Problemática de la migración y el impacto en la salud (página 2)
Enviado por David Camapaza Velasquez
A fin de controlar a sus víctimas, los traficantes de personas recurren a tácticas coercitivas, entre las que se incluye el engaño, el fraude, la intimidación, el aislamiento, las amenazas, así como el uso de la fuerza física y la esclavitud que supone el endeudamiento. Algunas de las repercusiones negativas en la salud de las víctimas de la trata de personas, la mayoría de las cuales son mujeres y niños, incluyen una mayor vulnerabilidad a la mala salud y una menor capacidad para poner en práctica opciones saludables; la exposición a los riesgos para la salud y las enfermedades infecciosas, en particular respecto de quienes viven en condiciones de pobreza; la violencia física o las condiciones de servidumbre laboral; las repercusiones sobre la salud reproductiva y sexual, incluidas las infecciones de transmisión sexual, los embarazos involuntarios, los abortos peligrosos, la infertilidad y el VIH/SIDA, además de las repercusiones en la salud emocional y mental.
3.3- Repercusiones en la salud de los que quedan atrás
La "fuga de cerebros": efectos de la migración de los profesionales de la salud
Los gobiernos tienen la obligación de proporcionar a la población un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención médica, así como de programas. Esos servicios incluyen personal médico y profesional capacitado y bien remunerado, teniendo en cuenta de las condiciones que existen en el país. Las políticas en materia de recursos humanos que mejoran el funcionamiento de los sistemas de salud son especialmente importantes a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio( y de minimizar las limitaciones que los países pueden tener para abordar los problemas más importantes de salud, por ejemplo, el VIH, la tuberculosis y el paludismo)
En muchas partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo que tienen una sólida tradición en la enseñanza y la formación profesional, el éxodo de profesionales plantea un grave problema. La situación es más marcada en los países donde la capacidad para reinvertir en el sistema educativo es limitada.
En ese caso, la pérdida de profesionales de la salud puede ocasionar graves deficiencias en los servicios disponibles para las comunidades locales y en la capacidad de los países en desarrollo para hacer avanzar sus planes de desarrollo sanitario. Con el fin de compensar esas pérdidas, los profesionales sanitarios que permanecen pueden adaptarse para prestar servicios fuera de su ámbito de ejercicio profesional. Tendrán también que hacer frente a mayores cargas de trabajo, estrés adicional, salarios bajos, material y equipos de calidad insuficiente, supervisión e información inadecuadas y falta de oportunidades profesionales, factores que pueden minar su motivación para continuar trabajando en ese entorno.
Tendencias de la migración internacional:
La denominada "fuga de cerebros" ha existido durante decenios. El 60% de los médicos formados en Ghana en el decenio de 1980 emigró al extranjero y en muchas partes de África y Asia esta tendencia no es en absoluto inusual. Una encuesta realizada en 1998 entre siete países africanos reveló niveles de vacantes en el sector de salud pública del 7,6% (para los médicos de Lesotho) al 72,9% (para los especialistas de Ghana).(26) Malawi informó de un 52,9% de vacantes para los puestos de enfermería. Estos porcentajes conducen inevitablemente a una cobertura insuficiente; si persiste la tendencia, cada vez será más difícil hacer frente a algunas necesidades de salud de la población
Los datos globales sobre migración internacional son escasos; no obstante, diversas fuentes estadísticas proporcionan algunos datos de utilidad acerca de la migración de personal sanitario (por ejemplo, censos/encuestas, registros administrativos, visados de migración, datos sobre permisos de trabajo y estadísticas fronterizas). Sin embargo, la naturaleza de esas fuentes puede variar de un país a otro. En numerosos países hay deficiencias importantes en cuanto a la información, y una proporción considerable de las corrientes de migración no está documentada, lo que dificulta la comparación de los datos entre países.
En consecuencia, la supervisión internacional de la migración se ve obstaculizada por la calidad de los datos y las cuestiones relativas a la comparación.
