El Perú y la OEA

Historia de la OEA

El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Desde entonces, la OEA se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe y también a Canadá. Los principios que incorpora la OEA en una historia de cooperación regional se remontan al siglo XIX.

• En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá con la idea de crear una asociación de estados en el hemisferio.

• En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de la OEA.

• En 1910 esta organización se convirtió en la Unión Panamericana.

• En 1948, en la Novena Conferencia Internacional Americana, los participantes firmaron la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera expresión internacional de principios de los derechos humanos. La transición de la Unión Panamericana a la OEA se realizó sin tropiezos. El director general de la Unión Panamericana, Alberto Lleras Camargo, se convirtió en el primer secretario general de la OEA.

Países que han ratificado la Carta de la OEA

Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la Organización. Las siguientes naciones se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Miembros

. Desde entonces se han incorporado los siguientes países: Barbados; Trinidad y Tobago (1967); Jamaica (1969); Granada (1975); Suriname (1977); Dominica; Santa Lucía (1979); Antigua y Barbuda; San Vicente y las Granadinas (1981); Las Bahamas (1982); Saint Kitts y Nevis (1984); Canadá (1990); Belice; Guyana (1991) 1.4. La OEA y sus 4 subsecretarias.

La Organización de Estados Americanos

Las naciones de las Américas están trabajando más unidas que nunca, avanzando de común acuerdo en el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos, la promoción de la paz y la seguridad, el fomento del comercio y la lucha contra los complejos problemas causados por la pobreza, el narcotráfico y la corrupción. Juntos estamos construyendo un futuro mejor para la próxima generación

La Organización de los Estados Americanos (OEA) desempeña un papel fundamental en la tarea de alcanzar las tres metas compartidas por los países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. A través del proceso de la Cumbre de las Américas, los jefes de estado y de gobierno del hemisferio han dotado a la OEA de importantes responsabilidades y mandatos, entre ellos:

•Fortalecer la libertad de expresión y pensamiento como derecho humano fundamental;

•Promover una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno.

•Mejorar la cooperación en la lucha contra las drogas ilícitas;

•Apoyar el proceso de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas.

Una visión compartida

El hemisferio atraviesa un momento de oportunidades sin precedentes. En la década del 90 la región abandonó las divisiones de la guerra fría y avanzó hacia un mayor entendimiento y cooperación. En este contexto, se reformó la Carta de la OEA a fin de consolidar el compromiso hemisférico con la democracia representativa.

Estas son algunas de las prioridades de la Organización:

•Fortalecer la democracia. La OEA ha enviado misiones de observación electoral a más de 45 comicios en todo el continente a fin de asegurar su transparencia e integridad.

•Construir la paz. Varias misiones especiales han contribuido a fortalecer los procesos de paz en Nicaragua, Suriname, Haití y Guatemala. La OEA también dirige un programa para eliminar las minas terrestres en América Central, con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa. Dicho programa ha logrado destruir miles de minas antipersonales en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, contando con fondos, equipos y personal de 19 estados miembros y países observadores de la OEA.

•Defender los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ubicada en San José de Costa Rica, velan por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos del hemisferio.

•Fomentar el Libre Comercio. La OEA ofrece apoyo técnico en la labor de integración económica. Trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, a fin de establecer un acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas para el año 2005.

•Combatir las drogas. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas trabaja con los países miembros para adecuar sus leyes, ofrecer capacitación para programas de prevención, promover el desarrollo alternativo y combatir el tráfico ilegal de estupefacientes, químicos relacionados y armas.

•Promover el desarrollo sostenible. La OEA, con un importante financiamiento externo, lleva a cabo un programa de cooperación técnica para abordar las necesidades de los estados miembros en áreas tales como el desarrollo de cuencas hidrográficas, conservación de la biodiversidad y proyectos para disminuir los efectos causados por el cambio global del clima y los desastres naturales.

•Una cooperación efectiva. Compuesta de 35 países miembros, la OEA es el principal foro político de la región para el diálogo multilateral y la toma de decisiones. Con cuatro idiomas oficiales—inglés, español, francés y portugués—la Organización refleja la rica diversidad de la gente y la cultura de las Américas. Dentro de la OEA, cada estado miembro tiene derecho a un voto. Las políticas y metas principales son establecidas por la Asamblea General, que reúne una vez al año a los cancilleres de la región. El Consejo Permanente, que tiene su sede en la ciudad de Washington, se reúne periódicamente para examinar temas políticos y administrativos. Cada país miembro nombra a un embajador para ser su representante en dicho órgano.

