Seguridad ciudadana: tema central de preocupación en los últimos tiempos (página 3)

(b) Políticas:

((1)) Dar unicidad y organicidad a las instituciones públicas y entidades de la sociedad civil integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

((2)) Sentar las bases para una progresiva participación multisectorial que asegure mejores niveles de orden y seguridad ciudadanas.

(3) Principios rectores del Plan:

• Legalidad: Sus actividades se realizarán en el marco de la Constitución Política del Perú, las leyes de la República, con absoluto respeto a los derechos humanos.

• Coordinación e integración: Para articular y unificar esfuerzos entre los órganos del Sector Público y la comunidad organizada con el propósito de lograr el desarrollo de acciones comunes e integradas.

• Supervisión y control ciudadano: Para desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales.

• Transparencia funcional: Para mantener una total transparencia en las actividades del Sistema, evitando ingerencias político-partidarias o de otra índole.

• Participación Ciudadana: Con el fin de motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local.

• Prevención: El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus programas, así como actuando de manera inmediata y permanente.

• Solidaridad: Las instancias y organismos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben actuar de manera comprometida en función a los fines y objetivos del SINASEC, en plena colaboración y ayuda mutua.

(4) Estrategias del Plan:

• Implementar a nivel nacional Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana y alentar el desarrollo de sus actividades.

• Afianzar el trabajo de la Secretaría Técnica del CONASEC instituyendo una Oficina de Investigación y Estadística; y estableciendo Secretarías Técnicas en los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana.

• Concebir acciones específicas a desarrollar por los órganos y sectores integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco de un trabajo integral y multisectorial.

• Enfatizar la comunicación para motivar la participación proactiva de los integrantes del Sistema.

Seguridad Ciudadana en nuestro país

1) Diagnóstico de la inseguridad ciudadana:

La disponibilidad de datos sobre inseguridad objetiva y subjetiva son proporcionado en la actualidad por tres sistemas de información relevantes: el policial (Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC), el judicial (Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, SNEJ); y el penal (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, SNEEP).

Aun cuando no existe un sistema de monitorio u observatorio de la violencia, los niveles de violencia en el seno de la sociedad argentina han aumentado y se manifiestan de diversas maneras.

Según el Sistema Nacional de Información Criminal, durante el año 2003 hubo 1.270.725 hechos delictivos registrados. Entre estos, los homicidios dolosos son frecuentes y los robos son violentos.

De ello se han registraron 2.876 homicidios dolosos, con una tasa nacional de 7,93 c/100 mil habitantes (en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la tasa es de 5,72 c/100 mil habitantes). El 9% de las víctimas eran menores de 18 años y un 22% entre 25 y 34 años. Un 85% eran hombres. El 63% de los homicidios dolosos en el país se cometieron utilizando un arma de fuego, con un porcentaje casi idéntico en la Ciudad de Buenos Aires (62%). Confirmando esta realidad, datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en el 2003 se registraron 3.752 muertes por heridas de arma de fuego en todo el país.

El caso de los robos violentos es preocupante. Según encuestas de victimización en la Ciudad y Gran Buenos Aires, en el 2003 un 8,3% había sido víctima de un delito cometido con arma de fuego. A su vez, en un 78,2% de los robos con violencia se empleó arma de fuego. Confirmando esta realidad, de los más de 433 mil robos denunciados a nivel nacional, en un 36% se empleó armas (30% arma de fuego y 6% de otro tipo), mientras que en CABA este porcentaje se eleva a un 29% (25% arma de fuego y 4% de otro tipo). Un 2,4% de sucesos tuvo como consecuencia muertes y lesiones.

Otras formas de violencia se han acentuado, en particular en la Provincia de Buenos Aires y CABA: el incremento de la "industria" del secuestro, el crecimiento importante de la violencia juvenil, la consolidación a escala diaria de la protesta social, que acompañan un comportamiento relativamente errático de la política de seguridad, tanto en el nivel nacional como provincial.

Argentina es el tercer país latinoamericano, después de Colombia y México, con mayor frecuencia de secuestros. En un 90% esta práctica se concentra en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En casi el 82% corresponden a "secuestro express". De los 77 casos denunciados en el territorio bonaerense en el 2001, se pasó a 259 en el 2002, 206 en 2003 y 113 en el 2004.

