos hablando del montaje de la más grande empresa pública y de su subsistencia en la más grande escala, envuelta en un decorado de explicaciones no siempre debidamente sustentadas.  

Este mito no es exclusivo de los países subdesarrollados. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, habla del sistema educativo norteamericano como "una isla de socialismo en el mar del mercado libre"2. Y Hornberger ha hecho notar que allí "es difícil encontrar un modelo más perfecto de planificación socialista que la educación pública"3.  

Afirmar esto mismo en el Perú, ¿es exagerado? ¿,Por qué no pensamos en lo que supone la dificultad en acceder a la prestación de servicios educativos, en la limitación de los precios en materia educativa, en la fijación de los programas de estudio, en la aprobación de los libros oficiales y los materiales de enseñanza. En la determinación de los períodos de estudio, etc.? Todo ese complejo entramado de regulaciones y normativas estatales aplicables no sólo a los colegios públicos sino por igual a los privados, ¿es un ejemplo de libertad de enseñanza, como proclama la Constitución, o, más bien, de un intervencionismo público?  

Con esa intervención del estado en la educación, se producen otros problemas económicos y sociales. Como ha mostrado un reciente estudio del Instituto de Libre Empresa, cuyo autor es el economista Walter Puelles, la educación estatal no permite el cálculo económico, que sólo es posible cuando se valoriza el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Así, no se puede medir la eficiencia en la prestación del servicio, ni siquiera estimar otras variables básicas como el real costo de vida para la población interesada.   

Tampoco se puede cumplir con informar adecuadamente a los interesados para la correcta adopción de sus decisiones privadas, por lo que terminan sobrevalorando el papel del estado en sus vidas. Ni se puede informar al propio estado para sus decisiones públicas, por lo que aquél no termina de tomar conciencia de su imposibilidad de atender debidamente los requerimientos de la población.  

La construcción de colegios públicos o la creación de universidades estatales responden a criterios políticos y no económicos. La presencia estatal en la educación limita, coarta o expulsa la inversión privada que podría encontrar en ella una oportunidad para el rnejoramiento de la calidad o la ampliación de su cobertura. Crea mercados cautivos y restringe la competencia que, en una economía de mercado, se traduce en constantes acrecentamientos de calidad y disminuciones de precios.  

De otra parte, la presencia gubernamental en la educación supone una planificación pública que tiende a sustituir las libres decisiones de los interesados en ofrecer y usar servicios educativos. Además, distorsiona el mercado de trabajo de los maestros, cuyas remuneraciones son ostensiblemente menores que las de los docentes de los centros privados, impidiéndoles o desincentivándolos a incrementar su formación para aumentar el valor de sus ingresos. Así, la enseñanza pública tiende a perder calidad en relación con la privada, y ello conduce a poner a los alumnos de colegios o universidades estatales en desventaja a la hora de seguir y culminar estudios o de ingresar al mercado laboral, con lo que se consigue el efecto perverso de promover indirectamente su discriminación y agudizar la inequidad social.  La intervención del estado en la educación, como en toda intervención pública en la economía, lleva a usar y distribuir los recursos en una forma marcadamente ineficiente, de modo que los mismos recursos podrían generar un mayor valor en caso de estar en manos del sector privado. Si, hipotéticamente, esos mismos recursos fueran administradas por agentes privados con criterios de eficiencia, podrían llegar a más gente, pagar mejor a los maestros, mantener mejor la infraestructura y el equipamiento de los centros y, a la postre, elevar la calidad del servicio educativo.  

Por todo ello, la sociedad civil y los individuos deben reivindicar aquellos territorios que incumben a la soberanía personal que han venido siendo arrebatados por un estado voraz cuyo sostenimiento, y el de los servicios básicos a su cargo, es cada día más difícil si no se aplican los criterios exigentes de ética social y de ética pública, así corno el razonamiento de las reglas económicas fundamentales.  

Segundo mito: La educación es un asunto de los educadores.

Si juzgáramos a los responsables de la educación por los resultados que han sido capaces de obtener, tendríamos que parafrasear a Georges Clemençeau: si, como él dijo, la guerra es demasiado importante para ser dejada en manos de los militares, tendríamos que decir que también la educación es demasiado importante para ser dejada en manos de los responsables tradicionales de la educación. 

Ante un panorama tan dramático corno el que presenta la educación en el Perú de nuestros días, y que ha sido analizada con detalle y profundidad en la última Conferencia Anual de Ejecutivos (XXXVIII CADE) el pasado mes de enero, el esfuerzo que hay que desplegar es inmenso.  

Ese esfuerzo no puede seguir recargado en las espaldas de un estado como el nuestro, que ha probado hasta el agotamiento su ineficiencia y que está agobiado por las otras obligaciones que corresponden a su papel dentro de un sistema de economía de mercado. Por el contrario, corresponde a la iniciativa privada, a los individuos y" a la sociedad civil, reasumir sus atribuciones irrenunciables en la educación de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos.  

El cumplimiento de esa obligación supera las posibilidades de los agentes tradicionales y convencionales de la educación. Veamos lo que sucede en el mundo desarrollado. En los países del denominado primer mundo la educación ha dejado de confiarse en las manos exclusivas del estado y se ve cómo puede ser asumida por distintos agentes situados fuera del ámbito público. ¿Qué hacen, por ejemplo, los individuos y las familias? Hoy, por ejemplo, las familias protagonizan en los Estados Unidos un fenómeno que se extiende progresivamente en todo su territorio: el llamado "home schooling", esto es la escolaridad en el hogar, fuera de los centros educativos formales, con el apoyo de los medios múltiples de comunicación y de organizaciones espontáneamente montadas con dicho propósito. Las cifras oficiales reportan en 1999, último año analizado, 850,000 niños y jóvenes que estudian en sus casas, pero los expertos estiman que esa cifra es realmente el doble. ¿Cómo se explica ese fenómeno"? Porque los padres quieren una mejor educación para sus hijos. Por el pobre aprendizaje en las escuelas formales, por razones religiosas o de valores morales, principalmente. ¿Resultados? El promedio de los home schoolers que rinden la prueba del SAT (Prueba de Aptitud Escolar) para seguir estudios superiores es mayor en 80 puntos al promedio general. La práctica ha sido reconocida por los 50 Estados Unidos y no son pocos los que opinan que ésta es una alternativa que desafía seriamente la actitud aún generalizada frente a la educación pública en los Estados Unidos.  

