El final de la "guerra fría", la desaparición del autoritarismo y de la dictaduras en América Latina, la acelerada integración económica, la superación de muchos de los conflictos internos y el fortalecimiento de la democracia, son fenómenos que configuran un nuevo contexto que afecta profundamente las realidades estratégicas y las necesidades de la defensa nacional en la región.
De otra parte, en los últimos años se han agravado y multiplicado aquellas amenazas contra la seguridad hemisférica, tales como el terrorismo y el crimen organizado internacional, que poseen una dimensión y un alcance que desborda los espacios nacionales.
Esos nuevos retos a la seguridad y a la tranquilidad de las democracias del continente exigen -como fuera expresado por los mandatarios de las Américas en la Cumbre de Miami – de una vigorosa acción colectiva para enfrentarlos, al igual que de nuevos enfoques conceptuales sobre la función de orden público y sobre las instituciones militares y de policía en el contexto de la democratización de América Latina. Una nueva aproximación a las relaciones entre la Organización de los Estados Americanos y las Instituciones Interamericanas de Defensa.
La concepción de seguridad que ha acogido formalmente la Organización de los Estados Americanos, al igual que aquella que se hace evidente en la Declaración de Miami, es suficientemente amplia para permitir y requerir una ampliación de la participación en la JID de todos los países del Hemisferio. El mundo de la "pos-guerra fría" exige la definición y construcción de una agenda de seguridad ampliada y abierta a la inclusión de nuevos temas.
La OEA ya ha iniciado ese proceso al destacar en las resoluciones de Nassau y Managua la trascendencia que reviste la cooperación para la seguridad continental y la necesidad de un mayor diálogo sobre temas de seguridad y fomento de la paz entre las naciones del Hemisferio.
El desarme, el control y limitación de armas, los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el mejoramiento de la calidad de vida, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, entre otros, son asuntos que deben ser incorporados en la agenda para poder avanzar hacia el establecimiento de sociedades democráticas pacíficas y más seguras.
En el contexto de una reducción generalizada a nivel mundial de los gastos militares, es indispensable que los países hagan más eficientes y transparentes los procesos de planeación presupuestal en defensa, de manera que reflejen su vocación de servicio y su vinculación real con las necesidades sentidas de seguridad ciudadana.
El conocimiento generalizado del perfil de las capacidades de defensa de los países, y la constatación de su naturaleza no ofensiva, sin duda contribuirán enormemente a disminuir el riesgo de eventuales confrontaciones y a consolidar un clima de distensión.
De allí, que el Secretario General deba profundizar en las tareas que le fueran asignadas por las resoluciones AG/1238 (XXIII-O/93) y AG/1284 (XXIVO/94) en el sentido de incentivar a los países miembros a presentar los informes respectivos al registro de armas convencionales de la ONU, recopilar la información que los Estados miembros de la OEA remitan a las Naciones Unidas, así como la relativa a los gastos de defensa, todo ello con el objeto de disponer en la Organización de los datos y registros correspondientes y facilitar esa información a la Asamblea Permanente y a los países miembros que la soliciten.
El Secretario General promoverá un diálogo más estrecho y permanente entre los dos componentes del Sistema. De manera complementaria, las tareas asignadas por la Cumbre de las Américas, a la OEA y a sus Organismos de Derechos Humanos, en cuanto a la asesoría técnica a los países para mejorar la calidad de la instrucción sobre derechos humanos de los funcionarios dedicados al orden público, al igual que para estimular el intercambio de experiencias entre los países en esas materias, sin duda será más eficaz si se cuenta con la colaboración de las instituciones interamericanas de defensa.
La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional
En la Declaración de Miami los Mandatarios manifestaron que "el terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques recientes sufridos por algunos de los países del Hemisferio han demostrado la grave amenaza que plantea el terrorismo para la seguridad de las Américas".
La OEA realizará los análisis técnico-jurídicos necesarios para proponer, para estudio de los países miembros, nuevas modalidades de cooperación judicial que amplíen el alcance y la eficacia de las convenciones vigentes y de los instrumentos existentes para la acción colectiva en ese campo.