En cuanto a la violencia doméstica, ésta ha cobrado mayor visibilidad, en particular desde que en 1994 se promulgó una Ley de Violencia Familiar. Según una evaluación reciente dicha ley contribuyó a una mayor visibilidad del problema y se iniciaron procesos adecuatorios de las leyes en cada provincia. No obstante, hay pocos datos sobre violencia doméstica y violencia contra las mujeres. No existe un registro nacional unificado de hechos de violencia doméstica. En 20 de las 24 jurisdicciones existen organismos públicos responsables de políticas pertinentes. Falta, sin embargo, más información y una mayor articulación entre agencias, mayor énfasis en la condena social y una mayor garantía de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia doméstica.

Las cifras son parciales. En las Comisarías de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, en el 2002 registraron, por ejemplo, más de 30.000 denuncias de violencia familiar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa de denuncias creció un 43,5% entre el 2000 y el 2003, llegando a 43,5 c/100 mil habitantes; casi 4.000 mujeres golpeadas fueron atendidas por la Dirección General de la Mujer; hubo 53.869 llamadas a la Línea Violencia Familiar. Sin duda, su tipificación como delito contribuye a un creciente rechazo, lo que en parte explica el aumento de las causas.

La relación entre violencia, alcohol y drogas es alta. Un reciente estudio en hospitales y comisarías en Buenos Aires demostró que el 8% del total de las emergencias generales atendidas en hospitales están vinculadas al consumo de drogas o alcohol. Los varones y los habitantes del conurbano bonaerense son las principales víctimas de los episodios fatales vinculados al consumo de drogas y alcohol. En nuestro país mueren 11 personas de entre 16 y 24 años por causas violentas cada día. Los jóvenes son las víctimas más frecuentes de accidentes, crímenes y suicidios.

La causa de muerte más común asociada al consumo de drogas y alcohol son los accidentes viales. En efecto, en el 2004 los homicidios culposos en accidentes del tránsito tienen una tasa de 9,67 c/100 mil habitantes a nivel nacional, mientras que en la CABA llegan a la mitad, con una tasa de 4,36 c/100 mil habitantes por su parte, la tasa de lesiones en accidentes del tránsito llega a 178,45 c/100 mil habitantes y en la CABA casi se duplican, llegando a 320,7 c/100 mil habitantes. En resumen, la tasa de victimización, independiente de las consecuencias, ha tenido un repunte desde el 2001, bordeando la tasa de 300 c/100 mil habitantes.

Nuestro país registra uno de los índices mayores del mundo en muertes y lesionados en accidentes de tránsito, pues -más a allá de la causa- se estima entre 27 y 33 muertes por día, con un promedio de 28 de muertes por día (cerca de 10.350 por año), manteniéndose constante el número de fallecidos desde el 2001. El 75% de las víctimas mortales son varones y el grupo más afectado son jóvenes entre 15 y 24 años.

Sin embargo, el que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito sea más superior a la tasa de homicidio dolosos no sea un componente de la agenda pública, proporcional a su magnitud, es indicador de la necesidad de reformular las prioridades y urgencias. ¿Por qué sucede esto? No hay una única explicación. Lo concreto es que "las muertes por accidentes" no son percibidos como una amenaza para la seguridad de las personas.

Una situación similar está ocurriendo con la violencia escolar. Un estudio de 2003, efectuado entre 600 adolescentes que asistían a escuelas porteñas, mostró que un 45% declaró que hubo agresiones dentro de la escuela en forma frecuente; un 17% admitió haber participado en peleas; un 12% alguna vez fue víctima de un hurto en la escuela; un 22,6% oyó de armas y un 13,5% vio armas en su escuela.

También desde la perspectiva del costo humano, hay señales de un mayor nivel de violencia. En la provincia de Buenos Aires, la violencia en los "enfrentamientos policiales" crece en los últimos años. Por ejemplo, entre 1999 y el 2004 murieron 341 miembros de la Policía Federal y de la policía bonaerense, siendo el 2002 el año más violento con 90 policías muertos. Pero, la violencia también se asocia a la actividad policial en perjuicio de los ciudadanos, como se describe más adelante.

Para destacar, junto a los accidentes de tránsito y una actividad criminal más violenta, que tienen un impacto importante en muertes y lesiones, existen otras formas de violencia, como la doméstica, la escolar y la policial, entre otras, que son más o menos visibles dependiendo de la importancia que se le asigne en los medios y los propios actores. En nuestro país no hay un enfoque dirigido a la violencia en sí. Esta suele abordarse desde la perspectiva del delito. No hay un estrategia nacional, ni suficiente a nivel provincial, que de cuenta de sus manifestaciones y envergadura. Ella no se circunscribe a los límites urbanos, pero allí se manifiesta con mayores niveles.

