Pasado y presente de la deuda externa de América Latina (página 6)

2º Por otra parte, las propuestas de abolición de la deuda también se apoyaron en otras consideraciones, que apuntan a la posible ilegalidad de los contratos de préstamo. Algunas de esas consideraciones son: la revocación de los contratos por causas de "fuerza mayor", al volverse imposible su cumplimiento por los cambios ocurridos en las condiciones económicas que existían cuando fueron firmados, cambios que además estaban fuera de toda previsión y cuya ocurrencia no es atribuible a los deudores;[347] el reconocimiento de que en distintos países como Nicaragua y los del Cono Sur la mayor parte de la deuda externa fue contratada por gobiernos dictatoriales y porciones importantes de ella fueron utilizadas con fines represivos y para provecho personal de los círculos gobernantes;[348] y, la improcedencia de las cláusulas de "intersección de moratorias" y de las relativas a la juridicción y al derecho aplicables al contrato, las cuales establecían de hecho una renuncia a la inmunidad de los Estados deudores latinoamericanos.[349]

En lo que respecta a la ausencia de moratorias, revisaremos algunas de las consideraciones que han estado presentes a favor y en contra de la decisión de continuar pagando, cuestión ésta que ha sido abordada por varios autores,[350] si bien dicho abordaje lo han realizado desde muy distintas perspectivas, tomando en consideración diferentes elementos y arribando a conclusiones también muy diversas.

Para desarrollar nuestra revisión, distinguiremos dos niveles en que se han desenvuelto los análisis: por una parte, los efectos de la moratoria sobre la economía mundial y los bancos acreedores; por otra parte, los efectos de la moratoria sobre la economía deudora. Luego de abordar el tema a esos dos niveles, concluiremos entregando algunas observaciones referidas a la moratoria y el "interés nacional".

En lo que respecta a los efectos de la moratoria sobre los acreedores y la economía mundial, en contra de cualquier acción unilateral se han esgrimido consideraciones según las cuales una moratoria generalizada habría puesto en peligro a la economía mundial sobre todo en los años inmediatos posteriores a 1982, llevando a la quiebra a un número importante de bancos acreedores, introduciendo una fuerte inestabilidad en el sistema financiero y afectando gravemente los niveles internos de actividad de las economías desarrolladas.

Así, para The Economist[351]"se derrumbaría el sistema financiero"; para CEPAL[352]"estaban dadas las condiciones objetivas para un colapso financiero internacional"; para M. Wionczek[353]estaba en juego "el futuro de todo el tambaleante sistema financiero internacional"; para R. Wienert[354]"podría desplomarse el sistema bancario hundiendo al mundo en una depresión que duraría una década o más"; etc.

En favor esas opiniones, ha estado el hecho de que, a diferencia de los años 30 en que el endeudamiento regional consistía en bonos por lo que el efecto de la moratoria se distribuía entre un gran número de particulares, el endeudamiento de los años 70 consistió principalmente en créditos bancarios, por lo que el efecto de una moratoria golpearía directamente a los bancos acreedores y, a través de ellos, al corazón del sistema financiero.[355]

Sin embargo, no son pocas las opiniones mismas que compartimos que han cuestionado los argumentos recién planteados, y en particular la supuesta gravedad de una moratoria sobre los bancos acreedores y el sistema financiero internacional, no sólo para la segunda mitad de los ochenta en que, según veremos posteriormente, los bancos ya se habían puesto a resguardo de los posibles efectos de una moratoria sino incluso para el periodo en que estalló la crisis de la deuda.[356]

Una de las argumentaciones más completas acerca de la posibilidad de minimizar los efectos de una moratoria sobre la economía estadounidense así como de otros aspectos, que veremos posteriormente ha sido hecha por A. Kaletsky[357]En relación a este punto, Kaletsky revisó los efectos de una moratoria sobre las exportaciones y sobre el sistema bancario estadounidense y, bajo el supuesto de que el país deudor asumiera un "incumplimiento conciliador" y de que el gobierno de EE.UU. actuara con capacidad, con pragmatismo y sin adoptar represalias, concluyó que la pérdida de exportaciones podía ser evitada por completo y que los efectos sobre el sistema bancario, si hubiera un activo apoyo gubernamental, podían reducirse sólo a pérdidas para los accionistas de algunos de los bancos más importantes, las que además podrían estar repartidas en un largo periodo.

En lo que respecta a los efectos de la moratoria sobre la economía deudora, probablemente es el punto al que se ha prestado mayor atención, y el que más ha influido en las argumentaciones a favor de la continuidad de los pagos.

Entre las consideraciones en contra de la moratoria, se ha destacado el que ella daría lugar a una suspensión de créditos por parte de la banca internacional, y el que esa suspensión duraría un largo tiempo dada la reticencia de los bancos a involucrarse nuevamente en países con antecedentes de incumplimiento. En tal sentido, Kaletsky[358]habla de "diez años o más" y Kindleberger sugiere que transcurrirían tres décadas para que la banca reanude préstamos a un deudor moroso.[359]

Asimismo, la discusión sobre los efectos de una moratoria para la economía deudora se ha centrado en las represalias a que ella se vería sometida. Las opiniones que al respecto parecen haber dominado, han apuntado a que las represalias serían múltiples y muy graves y a que ninguna economía deudora estaría en condiciones de afrontar esos costos y, por tanto, de mantenerse en moratoria.[360]

Sin embargo, también en relación a los efectos de la moratoria para la economía deudora ha habido análisis claramente opuestos a los dominantes, y también en este caso uno de esos análisis opuestos ha correspondido a A. Kaletsky. En el libro de ese autor que ya hemos citado, se revisan detenidamente las sanciones a que se podría ver sujeto el país que declarase una moratoria y, siempre bajo el supuesto de una "falta de pagos conciliadora", distingue del lado acreedor las sanciones legales privadas, las sanciones privadas no judiciales y las sanciones que pudieran aplicar los gobiernos acreedores. De dicha revisión, A. Kaletsky desprende lo siguiente:

– Respecto de las sanciones legales privadas, "[…] los sistemas legales occidentales proporcionarían a los acreedores muy pocas posibilidades para obstaculizar el comercio de un país moroso o impedir que otros comerciaran con él".[361] Por una parte, a pesar de la renuncia a la inmunidad soberana que haya hecho el deudor, es probable que con base en la Doctrina del Acto de Estado[362]los tribunales de EE.UU. se nieguen a juzgar los actos de gobiernos morosos; en segundo lugar, y aún cuando se emita una sentencia en contra del gobierno moroso, están los problemas para que dicha sentencia sea ejecutada, dado que en definitiva son muy pocos los bienes de ese gobierno que podrían ser sujetos de embargo[363]y la concreción de esos embargos implicaría altos costos legales para los bancos acreedores. De lo anterior, A. Kaletsky concluye que "[…] las sanciones legales de que puede echar mano un acreedor privado no parecen ser un argumento determinante en el momento en que un deudor soberano decide incumplir."[364]

– Respecto de las sanciones privadas no judiciales, para A. Kaletsky "es importante identificar aquellos intereses que tienen la capacidad de imponer sanciones, determinar cuales son sus motivaciones y sus posibilidades de acción"[365]. Sobre esa base, identifica cuatro grupos: los acreedores de mediano plazo que serían los directamente afectados por la moratoria, los inversionistas en capital, los comerciantes de bienes y servicios no financieros y los proveedores de financiamiento para el comercio exterior. Luego de concluir que la actitud de los inversionistas de capital dependerá no de la moratoria sino de las perspectivas a largo plazo existentes en la economía deudora, destaca la posible interrupción del financiamiento al comercio exterior del país deudor, por considerar que ella "podría resultar la sanción más grave en contra de los deudores morosos …"[366]. Sin embargo, considera que eso podría evitarse si el país moroso mantiene el pago hacia sus acreedores comerciales, logrando así que no cierren sus líneas crediticias.

– Las sanciones de los gobiernos acreedores que Kaletsky ejemplifica con el gobierno de EE.UU. son las que tendrían una mayor capacidad de hacer daño a la economía deudora.[367] Sin embargo, el que el gobierno efectivamente aplique esas sanciones estaría determinado por tres grupos de consideraciones: "las repercusiones sobre su propia economía; el efecto sobre los diversos grupos de votantes, y las consecuencias para los intereses económicos políticos e ideológicos del país moroso y del mundo en general."[368]

Su opinión respecto a las repercusiones sobre la economía de EE.UU., ya la presentamos: si el gobierno de ese país actuara con la flexibilidad necesaria, las pérdidas serían mínimas y estarían limitadas sólo a los accionistas de los mayores bancos acreedores.

En cuanto a los votantes, desarrolla su análisis en dos niveles. Al nivel de los grupos más directamente interesados, no estarían a favor de las represalias las empresas multinacionales con filiales en el país moroso y los grupos empresariales internos que realizan importaciones desde aquel país, y sí estarían a favor de aplicar sanciones los bancos acreedores pequeños y medianos no necesariamente los grandes, que intentarían cuidar sus inversiones de capital en el país moroso y que serían los más perjudicados si la moratoria se transforma en un repudio total de la deuda y los productores internos que compiten con las importaciones del país moroso, aunque en este último caso hay que tener presente que la mayor parte de las exportaciones latinoamericanas hacia Estados Unidos son materias primas que no compiten con producción nacional.

