Politica fiscal y monetaria (página 2)

-2.2

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1999

-0.8

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– 2 920.13

-2.6

-2.73

2000

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n.d

-15 339

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n.d

En síntesis, los desequilibrios fiscales registrados durante el período de 1994-1999 son estables (en comparación con el déficit fiscal del período 1978-1982 cuando promedió 10.9% del PIB). Esta situación ha permitido ubicar al déficit externo en un nivel manejable. Es importante precisar que el consumo público dejó de ser la principal fuente que alimenta al desequilibrio de la cuenta corriente, actualmente, éste se explica por el consumo del sector privado.

Respecto a las finanzas públicas, las metas propuestas en el año de 1999 en materia fiscal son los siguientes:

• El déficit público de 1.25% del PIB.

• El superávit primario de 2.77% del PIB, es decir, un nivel superior en 1.02% del PIB respecto a 1998.

• Cifras preliminares correspondientes a la meta anual de 1999 sitúan al déficit público en 1.25% del PIB y el superávit primario en 2.77% del PIB.

Respecto a la balanza comercial, en 1994 fue de 18 mil 463.7 MDD. Durante el período de 1995-1997 fue superavitaria como producto de la depreciación cambiaría de 1994-95 que se tradujo en mayor competitividad de los productos mexicanos de exportación. En 1998, la tendencia de la balanza comercial se revertió, el déficit ascendió a 7 mil 913.5 MDD. Respecto a la balanza de servicios, destaca el componente de los servicios factoriales (pago neto de interese por concepto de deuda) los cuales registraron una salida de capitales equivalentes a 13 mil 305.7 MDD durante el período de 1994-1998. Al primer trimestre de 1999, este servicio ascendió a –3 mil 406.2 MDD.

Durante el período de 1995-1998, la cuenta corriente tuvo déficit crecientes. El nivel más elevado se registró en 1998 cuando fue de 15 mil 957.7 MDD. Por su parte, la inversión extranjera total (IET) tuvieron una fuga de 188 millones 400 mil dólares durante 1995 como producto de la devaluación cambiaría. Mientras tanto, durante 1997-1998, la IED ha sido superior a la IE en cartera (IEC). Esto se refleja en el cociente IED/IEC.

Para concluir este apartado, el sector externo mexicano presentó las siguientes condiciones en el primer trimestre de 1999.

El déficit de la cuenta corriente fue de 2 mil 920.1 MDD, esto significa que disminuyó 4.3% respecto al registrado durante el mismo período de 1998. Las causas del menor déficit fueron:

La conducta de las exportaciones no petroleras, las cuales aumentaron gracias a la mayor actividad económica registrada en los Estados Unidos. La recuperación de los precios mexicanos del petróleo de exportación que incrementaron los ingresos petroleros. La inversión extranjera directa fue 5 468.5 MDD al primer semestre de 1999. Las reservas internacionales del Banco de México ascendieron a 30 mil 815.3 MDD para el 24 de agosto de 1999.

Respecto a la balanza comercial, datos al primer semestre de 1999 muestran que el déficit fue de 2 mil 248 MDD, nivel inferior en 1 mil 594 MDD respecto al período julio-enero de 1998 (41.5% menor).

Durante el primer semestre de 1999 la tasa de crecimiento de las exportaciones fue de 10.20% anual, de las cuales:

• Las exportaciones no petroleras crecieron 10.8%.

• Las exportaciones manufactureras crecieron 11.0%.

• Las exportaciones petroleras crecieron 2.3% vía incremento del precio de la mezcla mexicana de exportación.

• En síntesis, se puede observar que si las exportaciones petroleras continúan recuperándose, entonces, la las exportaciones totales pueden ser superiores a las registradas durante 1998.

Durante el primer semestre de 1999 las importaciones ascendieron a 76 mil 229.6 MDD. La tasa de crecimiento de las importaciones fue de 7.4% anual respecto al primer semestre de 1998. La estructura de las importaciones fue la siguiente forma:

• Las importaciones de bienes de consumo descendieron 1.8% real respecto al primer semestre de 1998.

• Las importaciones de bienes intermedios de la industria Maquiladora crecieron 14.1% respecto al primer semestre de 1998.

• Las importaciones de bienes intermedias para la industria no Maquiladora crecieron 3.6% respecto al primer trimestre de 1998.

• Las importaciones de los bienes de capital crecieron 9.9% respecto al primer trimestre de 1998.

La cuenta de capitales para el período enero marzo de 1999 fue de 2 mil 483 MDD, nivel inferior en 3 mil 138.1 MDD respecto al primer trimestre de 1998. Esta reducción en la entrada de capitales es producto de la crisis financiera de Brasil y Rusia que implicó una caída en la inversión de los países emergentes.

La inversión extranjera total durante el primer trimestre de 1999 fue e 4 mil 195.8 MDD, monto inferior en 1 mil 150.5 MDD al observado durante el primer trimestre de 1998. La estructura de esta inversión es la siguiente:

• La IED fue de 2 mil 597.2 MDD, es decir, el 61.9% de la IE total.

• La IE en cartera fue de 1 mil 598.6 MDD, es decir, el 38.1% de la IE total.

En especial, la IED para el primer semestre de 1999 fue de 5 mil 468.5 MDD, de este total:

• Estados Unidos y Canadá contribuyen con el 68.5% del total.

• La Unión Europea participa con el 25.2% del total.

• Japón participa con el 2.2% del total.

• Otros países participaron con el 4.1%.

Por destino económico, la IED se distribuyó durante el primer trimestre de 1999 de la siguiente manera:

• La industria de la transformación concentró con el 78.3% del total.

• Los servicios concentraron el 11.4% del total.

• El comercio concentró el 7.9% del total.

• La industria extractiva concentró el 1.8% del total.

• El sector agropecuario concentró el 0.6% del total.

Un sector financiero sano El sector financiero sano es lo justo, el objetivo de la reforma al sector financiero es impulsar el crecimiento económico para construir el país rico y próspero, con el que todos soñamos. Con nuestra propuesta sumaremos a este esfuerzo a las personas que manejan tu dinero para que actúen con mayor claridad y transparencia y tengas confianza al ahorrar y pedir prestado.Que no necesites ser un experto financiero para elegir dónde guardar tu dinero.

Al definir objetivos y prioridades: Que todos los mexicanos puedan ahorrar a través del sistema financiero y no sólo unos cuantos.Que ese ahorro se use en proyectos rentables y que los bancos cobren más barato por su servicio para que los empresarios inviertan y generen empleos.

Facilitar el ahorro, en particular el de largo plazo y el popular.Impulsar el desarrollo del mercado de valores para convertirlo en una verdadera alternativa de ahorro para las personas y de fondeo para las empresas.

Las pequeñas y medianas empresas nos importan, por eso proponemos abrir más y mejores opciones de financiamiento, para que puedan competir y vean la globalización, no como una amenaza, sino como una oportunidad.

Un sector financiero sano sirve Para que por fin la banca cumpla, con su objetivo de financiar tus proyectos. Para que todos: familias, empresas, gobierno e intermediarios financieros, compartan los beneficios de un sólido sistema financiero.Para que tu patrimonio no corra riesgos, proponemos reforzar la vigilancia de las instituciones financieras.

Porque siempre es mejor la medicina preventiva, que la cirugía mayor Los informes del comportamiento de la política económica del país, en el pasado sexenio, la política económica tuvo que tomar un rumbo un tanto opresiva, por la fuerte crisis que azotaba al país en ese momento.

En la razón balanza de capitales (BK) sobre cuenta corriente, se observa que en 1994, la cuenta de capitales financió el 50% del déficit externo. Esta tendencia se revirtió para el período de 1995-1999. En especial, durante 1995, la entrada de capitales en México fue 9.8 veces superior al déficit de la cuenta corriente.

