La universidad particular de Iquitos y el rol de la iniciativa privada en la educación superior (página 4)

T de M: Esta certificación ¿cómo afectaría la cantidad de estudiantes y la calidad de su formación?

Todo sistema de certificación de la idoneidad de los egresados, al limitar el número de egresados que pasan los exámenes profesionales, automáticamente limita el número de facultades que quieran ofrecer cada especialidad, porque ninguna facultad podrá sobrevivir mucho tiempo si sus egresados sistemáticamente desaprueban los exámenes profesionales.

T de M: Hace unas semanas hemos los catedráticos de 28 de las 33 universidades estatales hicieron huelga, reclamando aumento de sueldos y su homologación con los de los vocales supremos. ¿Qué posibilidades le ve a esos reclamos?

La oferta de la homologación de sueldos es demagógica. Homologar los sueldos de 20,000 catedráticos estatales a las remuneraciones de unas decenas de magistrados que ganan 4 veces más que los docentes, es ilusorio.El gran problema de las universidades estatales es que a pesar de que la comunidad académica está integrada por intelectuales con educación superior, en el tema de los recursos razonan como niños que creen que el dinero crece en los árboles. En el Perú el estado invierte 1,000 dólares anuales por alumno universitario gratuito, frente a los 2,000 a 10,000 dólares que los estudiantes pagan en una universidad privada. Las universidades públicas norteamericanas cuestan 25,000 dólares, aunque los estudiantes pagan aproximadamente la mitad y el estado subsidia la otra mitad. Ni hablar de los 45,000 dólares anuales que cuestan las universidades privadas de la liga mayor como Harvard o MIT. Si en Inglaterra y EE.UU los estudiantes tienen que pagar sus estudios ya sea mediante un crédito o un impuesto a los ingresos profesionales luego de graduarse, porque el estado no puede pagar toda la educación, ¿alguien en su sano juicio puede pretender que la educación superior en el Perú sea universal, gratuita y de calidad competitiva con el primer mundo?

T de M: ¿Es inevitable entonces renunciar a la gratuidad?

A lo que hay que renunciar es a la gratuidad ciega e indiscriminada, que es aquella que se da cuando estudiantes que proceden de hogares con capacidad económica que han pagado toda su vida por la educación escolar privada, de pronto dejan de pagar por el solo hecho de ingresar a una universidad estatal.Eso también lo dicen los firmantes del comunicado antes aludido. Convertir la gratuidad en un principio en lugar de considerarla como un mecanismo me parece un tremendo error. En las universidades públicas el 45% de los estudiantes proceden de colegios particulares. ¿Es equitativo que se sirvan de un servicio público gratuito quitándole recursos al estado para mejorar la calidad del servicio? Dicho sea de paso, los primeros perjudicados por esta gratuidad ficticia son los propios estudiantes pudientes, que dejan de recibir la educación de más calidad que podrían recibir si la universidad tuviera más recursos. Creo que no se ha explorado suficiente el sistema de créditos educativos que podría ser un muy buen complemento.

T de M:M ¿Porqué una universidad no puede mantenerse en la primera línea sin investigación?

La gente que investiga es la que está en al frontera del conocimiento, buscando siempre que innovar, crear, mejorar. En ese proceso se enteran de lo que se hace en todo el mundo en su campo, se mantienen actualizados, e interactúan con la comunidad académica de vanguardia. Acceden a conocimientos que todavía ni siquiera aparecen en artículos o libros.

Además, cada hallazgo produce sinergias entre todos los colegas locales.En cambio, el profesor que se limita a enseñar basado en un libro siempre estará muchos años atrasado respecto a quienes están en la vanguardia en su campo. En ese sentido también la situación del Perú es para llorar, inclusive frente a nuestros vecinos. El Perú apenas gasta 1.65 dólares por habitante en investigación, por debajo de los 3,2 dólares que gasta Bolivia, 9 dólares de Colombia y 36 dólares de Chile y Argentina. Ni hablar de compararnos con el primer mundo.

T de M: ¿Qué hacer con los políticos frente a esto?

Creo que la clase política peruana actual ha renunciado a hacer de la educación el motor del desarrollo nacional. No veo cómo con esa ceguera algo pueda cambiar en el Perú en el mediano plazo. Quien quiera tener un estándar académico o profesional de primer nivel, tendrá que irse al primer mundo, por sus propios medios o con becas. Los demás solo podrán destacar por milagro.  

Universidad pública.La eterna olvidada de los gobiernos

La universidad pública va quedando más y más rezagada y esta situación sólo podrá ser revertida con mayor inversión, con un cambio institucional, creación de un mejor ambiente en las universidades y mayor participación de profesores y alumnos destacados en el gobierno universitario, sostiene Manuel Burga, ex rector de la universidad Mayor de San Marcos y presidente del Instituto de estudios sobre la universidad (INESU).