¿Y qué hacen las empresas? La empresa privada participa activamente en materia educativa. Se advierte una creciente presencia de empresarios educadores" (edupreneurs o edu-empresarios), que participan en el mercado educativo con unos US$ 70 mil millones (casi 10% deI mercado educativo) y que. Según Merrill Lynch crecerá un 13% anual. Empresas como Edison Schools, National Heritage Academies. SABIS School Network, Scientific Learning Corporation, Advantage Learning Systems, DeVry, Kaplan, Brigth Horizons Family Solutions, Nobel Learning Communities, Tesserac T Group. y Apollo Group desarrollan variadas experiencias que van desde el charter de escuelas públicas mediante acuerdos en el nivel estadual o municipal sin costo adicional para los padres de familia hasta el manejo de universidades.

  De otra parte, hace ya algún tiempo, y cada año más, las empresas privadas invierten directamente en investigación. Se estima que la inversión directa de las empresas en materia de investigación en los Estados Unidos crece más aceleradamente que la de las universidades y entidades académicas o científicas. (Hace ya una década el promedio de empresas americanas invierte un 2% de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo. frente al 0. 1% en que lo hace el sector educativo).  

De otra parte, en el nivel superior, ha aparecido la figura de las corporate universities, las universidades creadas por grandes empresas como parte de su política de capacitación y actualización de su personal, que han crecido de 200 a principios de la década de los años setenta a unas 2,000 el año pasado, y que, según recientes datos disponibles, han invertido US$ 60 mil millones en ello, frente a un estimado de US$ 800 mil millones dedicados por el gobierno americano a la educación en general".  

Todo ello no es sino la traducción práctica, en el campo de la educación, de un principio general indiscutible: en un régimen de mercado, los ciudadanos, en forma individual o a través de las organizaciones creadas por su libre decisión, como son las empresas, participan en la orientación y en el desarrollo de la economía a través de la libre iniciativa. No puede hablarse de un derecho a la participación de los ciudadanos en el desenvolvimiento de las economías si se piensa en la delegación de tales atribuciones en el estado; ni menos aún planteando, explícita o implícitamente, su renuncia a favor del estado del cumplimiento de las prerrogativas que les son propias.  

Veamos ahora qué sucede en el mundo subdesarrollado, del que formamos parte no corno resultado de un fenómeno cósmico o meteorológico, sino por nuestra entusiasta obstinación a no aprender las lecciones de la historia. Aquí padecemos la experiencia contraria. Recordemos, por ejemplo, cómo a lo largo de nuestra vida hemos escuchado decir, o hemos dicho nosotros y como si se tratara de algo negativo, que "el número de universidades ha aumentado peligrosamente" o que "la proliferación de universidades se traducirá en una baja calidad de los profesionales que allí se forman", y que ello, en definitiva, perjudica a la sociedad.  

Por cierto, y significativamente, no hablamos lo mismo de los colegios, quizás porque no todos experimentamos de igual manera su escasez o la desigualdad de sus calidades. Tampoco decimos que tenemos "demasiados restaurantes" o "demasiadas clínicas". Si el mercado en el que participan los restaurantes o las clínicas se cerrase por el lado de la oferta y se impidiese el acceso de nuevos agentes interesados en prestar sus servicios, ¿estaríamos de esa forma asegurando que los restaurantes ya abiertos son inmejorables o que las clínicas existentes serían mejores"?  

Este mito se cimienta en la idea de que un número cerrado de centros educativos es garantía de calidad en su desempeño, cuando lo que la experiencia del mundo contemporáneo nos enseña que, por el contrario, la limitación de la oferta y la falta de competencia atentan contra el buen o el mejor desempeño de quienes prestan un servicio y contra los legítimos intereses de quienes lo reciben. En efecto, la educación no constituye una excepción al principio de que es la competencia la mejor garantía de la continua elevación del nivel de calidad del servicio educativo.

Corno ha señalado Benegas Lynch (h), todavía "no parece comprenderse la importancia decisiva de la competencia en esta materia y (…) se sigue insistiendo que un "cornité de sabios" debe imponer programas y bibliografías a sus conciudadanos en lugar de abrir las puertas de par en par para que entre mucho oxígeno en un proceso evolutivo que requiere de contrastes y alternativas muy diversas para atender la diversidad de potencialidades y de vocaciones de personas que habitualmente son tratadas como una masa de carne y de producción en serie"

 La falta de competencia ha permitido generar eufemismos que disfrazan la realidad y sus radicales limitaciones. Así, cuando se dice que "no todos los individuos tienen la vocación ni las condiciones necesarias para seguir estudios superiores", lo que en realidad tendría que decirse es que no todas las universidades han mostrado condiciones de satisfacer las preferencias de los individuos ni las exigencias del mercado laboral"".  

El momento es propicio para tocar otra idea de similar carácter "mitológico": la normatividad mágica. Es decir, que los problemas educativos, que ciertamente son ingentes, se resuelven mediante leyes; como si la sola decisión legislativa tuviera la virtualidad de poner fin a los problemas que tienen múltiples orígenes y complejas causas.  

Quienes piensen así deberían preguntarse cuál ley, de las muchas que se han dado en el campo educativo, ha tenido la especial virtud de resolver alguno de sus problemas, y cuál, de los muchos que lo aquejan.  