Los datos fiables de que se dispone confirman que los países más ricos continúan contratando personal de los países en desarrollo y que la migración de los profesionales sanitarios proseguirá mientras haya salarios más competitivos en otros lugares. Cada vez se tiene más conciencia de que los países "contratantes" deberían evaluar las repercusiones de sus políticas en el cumplimiento de los derechos humanos en los demás países.
Repercusiones financieras
Teniendo en cuenta las inversiones financieras que realizan los gobiernos en la formación de profesionales, la pérdida de nuevos graduados supone una pérdida ingente de recursos financieros y humanos para los países en cuestión. Existen buenas razones para creer que esa práctica contribuye a ampliar la brecha entre los países ricos y pobres. ) Muchos argumentan que la parte de las ganancias de los trabajadores migratorios internacionales que se envía desde el país empleador al país de origen (ampliamente conocida como "remesas") desempeña una función central para las economías de los países de origen. Sin embargo, la realidad es que no todos los migrantes envían dinero a sus casas. Incluso cuando lo hacen, su capacidad de remitir fondos suele estar limitada por las veleidades del empleo irregular en sus países de adopción.
Además, en el contexto de la migración de los profesionales sanitarios no hay pruebas de que las remesas enviadas por los emigrantes contribuyan necesariamente a las inversiones en salud en sus países de origen, sobre todo porque las remesas no se reinvierten directamente en capital humano. Por consiguiente, incluso cuando la capacidad económica de un país se ve reforzada a largo plazo, la pérdida de profesionales sanitarios a corto plazo puede repercutir negativamente en la cobertura y el acceso a los servicios de los países en desarrollo
3.4- Salud y derechos humanos de los migrantes en el país de acogida
El grado de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes depende de toda una gama de factores, desde su condición jurídica hasta su entorno en general. A continuación se presentan algunos elementos clave, relacionados de forma directa o indirecta con el respeto de los derechos humanos individuales, que pueden influir en la salud y el bienestar de los migrantes.
Accesibilidad en relación con la condición jurídica
Uno de los factores más importantes que determina si los migrantes encuentran obstáculos para acceder a los servicios de salud es la cuestión de su condición jurídica en el país. Por consiguiente, es conveniente iniciar este análisis con el examen de las cuestiones relativas a la salud y los derechos humanos de los migrantes indocumentados o "irregulares".
Las leyes y políticas que impiden a los migrantes acceder a los servicios sociales (incluida la atención médica) en función de su condición de inmigración, tienen como base y transmiten la idea de que los migrantes irregulares son los principales responsables de su precaria situación, de que a los contribuyentes les saldría muy caro pagar por sus servicios de salud y de que excluirles de las prestaciones sociales serviría para disuadir a futuros migrantes irregulares. Por tanto, permitir a los migrantes irregulares el acceso a los servicios de salud suele considerarse un acto de caridad o "generosidad" por cuenta del Estado. Sin embargo, de acuerdo con las leyes de derechos humanos, los gobiernos tienen obligaciones jurídicas con respecto a la salud de toda persona que se encuentre en el ámbito de su jurisdicción.
Si bien los derechos humanos son aplicables a todas las personas en el ámbito del territorio de un Estado, en ciertas circunstancias se permite el trato diferenciado por razones de nacionalidad. No obstante, en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los gobiernos no pueden favorecer a los no nacionales de cualquier nacionalidad con respecto a otros)
La contratación de migrantes en situación irregular puede estar fomentada por políticas estatales restrictivas que no obligan a los empleadores a proporcionar cobertura sanitaria a esos migrantes, ya que la fuerza de trabajo resulta entonces más barata que la contratación de nacionales, que exige seguro médico.
Sin embargo, tanto la legislación sobre derechos humanos como las obligaciones en materia de salud pública exigen que al menos se proporcione a los migrantes irregulares un nivel mínimo de protección pública de salud. No obstante, sólo hay dos tratados internacionales en los que se reconocen expresamente los derechos de salud de los migrantes irregulares, a saber, el Convenio sobre los trabajadores migratorios (1990) y el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales (1975). Cabe también señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el derecho a la salud, indicó que los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud absteniéndose de denegar o limitar – por motivos económicos, físicos y culturales – el acceso igual de todas las personas, incluidos los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos.