Para Burga, la crisis que vive la universidad pública se ha generado por la falta de una política de Estado que garantice la educación como un bien público y porque los diferentes gobiernos de turno han invertido poco, por ignorancia, politiquería o por no entender lo que significa una inversión educativa.

En la presente entrevista, el ex rector de la Universidad Mayor de San Marcos, plantea qué debería incluir una nueva ley universitaria, cómo entender y practicar la autonomía universitaria. La privatización y gratuidad de la educación superior, son otros temas que también aborda.

Ante el Congreso de la República se han presentado doce propuestas de ley universitaria. ¿La crisis que vive la universidad puede corregirse con una nueva normatividad?

En la historia del Perú republicano, desde 1821 hasta la actualidad, ninguna norma legislativa ha creado condiciones de desarrollo, ni de estabilidad, entonces no esperemos mucho de una norma legislativa, aunque es cierto que se necesita un nuevo marco jurídico que permita a las universidades públicas sintonizar con la historia contemporánea y eso es lo que debería dar el Congreso de la República, un marco legal moderno.

¿Cuáles son los cinco elementos que deben estar sí o sí en una nueva ley universitaria?

En primer lugar debe ser una ley que respete la autonomía universitaria, principio fundamental básico que se debe entender en su verdadera dimensión. Una ley tiene que respetarla y las universidades deben ejercer la autonomía con responsabilidad social, con rendición de cuentas, ofreciendo resultados. En segundo lugar, debe promover la investigación porque es el camino que va a permitir resurgimiento de la universidad. Es una utopía en un país como el Perú, pero las utopías también forman parte de la realidad. En tercer lugar, creo que debe fomentar la calidad académica, entendiéndola como la pertinencia de las universidades con el país. Estamos en el 2007 y por lo tanto las universidades tienen que recoger las experiencias de los últimos diez años y proyectarse diez años a futuro y en este marco cronológico de veinte años, las universidades tienen que ser pertinentes en su país.

¿Qué significa eso?

Tienen que contribuir a resolver los problemas del país, de la nación, de las regiones. Si antes la universidad era impertinente y buscaba destruir los sistemas establecidos para construir nuevos sistemas, eso ha fracasado, eso ha desaparecido. Ahora las universidades tienen que ser pertinentes con el desarrollo del país, con la lucha contra la pobreza.

Y en cuarto lugar, las universidades tienen que revisar su gobierno y volver a ser universidades con capacidad de gestión, ser eficientes con capacidad para responder ante un pedido de cuentas. Eso es lo que ahora está faltando. Hay decanos y otras autoridades que no tienen indicadores de gestión, y no se les puede hacer una crítica objetiva porque no existen estos indicadores. Un decano puede pasar todo su ejercicio (tres años) y al final si uno le pregunta: ¿Cuántos alumnos tiene la facultad? No lo sabe. O cuántos libros hay en la biblioteca, tampoco lo sabe. Algunos, incluso no tienen una proyección clara de cada una de las escuelas que conforman su facultad.

Entonces, sin modificar los esquemas actuales de constitución y de forma de gobierno, de elección de autoridades, si no se logra que los estudiantes y profesores del tercio superior participen en las elecciones y en las decisiones no va a mejorar la universidad. Hasta ahora no se ha logrado que los profesores más calificados y los alumnos más destacados participen y se interesen de la universidad. Ahora ellos votan en blanco o no vienen a votar y dejen que el destino de la universidad lo defina el tercio inferior de estudiantes y el tercio inferior de profesores.

Un último elemento a considerar es el presupuesto, una mejor inversión estatal. El Estado debe invertir en la educación, como invierte cualquier ciudadano de clase media cuando envía a sus hijos a universidades privadas. ¿Por qué en el Perú se destina 0,8% a la educación superior y en Cuba el 15 %? Es un misterio. Por qué no se hace como en Chile, México o Brasil. No hay dinero, probablemente; pero entramos en un círculo vicioso. No contamos con una de las principales fortalezas para salir del subdesarrollo: un buen sistema educativo. Si no hay buena educación no se sale del subdesarrollo. Actualmente, la economía neo liberal le da una enorme importancia al capital humano; pero en el Perú no estamos todavía en capacidad de hacer esa inversión. Durante toda la época republicana, el país no ha tenido esa capacidad de invertir y no porque no tenía dinero, sino porque tenía otras urgencias, otros apetitos en los cuales se ha consumido lo poco que había.

¿Por qué el gobierno aprista no invierte ahora en educación?

Por ignorancia, por politiquería, o por no entender lo que significa una inversión educativa.

¿No será porque la educación de sus hijos está resuelta en el sector privado?