Para que el desequilibrio de la cuenta corriente sea manejable, se necesita que su déficit se financie con IED. En 1994, la IED sólo cubrió el 40% del desequilibrio externo. Esta tendencia ha cambiado durante 1995-1999, en este período, la entrada de capitales de largo plazo ha sido superior al déficit externo. En particular, durante 1995, la IED fue seis veces mayor al desequilibrio de la cuenta corriente. Sin embargo, el principal problema del sector externo mexicano es que tiene un dinámico sector exportador, el cual se nutre de grandes cantidades de importaciones, esta situación se agudizó en el año de 1998 cuando el monto de las importaciones superó a las exportaciones por 7 mil 742 MDD. En esta perspectiva, en un trabajo reciente, se planteó que México, a pesar de tener un alto volumen de exportaciones, presenta una elevadísima participación de insumos, materias primas y componentes importados en las exportaciones. Si analizamos la estructura de la balanza comercial, se destacan los siguientes puntos:

• La economía mexicana pasó de un modelo petrolero exportador a otro dominado por la rama manufacturera. Esto hace menos vulnerable al sector externo mexicano y como consecuencia a la economía nacional.

• Sin embargo, la industria Maquiladora ha ganado espacios importantes. En 1998 representó el 45% de las exportaciones manufactureras totales.

• Por el lado de la estructura de las importaciones, la problemática se presenta por el dominio que tienen las importaciones de bienes de consumo final e intermedias las cuales representaron el 86% de las importaciones totales en 1998 contra únicamente el 14% de las importaciones de bienes de capital.

• Cabe agregar que las importaciones de la industria Maquiladora representaron el 44% de las importaciones intermedias y el 34% de las importaciones totales durante 1998.

Ciertamente, hubo razones para que la crisis estallara con tanta fuerza. Una de ellas fue que durante muchos años un fuerte y creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se financiara con entradas de capital volátil. También influyó que se financiaran proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo; que se permitiera, más allá de lo prudente, la apreciación del tipo de cambio real; y que, frente a cambios drásticos en las condiciones internas y externas, las políticas financieras hayan reaccionado lentamente o en un sentido muy riesgoso, como en la dolarización de la deuda interna que supuso el crecimiento de los TESOBONOS. Para lograr esos objetivos, el programa de ajuste incluyó medidas drásticas, ciertamente dolorosas, para fortalecer las finanzas públicas. Incluyó también el diseño y la negociación de una estrategia de financiamiento externo para compensar y revertir la pérdida de capital de corto plazo que había sufrido el país. Además, se dio una gran importancia a la aplicación de programas especiales para atenuar los impactos recesivos e inflacionarios. Para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas se recortó fuertemente el gasto público programado para el presente ejercicio fiscal, que a su cierre registrará una disminución de diez por ciento en términos reales respecto del año anterior. Con el mismo propósito, se modificaron los precios y las tarifas del sector público y la tasa general del Impuesto al Valor Agregado Estudio Económico de México 1999 Tras tres años de haber tenido una tasa de crecimiento anual promedio de más de 5%, se esperaba que la economía de México experimentara una desaceleración para 1999, según la última evaluación hecha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

La OCDE estableció en su estudio económico de México 1999 que después de haber evitado nuevas crisis importantes, el crecimiento podía resurgir de nuevo en el año 2000, sin embargo, se alerto que el ambiente externo no era del todo estable. Como resultado, se recomendó una postura cautelosa sobre su política para el futuro inmediato. Los responsables de la economía demostraron que pueden responder a cambios externos utilizando efectivamente las políticas macroeconómicas restrictivas. Hacia el futuro, hizo un llamado para que México desarrolle e hiciera público un marco de política de mediano plazo que cubra un periodo de varios años, ya que esto podría coadyuvar a dar certidumbre a los mercados en relación con la continuidad de su estrategia.

En su estudio, realizado como parte de las evaluaciones regulares que se aplican a las 29 economías miembros, la OCDE hizo una serie de recomendaciones específicas:

El control de la inflación fue la prioridad de la agenda política en 1999; La política fiscal fue permanecer restrictiva; El sistema fiscal se reforzó para apoyar los incrementos justificables del gasto público; La reforma estructural continuo, especialmente en los sectores financiero y de infraestructura, como la generación y distribución de energía, que son esenciales para el desarrollo económico.

En una revisión extensa del sistema fiscal de México, la OCDE estableció que se llevaron a cabo reformas sustantivas y mejoras en las pasadas dos décadas. Sin embargo, el sistema "todavía tenia serias lagunas que limitaron su capacidad de recaudación de ingresos –como se reflejo en el hecho que el nivel general de imposición en México con relación al PIB fue el más bajo en el área de la OCDE, un tercio del ingreso gubernamental provenía de los impuestos producto del petróleo.

La baja recaudación fiscal, "necesito bajos niveles de gasto público para asegurar resultados satisfactorios en el balance presupuestal". Esto, a su vez, "limito la posibilidad de mayores gastos incluso cuando… esos gastos podrían generar un rendimiento social potencialmente alto y permitir un mejoramiento de la equidad a través del gasto público".

El estudio ofrece una serie de opciones que podían reforzar el ingreso fiscal, incluyendo una reducción en el número de exenciones y regímenes preferenciales; incrementos en la imposición a la propiedad, en particular los bienes raíces; y una mejor administración. El gobierno hizo algunos progresos en este sentido que incluyen un incremento de la recaudación de hasta 1% del PIB, pero se requiere más. Las medidas para reforzar los ingresos fiscales podrían también, en el largo plazo, ayudar a reducir la sensibilidad del presupuesto estatal de México frente a los precios petroleros. Finalmente el gobierno debería considerar desarrollar un fondo de estabilización para suavizar en el largo plazo el impacto presupuestal directo de las fluctuaciones de corto plazo en los precios del petróleo.

Principales propuestas política fiscal

Vicente fox (2000-2006) Las principales propuestas del texto de la Reforma Fiscal Integral son: * IVA de 15% en Alimentos y Medicinas. Eliminar la tasa cero del gravamen para aplicar en forma pareja la tasa de 15 por ciento que hasta ahora aplicaba a otros productos. El proyecto de Ley contempla mantener la exención del impuesto en un cuadro básico de medicamentos con el propósito de evitar un golpe mayor a las clases marginadas. Algunos empresarios del ramo farmacéutico ven en la medida un alto riesgo de desaparición de sus empresas.

* Subsidio a marginados. Compensar a través de créditos al salario y subsidios del Programa Progresa a la clase de menores ingresos afectada por el IVA en alimentos. Hasta ahora las autoridades hacendarías en ningún documento han aclarado la forma de operar de los subsidios y los analistas son escépticos a que haya un mecanismo confiable para regresar el impacto del IVA en básicos a la población económicamente menos favorecida.

* IVA en casas nuevas. Eliminar la exención del impuesto en la compra de casas nuevas para aplicar un 15 % en construcciones de casa habitación. La medida aumentaría el costo de la vivienda, pues vendría a aplicarse en forma adicional al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que aplican los Gobiernos Municipales e implicaría contar con un capital inicial mayor para el enganche de casas habitación nuevas, lo que además desmotivaría la construcción de nuevas viviendas.

* IVA en colegiaturas. Eliminar la exención de ese impuesto a las colegiaturas y aplicar un gravamen de 15% en el caso de las escuelas privadas. Los especialistas fiscales estiman que durante los doce meses del año los padres de familia pagarían en forma mensual el impuesto al Fisco, monto que sería aprovechado por la Secretaría de Hacienda cuando los desembolsos por este concepto representan un alivio al gasto gubernamental en educación. * Acreditamiento de Colegiaturas. Otorgar al contribuyente un acreditamiento o gasto deducible de 20 por ciento del pago anual de colegiaturas. Este acreditamiento habría de integrarse por el contribuyente como deducción en su declaración fiscal de Impuesto Sobre la Renta que realizará hasta abril del año siguiente. El ahorro que tendría el contribuyente dependerá de su ingreso y de la cantidad que destine de él al pago de colegiaturas, siendo deducible sólo un 20 por ciento.