(82) En los planes nacionales de atención médica con frecuencia se discrimina a los migrantes temporales (la mayoría permanecen en esta categoría durante un tiempo) y muy en particular a los indocumentados, pues sólo ofrecen atención de urgencia a los no ciudadanos. Esto obliga a los migrantes a esperar hasta que consideran que su situación es lo bastante peligrosa para justificar su presencia en los servicios de urgencias. Problemas menores que podían haberse tratado en etapas iníciales pueden agravarse, lo que encarece el tratamiento. En cambio, la mayoría de migrantes indocumentados intentan en un principio solucionar los problemas por su cuenta, automedicándose o acudiendo a otras personas de su comunidad que no son profesionales sanitarios. La presión sobre los servicios de urgencias y el consiguiente uso ineficaz de los servicios de salud no han disuadido de mantener estas políticas a los encargados de planificarlas.
Otro factor que puede disuadir a los migrantes irregulares a la hora de solicitar atención y tratamiento es el temor a que las personas que prestan los de servicios médicos estén vinculadas a las autoridades de inmigración. En tal caso, esto puede tener un efecto paralizador sobre los migrantes irregulares que intentan acceder a los servicios de atención médica. Esos vínculos pueden comprometer también el empeño de los profesionales sanitarios de respetar el derecho a la privacidad de los que solicitan atención médica. Es preciso promover y proteger mediante leyes la confidencialidad profesional, y hay que ofrecer apoyo a los profesionales sanitarios para que mantengan ese principio en el contexto de su labor con los migrantes indocumentados.
La accesibilidad en relación con la equidad
Para lograr la plena realización del derecho a la salud "los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención médica y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, públicos o privados, estén al alcance de todos. ) El reconocimiento y la protección desiguales conforme a la ley son impedimentos fundamentales para un acceso igual y asequible a los servicios de salud
Afortunadamente, en algunas de las grandes empresas transnacionales surgen iniciativas positivas con el fin de asegurar una atención médica asequible y accesible para los trabajadores migratorios y sus familias. En algunas de esas empresas se ha comprendido la amenaza que representa para la productividad una salud deficiente, en especial el VIH/SIDAy la tuberculosis. Por ejemplo, en zonas del África meridional las enfermedades y defunciones relacionadas con el SIDA han reducido la fuerza de trabajo en un 20%. Por tanto, numerosas empresas colaboran entre ellas así como con los gobiernos y la sociedad civil para hacer frente a enfermedades tales como el VIH/SIDA.) La industria minera del África meridional, que depende casi enteramente de la fuerza de trabajo migratoria, ha tomado la delantera en esta esfera.
Estigmatización y discriminación
La discriminación explícita o implícita infringe uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y suele ser la causa de la mala salud. El derecho a la salud obliga a los gobiernos a garantizar que los establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles a todos, de hecho y de derecho, y en especial a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. En el contexto de la salud, dichos motivos son los siguientes: "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole".
El incumplimiento de las leyes que favorecen la igualdad por causa de la estigmatización o la discriminación constituye un obstáculo importante a la igualdad de trato. La responsabilidad gubernamental con respecto a la no discriminación implica asegurar la misma protección y las mismas oportunidades en virtud de las leyes, así como el goce efectivo de derechos tales como el derecho a la salud pública, la atención médica, el seguro social y los servicios sociales.
La estigmatización se refiere a actitudes, por ejemplo, la que lleva a considerar a determinados grupos como inferiores en uno o varios sentidos, en función únicamente de la pertenencia a esos grupos. Por ejemplo, los grupos dominantes estigmatizan a otros grupos cuando toleran con ecuanimidad su marginalización sistemática y justifican su desventaja aduciendo que el propio grupo es en parte responsable de su situación y no merece igual trato. A diferencia de la discriminación, la estigmatización está más relacionada con las percepciones que con la práctica. Sin embargo, ambas están intrínsecamente vinculadas puesto que la estigmatización permite o promueve la discriminación. Existen también indicios de que cuando se frena la discriminación con eficacia, hay probabilidades que la estigmatización disminuya o no sea tan evidente.
Discriminación sobre la base del sexo y del género
Por su doble marginación como mujeres y personas que migran, las trabajadoras migratorias pueden encontrarse fácilmente en una situación de vulnerabilidad a la violencia y a los abusos, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral.
La Relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes ha subrayado los problemas a que se enfrentan las trabajadoras migratorias, en particular las trabajadoras domésticas, entre los que se incluyen la retención de salarios, los actos de violencia física y sexual, la malnutrición y la confiscación de pasaportes. La OIM informa de que un gran número de mujeres etíopes fallecen mientras trabajan en países árabes como trabajadoras temporales, y las mujeres que regresan a sus hogares llegan a menudo con fracturas en las extremidades y la espalda, quemaduras producidas por ácido y otras consecuencias de los abusos físicos sufridos.
El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
Existe un riesgo elevado de que los migrantes, en particular los que carecen de especialización o se encuentran en situación irregular, sean empleados en trabajos de alto riesgo, mal remunerados y escasamente supervisados.
Normalmente aceptan puestos que los trabajadores locales rechazan, con frecuencia orientados hacia la minería, la construcción, la industria pesada y tareas agrícolas que les exponen a serie de riesgos ocupacionales, entre los cuales cabe citar los agentes tóxicos, las jornadas interminables y la escasa o nula protección en lo referente a prendas de vestir y demás material adecuado. Los obstáculos lingüísticos, la escasa comunicación, la falta de familiaridad con la maquinaria moderna y las distintas actitudes respecto de la seguridad son factores que incrementan dichos riesgos ocupacionales.
En general, los porcentajes de accidentes laborales son aproximadamente el doble para los trabajadores migratorios que para los nativos en Europa, y no hay motivo para creer que la situación es distinta en otras partes del mundo.
Los empleadores suelen considerar que los migrantes son demasiado temporales para dedicar recursos a su formación, y los problemas de comunicación a menudo reducen todavía más esa posibilidad. Los trabajadores migratorios, y en particular los indocumentados, aceptan con frecuencia esas peligrosas condiciones de trabajo por temor a llamar la atención y perder sus empleos o ser deportados.
La falta de familiaridad con el país, la cultura y el idioma significan también que, en general, los trabajadores migratorios desconocen sus derechos.
El derecho a una alimentación y una vivienda adecuadas
El acceso a una nutrición y unos alimentos adecuados está estrechamente vinculado a la capacidad económica de las personas y, en el caso de los migrantes, presenta una serie de desafíos complejos e interrelacionados. Además de los cambios radicales en los hábitos alimentarios que suelen tener que asimilar los migrantes en el transcurso de sus desplazamientos transfronterizos, la naturaleza económica de la migración implica que los migrantes pueden disponer de poco dinero para gastar en comida; incluso si ese no es el caso, el choque cultural que supone la adaptación a los nuevos ingredientes y hábitos puede ser considerable.
La vivienda es un indicador de la calidad de vida de las personas y, en el caso de los migrantes, especialmente los indocumentados, suele ser una cuestión problemática. La mayoría de los migrantes no sólo llegan con poco dinero sino que, en muchos casos, su situación oficial es de temporalidad y no les permite "invertir" en viviendas de buena calidad, incluso aunque dispongan del dinero para hacerlo. Los obstáculos sociales suelen reforzar esta situación, pues se asignan solamente determinadas zonas de las poblaciones y ciudades para los migrantes.
Numerosos estudios han subrayado la frecuencia con que se obliga a los nuevos migrantes a concentrarse en zonas desfavorecidas de las poblaciones y ciudades, así como en viviendas de calidad insuficiente donde el hacinamiento y el saneamiento inadecuado son la norma. En entornos post-industriales tales como los Países Bajos,
Austria, Francia, Italia y Alemania, esto se ha convertido en una fuente de morbilidad potencial para los migrantes de todas las edades, incluidos los niños.
