Art. 13.- Atribuciones en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.- Son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción lo siguiente:
1. Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de los asuntos públicos, la ética en el uso de los bienes, recursos y en el ejercicio de las funciones públicas y el acceso ciudadano a la información pública.
2. Requerir de cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo a la ley.
3. Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, que no entreguen la información de interés de la investigación dentro de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información, serán sancionadas por el organismo de control correspondiente a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.
4. Requerir de las instituciones del sector público la atención a los pedidos o denuncias procedentes de la ciudadanía así como investigar denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social.
5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo, de acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre que esta determinación no haya sido realizada por otro órgano de la misma función, además de formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.
6. Actuar como parte procesal, en tanto los informes emitidos son de trámite obligatorio y tendrán validez probatoria, en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones.
7. Solicitar a la Fiscalía la protección de las personas que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo el Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y testigos. En caso de riesgo inminente instará la actuación inmediata de la Fiscalía.
Art. 14.- Denuncia.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está obligado a receptar, calificar, aceptar a trámite, e investigar de haber mérito suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción.
Se garantizará la reserva y protección de la o el denunciante.
El Consejo también podrá resolver iniciar investigaciones cuando de los documentos adjuntos a la denuncia se pueda verificar de manera clara, precisa y manifiesta que las instituciones que han actuado en el caso hayan incumplido sus atribuciones, previstas en la ley, o el caso a investigarse pueda constituir un precedente para las posteriores acciones del Consejo y otras instituciones en el marco de sus competencias.
Las denuncias podrán ser presentadas oralmente o por escrito en los idiomas oficiales de relación intercultural, en caso de hacerse de manera oral se reducirá a escrito, pudiendo contarse con peritos intérpretes de ser necesario y deberán contener, al menos, los siguientes requisitos:
1. Los nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, estado civil, y domicilio de quien denuncia;
2. La mención clara de los fundamentos de hecho y de derecho que la motiven;
3. Señalar la autoridad, servidor público o persona de derecho privado que realice actividades de interés público o preste servicios públicos, que presuntamente hubiere incurrido en la irregularidad denunciada; y,
4. Documentación que fundamente la denuncia.
Art. 15.- Admisibilidad.- Se admitirá el caso cuando se verifique lo siguiente:
1. Cuando el Consejo sea competente para conocer el caso en razón de la materia, atenten en contra de los derechos relativos a la participación o generen corrupción.
2. Cuando la denuncia cumpla con los requisitos legales.
3. Cuando no se haya iniciado un proceso judicial de cualquier índole por el hecho, ni exista sentencia ejecutoriada al respecto.
4. Y las demás establecidas en la Constitución, la ley.
Art. 16.- Investigación.- La investigación se regirá según el reglamento que se dicte para el efecto, que respetará el debido proceso, las atribuciones y competencias de los demás órganos del Estado y los derechos previstos en la Constitución.
El Consejo solicitará a los órganos competentes de la Función Judicial las medidas cautelares o las acciones que considere oportunas, para impedir actos de corrupción o suspender los hechos o actos que perjudiquen los derechos de participación o impidan el ejercicio del control social.
Art. 17.- Informes.- El informe resultante de la investigación será conocido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en forma previa a su aprobación, para garantizar su legitimidad y legalidad sobre la observancia de los derechos constitucionales de las personas involucradas. Los informes que emita el Consejo deberán ser escritos, motivados y concluyentes.
El Consejo implementará medidas para resguardar y precautelar la integridad y accesibilidad de los archivos por el tiempo requerido en la ley o de acuerdo a las necesidades institucionales.
Art. 18.- Será obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llevar a cabo el seguimiento de los procesos judiciales o administrativos que se deriven de los informes del Consejo e impulsar las acciones legales y administrativas necesarias de acuerdo a las recomendaciones formuladas en aquellos; para tal efecto deberá intervenir como parte procesal en dichas causas, sea por medio de acusación particular cuando se determinen indicios de responsabilidad penal, o de demanda, según el caso, presentada por quien ejerza su representación legal. Esta atribución la ejercerá sin perjuicio de la intervención de la Procuradora o Procurador General del Estado, como representante judicial del Estado.
TÍTULO III
PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
Art. 19.- Conformación.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado por siete Consejeras y Consejeros principales y siete suplentes, quienes ejercerán sus funciones durante un período de cinco años.
Se garantizará en su integración la representación paritaria de hombres y mujeres de manera secuencial y alternada entre quienes hayan obtenido las mejores puntuaciones y con la inclusión de al menos una o un integrante, tanto principal como suplente, proveniente de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos o montubios. Se promoverá en su composición la interculturalidad y la equidad generacional.
La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Art. 20.- Requisitos.- Para ser Consejera o Consejero se requiere:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano.
2. Estar en goce de los derechos de participación.
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación.
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Art. 21.- Prohibiciones.- No podrán ser designados ni desempeñarse como Consejeras o Consejeros quienes:
1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;
3. Mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales;
4. No hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género;
5. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
6. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;
7. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas;
8. En los últimos dos años hayan sido o sean directivos/as de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso;
9. Sean juezas y jueces de la Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral; Secretarios, Ministros de Estado y los miembros del servicio exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para su inscripción;
10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos;
11. Adeuden pensiones alimenticias debidamente certificadas por la autoridad judicial competente;
12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo Nacional Electoral; y,
13. Los demás que determinen la Constitución y la ley.
Art. 22.- Convocatoria.- "El Consejo Nacional Electoral organizará el concurso público de oposición y méritos para la designación de las Consejeras y Consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los términos previstos en esta ley.". Para tal efecto, realizará una convocatoria en los idiomas oficiales de relación intercultural, la misma que será publicada en el Registro Oficial. Dicha convocatoria será difundida en cadena nacional de radio y televisión utilizando los espacios de los que dispone el Gobierno Nacional, así como en la página web de la institución y en al menos tres de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de que se utilicen otros medios de comunicación disponibles.
Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador, serán responsables de la difusión y promoción de la convocatoria, a fin de obtener la participación activa de las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior.
En la convocatoria se describirán los requisitos legales establecidos en esta ley, que deberán cumplir las y los postulantes, la indicación del lugar de recepción de postulaciones, fecha y hora límite de su presentación.