Probablemente porque ellos consideran que el Perú es uno de los casos sui generis en América Latina, donde la educación superior está en manos de instituciones privadas y lo hacen bien, y al sector público que lo parta un rayo. Es una cosa estúpida de parte del gobierno, porque lo que se están creando son abismos sociales más grandes. Las redes de universidades privadas permiten mejorar la situación de las clases medias, mientras los sectores populares que van a universidades públicas quedan fuera de esas redes y se fomenta lo que ahora predomina, universidades nacionales muy radicales con bandera de lucha muy a los años sesenta, que exigen la gratuidad total. Por otro lado, hay puntos fundamentales que se tienen que resolver en el país para que la universidad mejore, y eso no solamente tiene que venir desde las políticas públicas, también es necesario un cambio de actitud de universitarios, sean docentes y estudiantes, porque se necesita un esfuerzo colectivo, la participación de todos en un proceso de mejora de la universidad.

¿La educación superior debe ser gratuita?

Teóricamente sí, porque eso es uno de los grandes bienes públicos que el estado debería distribuir. Pero bien, no mal. Porque si uno distribuye una educación gratuita que no es de calidad, está distribuyendo un mal público.

¿Sería una suerte de estafa?

Se está estafando, se está formando contingente de gente desocupada, de gente resentida que va a vivir en constante zozobra. El Estado debe invertir como lo hace Brasil, hacer una verdadera inversión en educación.

Actualmente existen 91 universidades, de las cuales 33 son públicas y 58 privadas ¿es un negocio la educación superior?

No creo que sea estrictamente un negocio, es cierto que en Estados Unidos es un floreciente negocio la educación privada porque los padres pagan.

Y por qué hay tantas universidades privadas, son 58 versus 33 públicas.

Sí, las universidades públicas están en abrumadora minoría en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Y esas universidades se han creado con la autorización de una institución de la ANR, hay una presión permanente y lobbies importantes. Eso es lo particular en el caso de América Latina, del Perú y del mundo en general. Nos parecemos a los países del sud este asiático donde se fomenta de manera salvaje la empresa privada. Pero lo que debe preocupar es que la universidad pública va quedando más y más rezagada, porque el fenómeno de la universidad privada, fundamentalmente capitalino y metropolitano, ahora es un fenómeno de provincias.

Ahora, la multiplicación de las universidades privadas no es por la voracidad de los empresarios, es por la demanda de los sectores medios. Y cuando digo sectores medios no me estoy refiriendo a los sectores B y C, sino a los nuevos sectores medios, a los de San Juan de Lurigancho, de los Olivos, de San Martín de Porras, en el caso de Lima, que buscan universidades privadas.

Para un gran sector de la población las instituciones educativas privadas son mejores. En el imaginario de muchos la educación pública no es buena, ¿Se puede afirmar que sólo la universidad privada brinda una enseñanza de calidad?

No necesariamente, pero cumplen requisitos mínimos. Desde de los años sesenta hay un crecimiento de los sectores populares en las universidades públicas. En el año 1962 ó 1961 había tantas universidades como había en 1876. San Marcos en Lima y seis en provincias, solamente había una privada, la Pontificia Universidad Católica; pero desde 1971 hasta la actualidad se ha incrementado el número de universidades privadas debido a que las clases medias buscaban seguridad, estabilidad, modernidad y formación en los plazos debidos, eso es lo que explica el éxito de la universidad privada. Pero no es que sean estrictamente mejores universidades.

Usted ha señalado que la autonomía universitaria debe ser comprendida en toda su dimensión ¿Es qué no está garantizada?

La autonomía universitaria es buena en tanto sea una autentica autonomía en el sentido que el Estado o cualquier otro poder público o la iglesia no interfieran en su funcionamiento. Muchas de las investigaciones y mucho de lo que se enseña en la universidad de repente no conviene a la iglesia, ni a sectores económicos o sectores políticos, pero la libertad de enseñanza y la libertad de investigación son principios básicos que deben ser respetados, no hay que mal entender la autonomía, ¿no?

¿Pero quién la mal entiende?

Los que han convertido a las universidades en fueros privados, de manejo político y buscan mantener la autonomía porque quieren recibir mayores presupuestos sin dar cuenta de resultados; que alguien me diga: ¿Qué universidad pública da cuenta de resultados ante el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué universidad pública da cuenta de metas y objetivos alcanzados? ¿Qué universidad publica da cuenta de graduados de magíster, de doctor, de licenciados? Si a alguien le dan dinero para sobrevivir parasitariamente tampoco se le puede pedir cuentas y lo que ahora invierte el Estado en la educación pública o universitaria es como para no pedir cuentas. El especialista chileno José Joaquín Brunner, ha estudiado casos latinoamericanos y en el caso de Perú, habla de una negligencia benevolente del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, descuidan y benevolentemente no piden nada, no piden cuentas. Ahora que van a homologar quieren pedir cuentas atrasadas, ¿por qué usted no es doctor? No hay que ser tan idiotas para pedir eso, primero hay que darles una beca para doctorarse y si no se doctora decirle: ¡oiga por qué no se doctoró! Si muchos nos doctoramos fue por las becas internacionales, pero un gran porcentaje no acceden a becas internacionales. El país está en la obligación de doctorar siquiera a un 20% de universitarios. Hay que preguntarle al ministro Luis Carranza a qué porcentaje de universitarios esta pensando doctorar en el año 2008, 2009, la respuesta es silencio.