La Organización de los Estados Americanos, ofrecerá a los Gobiernos de las Américas, que así lo soliciten, la cooperación de reconocidos expertos internacionales en legislación antiterrorista.
15.1.- EL FOMENTO DE LA CONFIANZA MUTUA. Los Mandatarios reunidos en Miami manifestaron que "la ampliación y consolidación de la democracia en las Américas ofrece la oportunidad de aprovechar las tradiciones pacíficas y las relaciones de cooperación que han prevalecido entre los países del Hemisferio Occidental.
Nuestro objetivo consiste en fortalecer la confianza mutua que contribuye a la integración social y económica de nuestros pueblos.
Teniendo en cuenta que la Cumbre de las Américas consideró:
Son procedimientos pacíficos:
La negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento las Partes… Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar controversia alguna entre los Estados Americanos pueda quedar sin solución definitiva en un plazo razonable".
La lucha contra las drogas ilícitas, el narcotráfico y los delitos conexos
Los mandatarios de las Américas definieron el problema de las drogas ilícitas, el narcotráfico y los delitos conexos como una de las más graves amenazas a la democracia en el hemisferio.
En la Declaración de Miami se afirma que "El uso de drogas impone enormes costos sociales; el dinero y los ingresos provenientes de los estupefacientes constituyen una pérdida neta para el crecimiento económico, y los cabecillas de las drogas y las organizaciones criminales ponen en peligro la seguridad de nuestros pueblos a través de la corrupción, la intimidación y la violencia."
Para hacer frente a este fenómeno los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio han planteado la necesidad de un enfoque integrado y equilibrado que de manera coordinada, dentro del pleno respeto a la soberanía nacional, sea capaz de confrontar efectivamente todas las manifestaciones del problema.
Desarrollo de una estrategia hemisférica contra las drogas ilícitas
La Cumbre de las Américas tomó la decisión de desarrollar una estrategia hemisférica integral para luchar contra las diferentes manifestaciones del problema de las drogas ilícitas.
Es así como en la Declaración de Miami se definieron las áreas de trabajo que conforman los elementos de una estrategia integrada contra las drogas ilícitas.
Se propone:
PRIMERO, establecer políticas que permitan la identificación de redes de tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero en la región, el enjuiciamiento de los criminales involucrados y la incautación de bienes producto de la actividad ilícita;
SEGUNDO, la adopción de programas para la prevención y la reducción de la demanda y el consumo de drogas ilícitas;
TERCERO, la puesta en marcha de sistemas de cooperación internacional para el seguimiento y control de los productos químicos precursores, armas y explosivos; y
CUARTO, acciones de coordinación internacional para la interdicción de los flujos de narcóticos en el Hemisferio. La elaboración de dicha estrategia se iniciará con una conferencia de trabajo a nivel técnico la cual será seguida de una conferencia ministerial.
Fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y legales para la lucha contra el lavado de dinero Los Mandatarios de las Américas, reunidos en Miami, identificaron la lucha contra el lavado de dinero como uno de los aspectos centrales del esfuerzo común contra las drogas ilícitas y las organizaciones criminales internacionales. Específicamente, los países acordaron tres grandes áreas en las que es necesario trabajar para mejorar la eficacia de las acciones contra el blanqueo de capitales y el lavado de dinero.
En primer lugar, los países se han propuesto la promulgación o el fortalecimiento de la legislación doméstica necesaria para definir el delito de lavado de dinero, establecer sanciones correspondientes a la seriedad de dicha conducta delictiva, y proporcionar los instrumentos jurídicos para su detección e investigación.
En segundo lugar, y dentro de los programas destinados a fortalecer la estructura de la administración de justicia en el Hemisferio, la OEA proporcionará asistencia técnica -cuando los países lo soliciten- para hacer más eficaces las instituciones judiciales y fiscales que tienen la responsabilidad jurisdiccional en los casos de crimen organizado, narcotráfico, delitos financieros y lavado de dinero.
En tercer lugar, los países se han comprometido a adoptar las convenciones e instrumentos multilaterales y las recomendaciones emanadas de la CICAD y del Grupo de Acción Financiera del Caribe, para fortalecer las bases jurídicas de la lucha contra el lavado de dinero y la cooperación en el intercambio de información, inteligencia y evidencia entre las autoridades de las naciones del Hemisferio.