La convocatoria al concurso de consejeras y consejeros deberá estar acompañada del instructivo que el Consejo Nacional Electoral dicte para el efecto.
Art. 23.- Postulaciones.- La selección de Consejeras y Consejeros se realizará de las postulaciones presentadas por las organizaciones sociales y ciudadanas y ciudadanos a título personal, que vivan en el país o en el exterior, en los términos y condiciones que determina esta ley; las organizaciones sociales no podrán postular a más de una persona.
La postulación comprende la entrega de la hoja de vida de la o el postulante, con los respectivos documentos de respaldo legalizados o certificados y con una carta que exprese las razones para la postulación.
En el caso de las postulaciones provenientes de organizaciones sociales además deberán acompañar la carta de respaldo de la organización. Dichas organizaciones deberán comprobar estar activas al menos durante los últimos tres años.
Una vez transcurrido el término de diez días, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el Registro Oficial, terminará el período para presentar postulaciones.
Las Consejeras y Consejeros no podrán presentarse a los concursos de oposición y méritos para designar a sus reemplazos, aún cuando hubieren renunciado previamente.
Art. 24.- Proceso de admisibilidad.- El Consejo Nacional Electoral verificará que las y los postulantes cumplan con los requisitos para ejercer el cargo de Consejeras y Consejeros, que no estén incursos en las prohibiciones previstas en esta ley; y la entrega de la documentación debidamente legalizada o certificada.
Las postulaciones que no cumplan estos aspectos no serán consideradas para el concurso, particular que se notificará al postulante o a la organización social auspiciante, previniéndole que dentro del término de tres días posteriores a la notificación, podrá solicitar la revisión de tal decisión. La solicitud de revisión será motivada y estará acompañada de la documentación de respaldo. El Consejo Nacional Electoral en el término de tres días, contados desde que se recibió esta, resolverá de manera motivada en única instancia.
La o el postulante será descalificado en cualquier momento, por haber presentado información falsa o incompleta, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Art. 25.- Oposición y méritos.- Todas las y los postulantes deberán rendir una prueba de aptitudes, la misma que será elaborada por tres catedráticas o catedráticos universitarios provenientes de carreras afines a las materias del concurso, elegidos de entre las ternas presentadas por las Universidades del Ecuador al Consejo Nacional Electoral. Quienes estarán obligados a mantener la confidencialidad sobre los contenidos de la prueba mientras dure el proceso.
La prueba versará sobre participación ciudadana, control social y ética pública y será diseñada con preguntas objetivas y de opción múltiple, en los idiomas de relación intercultural.
Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador serán las responsables de receptar las pruebas de las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior, de conformidad con el reglamento que se dicte para el efecto.
La evaluación de méritos se realizará de las carpetas entregadas por los y las postulantes, una vez admitidas por parte del Consejo Nacional Electoral.
Art. 26.- Criterios de calificación.- La calificación será diferenciada para las postulaciones que provengan de las organizaciones y de la ciudadanía, teniendo en cuenta los siguientes criterios según corresponda:
Para las postulaciones provenientes de las organizaciones sociales:
1. Liderazgo y experiencia como dirigentes en organización, participación y control social.
2. Experiencia en temas de control social, emprendimiento, organización, democracia, trabajo comunitario o representación social.
3. Formación académica, la misma que en la valoración total de méritos no será superior a la valoración de los numerales 1 y 2 de la o el postulante.
4. Capacitación en temas relacionados con organización, democracia, participación y control social.
5. Premios y reconocimientos relacionados con la promoción de los derechos de participación.
6. Años de trayectoria de la organización, tiempo de experiencia en procesos organizativos, de participación o control social así como el ámbito territorial de trabajo organizativo.
Para las postulaciones provenientes de la ciudadanía:
1. Liderazgo y participación en iniciativas cívicas, de organización, participación, control social y servicios comunitarios.
2. Experiencia laboral en temas de control social, participación ciudadana, organización, participación y servicios comunitarios.
3. Formación académica y capacitación específica en temas relacionados con participación ciudadana, organización, democracia y control social.
4. Premios y reconocimientos relacionados con la participación ciudadana y el control social.
Art. 27.- Medidas de acción afirmativa.- Adicionalmente, se tomarán en cuenta las siguientes condiciones de la o el postulante, sea proveniente de las organizaciones o de la ciudadanía, para asignar puntos por acción afirmativa, serán acumulables, se sumarán a la calificación total de méritos y oposición y en ningún caso dichos puntajes podrán ser superiores al total del puntaje previsto:
1. Ecuatoriana o ecuatoriano en el exterior por lo menos tres años en situación de movilidad humana.
2. Personas con discapacidad.
3. Pertenecer a los quintiles uno y dos de pobreza.
4. Ser menor de 30 o mayor de 65 años al momento de presentar la candidatura.
5. Persona domiciliada durante los últimos cinco años en la zona rural.
Art. 28.- Calificación.- El Consejo Nacional Electoral realizará la calificación de méritos y oposición en el término de doce días luego de concluido el proceso de admisibilidad, de acuerdo con el Reglamento respectivo. Una vez concluida esta fase se difundirán los resultados de la calificación a través de la publicación en la página Web de la institución, en al menos tres diarios de circulación nacional y en emisoras de mayor sintonía regional y local, sin perjuicio de que se utilicen otros medios de comunicación disponibles. Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador serán responsables de la difusión de los resultados en el exterior.
La calificación de las postulaciones se llevará a cabo en dos listas diferenciadas de hombres y mujeres, con el propósito de que en la conformación final se asegure la alternancia y secuencialidad. La calificación de oposición corresponderá al 50% de la evaluación total y los méritos al 50% restante.
Art. 29.- Recalificación.- Las y los postulantes podrán solicitar la recalificación de los méritos y/o de la oposición, dentro del término de tres días, contados a partir de la difusión de los resultados de la calificación total obtenida. El Consejo Nacional Electoral tendrá un término de seis días, contados a partir de la finalización de la recepción de solicitudes de recalificación para resolver en única y definitiva instancia.
Art. 30.- Difusión de resultados.- El Consejo Nacional Electoral, difundirá los resultados con los nombres y calificaciones de las veinte y cuatro personas mejor puntuadas dentro del concurso de oposición y méritos, respetando la conformación establecida en esta ley.