* ISR en Previsión Social. Hacer acumulables al ingreso los vales de despensa y gasolina para efecto de aplicar sobre ellos el Impuesto Sobre la Renta. La medida implicaría que todos los empleados que reciban este tipo de prestaciones tendrían que pagar un impuesto por percibirlas y las empresas ya no podrán deducirlas de impuestos, lo que al final de cuentas acabaría por eliminarlas porque daría lo mismo otorgarlas como parte del salario en efectivo.

* Rapidez en Devolución de Impuestos. Reducir el plazo que tiene la Secretaría de Hacienda para devolver saldos a favor del contribuyente de los actuales 50 a sólo 40 días. La medida favorecería a los contribuyentes que muchas ocasiones financiaban al fisco en espera de sus saldos a favor, aunque la reducción del plazo es mucho menor en comparación con lo que la Secretaría de Hacienda otorga a los contribuyentes para el cobro de sus adeudos.

* Restricción en Devoluciones. Limitar la devolución de saldos a favor de IVA únicamente cuando quien los reclame sea el consumidor final. Los saldos a favor de IVA permiten a muchos intermediarios de la cadena productiva recuperar parte del IVA que indebidamente pagaron al trasladarlo a los proveedores que efectivamente lo generaron. La medida podría dar lugar a que el impuesto correspondiente al valor agregado de un proceso determinado, fuera pagado dos veces.

* IVA a libros y periódicos. Eliminar la exención del impuesto que aplica actualmente a estos productos. La medida desincentivaría una actividad que tiene una función social por ser parte del gasto en fomento a la cultura y educación de los mexicanos. De acuerdo con los especialistas es un ejemplo de cómo el peso de la reforma fiscal recae sobre todo en la clase media, por no existir una compensación fiscal de ninguna naturaleza a la aplicación de la medida. * Plazos menores a Contribuyentes. Reducción del plazo que tiene el contribuyente para liquidar diferencias en el pago de impuestos resultantes de un dictamen fiscal y cuyo saldo sea en favor del Fisco, los cuales pasarían, de los actuales 15 a sólo tres días. La medida en opinión de los expertos pretende limitar la posibilidad de los contribuyentes para "financiar" su actividad a costa del Fisco federal, al que habrá que cubrirle casi de inmediato un pago inesperado.

* Máquinas de Comprobación. La reforma pretende que regrese la obligatoriedad del contribuyente con negocios pequeños de instalar máquinas de comprobación fiscal. La medida pretende controlar a los negocios que en ocasiones evitan la entrega de facturas por operaciones comerciales, lo que redunda sin embargo en un costo mayor para los negocios que estarían administrando un dinero que corresponde sólo al Fisco federal verificar.

* Eliminar Regímenes Especiales. Quedaría sin efecto el Régimen Simplificado que aplica en la actualidad para las actividades del campo y a los transportistas. Esta ha sido calificada por los expertos como una de las medidas que más negativamente afectarían a los pequeños contribuyentes quienes a falta de capacidad administrativa optaban por un régimen simplificado.

* Sobretasas de Impuestos Locales. Modificación al artículo 115 de la Constitución Mexicana para facultar a los Municipios a aplicar sobretasas en impuestos federales. De acuerdo con la iniciativa los Municipios podrán aplicar sobretasas en algunos gravámenes federales para obtener ingresos adicionales pero a la larga la medida podría traer problemas administrativos en casos de poblaciones muy pequeñas.

* ISAN "ecológico". Aplicar en forma diferenciada el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a partir de una tasa de 10% para autos no contaminantes y creciente para los que son altamente contaminantes. La medida está contemplada como un incentivo a mantener el equilibrio en la contaminación desmotivándola a través del pago de mayores contribuciones. * Reestructura en las tasas del ISR. Reducir la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta del actual 40 a sólo un 32 por ciento en el caso de las personas físicas e incluso hasta un 30 por ciento para el caso de las empresas. La medida pretende disminuir el impuesto directo, para compensar el aumento en los gravámenes indirectos, como el caso del IVA, lo que de acuerdo a los especialistas es una tendencia mundial * Eliminar Impuesto a Dividendos. Dejaría de aplicar el impuesto del 5 por ciento sobre dividendos, lo que implicaría una tasa del 30 para personas morales. La medida es complementaria a la reestructura de tasas máximas de impuesto a las empresas, con lo que se evitaría que haya una doble tributación por parte de los accionistas de las empresas.

* Permitir la deducción inmediata. Las empresas que compren bienes de inversión podrán deducirlos de impuestos en forma "automática". Esta reforma pretende fomentar la adquisición de bienes de inversión en las empresas lo que redunda a la larga en mayor creación de empleos y un incentivo a la expansión de los negocios.

*Pago a plazos. La Secretaría de Hacienda permitiría a los contribuyentes el pago en plazos de adeudos fiscales hasta el 31 de diciembre del 2000. Los adeudos fiscales de contribuyentes con falta de liquidez podrían ser pagados en plazos a negociar con la autoridad hacendaría de acuerdo con su capacidad de pago.

* Menor IEPS a cigarros y alcoholes. La reforma pretende reducir el Impuesto Especial Sobre producción y Servicios aplicado a cigarros y bebidas alcohólicas. De acuerdo con algunos analistas el monto de los gravámenes en este tipo de productos es confiscatorio porque llegan a alcanzar hasta un 100 por ciento en algunos de los casos aunque se critica frente al aumento de impuestos a básicos.

* Devolución sin cheque. La devolución de saldos a favor del contribuyente dejaría de ser a través de aviso para cobro en banco. Ahora será en una cuenta bancaria del contribuyente. En opinión de los expertos la reforma pretende tener un mayor control de los contribuyentes a los que se les devuelven contribuciones a través de su detección en una cuenta bancaria.

Financiamiento al microempresario y microempresaria

Con los micro créditos se espera lograr que quienes posean un proyecto, quienes tengan ideas y no tengan acceso al sistema financiero tradicional, que es la mayoría de los mexicanos, puedan empezar un espacio para llevarlo acabo.

Con ello se propone aumentar la capacidad de autogestión, su habilidad para salir adelante a partir de su esfuerzo individual, de su propio trabajo que dignifica. El programa arranco como un elemento central de una política pública que ve en el impulso a la Banca Social una oportunidad para establecer una política de Estado, en donde se incluya al circuito financiero a aquellas mexicanos que han estado excluidos de participar en el mismo Una política en donde se abran oportunidades de autoempleo para las mujeres humildes, para las mujeres indígenas, para las comunidades rurales, para las colonias populares, para las comunidades y los pueblos indígenas y para todos aquellos y aquellas que por su condición de pobreza no han tenido una oportunidad, no han tenido acceso a un financiamiento. El Programa de Micro créditos que se presento es sólo una parte de todo el sistema financiero que mueve a este país, tal como han sido presentado Los servicios financieros son prestados por una gran diversidad de intermediarios que lo hacen con características, formas de fondeo y nichos de mercados distintos; dentro de ello las micro finanzas es uno y es estratégico. Además de las micro financieras están las entidades de ahorro y crédito popular que hoy bajo un nuevo marco de ley sé reimpulsan a alcanzar una amplia cobertura nacional. Están también los créditos para pequeñas y medianas empresas que otorga la Banca de Desarrollo, así como diversos fondos y fideicomisos públicos que hacen la misma entrega de financiamientos. Y está también la Banca Comercial, los Mercados de Valores que otorgan financiamiento a otros segmentos de la población. La meta del programa es convertir a los excluidos del progreso en sujetos activos de su propio desarrollo e impulsar un nuevo modelo de crecimiento que concilie mejor competitividad con justicia. La mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza. Estos micro créditos se suman a los programas de educación, de salud, de vivienda, de nutrición, de desarrollo rural y procuración de justicia que ya se han echado a andar en las zonas más pobres del país, en las micro regiones que se han definido para todo México. En conjunto, estas acciones de Gobierno crean las condiciones para que campesinos, indígenas, jóvenes sin empleo, mujeres, puedan culminar sus empeños de superación. La experiencia internacional demuestra que cuando se acercan los medios de financiamiento a las personas excluidas del desarrollo, los resultados son siempre excelentes. Pocas inversiones son tan productivas como las destinadas a potenciar la energía emprendedora de las familias marginadas. Una red que se convierta en complemento de nuestro sistema financiero y en palanca del desarrollo, una red que dignifique y cambie el destino de esas mujeres indígenas, de esos campesinos, de esos jóvenes sin empleo, de esas mujeres trabajadoras, de esas madres de familia y de todas y todos los beneficiarios que estén dispuestos a hacer de México una Nación exitosa y triunfadora