Al nivel de la opinión pública en general, si las medidas tomadas por el gobierno evitan que la moratoria tenga efectos adversos graves sobre el público, " es muy posible que éste apoye al deudor conciliador en contra de los grandes bancos."[369]

Por último, respecto a las consideraciones sobre los intereses económicos, políticos e ideológicos del país moroso y del mundo en general, Kaletsky considera que también en ese ámbito habría motivos para que el gobierno acreedor no aplicara represalias, más aún si se considera que en la generación del problema de la deuda ha habido graves errores de imprevisión y excesos por parte de los bancos acreedores. En ese contexto, Kaletsky considera que las presiones para la aplicación de represalias tendrían que ser muy fuertes, como para que llegaran a pesar más que las consideraciones geopolíticas y que los argumentos diplomáticos.[370]

Para concluir esta breve revisión de los argumentos que se han ido vertiendo sobre la moratoria, nos interesa incorporar algunas observaciones referidas a la moratoria y el "interés nacional". Aún aceptando que una parte importante de las consideraciones que llevaron en los años 80 a no declarar moratorias, haya tenido como base a evaluaciones marcadamente pesimistas respecto de las posibles consecuencias de la moratoria en el conjunto del sistema y en la economía deudora, y aún cuando a ello le agreguemos las estimaciones equivocadas que se hicieron al inicio de la crisis en relación a la pronta recuperación en la capacidad de pago de las economías de América Latina,[371] nos parece que con esos elementos no se agota la explicación de por qué los gobiernos de la región optaron por intentar la continuidad de los pagos de la deuda.

Existe otra línea de explicación, que ha sido poco abordada,[372] y que a nuestro juicio resulta imprescindible para entender no sólo la ausencia de moratorias en la región sino también las formas específicas en que han sido llevadas a cabo las negociaciones con los acreedores por parte de los gobiernos latinoamericanos, cuestión ésta última en la cual nos centraremos posteriormente.

El punto de partida de esta línea explicativa está dado por el reconocimiento de que el "interés nacional", que se supone ha guiado a los gobiernos latinoamericanos en sus decisiones respecto al pago de la deuda, resulta ser un concepto bastante abstracto, a partir del cual son muchas las posibles estrategias, políticas y decisiones específicas que supuestamente pueden ser justificadas. En ese contexto, difícilmente se le podrá asignar un carácter neutro, o meramente técnico, a las decisiones tomadas en nombre del "interés nacional" respecto al pago de la deuda, ya sea porque se coincida con la opinión de A. MacEwan, de que "en las sociedades de clases no existe el interés nacional"[373] o, cuando menos, porque se coincida con S. GriffithJones en que el interés nacional "es un concepto demasiado agregado, dadas las complejas realidades sociales y políticas de los países deudores que se reflejan en las acciones de los gobiernos".[374]

El hecho a tener presente, por lo tanto, es que la decisión de seguir pagando expresó determinadas correlaciones de fuerzas existentes en el interior de las sociedades latinoamericanas, de tal manera que en esa decisión tuvieron una muy distinta influencia los intereses de las diferentes clases y fracciones de dichas sociedades. En particular, lo que interesa destacar es que el abandono de cualquier acción unilateral se apoyaba en una definición previa y más importante: como intentar seguir pagando y, sobre todo, con cargo a quienes desarrollar ese intento. Y, en esa definición, los directamente afectados no fueron precisamente los grandes capitales, cuya presencia era evidente en las acciones de los gobiernos de la región.

En esa perspectiva, los puntos que a nuestro juicio deben considerarse son los siguientes:

1º Desde el estallido mismo de la crisis, se hicieron notorias las direcciones que tomaría tanto el "ajuste" en general de las economías, como en particular la creación de condiciones para continuar cubriendo la mayor parte posible del servicio de la deuda. En tal sentido, a lo que ya hemos planteado respecto a la distribución interna de los "costos" de la crisis y a la reducción generalizada de la masa salarial en el total del ingreso, cabría agregar los procesos mediante los cuales distintos gobiernos latinoamericanos se hicieron cargo de una parte importante del pago de la deuda externa que había sido contratada por prestatarios privados, otorgando aval a los créditos que no lo tenían y/o vendiendo divisas a tipos de cambios preferenciales para el servicio de esas deudas.

Si bien ese proceso de "socialización de pérdidas" se dio en varios países entre ellos México[375]y Venezuela[376]probablemente alcanzó los mayores niveles en Argentina[377]y especialmente en Chile, donde según ya mencionamos se daban los mayores porcentajes de deuda privada sin garantía oficial de la región.[378]

Lejos de aprovechar ese hecho a la hora de negociar con la banca internacional, el gobierno chileno otorgó garantía pública a dicha deuda sin exigir a los acreedores ninguna concesión a cambio,[379] y junto con la garantía entregó cuantiosos apoyos al sector privado para que hiciera frente a los pagos por el servicio de sus deudas externas. Al igual que en otros países, uno de esos apoyos consistió en la entrega de dólares a un tipo de cambio preferencial, lo que por sí sólo significó una transferencia de recursos públicos cercana a los 3000 millones de dólares para el periodo 19821985.[380]

2ºAdemás de las condiciones que muy rápidamente se crearon, para que los mayores capitales actuantes en la región no cargaran sobre sí ni el peso de sus propias deudas ni los mayores costos de la crisis, otro hecho que merece ser considerado es que esos capitales, más que otros y desde luego, más que el promedio de la población tenían multitud de vínculos con los bancos y empresas multinacionales y, en general, con el conjunto del capital transnacional.

En esa perpectiva, otra diferencia entre los años 30 y la década de los 80 aparte de las mencionadas en incisos anteriores que también influyó en la continuidad de los pagos, es la relativa a los mayores grados de internacionalización tanto de los grandes capitales latinoamericanos, como de las propias burocracias estatales, punto éste que ha sido correctamente subrayado por A. MacEwan.[381]

Por tanto, y aún teniendo presente que para muchos capitales individuales latinoamericanos, la moratoria como parte de una estrategia diferente para enfrentar la crisis pudiese haber permitido no sólo mejores condiciones de acumulación, sino incluso mayores posibilidades de sobrevivencia, lo cierto es que las filiales de empresas extranjeras, los sectores que fugaron capitales,[382] la mayoría de las grandes empresas productivas y comerciales y de los grandes bancos,[383] e incluso de los sectores que se endeudaron con el exterior, tenían poco que ganar y mucho que perder con una moratoria o con otro tipo de acción unilateral que emprendieran individual o colectivamente los gobiernos de la región.

Con base en las consideraciones hasta aquí hechas, la conclusión que queremos dejar establecida es que, la valoración gubernamental respecto a la inviabilidad y a las consecuencias negativas de acciones unilaterales respecto a la deuda, con seguridad estuvo influida por la oposición que hacia ese tipo de medidas tenían algunos de los sectores más claramente representados en el aparato estatal, cuestión ésta que a nuestro juicio es de la mayor importancia a la hora de identificar los contenidos más precisos del "interés nacional" que los gobiernos defendieron en la relación con los acreedores.

Incluso, y en un ámbito más amplio, la moratoria habría constituido un elemento claramente disruptor de las nuevas formas de funcionamiento económico que a través de la crisis se han ido imponiendo en América Latina, y a las que ya nos hemos referido. En tal sentido, la ausencia de moratoria forma parte de un proyecto de economía y sociedad que es por completo diferente a aquellos proyectos alternativos en los cuales pudieran haber tenido cabida las acciones unilaterales para enfrentar el problema de la deuda externa.

4.- Las posiciones de los deudores y de los acreedores en los

procesos de renegociación

En este cuarto apartado, nos centraremos en los procesos de renegociación que se han desarrollado entre los acreedores y los gobiernos de la región. Más que un recuento pormenorizado de esos procesos, lo que nos interesa es presentar una perspectiva general de las posiciones sostenidas por los deudores y por los acreedores a lo largo de la crisis de deuda, así como identificar cual de las partes ha tenido la iniciativa y ha logrado imponer en mayor medida sus condiciones.

Respecto a esto último, creemos conveniente adelantar nuestra respuesta, ya que es en función de ella que desarrollaremos la exposición de este inciso: ha sido la parte acreedora la que ha impuesto sus condiciones en la negociación, logrando minimizar los perjuicios que para ella se podrían haber derivado de la incapacidad de pago de las economías latinoamericanas. En función de lo recién planteado, revisaremos brevemente las posiciones adoptadas por los deudores, para centrarnos después en las posiciones y acciones de los acreedores.