Y, a la vez, deberían también preguntarse si, específicamente en lo que se refiere a la educación superior, donde sigue hablándose de la necesidad de nuevas leyes esa activa competencia despertada en el último lustro —por cierto no advertida por todos de igual manera— no ha hecho de veras más por la actualización de las universidades y los institutos, así como por el mejoramiento de su calidad, que cualquier ley anterior o que cualquier ley imaginable. En efecto, esa competencia en la educación superior se ha operado una reforma silenciosa, que no ha sido estridente pero sí decisiva en muchas universidades e institutos, no sólo privados sino también públicos, que de otro modo hubiera sido difícil lograr con el vigor y la rapidez que se ha alcanzado.  

No es hora, de seguir pensando lo mismo. Frente a un panorama de necesidades inmensas —y. además, crecientes, como es el caso de la educación en el Perú, cuyo estado, además de haber mostrado falencias insuperables, carece de los recursos necesarios que le permitan cumplir a cabalidad sus funciones básicas—, no es posible pensar que debe perpetuarse el modelo vigente, según el cual se piensa que la educación sólo puede estar en manos de los agentes tradicionalmente encargados de impartirla y que puede manejarse con geniales iniciativas legislativas.

 Es hora, más bien, de ver de qué manera los miembros de la sociedad civil, los ciudadanos y sus organizaciones, dentro de las que se ocupa un lugar principalísimo la empresa son capaces de asumir su responsabilidad y ejercer sus derechos irrenunciables en materia educativa.  

Cuando se habla de libertad de enseñanza, suele pensarse en términos reducidos. En efecto, unos hablan del derecho de los padres a escoger- para sus hijos el tipo de educación de su preferencia. Otros hablan de la libertad de los docentes para ejercer la enseñanza sin recortes. La libertad de enseñanza es eso, pero es también mucho más que eso. Ella es tino de los derechos de los ciudadanos que las constituciones occidentales han venido consagrando repetidamente en los tres últimos siglos. Y ella supone, por encima de cualquier otro significado, el derecho de cualquier persona o institución a ejercer la función educativa y a ofrecer opciones múltiples. Ese resulta ser el verdadero y principal contenido de ese derecho constitucional reiterado a lo largo del tiempo moderno y contemporáneo, y a lo ancho de los países que reconocen las libertades ciudadanas. Porque si esta posibilidad de participación en la educación a través de la libre iniciativa es recortado o limitado, los demás derechos derivados (el de los padres a escoger un colegio de su preferencia para sus hijos, o el de los docentes a ejercer la libertad de cátedra en las materias a su cargo) serían imposibles o estarían privados de su esencia.  

Tercer mito: La educación es incompatible con el beneficio empresarial.

Este mito, es probablemente el más extendido entre nosotros. Por alguna razón que merecería ser analizada a fondo, ciertos conceptos, como los de la gratuidad de la enseñanza, la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, y la educación sin fines de lucro, han sido presentados y asociados de manera inextricable, es decir, difíciles de desenredar.  

Hasta hace muy pocos años, el paradigma de la educación es que ésta había de estar a cargo de entidades sin fines de lucro. Las leyes y los reglamentos repetían, una y otra vez, que la educación no podía tener fines de lucro. Y todos nosotros tenemos o hemos tenido esta idea grabada con fuerza. ¿Por qué? ¿Qué hacía que la educación fuese la única actividad humana que debía desenvolverse en una especie de agujero negro donde los principios económicos fundamentales fuesen desconocidos? ¿Por qué la educación estaba sujeta a unas reglas donde las de carácter económico quedaban explícitamente derogadas? Si ello era así, ¿cómo podría obtenerse un índice de la eficiencia o del éxito de una determinada propuesta educativa?, ¿cómo podría proveerse a la sociedad de esa información necesaria para tomar decisiones libres y responsables que en los otros sectores sí es posible gracias, por ejemplo, a la medición de la productividad, de la rentabilidad, del logro efectivo de resultados y del óptimo uso de recursos?, ¿,cómo hacer para que, sin esa información, el estado tome conciencia de sus límites?  

Y aquí tenemos que reconocer que ello es el resultado inevitable de una ideología de viejo corte socialista que tuvo tanta vigencia. Una ideología que descalificaba por igual los conceptos de empresa y de lucro, presentándolos como adversarios del interés social. Así, la empresa venía a ser la organización de intereses mezquinos y voraces que se establecía y prosperaba gracias a la explotación de los trabajadores. Y el lucro era esa porción del salario injustamente expropiado a los trabajadores dirigido fundamentalmente a satisfacer los intereses de los capitalistas. Fuera del análisis estaban la identificación de oportunidades productivas, el ejercicio de la libre iniciativa y de la participación ciudadana en la economía, la generación de valor como requisito para la disposición de la riqueza por la sociedad, la productividad y la competitividad como formas de atender los intereses de los consumidores, las decisiones productivas basadas en las reglas del razonamiento económico y de la eficiencia como la mejor forma de atender los intereses de la sociedad. Nada de eso se tenía en cuenta. Se trataba, sobre todo, de disociar la educación del mercado.

 Ello produjo también el alejamiento del espíritu empresarial y de los criterios empresariales de la tarea educativa. Las empresas estaban objetivamente excluidas de la tarea de educar. La educación era probablemente la única actividad económica donde la empresa no tenía cabida. Y también la única donde el lucro no era legalmente posible.  

De la misma manera, en ninguna actividad económica como en la educación el principio de la propiedad se encontraba tan mediatizado como en la educación. Montañas de leyes y reglamentos limitaban su ejercicio o, directamente, impedían su plena realización. En concreto en el campo universitario, la propiedad de las universidades, incluso de las legalmente denominadas como privadas, no existía. Y es que la propiedad no es sino la expresión institucional de la libertad. Cuando una no existe o se debilita. Tampoco es posible pensar en la otra. Sin propiedad, la libertad carece de contenido. Sin libertad, la propiedad carece de sentido.  

Ya conocemos la causa y también las consecuencias de estas ideas. Es cierto que la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, el Decreto Legislativo 882, de noviembre de 1996, cambió esta situación. Pero aún es largo el camino que hemos de recorrer para lograr un cambio en la forma de pensar de muchos: responsables de la formulación y aplicación de políticas educativas, de un lado; y, de otro, de los propios educadores e inversionistas.  