La lucha contra la corrupción y la modernización del Estado
La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. De ello son conscientes los Gobiernos del Hemisferio y por eso se comprometieron en la Cumbre de Miami, a través de sus jefes de Estado y de Gobierno, a promover y ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo.
Como quedó establecido en la Declaración de Principios y en el Plan de Acción, la lucha contra la corrupción está íntimamente ligada a la modernización del Estado pues ella encuentra un espacio propicio para desarrollarse en aquellos sistemas ineficaces, ineficientes y poco transparentes.
Por eso una política integral en la materia debe incorporar acciones tanto orientadas a modernizar las instituciones como a fortalecer los instrumentos para la sanción efectiva de los actos corruptos.
La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los Estados es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria.
Por eso, en esta materia la OEA tiene un papel fundamental que cumplir en las dos direcciones antes mencionadas, es decir tanto en el desarrollo de programas y proyectos, directamente o en asocio con otras organizaciones de cooperación o financiamiento, orientadas a apoyar las políticas de los estados miembros tendientes a mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de las instituciones, como en la creación y fortalecimiento de instrumentos de cooperación para la investigación y represión de los actos corruptos.
Acciones de la OEA en la lucha contra la corrupción
Con los antecedentes y la concepción de fondo antes mencionados, así como en estrecha colaboración con las autoridades responsables de los países miembros y con otras instituciones de cooperación y financiamiento como el BID, el Banco Mundial, el PNUD y otros organismos de Naciones Unidas, el CLAD y las agencias de cooperación de los países del Hemisferio y de fuera de él, la OEA desarrollará acciones con las siguientes orientaciones:
• Foro de discusión política y académica
• Constituirse en un espacio propicio para debatir los problemas que enfrentan los Estados miembros con el objeto de asegurar eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión pública y para apoyarlos en la definición de las reformas que se requieran con este propósito, a través de congresos, seminarios y reuniones de diversa índole.
• Cooperación para la Modernización del Estado.
• Cooperación horizontal e intercambio de experiencias
• Impulsar la cooperación horizontal y el intercambio de experiencias en materia de lucha contra la corrupción, así como constituir un banco de experiencias exitosas en este campo.
• Promoción de la acción conjunta y el intercambio de información
• Promover la constitución de redes de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, con responsabilidades en materia de lucha contra la corrupción y modernización de la gestión pública.
• Medidas contra el soborno y cooperación con la OCDE.
• Apoyar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las medidas contra el soborno en las transacciones financieras o comerciales con el Hemisferio y establecer vínculos de cooperación con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales.
• Sistemas de control y la sociedad civil. •Programas de investigación.
• Promoción de la cooperación entre autoridades judiciales.
• Promover la cooperación entre las autoridades judiciales, de investigación, control y fiscalización, en materia de infracciones y delitos contra la administración pública y el patrimonio del Estado.
• Acuerdo hemisférico contra la corrupción.
• Impulsar y coordinar el proceso que conduzca a la adopción de un acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, con la debida consideración de los tratados y las leyes nacionales pertinentes.
Integración económica del hemisferio
El otorgarle a la Organización de los Estados Americanos un papel más activo en el diálogo y la cooperación en materia comercial a nivel interamericano es un objetivo compartido por todos los Estados miembros.
Este objetivo común se manifestó en la decisión de transformar la antigua Comisión Especial de Consulta y Negociación (CECON) en la nueva Comisión Especial de Comercio (CEC), como foro hemisférico de alto nivel técnico para la consideración de asuntos comerciales y materias conexas; y recibió un impulso decisivo de los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994.
En la Declaración y el Plan de Acción adoptados en esa oportunidad se decidió …"iniciar de inmediato el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión"…y concluir las negociaciones correspondientes a más tardar en el año 2005. Así mismo, se convino realizar avances concretos hacia ese objetivo teniendo plenamente en cuenta los alcances de las acciones unilaterales adoptadas por los países y los importantes logros de los acuerdos regionales y subregionales de integración.