4.1.- Las posiciones de los deudores

En nuestra opinión, un hecho central que surge de cualquier revisión de los procesos de renegociación, es que en la práctica los deudores han estado notoriamente lejos de desarrollar una estrategia propia para enfrentar la negociación con los acreedores. Su estrategia si es que puede dársele ese nombre consistió básicamente en ir reaccionando ante las propuestas y acciones de los acreedores y, específicamente, en ir intentando conseguir las mejores condiciones posibles en el interior del marco general definido por la contraparte.

En esa ausencia de una estrategia propia, un papel central lo jugó la falta de posiciones y acciones conjuntas para enfrentar la negociación con la parte acreedora. Si bien en algunos momentos hubo intentos para formular criterios comunes, a los cuales enseguida haremos referencia, en definitiva lo que prevaleció fue que cada gobierno negoció separadamente con los acreedores, de tal manera que la posible formación de un "bloque" o "club" de deudores no pasó de ser sólo un instrumento de presión utilizado en la negociación individual.

Un breve recuento de los principales hitos a partir de los cuales se fue definiendo esa inexistencia de una posición conjunta,[384] debería incluir los siguientes dos momentos:

1ºAl anunciar México su incapacidad de pagos, en agosto de 1982, se establecieron dos tipos de precedentes.[385] En un sentido general, la negociación mexicana con sus acreedores definió el marco dentro del cual se iban a desenvolver otras negociaciones, como efectivamente ocurrió en el mismo año de 1982 con Argentina y Brasil y en los primeros meses de 1983 con Chile, Uruguay y Perú. Dicho marco, que incluyó la asignación de un papel principal a los Comités Asesores Bancarios, fue claramente desventajoso para los deudores, ya que según veremos después con más detalles implicó un marcado deterioro de los términos del endeudamiento.

En un sentido más particular, la negociación de México fue un importante paso dado en una dirección por completo diferente a la de una posible coordinación de los países deudores, dado que el gobierno mexicano enfrentó dicha negociación de manera estrictamente individual, sentando también con ello un precedente regional.

2ºDespués de estallada la crisis, el segundo periodo importante correspondió al año 1984, durante el cual se dieron los primeros intentos en la región para desarrollar posiciones conjuntas, con las reuniones de Quito en enero, y de Cartagena en junio.

En lo que respecta a la reunión de Quito, que fue convocada por el entonces Presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado, de ella resultaron una Declaración y un Plan de Acción, en los cuales había múltiples referencias y propuestas respecto al problema de la deuda externa.[386] Sin embargo, el propio O. Hurtado presentaba en 1990 el siguiente balance: "Están por transcurrir siete años y poco se ha hecho para llevar a realizaciones prácticas propuestas tan importantes. Más exacto sería decir que nada se ha hecho."[387]

En lo que respecta a la reunión de Cartagena de Indias que dio origen al "Consenso de Cartagena", las condiciones en las cuales se desarrolló parecían incluso más propicias que en Quito para que los gobiernos deudores adoptaran posturas comunes y endurecieran sus exigencias hacia la parte acreedora: Bolivia y Ecuador estaban en suspensión de pagos, hacía poco se habían producidos graves desórdenes en Santo Domingo, el nuevo gobierno argentino se resistía a llegar a un acuerdo con el FMI, y un mes antes de la reunión se produjo una nueva alza en EE.UU. de las tasas de interés.

Sin embargo, la reunión no logró mucho más que una reiteración de los "criterios básicos" establecidos en Quito, de tal manera que arrojó un balance como el que a continuación reproducimos:[388]

"[…] los gobiernos a pesar de sus posturas dispares se mostraron todos muy cautelosos. Temían que una táctica agresiva pudiera provocar pánico y represalias. El comu-nicado final de la reunión destacó la voluntad de los deudores de honrar sus deudas y de continuar dentro del sistema caso por caso (art. 8). Con las posibles excep-ciones de la Argentina y Bolivia para ese entonces cada uno de los demás países juzgó que su propio caso tenía características especiales que le garantizaban tratamien-to preferencial y que tales condiciones no podrían ser arriesgadas con imprevisibles negociaciones colectivas.

También para 1984, cabría recordar que en el contexto de la reunión anual del BID realizada en marzo en Punta del Este, y por tanto entre las reuniones de Quito y Cartagena, se produjo el préstamo de los gobiernos de Brasil, Colombia, México y Venezuela al gobierno argentino, por un monto de 300 millones de dólares, el cual se destinó "a facilitar el pago de intereses en mora antes del 31 de marzo de 1984, fecha en la cual algunos bancos habrían tenido que castigar su cartera por tener préstamos vencidos."[389]

Según el mismo documento de la CEPAL recién citado, el significado de ese préstamo fue que:

"[…] en una acción de solidaridad regional, los países latinoamericanos demostraron nuevamente su gran sentido de responsabilidad frente a sus obligaciones externas"[390]

Sin embargo, R. Feinberg hace un balance de ese préstamo con el cual coincidimos, y que es por completo opuesto al de la CEPAL:

"Cuando el gobierno de Alfonsín buscó apoyo internacional para enfrentarse al FMI y a los bancos, los principales deudores latinoamericanos, antes que alinearse detrás de Buenos Aires, tomaron partido junto a los acreedores para instar a Argentina a llegar a un acuerdo. Temiendo que una moratoria argentina pudiera dañar su propia imagen de solvencia, llegaron incluso a otorgar créditos a corto plazo para permitir a Argentina pagar sus intereses atrasados. Irónicamente, esta acción coordinada de los bancos centrales […] fue el ejemplo más destacado de `solidaridad' latinoamericana durante todo este periodo; hasta ese punto se habían comprometido los gobiernos latinoamericanos con la estrategia de los acreedores."[391]

En suma, de los intentos desarrollados en 1984 el único resultado perceptible fue la estructuración de un "discurso regional" ante los acreedores, el cual contenía un conjunto de reivindicaciones compartidas, pero negociadas por separado, por los países de la región. En tal sentido, ese "discurso" tuvo límites muy precisos, empezando por el hecho de que efectivamente fue más un discurso que una plataforma de acción. La gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos, ni individual ni colectivamente se propusieron cambiar las reglas de la negociación, de tal manera que sus objetivos se limitaron a un conjunto de modificaciones en el interior de las reglas y de los tiempos, según veremos después definidas por la parte acreedora.[392]

De entre esas reglas, la del "tratamiento caso por caso" fue una de las que más injustificadamente aceptaron los gobiernos de la región. En su afán por lograr "relaciones privilegiadas"[393], esos gobiernos transformaron la posibilidad de acciones comunes sólo en una carta de negociación; en tal sentido, los distintos análisis que al revisar las posiciones de los deudores han hecho énfasis usando la teoría de juegos en el "dilema del prisionero" y en los "pagos laterales",[394] apuntan a un hecho cierto: para los gobiernos latinoamericanos, los mayores beneficios de la "concertación regional" no se derivaron de que ella efectivamente se concretara, sino de las concesiones que los acreedores estuvieron dispuestos a otorgarles, en la negociación bilateral, para evitar que esa concertación se diera.

4.2.- Las posiciones de los acreedores

A nuestro juicio, luego de transcurridos 13 años desde el estallido de la crisis de deuda el balance del manejo de esa crisis es notablemente mejor para los acreedores que para los deudores. Para el caso de los acreedores, resulta difícil imaginar algún manejo del problema, diferente al que han hecho, y que les hubiese permitido lograr mejores resultados de los que han obtenido, lo que es particularmente válido para los grandes bancos estadounidenses los cuales, según ya vimos, eran los que tenían los mayores compromisos en América Latina.

Para revisar la manera en que los acreedores enfrentaron la crisis de deuda, distinguiremos dos horizontes de tiempo: de un lado, aquellas medidas que correspondieron al periodo inicial y, del otro lado, aquellas que fueron tomando cuerpo durante un lapso mayor.

En la etapa inmediata posterior al estallido de la crisis de deuda, el papel clave por parte de los bancos acreedores lo jugaron los Comités Asesores Bancarios, o Comités Directivos Bancarios, de cuya existencia ya había antecedentes en otras situaciones de problemas con países deudores como Perú, Jamaica y Turquía.[395] Dichos Comités, que tenían como función "examinar y administrar la reprogramación de los pagos de capital y la posible colocación de nuevos recursos bancarios para cubrir una parte de los intereses pendientes adeudados",[396] en la práctica no sólo asumieron la representación de los acreedores en los procesos de renegociación, sino que además impusieron a los deudores los contenidos centrales de esos procesos.[397]

Respecto a la estructuración de esos Comités, interesa destacar que ellos estuvieron claramente dominados por un pequeño número de bancos, y que esos bancos fueron precisamente los mismos que durante los años setenta habían canalizado hacia América Latina tanto con sus recursos como a través de la organización de créditos de consorcio los préstamos mayores y más riesgosos. Teniendo presente la exposición que hicimos en el Capítulo II de algunas conclusiones del proyecto conjunto CEPAL/CET sobre bancos transnacionales, y en particular la identificación que allí se hacía de los bancos "líderes", en el Cuadro 10 se presenta información que está referida a la estructuración de los Comités encargados por la parte acreedora de las negociaciones con siete de los países de América Latina.