Dicha información será publicada en la página Web de la institución, en al menos tres diarios de circulación nacional y en emisoras de mayor sintonía regional y local, sin perjuicio de que se utilicen otros medios de comunicación disponibles. Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador serán responsables de la difusión de los resultados en el exterior.
Art. 31.- Impugnación.- Dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de la publicación de resultados, cualquier persona u organización social podrá impugnar a las postulaciones seleccionadas. La impugnación deberá ser motivada y se presentará por escrito ante el Consejo Nacional Electoral, con firma de responsabilidad y acompañando la documentación certificada que corresponda, bajo el estricto respeto a los derechos constitucionales.
Las impugnaciones se interpondrán cuando se considere que las candidaturas seleccionadas no cumplen con los requisitos legales, no tienen probidad, están incursas dentro de las prohibiciones o se hubiere omitido alguna información relevante para postular al cargo. Las impugnaciones que no sean presentadas de la forma prevista en esta Ley, serán desechadas.
En caso de no contar con la información que respalde su impugnación, por denegación del derecho al libre acceso a la información pública de acuerdo con la ley, el Consejo Nacional Electoral requerirá de la entidad poseedora de la información, la entrega de la misma en un término no mayor a dos días. En caso de incumplirse con la obligación, la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral requerirá a quien corresponda, luego del proceso respectivo, la sanción prevista en la ley.
El Consejo Nacional Electoral de forma motivada resolverá la procedencia de las impugnaciones y notificará a las y los postulantes impugnados quienes podrán presentar pruebas de descargo en el término de cinco días. Para las impugnaciones se llevarán a cabo audiencias públicas dentro de los seis días subsiguientes, respetando el derecho a la defensa, réplica y debido proceso.
Concluida esta fase, el Consejo Nacional Electoral las resolverá en un término de hasta ocho días, aceptada la impugnación la o el postulante será descalificado.
Art. 32 – Orden de asignación.- Serán designadas como Consejeras y Consejeros principales las tres candidaturas mejor puntuadas en el grupo de mujeres, las tres mejor puntuadas en el grupo de hombres; si hasta el puesto número seis no existiera un integrante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, el puesto número siete será ocupado por el o la integrante de estos grupos con mejor puntuación, teniendo en cuenta la alternancia y secuencialidad entre hombre y mujer. El primer puntuado o puntuada determinará el orden de alternabilidad y secuencialidad.
El mismo procedimiento se seguirá para la selección de las Consejeras y los Consejeros suplentes. En caso de excusa de algún candidato seleccionado, ocupará su lugar el que le siga en puntaje de acuerdo al orden de prelación garantizando la paridad. De producirse un empate entre las y los postulantes seleccionados, el Consejo Nacional Electoral realizará un sorteo público entre las y los postulantes empatados.
Art. 33.- Proclamación y posesión.- Una vez resueltas las impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral proclamará los resultados definitivos del concurso en el orden de asignación previsto en esta ley y enviará los nombres de los catorce hombres y mujeres designados a la Asamblea Nacional para que proceda a su posesión.
Art. 34.- Veeduría al concurso.- Las organizaciones sociales y ciudadanía podrá organizar veedurías para vigilar y acompañar el proceso de selección de Consejeros y Consejeras, con el compromiso de emitir información veraz y evitar injurias a cualquier persona, so pena de sanción. Las veedurías no podrán retrasar, impedir o suspender el proceso de selección sin decisión de autoridad competente.
El Consejo Nacional Electoral reglamentará las condiciones de participación de veedurías ciudadanas para este concurso, las que deberán registrarse ante el mismo.
Art. 35.- Impedimentos para ejercer la veeduría.- No podrán ejercer veeduría las organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos que:
1. Hayan postulado para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
2. Tengan algún conflicto de intereses directa o indirectamente con el Consejo, sean contratistas o proveedores de los organismos de la Función de Transparencia y Control Social; sean dignatarios, funcionarios o servidores del sector público; o hayan laborado dentro del año anterior en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3. Estén vinculados por matrimonio, unión de hecho o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad con algún Consejero o Consejera o postulante al Consejo.
TITULO IV
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
CAPITULO I
De los órganos
Art. 36.- Estructura institucional.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado por órganos de gobierno, ejecutores, asesores y de apoyo.
Órganos de gobierno: El Pleno del Consejo, la Presidencia y Vicepresidencia.
Órganos ejecutores: Delegaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; la Secretaría Técnica de Participación y Control Social; la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Órganos asesores: Comisiones Especializadas.
Órganos de apoyo y auxiliares: Secretaría General y los demás órganos que determine el reglamento que se dicte para el efecto.
Art. 37.- El Pleno del Consejo.- El Pleno del Consejo se integrará por las siete Consejeras y Consejeros principales, quienes serán sustituidos en caso de ausencia temporal o definitiva por las Consejeras o Consejeros suplentes, legalmente designados, con apego al orden de su calificación y designación.
Art. 38.- Atribuciones.- Son atribuciones del Pleno del Consejo:
1. Designar de entre las Consejeras o Consejeros principales a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo.
2. Nombrar a la o el Secretario General en base a una terna propuesta por el Presidente del Consejo y resolver su remoción con causa justificada.
3. Designar al representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la instancia de coordinación de la Función de Transparencia.
4. Organizar las Comisiones Ciudadanas de Selección, dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos, de acuerdo con la Constitución y la presente ley.
5. Designar una vez efectuado el proceso de selección que corresponda a las autoridades estatales y representantes de la ciudadanía que prevé la Constitución y la ley.
6. Crear y regular a las Comisiones Especializadas del Consejo así como designar a sus miembros.
7. Dictar resoluciones para desconcentrar las funciones y atribuciones que correspondan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y designar a las y los delegados territoriales así como proceder a su remoción.
8. Establecer políticas, planes, programas y proyectos institucionales, aprobar el plan estratégico, operativo anual, de contratación; la proforma del presupuesto anual y el informe de rendición de cuentas.
9. Expedir el estatuto orgánico por procesos; los reglamentos internos; manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo.
10. Nombrar o remover con causa justificada a las Secretarias o Secretarios Técnicos del nivel ejecutor.
11. Aprobar los convenios e instrumentos de cooperación interinstitucional.
12. Conocer y cumplir las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa.
13. Regular el trámite de recepción de denuncias y el proceso de investigación.
14. Conocer los informes sobre el desarrollo de la gestión administrativa presentados por la y el Presidente y pronunciarse sobre ellos.