Durante los primeros días de febrero se reunió el Grupo Asesor de la Comisión Especial de Comercio de la OEA con el propósito de evaluar los trabajos en curso, entre los cuales se encuentran un "compendio" de las disciplinas y las medidas de liberalización comercial contempladas en los distintos acuerdos de integración existentes en el hemisferio y un estudio comparativo de las normas de origen; estos estudios están siendo elaborados conjuntamente por la OEA y el BID.
La nueva unidad de comercio de la OEA
Se ha propuesto la creación de una Unidad de Comercio de la OEA, la cual estará adscrita a la Oficina del Secretario General y tendrá como propósito fundamental apoyar a los países miembros en las tareas asignadas a la OEA por la Cumbre de las Américas en relación con el establecimiento del Área de Libre Comercio del hemisferio.
Las funciones de la Unidad de Comercio serán las de proporcionar apoyo técnico a la Comisión Especial de Comercio; asegurar una efectiva coordinación con los organismos regionales y subregionales de integración; fortalecer los sistemas de información comercial; analizar los distintos aspectos de las relaciones comerciales hemisféricas; y apoyar a los países más pequeños, cuando así lo requieran, en fortalecer su capacidad de negociación comercial.
Para el adecuado desempeño de sus funciones, la Unidad de Comercio necesitará integrar un grupo de diez (10) profesionales, de distintos niveles, con carácter permanente; y contratará consultores de alto nivel para la ejecución de tareas específicas.
Funciones de la unidad de comercio
• Apoyo a la comisión especial de comercio. La Comisión Especial de Comercio fue establecida por la Resolución 1220 (junio de 1993) de la Asamblea General de la OEA, con el propósito de…"seguir el proceso de liberalización y expansión del comercio en el hemisferio y divulgar información actualizada al respecto…estudiar y ofrecer sugerencias para el mejoramiento de las condiciones en que se realiza el comercio entre los Estados miembros…(y) habilitar a los países beneficiarios para hacer pleno uso de los programas preferenciales…"
En este contexto, se pide al Secretario General de la OEA…"que establezca una unidad técnica que será responsable, bajo la dirección de la Comisión Especial de Comercio y del Grupo Asesor, de presentar todos los elementos disponibles sobre los asuntos relevantes con relación a propuestas, problemas y políticas bajo consideración; de preparar la información que sea solicitada para las reuniones; y de prestar los servicios generales de apoyo a la Comisión".
Para llevar a cabo esta función, la Unidad de Comercio organizará sus trabajos de manera que se reflejen adecuadamente las prioridades establecidas por los Estados miembros en la Comisión Especial de Comercio.
•Coordinación interinstitucional. En la Declaración adoptada durante la Cumbre de las Américas se establece que la integración económica hemisférica deberá ser ampliada y profundizada sobre la base de los acuerdos subregionales y bilaterales existentes. En el Plan de Acción, por su parte, se subraya la necesidad de lograr un claro entendimiento sobre los acuerdos regionales y bilaterales y se considera que éstos son decisivos para fomentar el comercio, las inversiones y la integración en las Américas.
En atención a estas orientaciones, además del trabajo en el marco del Tripartito OEA-BID-CEPAL, la Unidad de Comercio deberá asegurar la efectiva participación de los demás organismos regionales y subregionales de integración (ALADI, SELA, CARICOM, MERCOSUR, TLC, Pacto Andino, y SIECA), en la consecución de los objetivos de los Estados miembros relacionados con el libre comercio hemisférico.
Apoyo a los países pequeños. La integración americana será necesariamente compleja si se considera la enorme dispersión que existe en el tamaño y en el ingreso per cápita de las distintas economías.
En ese sentido, es especialmente importante trabajar hacia una estrategia que minimice los costos de ajuste en los países más pequeños de la región.
En ese sentido, es necesario contar con estudios analíticos sobre las implicaciones de la integración entre países con economías de distinta dimensión e importancia; y diseñar mecanismos que permitan fortalecer la capacidad de negociación de los países.
Actividades de la unidad de comercio. Análisis y recomendaciones.