CUADRO 10

RENEGOCIACION DE LA DEUDA: COMITES DE DIRECCION

DE LOS BANCOS TRANSNACIONALES EN

7 PAISES DE AMERICA LATINA*

INTEGRANTES COORDINADORES

I. LIDERES 28 6

-Citicorp 7 5

II. RIVALES 24 1

III. SEGUIDORES 16 0

IV. OTROS 14 0

T O T A L 82 7

—————————————–

* Los países son Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay.

Fuente: M. Mortimore [1989; 22].

De ese Cuadro cuyo desglose para cada uno de los siete países puede ser consultado en el Cuadro VIII del Anexo Estadístico se desprende claramente la mayor presencia que tuvieron en la dirección de los Comités Asesores los 5 bancos estadounidenses del grupo de "líderes", y especialmente el Citicorp, que encabezó dichos Comités en 5 de los siete casos considerados en el Cuadro 13.[398]

Bajo la dirección de esos bancos, en las rondas iniciales de negociación, y particularmente en las dos primeras, la parte acreedora logró imponer a los gobiernos latinoamericanos:

– El principio llamado "de rienda corta", en función del cual las negociaciones se desarrollaban en un horizonte de corto plazo, incluso año con año, buscando un rápido superavit comercial de los países deudores, bajo el supuesto de que la incapacidad de pago se limitaba a problemas transitorios de "liquidez", que podían ser superados en breve,[399] todo lo cual se apoyaba además en abundantes predicciones respecto a la pronta llegada de la recuperación y al regreso de la región al mercado financiero internacional.[400]

– Condiciones crediticias que han sido calificadas como "durísimas",[401] "sesgadas en favor de los intereses de los acreedores",[402] y "extraordinariamente onerosas",[403] y que "fueron equivalentes a las más gravosas convenidas durante la fase expansiva de la banca en los años setenta",[404] lo que incluyó "tasas de interés punitivas",[405] con "niveles absolutamente insostenibles",[406] e incrementos también muy elevados de las comisiones, cuestiones ambas que en su momento fueron consideradas como una renta monopólica obtenida por la banca, sin justificación económica.[407]

Una visión sintética del deterioro ocurrido, se presenta en el Cuadro 11. Allí se ve que en las primeras rondas de negociación las condiciones de endeudamiento empeoraron notablemente, tendiendo a mejorar sólo a partir de la tercera y cuarta ronda.

CUADRO 11

AMERICA LATINA: INDICE DE LA EVOLUCION DE LOS TERMINOS

DE ENDEUDAMIENTOCON BANCOS PRIVADOS,

POR RONDAS DE NEGOCIACION1

(1980/1981 = 100)

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

Argentina 319 — 114 40

Brasil 144 107 43 —

C. Rica 151 — 82 —

Cuba 148 93 65 —

Chile 250 151 89 50

Ecuador 335 — 107 —

Honduras 152 — 65 —

México 280 160 84 44

Panamá 274 — 79 —

Perú 197 134 — —

R. Dominicana 235 — 61 —

Uruguay 349 — 98 44

Venezuela — — 68 47

——————————————————–

1 El índice está compuesto por la comisión (C), el plazo de

amortización (A) y el margen o recargo sobre la LIBOR (M),

con base en la siguiente fórmula:

[(C1/A1 + M1)/A1] / [(C0/A0 + M0)/A0] * 100, donde el subíndice 1 se refiere a las respectivas reprogramaciones y el subíndice 0 a las condiciones de 1980-1981.

Fuente: R. Ffrench-Davis y R. Devlin [1993; 12]

– Una serie de ventajas específicas obtenidas por los bancos "líderes", que como ya se dijo encabezaban los Comités Asesores: por una parte, los honorarios que antes percibían como organizadores de los "créditos de consorcio", se mantuvieron e incluso se incrementaron pero ahora como coordinadores de la negociación por la parte acreedora;[408] por otra parte, en muchos casos lograron introducir en la negociación el que los gobiernos avalaran las deudas privadas que no contaban con garantía pública, que correspondían precisamente según vimos en el capítulo dos a los créditos que en mayor medida habían otorgado esos bancos, y ello ocurrió tal como ya lo mencionamos para el caso de Chile sin que los gobiernos lograran algo a cambio de otorgar esa garantía.[409]

En suma, por lo tanto, en los años iniciales de la crisis de deuda la imposición de los intereses de la parte acreedora alcanzó grados extremos,[410] y ello fue especialmente evidente respecto a los grandes bancos norteamericanos que en la década anterior habían encabezado la oferta de créditos hacia los países latinoamericanos.[411]

Para los bancos acreedores, una virtud central de las acciones que acabamos de describir, fue que con ellas crearon las mejores condiciones para ir aplicando otras medidas en el mediano plazo, que les permitieran disminuir al mínimo las pérdidas que les provocó la crisis de deuda, absorberlas adecuadamente a lo largo del tiempo y reducir su vulnerabilidad respecto del endeudamiento latinoamericano.

Durante esos años ganados por los bancos acreedores, éstos realizaron dos ajustes principales respecto de la deuda regional:

– Por una parte, disminuyeron de manera importante su grado de exposición en América Latina, en particular los bancos de EE.UU. que eran los que tenían la situación más comprometida.

Según se ve en el Cuadro 12, entre 1982 y 1989 dichos bancos lograron notables avances al respecto: al inicio de la crisis, los compromisos en la región del conjunto del sistema bancario de EE.UU. equivalían a un 124% de su capital primario, cifra que siete años después se había reducido a un 38.9%, y algo semejante ocurrió con los 9 principales bancos de ese sistema, cuyo grado de exposición en la región disminuyó de 179.8% a 74.9% durante el mismo lapso.

CUADRO 12

COMPROMISOS DE LOS BANCOS ESTADOUNIDENSES EN AMERICA LATINA

(en porcentajes del capital primario)

BRASIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA A. LATINA

JUNIO 1982

9 Principales 45.5 50.2 20.6 26.4 179.8

Resto 20.9 29.7 8.2 9.2 85.3

Total 31.0 38.1 13.3 16.2 124.0

DICIEMBRE 1984

9 Principales 44.2 38.9 15.1 19.9 145.5

Resto 15.5 20.7 5.2 5.8 58.4

Total 26.9 28.0 9.1 11.4 93.1

DICIEMBRE 1986

9 Principales 34.6 28.9 13.8 13.4 109.7

Resto 10.8 14.5 3.8 3.6 39.6

Total 20.3 20.3 7.8 7.5 67.8

SEPTIEMBRE 1989

9 Principales 26.5 20.1 8.6 9.7 74.9

Resto 4.5 4.8 1.4 1.8 15.3

Total 13.2 10.9 4.3 4.8 38.9

———————————————————————-

Fuente: CEPAL [1990c; 44 a 46].

– Por otra parte, desde el inicio de la crisis los bancos acreedores comenzaron a incrementar su reservas para deudas incobrables, si bien ello ocurrió con ritmos y niveles que variaban según la nacionalidad de los bancos. Según se ve en el Cuadro 13, en el cual se presentan cifras para algunos años de la década de los 80 la información para todos los años de esa década se encuentra en el Cuadro IX del Anexo Estadístico, a partir del estallido de la crisis hay una tendencia al incremento de reservas en los sistemas bancarios de la mayoría de los países industriales, la cual es particularmente fuerte para el caso de la banca estadounidense.[412]

CUADRO 13

PROVISIONES BANCARIAS NETAS PARA

PRESTAMOS INCOBRABLES: 1981, 1984, 1987 y 1990.

1981 1984 1987 1990

Estados Unidos 6.6 12.8 26.3 18.5

Japón 0.8 2.3 2.2 2.4

Alemania 15.6 15.3 13.3 16.5

Francia 18.1 20.4 18.7 20.9

Reino Unido n.d. 14.5 31.0 20.1

Suiza 14.7 18.7 19.1 20.7

——————————————————

Francia: bancos comerciales y cooperativas de crédito;

Suiza: todos los bancos; Otros países: bancos comerciales.

Fuente: OCDE, Financial Market Trends, octubre 1991,

p. 16.

En relación a las reservas del sistema bancario de EE.UU., habría que tener presentes también otros dos elementos:

– Los 5 bancos de ese país identificados como los "líderes", y a los que nos hemos referido en varias oportunidades, participaron plenamente de la tendencia general al incremento de reservas. Según una fuente distinta a la del Cuadro 16,[413] para 1989 las reservas de esos bancos respecto a sus créditos comprometidos en los países atrasados eran de 30% para el Citicorp, de 32% para el Bank of America, de 29% para el Manufacturers Hanover, de 39% para el Chase Manhattan y de 64% para el J.P. Morgan.

– Si bien la decisión tomada en mayo de 1987 por el Citicorp, de incrementar en 3000 millones de dólares sus reservas sobre 31 países deudores, llevó a una aceleración en el fortalecimiento de los balances de los bancos, ya desde antes los grandes bancos de EE.UU. se habían puesto por completo a resguardo de posibles incumplimientos de los países deudores. En tal sentido por ejemplo, ya en enero de 1987 Salomon Brothers[414]concluía que:

"los 34 grandes bancos norteamericanos examinados deberían estar en posibilidad de cancelar cerca de 20000 millones de dólares, o sea cerca de 40% de sus préstamos externos totales a la Argentina, Brasil, México y Venezuela hasta 1989, sin poner en peligro sus razones de capital."

En suma, por tanto, lo que nos interesa destacar es que desde el estallido de la crisis de la deuda, fue a partir de los intereses de los principales bancos acreedores que se desenvolvió el proceso global de negociación, y fue al ritmo más conveniente para esos bancos, que se fueron aplicando términos menos duros para los deudores en la rondas de renegociación y en los planes "Baker" y "Brady" propuestos por el gobierno norteamericano.

A partir de 1982, los bancos acreedores no sólo crearon las condiciones para minimizar sus pérdidas inmediatas, sino que además iniciaron una serie de cambios en su funcionamiento interno con objeto de atenuar los efectos de esas pérdidas unas vez que éstas comenzaran a ser absorbidas. Esos cambios, que como contraste con lo ocurrido en América Latina han sido calificados como un "ajuste con crecimiento",[415] les permitieron al cabo de varios años ponerse a salvo de mayores problemas con los deudores latinoamericanos, e iniciar un proceso de ajuste contable de los títulos de deuda a su valor real.

En el sentido anterior, los sucesivos planes impuestos por el gobierno de los EE.UU., el desarrollo del mercado secundario de títulos de deuda, el traspaso a pérdidas de una parte de esos títulos, el desarrollo del llamado "menú de opciones", etc, en nuestra opinión deben ser vinculados mucho más con el fortalecimiento de la base de capital de los bancos, con la diversificación de su cartera y con su mayor capacidad para resistir pérdidas, que con la "fatiga del ajuste" en América Latina, con algún "endurecimiento" de la parte deudora o con una súbita toma de conciencia de los acreedores respecto de la necesidad de permitir el crecimiento económico de nuestros países.

CAPITULO IV

Los años noventa: ¿Una nueva espiral de endeudamiento?

A pesar de que el objeto central del presente documento y de la investigación que le sirvió de base es la revisión del endeudamiento latinoamericano hasta el final de los años 80, no hemos querido concluir sin hacer antes algunas consideraciones en relación a las tendencias más recientes que se han hecho presentes en la deuda regional, sobre todo porque ellas han ido configurando un panorama que tiene importantes diferencias con el de la década anterior.

Asumiendo que para lo que va de los años noventa el principal cambio ocurrido con el endeudamiento latinoamericano es el regreso de varios países de la región al mercado internacional de capitales, y que para los meses más recientes el hecho de mayor significación ha sido el de los problemas de pago de la economía mexicana, haremos primero una rápida mención al funcionamiento del mercado financiero internacional, para después centrarnos en las modalidades que han asumido en América Latina los procesos de renegociación de la deuda y los ingresos recientes de capitales a la región, y concluir haciendo referencia a la crisis mexicana de pagos.

1.- El funcionamiento reciente del mercado internacional de capitales.

Según se recordará, en el segundo capítulo de este trabajo revisamos las principales características del funcionamiento del mercado internacional de capitales en los años 70, que fue la década en que los países de la región se endeudaron masivamente en dicho mercado.

Teniendo presente esa revisión, en el presente apartado centraremos brevemente la atención en los cambios ocurridos en los mercados de capitales de los años ochenta a la actualidad, buscando en este caso identificar el nuevo escenario crediticio en el cual se han dado los incrementos del financiamiento externo ingresado a la región en lo que va de los años noventa.

Un hecho central a tener presente y que desarrollaremos a lo largo del apartado, es que dichos cambios han sido muy profundos, a tal punto que hay consenso en que es en el ámbito de la intermediación financiera donde se han producido las modificaciones más notables del funcionamiento reciente de la economía mundial, donde más ha seguido avanzando la globalización y donde con mayor claridad han impreso su huella varios de los componentes de la revolución científico técnica de los últimos lustros, como son los desarrollos en la computación y en las telecomunicaciones.

Un primer grupo de cambios, que nos interesa destacar, es el ocurrido en los patrones de financiamiento prevalecientes no sólo en el mercado internacional sino también en los mercados nacionales de capital. A partir del inicio de la crisis de la deuda, en 1982, se dio una muy clara tendencia a la disminución relativa de los créditos bancarios y al incremento de otras formas de financiamiento vinculadas a la emisión de títulos, de tal manera que desde ese entonces y hasta la fecha se ha ido consolidando la llamada "titularización" o "valorización" del financiamiento.

El ámbito en que se ha desenvuelto ese proceso de "titularización" han sido las bolsas de valores, las cuales desde el estallido de la crisis de deuda y hasta 1987 tuvieron un muy rápido crecimiento, que en octubre de ese año dejó su lugar al crac bursátil y a un lapso de marcada inestabilidad que pese a la recuperación iniciada en 1989 en buena medida aún continúa.

En lo que respecta a los mercados nacionales de capital, desde los años ochenta tendieron a perder importancia los depósitos y préstamos bancarios, al mismo tiempo que se incrementaba la presencia de distintas formas de emisión de deuda, y en particular los fondos de inversión y los papeles comerciales como instrumentos de corto plazo y la emisión de bonos como instrumento de largo plazo[416]

Para el caso del mercado internacional de capitales que es el que nos interesa destacar, en el Cuadro 1 se observa la importante disminución relativa del crédito bancario y el consiguiente aumento de las colocaciones de bonos como componentes de las emisiones totales de dicho mercado, cuestión ésta que según veremos posteriormente también se ha hecho presente en los recientes incrementos de la deuda externa de América Latina.

CUADRO 1

EMISIONES DE BONOS Y DE CREDITOS BANCARIOS EN EL MERCADO INTERNA-CIONAL DE CAPITALES: 1982-1994

(miles de millones de dólares)

Bonos Crédito

Internac. Bancario

1982 75.5 90.8

1983 77.1 60.2

1984 111.5 53.2

1985 167.6 52.6

1986 226.3 49.9

1987 180.7 80.3

1988 239.7 116.2

1989 253.9 90.9

1990 226.5 124.5

1991 297.6 116.0

1992 333.7 117.9

1993 481.0 136.7

1994* 217.7 54.8

———————————

* Primer semestre

Fuentes: 1982 a 89, A. Gutiérrez

[1991a;188]; 1990 a 1994, FMI [1993] y

[1995].

Según se desprende del Cuadro 1, entre el inicio de los años ochenta y el inicio de los años noventa la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales pasó, de montos inferiores a los créditos bancarios otorgados en ese mercado, a montos que son entre dos y tres veces y media superiores a los de dichos créditos.[417]

Esa disminución del crédito bancario en favor de las emisiones de títulos, ocurrida en las operaciones financieras nacionales e inter-nacionales, ha traído aparejadas tres consecuencias:

– Por una parte, una tendencia a la "desintermediación financiera", con la consiguiente pérdida relativa de importancia de los bancos y de otros intermediarios y el incremento de las operaciones realizadas por contacto directo entre los demandantes y oferentes finales de fondos.[418] Dicha tendencia, junto con ser empujada por el proceso de "titularización", se ha visto reforzada además por el mayor tamaño que han ido alcanzando tanto los prestatarios como los prestamistas primarios con una presencia creciente, entre estos últimos, de los "inversionistas institucionales", lo cual les permite asumir directamente las funciones tradicionalmente reservadas a los intermediarios.[419]

– Por otra parte, un crecimiento en la importancia de las actividades no bancarias que desarrollan los bancos comerciales. Dichas acti-vidades, que según vimos en el Capítulo II ya en los años 70 habían tenido un fuerte desarrollo, para el periodo más reciente han seguido aumentando sobre todo en relación al patrocinio, emisión y aval bancario de transacciones de valores y, por consiguiente, a través de ellas los bancos han intentando competir contra la tendencia al financiamiento directo que mencionábamos en el párrafo anterior.

– En tercer lugar, una multiplicación de los riesgos e incertidumbres asociados al funcionamiento de los mercados financieros, así como una ampliación extrema de las ya grandes distancias existentes entre el desarrollo de dichos mercados y los niveles de actividad presentes en el resto de la economía. En tal sentido, los años ochenta y noventa, incluso después del crac de 1987, han sido pródigos en ejemplos de especulación desenfrenada, de emisión de valores de mínima confiabilidad como los conocidos "bonos chatarra" y, en general, de un funcionamiento de los mercados financieros, y en particular de las bolsas de valores, con altos grados de inestabilidad y volatilidad, y de disociación respecto de los circuitos productivos.[420]

En el sentido anterior e incluso dejando de lado las facetas más claramente especulativas del manejo de valores, parece haber un cierto consenso en que la "titularización" implica una reducción de la calidad global del crédito, ya que las operaciones con títulos, además de reproducir algunos de los riesgos asociados a los préstamos bancarios, agregan nuevas áreas de incertidumbre, debido a factores como: la poca transparencia del riesgo involucrado en cada operación y de la distribución de ese riesgo entre distintas instituciones; los menores niveles de información y de vigilancia sobre los deudores, derivados de la multiplicación de tenedores de valores; y, como resultado de esa multiplicación de tenedores, la menor posibilidad de que la parte acreedora pueda prestar algún tipo de ayuda a aquellos deudores que atraviesen por problemas de incapacidad de pago.[421]

Un segundo grupo de cambios, es el referido a los procesos de des-regulación de los mercados financieros, procesos que arrancan en los Estados Unidos a mediados de los años setenta, y que han significado una progresiva abolición de las barreras que limitaban la acción interna y externa de dichos mercados.[422]

En el ámbito interno de acción, el cambio más importante ha sido la reducción de los controles previamente existentes respecto de la definición de las políticas crediticias, de la fijación de tasas de interés y de depósitos, de los requerimientos de reservas, del uso de nuevos instrumentos financieros y de los ámbitos geográficos y funcionales de acción de los intermediarios, cuestión ésta última que ha dado lugar a un proceso de "desespecialización" de los servicios financieros.

En el ámbito externo, las principales modificaciones se han dado con la disminución de los controles cambiarios y de las restricciones al movimiento internacional de capitales, ampliándose además las posibilidades de acción de prestamistas, prestatarios e intermediarios extranjeros en los distintos mercados nacionales de capital.

Esas medidas desregulatorias, han estado directamente relacionadas con un notorio incremento de los niveles de la competencia en los mercados financieros, de tal manera que el proceso de desregulación ha sido una expresión de esa mayor competencia a la vez que ha creado las condiciones institucionales para que ella siga desplegándose. En ese contexto, un claro resultado de la desregulación ha sido que los distintos intermediarios financieros han incursionado en áreas geográficas, en servicios y en productos que antes les estaban total o parcialmente vedados, a la vez que se han visto sometidos a una mayor competencia en aquellos espacios en los que previamente se desenvolvían amparados por barreras de distinto tipo.

Un tercer conjunto de cambios ocurrido en los mercados de capitales, y que ha estado estrechamente vinculado con los anteriores, se refiere a la fuerza con que los procesos de globalización e integración se han dado en dichos mercados. Pese a la permanencia de distintas formas de protección de los mercados nacionales de capital, durante los años 80 y 90 se avanzó muy rápidamente en la integración de los mercados financieros, reduciéndose las barreras derivadas de las diferencias geográficas e institucionales existentes entre ellos, de tal manera que durante esos años fue en los circuitos financieros donde más claramente se tendió a la conformación de un mercado global que, a través de un funcionamiento continuo y teniendo como eje a las bolsas de valores, ha multiplicado los grados y formas de interdependencia entre los distintos espacios nacionales de despliegue de los circuitos financieros.

Una importante consecuencia de ese avance de la globalización de los mercados financieros, ha sido el crecimiento de las operaciones internacionales de las distintas bolsas y una suerte de "disolución de fronteras" entre transacciones financieras internas y externas en los mercados de valores, de tal manera que en dichos mercados "se ha transformado su vocación eminentemente nacional en internacional",[423] y en ellos "han perdido todo sentido las distinciones del origen nacional de los participantes"[424].

En el sentido recién señalado, en las operaciones globales de los distintos mercados financieros durante los años 80 aumentaron rápidamente las transacciones internacionales de acciones y las emisiones de bonos internacionales. En lo que respecta a las transacciones internacionales de acciones, basta tener presente que según cifras de A. Gutiérrez[425]ellas tuvieron para el periodo 19791988 un incremento promedio anual de 18% en su volumen y de 16% en su valor, y que entre 1984 y 1987 las emisiones primarias dirigidas al mercado accionario internacional pasaron de 300 a 18000 millones de dólares, para descender con el crac y recuperarse posteriormente. En lo que se refiere a las emisiones de bonos internacionales, en el Cuadro 2 se puede ver el mayor peso que ellas han ido adquiriendo en los siete principales mercados globales de bonos. Allí, se observa que en dichos mercados el peso relativo de los bonos internacionales creció muy rápidamente durante la década de los ochenta, a partir de niveles que en la mayoría de los casos eran muy bajos hasta inicios de dicha década.

CUADRO 2

PARTICIPACION DE LOS BONOS INTERNACIONALES EN LOS MERCADOS

DE BONOS: 1970, 1980 y 1989

(en porcentajes)

1970 1980 1989

EE.UU. n.d. 3.9 9.9

Japón 0.0 1.3 4.6

RFA 11.0 12.6 14.4

R. Unido n.d. 0.9 26.5

Francia 2.2a 2.5 3.9

Canadá 0.0 3.1 44.0

Suiza 17.0 27.3 46.8

———————————————–

n.d.: no disponible

acorresponde a 1975

Fuente: Benavides, Rosario how Big is the World

Bond Market, 1990, update. Tomado de I. Swary y

Barry Topf [1992; 404]

Los tres grupos de cambios a los que hemos hecho referencia, tomados conjuntamente apuntan a un profundo proceso de innovación finan-ciera, el cual ha significado una reformulación radical de las es-tructuras de funcionamiento de los mercados de capitales, colocando a esos mercados y a los agentes que en ellos actúan, a la cabeza de las nuevas tendencias que se han venido desplegando a nivel global.

Además de los componentes ya señalados, ese proceso de innovación se ha apoyado también en nuevos productos y servicios financieros, los cuales han crecido muy rápidamente en número e importancia desde los años ochenta, habiendo sido incluso utilizados según veremos más adelante en los tratamientos recientes de la deuda externa latinoamericana.

A lo largo de la década de los ochenta, y para lo que va de los años noventa, han crecido de manera exponencial las negociaciones en las bolsas de valores de "futuros financieros" y de opciones sobre divisas, acciones y otros activos, a tal punto que los volúmenes de negociaciones de los futuros de bonos de distintos gobiernos han superado con creces a las negociaciones de los bonos efectivos. Junto con ello, las transacciones de bonos cupón cero y tasa flotante, de valores con diversas formas de conexiones y opciones, de garantías de acciones, de facilidades de emisión de pagarés, de europapel comercial, de pagarés de tasa flotante, etc., han llegado a constituirse en grandes mercados, desplazando a otros servicios y productos financieros más tradicionales y apropiándose de porciones crecientes del total de las transacciones realizadas en los mercados financieros.

2.- Los procesos de renegociación de la deuda y las nuevas tendencias en el ingreso de capitales hacia América Latina.

El conjunto de nuevas tendencias que desde los años ochenta ha estado presente en el funcionamiento de los mercados financieros, puede ser claramente detectado en América Latina, tanto respecto a los recientes procesos de renegociación de la deuda, como respecto a las modalidades que ha asumido el ingreso de capitales hacia la región, puntos estos dos a los cuales dedicaremos este segundo apartado del capítulo.

2.1.- La renegociación del endeudamiento regional.

En el ámbito de los procesos de renegociación de la deuda externa, han ocurrido cambios de importancia durante los años más recientes, cuyo punto de arranque puede ser asociado con el lanzamiento del Plan Brady, en marzo de 1989. El componente central de dicho Plan, fue que en él se volvió mucho más explícito el reconocimiento de los acreedores de que al menos una parte de la deuda externa nunca sería pagada, que los montos nominales de la deuda no se correspondían con su valor real y que, por tanto, debía otorgarse una mucho mayor importancia a los mecanismos de reducción efectiva del endeudamiento acumulado, lo que no obsta para que según argumentaremos posteriormente hasta la fecha esas "quitas de deuda" no hayan alcanzado una magnitud suficiente como para solucionar en definitiva los problemas de incapacidad de pago de las economías de la región.

En ese proceso de reducción parcial de la deuda a su valor real, ha jugado un papel central la aplicación de varios de los mecanismos de "titularización" a los que antes hicimos referencia. Si bien desde antes de marzo de 1989 ya había una cierta presencia de cuestiones tales como el mercado secundario de títulos de deuda, o la conversión de la deuda en valores de largo plazo,[426] los cuales junto a otros mecanismos de reducción de deuda habían constituido desde 1987 la llamada "lista de opciones de mercado", marcando el inicio del "Plan Baker `B'",[427] sólo a partir del Plan Brady se generalizó tanto el uso de dicha lista como, en el interior de ella, la aplicación de distintas opciones derivadas de las nuevas tendencias presentes en los mercados financieros.