La nueva propuesta

Esta será eminentemente recaudadora, si bien oficialmente —en el discurso— se anteponen criterios de eficiencia y equidad tributaria así como de seguridad jurídica de los contribuyentes. La propuesta fiscal foxista, no acabada aun, apunta —según los documentos— a la eliminación de los tratos fiscales preferentes y a mejorar los sistemas de supervisión y auditoria. Con el primer punto se pretende cerrar caminos a la elusión y la evasión fiscales; con el segundo, incorporar a la base tributaria "a todos aquellos que hasta ahora han logrado evadir con éxito sus obligaciones fiscales". Con ambos se espera un "impacto directo e inmediato sobre la recaudación", dice en su apartado de consideraciones generales el documento Propuesta de reforma tributaria para México, del que se han derivado los distintos borradores para discusión. Con ese propósito recaudatorio, la propuesta base consiste fundamentalmente en lo siguiente. En el Impuesto al Valor Agregado (IVA): Igualar la tasa en todos los estados del país, eliminando el trato regional preferente (10%, contra 15% de la tasa general) en la franja fronteriza y otras zonas del país; la eliminación de la tasa cero, incluyendo la que se aplica a alimentos y medicinas y a insumos y equipo agrícola; mantener la exención del IVA a vivienda, servicios médicos, bienes raíces y educación y cultura, pero eliminar la exención, para aplicarles la tasa general de 15% a libros, periódicos, derechos de autor y transporte de pasajeros (excepto el transporte urbano). Respecto del Impuesto sobre la Renta (ISR) no es poco lo que se pretende: "eliminar un gran número de tratos preferentes y mantener los elementos de la actual ley que favorecen el ahorro y la inversión. Entre los cambios propuestos destacan la creación de un nuevo régimen de pequeños contribuyentes; la acumulación de los ingresos en prestaciones a la base del impuesto; la eliminación o disminución de algunos tratos preferentes en profesionistas independientes y en arrendamiento; la igualación impositiva a los instrumentos de deuda privados y del sector público, y la unificación de la tarifa del ISR en una sola tabla". Algunas de esas medidas se traducirían, concretamente, en hechos como los siguientes: —Se elimina la exención del ISR a autores y escritores; sólo entrarán en el régimen de pequeños contribuyentes aquellos con ingresos máximos de 1 millón de pesos y no de 3 millones como es ahora. Adicionalmente, se propone "desaparecer el régimen simplificado para las actividades agropecuarias y del transporte, pero todos los pequeños agricultores, transportistas y propietarios se podrán acoger al nuevo régimen de pequeños contribuyentes". El régimen simplificado fue creado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari para capitalizar al sector primario de la economía, exentándolo del pago del ISR. Con el tiempo, se abusó de tal manera de ese régimen que siguen tributando en él empresas como Bachoco y Maseca, que son altamente competitivas e, inclusive, cotizan en mercados bursátiles internacionales. También propone el equipo de Vicente Fox cambios en otro de los regímenes especiales de tributación que permiten a grandes corporativos un menor o nulo pago de impuestos. Es el régimen de consolidación fiscal, mediante el cual, dentro de un mismo grupo, las utilidades de unas empresas se funden con las pérdidas de otras, de tal manera que las empresas que ganan acaban pagando un pírrico impuesto o nada de plano, y las que pierden amortizan sus pérdidas más rápido. Así, este régimen se presta para toda suerte de ingenierías y estrategias fiscales —como hacer perder deliberadamente a unas empresas— para que las grandes empresas y sus subsidiarias eludan el pago de sus contribuciones. La política fiscal de Vicente Fox va en contra de los sectores desprotegidos del país, porque su sistema tributario es inequitativo al fincarlo en el aumento de la recaudación donde los pobres pagarán más y los ricos menos, como ejemplos las propuestas de gravar con 15 por ciento los alimentos básicos y las medicinas y, en contrapartida, eliminar el impuesto sobre los automóviles nuevos. Se plantea una contrapropuesta a la política fiscal del futuro mandatario, entre cuyos puntos principales la académica consideró negativo eliminar el impuesto sobre el activo a las empresas por ser el ''único que actualmente ayuda a reducir la evasión''; además de estimar necesario aplicar un impuesto fijo al comercio informal para que cubra por lo menos los servicios de infraestructura que consume. En contrapartida, convino en simplificar a las personas físicas el impuesto sobre la renta (ISR), porque su actual cálculo es ''confuso'', y sugirió establecer una tarifa de tasa cero a quienes perciban hasta 10 mil pesos y para quienes ganen arriba de ese cantidad una de 30 por ciento. Con respecto al IVA se entiende que al aplicarlo a alimentos y medicinas ''pauperizaría'' a las familias de menores ingresos, pues destinan la mayor parte del gasto en adquirir ambos productos. Mencionó que conforme al INEGI, los hogares del decil más bajo gastaron 103 por ciento de su ingreso en esos dos renglones. Tras manifestar que la política industrial debe incorporar a la pequeña y mediana industria al eje exportador de la economía del país, descartó que Fox haya propuesto aplicar el IVA a alimentos básicos y medicamentos como un ''trueque'' o presión para privatizar el sector eléctrico. ''De todas maneras, este asunto tendrá que ser discutido porque la industria eléctrica requiere transformarse''. Sobre la política monetaria, se consideró que si bien la inflación va en descenso y se logrará este año una tasa por debajo del 10 por ciento, resaltó que ''es inaceptable'' por implicar un ritmo inflacionario superior al prevaleciente en los países industrializados y los principales socios comerciales de México. En torno a los ''focos amarillos'' que ponen en riesgo la lucha contra la inflación, y entre ellos, los aumentos saláriales han sido superiores al incremento de la productividad. La gestión fiscal en el 2001 reviste importancia por tratarse del primer presupuesto que será diseñado y ejecutado íntegramente por la nueva administración. Además se trata de un presupuesto que se formula en el contexto de un importante boom de precios petroleros, después de una muy severa contracción en el ritmo de actividad económica. A pesar de estas características la discusión pública del Proyecto de Ley ha sido escasa por no decir ninguna. A continuación adelantamos algunos comentarios sobre este importante tema que esperamos ayuden y animen el análisis de este importante y crucial tópico.