Aún es relativamente común leer cómo algunos siguen ahondando la tradicional brecha entre la empresa y la educación. Algunos siguen entendiendo que es necesario distinguir ambos campos y resistir toda forma de compenetración. Era de preverse que los educadores tradicionales, alejados como han estado del manejo empresarial, expresaran ese alejamiento corno un síntoma de su desconocimiento de la realidad empresarial. Pero también hablan de la educación como "función pública", lo que hace temer que igualmente padezcan de un inexcusable desconocimiento de lo que es la propia educación. Otros han señalado recientemente y refiriéndose en concreto al nivel universitario, que la presencia de entidades con propósitos de beneficio forma parte de un proceso de "desencialización" y "pérdida de rumbo", pues que la "ratio mercantil" amenaza con desfigurarla en sus funciones esenciales.  

El lucro, en el desempeño de una actividad productiva, cumple muchas funciones: es indicador de la eficiencia en la producción de bienes y servicios (lo que, en nuestro país, no es sólo un mandato empresarial sino una exigencia del más alto interés social), es indicador del éxito de una iniciativa medido a través de la aceptación del mercado18. De la misma manera que, en una visión mayor, la ganancia de una empresa no es sólo expresión de un beneficio individual. Como oportunamente se notó en países cercanos, como Chile, impedir que el espíritu empresarial, que la búsqueda del beneficio tenga vigencia en la educación. "es quitarle (a la sociedad) una herramienta poderosísirna y no es sino limitar, por temores casi supersticiosos, las posibilidades de éxito del país en un campo absolutamente clave para su desarrollo presente y futuro". Tina de las enseñanzas de la experiencia económica contemporánea es que el beneficio social sigue al beneficio individual; que, si el beneficio empresarial no existe, tampoco podrá existir el beneficio general de la sociedad, de modo que no sólo no hay contradicción entre ambos, sino una necesaria relación de sucesión, de causa y efecto.  

Autores tan respetables como Russell L. Ackoff nos lo recuerdan con claridad: con la introducción del mecanismo de mercado en el sistema educativo, no sólo los consumidores estarían más invitados a familiarizarse con las alternativas escolares disponibles para sus hilos, y las comunidades proveerían una información clarificada sobre los centros educativos y sus evaluaciones a los alumnos y a sus padres. También esos centros educativos aprenderían más efectivamente de sus éxitos y fracasos, y serían más adaptativos. Los centros educativos se preocuparían de responder mejor a las necesidades e intereses de la comunidad en que se desenvuelven. Los responsables contarían con los padres de familia y con los alumnos en el planeamiento y en la política educativa. Los centros educativos serían más participativos, a la vez que más progresistas.  

El sistema educativo peruano muestra un desempeño de fracaso. Entre las causas de este fracaso se encuentra el haber sido diseñado y mantenido sobre la base de un papel excesivamente intervencionista del estado. Los estados no deben tener dentro de sus papeles el desempeño de la función educativa a expensas del derecho fundamental de las familias y de las organizaciones privadas, tanto religiosas como no confesionales. Los individuos y la sociedad civil no deben renunciar a las atribuciones que les competen en esta tarea, y menos aún abdicar de ellas a favor del estado.

  El estado peruano no se encuentra en condiciones de disponer de los recursos necesarios para cumplir debidamente con la responsabilidad de educar, ni en condiciones de manejar eficientemente los escasos recursos asignados a este fin. Por ello, la sociedad civil en el Perú está especialmente urgida a cumplir un mayor y mejor desempeño en materia educativa.

  La oferta educativa en el Perú debe ampliarse de modo tal que, dentro de un marco de legítima competencia, busque y contribuya a lograr un mejoramiento de la cobertura de la educación a mayores sectores de la población y de su calidad en beneficio de quienes la reciben.

  La tarea educativa en el mundo y en el Perú de hoy debe estar a cargo de múltiples agentes, tanto de los tradicionalmente encargados de su desenvolvimiento formal como de nuevos actores que decidan ingresar a este campo de crucial importancia para el desarrollo. Todos son indispensables. Dentro de estos nuevos actores, debería considerarse en forma especial a la empresa privada.

  La empresa privada tiene diversos modos de participar en el quehacer de la educación. Dentro de ellos, puede pensarse en la prestación directa del servicio educativo, participando en él con todas las notas que la caracterizan: iniciativa, propiedad, eficiencia y, por cierto, beneficio empresarial. Asimismo, puede pensarse en el desarrollo de múltiples modalidades de alianzas estratégicas con los centros educativos existentes, materializadas a través de convenios específicos, para el logro diversos fines, dentro de las que pueden mencionarse las siguientes:

a. Programas de capacitación, actualización o perfeccionamiento de su propio personal, diseñados a la medida de las necesidades de la empresa y con su participación, dentro de la convicción compartida de que el valor añadido de los mismos se traduce en el incremento de la calidad y del valor de los bienes y servicios que ella produce. Estos programas pueden ser desarrollados dentro de la empresa ("in-house") o en los locales de los centros educativos.

  b. Mecanismos de apoyo, premio o estímulo a los mejores estudiantes regulares para la prosecución de sus estudios o los inicios de su vida profesional.

  c.  Programas de especialización para la aplicación y el uso de productos, procesos o sistemas disponibles en la empresa y requeridos por el mercado.

  d. Programas de prácticas pre-profesionales para que los alumnos, en períodos de vacaciones o durante los últimos años de sus estudios, puedan experimentar dentro de la empresa y, a su vez, ésta cuente con elementos de prueba para el eventual reclutamiento futuro de su personal.

  e. Ofrecimiento de bienes o servicios dirigidos específicamente al público universitario o adaptable al mismo en condiciones de ventaja.

  f. Desarrollo, en conjunto con las entidades educativas, de concursos o programas orientados al cultivo de valores compartidos y a su difusión en la sociedad.  