¿Por qué la beca de los doctorados debería ser promovida desde el Ministerio de Economía?

Porque es una inversión. Normalmente en universidades europeas y norteamericanas para ingresar a la docencia universitaria uno ingresa con el doctorado, y hay muchos que lo tienen y deben concursar, en el Perú se ingresa a la docencia universitaria en el grado de licenciatura y eso se va a consagrar de nuevo en la ley universitaria, porque no se puede negar esa realidad. No significa que se va a becar a todos, se tendrán que hacer concursos de becas para hacer doctorados como en otros países; estoy seguro que de 10 becarios 5 van a terminar su doctorado en los tiempos correctos y en un periodo de 10 años vamos a tener un 20, 25 ó 30% de doctores en las universidades. Tenemos que ponernos una meta de 50 años para tener solamente doctores en la universidad.

¿El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (SINEASE) actualmente no esta funcionando la nueva ley de universidades debería incluirlo?

Actualmente se está reglamentando, aún no funciona. Funciona en muchos países de América Latina, pero no en el Perú porque el conjunto de los profesores, de la comunidad universitaria no está interesado en que funcione porque el SINEASE pide auto evaluación y control de calidad.

Nuevamente el temor a la evaluación. Es parte de la cultura peruana la no evaluación.

Es el mismo temor del magisterio público… Pero si a alguien no le pagan bien, por ejemplo, a un profesor universitario le pagan quinientos nuevos soles mensuales, ochocientos nuevos soles mensuales, verdaderamente no hay ninguna legitimidad para evaluarlo, ¿no?

Pero el estar mal pagado no justifica que un profesional no cumpla con su trabajo.

Cumplen con el trabajo en la medida que pueden; pero no se les puede pedir mucho. En la primera reforma liberal de la universidad pública en el siglo XIX en la época de Manuel Pardo, 1876, uno de los requisitos para ser profesor en la universidad era tener el grado de Doctor en la especialidad. Ahora es un lujo tener doctorados en la universidad. En San Marcos el 19.5 % de profesores tiene el grado de Doctor, pero la universidad del Cusco tiene el 4% de doctores en su planta docente y las otras universidades de provincia me imagino que deben estar iguales. Ese cuerpo docente, ¿está interesado en que funcione el sistema de evaluación y de acreditación? No.

¿Estamos perdidos?

No, en México tampoco funciona un sistema de acreditación y evaluación. En Colombia funciona, y la universidad más importante que es la Universidad de Colombia, no está preocupada por la acreditación, ellos tienen sus propios sistemas. Un profesor universitario colombiano gana dos mil dólares, un profesor universitario en Perú gana cuatrocientos dólares en promedio, es decir ¿podemos exigirle evaluación, exigirle acreditación? Ahora es una locura, los dieciséis mil doscientos docentes universitarios no están interesados en el SINEASE, están interesados en que se les homologue, y si se homologa debidamente que paralelamente pongan en acción el SINEASE, sino es una inmoralidad de parte del gobierno.

¿Y que si se les puede exigir a los docentes universitarios?

Cumplimiento dentro de una universidad organizada que responda a misiones establecidas por sus autoridades. Hay profesores que simplemente son licenciados o ingenieros, o en general Magíster en el mejor de los casos, porque en provincia, por ejemplo, no se le puede exigir el doctorado ya que no hay universidades que los dicten y para tal efecto tendrían que venir a Lima. ¿Va a viajar un profesor de provincia a hacer el doctorado? Es difícil. A quiénes se debe exigir es a los jóvenes de la generación de los ochenta, no permitir que los egresados sigan sin el magíster, sin el doctorado; hay que fomentar eso. No es una exigencia que la gente investigue, que la gente se gradúe, no es una exigencia policial, hay que construir un ambiente académico. Para construirlo tiene que haber gente inteligente en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Educación y luego exijamos las cosas, pero dentro de un cambio estructural, un cambio integral. No se le puede pedir ahora que se doctoren, eso puede decir Brasil que tiene cinco mil becas anuales de doctorado y cinco mil becas anuales de magíster. No se le puede pedir a un profesor en el Perú que no tiene ninguna beca.

¿Cuánto cuesta un doctorado?

Ciento cincuenta mil. Eso en el Perú es impensable, aquí estamos recuperando Santa Anita y San Marcos está recuperando sus tierras invadidas en Mesa Redonda, ahí estamos. Pongamos orden en la casa, seamos inteligentes y arreglemos la universidad normativa y económicamente.