Las estimaciones de ingresos

La estimación de ingresos que se presenta en el proyecto de presupuesto del 2001 adolece de ciertos problemas ya presentes en el presupuesto del año 2000. Por una parte, hay una abierta subestimación de los ingresos fiscales petroleros que al contraponerse con la corriente inercial del gasto de los últimos años, obliga al fisco a cerrar la brecha bien sea sobrestimando algunos ingresos no petroleros, o abultando las partidas por ingresos extraordinarios (endeudamiento e ingresos no recurrentes. Los ingresos petroleros estimados para el año 2001 son de 6,04 billones de bolívares (8.500 millones de US$), lo que representa apenas el 26,3 por ciento del total de 22,9 billones de bolívares de ingresos fiscales ordinarios y extraordinarios. Lo que es claro es que el ejecutivo prevé una caída de los ingresos ordinarios con respecto al año en curso que se explica en gran medida por la subestimación del precio del petróleo. Para mantener un precio promedio del barril petrolero de 20 dólares, como se estima en el proyecto de presupuesto, y con un precio registrando a fin de este año alrededor de 29 dólares, la cesta tendría que cerrar en cerca de 11 dólares si el ajuste siguiera una tendencia lineal. Este desempeño del precio coincide con las previsiones más pesimistas. Es de notar que más que una actitud conservadora en torno al desenvolvimiento del mercado petrolero, la subestimación de los ingresos petroleros responde a la manera peculiar como se está elaborando y "negociando" políticamente el presupuesto. La práctica ya es conocida para quienes siguen la cuestión fiscal venezolana: se subestima el ingreso petrolero, se sobrestima la tributación no petrolera, y se exageran las solicitudes de endeudamiento; al final, se termina autorizando un elevado nivel de gasto que se va resolviendo durante el año a través del mecanismo de los créditos adicionales financiados con la efectiva recaudación petrolera y, recientemente, con los retiros del FIEM y las utilidades cambiarias. Esta práctica convierte, de hecho, a la aprobación del Presupuesto en un acto formal con poca incidencia real e indicativa de lo verdaderamente será la política fiscal. En todo caso, es muy significativo el hecho de que el aporte fiscal petrolero como proporción de los ingresos por exportación petrolera llega a ser de sólo 37% para el año 2001 (muy similar al aporte efectivo para este año), cuando en las bonanzas inmediatamente anteriores de los años 1996-1997 y 1991-1990 llegó a estar por encima del 60% y del 70% respectivamente. Este deterioro esperado de la contribución fiscal de la industria petrolera puede ser explicado de distintas maneras, bien sea por incrementos significativos en los gastos operativos, en gastos financieros y/o en los proyectos de inversión de la industria o por el ascenso de la producción de las empresas ligadas a la apertura cuya estructura tributaria es bastante menor. La otra razón es que se piense extraer recursos petroleros posteriormente a la aprobación del Presupuesto por la vía del reparto de dividendos. Cualquiera que sea la explicación seguirá siendo especulativa mientras las cuentas de la industria se mantengan ocultas. Como ya se menciona, el proyecto de presupuesto manifiesta cierta sobrestimación en los ingresos por impuestos indirectos. Los ingresos por IVA, por ejemplo, se incrementan en un 48% en términos nominales con respecto al presupuesto del 2000 y en 34% en términos reales. Este aumento estimado en el IVA no se compagina con el moderado incremento en el nivel de actividad, con las decisiones recientes de reducir la tasa de 15,5% a 14,5%, con la exoneración del pago a varias zonas francas y puertos libres y con la debilidad institucional que viene mostrando el SENIAT desde hace varios meses. Lo que parece más significativo es que aún sobrestimando los ingresos no petroleros, la participación de los ingresos ordinarios sobre el total de ingresos del presupuesto pone más que nunca en evidencia los peligrosos síntomas de fragilidad que arrastra la gestión presupuestaria en Venezuela. Si se incluyen los gastos sin asignación presupuestaria, los ingresos ordinarios alcanzan a cubrir sólo el 60% de los gastos del gobierno central, un problema ya latente en el presupuesto de este año (donde se aspira cubrir sólo el 75% del gasto con ingresos ordinarios) pero que se arrastra y se agrava en para el año 2001. Esta extremadamente baja presión tributaria en medio de una bonanza petrolera es atípica en Venezuela.

Nivel y estructura del gasto

Los gastos planeados del Gobierno Central se reducirían tanto en términos reales (-2%) como en proporción al PIB (-1,5%); como estos ajustes son menores que los esperados en los ingresos ordinarios se supone que tanto el déficit como los requerimientos financieros del gobierno se incrementaran. De nuevo debe advertirse que un análisis más riguroso exige incluir las denominadas "erogaciones sin afectación presupuestaria" que se estima podrían ascender a casi 2 billones de bolívares. Considerando este concepto ampliado del gasto, el nivel del mismo podría alcanzar a casi 25% del PIB (ver Cuadro N° 1). Si se examina con más detalle dónde el Ejecutivo Nacional esta proponiendo los ajustes fundamentales, se nota con claridad que estos se concentran en las transferencias corrientes y de capital a las regiones. Estas transferencias pasan a representar pasan a representar, en la propuesta del nuevo presupuesto, el 12,2% del PIB y 54,1% del total de gastos, en contraste con el presupuesto actual donde alcanzan el 15,1% del PIB y 62,5% de los gastos (sin incluir "erogaciones sin afectación presupuestaria") Cabe destacar, adicionalmente, que los gastos corrientes aumentan su participación relativa en la estructura del gasto en detrimento de los gastos de capital. La inversión directa del Gobierno Central sigue siendo de relativa poca importancia con respecto a los gastos totales (4,2 %), aunque debe acotarse que en términos reales, de cumplirse los supuestos inflacionarios gubernamentales, se incrementaría en 29 %. Muy probablemente el Ministerio de Finanzas tendrá que corregir al alza los aportes a las gobernaciones y alcaldías, así mismo el aumento salarial está muy por debajo de las expectativas del sector laboral. Téngase en cuenta que aquí tampoco se están incluyendo gastos adicionales que podrían financiarse con la transferencia de utilidades cambiarias desde el Banco Central de Venezuela ( BCV). En síntesis, muy probablemente, los niveles de gasto del gobierno central durante el 2001 terminarán siendo muy similares a los de este año y bastante superiores a los que se alcanzaron en el anterior quinquenio. El déficit fiscal y las necesidades de financiamiento En el Cuadro N° 2 se presentan los resultados esperados de la gestión fiscal con base en las estimaciones oficiales. Tanto el déficit primario como el fiscal en el 2001 serían mayores en casi 1% del PIB a los que se calculan para el 2000. Si consideramos los gastos "sin afectación presupuestaria", el déficit fiscal podría elevarse hasta 7,5% del PIB. Este incremento del resultado deficitario es consecuencia, como ya se explicó, del insuficiente ajuste en el nivel de gasto ante la caída esperada en los ingresos ordinarios. Como el Gobierno prevé pagos por amortización de deuda pública interna y externa que ascienden a los 3,5 billones de bolívares, sus requerimientos financieros estarían en el orden de 11,6% del PIB, superando en casi 3 puntos las ya históricamente elevadas necesidades del 2000. Con el objeto de cubrir las necesidades de financiamiento previstas, el Gobierno se plantea recurrir al endeudamiento público por un monto equivalente a unos 11.400 millones de dólares, además de utilizar recursos acumulados en el FIEM por un monto de unos 2.300 millones de dólares. Aunque no se han establecido metas precisas con relación a cuanto obtener en el mercado interno y cuanto en el externo, se presume que la mayor presión se ejercerá en el mercado financiero nacional. Esta hipótesis se basa en la aún reducida accesibilidad que tiene el país al crédito externo a costos razonables. Venezuela sigue siendo castigada con una elevada prima por riesgo, si se tiene en cuenta el boom que están experimentando sus ingresos ante la favorable coyuntura petrolera y la mayor estabilidad política que se ha alcanzado una vez que finalizó la fase crítica del ciclo político electoral. Es importante señalar que el stock de deuda interna ha crecido en forma vertiginosa, esperándose que se multiplique su nivel por seis en apenas tres años. Esta situación está planteando serios retos a la gestión fiscal futura por la incidencia que tendrá el servicio (un gasto rígido), sobre el nivel de egresos. Sí consideramos que el Gobierno puede disponer discrecionalmente de recursos adicionales procedentes del FIEM e, incluso, hacer que el Banco Central le transfiera utilidades cambiarias acumuladas por el instituto emisor como reservas de capital, el nivel de endeudamiento podría ser finalmente bastante menor al previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto. La reversión de la bonanza de recursos petroleros es quizás el más temible de los riesgos con que se enfrenta el país en tiempos como estos. En el pasado la transmisión de la volatilidad petrolera hacia la gestión fiscal y las variables macroeconómicas se ha traducido en altos costos para la economía del país. El Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), diseñado en un principio como un mecanismo institucional para atender y amortiguar las caídas y alzas del ingreso petrolero, se mantiene a la fecha con recursos muy por debajo de lo previsto por las reglas de acumulación estipuladas en la reforma de la Ley del año 1999. Estos recursos están además sometidos al uso discrecional del ejecutivo y una buena prueba de ello lo constituye la estimación que se hace en el proyecto de Ley de Presupuesto de financiar el déficit fiscal del año 2001 con parte de estos recursos, sin que existan aún las condiciones naturales de desembolso. De acuerdo a la ejecución fiscal del segundo semestre del año 1999 (cuando entró en vigencia la reforma del FIEM) el fondo ha debido acumular recursos por el año 1999 en un monto cercano a los 2.800 millones de dólares. Adicionalmente, y tomando como cierto que el aporte fiscal petrolero para este año será de 11.580 millones de dólares (como ha anunciado el ejecutivo) y tomando el precio de 24,5 dólares por barril exportado y exportaciones de 2,8 millones de barriles diarios, el FIEM debería acumular por este año cerca de 6.683 millones de dólares. Es decir, de acuerdo a las reglas de acumulación que el mismo ejecutivo modificó en la Ley Habitante que se pidió en 1999, para diciembre del año 2000 el FIEM debería acumular cerca de 9.500 millones de dólares.

