Las misiones (página 2)

Aspectos Constitucionales en los que se Sustenta La Misión

Preámbulo: Con el refundamiento de la República se pretende establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, en un Estado de justicia, donde se asegure el derecho a la vida, el trabajo, la cultura y la educación; sin discriminación ni subordinación.

En el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se considera que esta es un Estado democrático y social de derechos y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

En el artículo 102 se hace referencia, entre otros aspectos, a que la Educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado asumirá la Educación como función indeclinable en todos sus niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.

En el artículo 103 se plantea que toda persona tiene derecho a una educación de calidad sin discriminaciones. La misma es obligatoria a todos los niveles hasta el pre-grado. El Estado dispondrá los recursos necesarios para hacer realidad el acceso, permanencia y culminación de los estudios.

El artículo 104 se establece que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica, estimulando su actualización permanente, estabilidad en la carrera docente y un régimen de trabajo que le garantice un nivel de vida acorde a su misión.

La Misión Ribas es un programa educativo alternativo que proporciona la oportunidad de continuar los estudios de bachillerato, mediante un régimen especialmente adecuado a la condición de adulto y a las exigencias de responsabilidad, autonomía, ritmo de desarrollo y necesidades personales de superación con visión social en el colectivo.

En tal sentido y partiendo del hecho de concebir "la educación como el principio articulador del desarrollo con equidad social, y habida cuenta de que los esfuerzos realizados en materia de acceso a la educación media han resultado insuficientes,…" el Estado venezolano se ha visto obligado a "asumir medidas que garanticen la justicia social como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela" creando la Comisión Presidencial Misión Ribas el 16 de octubre de 2003, mediante el Decreto 2.656

Objetivos

1. Incorporar a la población excluida al Sistema de Educación Formal Básica – Diversificada.
2. Lograr que todos los venezolanos y venezolanas sean bachilleres, impulsando así, un nuevo proyecto educativo nacional, que en forma sistemática coadyuvará de manera contundente a la transformación del país.
3. Democratizar la educación dentro de un marco de integración nacional, garantizando el acceso a un sistema educativo de calidad para todos los venezolanos.
4. Proporcionar a la población venezolana acceso y participación a un sistema educativo sin exclusión y de calidad, que facilite su incorporación al aparato productivo nacional y al sistema de educación superior, mejorando su calidad de vida a corto y mediano plazo.

Componente Comunitario y Sociolaboral.

El componente comunitario y sociolaboral tiene como finalidad formar ciudadanos (as) preparados en formular, ejecutar y evaluar proyectos comunitarios y sociolaborales en el marco de las políticas públicas e impulsar la economía social solidaria para la concreción de los fines de la República, en su desempeño como promotores(as) del desarrollo endógeno soberano y sustentable en, con, por y para la comunidad.

Este enfoque trasciende de los proyectos de investigación del nivel de educación media diversificada y profesional de la escuela formal: es decir, no se limita e una asignatura, tesis, monografía, exposición, como simple simulación de la realidad o ejercicio superficial en el papel. No es capacitación para trabajar o depender de otros, sino para producir, generar y resolver problemas, para así transformar la realidad aplicando los conocimientos en beneficio individual y colectivo.

Para afrontar este reto la Misión Ribas crea la asamblea comunitaria bolivariana el cual es un espacio indispensable en la toma de decisiones para el desarrollo del componente comunitario sociolaboral a lo largo de todo el proceso, donde ésta se centre en el debate, argumento, búsqueda de consenso para llegar a acuerdos; en donde se pongan en práctica los principios del ideario bolivariano. En este espacio todos se organizan en diferentes momentos para avanzar en la investigación o indagación del contexto local, formular proyectos que surjan de esa investigación para transformar verdaderamente la realidad; practicar permanentemente la organización comunitaria que les fortalezca en salud, alimentación, ambiente, cultura, deporte, recreación, vivienda y sustento económico a través de cooperativas, empresas familiares o comunitarias.

Componente de Orientación Laboral y Empleo.