15. Conocer y actuar respecto a los informes de investigación realizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
16. Ejercer las demás atribuciones que establezcan esta Ley y los reglamentos pertinentes.
Art. 39.- Funcionamiento del Pleno del Consejo.- Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias y serán convocadas de acuerdo al reglamento y la ley. Además las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas a petición de al menos cuatro Consejeras o Consejeros, para tratar exclusivamente los asuntos previstos en la convocatoria, que contendrá el orden del día establecido en la petición.
Las sesiones del Pleno del Consejo serán públicas, excepto cuando se trate asuntos de investigación. Sesionará y tomará decisiones con la mayoría absoluta de sus miembros, en caso de empate en la votación, la Presidenta o Presidente tendrá voto dirimente.
Art. 40.- La Presidenta o Presidente del Consejo.- Las Consejeras y Consejeros principales elegirán de su seno a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a su posesión.
La Presidencia y Vicepresidencia se ejercerá de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer por la mitad del periodo para el que fueron electos consejeros y consejeras de conformidad con la Constitución.
En caso de ausencia temporal o excusa por conflicto de intereses para conocer temas específicos, le subrogará la Vicepresidenta o Vicepresidente, y en caso de ausencia definitiva lo reemplazará.
Art. 41.- La Vicepresidenta o Vicepresidente.-Será elegido de entre las y los consejeros principales, de la misma manera que la Presidenta o Presidente.
Reemplazará a éste en caso de ausencia temporal, y de ser definitiva, hasta completar el período para el cual fue electo el titular. En este último caso, el Pleno del Consejo procederá a la designación de entre sus miembros a la nueva Vicepresidenta o Vicepresidente.
Art. 42.- Atribuciones de la Presidenta o Presidente.- Son atribuciones de la Presidenta o Presidente del Consejo las siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, así como suscribir los contratos y todos los demás documentos que obliguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de acuerdo con la Constitución y la ley.
3. Delegar por escrito sus atribuciones y deberes a la Vicepresidenta o Vicepresidente, quien informará el cumplimiento de las actividades y será personal y solidariamente responsable de los actos y decisiones en el cumplimiento de las mismas.
4. Ejercer la máxima autoridad administrativa del Consejo.
5. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, presidir las sesiones del Pleno y elaborar el orden del día de las sesiones.
6. Convocar a la Consejera o Consejero suplente en caso de ausencia del titular.
7. Presentar al Consejo en Pleno para su aprobación el plan estratégico; el plan operativo anual y el plan anual de adquisiciones; así como los planes, programas y proyectos necesarios para su funcionamiento.
8. Someter oportunamente para conocimiento y decisión del Pleno los informes finales de las investigaciones que realice el Consejo.
9. Nombrar a las servidoras o servidores del Consejo y ejercer las demás acciones propias de la administración de personal, de conformidad con las normas legales sobre la materia, excepto a las servidoras o los servidores cuya designación o sanción corresponda al Pleno del Consejo.
10. Presentar el informe anual del Consejo ante la Asamblea Nacional, a la instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, los organismos del Estado que correspondan y la ciudadanía.
11. Las demás que establezcan la Ley y los reglamentos pertinentes.
Art. 43.- Las Consejeras y Consejeros deberán:
1. Presentar al inicio y al final de su gestión una declaración patrimonial juramentada, de conformidad con la ley.
2. Guardar absoluta reserva sobre las investigaciones que se realicen por el Consejo hasta que se emitan los correspondientes informes. Esta obligación se hace extensiva a los funcionarios, empleados y trabajadores del Consejo, bajo pena de destitución. La información reservada solamente podrá ser entregada por las Consejeras y Consejeros a las y los involucrados con el fin de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso.
3. Excusarse en las investigaciones sobre casos en los que existiere conflicto de intereses o en los que de alguna manera estuvieren involucrados personalmente sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
4. No podrán participar en actividades partidistas; y,
5. Las demás que se contemplen en la Ley y los reglamentos.
Art. 44.- Fuero y responsabilidad.- Las consejeras y consejeros principales durante el ejercicio de sus funciones gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia, estarán sujetos al control social y a enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y la ley.
Art. 45.- Prohibiciones en el ejercicio de funciones.- Las consejeras y consejeros durante el ejercicio de sus funciones no podrán:
1. Realizar proselitismo político.
2. Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones.
3. Divulgar información sobre los asuntos materia de las investigaciones que esté realizando el Consejo.
Art. 46.- Cesación de funciones.- Las consejeras y consejeros cesarán en sus funciones por:
1. Muerte.
2. Por terminación del periodo para el cual fueron designados.
3. Por renuncia; y,
4. Por censura y destitución mediante juicio político instaurado por la Asamblea Nacional debido al incumplimiento de sus responsabilidades o por haber incurrido en una o varias de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, durante el ejercicio de sus funciones.
Art. 47.- De los consejeros suplentes.- En caso de ausencia temporal o definitiva de las o los consejeros principales, se principalizará la o el primer consejero suplente de acuerdo al orden de asignación por la puntuación obtenida en el concurso público de oposición y méritos, asegurando la alternabilidad, secuencialidad y paridad entre hombres y mujeres en la composición.
Art. 48.- Delegaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones se desconcentrará mediante delegaciones a nivel provincial, sus funciones serán determinadas en el reglamento que se dicte para el efecto. El Consejo en Pleno designará a los titulares de las delegaciones a partir de la normativa que se dicte para el efecto, quienes serán elegidos por concurso de oposición y méritos así mismo el Consejo en Pleno con la votación de dos tercios de sus integrantes podrá constituir las delegaciones temporales en el exterior.
Los principios, requisitos, prohibiciones y tiempo de ejercicio para las delegadas y los delegados serán los mismos que para las Consejeras y Consejeros.
Art. 49.- Secretarios Técnicos.- El Pleno del Consejo nombrará de fuera de su seno a dos Secretarias o Secretarios Técnicos de una terna presentada por la Presidenta o Presidente del Consejo, quienes serán de libre nombramiento y remoción.
Los requisitos y prohibiciones para las Secretarias o Secretarios Técnicos serán los mismos que para la selección de las Consejeras y Consejeros, además de poseer título universitario de tercer nivel y tener experiencia de al menos cinco años en procesos de participación y control social.