Dos hechos adicionales merecen ser destacados: la ausencia de un monitoreo de la violencia y sus distintas manifestaciones, y su ausencia en una agenda de seguridad ciudadana no explícita.

Un estudios de victimización aplicados a comienzos de la década destacaban que otras ciudades del país tenían mayores tasas que Buenos Aires. Siguiendo un orden de prevalencia de victimización individual, en el 2000 Mendoza, Rosario (46,1%), Córdoba (37,5%), Gran Buenos Aires (39,9%) y Ciudad de Buenos Aires (39,3%) muestran tasas altas y distintas. Esto ya confirma la necesidad de estrategias de prevención y control diferenciadas, focalizadas y descentralizadas.

2) El perfil de las víctimas:

El perfil de las víctimas es un componente importante del debate sobre la inseguridad. La victimización se reduce según el "nivel económico social" (NES), desde grupos de nivel "alto" (promedio 47,3%) a grupos con menores ingresos o "bajo" (promedio 30%). Pero, también se observa que entre el 2000 y el 2003 aumenta progresivamente en los hogares con niveles de ingreso más bajos, desde un 28% a un 33,3%, mientras que en el Nivel Económico Social Alto, se reduce desde un 47,8% a un 40,4%.

La victimización se concentra en segmentos específicos. Según el delito, las tasa de victimización como promedio anual del quinquenio señala a los varones más que a las mujeres (42% y 37%, respectivamente). Esta se reduce, por ejemplo, en la medida que aumenta la edad. Los menores y jóvenes (16 y 29 años (22,4% de la población residente) muestran una prevalencia promedio anual en torno al 46%. Entre los adultos de 30 a 49 años (23,6% de la población) el promedio es de un 42%; entre los adultos de 50 y 65 años (16,3% de la población) es de un 36% y entre los mayores de 65 años alcanza un 24% (17,0% de la población residente).

Estas cifras confirman tres apreciaciones:

• (1) La reducción en la tasa de denuncia del 2004 no se explicaría por una menor actividad criminal, sino por una menor disposición a denunciar ante los organismos responsables.

• (2) El despliegue de recursos policiales y la oferta pública está sujeto a las estadísticas policiales, en consecuencia, expuesta a una notable inconsistencia entre la demanda de servicios y la respuesta de los organismos responsables.

• (3) Es necesario una oferta pública y red asistencial para las víctimas, donde son claves el trato, la información, la orientación, así como el apoyo a través de terapias médicas o psicológicas para las víctimas de delito.

Marco jurídico e institucional de la seguridad ciudadana

Desde un punto de vista jurídico, no existe una ley relativa a la "seguridad ciudadana" que estructure, defina facultades, funciones y obligaciones de las instituciones del sector. Los conceptos dominantes son "seguridad interior" y "seguridad pública", cristalizado en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 de 1992. Allí se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales, para determinar las políticas, así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el "esfuerzo nacional de policía".

Por su parte , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con el Comité Técnico de Seguridad Ciudadana, creado en enero de 2004 a través del Convenio N° 01/04 entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, integrado por el Secretario de Seguridad Interior de la Nación, el Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, tiene la función de conocer, analizar, coordinar e instrumentar los programas de protección comunitaria en materia contravencional, tránsito, seguridad en parques y plazas, espacios verdes y en todo otro sitio donde se entienda necesario contar con una mayor presencia policial. Asimismo, coordina el apoyo de servicios o prestaciones que se requieran a otras áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es necesario destacar que en nuestro país interactúan distintos actores e instituciones en torno a un propósito común como es la seguridad ciudadana, pueden señalarse dos elementos que caracterizan esta situación:

• (a) Tanto los gobiernos central, provinciales y locales como en la esfera ejecutiva, legislativa y judicial hay instituciones responsables de manera directa e indirecta del provisionamiento de servicios ante la demanda de seguridad ciudadana, pero éstas no funcionan como un sistema integrado ni actúan de manera coordinada.

• (b)  Las instituciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la seguridad tienen un marcado énfasis en el control de las Fuerzas Policiales y, sobre todo, en la disuasión y represión del delito.

Existen diversas instituciones públicas y privadas con competencia en el sector (actuación directa) o vinculadas (actuación indirecta) a la seguridad ciudadana. Estas pueden clasificarse según niveles (nacional, provincial o local), carácter, rol, función primaria y ámbito de incidencia.

En el nivel nacional, las instituciones públicas permanentes del Poder Ejecutivo que actúan en el sector son:

• Secretaría de Seguridad Interior.

• Policía Federal Argentina.

• Subsecretaría de Política Criminal.

• Secretaría de Asuntos Penitenciarios.

• Servicio Penitenciario Federal Argentino.

• Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

En el nivel de la Provincia de Buenos Aires, las instituciones públicas permanentes del Poder Ejecutivo que actúan en el sector son:

• Secretaría de Seguridad.

• Subsecretaría de Información para la Prevención del Delito.

• Policía Buenos Aires 2 y las policías departamentales que actúan a nivel comunal y distrital.

• Policía de la Provincia de Buenos Aires.

• Subsecretaría de Justicia.

• Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social.

• Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Coordinación.

• Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

• Subsecretaría de Atención a las Adicciones (Min. de Salud del Gob. de la Prov. de Buenos Aires).

A nivel del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las instituciones públicas permanentes que actúan en el sector son:

• Secretaría de Seguridad.

• Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el nivel nacional, existen otras instituciones públicas permanentes del Poder Ejecutivo vinculadas al sector. Estas trabajan en una problemática del desarrollo social o cumpliendo misiones propias del Estado, en cuanto propician el bien común y el bienestar de la población, de tal manera que su vinculación con la inseguridad objetiva y subjetiva no es explicita. En ellas destacan:

• Consejo Nacional de la Mujer.

• Dirección Nacional de la Juventud.

• Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

En cuanto a las instituciones privadas, en la mayoría de los casos se ocupan del contralor civil y de promover el respeto de los derechos en relación a la acción estatal. Sin embargo, no hay interlocución permanente, no están integradas ni participan en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades de las instituciones del sector. No hay una estrategia que involucre a la sociedad civil en este nivel. Las instituciones de la Sociedad Civil vinculadas al sector seguridad ciudadana son:

• Centro de Estudios Legales y Sociales

• Fundación Fundar, Justicia y Seguridad

• Fundación Crecer y Crecer

• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

• Grupo Sophia

• Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

• Centro de Estudios Nueva Mayoría

A las anteriores se agregan también las instituciones públicas permanentes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, entre las cuales destacan: las Comisiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación.

Por su parte, en el nivel provincial, las instituciones públicas permanentes del Poder Legislativo y del Poder Judicial vinculadas al sector son: el Poder Judicial de la Provincia; el Ministerio Público Fiscal de la Provincia y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia

Más allá de las intervenciones ligadas a las Fuerzas Policiales, el panorama descripto muestra:

• Hay poca incidencia y relevancia de las áreas e instituciones vinculadas a la seguridad para las personas en el conjunto de las políticas y estrategias que impulsa el gobierno nacional. El problema radica tanto en la vigencia de un enfoque poco elaborado, como en la falta de orientaciones y de una institucionalidad necesaria.

• La respuesta institucional para prevenir la violencia y la inseguridad es inexistente. La articulación entre políticas de seguridad y políticas sociales en el nivel central no es eficaz. Pero, en la práctica, el nivel provincial y local tampoco hay un enfoque intersectorial suficientemente desarrollado y explícito.

• En la práctica, las intervenciones se sustentan en estructuras de prevención y coordinación necesarias para el ejercicio de una gestión y política pública en el sector se ubican en la Provincia de Buenos Aires y de la CABA.

• Se sabe poco sobre las iniciativas y el desempeño real de los organismos, más allá de los objetivos declarados en sus etapas de diseño. Hay una limitada capacidad técnica en el nivel nacional y provincial para diseñar estrategias y políticas, integrales, de amplia cobertura y sostenibles en el tiempo.

• Hay un mayor desarrollo en el nivel provincial y local en prevención social general y participación comunitaria. Sin embargo, la opinión generalizada es que no hay suficientes intervenciones y dedicación a la prevención del delito.

4) El gasto público:

El análisis del gasto público por sectores de actividad (justicia, protección social y policía) ayuda a identificar tendencias y prioridades en la gestión del Estado y de los gobiernos en el ámbito de la seguridad ciudadana.

En nuestro país, el análisis del gasto en seguridad ciudadana es difícil, dadas las limitaciones de enfoque y la escasa información que permita una diferenciación explícita de los recursos en materia de función y desagregación por programas, en particular a nivel nacional y provincial.