Este componente tiene como propósito orientar y facilitar en la concreción laboral y empleo, brinda la orientación necesaria, los conocimientos técnicos teóricos y prácticos para el desarrollo de actividades productivas, constitución de cooperativas de producción y|o de servicios que satisfagan necesidades humanas en el desarrollo endógeno soberano y sustentable, gestión para la adquisición de recursos y financiamiento a través de los organismos e instituciones destinadas a tal fin, ejecución de proyectos, control y seguimiento de los mismos, entre otros. Todos los proyectos de la Misión Ribas deben estar articulados con el resto de las Misiones y programas que desarrolla el gobierno, tales como: Misión "vuelvan Caras", Misión Zamora, conjuntamente con el Ministerio de Economía Popular los cuales favorecen, entre otros ministerios el desarrollo de los núcleos endógenos, todos bajo la perspectiva de la asistencia social y la economía para la superación de la pobreza, hacia la autodeterminación del pueblo.

Misión Sucre

El Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, denominado "Misión Sucre", es una iniciativa del Estado Venezolano y del Gobierno Bolivariano que tiene por objeto potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y transformar la condición de excluidos del subsistema de educación superior.

En esta Misión se conjuga una visión de justicia social, con el carácter estratégico de la educación superior para el desarrollo humano integral sustentable, la soberanía nacional y la construcción de una sociedad democrática y participativa, para lo cual es indispensable garantizar la participación de la sociedad toda en la generación, transformación, difusión y aprovechamiento creativo de los saberes y haceres.

En las últimas décadas del siglo pasado, el Estado fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en materia educativa y específicamente en lo que se refiere al nivel de educación superior. De hecho, la inversión realizada en educación superior en Venezuela desde 1989 hasta 1998, evidenció una tendencia descendente, afectada por la propensión a realizar recortes presupuestarios en todos los sectores del ámbito social y, en especial, como una estrategia para construir la viabilidad del proyecto de privatización de la educación superior.

Esto trajo como consecuencia una amplia deuda social acumulada, pues la matrícula universitaria sufrió un estancamiento, favoreciendo la exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más pobres.

En efecto, diversos estudios concuerdan en afirmar que el ingreso a la educación superior favoreció a los sectores con mayores ingresos, a la población de las grandes ciudades y a los estudiantes provenientes de planteles privados. A la par de este fenómeno, la educación superior de gestión oficial disminuyó sensiblemente su participación en favor de la educación de gestión privada.

Desde 1999, el Gobierno Bolivariano ha dedicado sus mejores esfuerzos a fortalecer todo el sistema educativo venezolano y hacer realidad el ejercicio de la educación como derecho humano, para lo cual ha sido indispensable rescatar la iniciativa del Estado como garante de oportunidades educativas de calidad para todos, tal y como lo señala el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refiere:

"La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad…"

La prioridad otorgada a la educación como proceso fundamental para el cumplimiento de los fines esenciales de la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.

Con respecto al acceso a la educación superior, el Gobierno Nacional ha logrado la expansión de la matrícula de los Institutos y Colegios Universitarios y en buena parte de las Universidades Nacionales Experimentales, en una labor conjunta con las autoridades y las comunidades de estas instituciones.

Además, desde 1999 se han creado cinco nuevas universidades, a saber: la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (creada por decreto en el gobierno de Rafael Caldera y abierta en la gestión del presidente Chávez); la Universidad Marítima del Caribe; la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada; la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago y la Universidad Bolivariana de Venezuela (punta de lanza de la Misión Sucre). Igualmente, se han creado cuatro nuevos Institutos Universitarios de Tecnología, como son: el IUT del Estado Bolívar, el IUT del Estado Apure, el IUT del Estado Barinas y el IUT en la Fría, Estado Táchira.

Estas instituciones son nuevas oportunidades de estudio para el gran número de bachilleres que egresan de la educación media, y además responden a la necesidad de transformar el sistema de educación superior, en términos de cobertura geográfica, en función de la construcción del Equilibrio Territorial diseñado en los lineamientos del Plan Económico y Social de Desarrollo 2001-2007.

Estos ejemplos son una muestra de la decisión y de la acción estratégica del Estado para cancelar y superar la deuda social y garantizar el acceso a la educación superior de todas y todos. Sin embargo, este esfuerzo resulta aún insuficiente, toda vez que la deuda social acumulada es de enormes proporciones. Existe un aproximado de más de 500.000 bachilleres excluidos del sistema de educación superior.

Objetivos

Objetivos Generales

2. Facilitar la incorporación y prosecución de estudios en la educación superior de todos los bachilleres y bachilleras que, a pesar de sus legítimas aspiraciones y plenos derechos, no han sido admitidos o admitidas en ninguna institución de educación superior oficial, e incrementar el nivel educativo de la población venezolana.
3. Promover la reflexión, discusión, concepción e implantación de un nuevo modelo educativo universitario, con base en los imperativos de la democracia participativa y protagónica, el diálogo con los actores involucrados teniendo como referencia fundamental el proceso histórico, social, político y económico que vivimos.