Art. 50.- Atribuciones de las Secretarías Técnicas.- A las Secretarías Técnicas les corresponde:
1. Organizar, dirigir el trabajo técnico operativo que les corresponde de acuerdo a las competencias del Consejo y presentar informes técnicos respectivos; y,
2. Asesorar técnicamente a las Consejeras y Consejeros en los asuntos relativos a la competencia del Consejo.
Art. 51.- Servidoras y servidores.- Las servidoras o los servidores se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Constitución, leyes y demás normas que regulan la Administración Pública.
Art. 52.- Comisiones Especializadas.- Las comisiones especializadas son instancias de asesoramiento que se crearán con el fin de cumplir con las atribuciones establecidas en esta ley y en el reglamento que se dicte para el efecto. Cada consejero se integrará por lo menos a una comisión especializada.
Art. 53.- De la Secretaría General.- La titular o el titular de la Secretaría General será designada o designado por el Consejo en Pleno de fuera de su seno, de entre una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del organismo, deberá poseer título de tercer nivel en Derecho y acreditar al menos 5 años de experiencia en el ámbito administrativo. Estará presente en las sesiones del Pleno con derecho a voz y sin voto. Cumplirá además con los requisitos y atribuciones que contemple el reglamento pertinente.
El tiempo de ejercicio en el cargo del titular de la Secretaría General, será el mismo que el de la o el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pudiendo ser reelegida o reelegido por una sola vez.
Art. 54.- Fuentes de recursos.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se financiará con:
1. Recursos del Presupuesto General del Estado; los mismos que serán suficientes para garantizar el pleno funcionamiento y ejecución de las atribuciones conferidas a este organismo.
2. Los recursos provenientes de convenios con organismos nacionales o internacionales públicos o privados que trabajen temas relativos a la participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupción, previo informe de la Procuraduría General del Estado.
3. Los demás recursos que le corresponda de acuerdo con la ley.
TÍTULO V
DE LAS COMISIONES CIUDADANAS DE
SELECCIÓN
CAPITULO I
DE LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCIÓN
Art. 55.- Organización.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cumplir sus funciones de designación, organizará comisiones ciudadanas de selección que estarán encargadas de realizar el concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a la impugnación ciudadana para la designación de las siguientes autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado y miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, y las demás necesarias para designar a las y los miembros de otros cuerpos colegiados de las entidades del Estado de conformidad con la Constitución y la ley.
Todas las designaciones tanto de autoridades como de representantes ciudadanos que se deleguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se harán a través de los procesos de selección por medio de las comisiones ciudadanas que deberán conformarse para el efecto, excepto para designar a las autoridades que provienen de ternas presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.
El desarrollo de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana para la designación del Procurador General del Estado y de las o los Superintendentes, de las ternas enviadas por la Presidenta o Presidente de la República, serán efectuados directamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Art. 56.- Integración.- Las comisiones estarán integradas por una delegada o delegado del Ejecutivo, uno/a del Legislativo, uno/a de la Función Judicial, uno/a de la Función Electoral y uno/a de la Función de Transparencia y Control Social y por cinco representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre los treinta mejor calificados que se postulen y cumplan con los requisitos que determine la ley.
Las Comisiones se conformarán de manera paritaria entre mujeres y hombres a través de sorteos previos y diferenciados para representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Las y los delegados deberán pertenecer a las Funciones del Estado que les delega y serán designados por el máximo organismo de decisión de cada una de ellas.
Las Funciones del Estado para designar a su delegado o delegada, tendrán el plazo de treinta días que correrá desde que sean notificadas con tal requerimiento, vencido el cual, si no han procedido a la designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los designará directamente, bajo prevenciones legales.
Las Comisiones serán dirigidas por uno de las o los representantes de la ciudadanía, quien tendrá voto dirimente y sus sesiones serán públicas.
En la elección de quien dirija la comisión, participarán todos los comisionados.
Art. 57.- Requisitos y prohibiciones.- Para ser miembro de una Comisión Ciudadana de Selección las y los representantes de la ciudadanía requieren los mismos requisitos que para ser Consejera o Consejero además de demostrar conocimiento y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o en gestión pública, de acuerdo con los Reglamentos que para cada concurso dicte el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Las y los miembros de las comisiones tendrán las mismas prohibiciones que para ser Consejeras o Consejeros, incluidas las siguientes:
1. Quien sea cónyuge, tenga unión de hecho sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
2. Quien sea cónyuge, mantenga unión de hecho o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección, de ocurrir el caso, se sorteará a quien deba excluirse del proceso.
Las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrán participar en los concursos de designación de las Comisiones Ciudadanas hasta dos años después de terminadas sus funciones.
Art. 58.- Convocatoria.- Para la designación de las y los cinco delegados de la ciudadanía, que integran las Comisiones Ciudadanas de Selección se realizará una convocatoria abierta a la ciudadanía para que inscriban sus candidaturas al sorteo público.
El reglamento para organización de las Comisiones Ciudadanas de Selección normará la forma de presentación, contenidos y demás aspectos de la convocatoria, la misma que será publicada en el Registro Oficial y difundida en los idiomas de relación intercultural, la página web del Consejo, en tres de los diarios de circulación nacional; y, en los medios de comunicación y difusión masiva a nivel local y nacional que el Consejo determine.
Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador, serán responsables de la difusión y promoción de la convocatoria, a fin de obtener la participación activa de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.
Art. 59.- Postulaciones.- Para la selección de los representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, se podrán presentar postulaciones, a título personal o con el auspicio de organizaciones sociales en el término de 10 días contados a partir de la fecha de la convocatoria.