El conjunto de tareas que asignó la cumbre a la OEA en el área de integración, y el apoyo permanente a la Comisión Especial de Comercio y su Grupo Asesor, requieren contar con un grupo de especialistas en materia comercial y asuntos conexos, para crear el apoyo técnico necesario en el proceso.
El grupo de especialistas tendría como tarea de corto plazo terminar los estudios encomendados por el Grupo Asesor, entre los cuales se encuentran los siguientes:
• Una comparación de las características centrales de los diferentes acuerdos de integración. El trabajo deberá ser examinado por los gobiernos, y permitirá determinar un conjunto de áreas en que es posible adelantar acuerdos de alcance hemisférico.
• Un estudio sobre las normas de origen de los diferentes acuerdos, sus características y su grado de restrictividad.
• Una bibliografía anotada sobre los temas relacionados con articulación y convergencia. Este trabajo permitirá confrontar las experiencias con otras áreas incluyendo la Unión Europea, y servirá de base al Grupo Asesor para la orientación de sus trabajos.
• Un trabajo sobre la integración de países con diferentes niveles de desarrollo, con referencia particular a aquellas sub-regiones o países con economías menores.
23.- INFORMACIÓN COMERCIAL.- En el área de información comercial, la Unidad de Comercio tendrá como tareas el fortalecimiento del Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE), el desarrollo de la "página hemisférica' en el Internet, y la creación de un boletín informativo en materia de integración hemisférica.
24.- FORTALECIMIENTO DEL SICE.- El SICE dispone actualmente de un conjunto de estadísticas bastante completo (flujos de comercio, aranceles, y listas de exportadores) para Estados Unidos, Canadá y, en menor medida para Brasil, Colombia y Argentina.
No obstante, para los demás países solo cuenta con listas de exportadores.
25.- ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE BASES DE DATOS.
En materia de información comercial es conveniente crear una red que conecte y estandarice la información disponible en la región, tanto la existente a nivel gubernamental como la procesada por los organismos de integración y cooperación.
La creación de una red en el sistema Internet garantizaría el acceso a toda la información por parte de los usuarios, sin que los datos tengan que estar disponibles en una sola base.
En esta dirección, podrá crearse la Página de la OEA en el servicio World Wide Web de Internet, con "sub-páginas' para otras entidades como el BID, la ALADI y la CEPAL, entre otras. El usuario contará así, con un directorio que lo dirigirá en la búsqueda de la información ya disponible en la región, y que especificará la información provista por las diferentes entidades.
La defensa y la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible
En las Américas, a nivel nacional y regional, se ha venido desarrollando un esfuerzo cada vez más significativo para impulsar políticas y programas destinados a garantizar la protección del medio ambiente, ampliar la cooperación internacional para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable y para preservar los recursos naturales.
Son de destacar los esfuerzos que al más alto nivel han emprendido los países de América Central para construir una estrategia de desarrollo capaz de conciliar de manera armónica el mejoramiento de las condiciones de vida de las gentes de Centroamérica y la protección del medio ambiente regional.
Igualmente destacables son las labores que vienen realizando los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica para coordinar las acciones que en beneficio del desarrollo sustentable y la protección de la cuenca amazónica.
Al mismo tiempo, en el contexto de la O.N.U. también han ocurrido avances significativos en el impulso de la cooperación multilateral para el desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente planetario.
La Cumbre de Río ha creado un conjunto de nuevos instrumentos jurídicos a través de las convenciones sobre biodiversidad y sobre cambio climático, y de orientaciones de acción consignadas en la Agenda 21, que comprometen la acción multilateral universal.
La Cumbre de las Américas, de manera explícita y con especial énfasis, definió la preservación del medio ambiente en el Hemisferio como una de la prioridad central para la acción colectiva, asignándole nuevas responsabilidades en ese campo a las organizaciones y entidades del Sistema Interamericano.
Parecería conveniente que la Organización de los Estados Americanos realice las necesarias transformaciones institucionales y programáticas para reflejar la nueva prelación que las naciones del conteniente le han asignado a los temas ambientales y a la cooperación interamericana para el desarrollo sustentable.