Es evidente que la regla ha resultado excesivamente frugal y la realidad es que hasta la fecha el FIEM sólo cuenta con recursos por 2.919 millones de dólares. Ya el ejecutivo ha anunciado que retirará 2.299 millones para atender las necesidades de financiamiento del presupuesto 2001. De acuerdo a la ejecución presupuestaria de este año los aportes al FIEM estarían haciéndose paralelamente a la colocación de deuda pública interna, lo cual es un contrasentido si se comprende que un mecanismo como el FIEM lo que busca es precisamente evitar que ante cambios en los ingresos petroleros se recurra a ajustes bruscos en el endeudamiento o en el gasto. Si bien sabemos cuanto espera el ejecutivo sacar del fondo el próximo año, no conocemos cuanto estima aportar. De hecho no hay información en el Proyecto de Ley de Presupuesto sobre los resultados esperados del FIEM para el año 2001. Téngase en cuenta que en un escenario petrolero adverso, dónde no se den nuevos aportes al fondo, el país contaría con sólo 620 millones de dólares para enfrentar tal choque. En conclusión del Proyecto de Presupuesto preocupan, fundamentalmente, los siguientes aspectos: la insinceridad en el cálculo de los ingresos ordinarios y extraordinarios, la rigidez del gasto y la evidente insuficiencia de los ingresos ordinarios para cubrir estos requerimientos, la velocidad a la que se esta acumulando la deuda interna y los evidentes errores de diseño del FIEM, Todos estos elementos siguen arrojando dudas sobre la sostenibilidad del equilibrio fiscal y ponen en tela de juicio la capacidad fiscal para afrontar un, muy probable, shock petrolero adverso.

La política monetaria de 1994

La política monetaria que precedió la devaluación de diciembre de 1994. El Banco de México ha defendido su actitud diciendo que la oferta monetaria no hizo más que adaptarse a la demanda. Respecto a la sustitución de valores, sostiene que constituyó un mecanismo eficaz para enfrentar el nerviosismo de los mercados, originado fundamentalmente por acontecimientos de tipo político. El objetivo de este trabajo es participar en esta controversia, proponiendo una hipótesis de interpretación al comportamiento seguido por el Banco de México En México, el llamado candado de divisas se incorporó desde la ley fundadora del Banco de México en 1925. Dicha ley impuso a las autoridades monetarias la obligación de conservar en reservas de divisas por lo menos el 50% de sus billetes en circulación, además de un límite de billetes por número de habitante. Más tarde, en la ley orgánica del mismo banco de 1936, la reserva mínima pasó a ser del 25%, porcentaje que permaneció hasta 1984, para luego desaparecer de la legislación monetaria.5 En este sentido, consideramos que el candado de divisas que permaneció durante muchos años en la legislación mexicana no constituía meramente una "influencia tardía" del patrón oro: era una opción a una política discrecional que en su ausencia dejaba en libertad a la autoridad monetaria para determinar la política que considerara conveniente para cada coyuntura.

En el caso de México, en particular en los tres últimos trimestres de 1994, la relación entre las variaciones en las reservas y las correspondientes a la oferta monetaria son por lo menos sorprendentes: la oferta monetaria crecía mientras las reservas disminuían. Al final del año las reservas disminuyeron a un nivel en el que la devaluación resultó inevitable. Para las autoridades del Banco de México la política monetaria que siguieron durante todo el periodo que precedió a la devaluación está plenamente justificada. Para éstas fueron factores de tipo político, más que económico, los que explican los movimientos especulativos y finalmente la devaluación de diciembre de 1994. Sin embargo, antes de evaluar en su conjunto esta conclusión, conviene retomar la relación entre las variaciones de las reservas y la política monetaria. Para ello nos apoyaremos en la experiencia de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX.

1994 debía ser un año de recuperación económica a partir del dinamismo en la inversión, sobre todo privada, y de un presupuesto público moderadamente expansionista. Las elecciones presidenciales previstas para agosto de ese año hacían necesario remontar la desaceleración de 1993, que generó un crecimiento en el PIB de sólo 0.5%. Respecto a la inflación, el gobierno se proponía continuar los esfuerzos de los años anteriores, incluyendo la utilización del tipo de cambio como ancla para estabilizar los precios. Esto último a pesar de que el peso había perdido una parte importante de la ventaja cambiaría que lo había caracterizado en los últimos años.

Sin embargo, a partir de marzo, en particular luego del asesinato del candidato del PRI a la presidencia, se planteó con mayor agudeza el dilema siguiente: i) mantener el desliz anunciado y por lo tanto conservar el tipo de cambio como precio ancla en la lucha contra la inflación, o II) ampliarlo, reconociendo oficialmente el rezago que se había acumulado, aprovechando que se tenían todavía reservas considerables. Con la segunda opción se habría buscado, también, una disminución en el déficit de la balanza comercial. Como se sabe, las autoridades optaron por la primera opción.

Plan nacional de desarrollo de 1995-2000

Para este periodo fue promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que favorezca la soberanía nacional y redunde a favor tanto del bienestar social de todos los mexicanos, como de una convivencia fincada en la democracia y la justicia.

Una taza de crecimiento económico elevada fue condición esencial para impulsar el desarrollo del país en todos sus aspectos.

La mayor urgencia fue alcanzar un crecimiento económico dinámico y sostenido, creada por la necesidad de crear empleos que demanda el incremento de la población económicamente activa.

El desafío de México no fue solo reducir el desempleo abierto, sino mejorar la calidad del empleo, mediante la generación de oportunidades de trabajo bien remunerado en el sector formal de la economía. De ahí que una meta del plan nacional fuera que, una vez superada la crisis financiera actual y consolidada la recuperación económica, se alcancen tazas sostenidas de crecimiento económico superiores al 5% anual.

El crecimiento sostenido de la economía del empleo y de los ingresos del campo y de la ciudad, requirió de la inversión para aumentar la infraestructura, las instalaciones y la maquinaria para la producción de todos los sectores económicos.

Para alcanzar sostenidamente las tazas anuales de crecimiento económico superior al 5%, la inversión total fue exceder anualmente el 45 del PIB. Fincar esa inversión de manera que el ahorro externo sea un sano complemento y no un sustituto del ahorro nacional, requirió este último aumente significativamente. El crecimiento económico dependió no solo del esfuerzo de inversión y ahorro, sino de la eficiencia con que se utilizaron los medios de producción y la mano de obra.

En general se buscó alargar el plazo promedio de vencimiento de la deuda pública respecto a su nivel actual y se fomentó el desarrollo de un mercado amplio de los instrumentos de deuda pública de largo plazo.

La política cambiaría, es complementaria ala política monetaria. Por ello, para lograr una mayor eficacia de ambas, fue necesario mantener una estrecha coordinación entre las autoridades responsables de ellas: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el banco de México.