¿Y que debemos entender con poner orden, por ejemplo, en lo que se refiere al gobierno al interior de la universidad?

Darles más estabilidad a las autoridades, permitirles que gobiernen, terminar con las burocracias estudiantiles, estudiantes eternos, de treinta, treinta y cinco, cuarenta años, que son operadores políticos en San Marcos, la UN I, la Cantuta, en cualquier universidad pública, terminar con ellos. Además, creo que tiene que haber políticas publicas favorables para el desarrollo de la investigación, contar con mayor inversión y ordenamiento en las universidades, pero no es solamente una cuestión de más plata para que funcione mejor, también tiene que haber un cambio institucional, más exigencias, creación de un mejor ambiente en las universidades: mayor respeto, mayor consideración entre alumnos y profesores, mayor presencia de los profesores destacados, una universidad debería estar representada por sus profesores mas destacados.

¿Por que los profesores mas destacados no se sientan comprometidos con su universidad, falta de reconocimiento, la forma de en que se gobierna?

No es de ayer, Jorge Basadre se jubiló en 1954 en San Marcos y él tenia 51 años, o sea, desde el año 50, San Marcos no protege a sus mejores profesores y los que pueden se van a los 50, a los 40, se van a los 30 años. Es muy complejo porque no hay un sistema que permita a los profesores cuidar sus puesto como lo puede cuidar un profesor de Prinston, de Praw, de Harvard, si uno esta en esas tres universidades trabaja para desarrollarse personalmente, para desarrollar su institución y para conservar su puesto

¿Y el catedrático de San Marcos para qué trabaja?

Para sobrevivir, si él quiere desarrollarse sinceramente tiene que buscar una beca internacional, un trabajo fuera, irse del país o trabajar en una universidad privada. Eso es lo que hay que cambiar, darles condiciones a los profesores universitarios, uno no va a arreglar en la universidad, dando trámite a la homologación simplemente, sino estableciendo metas para el desarrollo de la universidad publica en un proyecto de mediano plazo. Una meta podría ser pasar de un promedio de 10% de doctores o un promedio de 30% en un plazo de 10 años, eso me perece razonable, en Brasil en los años 60, se lo propusieron y ahora la Auspide de Sao Pablo tiene el 95% de profesores con grado de doctor. Es decir han invertido, es un plan, un proyecto de desarrollo que sea política de Estado. El presidente Toledo en el año 2005 aprobó la homologación del docente universitario como una política de Estado, cambio su gobierno, se acabo la política; entonces en el Perú no existe Estado, existen gobiernos. Cada presidente gobierna pero no considera el desarrollo del país como una política del Estado.

¿Los problemas que enfrentan las autoridades de una universidad pública son distintos de los que deben resolver las autoridades de una universidad privada?

Por supuesto, son otras las reglas de juego. Las autoridades de las públicas no tienen legitimidad. Cómo van a tener legitimidad las autoridades de las públicas, cuando tienen docentes mal pagados, insatisfechos, incluso decididos a no participar en el funcionamiento de la universidad.

¿En la universidad pública los profesores están mal pagados y en la privada su situación es diferente?

Probablemente el sueldo promedio de un empleado de la Universidad Mayor de San Marcos sea mayor que él de la Pontificia Universidad Católica. No es un misterio que en promedio no ganan más, pero cumplen mejor. En San Marcos tienen un sindicato con una dirigencia radical que exige constantemente beneficios.

¿En la Pontificia Universidad Católica los empleados tienen igual o menor sueldo pero trabajan mejor por que no tienen sindicato? ¿Eso es?

O porque los empleados tienen sus asociaciones y hay diálogo, esto hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero es sumamente interesante es un fenómeno sociológico y un fenómeno político también. Pero son otras las reglas en la relación entre los trabajadores y las autoridades, los trabajadores y la institución; y eso es lo que de alguna manera también contribuye a que el rendimiento sea mayor a igual salario. Eso es un tema a discutir, un tema a investigar. Por ejemplo, el rendimiento de los docentes de la San Marcos es mayor que el rendimiento de los docentes de las universidades de provincia, y en universidades de provincia los docentes ganan más. ¿Cómo se explica eso? Que lo expliquen los rectores de esas universidades.

¿Hay especialidades que tienen más demanda que otras, cree usted que se debería poner límites en las vacantes y promover aquellas carreras que no son vistas como fuente de desarrollo personal?

Eso se podría aplicar en la universidad pública, pero cuando uno pone límites las universidades privadas incrementan sus vacantes amparados en la demanda educativa, la oferta se regula en el mercado de acuerdo a los profesionales, a los funcionarios de las universidades privadas quienes en muchas oportunidades han sostenido, lo cual es bastante lógico, que lo que la gente busca es un profesional de calidad. En San Marcos las especialidades que tienen mas demanda son: medicina, derecho, contabilidad, ingeniería de sistemas, porque son las más profesionalizadas. Un médico, un abogado, un contador, un ingeniero de sistemas, probablemente encuentra rápido un trabajo y estas cuatro carreras no están vinculadas con el desarrollo del país. Las carreras vinculadas podrían ser las ciencias básicas: la biología, matemáticas, química, física.