Un ejemplo del uso de mecanismos asociados parcialmente a los procesos de "titularización", que estaba presente desde antes del lanzamiento del Plan Brady, fue la conversión en "naturaleza", en "desarrollo" y sobre todo en capital, de títulos de deuda adquiridos por los inversionistas en el mercado secundario, modalidad ésta que, según se observa en el Cuadro 3, llegó a alcanzar magnitudes importantes para varios países de América Latina.[428]

CUADRO 3

CONVERSIONES DE DEUDA LATINOAMERICANA,

DE 1984 AL PRIMER TRIMESTRE DE 1994

1984-86 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 I/94

Argentina 500 — 1146 1534 6464 132 2825 371 5

Brasil 1440 336 2096 946 283 68 95 219 30

Chile 1314 1979 2940 2767 1096 828 385 298 2

Costa Rica 7 89 44 124 17 2 0 0

Ecuador 0 127 261 32 45 20 50 2 0

Honduras 0 9 14 35 33 52 39 0 0

México 413 1680 1056 532 221 1956 344 0 0

Uruguay 0 0 60 27 4 42 34 48 nd

Venezuela 0 0 50 544 595 343 148 87 0

TOTAL 3674 4220 7667 6541 8758 3433 3920 1025 37

—————————————————————————–

Fuente: FMI [1995; 11].

Según se observa en dicho Cuadro, los montos máximos de conversión de deuda se alcanzaron entre 1988 y 1990, luego de lo cual las operaciones de conversión han tendido a disminuir, principalmente debido a la suspensión de los "programas de conversión" por parte de varios de los gobiernos de la región. También en el Cuadro 3, se ve que el país que concretó los mayores montos de conversión fue Argentina, a tal punto que entre 1984 y el primer trimestre de 1994 el monto total de conversiones en esa economía llegó a 12977 millones de dólares, si bien en relación con los montos globales de deuda el país que utilizó el mecanismo de conversiones para un mayor porcentaje de su endeudamiento fue Chile.

En términos más generales, en el Cuadro X del Anexo Estadístico se pueden observar los montos de la deuda bancaria de América Latina que se han ido reestructurando anualmente entre 1986 y el primer semestre de 1994. En dicho cuadro, se vé que las reestructuraciones han tendido a disminuir durante los últimos años, con la sóla excepción de 1992, cuando Argentina y Brasil reestructuraron montos de 28 000 y de 46 000 millones de dólares, respectivamente.

Una vez lanzado el Plan Brady, el primero de los países de la región que reestructuró su deuda con la banca privada en el marco de ese Plan fue México, el cual inició la negociación en julio de 1989 y firmó el convenio definitivo en enero de 1990. También entre 1989 y 1990 se llegó a acuerdos como parte de de dicho Plan para los casos de Costa Rica, Venezuela y Uruguay, y a ellos se agregaron en 1992 Argentina y Brasil, en 1993 la República Dominicana, en 1994 Ecuador y, desde fines de ese último año, iniciaron las gestiones de reestructuración Panamá y Perú. En el Cuadro XI del Anexo Estadístico, se presenta un síntesis del contenido de los acuerdos a que llegaron la mayoría de esos países, y de allí se desprenden tendencias como las siguientes: un peso importante de las opciones de transformación de deuda en bonos de distinto tipo bonos de descuento, bonos a la par, bonos con reducción transitoria de intereses; operaciones de recompra directa de la deuda en el mercado secundario; financiamiento de los acuerdos con fondos provenientes del FMI, del BM y de gobiernos del capitalismo desarrollado, etc.

Además de las negociaciones realizadas en el marco del Plan Brady por los países recién señalados, cabe también tener presente que en los últimos años se han condonado partes del endeudamiento acumulado a algunos de los países más pobres de la región. Así, por ejemplo, en 1993 Bolivia logró una reducción sustancial de su deuda con la banca privada recomprándola a 16 centavos por dólar, Suiza y Holanda con_ donaron 43 millones a Honduras, y Holanda condonó 6.5 millones a Ni-caragua, en tanto que durante 1994 Ecuador y Guatemala reestructuraron sus amortizaciones con el Club de París, por 390 y 73 millones de dólares, respectivamente. En general, la deuda de esos países con los gobiernos del capitalismo desarrollado, desde 1990 se ha negociado en base a los llamados "términos de Toronto ampliados", que hasta fines de los años ochenta estaban reservados a los países más pobres de Africa y cuya aplicación implica una reducción sustancial del monto de la deuda y un plazo considerable para el pago de la cantidad remanente.[429]

El resultado más evidente, tanto de los avances obtenidos en los procesos de renegociación de la deuda bancaria en el marco del Plan Brady, y de la deuda con acreedores oficiales en el Club de París, como de la reducción de las tasas de interés que hasta fines de 1993 benefició a las deudas denominadas en dólares, es que para la mayoría de los países latinoamericanos durante los años 90 ya transcurridos ha disminuido el peso que representa el pago de intereses sobre la disponibilidad de divisas. En tal sentido, en el Cuadro 4 se entregan cifras de la relación porcentual entre los pagos de intereses y las exportaciones de bienes y servicios, para el total de América Latina y las siete mayores economías de la región.

CUADRO 4

INTERESES TOTALES COMO % DE LAS EXPORTACIONES

DE BIENES Y SERVICIOS PARA ALGUNOS PAISES DE

AMERICA LATINA: 1988-1994

(porcentajes)

1988 1990 1992 1993 1994a

Argentina 42.0 38.0 28.5 22.7 20.3

Brasil 29.4 31.4 20.9 21.6 22.3

Colombia 20.7 19.0 14.5 12.4 12.0

Chile 21.7 17.8 11.2 10.2 9.3

México 29.9 24.1 23.4 23.1 23.5

Perú 26.7 27.1 22.9 24.6 22.0

Venezuela 29.0 17.0 18.3 16.9 15.8

América Latina

y el Caribe 28.8 25.1 20.5 19.6 19.1

———————————————————

aCifras preliminares.

Fuente: CEPAL Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe, Edición

1994, Santiago de Chile, febrero 1995.

En el Cuadro 4, se ve que el peso de los intereses de la deuda disminuyó, para el promedio regional, de 29% en 1988 a 19% en 1994, cifra esta última que es notoriamente menor a las de 40% o más que se dieron en los años de estallido de la crisis, si bien continúa siendo más elevada que los porcentajes que se dieron al menos hasta 1978.[430]

A lo anterior, cabe agregar que en el promedio regional concurren situaciones dispares: en tanto que para Chile la relación intere-ses/exportaciones pasó de 21.7% en 1988 a 9.3% en 1994, para Perú dicha relación ha disminuido poco entre esos años (de 26.7% a 22%), a tal punto que este último país, en opinión de la CEPAL, a nivel regional es el que tiene "los mayores problemas de deuda aún pendientes".[431]

Así también, entre los países de la región no incluidos en el Cuadro 4 las disparidades son incluso mayores, a tal punto que para 1994 la relación interesesexportaciones fue 17 veces más grande en Nicaragua que en Costa Rica, con cifras de 108.8% y de 6.3%, respectivamente.[432]

2.2.- Las nuevas modalidades del "financiamiento externo".

En lo que respecta al reciente ingreso de capitales extranjeros hacia la región, el hecho inicial a tener presente es que durante los años noventa ha habido un rápido incremento en dicho ingreso, a tal punto que se ha revertido la transferencia negativa de recursos que se dio para América Latina durante la mayor parte de los años ochenta. Según se observa en el Cuadro 5, para el periodo 19911994 los capitales netos ingresados pasaron de 38 000 millones de dólares a alrededor de 60 000 millones, cantidades todas ellas que fueron superiores a los correspondientes pagos anuales de utilidades e intereses, lo cual permitió que para los años de ese periodo hubiera una transferencia neta positiva de recursos hacia la región por un total de 90 000 millones. Con ello se puso fin a un lapso de 9 años, iniciado en 1982, durante el cual América Latina transfirió al resto del mundo y, en particular, a la banca privada internacional a través del pago de intereses sobre la deuda externa un total superior a los 220 mil millones de dólares.

CUADRO 5

AMERICA LATINA: INGRESO NETO DE CAPITALES

Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, 19821994

(miles de millones de dólares)

Ingresos Pagos netos

netos de de utilidades Transferencia

capitales e intereses de recursos

19751981 176.7 91.9 84.8

19821990 94.6 314.8 -220.2

1991 38.0 31.4 6.6

1992 61.7 31.0 30.7

1993 65.1 32.9 32.2

1994a 56.6 35.6 21.0

—————————————————–

aCifras preliminares

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe,

1994, p. 780.

Simultáneamente al incremento de los capitales ingresados, se ha dado una disminución del peso relativo de los créditos bancarios en el "financiamiento externo" de América Latina, de tal manera que han sido otras las modalidades bajo las cuales se ha ido concretando la mayor parte de la masiva llegada de capitales ocurrida en estos años:

– Por una parte, han aumentado los flujos de inversión extranjera directa ingresados a la región, los cuales han tendido parcialmente a recuperar el papel que tuvieron en las décadas de posguerra y hasta antes de los años setenta. Así, de ingresos marginales de inversión directa neta durante la década de los ochenta, que incluso fueron negativos en varios de esos años, se pasa a ingresos de magnitud considerable desde el inicio de los años noventa: según cifras de la CEPAL, los ingresos de ese tipo de inversión pasaron de 6 100 millones de dólares en 1989[433]a 15000 millones en 1994.[434]

– Por otra parte, se han dado aumentos significativos de los flujos de capitales que han tomado la forma de inversiones de cartera,[435] dedicadas a la compra de bonos cuestión ésta que revisaremos a continuación y a la compra de acciones de empresas ubicadas en América Latina.