Desarrollo jurídico e institucional interamericano en asuntos ambientales
La evolución del marco institucional y jurídico para los temas ambientales, en su dimensión interamericana, no ha tenido un desarrollo equiparable al que se observa en otras áreas de la acción colectiva en el Hemisferio. Aun cuando existen ejemplos bien relevantes de instrumentos bilaterales y subregionales sobre asuntos ambientales, no ocurre lo mismo en la dimensión continental. Desafortunadamente, las relaciones entre los Estados en estas materias son muchas veces de una naturaleza asimétrica por cuanto las obligaciones, derechos y deberes no están definidos de manera jurídica y formal, sobre bases reguladas y equivalentes para todos los miembros de la comunidad de las Américas.
La ausencia de un marco normativo interamericano, equilibrado y transparente, construido conjuntamente, propicia en muchos casos una menor voluntad de cooperación al igual que promueve relaciones conflictivas en temas específicos que bajo parámetros acordados colectivamente serían de interés común.
Para construir relaciones más armónicas en ese campo sin duda sería de suma importancia el que se avanzara en el desarrollo de marcos normativos y de bases jurídicas para el manejo de los temas ambientales, ello dentro del mayor respeto a la soberanía de los Estados, la autonomía de los gobiernos para definir sus estrategias de desarrollo y a su plena autoridad en el manejo de los recursos naturales.
El Consejo Permanente, a través de la Comisión sobre Medio Ambiente, podría instruir a la Secretaría General para que iniciara un proceso orientado de análisis técnico-jurídico sobre estos asuntos, de manera que se apoye efectivamente las deliberaciones de los cuerpos políticos de la Organización en estos temas de gran trascendencia, particularmente con miras a la cumbre hemisférica que sobre estos temas está prevista en la Declaración de Miami.
28.- APOYO A LOS ESFUERZOS BILATERALES O REGIONALES EN PROTECCIÓN AMBIENTAL.
La Organización de los Estados Americanos, reflejando la prioridad que le han asignado todos los países miembros a la cooperación en asuntos ambientales, debe tener la posibilidad de proveer a los Estados, que así lo soliciten, su concurso técnico e institucional para el diseño, la gestión y la puesta en marcha de proyectos conjuntos, fronterizos u orientados a marco-ecosistemas comunes o compartidos.
Ya existen algunas experiencias exitosas en ese campo pero sin duda las posibilidades que ofrece la cooperación bilateral o subregional son mucho más amplias y valiosas.
28.1.- Apoyo al fortalecimiento institucional, el intercambio de experiencias y a la implementación de los compromisos multilaterales.
El surgimiento de los temas ambientales como un asunto de gran importancia en América Latina y el Caribe es relativamente reciente. De allí que el desarrollo institucional y de las legislaciones nacionales se encuentren en muchos casos aun en una etapa de definiciones, adecuación o adaptación. Incluso, la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales tiene un perfil institucional que puede llegar incluso a superar en algunos casos la capacidad de respuesta del Estado. De allí que la OEA, en cooperación con el BID, debe ampliar sus esfuerzos de asesoría técnica en las áreas de fortalecimiento institucional, desarrollo legislativo, intercambio de experiencias y planeación ambiental. De manera complementaria, para los países que así lo soliciten, la OEA deberá estar en capacidad de ofrecer colaboración institucional y técnica para la puesta en marcha de los compromisos multilaterales adquiridos en la Cumbre de Río.
28.2.- Fortalecimiento institucional de la OEA en el tema ambiental:
Creación de la Unidad de Medio Ambiente.
La OEA deberá dedicar recursos materiales y humanos adicionales para enfrentar la tarea que tiene por delante y asumir nuevas responsabilidades, reforzando al mismo tiempo los valiosos proyectos que ya lleva a cabo en apoyo de las necesidades de los Estados miembros. Por esta razón se establecerá una nueva Unidad dentro de la Oficina del Secretario General con la responsabilidad de brindar el respaldo requerido para hacer posible las deliberaciones y el cumplimiento de las decisiones de los órganos políticos de la Organización.
28.3.- Funciones de la unidad en el corto plazo.
• Brindar apoyo de secretariado en coordinación con el país sede y con la Comisión sobre Medio Ambiente.