Y por qué la falta de interés con las carreras que tienen que ver con el desarrollo?

Porque estudiar física, química es como estudiar historia, ¿qué hacen después?. ¿Qué hace un físico? ¿Dónde va a trabajar un biólogo? No hay proyectos de investigación, ni empresas que hacen investigación y en esas áreas están los estudiantes más radicales de San Marcos, son las especialidades donde están jóvenes muy inteligentes pero que ven un futuro oscuro. Lo que hacen los estudiantes, lo mejores estudiantes de universidades publicas peruanas que estudian matemáticas, física, química, biología, terminar bien, hacer sus doctorados e irse a Brasil, Estados Unidos. Hay buenos egresados en UNAM de México.

La competencia entre las universidades públicas y privadas ha traspasado los linderos universitarios. En los medios de comunicación ha trascendido que en algunos hospitales están dando preferencia a estudiantes de universidades particulares. ¿Cómo atender esta situación?

Eso es un fenómeno propio de las décadas actuales. El campo clínico es un espacio de enseñanza e investigación en donde los profesores hacen participar a los estudiantes. En los años 50 San Marcos tenía el monopolio del campo clínico, cuando aparece la Villarreal camparte el campo clínico para medicina. San Marcos tenía el hospital Loayza, el hospital Dos de Mayo, el hospital Carrión, Almenara y el Rebaggliati como sus sedes principales. Con el surgimiento de las universidades privadas, ellos han comenzado a ingresar en un espacio público donde los pacientes tienen que soportar la incomodidad de ser revisados por médicos que están haciendo sus clases al mismo tiempo. Además, hay una casuística muy rica en los hospitales públicos, eso ahora se comparte con las universidades privadas. Las universidades privadas han comprado su derecho a estar presente en los espacios públicos. ¿Cómo cambiar eso? Probablemente las que deberían dejar los hospitales a las universidades públicas, son las privadas. Las privadas deberían construir sus hospitales docentes, la universidad San Martín de Porras en lugar de crear otra facultad de medicina en Chiclayo ha debido crear su propio hospital docente en Lima para mejor la calidad de enseñanza.

¿Para usted la educación no está siendo atendida como una política de Estado que va más allá de los cinco años que dura un gobierno en el país?

La homologación se aprobó con un decreto de urgencia 033 de diciembre del año 2005, al gobierno del presidente Alejandro Toledo le quedo un semestre para cumplirlo y lo cumplió y esa homologación era política del Estado. Entre enero y mayo del 2006 el presidente Toledo cumplió con el 20% de la homologación, la meta era llegar al 100% en el 2008, eso se ha detenido, estamos prácticamente en junio del 2007 y ha pasado un año sin que se cumplan las metas ¿Qué significa esa homologación? Significa que un profesor auxiliar al año 2008 iba a tener un sueldo básico de un magistrado superior: 2000 nuevos soles. Un profesor asociado iba a ganar 3100, y un profesor principal 5600 que es el 80% de la remuneración básica de un magistrado supremo. Eso el gobierno lo ha detenido porque no tiene ningún interés en la educación pública universitaria.

¿Será por que para un gobierno no es políticamente rentable la educación?

La educación no es rentable en el corto plazo pero políticamente es muy rentable, en todos los países del mundo que han querido que sus países desarrollen, han invertido en educación. Un proverbio chino dice: si uno quiere cosechar rápidamente siembra arroz y si quieres cosechar después de 2 años siembra viñedos, pero si quieres cosechar en el largo plazo siembra un bosque. Y la educación es como un bosque que da fruto en el mediano y largo plazo.

Lamentablemente a eso no apuestan los gobiernos

A eso es lo que apuestan los padres de familia cuando invierten en la educación de sus hijos, están invirtiendo en un plazo de quince años, hasta que sean profesionales; pero no hay esa inteligencia en el gobierno, en el MEF. (Julia Vicuña, periodista, Tarea).

La educación privada en la proyección social e intelectual

La Educación Privada y la pobreza

Cada vez que se habla de educación privada, es necesario remontar varios prejuicios atávicos. Estos prejuicios no afectan solo a los perpetuos enemigos de todo aquello que suponga un campo de libertad al margen del Estado en la economía y la sociedad. Infortunadamente, también infestan a muchos que defienden la iniciativa y la acción privadas en otros ámbitos de la actividad económica distintos a la educación.

De esos prejuicios, hay tres especialmente significativos: (i) entender que el principal responsable de la educación es el Estado; (ii) suponer que la intervención del Estado es un factor de igualación social; y (iii) pensar que la educación privada es solo para los ricos.