Objetivos Específicos

2. Cuantificar y caracterizar la población de bachilleres que no han podido acceder a la Educación
3. Diseñar e implantar un Programa de Iniciación Universitaria (PIU), que favorezca el tránsito de los bachilleres a la educación superior.
4. Aumentar la matricula en las instituciones de educación superior (IES).
5. Conformar una Red, con todas aquellas instituciones y organizaciones que puedan cooperar de manera sustantiva en el desarrollo y consolidación de la Misión Sucre.
6. Desarrollar currículos que contribuyan e impulsen el Proyecto de Desarrollo Nacional endógeno
7. Propiciar el desarrollo de un curriculum abierto, flexible, dinámico e innovador que permita desarrollar e innovar planes y programas de estudio, metodologías y recursos para el aprendizaje, y que prevea la implementación de modalidades de formación como: la presencial, la semipresencial, la educación a distancia, la no convencional, y la acreditación de experiencias, entre otras.
8. Promover estrategias de transformación del sistema de educación superior, con base en el desarrollo endógeno y sostenible, que impacten en lo local, lo regional y lo nacional, que simultáneamente corrijan todas aquellas anomalías y desaciertos que han venido caracterizando a este sector educativo (admisión, sesgo social, deserción, calidad de la enseñanza etc.).

Metas:

• Habilitar 6.000 espacios (aulas) aptos para la actividad académica en todo el territorio nacional, para la incorporación de 300.000 nuevos bachilleres al Programa de Iniciación Universitaria.
• Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa de Iniciación Universitaria, en el mes de Marzo de 2004.
• Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa de Iniciación Universitaria, en el mes de Junio de 2004.
• Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa de Iniciación Universitaria, en el mes de Septiembre de 2004.
• Incorporación de la primera cohorte de 100.000 bachilleres que cursaron el PIU a los programas académicos de grado antes del mes de julio del 2004.
• Incorporación de la segunda cohorte de 100.000 bachilleres que cursaron el PIU a los programas académicos de grado antes de diciembre de 2004.

Visión e impacto esperado de la Misión Sucre

La Misión Sucre pretende:

• El desarrollo de competencias y actitudes para el ejercicio pleno de una ciudadanía responsable; comprometida con los problemas, necesidades y exigencias del país.
• La elevación del nivel educativo del venezolano y su acceso a la formación integral y a lo largo de toda la vida, como forma de empoderamiento de la población que le permite ganar y abrir nuevas opciones de crecimiento personal y de participación social, económica, cultural y política
• La disminución de las desigualdades sociales en el área educativa, y su impacto favorable en la disminución de las brechas de desigualdad en otras áreas.
• El fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales para la producción económica con sentido social y responsabilidad ambiental; para la garantía de los derechos a la participación, la libre expresión, la salud, la educación y, en general, a una vida digna; para la gestión social participativa y la gobernabilidad; para la comprensión del país, sus regiones y localidades en su diversidad; para la conservación, rescate y enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural y ambiental; así como para nuestra participación en el mundo desde una posición de soberanía nacional, integración latinoamericana y caribeña, defensa de la paz y solidaridad entre los pueblos.

Por tanto, al masificar la educación superior a través de la desconcentración del sistema y la creación de nuevas modalidades, alternativas y oportunidades de estudio en todo el territorio nacional se generará un gran impacto, que en términos generales puede delimitarse de la siguiente manera:

En el plano personal: la incorporación a los estudios superiores de cada uno de los participantes está asociada a la adquisición de nuevos conocimientos y la participación en la cultura, a la ampliación de horizontes y al desarrollo personal, al conocimiento de nuevas personas, el reconocimiento de sí mismo y el encuentro humano; a la valoración positiva de la familia y la generación de referentes para las nuevas generaciones, al desarrollo de capacidades para pensarse y repensarse a sí mismo y a su entorno, para idear y realizar proyectos y ser útil a los demás.

La incorporación de la educación superior al ámbito local y cotidiano, deberá fortalecer las relaciones de solidaridad de la comunidad y la capacidad protectora de la familia; fortalecer actitudes positivas para la convivencia, desarrollar capacidades para la organización y la acción colectiva, incidir favorablemente sobre otros procesos educativos; impactar positivamente en la salud y actuar como factor preventivo en relación al riesgo social.