• Desarrollar medios para promover una colaboración estrecha entre las diversas instituciones de las Américas en el campo ambiental.
• Identificar y poner en práctica medidas para fortalecer el apoyo a mecanismos, como la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible.
• Facilitar el intercambio de información a través del desarrollo y la administración de una Base de Datos sobre el Medio Ambiente en las Américas.
• Trabajar en estrecha cooperación con la Comisión del Medio Ambiente del Consejo Permanente.
• Brindar apoyo a otras actividades internas de la Organización, vinculadas con la temática ambiental.
28.4.- Funciones de la unidad en el largo plazo.
• Formulación de políticas y desarrollo de estrategias dentro del marco de una Alianza para la Cooperación y en estrecho contacto con otros organismos internacionales, la Unidad promovería:
• El estudio de Estrategias de Conservación y uso sostenible de los recursos naturales integrados al desarrollo económico de los países.
• El diseño de marcos para la protección ambiental que incluya la formulación de políticas y de principios jurídicos, la creación de mecanismos institucionales y el diseño de sistemas para ejecutar y hacer cumplir las normas ambientales, así como de técnicas para evaluar el uso sostenible de los recursos biológicos.
• Programas que faciliten el intercambio de información sobre conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica entre organismos internacionales especializados y entre éstos y los Estados miembros.
• La promoción dentro de los gobiernos de programas de enseñanza de los principios conservacionistas a nivel primario y secundario.
• La promoción y el apoyo a los gobiernos en el uso de los medios masivos de comunicación para promover una conciencia cívica frente al medio ambiente.
• La promoción y el apoyo a los gobiernos en la producción de material audiovisual sobre temas básicos del medio ambiente (normas, principios jurídicos, mecanismos de control, tecnología actualizada, etc.) para empresas que utilicen recursos naturales, funcionarios que controlen los mecanismos de aplicación de las leyes ambientales, autoridades regionales y comunidades rurales.
• Apoyo para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992.
•Funciones de coordinación para la ampliación de la cooperación técnica.
•Programas de capacitación e intercambio de tecnología a nivel nacional y regional para funcionarios, gerentes de empresas, líderes locales y comunitarios y poblaciones indígenas y campesinas.
•Seminarios de actualización de tecnología para la preservación del medio ambiente, para altos funcionarios del sector público y privado y para funcionarios locales y líderes comunitarios.
Al reconocer que la infraestructura para las comunicaciones, telecomunicaciones, tecnología de la información y radiodifusión es esencial para el desarrollo integral de un país y que las necesidades en este campo en el hemisferio son inmensas, los Gobiernos se propusieron promover, tras la Cumbre Hemisférica del pasado mes de diciembre, algunos de los siguientes:
La inversión del sector privado en el sector de las telecomunicaciones y de la infraestructura de la información; la competencia; la implementación de regímenes reglamentarios flexibles que respeten la diversidad cultural y lingüística; el acceso a los proveedores de servicios e información a las redes de información; y
La garantía de un servicio universal que beneficie a todos los miembros de nuestras sociedades.
•Examinar los modos de promover una mayor conformidad de los procesos de certificación para el equipo de telecomunicaciones;
•Coordinar la realización de una reunión en 1996 de funcionarios de telecomunicaciones de alto nivel para conducir debates ulteriores de las decisiones de la Cumbre.
•Actividad de la CITEL Durante los últimos años, CITEL ha realizado una variedad de actividades sobre la base de las necesidades de los países de la región para adaptarse a los cambios en el campo de las telecomunicaciones y ante la realidad de la decisión de los Estados miembros de la OEA de iniciar negociaciones para la liberalización del comercio.
En el momento en que la CITEL comenzó a aplicar esta nueva política, ni se vislumbraba la realización de la Cumbre de las Américas y eso ha hecho necesario hacer algunos ajustes y adiciones al programa de actividades.
Entre las actividades que deberán agregarse en los planes de trabajo de los comités consultivos permanentes se incluyen el examen de los procesos actuales que siguen los Estados miembros para la certificación de equipos, servicios de valor agregado y la modernización de las redes que existen en este momento.
Autor:
Edgardo Calle Córdova
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