Las acciones de empresas incluida una buena parte de las que se han privatizado en varios países de la región, al igual que la compra de otros títulos en los cuales se ha ido concretando el ingreso de capitales, han sido negociados tanto en las bolsas de valores de países desarrollados como en las bolsas de las propias economías latinoamericanas.

En lo que se refiere a la negociación de títulos latinoamericanos en bolsas extranjeras, durante los últimos años distintas empresas de la región han logrado colocar valores en dichas bolsas, tanto de manera directa destacando Teléfonos de México como participando en la formación de "paquetes" que reunen acciones de varias empresas. En cuanto a las bolsas de valores ubicadas en América Latina, lo destacable es que varias de ellas han tenido un comportamiento relativamente dinámico desde la década de los ochenta,[436] y que en los años más recientes han jugado un papel de creciente importancia en la captación tanto de los capitales que se han venido repatriando[437]como de los capitales extranjeros llegados a la región.[438] Si bien el ejemplo más relevante al respecto ha sido, con mucho, la Bolsa Mexicana de Valores, también en las bolsas de Argentina, Brasil de Sao Paulo y de Río de Janeiro y Chile se ha ido incrementando la participación de todo tipo de inversionistas extranjeros.[439]

A manera de síntesis de lo que hasta aquí hemos planteado, en el Cuadro 6 se presentan cifras referidas por una parte a la participación absoluta y relativa de América Latina en el mercado internacional de capitales y, por otra parte, al monto total de la deuda externa y a la relación porcentual deuda/exportaciones para el promedio de la región.

CUADRO 6

LA PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE

CAPITALES DE 1990 A 1994: COMPORTAMIENTO Y ALGUNAS RELACIONES

(miles de millones de dólares, salvo indicación contraria)

1990 1991 1992 1993 1994a

AMERICA LATINA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Total de créditos más bonos más acciones 6.7 12.3 17.6 35.3 11.2

Creditos Bancarios hacia A.L. 4.0 1.0 0.9 2.2 0.2

– Como % de créditos a p. en desarrollo 16.2 3.5 4.9 10.4 1.8

– Como % del total de cred. bcarios 3.2 0.9 0.8 0.8 0.4

Bonos internacionales emitidos por A.L. 2.6 7.2 12.6 27.4 8.9

– Como % de bonos de p. en desarrollo 42.5 56.4 52.9 46.1 33.9

– Como % del total de bonos internac. 1.2 2.4 3.8 5.7 4.1

Colocación internacional de acciones 0.1 4.1 4.1 5.7 2.1

– Como % de acciones de p. en desarrollo 7.8 75.8 43.9 48.3 30.4

– Como % del total de acciones internac. 1.2 26.5 18.0 11.1 7.4

MONTO Y PESO RELATIVO DE LA DEUDA REGIONAL

Deuda total desembolsada 441.5 456.0 474.1 504.5 533.8

Deuda externa/Exp. de bs. y ss.(%) 294 305 299 302 280

—————————————————————————–

aPara las seis primeras filas, las cifras corresponden al primer semestre de 1994; para las dos últimas filas las cifras son preliminares de todo 1994.

Fuente: Las cifras de América Latina en los mercados internacionales están

construidas en base a FMI [1993; 18 y 22] y [1995; 15, 24 y 72]; las cifras de

monto y peso relativo de la deuda regional, están tomadas de CEPAL, Anuario

Estadístico de América Latina y El Caribe, Edición 1994, Santiago de Chile,

febrero 1995.

En cuanto a la participación de América Latina en el mercado internacional de capitales, en la parte superior del Cuadro se pueden ver los montos de créditos bancarios que han sido recibidos por el conjunto de la región, y de las acciones y bonos internacionales que ella ha colocado, así como el peso que esos montos tienen en relación a las cantidades correspondientes al total de países en desarrollo y al total mundial. El desglose de los montos correspondientes a distintos países latinoamericanos puede ser visto en el Cuadro XII del Anexo Estadístico.

De las cifras referidas a la colocación internacional de acciones por parte de los países de América Latina, se desprende que dicha colocación era prácticamente inexistente para 1990 habiéndose incrementado rápidamente en los años posteriores, a tal punto que para 1993 ella alcanzó un monto cercano a los 6 000 millones de dólares, el cual representó un 11% del total mundial y casi un 50% del total correspondiente al conjunto de países en desarrollo.

En lo que respecta específicamente a la contratación de deuda en los mercados internacionales, de los montos y porcentajes de créditos bancarios y de colocación de acciones del Cuadro 6, se desprenden tres tendencias referidas al reciente endeudamiento regional en dichos mercados:

1ªEn lo que va de los años 90, ha habido un crecimiento importante del endeudamiento latinoamericano. De un monto inferior a los 7 000 millones de dólares en 1990, se pasó a un monto superior a los 30 000 millones en 1993 y de 11 000 millones en los primeros seis meses de 1994. Todo ello marca una diferencia importante con la situación que prevaleció durante los años 80, en los cuales América Latina estuvo casi por completo marginada del acceso a los empréstitos internacionales.

Según información no incluida en el Cuadro 6 (ver Cuadro XII del Anexo Estadístico), el mayor acceso de la región a las fuentes de endeudamiento externo ha estado concentrado en un pequeño número de países. El primer lugar, y a mucha distancia del resto, lo ha ocupado México, el cual ha captado alrededor de un 46% del total de bonos y créditos contratados por América Latina en lo que va de los años 90. El segundo lugar lo ocupa Brasil con un 21%, seguido por Argentina, que ha concentrado un 17% de dicho total.

2ª Del endeudamiento latinoamericano contratado en el mercado internacional de capitales, la mayor parte ha correspondido a la emisión de bonos, habiendo disminuido progresivamente la importancia relativa e incluso los montos absolutos de los créditos bancarios en dicho endeudamiento, tendencia ésta que, según algunos pronósticos, se mantendrá para los próximos años.[440] Así, de una situación inicial, en 1990, en que el monto de créditos bancarios fue de 4000 millones de dólares y el monto de bonos de 2620 millones, se pasa a una situación, para 1993, en que los créditos disminuyeron a casi la mitad y los bonos se multiplicaron por más de diez, a lo que se agrega una reducción prácticamente a cero de los créditos para el primer semestre de 1994. A ello cabría agregar que, según una fuente distinta a la del Cuadro 5, para todo el año 1994 la emisión de bonos internacionales por parte de América Latina habría alcanzado un total de 17 000 millones de dólares.[441]

Según se puede ver en el Cuadro XII del Anexo Estadístico, ese incremento absoluto y relativo de los bonos en relación a los créditos ha sido muy marcado en los principales países de la región, y en particular respecto a México, Argentina y Brasil, en donde para los años más recientes los bonos se han constituido prácticamente en la única fuente de endeudamiento, dado que los créditos bancarios han sido por montos claramente marginales.

3ªA pesar del incremento del endeudamiento regional, para los años noventa la presencia de los países de América Latina en los totales de créditos bancarios y de bonos negociados en los mercados internacionales es muy pequeña, y no guarda comparación con el peso que la región llegó a tener como prestataria durante los años setenta en dichos mercados.

En lo que respecta a los créditos bancarios, a partir de 1991 las cantidades contratadas por los países de la región han correspondido a menos de un 1% del total movilizado en los mercados internacionales; en cuanto a los bonos, las emisiones colocadas por los países de América Latina no han rebasado a un 6% del total de bonos internacionales, si bien en varios años ellos han correspondido a más de la mitad de los montos correspondientes al total de países atrasados.[442]

En lo que respecta específicamente al rápido crecimiento de las emisiones de bonos realizadas por los países de América Latina, habría que tener presente que si bien ello no constituye una situación estrictamente nueva en la relación de esos países con los mercados financieros internacionales tal como ya vimos en el primer capítulo de este trabajo, y aún cuando en los años 70 la región tenía una cierta presencia en el mercado internacional de bonos, para el periodo más reciente el citado crecimiento sí marca un cambio radical respecto de lo que ocurrió durante la mayor parte de los años 80.[443]

A partir de 1982, y al mismo tiempo en que el mercado internacional de bonos crecía a los elevados ritmos que analizamos en partes anteriores de este capítulo, la región se vió marginada casi por completo de ese mercado,[444] situación que se mantuvo hasta que en 1988 Venezuela comenzó a hacer algunas emisiones de bonos no vinculadas a los procesos de reestructuración de la deuda. Sin embargo, el retorno definitivo de la región al mercado internacional de bonos se concretó en la segunda mitad de 1989, y fue encabezado por emisiones de entidades estatales y de empresas privadas mexicanas. A partir de esa fecha, se han multiplicado las emisiones latinoamericanas de bonos internacionales, las cuales desde 1991 han sido realizadas por un número cada vez mayor de países, si bien México se ha mantenido claramente como el principal emisor.