¿Cómo financiar la excelencia académica?

Nos encontramos en un contexto marcado por la creciente importancia de la ciencia y la tecnología en la formación de las nuevas sociedades del conocimiento. La revolución tecnológica en marcha y la expansión de las relaciones de mercado a niveles sin precedentes en la historia, vienen acompañadas de la globalización de la enseñanza superior y de una creciente importancia de la educación continua y a distancia, en parte como resultado de la acelerada reducción en los costos de almacenar, procesar y transmitir información.

Enfrentamos una creciente competencia con universidades-empresa motivadas por el lucro y la mercantilización de los servicios educativos, las cuales se orientan, naturalmente, a las disciplinas y segmentos más rentables del mercado. Al mismo tiempo, empezamos a enfrentar una creciente competencia por parte de Universidades ubicadas en países del "primer mundo". Muchas de ellas cuentan con fondos o endowments de gran envergadura, y tienen la ventaja de acceder a recursos para la investigación provenientes del Estado y del sector privado. La intensidad de esta competencia dependerá de la configuración resultante de las alianzas estratégicas, las sinergias y las redes institucionales que se vienen formando a escala global, así como también de la dinámica de las migraciones y de la educación a distancia. En este escenario juega un rol destacado el reconocimiento internacional logrado en la generación de conocimiento y la producción cultural — que se expresa en un lenguaje simbólico de nombres y marcas de prestigio, premios y rituales – así como también la ubicación de los egresados en las redes internacionales de conocimiento y en los mercados de trabajo de las distintas disciplinas, entre otros factores.

Luego de la fase expansiva de los últimos años, nuestra Universidad casi ha alcanzado su "tamaño óptimo", y debe avanzar hacia su modernización y consolidación a fin de enfrentar los desafíos que el contexto descrito nos plantea. Nuestra situación financiera a nivel nacional es sólida en el corto plazo pero vulnerable a mediano plazo debido, principalmente, a que invertimos muy poco en infraestructura y equipamiento (sólo el 5% de nuestro presupuesto total) y a que asignamos muy pocos recursos a la investigación (apenas el 0.3%). Esto nos hace poco competitivos en el contexto global, y nos exige adoptar con urgencia ciertas medidas.

Los reducidos niveles de inversión se explican, en parte, por el exceso de personal administrativo y su baja productividad, que se traducen en un gran peso del gasto corriente y constituyen una fuente de rigidez presupuestal e ineficiencia. Tenemos un ratio número de empleados entre número de alumnos mucho más alto que el que se observa en otras Universidades del país y del extranjero. Si queremos sostener nuestra posición de liderazgo en la formación universitaria y en la promoción de valores culturales, necesitamos invertir mucho más en laboratorios, en la infraestructura, la organización y los contenidos requeridos para la educación a distancia y la educación continua, en fortalecer nuestra participación en las redes de conocimiento a escala local, nacional e internacional, en registrar y gestionar la propiedad intelectual de los contenidos que generamos.

En términos del presupuesto, la receta para mejorar nuestras finanzas es simple y conocida. Debemos modificar sustantivamente la estructura del gasto, reduciendo la proporción de los gastos corrientes y aumentando la que corresponde a inversiones. Para ello es necesario simplificar los procedimientos y racionalizar nuestra organización, a fin de elevar la eficiencia y eficacia en todas nuestras actividades. También necesitamos implementar un buen sistema de información, que aumente la transparencia de la gestión y nos ayude a mejorar la calidad de nuestras decisiones.

De otro lado debemos elevar nuestros ingresos, avanzando en varios frentes de manera simultánea:

a) atraer un mayor número de alumnos de familias con ingresos más altos. Al mismo tiempo, debemos revisar y fortalecer los programas de becas y préstamos vigentes, estableciendo un sistema financieramente sostenible que facilite los estudios a alumnos de familias con ingresos más bajos;

b) mejorar la calidad en los programas de post-grado, potenciando la investigación, y aumentar el número de alumnos graduados hasta llegar, por lo menos, al 20% del total de alumnado;

c) desarrollar nuevos programas de educación continua y educación a distancia, fortaleciendo nuestra capacidad de registro y gestión de la propiedad intelectual de los contenidos;

d) otorgar incentivos a la generación de nuevas fuentes de ingresos, sobre todo en las unidades deficitarias, por ejemplo, vía investigaciones autofinanciadas, consultorías y venta de bienes y servicios;

e) desplegar las redes de egresados y graduados así como nuestra presencia en el espacio público, en la sociedad civil y en las redes de agencias donantes, a fin de gestionar donaciones;

f) identificar nuevas posibilidades de relación con el mundo empresarial en la perspectiva de financiar investigaciones aplicadas;

g) potenciar la gestión inmobiliaria y financiera al interior de la Universidad, a fin de elevar los ingresos financieros y las rentas;

h) fortalecer nuestra capacidad de identificar, formular y evaluar proyectos de inversión que aseguren la sostenibilidad financiera de la Universidad en el mediano y largo plazo.

Gracias al prestigio logrado en las últimas décadas, las universidades privadas, tenemos oportunidades que debemos aprovechar. Para hacerlas realidad necesitamos romper la inercia e iniciar con energía un proceso de cambio, que estimule la creatividad de todos y cada uno de nosotros y promueva el compromiso y la responsabilidad compartida con la viabilidad financiera de nuestras Universidades. Sus resultados dependerán, principalmente, del grado de cohesión de nuestra comunidad académica y de la voluntad política de nuestros organismos de gobierno.

La cooperación internacional y el desarrollo Universitario nacional

Existen problemas que siendo locales o regionales, tienen connotación global por que la magnitud de sus consecuencias trasciende fronteras nacionales y continentales. Muchos de ellos ocurren en Países en Vías de Desarrollo (PVD), tales como el tráfico ilícito de cocaína, la deforestación de los bosques amazónicos, la desertificación de zonas áridas y semiáridas, la pobreza extrema de grandes segmentos de la población rural y urbana, el analfabetismo, el alto índice de crecimiento demográfico, la insuficiencia de infraestructura básica de educación, salud y vialidad, entre otros.

El fin de la guerra fría ha puesto de manifiesto la supremacía de un modelo de desarrollo que tiene sus fundamentos en el libre juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios, donde se ponen a prueba las capacidades de creatividad y competencia de las personas y de organización de la sociedad y del Estado. Este último asume el rol normativo y de promoción. Este modelo se conoce como Economía Social de Libre Mercado, consagrado en el Título III del Régimen Económico, Capítulo I de nuestra Carta Magna y normado por Decreto Legislativo Nº 757 del 13 de Noviembre de 1991.

La creatividad y la competencia, convertidas en requisitos para alcanzar la excelencia, nacen en principio con el individuo, pero se desarrollan en función al ambiente social donde le toca desenvolverse. Estas dos cualidades, siendo propias del ser humano, deben ser moldeadas, potenciadas y consolidadas y ello sólo puede darse en instituciones de investigación y de educación superior que hayan asimilado la excelencia académica como premisa básica.

Los países industrializados han arribado al nivel en que están, debido a una cultura de uso intensivo de los descubrimientos científicos y tecnológicos generados en los centros académicos y de investigación, muchos de estos últimos, auspiciados por las propias empresas, es decir, la sociedad civil organizada.

En cada país existen las comunidades científica, muy desarrolladas en los países industrializados y muy poco, en los PVD. La comunidad científica es el conjunto de personas, por lo general vinculadas a una institución académica, que practican la ciencia y generan continuamente, nuevos conocimientos que al acumularse, forman acervos que en determinado momento llegan a convertirse en fuentes de principios o leyes que permiten descubrimientos y estos a su turno, nuevas máquinas, mejores instrumentos, fármacos mas efectivos, y procedimientos y métodos mas expeditivos. Estos mismos descubrimientos permiten a su vez, conocer mejor los elementos, sus funciones e interrelaciones, dentro de sistemas cada vez mayores y mas complejos.

El corolario de la acumulación del conocimiento científico y tecnológico es la generación de riqueza, formación de excedentes de capital y por tanto, dominio de los mercados, no solamente de bienes y servicios, sino del mismo conocimiento.

Los grandes problemas de los países en vías de desarrollo que preocupan a los países industrializados, afectan esos dominios de forma directa; por ejemplo la cocaína, utilizada como droga que ha conducido a los Estados Unidos, a declarar el consumo de la cocaína y otras sustancia sicoactivas, como problema de seguridad nacional. Muchos productos metálicos y no metálicos que abundan en los PVD son utilizados en los procesos de fabricación de máquinas o instrumentos de alto valor comercial. Los productos de la flora y la fauna de los bosques tropicales constituyen un enorme potencial, en principio, de maderas finas, y de subproductos utilizados en la industria farmacéutica, química y agroalimentaria. Si bien es cierto, que la cooperación internacional tiene un componente genuino de apoyo solidario, de filantropía y altruismo, para resolver los problemas graves enunciados, sin embargo, es necesario hacer notar, que mucho de ello, se da para proteger sus propios intereses, lo cual en el fondo no es malo, porque los problemas de ellos también nos afectan. Pero lo que debemos cuidar es que los apoyos económicos, técnicos o financieros sirvan realmente los propósitos del mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones y del mantenimiento de la calidad del ambiente.

 Es indudable que en los últimos cinco años se han dado importantes avances en nuestro país, siendo los principales el de la pacificación, la estabilización de la economía y la reinserción del Perú en el ámbito financiero internacional. A ellos hay que agregar el mejoramiento del sistema vial y el de infraestructura de educación y salud.

Es importante resaltar en este contexto la dación del Decreto Legislativo Nº 757 que norma la inversión privada y la libre competencia, que concuerda con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, que establece que "La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, seguridad, servicios públicos e infraestructuras"

Con estas normas jurídicas, se ha formalizado el mensaje de la estabilidad jurídica del régimen económico, indispensable para atraer la inversión privada nacional y extranjera hacia los sectores productivos y de servicios. Para la consolidación de las reformas estructurales, era imprescindible establecer el marco jurídico de actuación de todos los agentes económicos. Los resultado no se hicieron esperar; la inversión privada nacional y extranjera en el año 1994 fue de 3,203 millones de dólares americanos incluido los ingresos por privatizaciones, estimándose que en el presente quinquenio se realicen inversiones directas del exterior no menores a 1,500 millones de dólares en promedio anual.

El rol orientador y promotor del Estado se viene consolidando, dejando atrás aquel de Estado-Empresario, que como la experiencia lo ha demostrado, es ineficiente. Dadas las condiciones para la libre competencia y la iniciativa privada, la distribución de la riqueza en nuestro país debe ser mas justa, en tanto que esa libertad debe inducir a cada quien a ejercer sus mejores matrices de éxito en el campo de su competencia.

Se entiende que las condiciones óptimas para la libre competencia y la iniciativa privada aún no están del todo dadas; persiste una actitud ventajista que trata de burlar los esquemas del libre juego de la oferta y la demanda; para vigilar estos desvíos, se ha creado el Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en el entendido que el mercado deber ser para todos, según su nivel, pero en igualdad de condiciones.

La presencia de sesgos en el ejercicio de libre mercado, incorpora un elemento de artificialidad, de consecuencias similares a que las que produjeron los sistemas de control centralizado de las economías de los países socialistas. Podemos afirmar que la artificialidad en la economía otorga a ésta la condición de precaria, fácilmente quebrantable. El libre mercado se aproxima más a lo natural y de allí su fortaleza. Sin embargo, es conveniente cautelar el derecho para que cada quien tenga la oportunidad de expresar sus máximas capacidades para ocupar "nichos" de especialización y "territorios" de actuación, que le permitan asegurar su supervivencia. Si el Estado interviene es para prevenir posiciones dominantes y monopolios y cualesquiera otra práctica que tiendan a desvirtuar las leyes del libre mercado.

Hemos querido hacer referencia expresa al nuevo régimen económico que impera en nuestro país, porque consideramos que es la base para alcanzar mejores niveles de bienestar. Implícito en este bienestar están los aspectos sociales, políticos y espirituales de las persona.

El nuevo escenario que se ha configurado en el último lustro, de recuperación acelerada de las condiciones propicias para el despegue, ha generado una corriente positiva de apoyo al Perú, principalmente en la previsión de recursos económicos y financieros, para la obra de carácter social y de recursos humanos calificados.

De estos razonamientos surge ineludible la responsabilidad que le compete a la universidad en la formación del nuevo profesional que el Perú requiere, para impulsar cada vez con mayor fuerza los cambios que vienen produciéndose en las esferas de cada uno de los sectores del Estado.

 El Sistema Universitario Nacional está conformado por 56 universidades entre estatales (28) y privadas (28), con 382 facultades y mas de 690 carreras profesionales o especialidades; con una población estudiantil de 368,072 estudiantes, comprendiendo el 64.1% de ellos a las universidades públicas y el 35.9% restante a las universidades privadas. Aproximadamente un 20% de docentes universitarios ostentan grados académicos de maestro o doctor.

La profesionalización de todo este contingente de estudiantes corre a cargo de 27,930 docentes universitarios, de los cuales el 66.1% enseña en universidades públicas y el 33.9% en universidades privadas.

La formación profesional en la mayoría de universidades públicas adolece de una serie de deficiencias, que se manifiestan fundamentalmente en perfiles profesionales mal o insuficientemente definidos, metodologías improvisadas de enseñanza, curriculas y contenidos curriculares desfasados y obsoletos, programas de investigación de escasa significación y trascendencia, programas de extensión y proyección universitaria de poco alcance y lo mas dramático, docentes con escasa formación académica. Para graficar mejor esta problemática basta referir el hecho de que muy pocas universidades tienen programas obligatorios de enseñanza de idiomas extranjeros y de computación e informática.

La capacidad creativa del hombre es inmensa, pero de nada serviría sino existieran los medios para que ella se exprese y produzca resultados. Los medios son instrumentos que permiten a la inteligencia humana y alcanzar el fin que supuestamente debe cumplir: el goce pleno del bienestar. Los medios pueden ir desde los más simples hasta los más complejos. Arquímedes pidió una palanca para mover el mundo. Ahora utilizamos estaciones orbitales alrededor de la tierra para allí investigar procesos biológicos y bioquímicos exentos de la influencia de las fuerzas gravitacionales de la tierra.

Con esta reflexión se quiere indicar que si no existen los instrumentos para hurgar en los arcanos de la ciencia, no podría generarse nuevo conocimiento que su aplicación signifique avance tecnológico. Por ello, es indispensable que la Universidad esté debidamente equipada para que pueda cumplir con uno de sus fines, la formación académica cabal de los jóvenes universitarios.

Si bien es cierto que las inquietudes científicas o la curiosidad por lo desconocido, se da en los niños, jóvenes y adultos; sin embargo en cada nivel, su significación es diferente. Javier Sota ha indicado que los niños hacen abstracciones del mundo; los púberes operan el mundo; mientras que los adultos re-crean el mundo. Ello implica que los jóvenes universitarios a quienes podría calificarse como personas adultas o adultos en formación, están en la plenitud de sus capacidades creativas, las que van afinándose en la medida que profundizan en su pensamiento y ganan experiencias.

En los países industrializados, el mayor porcentaje de científicos son jóvenes, y muchos de ellos, provenientes de países en vías de desarrollo.

No cabe duda que las universidades deben agotar esfuerzos y el Estado apoyarlas, para que el equipamiento se dé en las mejores condiciones. Estamos convencidos que si los laboratorios, gabinetes y los campos experimentales estuviesen debidamente implementados, se produciría un ambiente de motivación para la indagación científica por parte de profesores y estudiantes.

En este sentido, las acciones que la Asamblea Nacional de Rectores viene ejecutando para lograr el equipamiento de las universidades vía la cooperación internacional, debe extenderse a otros campos del quehacer universitario.

Debemos estar concientes que el desarrollo de la instrumentación se da fundamentalmente en países industrializados, y en este campo es conveniente tomar ventaja de lo existente, en el entendido que su adquisición es una inversión para el logro de resultados a mediano y largo plazo.

El aporte del conocimiento de expertos de otros países es otro campo de mucha significación. Reconociendo que el conocimiento científico y tecnológico es mayor en los países industrializados, debe ser obvio que los países en vías de desarrollo tienen que acudir a ellos para acortar distancias entre inicio de búsqueda y obtención de resultados, y ello tiene que darse en un marco de conciente aceptación de las bondades y la necesidad de este tipo de cooperación.

La gestión universitaria es un campo donde impera el "provincialismo", es decir, la poca visión de futuro, con métodos y procedimientos que no se condicen con las exigencias modernas para la toma de decisiones oportunas y efectivas. En esta generalidad existen honrosas excepciones.

 La Universidad Peruana, en circunstancias de globalización de la economía y de las comunicaciones, y sobretodo, del proceso de cambio que vive nuestro país, debe organizarse y actuar concordantemente, para poder acceder a la cooperación internacional. El aporte extranjero como se ha indicado, debe constituir un complemento importante de la capacidad de financiamiento interno. Teniendo como premisa las limitaciones de la caja fiscal, incapacitada para atender todos los requerimientos de desarrollo, debe ser imperativo para las universidades recurrir a la CTI, para atraer y conseguir los recursos disponibles en las distintas fuentes cooperantes.

Para transitar en la gestión con ciertas posibilidades de éxito, es importante conocer la orientación del interés de apoyo de cada fuente, para concordarlo con el interés institucional. Desencuentros de intereses conducen a fracasos o postergaciones de negociación y aprobación.