En el plano social: las relaciones que se establecen desde el empoderamiento (derivado del acceso al conocimiento) de la persona sobre sus potencialidades y fortalezas, le permite unirse con otros para el logro de objetivos colectivos en diferentes ámbitos.

En el plano político: el incremento del nivel educativo fomenta la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como mayor participación en los servicios sociales, a la vez, que permite la creación de una nueva cultura política y de los nuevos ciudadanos republicanos.

En el plano económico: el acceso al conocimiento abre oportunidades para actividades productivas más allá del empleo, la creación y recreación de formas de vida y relaciones productivas desde la solidaridad y el cooperativismo, formas asociativas de distinta naturaleza en donde las ganancias generadas por la fuerza de trabajo sean distribuidas de forma justa entre los trabajadores.

En el plano transectorial: la estructura de las Misiones Sucre, Robinson y Ribas desarrolladas por el Estado durante el año 2003, intenta dar mayor flexibilidad y efectividad a la acción del Estado, impulsando la transectorialidad y la capacidad de reorganizarse conforme a las necesidades y prioridades nacionales, para dar respuesta a los nuevos retos de participación e inclusión que se establecen en las disposiciones constitucionales y el plan de desarrollo de la nueva república.

Razones que justifican la creación de la Misión Sucre

Los sistemas de selección y admisión: El sistema de selección y admisión que se aplica a los estudiantes que aspiran a ingresar a la Educación Superior ha sufrido, casi desde sus inicios, el cuestionamiento de diferentes sectores de la comunidad académica. Básicamente el sistema de selección se comparte entre los procedimientos aplicados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que combina los resultados de las calificaciones de Educación Media (Promedio del Bachillerato) con los de la prueba de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Matemático) en un índice que los integra, denominado Índice Académico; y el utilizado por las universidades que, fundamentalmente, está constituido por las llamadas Pruebas Internas, las cuales combinan exámenes de aptitud con las de conocimientos específicos, según la naturaleza e interés del área o disciplina correspondiente .

El aspecto que más se ha cuestionado es la discriminación social que el procedimiento establece entre los aspirantes, evidenciándose que los resultados de las pruebas tienden a favorecer a los estudiantes de mayores recursos socioeconómicos, característica que es válida tanto en el sistema nacional de admisión, como en el de las pruebas internas de las universidades, aunque más acentuadamente en este último.

La exclusión en la educación superior: Si se realiza una breve revisión histórica y social sobre el problema de la exclusión de la educación superior, se encuentra que a partir de los años 80 la composición social de los bachilleres que ingresan a las universidades públicas, se conforma cada vez y en mayor medida por ciudadanos provenientes de los sectores medios y altos de la población, mientras que pocos de los bachilleres pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la población logran integrarse al sistema de educación superior. Tendencia que contraviene el sentido de promoción social que ha de tener la educación y facilita el incremento de las brechas de inequidad que existen en nuestro tejido social.

La exclusión de la educación superior debe ser entendida considerando la totalidad de planos que afecta. La exclusión no sólo significa una disminución de posibilidades educativas sino que incide en las perspectivas de futuro de la población.

Parafraseando a Bastidas y otros (1999), la exclusión educativa significa una dificultad para acceder a experiencias y relaciones que pueden encontrarse asociadas al fracaso y suele imponer límites al desarrollo de habilidades cognitivas, de competencias comunicacionales en contextos diferentes al familiar y comunitario y al acceso a informaciones, técnicas y conocimientos.

Dificulta también el acceso a nuevos escenarios para la formación permanente y restringe las posibilidades de empleo. Vistos la educación y el conocimiento como factores estratégicos para el desarrollo integral sustentable, la exclusión no es solamente un problema individual o familiar, sino que afecta negativamente sobre toda la nación. Afecta la cohesión social y grupal, porque cercena los espacios de aprendizaje como espacio público, donde eventualmente pueden cohabitar los diversos integrantes de las comunidades e incluso de distintas colectividades. Obstaculiza la base común de conocimientos y comunicación que necesita un país para considerarse nación.

Es un problema político; disminuyendo las posibilidades de participación en las decisiones públicas, tener influencia sobre los otros y derecho de palabra para opinar. La exclusión es una fuente de desequilibrio en el acceso al poder, aislando aún más a los pobres.