Cada organización social postulará un único candidato o candidata por Comisión Ciudadana de Selección y cada ciudadana o ciudadano podrá postularse para una única comisión ciudadana de selección. La postulación contendrá la hoja de vida de la o el candidato, con los documentos de soporte respectivos legalizados o certificados, y en el caso de postulaciones auspiciadas por organizaciones sociales, la carta con la justificación motivada para el auspicio.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verificará y calificará a las y los postulantes que cumplan con los requisitos y que no se encuentren incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en la ley. La lista de las y los postulantes calificados será publicada en la página web del Consejo, y en una cartelera pública en sus instalaciones. Quienes no fueron calificados, tendrán un término de dos días contados a partir de la publicación para solicitar al Consejo la revisión de la decisión. El Consejo resolverá en única y definitiva instancia en el término de dos días luego de recibida la solicitud. Si la decisión fuere favorable al postulante, se le notificará y será considerado para el sorteo
Art. 60.- Sorteo público.- El sorteo para la selección de las y los cinco delegados de la ciudadanía a las comisiones ciudadanas de selección será diferenciado y ante notaria o notario público; y se realizará entre las y los treinta postulantes mejor calificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En dicho sorteo se escogerán diez postulantes, en orden de prelación, provenientes de las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Los resultados del sorteo público para la integración de cada Comisión Ciudadana de Selección, serán difundidos en los idiomas de relación intercultural en la página electrónica del Consejo, y en una cartelera pública en las instalaciones del Consejo. Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador, serán responsables de la difusión y promoción de los resultados del sorteo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verificará y calificará a las y los postulantes que cumplan con los requisitos y que no se encuentren incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en la ley. La lista de las y los postulantes calificados será publicada en la página electrónica del Consejo, y en una cartelera pública en sus instalaciones. Quienes no fueron calificados, tendrán un término de dos días contados a partir de la publicación para apelar la decisión al Consejo.
Art. 61.- Impugnación.- Una vez conocidos los resultados de los sorteos, en el término de cinco días contados desde la fecha de publicación de la lista, se abrirá un período de escrutinio público e impugnación. Las ciudadanas o ciudadanos u organizaciones podrán impugnar a las y los postulantes favorecidos por el sorteo. Las impugnaciones se interpondrán cuando se considere que las candidaturas no cumplen con los requisitos legales, por falta de probidad, estén incursas en alguna de las prohibiciones o hubieren omitido información relevante para postular al cargo. Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas y documentadas ante el Consejo.
Art. 62- Resolución de impugnaciones.- El Consejo analizará las impugnaciones aceptándolas o negándolas en forma motivada. Aceptada la impugnación notificará a las y los postulantes impugnados para que en el término de tres días pueda presentar las pruebas de descargo.
En caso de ser procedente la impugnación, la candidata o candidato será descalificado. En caso de ser rechazada la impugnación, la o el postulante podrá ser designado para las comisiones ciudadanas de selección; todas las impugnaciones deberán observar los derechos constitucionales.
Art.- 63.- Veedurías.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará la participación de veedurías en el proceso de selección de Comisiones Ciudadanas, conforme al reglamento respectivo. Toda la información y documentación del proceso de selección de las comisiones ciudadanas será de libre, inmediato y permanente acceso a la ciudadanía.
CAPITULO II
DE LAS Y LOS COMISIONADOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES CIUDADANAS DE SELECCION
Art. 64.- De la Presidenta o Presidente.- Los integrantes de cada comisión ciudadana de selección deberán elegir de entre las comisionadas o comisionados provenientes de las organizaciones sociales o la ciudadanía a la Presidenta o Presidente, quien tendrá voto dirimente.
Art. 65.- De las Dietas.- Las comisionadas y comisionados, durante el periodo que duren sus funciones, percibirán dietas diarias equivalentes al 3.3% de la remuneración mensual unificada que percibiere una Consejera o Consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En el caso de que las comisionadas y comisionados que fueren servidores públicos estarán obligados a solicitar previamente comisión de servicios sin sueldo por el periodo que duren sus funciones en la Comisión de Selección.
En caso de que las comisionadas o comisionados designados fueren empleados privados, bajo relación de dependencia, el empleador estará obligado a concederle licencia sin sueldo por el tiempo que se desempeñe como comisionado o comisionada y a garantizarle su reincorporación a su puesto de trabajo, una vez que hayan concluido las actividades de la respectiva Comisión Ciudadana de Selección.
Las Comisiones Ciudadanas de Selección funcionarán operativamente con el apoyo del equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Art. 66.- Prohibiciones.- A los miembros de las Comisiones Ciudadanas de Selección les está prohibido:
1. Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones.
2. Formular criterios, parcializarse o expresar animadversión o discriminación contra alguno de los participantes en el concurso correspondiente.
Art. 67.- Cesación de Funciones.- Los miembros de las Comisiones Ciudadanas de Selección terminarán sus funciones en los siguientes casos:
1. Muerte.
2. Renuncia.
3. Resolución motivada del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que determine el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, o haber incurrido en las prohibiciones para ser miembro de las Comisiones Ciudadanas de Selección, que será aprobada por la mayoría de los miembros del Consejo.
4. Abandono del cargo, conforme el Reglamento correspondiente.
5. Conclusión de actividades de la Comisión Ciudadana de Selección.
CAPITULO III
DE LA SELECCIÓN Y DESIGNACION DE AUTORIDADES Y REPRESENTACIONES CIUDADANAS
Art. 68.- Selección y designación de ternas del Ejecutivo.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias de entre las ternas propuestas por la o el Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador; para lo cual designará las Comisiones Ciudadanas de Selección que correspondan para implementar los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación para la selección de estas autoridades. Las ternas propuestas estarán conformadas respetando la paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres y bajo el principio de interculturalidad.
La Presidenta o Presidente de la República enviará por escrito al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ternas respectivas, acompañadas de la hoja de vida de la o el postulante, la misma que será difundida a través de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el proceso observará lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Las Comisiones no podrán rechazar a uno o todos los y las integrantes de las ternas propuestas por el Ejecutivo, salvo que, como resultado de las impugnaciones, se justifique tal decisión.
Art. 69.- Selección y designación por concurso de oposición y méritos.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, numerales 11 y 12 de la Constitución de la República del Ecuador y la ley.
Para la selección de representantes de la ciudadanía a los espacios que prevé la ley se designarán comisiones ciudadanas que deberán seguir los mismos procesos establecidos en esta ley.
Art.- 70.- Postulación de las primeras autoridades.- La primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría General del Estado y las Superintendencias, las representaciones ciudadanas a los distintos organismos y cuerpos colegiados, podrán participar en los procesos de selección para la designación de sus reemplazos, previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas y no podrán participar en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos periodos, a excepción de las autoridades con prohibición expresa establecida en la Constitución y la ley.