En cuanto a la responsabilidad educativa del Estado, es importante recordar que el papel educador no estuvo presente en los orígenes del estado moderno. Más bien, la educación fue siempre entendida como una función natural de la familia en la doble acepción: como obligación y como derecho. De allí que, en su dimensión social, fuese siempre entendida como un servicio esencialmente privado, derivado del núcleo de atribuciones e intereses propios del individuo y la familia; y, de allí, también que se desprenda todo reclamo de independencia y autonomía como condiciones básicas para su ejercicio.

Por ello, el Estado moderno no fue concebido, diseñado, construido ni programado para educar. Fue más tarde cuando, quizás por las complejidades derivadas de una división social del trabajo y del incremento de la masa de los conocimientos, así como de las limitaciones de la oferta privada y, sobre todo, gracias a la expansión progresiva de los poderes públicos, que la educación fue decantando hacia sus dominios. El Estado, así, fue apropiándose de diversas funciones inicialmente familiares y sociales, y las fue asimilando como competencias y atribuciones gubernamentales. La incursión gubernamental en la educación no es, pues, un derecho natural, sino un hecho puramente cultural.

Su fuerza centrífuga ha llevado al Estado, en nombre de la sociedad que dice representar, a despojar a esta de sus derechos naturales y ?lo que es más grave aún? ha conducido a que muchas sociedades abdiquen de los mismos y los entiendan progresivamente como atributos gubernamentales. Hoy, los desbordantes papeles acumulados por el Estado han producido el fenómeno perverso de que, por hacer tantas cosas que no debe, las hace todas mal y, a la vez, deja de hacer lo que realmente debiera.

En nuestro medio, ello ha supuesto que los responsables gubernamentales de la educación deban dedicar la mayor parte de su tiempo y sus mejores energías a lidiar con reclamaciones de dirigencias politizadas que cautivan a los maestros en un "sindicato único", en lugar de identificar políticas de mediano y largo plazos, y, más que nada, alentar la participación de la iniciativa privada en el desarrollo educativo.

Además, ha producido una distorsión política, social y económica difícil de superar en el Perú. El economista Walter Puelles ha mostrado con suficiencia que la educación a cargo del Estado no permite el cálculo económico, la medición de la eficiencia ni la información transparente; que ello le impide tomar conciencia de su imposibilidad de atender los requerimientos de la población y la lleva a sobrevalorar el papel del Estado en sus vidas; que la creación y la administración de centros educativos públicos responden a criterios políticos más que económicos o pedagógicos; que los salarios del profesorado público, inferiores al privado, desincentivan su actualización y perfeccionamiento, con lo que la educación estatal pierde calidad y se potencia la discriminación y la inequidad; que los recursos son manejados por el Estado en una forma altamente ineficiente; que esos mismos recursos, en manos del sector privado, podrían generar mayor valor, llegar a más gente, pagar mejor a los profesores, mantener mejor la infraestructura y el equipamiento, y elevar la calidad de la educación.

Ante esta situación, poco discutible, no viene mal reiterar que la sociedad y los individuos no pueden abdicar a sus derechos en materia educativa y deberían reivindicar aquellos territorios que incumben a la soberanía personal en lugar de desplazarlos al Estado, cuyos servicios son cada vez más difíciles de sostener ?más aún con una calidad aceptable? a la luz de una ética pública exigente y de las reglas económicas más fundamentales.

El segundo gran prejuicio es el de suponer que el Estado es un factor de igualación social. ¿Es ello verdadero? Para justificar la prestación de servicios educativos por parte del Estado, aquí y en otros países, se recurre a diversos argumentos. Se dice, por ejemplo, que, dada la relación que existe entre los niveles de pobreza y la falta de educación, el deber del Estado de promover el crecimiento económico y atenuar las desigualdades sociales se cumple suministrando directamente la instrucción a quienes la necesitan, o que un modo de lograr la equidad social es mediante una igualdad de oportunidades que el Estado mejor que nadie supuestamente contribuye a lograr.

¿Es esto así entre nosotros? En el Perú, el peso de la educación a cargo del Estado es extremadamente gravitante. De los alumnos matriculados en el sistema educativo nacional escolarizado, el 79.6% lo están en centros estatales. En el nivel básico (educación inicial, primaria y secundaria), la proporción es aún mayor: el 84.1% son alumnos de colegios públicos.

Alrededor de siete millones de alumnos (seis y medio en la educación básica) y más de 320 mil docentes (280 mil en la educación básica), a los que hay que sumar una frondosa burocracia del sector, cercana a 60 mil funcionarios, configuran, de este modo, la que sin duda alguna es la más grande "empresa" del país: empresa pública, claro está.