La exclusión en la educación superior pareciera tener una de sus causas en las fórmulas internas que han producido las propias instituciones, a las cuales ya hemos hecho referencia. Un estudio efectuado por OPSU indica cómo ha sido la evolución del ingreso al sistema entre los años 1998 y 2000. El número de aspirantes, los asignados por OPSU-CNU y las cifras de nuevos inscritos en tales años se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3: Demanda total, asignados CNU-OPSU y nuevos inscritos en la educación superior, 1998-2000

En el cuadro anterior se observa como, a pesar del incremento de los asignados por la vía CNU-OPSU, la proporción representa en el mejor de los casos el 13% del total de estudiantes que ingresan a la educación superior. Aunado a ello, las cifras de personas que no ingresan a la educación superior ronda números entre setenta mil trescientos cincuenta y seis (70.356) y cincuenta y cuatro mil quinientos veinte (54.520). En otras palabras, se ha excluido a más de ciento noventa y un mil aspirantes sumando los tres años. Ello, sin contar a quienes desisten aún antes de inscribirse para la Prueba Nacional de Aptitud Académica, al evaluar negativamente sus posibilidades de ingreso.

Sin embargo, el énfasis debe ser puesto en el índice de exclusión. Es muy importante tomar en cuenta que diecinueve (19) de cada cien aspirantes se vieron excluidos de la educación superior en el año 2000, veintitrés (23) en 1999 y veintisiete (27) en 1998.

Si bien la tendencia es al descenso, estos datos indican dos cosas: las cifras de estudiantes sin cupo representan casi la cuarta parte de la demanda; y cuando se analizan estos números se entiende que el Proceso Nacional de Admisión administra un bajo porcentaje de los cupos totales de educación superior, aun cuando es el mecanismo que resulta menos excluyente.

Cuadro 4: Comparación de la demanda estudiantil satisfecha por las universidades públicas clasificada por nivel socioeconómico y expresada porcentualmente en los años 1984 y 1998.

El cuadro 4, brinda una mejor panorámica de cómo las universidades públicas a través del tiempo han reducido su capacidad de ingreso para los sectores más pobres de la sociedad. La clase obrera, ha reducido sus números de ingreso a poco más de la mitad y a menos de la tercera parte respectivamente, entre los años de 1984 y 1998.

En el cuadro 5, se aprecia la tendencia al descenso que se mantenía hasta 1998 en los cupos para los bachilleres que egresaban del sector público de la educación. Un poco más de una tercera parte de los cupos en términos porcentuales, perdió el sector oficial. Paralelamente, los egresados del sector privado ocuparon casi diez por ciento más.

Cuadro 5: Comparación de la demanda estudiantil satisfecha por las universidades públicas clasificada por dependencia pública o privada del plantel de proveniencia y expresada porcentualmente en los años 1984 y 1998.

La conclusión que se puede extraer de las cifras anteriores, es que las instituciones universitarias a través de sus propios mecanismos permitieron que entre el año 1984 y 1998 se cambiara un patrón paritario de ingreso por condición socioeconómica o por dependencia del plantel, hacia un sistema injusto que privilegia a los sectores de clase alta y media-alta y a los egresados de planteles privados. Esta distorsión aparece claramente asociada a la generalización de los mecanismos internos de ingreso.

En definitiva se había consolidado en Venezuela, la tendencia mundial que señala la Declaración sobre la Educación Superior para el Siglo XXI (UNESCO, 1998):

"Ha sido igualmente una época de mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de oportunidades de enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de los más desarrollados y más ricos".

La nueva orientación de las políticas sociales del Estado

Durante la década de los 90 la política social del Estado venezolano fue orientada por el paradigma de la focalización, en donde se atendían los problemas coyunturales con programas sociales de impacto restringido en aquellos grupos identificados como los más vulnerables, cuyo objetivo primordial era garantizar que se cubrieran las necesidades básicas para la subsistencia de la persona. Las políticas sociales del nuevo Estado venezolano producto del proceso constituyente, reconocen necesidades sociales más allá de lo material o de la ubicación del individuo frente a una línea imaginaria de pobreza. La construcción del equilibrio social dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación implica una nueva visión del ciudadano y sus derechos, en donde la participación protagónica en la toma de decisiones implica los retos de la transformación y formación. La construcción de una sociedad más equitativa y justa, pasa necesariamente por preparar a la población para el ejercicio de la ciudadanía de forma soberana, incrementado su nivel educativo.