Para participar en los procesos de selección para la designación de otra autoridad que no sea del cargo que se encuentran desempeñando, las autoridades de estas instituciones necesariamente tendrán que renunciar a su cargo, noventa días antes de la convocatoria al concurso público.
Art. 71.- Medidas de acción afirmativa.- Para el caso de la designación de Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, y Contralor General del Estado y en las designaciones de cuerpos colegiados se garantizará la integración paritaria entre hombres y mujeres de concursos diferenciados y al menos la inclusión de una persona representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios. En cada uno de los concursos se aplicarán los mismos criterios de acción afirmativa previstos para la designación de consejeras y consejeros.
Art. 72.- Reglamentación.- Las Comisiones Ciudadanas de Selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos y los procesos de veeduría e impugnación para designar a las autoridades y demás representantes de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento establecido para el efecto.
Art. 73.- Informe.- Una vez concluido el proceso de selección de autoridades, las Comisiones de Selección remitirán al Pleno del Consejo un informe con los resultados de su trabajo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a quienes hayan obtenido la mayor puntuación en el concurso asegurando la paridad entre mujeres y hombres y la inclusión de al menos un postulante proveniente de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios de conformidad con esta ley; y las designadas o designados del proceso de ternas dependiendo del caso.
Los informes son vinculantes y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrá alterar las valoraciones resultantes del concurso realizado por las comisiones, ni el orden de los resultados del concurso ni modificar las valoraciones de los postulantes para la designación de autoridades por concurso de oposición y méritos como para las que se utilicen ternas.
El Consejo remitirá a la Asamblea Nacional la nómina de las nuevas autoridades seleccionadas para la posesión respectiva.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Una vez aprobada esta ley, el Pleno del Consejo Nacional Electoral elegido de conformidad con el artículo 18 del Régimen de Transición, en un plazo no mayor a treinta días expedirá el reglamento para el concurso de oposición y méritos para la designación de quienes conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de forma inmediata realizará la convocatoria para el mismo de acuerdo a la Constitución y la ley.
SEGUNDA.- Una vez elegido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conformará las comisiones ciudadanas de selección, en base de los reglamentos elaborados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, convocará a los concursos de oposición y méritos para la selección de autoridades y delegados ciudadanos de acuerdo a la Constitución y la ley, hasta su designación.
TERCERA.- Para la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección que llevarán a cabo los procesos de selección de autoridades y cuerpos colegiados, el delegado o delegada de la Función Judicial será designado por la Corte Nacional de Justicia transitoria.
CUARTA.- El Consejo Nacional Electoral Transitorio designará al delegado o delegada de la Función Electoral para la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección que llevarán a cabo los procesos de selección de autoridades y cuerpos colegiados.
QUINTA.- Una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y de Control Social se organizará la comisión calificadora que designará a las magistradas y magistrados que integrarán la primera Corte Constitucional. Las normas y procedimientos del Concurso serán dictadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
SEXTA.- Dentro del plazo de treinta días contados a partir de su posesión, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegido por el Consejo Nacional Electoral, aprobará el Reglamento Interno de Funcionamiento del Pleno, Reglamento Interno de Administración del Personal y el Reglamento Orgánico por Procesos. En tanto se dicte esta normativa se regirán en lo pertinente por los reglamentos o resoluciones dictadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
SÉPTIMA.- Derógase la Disposición Transitoria Segunda del Código de la Democracia, y se dispone que los miembros del Consejo Nacional Electoral transitorio no podrán participar en los procesos de designación de autoridades de la Función Electoral y la de Transparencia y Control Social.
OCTAVA.- Para los procesos de selección de autoridades, las autoridades encargadas por la Asamblea Constituyente y las autoridades designadas mediante el procedimiento establecido por el Régimen de Transición podrán participar en el proceso de selección de sus reemplazos previa su renuncia, a excepción de las y los miembros del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Constitución y la ley, quienes podrán participar en los procesos de designación de autoridades de las demás funciones del Estado distintas de la Función Electoral y la de Transparencia y Control Social.
NOVENA.- El Consejo Nacional Electoral designará una administradora o administrador encargado de la gestión administrativa y financiera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el mismo que funcionará desde la cesación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio hasta la asunción de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designado a través del concurso elaborado por el Consejo Nacional Electoral transitorio.
DISPOSICION FINAL.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil nueve. f.) Rolando Panchana Farra, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional.- f.) Dr. Francisco Vergara, Secretario General de la Asamblea Nacional.
CERTIFICO que el Proyecto de LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL fue discutido y aprobado en primer debate el 16 de junio del 2009 y en segundo debate el 8 y 14 de julio del 2009, por la Comisión Legislativa y de Fiscalización; y, la Asamblea Nacional se pronunció respecto a la objeción parcial del Presidente de la República el 25 de agosto del 2009.
Quito, 2 de septiembre del 2009.
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General de la Asamblea Nacional.
Una vez publicada su Ley Orgánica en el Registro Oficial (Suplemento Nº. 22 del 9 de septiembre de 2009).
Tal como lo dispone la Constitución de la República, los Consejeros y Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio han cesado en sus cargos. La institución se encuentra a la espera de la designación de su Administrador temporal que deberá ser nombrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que está a cargo de la convocatoria al concurso de méritos y oposición para designar a los Consejeros del CPCCS definitivo.
El CPCCS transitorio culmina su labor
Dejando un proceso de trabajo autónomo e incluyente, que generó nuevos espacios de encuentro y participación inéditos en nuestro país en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales.
Tanto la elaboración de su proyecto de su Ley Orgánica, como la reglamentación de las Comisiones Ciudadanas de Selección de autoridades fueron producto de una construcción colectiva de más de 6000 personas a través de 26 talleres en todo el país y el aporte de más de 2000 ecuatorianos residentes en el exterior.
Tal como lo manda la Constitución, además del Reglamento, se aprobaron ocho normativas para cada concurso para la selección de autoridades.
Además de los mandatos constitucionales, el CPCCS estuvo a cargo, por Ley, de la selección de representantes al Directorio del Banco del IESS y de los delegados a la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, en ambos procesos – transparentes y públicos – se consiguieron los resultados esperados y se culminó con las designaciones correspondientes demostrando que en nuestro país sí es posible desarrollar concursos públicos de méritos, capacidades y merecimientos que obedezcan a criterios claros y técnicos en los cuales la ciudadanía puede y debe dar seguimiento.