La adecuada conducción de la política monetaria constituye un factor fundamental para el logro de los objetivos que propuso este plan en materia de estabilidad en el nivel de precios y de un crecimiento de la economía sano y sostenido. Esta política influyó de manera preponderante en el comportamiento de los precios que constituyen un punto de referencia para toda la actividad económica. Por ello, en la medida en que dicha política consiguió crear un clima de estabilidad y confianza, contribuyó a la generación de ahorro interno y a la inversión en proyectos productivos.

La responsabilidad de conducir la política monetaria correspondió, por mandato constitucional, al banco de México, quien estuvo obligado a procurar como objetivo prioritario ola estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Cabe recordar que para asegurar la autonomía del banco en esta materia y el texto constitucional establece lo que ninguna autoridad podrá ordenarle que conceda financiamiento. Bajo estas circunstancias el manejo del crédito interno en forma predecible y congruente con la evolución del resto de la economía habrá de constituirse en un eje más importante para inducir la estabilidad de los precios Para hacer frente a la situación económica que se vivía en el país, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1995-2001) se puso en marcha un programa económico que tuvo los siguientes objetivos:

Para evitar la quiebra del sistema financiero y el desmantelamiento del aparato productivo. Reestructurar el perfil de la deuda para reducir la vulnerabilidad de la economía y estabilizar los mercados financieros. Contener los efectos inflacionarios de la devaluación, evitando caer en una espiral precios, tipo de cambio. Procurar un ajuste ordenado de la cuenta corriente. Mitigar los efectos de la crisis sobre el empleo. Sentar las bases para una pronta recuperación.

Las medidas de política económica instrumentadas para lograr estos objetivos fueron:

Referente a la política fiscal fueron reducir la dependencia del ahorro del exterior y procurar un ajuste ordenado de la cuenta corriente, durante 1995 fue necesario fortalecer el ahorro público. En este sentido, el fortalecimiento de las finanzas públicas a través de un balance superávit ario evitó mayores presiones sobre los mercados financieros. Además, dicho fortalecimiento ha impedido que las finanzas públicas se conviertan en una fuente de presión al alza en las tasas de interés.

Es importante subrayar que la estricta conducción de la política fiscal contribuyó a que el ajuste en la cuenta corriente se realizara de manera ordenada, de tal modo que el ajuste se diera principalmente por el aumento de las exportaciones y una reducción moderada de las importaciones. De no haberse actuado así, la cuenta corriente se habría ajustado de cualquier forma, pero con un costo aún mayor sobre la planta productiva. En cambio, ha sido posible absorber rápidamente el impacto de la depreciación cambiaría y evitar un proceso hiperinflacionario.

Por lo tanto para que se creo para el sector público y el privado un Fondo de Estabilización Cambiaría con el apoyo de las autoridades financieras estadounidense, esto para enfrentar los vencimientos de la deuda, de los organismos financieros internacionales de los que México es Estado Miembro de pleno derecho y con socios comerciales. En particular, esta estrategia permitió cubrir los vencimientos de Tesobonos, que a principios de año ascendieron al equivalente de 29 mil millones de dólares. La deuda pública interna se redujo como proporción del PIB debido a la amortización de Tesobonos y el balance fiscal superávit ario, al pasar de 13 por ciento del PIB en 1994 a 7 por ciento al cierre de junio de 1995. Por su parte, la deuda externa neta presentó un ligero aumento de 32 a 33 por ciento del PIB en el mismo periodo, como resultado del uso de recursos del paquete de apoyo financiero internacional para refinanciar la amortización de los Tesobonos y por la variación en la paridad. Estos porcentajes se comparan muy favorablemente con los que registran otros países de la OECD. El perfil de vencimientos de la deuda pública ha mejorado de manera significativa. A finales de 1994, la deuda pública de corto plazo con rendimientos indicados a la paridad, representaba el 33 por ciento de la deuda pública total denominada en moneda extranjera. A fines de 1995, este porcentaje se habrá reducido a 8 por ciento. La estructura de vencimientos de deuda es más favorable. Los vencimientos que se tendrán para 1996 son 78 por ciento menores a los de 1995, al pasar de un total de 41 mil 400 millones de dólares en 1995 a sólo 8 mil 900 millones de dólares en 1996. La mayor parte de estos vencimientos corresponde a fuentes de financiamiento no de mercado; esto es, créditos bilaterales y de organismos financieros internacionales, que se refinanciaron de manera automática de acuerdo a los programas preestablecidos con los organismos financieros en cuestión. Por esto se pusieron en marcha programas para proteger el empleo y aliviar así el impacto de la crisis. En particular, se inició un Programa Especial de Empleo Temporal y un Programa Especial de Conservación de Caminos Rurales, los cuales están dirigidos especialmente a aquellas zonas en donde los efectos de la crisis han sido mayores. Asimismo, los programas de capacitación laboral, particularmente el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados (PROBECAT) y el programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), se ampliaron en 40 por ciento.

El programa de ajuste en 1995 se vio complementado con una aceleración y profundización de las medidas de cambio estructural, encaminando a la economía mexicana hacia un proceso de crecimiento sostenido que genere más y mejores empleos. Entre las acciones que en esta materia se realizaron el presente año destacan las siguientes:

Como consecuencia de la crisis, los deudores enfrentaron un aumento importante en el servicio de su deuda y, en el caso de las empresas, además una caída en la demanda de sus productos. La presión sobre los flujos de liquidez que esto ocasionó sobre los deudores, se tradujo en un aumento de la cartera vencida que afectó el balance de las instituciones bancarias.

Como parte de la estrategia para superar la crisis y sentar las bases de una recuperación sólida y perdurable de la economía, se han puesto en marcha diversos programas de saneamiento financiero para romper este círculo vicioso, y así, apoyar a los deudores e inducir la capitalización de la banca.

Una parte importante de estos recursos será destinada a cubrir anticipadamente el costo fiscal del ADE, tanto en 1995 como en 1996 (13 mil 400 millones de nuevos pesos).

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) A través de este Fondo se apoya el saneamiento de las Instituciones Financieras. El Fondo recibe en propiedad o garantía la participación accionaría correspondiente al apoyo otorgado. Mediante este mecanismo se ha apoyado a diversas Instituciones, entre las que destacan los bancos Unión, CREI, Obrero y Banpaís.

FOBAPROA también ha apoyado a ciertas instituciones a través del Programa de Capitalización Temporal PROCAPTE. Mediante este programa se adquieren obligaciones subordinadas convertibles forzosamente en acciones en caso de que aquéllas no sean cubiertas dentro de determinados plazos. Actualmente permanecen en este programa sólo tres instituciones. Otras que se acogieron a este apoyo ya han liquidado las obligaciones a su cargo.

Considerando los apoyados otorgados a las instituciones bancarias y a las casas de bolsa, a la fecha, el costo fiscal total estimado es de 32 mil mnp, lo que representa el 1.9 por ciento del PIB.

El costo fiscal que podría generar el programa de reestructuración, ascendente en valor presente, a 14 mil 100 mnp. Este monto equivale al 0.9 por ciento del PIB estimado para 1995.

De esta manera, el costo fiscal remanente de los programas de saneamiento financiero y autopistas concesionadas asciende, en valor presente, a 56 mil 200 mnp, que equivale al 3.4 por ciento del PIB estimado para 1995.

En el primer semestre del presente año se observó una reducción en los niveles de la actividad económica. En el segundo trimestre de 1995, el PIB registró una reducción anual de 10.5 por ciento, mientras que en el primer trimestre del año la reducción fue de 0.8 por ciento. De esta forma, la caída anual promedio del PIB en el primer semestre del año ascendió a 5.8 por ciento. Ante la caída de la demanda interna de la economía, el empleo en el sector formal se redujo en el presente año, muy señaladamente durante el primer semestre. En particular, el número de trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los primeros nueve meses del año se redujo en poco más de 900 mil. Sin embargo, los indicadores disponibles para el segundo semestre del año muestran que durante los últimos meses se ha frenado el incremento en la tasa de desempleo abierto, situándose ésta en octubre en 6.8 por ciento, mientras que la pérdida de empleos en el sector formal de la economía se ha comenzado a revertir. Destaca el hecho de que entre agosto y octubre se presentó un incremento de cerca de 79 mil asegurados permanentes en el IMSS. De este incremento, 75 mil correspondieron sólo al mes de octubre. En contraste, en el periodo enero-julio este indicador había registrado una pérdida mensual promedio de 70 mil 805 plazas de trabajo.