La función estratégica de la Educación Superior

La educación superior es un factor estratégico para la transformación social, la consolidación de la soberanía nacional y la construcción de una sociedad mejor. El acceso al conocimiento y la información, la participación en los circuitos de difusión y transformación de los saberes, la creación intelectual, el desarrollo tecnológico y su aprovechamiento creativo son claves para el desarrollo humano integral y sustentable; el reconocimiento, la comprensión y el conocimiento de nuestra diversidad y potencialidades como país; la búsqueda de la justicia social, el combate de la pobreza y de todas las formas de exclusión social; la consolidación de la participación protagónica del pueblo venezolano, de la democracia participativa y de la ciudadanía democrática; la expansión y la democratización de las capacidades educativas, científicas, tecnológicas y económicas de la nación; la seguridad alimentaria; la conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural; la garantía universal e indivisible de los derechos humanos; la democratización de la sociedad internacional; el equilibrio ecológico; la integración latinoamericana; el fortalecimiento de la condición humana y los procesos que faciliten la paz, la comprensión y la colaboración entre los pueblos de todo el mundo. En cada uno de estos campos la educación superior tiene compromisos que cumplir y aparece como necesidad ineludible.

La educación superior no es solamente un asunto de carreras, títulos y grados. Es centralmente una instancia de participación en el conocimiento y, siguiendo a Hopenhayn y Ottone (2000), "un campo que decide":

… la importancia creciente de la innovación y el conocimiento en las economías hace de la educación no sólo una inversión con alta tasa de retorno, sino un campo que decide sobre el destino futuro de personas y sociedades enteras: o dentro de la revolución de la información, o fuera; o con acceso a "trabajos inteligentes", o recluidas en servicios de bajo componente técnico y bajos salarios; o integradas en redes de circulación del conocimiento, o desamparadas en la intemperie del analfabetismo cibernético.

No en balde, la UNESCO (1998) apunta que sin el fortalecimiento de la educación superior ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible. Más aún, ante la complejidad de las problemáticas contemporáneas, la vertiginosa creación y difusión de conocimiento y el valor que hoy en día se otorga a este como ventaja competitiva aún mayor que la tierra y el capital.

Justamente, el aceleramiento de los cambios tecnológicos, políticos, culturales, sociales y éticos ha puesto de relieve la necesidad de la educación a lo largo de toda la vida y, para ésta la educación superior ha sido considerada una plataforma privilegiada.

Pues a esta le toca generar procesos de aprendizaje abierto y permanente, tanto como abrir puertas para que tales aprendizajes tengan lugar.

Se trata de que la educación superior se constituya como un espacio abierto al aprendizaje permanente y, por tanto propicie oportunidades de formación múltiples y flexibles, en cuanto a sus modalidades, contenidos, trayectorias y poblaciones a las que van dirigidas, atendiendo a las distintas necesidades de formación; que brinde posibilidades para entrar, salir y reingresar fácilmente del sistema y esté abierta a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la educación media, sin distinción de edad.

Por todas estas razones, se presenta como urgencia nacional la necesaria implementación de un sistema equitativo de ingreso a la educación superior, donde se hable de acceso en vez de selección, donde se universalice la oferta académica en los municipios, se creen nuevas modalidades de estudios y se flexibilicen los currículum y se reconozcan las competencias de las personas, es decir, lograr una real transformación universitaria que beneficie a todos en igualdad de condiciones.

La educación universitaria está en la responsabilidad de ser una manifestación de la democracia educacional participativa, la cual exige: garantizar el acceso a la educación superior de los egresados de la educación media, sin más limitaciones que sus aspiraciones, capacidades y vocaciones; y permitir que los estudiantes que a ella acceden alcancen logros significativos en su empeño por formarse y profesionalizarse.

Ello requiere que la educación superior venezolana en un tiempo perentorio asuma el reacomodo, reforma, cambio y/o transformación de sus estructuras y procedimientos académicos y administrativos, que hagan propicio el cabal cumplimiento de su misión social.

La revisión o cambio que debe realizarse en la educación universitaria debe conducir a transformaciones profundas en la concepción de lo académico, de lo administrativo, de lo financiero, a un rediseño del modelo de relaciones entre y con los estamentos profesorales, estudiantiles, administrativos y de servicios, que le permitan y favorezcan un nuevo plano de interrelaciones y vinculaciones entre ellos, con la comunidad, con el Estado, con el aparato productivo y otras instituciones nacionales e internacionales.