Nueva visión de la OEA

Este documento, tal como lo advierte el título mismo, es un documento de trabajo. Como tal, reconoce que la adaptación de la Organización de los Estados Americanos a los nuevos retos y necesidades hemisféricas, debe ser el resultado de la reflexión que llevan a ese respecto los Gobiernos de los países que la componen.

Pero el documento va más allá de la Cumbre de Miami. Contiene, por una parte, elementos que la Organización había hecho ya suyos en las Asambleas de México, Santiago, Managua y Belém Do Pará. Y, por otra, constituye el cumplimiento de una promesa.

Contiene una carta de navegación en la búsqueda de una verdadera democracia participativa, en que exista un Estado orientado a servir a la ciudadanía, abierto a escucharla y con instrumentos adecuados para realizar efectivamente las funciones que le correspondan y rendir cuentas de su gestión. Una democracia que contenga el establecimiento de canales de diálogo y de resolución de diferencias, así como de mecanismos de búsqueda de consenso.

Nuestras ideas no han sido sometidas al examen de las distintas instituciones del sistema y son realmente ideas en borrador, propuestas para estudio tanto del Consejo como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo bien ganado prestigio no nos debe alejar del propósito de fortalecer su capacidad institucional y financiera.

En materia de modernización del Estado y lucha contra la corrupción se pretende actualizar a la OEA en la defensa y promoción del medio ambiente vamos más allá de la simple descripción de nuestra asistencia técnica, y describimos lo que se pretende poner en marcha al crear la Unidad de Medio Ambiente.

En el campo de las telecomunicaciones se describe la manera como la CITEL ha ganado un nuevo espacio y se hace una descripción de los pasos que llevará en el futuro próximo para consolidar su papel.

No hay duda de que la cooperación técnica fue, en el pasado, la principal herramienta de la OEA para apoyar a los países miembros. La OEA fue, en su tiempo, una institución relevante en esta materia. La única manera de devolverle relevancia a la cooperación técnica es entendiendo la grave situación que enfrenta.

Muchas de estas orientaciones hacen parte del importante legado que nos dejó la Asamblea de México y de los propósitos que animaron a los países a crear la Comisión Interamericana de Desarrollo Integral (CIDI), que reemplazará al CIES y el CIECC. Estanos seguros de que enriquecerán la discusión que se lleva a cabo en los distintos grupos de trabajo y comisiones del Consejo Permanente que tratan el tema.

Fortalecimiento de la democracia en el hemisferio

"El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad política fundamental para las Américas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal organismo hemisférico para la defensa de los valores y las instituciones democráticas".

Aunque la democracia tiene diversas manifestaciones concretas en los distintos países de la región, se ha ido construyendo paulatinamente un consenso en torno a los objetivos para robustecer sus instituciones básicas y ampliar su ámbito.

El Plan de Acción de la Cumbre de las Américas sienta claramente el propósito no solo de "defender los valores e instituciones democráticas", sino asegurar "el fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia".

Esta "prioridad política fundamental de las Américas" no implica que cada país siga su mismo itinerario o aplique un mismo modelo. Se trata de una prioridad común hacia la cual cada Estado avanzará al ritmo que corresponda a sus circunstancias, metas y posibilidades políticas. Sin embargo, no hay duda de que los Estados han trazado un rumbo compartido.

Para prestar los servicios que este compromiso genera, la OEA debe estar preparada para responder a las solicitudes de los Estados relativas a promover:

•Una democracia participativa, es decir, instituciones y valores dirigidos a expandir el ámbito de influencia del ciudadano común y de las organizaciones sociales, de tal forma que se involucren de manera efectiva no sólo en la elección de sus gobernantes, sino, además, en la toma de las decisiones que más les interesen o afecten.

Un ciudadano activo y una sociedad civil bien organizada son las mejores garantías del ejercicio efectivo de la soberanía popular.

Dentro de un proceso de desarrollo de la democracia participativa, el papel de la mujer y la participación de los sectores más marginados de la sociedad como lo son las comunidades indígenas, deben recibir una atención particular.

En lo que concierne a las comunidades étnicas, la búsqueda de un modelo de democracia participativa incluiría la consolidación de sus derechos en los marcos constitucionales nacionales, la promoción y estímulo a su ingreso a las distintas formas de competencia electoral, el respeto por los distintos elementos constitutivos de su cultura, y, cuando así lo dispongan los Estados, el respeto, dentro del marco constitucional, a sus jurisdicciones territoriales y sus autoridades judiciales.

• Un Estado capaz de responder a las necesidades, peticiones y expectativas de la comunidad, es decir, un Estado orientado a servir a la ciudadanía, abierto a escucharla y con instrumentos adecuados para realizar efectivamente las funciones que le correspondan y rendir cuentas de su gestión.

• Un Estado desburocratizado, eficiente, responsable y sensible, es más compatible en la democracia que un Estado que impone, desde arriba, su propia agenda a la comunidad.

• Un órgano legislativo deliberativo, es decir, fortalecido en sus capacidades de control político, más representativo de la diversidad de cada nación y con mayores instrumentos para debatir sobre los asuntos cruciales de cada Estado y para tomar las decisiones legislativas correspondientes.

• Una justicia constitucional garante del consenso democrático, es decir, una jurisdicción que, al evitar las violaciones a la Constitución en cada Estado, contribuya a mantener vivos los principios fundamentales de la democracia, a resolver legítimamente grandes divergencias, a proteger a las minorías y a asegurar el ejercicio efectivo de los derechos.

• Una justicia ordinaria poderosa. Lo que significa, en materia penal, una justicia capaz de investigar oportuna y eficazmente los delitos y castigar ejemplarmente a los delincuentes individuales y a los involucrados en actividades organizadas que amenazan la democracia (corrupción, narcotráfico y terrorismo). Y, en materia civil, capaz de producir soluciones a los conflictos de tal forma que estimule la convivencia social y el respeto por el marco dentro del cual se desarrollan las relaciones privadas.

• Un ejecutivo gobernante, es decir, con mecanismos institucionales suficientes para liderar la realización del programa político fundado en la legitimidad derivada de los procesos electorales y el diálogo pluralista. El fortalecimiento del órgano legislativo y del poder judicial no debe entenderse, ni implica, debilitamiento de la capacidad institucional del ejecutivo.

• Un sistema de partidos revitalizado, es decir, en el cual los partidos tradicionales y nuevos tengan un dinamismo que, más allá de movilizar electores, canalice las diversas tendencias de la opinión de una manera permanente y que ofrezca a la ciudadanía confianza en que sus inquietudes están siendo interpretada y expresada.

• Unos procesos electorales que sean ejercicio efectivo de la soberanía popular, es decir, elecciones competitivas y transparentes en las cuales ningún candidato o partido tenga ventajas excesivas y los electores cuenten con elementos de juicio suficientes para evaluar al gobierno anterior y tomar posición frente a los diferentes candidatos.

• Una democracia local eficaz, es decir, una en la cual la descentralización de competencias y recursos, cualquiera que sea su grado y ámbito, esté acompañada tanto del aumento correspondiente de la capacidad institucional para atender las nuevas responsabilidades, como de procesos decisorios que permitan a la comunidad definir las prioridades en la localidad y derivar el máximo de beneficios para el mejoramiento de su calidad de vida.

• Unos derechos que sean poderes, es decir, que trasladen efectivamente a los ciudadanos una serie de herramientas para hacer respetar en la práctica la dignidad, la libertad y la igualdad.

Desde esta perspectiva, tan importante como la consagración de los derechos que desarrollan estos valores, es la eficacia de los procedimientos y mecanismos para su protección así como las instituciones y programas para su promoción. La promoción de una cultura democrática es una tarea fundamental para los países de la región.

Y por último, el establecimiento de canales de diálogo y de resolución de diferencias, mecanismos de búsqueda de consenso y, en algunos casos, procesos de reconciliación nacional entre el Estado y la sociedad y entre diversos sectores de la sociedad civil, cuando así se requieren.

Estos mecanismos permiten pensar en la construcción de un "proyecto de sociedad" en un país y en la gestión pacífica y democrática de los conflictos.

La unidad para la promoción de la democracia

Los amplios planteamientos de la Cumbre de Miami no sólo reafirman la importancia de lo que es uno de los mandatos principales de la OEA, es el hecho de que la construcción y la preservación de la democracia es tarea de todos y que una democracia sólida y duradera cuenta con instituciones democráticas fortalecidas, eficientes y transparentes, con una ciudadanía participativa incluyendo a los sectores tradicionalmente marginados.

Se instó a la OEA para que, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) creada en 1990, ofrezca asesoría, preste asistencia, diseñe, promueva y ejecute programas dirigidos a adelantar las reformas políticas, así como los cambios constitucionales e institucionales que demanda la consolidación del Estado Democrático en las Américas.

El programa de acción para la UPD que se describe a continuación pretende responder a estos lineamientos, con la consolidación y el mejoramiento de los actuales programas y servicios de la Unidad y con la propuesta de fortalecer el mandato de la misma.

Hacia una nueva unidad para la promoción democrática

8.1.- LOS PRIMEROS AÑOS.

La UPD fue creada en 1990 esencialmente para brindar servicios de asesoramiento y de asistencia técnica directa a los Estados miembros, para el fortalecimiento de sus instituciones políticas y prácticas democráticas.

En términos de programas específicos, en el marco del plan de trabajo de la UPD para 1994-95, se decidió concentrarse principalmente en tres áreas: instituciones y procesos electorales, instituciones y procesos legislativos y programas de educación para la promoción de valores democráticos. En los primeros años, las actividades de la UPD han girado fundamentalmente alrededor del monitoreo electoral, área en la cual ha adquirido valiosa experiencia y prestigio.

Desde la Sede, se ha empezado a desarrollar actividades de diálogo público sobre democracia y a organizar un servicio de información.

La Unidad ha participado también en actividades de la OEA relacionadas con la defensa de la democracia cuando quiera que su hilo haya sido quebrantado. Al mismo tiempo, ha actuado en respaldo de políticas de reconciliación nacional que han ayudado a consolidar las instituciones democráticas en algunos países.

De manera paralela, ha prestado su concurso en el fortalecimiento de las bases necesarias para lograr el afianzamiento de la democracia restaurada. En Nicaragua, prestó apoyo a las tareas de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación CIAV/OEA, mediante las cuales se contribuyó, en forma significativa, a la reconciliación nacional, facilitando la reincorporación a la sociedad civil de antiguos combatientes.

En Suriname, colaboró en la puesta en marcha de un exitoso acuerdo de paz y desarrollo, a fin de conciliar los intereses, entonces en conflicto.

En Perú, Guatemala y Haití, la UPD apoyó la acción colectiva de los Estados miembros de la OEA encaminada a lograr el restablecimiento del orden constitucional. Más recientemente, luego del retorno del Presidente Arístides a Puerto Príncipe, ha venido participando, -en apoyo del esfuerzo que está desplegando la Organización-, en el fortalecimiento institucional y el desarrollo político, económico y social de Haití.

No obstante lo anterior, las prioridades de la Nueva Agenda Hemisférica sugieren repensar el rol y la estructura misma de la UPD, de manera tal que su capacidad para responder a las expectativas de los países miembros y a los propios requerimientos de la Organización y del Secretariado, se vea fortalecida.

8.2.- UPD: UNIDAD CONSOLIDADA Y FORTALECIDA.

Se propone que una nueva UPD funcione alrededor de cuatro grandes Áreas, las cuales operarían con dos criterios básicos: especialización y complementariedad. Con respecto a la especialización, la UPD trataría de utilizar su "ventaja comparativa" en el desempeño de sus actividades.

En cuanto a la complementariedad y para asegurar el máximo uso racional de sus recursos, la Unidad redoblaría sus esfuerzos para relacionarse con entidades afines tanto dentro de la Organización como fuera de ella.

Será cada vez más importante que la UPD desarrolle relaciones de trabajo con entidades dentro de la OEA como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano, el Instituto Indigenista Interamericano (III) y la Comisión Interamericana de Mujeres, entre otras. Igualmente de suma importancia será el desarrollo de relaciones de trabajo y de apoyo más estrechos con las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo vinculados al Consejo Permanente, tal como los de la Democracia Representativa, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Comisión Especial de Seguridad Hemisférica, etc.

La OEA buscará desarrollar sus actividades en este campo dentro del ámbito de su mandato. En algunos temas, éste cobija áreas en las cuales el BID, el BM o el PNUD están aplicando programas dentro de sus respectivas órbitas de competencia.

En esos casos, la OEA exploraría la mejor manera de aumentar esfuerzos y compartir criterios y experiencias para evitar superposiciones y duplicaciones, particularmente en lo que respecta a la gestión del estado y las políticas públicas, el fortalecimiento de los parlamentos y la modernización de los sistemas jurídicos (BID), así como a la promoción de la "accountability", de un marco legal para el desarrollo y de la transparencia en los presupuestos y el gasto público (BM). En otros casos, habida cuenta del mandato más amplio de la OEA, aún en aquellas áreas de interés común, la Organización podría aportar elementos de juicio y prestar servicios adicionales.

8.3.- ÁREAS PROGRAMÁTICAS.

1. FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS DEMOCRÁTICOS.

En síntesis, esta área se encargaría de prestar servicios, a pedido de los países miembros, en temas de cambio constitucional, gobernabilidad en sus diferentes aspectos, reforma y modernización del estado, reconciliación nacional, educación democrática, participación ciudadana, entre otros. Para ello, se contaría con una nómina amplia e interdisciplinaria de consultores, incluyendo el uso amplio de consultores e instituciones locales.

Dentro de esta área, la actuación de la UPD se concentraría principalmente en tres tipos de actividades:

• La promoción del intercambio de experiencias entre Estados miembros y otros actores sobre aspectos específicos de procesos o instituciones democráticas, a través de la organización de seminarios u otros foros subregionales, o con la organización de pasantías entre países miembros.

• La organización y realización de:

(a) misiones técnicas de diagnóstico para el diseño de programas apropiados, junto con el Estado miembro,

(b) de asesoría de corto plazo para asuntos específicos.

• Financiamiento y/o apoyo directo al fortalecimiento o a la reforma de instituciones y procesos democráticos. Dado el costo frecuentemente elevado de esta área y la presencia de otros donantes más importantes en estas actividades, se trataría de colaborar y co-financiar con otras instituciones (PNUD, BID, USAID, ACDI, etc.) lo más posible en ese ámbito.

• Bajo esta Área, cabría adelantar sub-programas como los siguientes, desde luego, con el apoyo de otras áreas de la UPD bajo el criterio de la complementariedad, según el caso:

1.A.- Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas Nacionales a Nivel Estatal.

Para conseguir este enunciado sería necesario reforzar el trabajo de la Unidad no sólo en lo que atañe a proyectos e iniciativas ya en curso, sino en otros ámbitos fundamentales que aún no se han cubierto dentro de las áreas legislativa, ejecutiva, judicial y otras. De acuerdo con los pedidos de los Estados miembros, áreas específicas de fortalecimiento institucional o apoyo a reformas gubernamentales podrían ser:

• Modernización de los Parlamentos nacionales, incluyendo el adiestramiento del personal de apoyo técnico/substantivo.

• Mejoramiento de los registros civiles.

• Fortalecimiento de la capacidad gubernamental para la investigación y la lucha contra la corrupción.

• Introducción de códigos de ética y de estándares para conflictos de intereses en el sector público.

• Fortalecimiento de las constituciones y/o legislación nacional sobre protección de los derechos de grupos tradicionalmente marginados, como comunidades indígenas.

• Fortalecimiento de instituciones nacionales de protección de los derechos (por ej. Procuradurías de los Derechos Humanos, Institutos de la Mujer, etc.).

• Fortalecimiento de la eficacia de los sistemas judiciales en las ramas constitucional y penal.

• Fortalecimiento de la capacidad técnica/administrativa del Ejecutivo para aumentar su eficacia; a solicitud de los Estados, prestar servicios para que en los procesos de reforma, o en el funcionamiento de las instituciones existentes, se asegure que el ejecutivo, sea este encabezado por un presidente o un primer ministro, cuente con herramientas adecuadas para gobernar.

• Creación de mecanismos de acceso del público a la información sobre las actividades gubernamentales; Con el objetivo de ayudar a los Estados nacionales y a sus instituciones con la prevención y el combate al terrorismo, la corrupción y el narcotráfico, la UPD podría promover la cooperación judicial hemisférica en estas áreas, conjuntamente con el Comité Jurídico Interamericano (CJI).

1.B. FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Dentro de este sub-programa, se podría privilegiar la actuación de la UPD en algunos temas especificados, de acuerdo con los pedidos de los Estados miembros, tales como:

Servicios de promoción, diseño, desarrollo, aplicación o evaluación de instituciones como la iniciativa popular legislativa, el referendo, la revocación del mandato, las audiencias públicas en el Congreso y las entidades administrativas, así como otras encaminadas a estimular la participación de los ciudadanos y los diversos grupos, menos o más organizados, que conforman la sociedad civil.

Fortalecimiento y promoción de la organización y funcionamiento de los partidos, democratización interna, articulación y relación con la sociedad, financiamiento público y privado, proyección programática y garantías para los partidos de oposición, entre otros.

1.C.- FORTALECIMIENTO DEL PODER LOCAL.

Este sub-programa tiene como premisa fundamental fortalecer los procesos democráticos específicamente a nivel de Municipio y promover la participación de la comunidad en los procesos democráticos y las formas de gobierno local para que la democracia local signifique mayor bienestar para la comunidad y no solo redistribución de funciones dentro del aparato estatal. De acuerdo con los pedidos de los Estados miembros, áreas específicas de apoyo podrían ser:

• Fortalecimiento de municipios en materia jurídica, financiera y administrativa;

• Programas de adiestramiento para nuevas o actuales autoridades municipales;

• Programas de capacitación/liderazgo para grupos cívicos locales, con énfasis en la formación de jóvenes y de mujeres;

• Fortalecimiento de asociaciones municipales y de grupos cívicos locales;

• Reforma de los mecanismos reguladores locales permitiendo una mayor participación ciudadana.

1.D.- PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICOS.

Este sub-programa se encargaría de la promoción de aquellos valores que conforman lo que se podría denominar una "cultura democrática", ello en el marco de régimen pluralista y de libertades y obligaciones, individuales y colectivas. De acuerdo con los pedidos de los Estados miembros.

Algunos programas específicos de apoyo podrían incluir:

• El desarrollo y la puesta en práctica de programas de educación en democracia para los niveles primario y secundario de la enseñanza escolar, o para sectores sociales específicos dentro de en un programa de educación informal;

• El desarrollo de metodologías de democratización interna de los sistemas escolares;

• Apoyo para el desarrollo y auspicio de cursos de adiestramiento para militares, funcionarios policiales y otros funcionarios del sector público sobre derechos humanos (concepto, protección, prevención de los abusos);

• El desarrollo de mecanismos, metodologías y programas de adiestramiento para la solución pacífica de controversias, que puedan ser adaptadas y utilizadas en los diversos niveles de la sociedad; •apoyo a foros o mecanismos de diálogo, de construcción de consenso o de reconciliación, a nivel nacional o local.

Fortalecimiento de procesos e instituciones electorales

Aunque esto podría catalogarse bajo el área "Fortalecimiento de instituciones y procesos democráticos", dada la importancia histórica del trabajo de la Unidad en el campo electoral y la creciente demanda de apoyo en este campo por parte de los Estados miembros, se sugiere crear un área aparte.

9.1.- Asesoría Electoral. En esta área la Unidad buscará apoyar el fortalecimiento de las instituciones electorales y dinamizar la colaboración y el intercambio técnico y de experiencias sobre procedimientos y tecnologías electorales entre los países miembros.

De acuerdo con las solicitudes de los Estados miembros, otras áreas específicas de apoyo podrían ser:

• Apoyo para la modernización y o actualización del padrón electoral.

• Apoyo al fortalecimiento de la organización y administración electoral, incluyendo la capacitación del personal de organización/administración electoral.

• Apoyo a campañas de educación cívica preelectoral;

• Apoyo y adiestramiento a grupos de observadores nacionales;

• Monitoreo Electoral Si bien ésta es el área en la cual la UPD tiene mayor experiencia, no es menos cierto que la Organización debe aprovechar las experiencias y enseñanzas del pasado para asegurar el que sus misiones de monitoreo siempre estén nutridas de un conocimiento previo de las circunstancias específicas que rodean cada elección, de manera que su intervención resulte lo más efectiva posible.

Estudios sobre la democracia

Esta Área se encargaría de promover los estudios y la investigación aplicada en temas inherentes al fortalecimiento y defensa del Sistema Democrático. El punto central de esta área sería el propuesto "Centro de Estudios para la Democracia", que incluiría una red de instituciones educativas, thinktanks y ONG's del hemisferio, y que se dedicaría al intercambio de información y de experiencias nacionales, y al estudio y seguimiento de temas puntuales tales como la Participación Ciudadana, la Descentralización Funcional y de Recursos, el Gobierno Local, el rol de la Sociedad Civil en el proceso democrático, el fortalecimiento de los Partidos Políticos, de los Congresos o Parlamentos, de los Sistemas Electorales, de los Judiciales, de los Derechos Humanos, de la protección e integración de las minorías, y de la Administración Pública, entre muchos otros.

Información y promoción del diálogo

Esta Área de la UPD recogería, procesaría y suministraría información oportuna y de calidad a la Organización y al Secretariado, relacionada con el acontecer en los Estados miembros. Creación de "desks" subregionales. La información constituye la base fundamental para la toma de decisiones. De ahí el que el seguimiento sistemático de los sucesos políticos, económicos y sociales en el hemisferio debería convertirse en una prioridad para la Unidad. A través de la articulación de un sistema de "desks" subregionales, la UPD podría alimentar a los órganos políticos de la Organización, así como al Secretariado e incluso a otros organismos del sistema interamericano, de la información apropiada para la toma de decisiones.

Bajo esta Área, cabría adelantar otras actividades tales como las siguientes, desde luego con el apoyo de otras áreas de la UPD bajo el criterio de la complementariedad, según el caso:

11.A.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

Dentro de lo cual se podría considerar las siguientes acciones:

•Desarrollar una Base de Datos para el uso de los miembros de la Unidad, otros funcionarios de la OEA y de los Estados miembros.

•Crear una lista multidisciplinaria de personas que podrían estar disponibles para realizar misiones y/o consultorías sobre observaciones y sistemas electorales; administración de justicia; reformas legislativas; derechos humanos; y funcionarios de alto nivel para actividades de diplomacia preventiva/ resolución de conflictos.

11. B.- FORO DEMOCRÁTICO.

Fortalecimiento de las actividades del ya existente "Foro Democrático" de la UPD, mejorando su capacidad de promoción del diálogo, mediante una programación regularizada de actividades anuales, la ampliación del temario y la ampliación de la audiencia y del número de participantes.

11 .C.- PROGRAMAS ESPECIALES. Están en curso actualmente programas especiales incluidos a la Unidad para países o regiones en transición que implican una acción integral. Son los siguientes: Programa de Suriname. Programa de Nicaragua (CIAV). Programa de Haití.

Defensa y protección de los Derechos Humanos

La Organización de los Estados Americanos cuenta con una reconocida estructura institucional y jurídica para la defensa de los derechos humanos en el hemisferio.

La experiencia acumulada en más de treinta y cinco años de labores, al igual que la credibilidad y el prestigio que posee el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son un fundamento sólido para avanzar hacia nuevas áreas de acción.

Los mandatarios de las democracias del continente, reunidos en la Cumbre de las Américas, reconocieron que "se han alcanzado avances considerables en el Hemisferio en cuanto al desarrollo de conceptos y normas en materia de derechos, pero aún subsisten importantes vacíos".

En esa dirección, la Cumbre de las Américas definió nuevos campos de acción para la OEA y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Universalización de la adopción de los instrumentos jurídicos Interamericanos sobre derechos humanos.

La piedra angular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, de la que forman parte 25 Estados miembros de la OEA.

En la Cumbre de Miami, los Jefes de Estados resolvieron que "considerarán la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos". Dicho compromiso se extiende al "Protocolo de San Salvador" de 1988, el "Protocolo sobre la abolición de la Pena de Muerte" de 1990, a la "Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura" de 1985, a la "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas" de 1994 y a la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" de 1994.

Fortalecimiento de la capacidad jurídica y del alcance de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desempeñó un papel protagónico en el proceso de cuestionamiento de los regímenes autoritarios y en el apoyo a las transiciones democráticas en América Latina.

Su labor de identificación y denuncia de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, contribuyó a mitigar la represión, a abrirle espacios a las fuerzas sociales que se oponían a las dictaduras y a crear un clima propicio para un regreso a la plena vigencia de las libertades públicas.