Principales obstáculos para los servicios de Seguridad Ciudadana

a) Marco Regulatorio:

Hay diversos entes públicos y privados ligados a la seguridad ciudadana. El problema no reside, sin embargo, en el número sino en su definición de tareas, recursos y coordinación.

Existen seis situaciones centrales que merecen ser observadas:

• Ausencia de un marco jurídico suficiente, que dificulta un sistema institucional de gobierno para la seguridad ciudadana, la participación comunitaria en asuntos de seguridad ciudadana y el control parlamentario del sistema de seguridad ciudadana. Desde este punto de vista, puede señalarse que no hay consistencia entre el sistema vigente, el fortalecimiento de la democracia y las demandas.

• Las tareas de seguridad ciudadana a nivel nacional se hallan divididas entre distintas Secretarías y Ministerios, lo que agrega otro problema adicional. Aun cuando el ente rector es el Ministerio del Interior falta un ente de coordinación inter-agencial, entre los distintos poderes y con carácter federal. Si bien existe un Consejo de Seguridad Interior, éste no tiene el alcance de un ente rector de la seguridad ciudadana a nivel nacional, ni posee las facultades para aquello.

• No hay un enfoque dominante y liderazgo institucional que vincule seguridad y prevención, política pública, política social y gestión intersectorial en el nivel federal con el provincial y municipal. A nivel provincial y de la CABA la situación es más favorable.

• La seguridad ciudadana no es una prioridad manifiesta en la agenda de la autoridad. Tampoco se encuentra suficientemente regulada, como objetivo y actividad del Estado. El enfoque dominante en el gobierno nacional es de seguridad interior y seguridad pública. En tal sentido, no hay evidencia sustantiva para sostener que las tareas de prevención resulten centrales. Esto se observa en el escaso peso relativo del ente más ligado a la prevención, la Subsecretaría de Política Criminal frente al mayor peso de la Secretaría de Seguridad Interior, más ligado a tareas delictuales y post-delictuales. El concepto dominante tampoco es lo suficientemente amplio como para impulsar problemas de violencia no delictual y la inseguridad en sí (temor). Esta es una de los principales factores que justifican la afirmación de que la gestión pública en seguridad ciudadana no es equitativa y es incapaz de satisfacer las necesidades derivadas de la inseguridad.

• No existe en el nivel nacional un enfoque de seguridad ciudadana. En la Provincia de Buenos Aires hay un mayor desarrollo, pero aún parcial, por cuanto los esfuerzos de orientan a la prevención y control de la delincuencia, hay pocas acciones en materia de contención de la violencia y ningún esfuerzo sistemático en materia de inseguridad. En la CABA el concepto es más desarrollado aún, testimonio de aquello es la evolución presupuestaria 2004-2006 y los programas en aplicación, que van desde prevención escolar, apoyo y prevención de la revictimización, prevención del delito y participación ciudadana. No obstante, en ninguno de los tres niveles se han llevado a cabo evaluaciones públicas sobre estas acciones.

• El carácter federal del Estado argentino contribuyen a un panorama más complejo. Cada ley aprobada a nivel nacional debe lograr su adecuación en el nivel provincial para tener validez efectiva. Dado que la seguridad está delegada en las provincias, todo cambio en el marco regulatorio debe ser acompañado por una adecuación de todas las provincias. A nivel de coordinación, esto hace la dificultad de implementar programas de alcance nacional, puesto que cada uno de ellos debe ser eventualmente materia de convenio y "negociación" con las respectivas provincias, departamentos y distritos, siguiendo un criterio de descentralización y fortalecimiento del poder local.

b) Sobre la política de seguridad ciudadana:

En efecto, hasta el presente no se ha logrado avanzar en el diseño de una política de seguridad ciudadana consistente y permanente, basada en un enfoque sistémico que aborde el problema de inseguridad y violencia de manera coherente, integral, y sostenida en el tiempo.

El gobierno nacional no ha desarrollado un enfoque de prevención sobre los problemas de inseguridad objetiva y subjetiva. No hay estructuras de la Nación que, de manera explícita y consistente, trabajen con un enfoque integral. En este contexto, tampoco existen directrices en el marco de una política nacional y no se promueven alianzas estratégicas entre las partes.

La inexistencia de una política nacional se traduce en la ausencia de un plan consensuado y consistente de actuación para los organismos públicos. Esto no significa que no se hayan hecho esfuerzos en este sentido. En Abril del 2004 el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la época presentó el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007.

Sus principales objetivos eran:

• Constituir una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior.