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LAS MISIONES

La prioridad que representan las misiones como un innovador tipo de política educativa, es facilitar el acceso a la educación, creando una expansiva oferta educacional dirigida, por un lado a combatir el analfabetismo y, por otro, a aumentar la capacidad productiva de la fuerza laboral; concentrándose básicamente en la "cantidad", es decir, en aumentar la entrada a la enseñanza y escolarizar la mayor cantidad de población.

Con este propósito el Estado ha incrementado significativamente las inversiones en educación, creando un sistema educativo paralelo, el cual por la vía ordinaria cuenta con los recursos previstos en la Partida del Programa Social Especial que se creó en el Ministerio de Finanzas para atender esos planes y Petróleos de Venezuela en su presupuesto estableció un fideicomiso a fin de cubrir el gasto de las misiones, pero debido a los niveles de ejecución, el gobierno solicita créditos adicionales para atender los requerimientos de esos planes especiales.

Los cambios de la política educativa del Estado originados por las misiones, cuya función principal es la incorporación de toda la población a la educación utilizando estrategias distintas a las tradicionales, recurre a instituciones fuera del sistema o que su labor principal no es la asignada.

Así se tiene que Misión Robinson es liderizada por el INCE, Misión Ribas se le asigna a PDVSA apoyada por CADAFE en lo que corresponde a los roles esenciales de liderazgo y ejecución y Misión Sucre, destinada a universalizar la educación superior resulta ambigua pues a veces corre a cargo del Ministerio de Educación Superior, otras a una Comisión Especial y en oportunidades a la Universidad Bolivariana de Venezuela, para así garantizar la concreción de las aspiraciones.

Las Misiones se presentan como una buena opción para adquirir un Título con bajo costo, e incluso se puede obtener una beca o prebenda que aumenta el atractivo de las mismas, para así convencer a la población de que éstas dan lo que otros gobiernos le han negado. Son una tarea con un alto contenido de valor, tal cual como lo fue en su momento el Plan Acude, cuya marcada diferencia era que no recibían pago alguno sus estudiantes.

Si bien estas opciones de estudio, son una bandera de los alcances positivos del gobierno, las mismas están conduciendo a un número importante de ciudadanos a una situación inusitada de tipo viciosa-becaria, ya que estos se acostumbran a cobrar una cuota mensual por un esfuerzo muy bajo ya que muchas veces, tanto la exigencia como el tiempo invertido no son verdaderamente significativos, habituando el futuro económico de cada ciudadano a ser más dependientes del gobierno, debido a que cuando se comienza a regalar beneficios (dinero) la gente se acostumbra a la dádiva, dado a que si es regalado, significa que obtienen beneficios a través del regalo, la lealtad y el contacto político, pervirtiendo con esto la moral pública, la capacidad del trabajador, dañando la conducta social.

Es menester del gobierno la realización de estudios de tipo social y económico a fin de garantizar de manera idónea, que las ayudas que otorga lleguen a los ciudadanos que realmente las necesiten, las aprovechen y las merezcan, dado a que en la actualidad existen personas que han desertado o han sido aplazadas en los estudios que realiza y aún siguen cobrando la beca asignada, igualmente existen ciudadanos que asumen con responsabilidad esta segunda oportunidad que se les está brindando y no la reciben, por otra parte también existen personas que sin esperar nada a cambio, realizan sus estudios para alcanzar el sueño de formarse profesionalmente.

Ahora bien, en opinión del grupo, a pesar de que las misiones pueden considerarse pertinentes dentro del sistema educativo actual, las mismas deben tener un fin perentorio para que no se creen vicios dentro de dicho sistema por parte de la población.

A su vez se vislumbran una serie inquietudes a generarse a largo plazo, las cuales se basan en que sucederá a futuro con los egresados de estas misiones, especialmente de la Misión Sucre ya que el campo laboral existente es simplemente insuficiente para satisfacer la demanda de empleos a solicitarse, lo que generaría por una parte una continua competencia e inseguridad en los puestos de trabajo y por otra estos profesionales podrían realizar labores no acordes al título universitario que ostentan, lo que pudiese causar una decidía laboral.