La Organización deberá profundizar el análisis técnico acerca del desplazamiento de las acciones jurídicas desde el nivel nacional hacia el terreno interamericano -enfatizando la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales nacionales- a fin de ampliar las posibilidades del Sistema Interamericano de ofrecer atención a las demandas de protección que tienen los individuos afectados.

Las nuevas realidades exigen que la Comisión fortalezca su metodología de trabajo y amplié la dimensión jurídica del desarrollo de sus tareas. Es altamente deseable dotar a la Comisión de los recursos necesarios para que cuando decida llevar un caso a consideración de la Corte, dicha causa esté apoyada en el aporte de un acervo probatorio suficiente, de manera que se facilite la decisión y -ante todo- que se garantice la imparcialidad, permitiendo que los magistrados cuenten con una visión objetiva que no dependa exclusivamente de la versión del denunciante, de las organizaciones que lo respaldan, de las partes o de los Gobiernos en cuestión.

Estos avances en relación con la Comisión deben ser acompañados del paralelo fortalecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte debe tener la posibilidad de solicitar a la Comisión la ampliación de la investigación y el desarrollo de líneas de evidencia que considere justificadas para hacer una apreciación más objetiva de los casos a su consideración.

El Plan de Acción, que hace parte de los compromisos de Miami, establece concretamente tres áreas específicas de acción.

En primer lugar, los Mandatarios han considerado esencial que se garantice el "acceso universal a la justicia y a los medios efectivos para hacer que los derechos fundamentales sean observados" y han expresado que es indispensable reformar las instituciones "para contribuir a un ambiente de respeto a los derechos humanos".

Tal como está previsto en el Plan de Acción, la OEA convocará a todos los actores del campo de los derechos humanos -autoridades nacionales, la CIDH, la Corte Interamericana, la UPD, la CIM, entidades independientes como el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, ONG"s vinculadas a la defensa de los derechos humanos, etc.- a un encuentro que abrirá las posibilidades de un mayor y mejor dialogo entre ellos, permitiendo una eficaz coordinación y división de las tareas.

En segundo lugar, en la Declaración de Miami los gobiernos se comprometieron a desarrollar "programas para la promoción y la observancia de los derechos humanos, incluyendo los programas educativos para informar a la población sobre sus derechos legales y sobre su obligación de respetar los derechos de los demás".

La Organización reforzará así su responsabilidad de contribuir a la promoción de los derechos humanos, y a la prevención de las potenciales violaciones, mediante su respaldo a la puesta en marcha de unos programas educativos para informar a la población acerca de sus derechos legales y sus obligaciones de respetar los derechos de los demás.

Finalmente, dentro del objetivo general de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional, la Cumbre de las Américas consideró esencial que se "revisaran los programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, a fin de asegurar que abarquen de manera adecuada el trato debido a los sospechosos y detenidos, así como las relaciones con la comunidad" para contribuir a la defensa de los derechos humanos.

A tal fin la Organización, con el apoyo de la Junta Interamericana y el Colegio Interamericano de Defensa, realizará un estudio comparado en pedagogía institucional de los derechos humanos, con el propósito de poner a disposición de los países las experiencias más relevantes y exitosas en cuanto a capacitación de agentes de las fuerzas del orden.

Fortalecimiento de los instrumentos jurídicos, las instituciones y las políticas contra la discriminación, la protección de los derechos de las minorías y la defensa de los grupos vulnerables.

Los mandatarios americanos reunidos en la Cumbre de Miami consideraron prioritario el fortalecimiento de la lucha en contra de todas las formas de discriminación social, sexual, étnica o racial, al igual que la ratificación de los instrumentos de protección para los grupos vulnerables.

La Organización de los Estados Americanos, en asociación con los órganos e institutos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, evaluará los programas y las políticas y brindará asesoría en cada una las áreas señaladas como prioritarias en la Declaración de la Cumbre de las Américas.

Seguridad hemisférica y lucha contra el narcotráfico

La seguridad hemisférica y la preservación de la paz en el continente son temas que han adquirido especial prioridad para la comunidad de naciones de las Américas. En los últimos años han ocurrido transformaciones fundamentales en el contexto internacional y regional que facilitan una mayor cooperación y promueven un fortalecimiento significativo de la acción colectiva en favor de la paz y de la seguridad hemisféricas.