Más de 30 veedores y veedoras nos acompañaron en todos y cada uno de los procesos iniciados, demostrando así la responsabilidad de la ciudadanía de asumir su deber y derecho de control social.
En el ámbito administrativo, por el hecho de ser una entidad nueva, nacida de dos instituciones de existencia preconstitucional como son la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la Secretaría Anticorrupción, se trabajó en construir una nueva institucionalidad, incorporando procesos administrativos, presupuestarios, de personal y en la creación de normas y reglamentos que respondan a una funcionalidad efectiva y transparente.
Cumpliendo con su deber constitucional de rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía, el CPCCS presentó su informe de labores en 5 ciudades del país (Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Manta y Tena). La publicación de su Ley el día de ayer, 9 de septiembre de 2009, y la consecuente cesación de sus autoridades, impiden a esta entidad desarrollar los eventos previstos en las ciudades de Ibarra y Quito.
Ante la suspensión de estos eventos, que obedece a una decisión de responsabilidad institucional, solicitamos comprensión a las autoridades, organizaciones y ciudadanía en general de dichas ciudades a quienes se había convocado con antelación.
Asimismo, es importante informar a la ciudadanía que la Presidencia de la Función de Transparencia y Control Social cuya titularidad recaía en MSc. Julián Guamán Gualli en su calidad de Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por disposición reglamentaria, se transfiere a quien fuera su Vicepresidente, Dr. Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo.
De esta manera, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio termina su labor con la certeza de dejar cimentadas las estructuras de funcionamiento para que la entidad definitiva continúe con su trabajo en pleno uso de sus atribuciones y competencias.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
1. PREÁMBULO.-
El proceso del concurso para la integración del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)inició el 24 de diciembre de 2008 y culminó con la posesión de Consejeros por parte de la Asamblea Nacional a los mejores postulantes puntuados, luego de haber agotado todas las fases y particularmente la de veeduría e impugnación ciudadana.
De entre los 315 candidatos vuestro servidor fue el mejor puntuado y en consecuencia los Consejeros designados me honraron eligiendo presidente del CPCCS.
Al ser posesionado como Consejero principal del CPCCS, el 26 de enero de 2009 por la Asamblea Nacional, sobre la base del mandato constitucional, me propuse tres objetivos:
a) promover la participación de ciudadanos/as y organizaciones de la sociedad en los procesos de la formulación de propuestas del proyecto de Ley del CPCCS y demás normativas respectivas;
b) asegurar que en la gestión y la formulación de normativas se evidencie la transversalización del estado plurinacional establecido en la Constitución y;
c) impulsar una gestión transparente, austera e incluyente basada en los principios "ama killa, ama shua, ama llulla".
Para el logro de los objetivos planteados desarrollé varias actividades que a continuación los describo:
2. PROPUESTAS DE NORMATIVIDAD.-
L régimen de transición de la Constitución claramente establece las atribuciones del CPCCS transitorio, demarcando a este Consejo la formulación del proyecto de Ley Orgánica del CPCCS, la reglamentación de las Comisiones Ciudadanas de Selección de autoridades, elaboración de normas de cada concurso de méritos y oposición de selección de autoridades y designación de representantes de la Función de Transparencia y Control Social en las comisiones ciudadanas seleccionadoras.
Tanto el proyecto de Ley como las normativas y reglamentos fueron elaborados con la participación de ciudadanos/as y delegados de organizaciones sociales y por ello la Ley recogió el espíritu, las aspiraciones y propuestas ciudadanas; y por ello, se aseguró que la participación ciudadana no sea controlada, regulada y normada por una entidad pública como el Consejo.
De la misma manera se ha asegurado que las medidas de acciones afirmativas, la paridad de hombres y mujeres, y la inclusión de los pueblos y nacionalidades estén garantizadas en la Ley y las normas que el Consejo desarrolló.
3. DESIGNACION DE AUTORIDADES.-
Por mandato legal, el CPCCS llevó a cabo dos concursos de méritos y oposición. El primero fue para los dos integrantes principales con sus respectivos suplentes al directorio del Banco del Seguro Social y los ocho miembros principales, con sus suplentes, para la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
En estos procesos hemos garantizado la transparencia al promover la presencia de veedurías ciudadanas, permitir reconsideraciones por parte de los postulantes y asegurar las impugnaciones ciudadanas respecto de la probidad e idoneidad de los candidatos.
Vale la pena resaltar que las veedurías ciudadanas actuaron en todas las fases del proceso de cada concurso, ello permitió la real participación ciudadana y de control social a los procesos de interés público llevado a cabo por el CPCCS.
4. ACCIONES DE CONTROL SOCIAL.-
El CPCCS heredó el trabajo y personal de dos instituciones preconstitucionales de lucha contra la corrupción: Comisión Cívica Contra la Corrupción y la Secretaria Nacional de Anti Corrupción.
Consecuentemente, se ha recibido las diversas denuncias, se analizaron las mismas y luego del informe respectivo se derivó a las instancias correspondientes. De la misma manera el CPCCS al heredar expedientes de casos de las extintas instituciones también se ha hecho responsable de la custodia.
Adicionalmente, un aspecto relevante es el caso de la Veeduría Ciudadana de la terminación de contrato entre el Estado ecuatoriano y el señor Fabricio Correa. Esta veeduría tuvo por objeto la de vigilar y observar la transparencia de la terminación de contratos y se cuenta con un informe general de avance de las labores de la veeduría. El rol del CPCCS fue proveer de apoyo metodológico y logístico, en este caso.
5. COORDINACION DE FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL.-
La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) está integrada, por así disponerlo el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias: de Bancos y Seguros, Compañías y Telecomunicaciones; entidades que tienen personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.
El artículo 206 de la Norma Suprema dispone que los titulares de las entidades la FTCS conformen una instancia de coordinación.
Es así que el 14 de abril de 2009, se llevó a cabo la primera reunión de la Instancia de Coordinación, en la cual los titulares aprobaron y pusieron en vigencia el Reglamento Interno de Integración y Funcionamiento de la misma; y de acuerdo con el artículo 2 letra a) de dicho Reglamento y el artículo 206 de la Constitución, tuve el honor de ser designado como Presidente de la Función de Transparencia y Control Social.
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