Igualmente existe la interrogante sobre la calidad de educación recibida por el estudiante en dichas misiones, dado a que si bien es cierto, estos estudios son avalados por el Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de Educación Superior, no menos cierto es que en oportunidades la supervisión dada por estos organismos es insuficiente, lo que podría ocasionar una ineficacia del profesional que entrará en el campo laboral.

Por otro lado se encuentra el hecho de lo que significaría un cambio de gobierno en el cual emerge la pregunta de qué sucedería con los ciudadanos que se encontrasen cursando estudios en las diferentes misiones, pues no existen garantías que avalen la continuidad de los mismas.

CONCLUSIÓN

El objetivo fundamental de las misiones es brindar atención educativa a toda aquella población que por cualquier motivo fue excluida durante décadas del sistema educativo formal, con frecuencia sin una planificación concreta, por lo cual se corre el riesgo de sacrificar la calidad por la cantidad, como es sabido, la supervisión en estas misiones es muy poco planificada y por ser una educación paralela no se siguen los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y Deporte.

Es por ello que se hace necesario conocer a las misiones más allá de la propaganda oficial, para poder llegar a un juicio ajustado a su realidad, para evaluar las estrategias de enseñanza, aprendizaje y todo lo relacionado con el contenido curricular, la evaluación y los recursos; se requiere un dominio estratégico de las misiones para conocer su real y exacta dimensión.

Es necesario determinar cual va a ser el destino de los egresados de estas misiones, ya que estas garantizan la prosecución dentro de ellas mismas, entiéndase, Robinson, a Ribas y luego Sucre, pero hay que plantearse la pregunta ¿Ésta población podrá ingresar al sistema educativo formal?, ¿Podrá integrarse al mercado labora?, ¿El estado seguirá subsidiando su asistencia a estas misiones?, ¿Estará el estado en

capacidad de asimilar en su mercado laboral a todos los egresados de esta novedosa modalidad de enseñanza?.

Es claro que existe un gran déficit educativo en nuestro país, que está siendo reforzado por una gratificación económica. No se conoce si esta manera de motivación será llevada a las diversas modalidades y niveles del sistema educativo venezolano.

Las misiones no se han institucionalizado en el sistema educativo venezolano hasta ahora, se deben ver como una solución coyuntural a un problema estructural, pues no se conoce si lo que hay es un déficit educativo en la población o un déficit en el mercado laboral, las misiones deberían establecer metas más concretas que orienten a la formación de obreros especializados, técnicos medios, profesionales, que se adapten a la realidad del país, para que así sean verdaderos constructores de la sociedad.

Dentro de los requisitos que se exigen para el desempeño de facilitadores en las misiones Robinsón y Ribas, mencionan rasgos importantes de personalidad, capacidad, liderazgo, pero en ningún momento establecen parámetros académicos, profesionales para conformar el equipo de facilitadores, lo que pone en tela de juicio la calidad de instrucción que se imparte en estas misiones.

BIBLIOGRAFIA

Libros:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5453 Extraordinario 24-03-200) ediciones DABOSAN; CA.

Folleto de información General Misión Ribas fase 1 (Alfabetización). Republica Bolivariana de Venezuela. Misión Robinsón. Comisión Presidencial.

Fundamentos Conceptuales de la Misión Sucre. (2004). Ministerio de Educación Superior. Fundación Misión Sucre. Versión Corregida.

CHÁVEZ FRÍAS, Hugo R. (2004). ¿Queremos acabar con la pobreza? Demos poder a los pobres. (La experiencia de los venezolanos). Naciones Unidas.

Internet:

www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html

www.ince.gov.ve/concurso/PaginaConcurso/ heroes/EL%20ANIVERSARIO.htm

www.misionrobinson.gov.ve

www.misionribas.gov.ve/mribas

www.misionsucre.gov.ve

ANEXOS

ANEXO A

MISIÓN ROBINSON I "YO SI PUEDO"

ACUMULADO DESDE EL 30 DE MAYO 2003

HASTA EL 31 AGOSTO 2005

ANEXO B

MISIÓN ROBINSON II "YO SI PUEDO SEGUIR"

AL 31 AGOSTO 2005

FUENTE: MISION ROBINSON

ANEXO C

MISIÓN RIBAS

ACUMULADO DESDE EL 16 DE OCTUBRE DEL 2003

HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2005

FUENTE: SALA SITUACIONAL MISION RIBAS

ANEXO D

MISION SUCRE

AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2005

FUENTE: SALA DE INFORMATICA FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE

Lic. González Ma. Yamilet

Septiembre 2005