Conocemos la realidad en la que nos desenvolvemos, con un Estado carente de posibilidades de personal calificado, de recursos y de una mínima tecnología, que confronta ilimitadas necesidades y que, además, cuenta con reglas de manejo irracionales. Conocemos también que estamos en una economía saturada de tributos, con posibilidades agotadas en cuanto a la captación de nuevos impuestos. Nos pasamos la vida pregonando la importancia de la educación para el futuro del país y para su desarrollo, pero no nos escandalizamos de que cuatro de cada cinco alumnos ?y 17 de cada 20 en los colegios? lo sean de centros estatales. No obstante, seguimos reclamando, en forma simultánea, tan ciega como generalizada, una educación pública gratuita, una remuneración digna para los docentes y el logro de la calidad educativa, como si todo ello fuera posible a la misma vez.

Un reciente estudio del Banco Mundial ha constatado que "la calidad de la educación, medida por los niveles de aprendizaje estandarizados con evaluaciones internacionales como el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Program for Internacional Student Assessment, PISA) no es muy buena. Por ejemplo, en la escala combinada de lectura PISA, el Perú obtuvo un resultado de 327, mientras que el resto de los países de América Latina alcanzó, en promedio, 411."

El mismo estudio ha constatado que "entre los países que tomaron parte de PISA, el Perú es, también, el que tuvo la mayor desigualdad en el aprendizaje, midiendo la desigualdad por la razón del desempeño de los estudiantes del 95° percentil con respecto a los estudiantes del 5° percentil. En el Perú, la desigualdad fue de 2,8; peor que la de Brasil (2,1) México (2,0) o la República de Corea (1,6)."

En otra parte del estudio, se indica que "los niños pobres reciben una educación de calidad más variable que los menos pobres, y no solo de calidad inferior."

Luego de leer estas constataciones, seguir confiando la educación de los pobres solo al Estado ?o continuar tolerando que este se apropie de ella? y seguir proclamando que con ello cumple un papel irreemplazable de igualación social, resulta algo ciego y cruel.

La afirmación de que la educación privada es solo para los ricos es tan interesada como inexacta. Se funda en un presupuesto de inocultable carga ideológica y quienes la postulan ?como lo hacen también con otras actividades económicas se proponen distanciar la educación privada de las expectativas populares introduciendo, en ellas, un factor de ajenidad y desconfianza.

Lo cierto es que hoy no existe forma de ignorar el papel que cumple la educación privada en favor de los sectores más pobres de la población en algunos países subdesarrollados. Un trabajo anterior de James Tooley mostró la experiencia para la confección del Informe titulado PROBE (Public Report on Basic Education), que analiza los resultados en la educación primaria en manos privadas en cuatro de los estados más pobres del segundo país más poblado del mundo: India.

Allí también se citan otros estudios comparativos entre la educación pública y la privada, como los del Banco Mundial en ciertos países ?Colombia, República Dominicana, Filipinas, Tanzania y Tailandia?, donde los costos unitarios en las escuelas privadas resultaron menores que en las estatales. Y se concluye expresando que "en los países en desarrollo, no es el Estado quien tiene el mayor potencial de ayudar a los pobres, sino el sector privado. Ciertamente, los muy pobres pueden necesitar asistencia adicional para ayudarlos a asistir a sus escuelas, en términos de cupones ["vouchers"] públicos o privados (o ambos). Pero, el principal papel del Estado debería ser ayudar a asegurar que el clima regulatorio e inversor conduce al desarrollo y sostenimiento de tales escuelas."

En las escuelas privadas el rendimiento escolar es mayor que en las públicas; la ratio de número de alumnos por profesor es mejor en las escuelas privadas; en la escuela privada, se enseña y aprende más; los costos docentes en las escuelas privadas terminan siendo inferiores a las públicas; los padres pobres que pueden escoger, prefieren la escuela privada y, cuando pueden, se solidarizan con los más pobres, ofreciendo a sus hijos pensiones reducidas o incluso becas.

Finalmente, gracias a la educación privada, se puede educar a más niños y jóvenes pobres; que se les enseña mejor y ellos aprenden más; que ello se hace con menor costo económico para la sociedad; y que se logra una mejor calidad educativa. Nos invita también a relacionar estos logros de la educación privada con la práctica de un derecho constitucional básico, como es la libertad de educación. Ejercer ese derecho a través de la iniciativa privada dedicada a la educación de los sectores pobres, como los que dolorosamente abundan entre nosotros, puede ser una forma efectiva de contribuir a solucionar sus problemas. Más efectiva que la acción pública. Y más definitiva, si queremos calificarnos como una sociedad libre. Porque, si una sociedad quiere verdaderamente ser libre, el espacio más preciado para ejercer su libertad es la educación. La educación es un espacio natural de la libertad. Aunque, como reza la cita de Tocqueville que preside esta presentación, sus frutos solo se produzcan a la larga, y no sea siempre posible para todos averiguar la causa que los produce.

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Autor:

Lic. Educ. Dante Enrique Rojas Linares Mgr.