• La lucha contra el crimen organizado, realizando reformas legales complementarias.

• Nuevas ley de abigeato.

• Lucha contra el vaciamiento de empresas.

• Unificación de criterios de control anticorrupción e integridad en todas las fuerzas de seguridad del país.

• Modificaciones en las carreras y administración de las Fuerzas de Seguridad.

• Mapa nacional del delito.

El Plan identificaba seis áreas de intervención:

• Área de seguridad ciudadana.

• Justicia.

• Servicio penitenciario.

• Administrativa económica.

• Prevención social y menores en riesgo.

• Reformas institucionales.

En líneas generales, el Plan se centraba en las fases delictuales y post-delictuales, con poca presencia relativa de acciones pre-delictuales, en particular de corte preventivo y articulado con políticas sociales. Los documentos que analizan el Plan son escasos. En uno de ellos, el CELS analiza los ejes del Plan y señala ciertos problemas, en particular un espíritu en el que aparecería una dicotomía entre eficiencias y garantías. Sin embargo, hoy se reconoce que dicha propuesta nunca llegó a implementarse y no tuvo consecuencia alguna.

Se carece de una definición compartida de seguridad ciudadana, de planificación estratégica, de continuidad entre los planes anteriores y acciones presentes concretas, la falta de objetivos claros y precisos. La asignación de recursos ha cambiado en el período, pero tampoco parece que las políticas preventivas tengan un lugar real en la agenda pública.

El sistema de seguridad ciudadana presenta falencias básicas, tanto en sus definiciones fundamentales, formas de implementación y coordinación entre entes participantes. En nuestro país existen restricciones para el desarrollo de la seguridad ciudadana. Más allá de los recursos, hay problemas básicos relativos a aspectos político ideológicos, de gestión-institucional y de carácter técnico-informativo.

El siguiente cuadro sintetiza los principales hallazgos, en términos de debilidades y fortalezas, así como amenazas presentes o latentes y otras emergentes, las cuales progresivamente se volverán claves si no se realizan gestiones e intervenciones para modificar el escenario que se describe.

Matriz de principales hallazgos en torno a las capacidades del sistema de seguridad ciudadana en Argentina

El diagnóstico acerca de las debilidades y fortalezas de las respuestas del Estado argentino ante las demandas de seguridad ciudadana revela problemas tanto a nivel de la enfoque, estructura y procesos organizacionales, como también en el manejo o gestión y de sus relaciones con el entorno (ante los medios de comunicación y la propia opinión pública).

Conclusiones

• a. Que la Seguridad Ciudadana es un problema complejo, al que no se le pueden dar respuestas únicamente policiales.

• b. Que la Seguridad Ciudadana, actualmente es un problema de los Estados y en consecuencia es necesario definir políticas desde ese nivel para atacar dicho problema.

• c. Que la Seguridad Ciudadana es un fenómeno transversal, puesto que en su generación (o en la carencia de la misma) pueden intervenir diferentes políticas públicas de diferentes disciplinas y administraciones.

• d. Que, para el ciudadano, la inseguridad es, fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva (lo que se denomina sensación térmica de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca medida del gran delito, que por el contrario, afecta a la sensación de seguridad el delito ordinario, que son los que el ciudadano vive más cerca.

• e. Que no existe una estrategia y política integral de seguridad ciudadana. Si consideramos que la seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la protección y la vida digna de la población que deposita en él la autoridad para su cuidado y preservación.

• f. Que pese a las importantes reformas de la policía que se han emprendido en muchos de los países de la región, predomina una estructura organizacional altamente centralizada y jerarquizada. Esta situación obstaculiza la incorporación de las instancias de gobierno local a la gestión policial e inhibe el trabajo de los policías destacados en las comunidades. Como respuesta a esta situación, se debate en varios países la creación de nuevas policías con adscripción a nivel local que asuman las tareas asignadas a los cuerpos nacionales de policía.

• g. Que la débil cultura democrática que caracteriza la organización social y política en América Latina, en donde los procesos de participación y movilización ciudadana han estado dirigidos a enfrentar las estructuras de poder, más que a generar espacios de colaboración con las autoridades. El modelo resulta igualmente riesgoso frente a la tendencia de una clase política que pueda caer en la tentación de utilizar la experiencia para fines de cooptación política más que para generar un impacto real en la calidad de vida de la población.

BUENOS AIRES, de junio de 2009

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Autor:

Lic Santiago Eugenio González