Para la Universidad Peruana, elevar la calidad de la enseñanza superior es una necesidad urgente, que requiere del fortalecimiento de la gestión universitaria, de la capacidad de ejecución de proyectos, y de la adquisición de mayores conocimientos, habilidades y destrezas por parte de docentes e investigadores.

Precisamente, para reforzar las capacidades institucionales, el CONCYTEC ha suscrito importantes convenios de cooperación bilateral para la ejecución de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica, intercambio de personal científico y técnico, realización de eventos e intercambio de información. Con miras a sostenibilidad de los avances que se van logrando, este tipo de cooperación bilateral a nivel de profesionales debe reforzarse y ampliarse al intercambio de estudiantes de pre-grado.

 La Universidad Peruana, tiene el encargo legal y la responsabilidad ética y moral de generar ciencia y tecnología para el desarrollo del país, ya sea directamente, poniéndose ella misma, con toda su capacidad instalada, al servicio de los usuarios, o indirectamente, a través de sus profesionales y académicos, capaces de descubrir nuevas casas y aplicarlas para producir resultados positivos.

Las fuentes extranjeras de financiamiento disponen de fondos concursables, a los que se acceden solo en base a proyectos de calidad, por lo que debe tenerse especial cuidado en su elaboración y presentación, para poder competir ventajosamente con otras propuestas nacionales e internacionales.

Por lo indicado, las universidades deben considerar como una inversión de primera prioridad y altamente productiva, el fortalecimiento de su `expertise´, para formular, gestionar, administrar y evaluar los proyectos que ella proponga.

Es necesario concordar los intereses institucionales, locales, regionales y nacionales, con los intereses de las fuentes cooperantes, a fin de hacer viables las propuestas dentro de un marco de mutuo entendimiento y conjunción de voluntades.

La gama de posibilidades para acceder a la Cooperación Técnica Internacional es amplia; ella cubre campos diversos como la capacitación, entrenamiento, apoyo económico y financiero, apoyo de expertos, servicio de voluntarios, etc. Las universidades deben ser capaces de acceder a todas ellas.

Finalmente, hay necesidad de desarrollar una nueva mentalidad al interior de la Universidad, a fin de exponerla mucho mas a las responsabilidades de contribución efectiva al desarrollo nacional a través de sus propias capacidades, de generación de ciencia y tecnología apropiadas y de proyección a la comunidad.

"En el Perú la cantidad no se concilia con la calidad"

En la última década se han creado numerosos institutos superiores y universidades, especialmente privados, amparados en las políticas de apertura hacia la proliferación de instituciones que pudieran cubrir la cada vez mayor demanda por educación superior. Sin embargo, esta masificación ha ido acompañada de una tendencia inversa en cuanto a la calidad de la enseñanza universitaria. Sobre este tema conversamos con el educador León Trahtemberg, director del colegio "León Pinelo", en la entrevista didáctica que le concede mensualmente a "Tiempos del Mundo".

T de M: La ampliación de la oferta educativa de las universidades debe haber dejado satisfechos a los miles de postulantes que antes no ingresaban a las universidades ¿verdad?

Esto es una especie de "victoria pírica" para los postulantes, porque el crecimiento acelerado de instituciones de educación superior se ha hecho sin garantizar la excelencia de los profesores, laboratorios, bibliotecas, etc. Esto ha traído como consecuencia una gran diversidad de calidades ofrecidas por estas instituciones, por lo que hoy los postulantes mejor preparados se concentran en ocupar una vacante principalmente en las universidades y facultades más prestigiadas. De este modo, la masificación de la educación superior ha intensificado la estratificación de oportunidades educativas, ya que los postulantes con más recursos y preparación escolar más sólida son los que tienen mayores oportunidades de ingresar a los centros de educación superior y especialidades más prestigiados.

T de M: ¿Por qué la masificación de universidades se contradice con la calidad?Es muy simple. ¿Cuántos catedráticos de primera línea hay en el Perú, postgraduados en el extranjero, que se dedican a la investigación de vanguardia, que publican en las mejores revistas científicas, etc.? Muy pocos. No más del 10% del total. ¿Qué universidades pueden financiar las investigaciones y contratar a estos destacados académicos? Unas cuantas. ¿Quiénes enseñan en las otras? Profesionales y académicos con menor preparación y actualización. ¿Qué egresados son competitivos para el mercado ocupacional internacional? Los pocos que egresan de las pocas universidades en las que se encuentran los escasos catedráticos de primerísima línea. Si hay 35,000 catedráticos y solo 3,500 tienen un alto estándar internacional, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante de una universidad de segundo nivel pueda tener alguna vez en su vida académica un profesor de nivel internacional? Mínima. Si tuvo suerte, unos cuantos de sus 60 catedráticos habrá sido sobresaliente. Como verá, en el Perú la cantidad no se concilia con la calidad. Si no se desarrolla un sistema de acreditación, se desampara a los estudiantes que están desinformados sobre la calidad real de estas instituciones.

T de M: Si es así ¿qué se puede hacer?

Creo que la respuesta, especialmente para las universidades estatales, la podemos encontrar en un comunicado del 4 de noviembre publicado en "El Comercio" firmado por siete prestigiados científicos e ingenieros, a nombre de las academias peruanas de ingeniería, medicina, arquitectura, ciencias los colegios de ingenieros de Lima y del Perú y la facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Católica. Los firmantes fueron ni más ni menos que Juan Incháustegui, Rolando Calderón, Santiago Agurto Calvo, Alberto Giesecke, Eduardo Ísmodes, Julio Rivera y José Tong respectivamente y el coordinador de la iniciativa fue el Ingeniero Héctor Gallegos.

Este comunicado sugiere reducir el número de facultades y estudiantes a la cantidad que pueda ser financiada de modo que se pueda garantizar la calidad de la formación. Además sostiene que no deben ser las universidades las que otorguen los títulos a nombre de la nación, sino una entidad externa a ellas (barra profesional) que a nombre de la nación certifique la idoneidad de los egresados para ejercer la profesión estudiada.