Los estudios sobre trabajadores migratorios realizados en diversas partes de África revelan una combinación de viviendas deficientes, condiciones peligrosas de trabajo y grave problemas sociales. Hacen referencia a abuso crónico del alcohol y a pautas de comportamiento sexual que conducen a la rápida propagación de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, debido en gran parte al hecho de estar separados de sus esposas y novias. Un estudio realizado en Sudáfrica ha revelado que los trabajadores migratorios y sus parejas tienen el doble de probabilidades de infectarse por el VIH que las parejas no migrantes.
Accesibilidad física a los servicios de salud
El derecho a la salud requiere que los establecimientos, bienes y servicios médicos estén "al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados". Sin embargo, la ubicación, la distancia y el horario de apertura de los servicios de salud pueden plantear problemas a los migrantes.
Por diversas razones, los trabajadores migratorios pueden tener menos oportunidades de solicitar tiempo libre para recibir atención médica durante el día. De hecho, en numerosos países necesitan realizar dos o más trabajos con el fin de sobrevivir económicamente, con lo cual ni siquiera pueden acceder a esos servicios por la tarde.
Además, con frecuencia viven y trabajan en zonas de las poblaciones y ciudades o en zonas agrícolas en las que los servicios médicos no son muy accesibles físicamente.
Servicios de salud culturalmente apropiados y de buena calidad
Un elemento crucial del derecho a la salud es que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser culturalmente apropiados. Sin embargo, los servicios culturalmente apropiados suelen ser limitados, y requieren unos recursos y una mentalidad de apoyo y cooperación con respecto a los migrantes. De hecho,se han implementado pocas medidas que adapten adapten los servicios explícitamente a las necesidades de los migrantes y, en muchas situaciones, esto conduce a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y escasa observancia de éstos por parte de los pacientes.
La calidad de los servicios es también un factor importante que debe tenerse en cuenta en el contexto del trato que reciben los migrantes cuando acceden a la atención médica. Hay informes de profesionales sanitarios en los que se admite haber prestado niveles inferiores de atención y tratamiento en los casos en que no es posible aclarar de antemano la situación del paciente por lo que respecta al seguro de enfermedad; un ejemplo sería escayolar un hueso fracturado en lugar de tratarlo quirúrgicamente.
El derecho a solicitar, recibir y difundir información
El acceso a la información de salud comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Incluso cuando las disposiciones legislativas nacionales garantizan el acceso a los servicios, la escasez de conocimientos entre los migrantes obstaculiza su capacidad de acceder a la atención médica.
En efecto, la falta de información sobre la disponibilidad de los servicios de salud o las cuestiones relativas a la salud en general es una de las razones que los migrantes mencionan con más frecuencia para no utilizar los servicios de salud con eficacia y no adoptar medidas de prevención de las enfermedades por iniciativa propia. Estudios realizados en varios países de Europa Occidental muestran que, dentro de un mismo país, los índices de mortalidad y morbilidad materna así como de mortalidad infantil son superiores entre las mujeres inmigrantes que entre las pertenecientes a las mayorías étnicas. Los porcentajes de abortos son superiores y el uso de anticonceptivos modernos es inferior en general. Las diferencias se relacionan con niveles inferiores de información sobre los servicios y derechos pertinentes, por ejemplo, respecto de la asistencia prenatal o el acceso a los anticonceptivos. En conjunto, se ha informado de que en Europa los migrantes están sistemáticamente mal informados, proceden de entornos diversos, se enfrentan a obstáculos lingüísticos y muchos de ellos tienen niveles deficientes de formación.
Muchos migrantes simplemente no pueden comunicarse con los dispensadores de atención médica de forma satisfactoria. Los intérpretes sólo se utilizan habitualmente en los establecimientos de salud de unos pocos países; por ejemplo, en Suecia se ha demostrado que los desenlaces adversos en los embarazos de los grupos de inmigrantes están determinados en la misma medida por cuestiones culturales y biológicas. En consecuencia, las probabilidades de que el diagnóstico sea erróneo y el tratamiento inadecuado han sido y continúan siendo elevadas. En ningún ámbito es esto tan evidente como en el de la salud mental, donde la comunicación entre el paciente y el dispensador de atención médica es fundamentalmente importante.
Los habitantes de las distintas sociedades de todo el mundo son cada vez más interdependientes.
Con frecuencia nos referimos al mundo como a la "aldea global"; en esos términos, se puede considerar que es una comunidad única donde actualmente se observan desigualdades comparables a las que caracterizaron a los países en proceso de industrialización (por ejemplo, Inglaterra o Francia) durante el siglo diecinueve, cuando existían grandes disparidades entre ricos y pobres.
Con el tiempo, los gobiernos empezaron o se vieron obligados a comprender que las desigualdades sociales y económicas extremas son insostenibles.
Se iniciaron cambios en favor del reconocimiento de que los gobiernos son responsables de garantizar el acceso a la educación, el saneamiento y el acceso a los servicios de salud para las personas. De forma análoga, si no se toma conciencia de la responsabilidad de los gobiernos ricos hacia las poblaciones desfavorecidas del Sur, y hasta que esto no suceda, las disparidades continuarán ampliándose. El mundo seguirá siendo inestable, y la evidencia cada vez mayor de que las migraciones aumentan no deberá tomarnos por sorpresa.
Las encuestas actuales indican que hay escasa uniformidad en la gestión de las migraciones, incluso en las agrupaciones regionales tales como la Unión Europea. Existe asimismo una escasez de datos que hace imposible ofrecer un panorama coherente de las interrelaciones existentes entre la migración, la salud y los derechos humanos.
Por tanto, sólo hemos podido formular observaciones preliminares sobre el grado en que los migrantes están sometidos a prácticas discriminatorias y la manera en que utilizan los servicios de salud y participan en la economía, incluida la prestación de servicios de salud.
Se afirma que los beneficios económicos que la liberalización de las migraciones puede aportar al mundo eclipsarán a los producidos por la eliminación de los obstáculos al comercio. Esto es especialmente cierto allí donde las poblaciones envejecen y las economías necesitan el impulso de una fuerza de trabajo móvil que pueda responder en los casos en que hay escasez de conocimientos especializados; por ejemplo, cuando los hospitales quieren contratar médicos y enfermeras extranjeros. Si bien es fundamental que los votantes comprendan que una actitud más abierta hacia la inmigración puede beneficiarles, los argumentos económicos deben asociarse a los imperativos de los derechos humanos. El derecho, los mecanismos y los criterios de los derechos humanos requieren políticas de migración que salvaguarden la dignidad humana y garanticen planteamientos humanos y justos. Por tanto, mientras los países luchan por encontrar la forma de abordar las crecientes migraciones, es importante considerar que el marco de los derechos humanos es un pilar fundamental en la formulación de políticas. Si va unido a otro pilar importante – la recopilación de estadísticas fiables -, será posible desarrollar estrategias satisfactorias.
Estamos muy lejos del cambio de paradigma necesario para tratar a los migrantes como "ciudadanos del mundo" y "titulares de derechos", con independencia de su lugar de procedencia y destino. Ese cambio de paradigma requerirá tiempo, diálogo, información precisa, buena voluntad y, sobre todo, voluntad política.
1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Migración internacional, Salud y Derechos Humanos.2003
2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002), El derecho al disfrute del más alto nivel de salud, Observación General Nº 14, 22º Período de Sesiones (2002), Las fronteras de la vulnerabilidad: Género, migración y derechos sexuales y reproductivos. Fondo de Población de Naciones Unidas, 2002, Santiago de Chile.
3. Cortés Castellanos, Patricia (2005). Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y duras realidades. Programa Regional de Población y Desarrollo Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población/Fondo de Población de las Naciones Unidas, Serie Población y Desarrollo Nº 61, Santiago de Chile.
4. De Barbieri, Teresita. (1992). "Sobre la categoría género. Una introducción teórico metodológica". En: Fin de siglo. Género y cambio civilizatorio, Ediciones de las
Mujeres Nº 17, Isis Internacional, Santiago de Chile.
5. Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA (2007). El estado de la población mundial 2006. Hacia la esperanza. Las mujeres y la migración internacional.
Disponible en: http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/sp_sowp06.pdf
6. Jorge Martínez (2003). El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género. Serie Población y Desarrollo Nº 44. CEPAL, Santiago, 2003).
Autor:
David Camapaza Velásquez
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