Ante la drástica caída en la captación de ahorro externo, la reducción ordenada del déficit de la cuenta corriente, se constituyó como un objetivo fundamental de la estrategia económica para 1995. Los resultados para el primer semestre de 1995 confirman la consecución de esta meta. En dicho periodo, la cuenta corriente registró un déficit de 620 millones de dólares, cifra inferior en 13,197 millones de dólares a la observada en el mismo periodo de 1994. Cabe señalar que en el segundo trimestre del presente año la cuenta corriente presentó un superávit de 455 millones de dólares.

Desde el mes de mayo se registraron tendencias decrecientes de la inflación. Esto refleja el hecho de que el impacto sobre la tasa de crecimiento de los precios de la depreciación del tipo de cambio, el ajuste en los precios y tarifas públicos y el aumento en la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA), hayan sido absorbidos en los primeros meses del año 1994. Al cierre de octubre, el incremento acumulado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor ascendió a 43.6 por ciento.

Las perspectivas de crecimiento de 1996 estuvieron basadas en los avances logrados durante dicho año. 1995 fue un año de ajuste, en general, se puede decir que la política económica tuvo que enfrentar dos tipos de problemas: primero, uno de flujos, en donde se hizo necesario corregir de manera ordenada un déficit en la cuenta corriente que era claramente insostenible. Segundo, uno de acervos, donde el abultado perfil de vencimientos de la deuda, tanto pública como privada, condujo a una crisis de liquidez.

Para 1996 se dan diversas influencias para mejorar: la Recuperación de la economía, Promoción del empleo, Consolidación de la estabilidad en los mercados financieros, Abatimiento de la inflación. El eje que articuló los distintos instrumentos de política económica de 1997 fue el de la reactivación económica, en un contexto de consolidación de la estabilidad en los mercados financieros y de reducción de la inflación. La reactivación, además, dio lugar a un proceso perdurable de crecimiento. La política económica evitó la reincidencia de desequilibrios tanto internos como externos, que se tradujeron en presiones inflacionarias o en déficit insostenibles en la cuenta corriente. Era necesario que el crecimiento se apoyara en el ahorro interno y en el cambio estructural de la economía. Esta era la única manera de que el crecimiento eleve los niveles de vida de la población.

Es importante destacar que después de un periodo de contracción económica, el potencial productivo es superior al nivel de actividad y, por ello, la recuperación se apoyó, en la reactivación en cada uno de los componentes de la demanda agregada, conforme se fueron consolidando el dinamismo de la demanda y se alcanzaron niveles superiores de utilización de la capacidad instalada, también fue necesario impulsar una expansión de dicha capacidad. Sólo con una adecuada correspondencia entre el crecimiento de la demanda agregada y la capacidad productiva, se pudo mantener los equilibrios fundamentales que aseguraron la persistencia de la expansión de la actividad económica y la generación de empleo, a la vez que se promovió la estabilidad de precios.

Equilibrio presupuestal: La solidez de las finanzas públicas contribuyó de manera importante a la estabilización de los mercados financieros, en virtud de que se evitaron presiones sobre la demanda de fondos prestables. Esta línea de acción se tradujo en una disminución gradual de las tasas de interés en el mercado financiero. De hecho, el financiamiento de la inversión pública con ingresos propios de constituyo, un esfuerzo considerable de ahorro. Ingresos públicos: La política tributaria constituyo un estímulo adicional a la inversión y a la contratación de nuevos trabajadores. La simplificación administrativa se tradujo en una disminución de los costos que enfrentaban las empresas, particularmente las de menor tamaño. De este modo, la política tributaria estimulo significativamente la inversión productiva. Gasto público: El aumentar la participación del gasto en inversión dentro del gasto programable, y al promoverse la eficiencia con que se ejerce, pudo detonarse mayores volúmenes de inversión privada. La calendarización del gasto, pudo ser más pronunciada en la primera parte del año en relación con su comportamiento habitual, también se dio continuidad al estímulo iniciado en este sentido durante el último trimestre de 1995. Las finanzas públicas desempeñan un papel central en la estrategia de la recuperación económica, tanto a través de la composición de sus ingresos y egresos, como a través de su nivel y su calendarización a lo largo del año. La política de gasto público comprende dos estrategias: la primera, orientada a apoyar la estabilidad de los mercados financieros a través de un adecuado nivel acorde a los ingresos públicos; la segunda con el propósito de elevar tanto la inversión pública como la privada, y se sustentará en una recomposición del gasto público en favor de la inversión y el gasto en desarrollo social.

El compromiso adquirido de un equilibrio presupuestal, así como la firme conducción de la política monetaria, apoyando la reducción de la dinámica inflacionaria. De esta manera, se estimo que en 1996 la inflación, medida a través de la tasa de crecimiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor, seria de 20.5 por ciento.

En lo que respecta a la inversión total, presento un incremento real anual de 4.0 por ciento durante 1996. Esta cifra implica una recuperación muy moderada cuando se le compara con la contracción que este rubro se esperaba al cierre de dicho año, que es de 27.4 por ciento. Cabe señalar que tanto el gasto de capital del sector privado como del sector público mostraron variaciones reales positivas del orden de 4.0 por ciento y 3.9 por ciento, respectivamente. El aumento de la formación bruta de capital del sector privado fue el resultado de varios factores.

En 1997, el objetivo de reducir la inflación, junto con unas finanzas públicas sanas, dio como resultado un entorno económico de mayor estabilidad, lo cual contribuirá a la generación del ahorro interno y, al mismo tiempo a detonar la inversión productiva.

El Presupuesto de Egresos para 1997 estubo basada en supuestos realistas que garantizaban el cumplimiento de los objetivos planteados.

El déficit fiscal propuesto es resultado de un esfuerzo fiscal importante:

•  Las presiones adicionales a las finanzas públicas derivadas tanto de la reforma a la seguridad social (0.67% del PIB) como del pago de intereses de los programas de alivio a deudores y saneamiento financiero (0.35% del PIB) ascienden a 1.02% del PIB. Esta cifra implica un esfuerzo fiscal muy significativo con el fin de alcanzar un déficit de sólo 0.5del PIB.

• El déficit fiscal estimado implica un superávit primario así como un superávit operacional:

– Excluyendo el costo de la reforma al sistema de seguridad social, el superávit primario asciende a 4.04% del PIB, lo que representa un incremento de 0.47 puntos porcentuales respecto a 1996.

– Incluyendo el costo de la reforma al sistema de seguridad social, el superávit primario asciende a 3.37% del PIB.

•  - Se espera que el superávit operacional ascienda a 0.48% del PIB. Lo anterior muestra el esfuerzo de ahorro público, al reducirse el saldo de la deuda interna en términos reales.

Los principales supuestos del paquete fiscal para 1997 son los siguientes:

El propósito central de la política económica de la presente Administración es crear condiciones perdurables para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Es decir, condiciones que permitan la creación de oportunidades crecientes de empleo bien remunerado y que posibiliten la atención integral de las necesidades básicas de la población, en especial las de los grupos más desprotegidos. Un crecimiento económico vigoroso y sostenido, con estabilidad de precios, es la condición fundamental para dar sustento a este propósito. Sólo con un crecimiento continuo de la producción, se crearán los empleos necesarios para atender plenamente la creciente oferta de trabajo. Asimismo, sólo con un crecimiento sostenido se pueden generar los recursos necesarios para que el Estado pueda cumplir con sus ineludibles responsabilidades sociales. Durante 1999,Actualmente la política económica enfrentará el gran reto de seguir procurando tan importante propósito en un entorno incierto, por lo que sus objetivos serán:

Estrategia de política económica en 1999

Los elementos principales de la estrategia de política económica para 1999 fueron los siguientes: