- El periodo revolucionario : la enfiteusis rivadaviana y la política de Rosas
- Entre la caída de Rosas y la Conquista del desierto
- La generación del 80 y el problema de la tierra
- La "Década infame"
- A modo de conclusión
El presente trabajo tiene como objetivo recorrer los aspectos más importantes acerca de los negocios y actos de corrupción vinculados a la posesión, entrega y apropiación de la tierra en la historia argentina, desde la Revolución de Mayo hasta la década de 1930.
La mayoría de los historiadores coinciden en que la tierra fue el gran negocio durante el siglo XIX en el territorio de lo que hoy es la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Las compras abultadas de tierras públicas no siempre significaron integración de las mismas a los patrimonios de modo permanente, sino más bien muestran algunas conductas especulativas.
A modo introductorio, se puede señalar que las políticas implementadas por los distintos gobiernos alentaron la ocupación y la puesta en producción de las tierras que se iban incorporando mediante las sucesivas ampliaciones de la frontera.
El esquema será el siguiente:
- El período revolucionario : la Enfiteusis rivadaviana y la política de Rosas.
- Entre la caída de Rosas y la Conquista del Desierto
- La Generación del 80 y el problema de la tierra
- La "Década Infame"
- A modo de conclusión
1. EL PERIODO REVOLUCIONARIO : LA ENFITEUSIS RIVADAVIANA Y LA POLITICA DE ROSAS.
La situación revolucionaria en el Río de la Plata se fue acentuando por las condiciones internas, pero también por lo que acontecía en la península, invadida por Napoleón.
El régimen colonial en muy pocos casos reconoció legalmente la ocupación del territorio, quedando en manos de los gobiernos pos revolucionarios el primer intento de ordenamiento jurídico que se llevó a cabo entre los años 1816 y 1822, durante el directorio de Pueyrredón y hasta el gobierno de Martín Rodríguez, período en que se entregaron títulos de propiedad en moderada composición y se otorgaron donaciones de tierras. El sistema de moderada composición se aplicó en la zona desde los últimos años de la colonia intensificándose a fines de la primera década revolucionaria, y estuvo en vigencia hasta 1822. Consistía en denunciar el predio señalado como baldío o "realengo" y luego comprarlo previa mensura y tasación. El sistema conocido como "donaciones condicionadas", se basó en la entrega gratuita de terrenos con la condición de establecerse y/o reconocer antiguos asentamientos en la frontera con los aborígenes, se aplicó entre 1816 y 1822.
En Mayo convergieron diversas fuerzas, fuerzas que, por distintos motivos, necesitaban lograr la independencia. Se dio una confluencia notable y, en los hechos, se constituyó un amplio frente de lucha. Los burgueses, hacendados, artesanos, gauchos, indios, peones o esclavos; los comerciantes pro ingleses y los pro franceses; la mayoría de los oficiales y la tropa, y una parte del clero se unificaron para realizar la Revolución de Mayo.
La revolución aparecía comandada por la burguesía. Su programa insistía, sobre todo, en la libertad de comercio. Pero los diversos grupos participantes en la lucha tenían diversos objetivos. Los ganaderos se incorporarían de lleno posteriormente, aunque algunos, como Rosas, no aparecieran en escena. Según Lisandro de la Torre, Rosas fue hostil a la Revolución de Mayo. Hay una carta donde dice que "Cuando estalló la Revolución de Mayo, siendo ya un hombre, vio partir uno tras otro los contingentes patriotas, sin seguirlos [,…] En 1819 —continúa— atribuyó a la independencia el desorden reinante". Pero, independientemente de Rosas y su conducta en ese momento, se incorporarían a la lucha muchos de los ganaderos y caudillos que aún no lo habían hecho.
Algunos saladeristas que estuvieron con la Revolución de Mayo luego intentarían sabotearla, como es el caso de Staples y McNeille, contra quienes hubo que enviar una partida armada para impedir la escasez de carne en el mercado interno.
Muy pronto la Junta —decreto del 1 de septiembre de 1811—, extinguió la mita, el yanaconazgo, la encomienda y el servicio personal. Tales medidas formaban parte del programa de la burguesía, y fueron apoyadas por los ganaderos.
De esta manera, los terratenientes ganaderos comienzan a expandirse velozmente; rota la traba colonial, sus negocios prosperan en la medida en que acumulan tierras, ganado y hombres. La contradicción, ahora, entre el programa de la burguesía y el de la clase ganadero-saladerista y comercial se hace cada vez más evidente. "Los diputados del interior actuaban como simples cómplices de los pelucones contra los jacobinos, porteños ambos'", escribe Leonardo Paso.
De todas formas, lo más saliente de la época es que, más que capitales, se acumulaban tierras, con vacas y hombres sobre ellas. Según Miguel Ángel Cárcano, "las relaciones del individuo y la tierra se definían en propietarios, arrendatarios, poseedores y simples ocupantes, cada uno de los cuales formaban una clase dedicada a actividades diferentes, y amparada en sus derechos de distinta manera. Esta división, que puede encontrarse en los primeros tiempos de la vida social de la colonia, estaba arraigada en tal forma en el medio ambiente, que sus características se mantienen a través de las guerras de la revolución y son muchas veces la causa de 1as luchas de la anarquía".
Dice Giberti: "El dominio de la tierra tenía que ser el eje, el punto céntrico, la base de la agrupación; única fuente de riqueza y prestigio. Además de ser el único medio de sustento digno e independiente, la propiedad era requisito indispensable para el ejercicio de los pocos derechos políticos coloniales, y una garantía relativa de que serían respetados los derechos privados. Esta situación se prolongó después del año 10: el hacendado continuó siendo el único poder social efectivo".
Es necesario aclarar que el predominio de las clases fue variando y que los "arrendatarios, poseedores y simples ocupantes", que constituían la inmensa mayoría, se irían diferenciando y constituyendo en la clase principal durante aquel período.
Al destruirse las salvaguardias reales que impedían el acceso a las tierras en calidad de propietarios, la ideología liberal, que elevaba el principio de la propiedad privada y los derechos individuales al máximo, permitió la apropiación acelerada de las tierras, sellando con esta acción un acto contrario a sus propios intereses.
La ley de la propiedad privada monopolista de la tierra no había nacido con el liberalismo. Tuvo su nacimiento y pasaje en el periodo colonial, hasta llegar a expresarse plenamente después de la Revolución de Mayo.
En cuanto a las tierras que habían permanecido en manos de los indios, ya sea por su bravura o por disposiciones reales, eran cada vez más codiciadas por los estancieros. Sabían que sobre ellas existían miles de cabezas de ganado cimarrón. De manera que con el peonaje de deuda y la conquista del desierto irían a completar el ciclo expansivo, por lo menos en la zona bonaerense y en el resto del país.
Si bien las provincias tradicionalmente ganaderas habían visto disminuir sus haciendas. Buenos Aires, en cambio, las aumentaba. Los terratenientes necesitaban apropiarse de las tierras y el ganado de los indios, y para ello querían colocar a las tropas nacionales y al Estado en condiciones de servir a esas necesidades. Debían disolver los Cabildos y colocar en su lugar a jueces de paz que les respondiesen ampliamente sin atisbos de democratismo; canalizar las inversiones públicas hacia la ampliación de los pastoreos. En pocos años llegaron hasta el Río Colorado, repartiéndose enormes extensiones entre unos pocos: Álzaga, Anchorena, Pereyra, Díaz Vélez, Cobo, Alvear, Parravicíni, Apellaniz, Ortíz Basualdo, Lastra y, por supuesto, Juan Manuel de Rosas.
El accionar de inversiones y entrelazamientos, así como la llamada "conquista del desierto" aumentaban la concentración de tierras y afirmaban el feudalismo.
Es así que, inmediatamente después de la Revolución de Mayo, ya se hallan elementos de la conspiración de los hacendados. Coincide con este proceso el acaparamiento de tierras en gran escala por parte de los ganaderos-caudillos.
El 7 de febrero de 1826 Bernardino González Rivadavia fue elegido Presidente de la República por el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Manuel J. García fue su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos de Alvear de Guerra y Marina, Salvador María del Carril de Hacienda y Julián Agüero de Gobierno.
El 16 de febrero dictó la Ley de Consolidación de las deudas anteriores al 1 de febrero de 1820, afectando la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública al pago de éstas. La expresión "bienes inmuebles" se refiere también al subsuelo, que desde ese momento fue administrado por el Presidente. De esta época data su famosa y paradójicamente desconocida Ley de Tierras Públicas.
"Enfiteusis" es la "cesión perpetua, o por largo tiempo del dominio útil de una finca mediante el pago anual de un canon al que hace la cesión, el cual conserva el dominio directo". El ingeniero agrónomo Emilio A. Coni publicó en 1927, en la imprenta de la Universidad de Buenos Aires, La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia. Coni asegura que "no se había hecho hasta hoy un estudio serio, cronológico y documentado de la enfiteusis y su aplicación. Dos hombres solamente la habían estudiado, y superficialmente, Andrés Lamas, panegirista de Rivadavia, y Nicolás Avellaneda. Los demás autores no hicieron sino repetirlos. (…) Confieso —continúa Coni— que antes de iniciar el estudio tenía ya mis dudas sobre la excelencia del sistema enfitéutico. Algunos datos aislados que había conseguido me lo hacían sospechar. Pero lo que más pesaba en mi espíritu para mantener esa duda era la opinión francamente contraria a la enfiteusis de todos los hombres de valer que actuaron después de Caseros y que habían sido testigos del sistema. Mitre, Sarmiento, Tejedor, Alberdi y Vélez Sarsfield, por no citar sino a los principales, fustigaron a la enfiteusis con frases lapidarias y la calificaron de perniciosa. (…) La enfiteusis rivadaviana no es de Rivadavia, sino el producto de un proceso histórico en el que participaron muchos hombres públicos, y que empieza con la hipoteca de las tierras públicas de acuerdo con el criterio de la época, de que la mejor garantía para el crédito era la inmobiliaria. Y no pudiendo venderse la tierra hipotecada se dio en enfiteusis. Descubrí en la enfiteusis de 1826 tres gravísimos defectos, fundamentales para una ley de tierras públicas. Faltábale el máximo de extensión, lo que permitía otorgar 40 leguas cuadradas a un solo solicitante. No obligaba a poblar, de lo cual resultaba que la tierra se mantenía inculta y baldía esperando la valorización. Y la libre transmisión de la enfiteusis sólo servía, sea para acaparamientos, algunos superiores a 100 leguas cuadradas, o para el subarrendamiento expoliatorio de los infelices de la campaña por los poderosos de la ciudad".
La ley de consolidación de la deuda citada con anterioridad extendió a la tierra de toda la Nación la garantía hipotecaria que gravaba la tierra de Buenos Aires. Es así que "queda especialmente afectada al pago de la deuda nacional la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe".
En 1825 se desató la fiebre de la enfiteusis: en Tandil, Pergamino, Lobería, Dolores se denunciaron lotes que iban desde las cuatro a las cuarenta leguas cuadradas. Quienes los reclamaron no parecían pobres campesinos: figuran los nombres de Sebastián Lezica, Ambrosio Cramer, Patricio Lynch, Pedro Trápani, Facundo Quiroga (quien denunció 12 leguas al oeste de Bragado por medio de su apoderado, Braulio Costa), Tomás Manuel de Anchorena, con unas veinte leguas en Fuerte Independencia. Otros localizaron baldíos en zonas ya pobladas y presentaron solicitudes de enfiteusis en Lujan, Cañuelas, Chascomús, Chacarita y San Isidro.
La reforma de la ley en 1825 no mejoró la situación y la denuncia de tierras baldías sólo sirvió para el acaparamiento de las mismas por quienes ya eran propietarios y conocían el negocio fundiario. No se logró ninguna modificación estructural ni en la sociedad ni en la economía rural.
Miron Burgin analiza el sistema de la Enfiteusis y dice:
"Muchos historiadores argentinos sostienen que el sistema de la enfiteusis, que en su mayor parte se debió a Bernardino Rivadavia, tenía por objeto suministrar un método permanente para el desarrollo de la economía nacional. Se supone que el propósito de Rivadavia y los unitarios era el de instituir un sistema de impuesto único de las finanzas públicas basado en los arrendamientos y el incremento del valor de la tierra. Algunos autores afirman incluso que por medio de la enfiteusis Rivadavia y sus colaboradores esperaban impedir el crecimiento de los latifundios".
Continua Burgin: "Es muy dudoso que Rivadavia y el partido unitario se hubiesen propuesto hacer de la enfiteusis la base de un sistema de impuesto único de las finanzas públicas. Sí fuese así no hubieran defendido la adopción de la contribución directa. En realidad lo que esperaban los sostenedores de la enfiteusis era que el –arrendamiento de la tierra creara con el tiempo una importante fuente de ingresos. En otras palabras, creían que el alquiler de la tierra junto con la contribución directa haría que la Tesorería no dependiera tanto de los derechos de aduana, asegurando de ese modo una mayor estabilidad financiera. Estas esperanzas no se materializaron hasta el año 1827 los ingresos provenientes de esa fuente apenas si pasaron de los cinco mil pesos. Este lastimoso resultado no se debió meramente a la negligencia en la cobranza de los arrendamientos; medió también la circunstancia de que los arrendamientos fueron fijados sobre las valuaciones de las comisiones de terratenientes, y no de los funcionarios del gobierno. Si la intención los autores de la enfiteusis era la de impedir o reducir el crecimiento de los latifundios, la medida resultó singularmente ineficaz.
El gobierno no desconocía la posibilidad de que la ley de enfiteusis estimulara el desarrollo de los latifundios, pero no tenía ninguna objeción que hacerles mientras las tierras fuesen explotadas. El propósito del gobierno era el de impedir que las grandes acumulaciones de tierras se convirtieran en objeto de especulación; y estaba convencido de que el requisito del pago de un arrendamiento refrenaría eficazmente cualquier tendencia que pudiera surgir hacia el monopolio de la tierra. Esa fue quizá la razón más importante de que el gobierno, al aplicar la ley, mostrara tan poca preocupación por el peligro del monopolio de la tierra. Durante los dos años y medio que transcurrieron desde 1824 hasta mayo de 1827 no fueron nada raras las concesiones individuales de terrenos superiores a las 10 leguas cuadradas (66.7IO acres) .
¿En qué falló la Enfiteusis? Como no limitaba la superficie de tierra que cada solicitante podía obtener, aparecieron rápidamente los especuladores. Gente provista de mayores recursos o con más influencias que la demás, en las altas esferas del gobierno, obtuvo fácilmente toda la tierra que quiso, y la subarrendó, haciéndola un objeto de explotación. El segundo punto clave fue que muy pocos enfiteutas pagaron el canon.
El 10 de mayo de 1827, y en vista de los primeros abusos, el gobierno publica un decreto reglamentando la forma en que se han de dar las tierras en enfiteusis, cuando el denunciante tenga hecha otras denuncias. Sin embargo, el gobierno no consiguió su objeto, ya que los acaparadores, no pudiendo solicitar a su nombre más que cierta extensión de tierra, la solicitaron en adelante a nombre de sus hijos, de sus mujeres, o de simples testaferros.
Por su parte, Tulio Halperín sintetiza bien los fines y los resultados -no siempre deseados- de la política enfitéutica: "La enfiteusis prepara la constitución de una masa de grandes propiedades en las tierras nuevas, que avanzará mediante las ventas de tierras comenzadas por Rosas y proseguidas por sus sucesores; los enfiteutas, reclutados entre hacendados de las tierras de vieja colonización, pero también entre los dirigentes políticos y militares de la provincia y los titulares de la riqueza mercantil urbana forman el núcleo de esa clase terrateniente cuya gravitación en la vida de la provincia no ha de borrarse".
En las décadas de 1830 y 1840. la tierra aún era un recurso abundante en Buenos Aires.
En una época en que propiedad y apropiación de la tierra no necesariamente coincidían, terratenientes, arrendatarios y ocupantes sin titulo alguno podían compartir las ventajas que ofrecía el campo abierto, donde el ganado podía vagar sin límites, y donde no había cercos que impidieran la búsqueda de mejores pastos o de agua fresca. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a medida que los estancieros más prósperos descubrieron las ventajas de asegurar sus derechos sobre una determinada extensión de tierra, para mejorarla, expandirla y, sobre todo, para eliminar la competencia.
Como ya dijimos, entre 1825 y 1837, la Enfiteusis puso más de un millón de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteutas. quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a la provincia.
Durante los años de la administración rosista, la ganadería experimentó una expansión sin precedentes.
Como indica Oddone, Rosas en 1832 "inicia el derrumbe de la enfiteusis", con un decreto (9/6/1832), por el cual se donan "suertes de estancias" de media legua de frente por una y media de fondo, en la nueva línea de fronteras en el arroyo Azul y campos fronterizos de la pertenencia del Estado. Con Rosas comienza, entonces, el fenómeno de la venta masiva de tierras pública.
Sancionado el decreto, Rosas pone en venta las tierras exceptuadas de la renovación del contrato, a cinco mil pesos moneda corriente la legua (igual que en 1836). Aunque no se sabe la superficie enajenada con esta ley, es seguro que debió ser enorme. Esta hipótesis estaría confirmada por la manifestación de Avellaneda quien, en su obra sobre tierras públicas, señala el hecho singular que en el año 1840, 292 personas poseían 3.436 leguas cuadradas de tierra (9.277.299 hectáreas). Sarmiento, poco más tarde, escribía que 52.000 millas cuadradas (13.312.000 hectáreas) estaban en manos de ochocientos veinticinco propietarios. Si a la superficie que menciona Avellaneda se le restan las 1500 leguas cuadradas de 1836, se deduce que la cantidad vendida en esta segunda tanda fue de 1.936 leguas cuadradas (5.227.200 hectáreas), las que fueron adquiridas parte por los mismos compradores de la venta anterior que, o cubrían la diferencia entre las tierras adquiridas y las que tenían en enfiteusis u obtenían otras por transferencia de título y parte por los propios enfiteutas ocupantes que recién entraban en la categoría de propietarios.
El régimen de Rosas tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unos pocos. En 1830, 980 propietarios ocupaban 5.516 leguas cuadradas (14.893.200 hectáreas) de tierra en la provincia de Buenos Aires; de éstos, 60 monopolizaban casi 4.000 leguas cuadradas (10.800.800 hectáreas), es decir, el 76,36 % de aquella. En 1840: sólo 450 estancieros poseen más de 5.500 leguas cuadradas (14.850.000 hectáreas).
En el período de 1830-1852, la tierra ocupada ascendió hasta 6.100 leguas cuadradas (16.470.000 hectáreas) con 782 propietarios. De éstos, 382 concentraban el 82% de las propiedades de más de una legua cuadrada, mientras que 200 propietarios, o sea el 28%, concentraban el 60% de las estancias con más de 10 leguas cuadradas. Existían 74 propiedades con más de 15 leguas cuadradas (40.404 hectáreas) y 42 propiedades con más de 20 leguas cuadradas (53.872 hectáreas). Mientras tanto, las pequeñas propiedades sólo representaban el 1% de la tierra explotada.
De entre las 80 personas más o menos que eran miembros de la Cámara de Representantes en los años 1835-1852, el 60% eran propietarios o ejercían ocupaciones relacionadas con la tierra. Esta fue la asamblea que hizo que Rosas llegara al poder y que continuó apoyándole, controlando de alguna manera la línea política. La administración estaba dominada por los terratenientes. Juan N. Terrero, el consejero económico de Rosas, poseía 42 leguas cuadradas (113.400 ha, aprox.) y dejó una fortuna de 53 millones de pesos. Ángel Pacheco, el principal general de Rosas, poseía 75 leguas cuadradas de tierra (202.500 ha, aprox.). pero los terratenientes más importantes de la provincia eran los Anchorena, primos de Rosas y sus consejeros más allegados; sus diferentes posesiones totalizaban 306 leguas cuadradas (824,241 hectáreas). En cuanto a Rosas, cabe decir que, en 1830, de entre un grupo de unos 17 propietarios que tenían propiedades de más de 50 leguas cuadradas (134.690 hectáreas), ocupaba la décima posición, poseyendo 70 leguas cuadradas (188.552 hectáreas). Hacia 1852, según la estimación oficial de sus propiedades, Rosas había acumulado 136 leguas cuadradas (366.329 hectáreas). Félix Álzaga, destacada personalidad en asuntos políticos y económicos, tenía 132 leguas cuadradas (356.400 hectáreas).
Hilda Sábato, en su libro "Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires", dice: "Se ha estimado en ocho mil quinientos los boletos de premio emitidos entonces, aunque gran parte de ellos nunca fueron usados y otros fueron transferidos a estancieros ya establecidos o a especuladores. Soldados y empleados de la administración a quienes se otorgaba el derecho de apropiarse de extensiones menores a una legua cuadrada, en general vendían su parte, y como resultado de esas operaciones la propiedad se fue concentrando en muy pocas manos. De todas maneras, de los casi dos millones y medio de hectáreas donadas a través de estas leyes. hasta 1852 sólo se habían escriturado 572.535 ha. Después de 1840 el gobierno de Rosas no volvió a promover legislación destinada a nuevas distribuciones de tierra, lo que sugiere una saturación del mercado para las necesidades del momento".
En materia de tierras, entonces, la política de Rosas estuvo enderezada principalmente a poder disponer del mayor número de tierras públicas enajenables, como medio de poblar la pampa y como recurso fiscal. Con este objeto, se dedicó a liquidar progresivamente el sistema de enfiteusis. La ley de 1836 aprobó la venta de tierras dadas en enfiteusis; aquellos enfiteutas que no las comprasen pagarían un arrendamiento duplicado. En mayo de 1838 se limitó la enfiteusis a las zonas apartadas con el argumento de que la demanda de tierras para la ganadería se había acrecentado y que la propiedad era el mejor medio de promover el bienestar social.
Este proceso no condujo a una redistribución de las tierras entre nuevos grupos sociales, pues los adquirentes pertenecieron al mismo conjunto de propietarios, a los que se agregaron aquellos militares que las obtuvieron como premios a sus servicios. Sin embargo, Rosas intentó por este medio aumentar la producción y la población rural, en las que veía el futuro de Buenos Aires.
Cuando el bloqueo de 1838-39, se previeron dificultades para la exportación y en consecuencia disminuyó el interés por la compra de tierras y la provincia quedó con grandes extensiones que no pudo vender.
Rosas, luego de la campaña al desierto, rechazaba el premio que le adjudicaba la Junta de Representantes (la isla de Choele Choel) y solicitaba setenta leguas de tierras de pastoreo en la provincia de Buenos Aires. Fumó la pipa de la paz con los indios, y se alió con algunas tribus para combatir a los enemigos, unitarios o aborígenes, pues para Rosas tanto unos como otros eran "salvajes". La ley del 9 de noviembre de 1839 —aprobada a raíz del levantamiento de Dolores y Monsalvo— colocaba a los unitarios al margen de la ley y suprimía la venta de la tierra pública, impidiendo que entrara en la categoría de tierra-capital. Procedía, en cambio, a la manera de los reyes europeos. De hecho ponía nuevamente en vigencia la merced, repartiendo entre militares y civiles lotes de hasta 6 leguas.
2. ENTRE LA CAIDA DE ROSAS Y LA CONQUISTA DEL DESIERTO
Luego de la caída de Rosas, se desató una larga polémica acerca del destino de las extensiones otorgadas por las distintas leyes de premios, y finalmente, por ley de 1858 se dispuso anular las donaciones efectuadas entre el 8 de diciembre de 1829 y el 3 de febrero de 1852, salvo aquellas que resultaran de premios por las expediciones contra los indígenas. En este último caso se reconocía también los derechos de quienes aún no habían efectuado la correspondiente escrituración y se les daba un plazo para hacerlo.
Por esta ley el Estado recuperó unas 200 mil hectáreas de tierras pero confirmó el derecho de particulares sobre una superficie que duplicaba esa cifra.
Concentración de la tierra y expansión del latifundio fueron el corolario de todas estas medidas.
No fueron muy distintas las política con respecto a la tierra publica de los que sucedieron a Rosas en el poder: sucesivas leyes transferirían grandes extensiones de tierras públicas a manos privadas, hasta que para la década de 1880 la provincia prácticamente había agotado sus reservas en ese sentido.
En realidad, lo que estaba en discusión era el modelo de país a que aspiraban los integrantes de la élite.
Aunque hombres como Avellaneda. Sarmiento. Rufino Várela y Carlos Casares se inspiraban en el modelo estadounidense de colonización de la frontera, el resultado efectivo de las políticas oficiales en materia de tierra pública estaría muy lejos de aquel modelo, y la especulación y la gran propiedad fueron el corolario de estos cuarenta años en la historia de la provincia de Buenos Aires.
La propiedad de la tierra comenzó a jugar un papel clave en el patrón de acumulación que fueron diseñando los estancieros en la segunda mitad del siglo XIX.
Por lo tanto, había buenas razones para presionar al gobierno para que vendiera a bajo precio y para comprar enormes extensiones de tierra pública cuando se abría esa posibilidad.
Tal vez por ello. proyectos como los de Sarmiento y Casares para promover el desarrollo de la agricultura y la división de la tierra estuvieron condenados de antemano al fracaso. Hacia la década del 80, la mayor parte de la tierra pública había sido enajenada, para beneficio de los grandes propietarios.
Es que las relaciones económicas propias del capitalismo habían avanzado hasta determinar que ya no era necesario un régimen despótico basado en relaciones personales, como fue el de Rosas. Ahora el orden y la justicia serían ejercidos por el aparato estatal dominado por las leyes económicas burguesas; el productor comenzaba a ser libre de morirse de hambre.
En el nuevo entrelazamiento resultante encajaba perfectamente el concepto de propiedad privada, que la burguesía no cuestionaba en absoluto. Claro que, mientras Rosas subordinaba esa propiedad privada a la fidelidad hacía su persona ahora ocurría que la propiedad privada se hallaba custodiada por las instituciones, independientemente de quién gobernara.
Por lo demás, son conocidos los escritos de Avellaneda y Sarmiento con respecto a la cantidad de propietarios latifundistas y la superficie que ocupaban. En 1840, doscientos noventa y tres personas poseían 3.436 leguas de fértiles tierras. Después de 1853, ochocientos veinticinco propietarios poseían 52.000 millas cuadradas, o sea tres veces la superficie de Inglaterra. Y si bien se abren las compuertas de la inmigración, hecho positivo, el arrendatario que llegaba ya había sido expropiado en Europa.
A partir de década de 1860 se producen importantes transformaciones en la estructura política, económica y social del país. La producción de lana (el ciclo lanar) alcanzó sus cifras más altas, se crearon los primeros ferrocarriles y aumentaron las inversiones externas, especialmente las inglesas.
El hecho más importante del período es la incorporación de Buenos Aires mediante la aceptación de la constitución de 1853 reformada y con la consecuente nacionalización de las rentas aduaneras.
Hacia fines de los 70 comienza la ultima etapa de incorporación de tierras.
Dos campañas al desierto, la de Adolfo Alsina primero, en una estrategia defensiva y luego Julio A. Roca, quien avanzó en forma definitiva sobre los dominios de los indios
En 1864 el gobierno ponía en venta todas las tierras disponibles dentro de la línea de frontera definida en 1858, y que sumaban más de dos millones de hectáreas. Se daba prioridad para la compra a arrendatarios y subarrendatarios, pero los precios estipulados fueron considerados muy altos en su momento: $ 400.000 por legua cuadrada al norte del Salado y $ 200.000 al sur. (5,44 $ oro y 2,72 $ oro la ha respectivamente). Se vendieron muy pocas tierras bajo esta ley, que fracasó en su propósito. Sólo 46 arrendatarios efectuaron operaciones por 105.776 hectáreas, dado que los altos precios fijados para la venta de las tierras contrastaban con el arriendo que tenía estipulados muy bajos valores.
El 14 de agosto de 1871 se sancionó la tercera ley de venta de las tierras públicas arrendadas, en este caso las existentes fuera de la línea de frontera. En la discusión legislativa hubo acuerdo en que los precios debían ser moderados, indicando precios diferenciales para tres regiones diferentes. La Sociedad Rural Argentina, corporación fundada en 1866 que representaba a los hacendados de Buenos Aires, insistió mediante la presión de aquellos de sus miembros que eran legisladores, en que los precios debían ser bajos y los plazos para los pagos amplios y generosos. El total de la tierra vendida a partir de la sanción de la ley de 1871 fue de 3.807.852 has. entre 438 personas. Se decidió que la forma de pago se integrara por la décima parte al contado y ocho anualidades. Aún con estas facilidades, decretos posteriores pusieron en evidencia que los compradores no pagaban con puntualidad ni siquiera la parte correspondiente al contado y menos aún las anualidades.
Sin embargo, estas formas de entrega de tierra publica no fueron las únicas. Existieron, además, las donaciones y los premios militares. Estas dos maneras de transferir la propiedad de la tierra pública a manos privadas son muy difíciles de rastrear.
Las donaciones estaban asociadas principalmente a las fundaciones de los pueblos, ya que el gobierno donaba tierras destinadas a quintas y chacras a fin de poblar los mismos. En general las donaciones se basaron en leyes que intentaban promover el asentamiento de población en lugares frontera, pero terminaron siendo en la mayoría de los casos objeto de especulación.
En lo que respecta a los premios militares, la mayoría corresponde a los otorgados en la lucha contra el indio, aunque Rosas también favoreció a quienes lo ayudaron a controlar la Revolución del Sur en 1839 (otorgando boletos por 1.849.500 hectáreas).
3. LA GENERACION DEL 80 Y EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Sarmiento, como hombre ganado ideológicamente por las corrientes burguesas, propugnaba el reparto, de la tierra a precios moderados entre los 100.000 pobladores de Buenos Aires. Una de las medidas que Sarmiento proponía era la de exigir que los hacendados alambraran los campos, lo que significaba —junto con la importación de reproductores de raza y la inmigración— una mayor especialización agraria. ¡Cerquen, no sean bárbaros!, era uno de sus gritos de guerra. Además, al generalizarse el alambrado, morían la última montonera y el nomadismo indígena.
A pesar de todo, la conservación del latifundio fue algo más que una religión de Estado en la flamante república. Así entró en el derecho de la nueva sociedad. Por lo demás, es bueno recordar que la burguesía se cansó de elaborar leyes —desde Castelli y Moreno hasta la época actual— sobre colonización y distribución de la tierra. Sin embargo, nunca fueron aplicadas consecuentemente, porque se produjeron entrelazamientos de clases que diluyeron momentáneamente la contradicción principal, y el sector revolucionario de la burguesía quedó aislado en los momentos decisivos.
El estanciero, en general, obtuvo por medios extraeconómicos la propiedad de la tierra. Los repartos y prebendas fueron el rasgo más saliente en la adquisición de las grandes estancias, como hemos podido ver a lo largo de estas páginas.
Cuando uno se entera de las extensiones que recibieron de regalo queda atónito. No obstante, ello estaba en consonancia con leyes precapitalistas, cuando la posesión y propiedad eran un acto de fuerza sin inversión de capitales.
Lógicamente, luego de aquellos repartos gratuitos, quien quiso tierras tuvo que pagarlas, y a buen precio.
Fue entonces cuando se operó la transición del capital a la propiedad territorial, pues el capital comenzó a penetrar en la propiedad inmobiliaria de tipo feudal. Sin embargo, la estancia mantuvo su carácter de relación feudal.
El indio y el gaucho se trasformó en mediero, aparcero, peón, y continuó vinculado al estanciero.
Por lo demás, el estanciero dominó la pulpería, la jefatura política, el juzgado de paz, la comisaría y la comandancia de campaña.
Pero, cuando apareció el inmigrante se produjo un cambio en tal sentido, si bien no fue lo suficientemente profundo. El propio arrendatario debió trabajar gratis para el estanciero (dejar el campo alfalfado e introducir diversas mejoras, entregar altos porcentajes de la cosecha, etc.) y su vida y labor estuvieron regidas por contratos cuasi medievales.
La economía pastoril-comercial que prevaleciera durante el rosismo, se había trasformado en una economía agropecuaria-comercial.
Así pues, vemos que el espíritu que imperaba era el de colonizar no para producir el desarrollo capitalista del país, sino para ampliar los campos de los terratenientes y para contener a la indiada que ponía en peligro sus posesiones.
La llamada "Conquista del Desierto" se trasformó lisa y llanamente en genocidio de indios. A medida que la oligarquía necesitaba concentrar más tierras, procedía a liquidar a una porción mayor de indígenas. Podemos inscribir en tales "páginas gloriosas" a muchos "héroes" que dan nombre a calles de nuestras ciudades, como Roca y otros, continuadores de la época colonial y del rosismo.
La apropiación y distribución de tierras conquistadas durante la campaña de Roca constituyó una importante ampliación patrimonial para los beneficiarios. La ley 947 de 1878 favoreció la formación de latifundios, al disponer que no se harían adjudicaciones menores a un área de cuatro leguas. La superficie total incorporada abarcaba 20.000 leguas de territorio. La valorización de las mismas, a medida que el modelo tomaba auge, generó una fuerte ganancia por simple tenencia, favoreciendo negocios especulativos. Muchos suscriptores de los bonos emitidos para solventar la campaña, aseguraban a sus suscriptores no solo una renta, sino sobre todo la propiedad de la tierra a conquistar. Muchos no deseaban realizar operaciones productivas sino inmobiliarias. La ley 1265 de 1882 de venta en remate público a precios irrisorios y la utilización de testaferros condujo a una acaparamiento de tierras a bajo costo. La ley 1628 de 1885 distribuyó tierras a los participantes o herederos de las campañas, en una escala descendente de acuerdo a la jerarquía militar.
La distribución y posterior valorización de las tierras se convirtió en un obstáculo para los inmigrantes que quisieran adquirirlas. El arrendamiento se constituyó en la forma básica de explotación agrícola y un gran negocio para el terrateniente, que cobraba altos precios y una serie de obligaciones para el arrendatario y/o aparcero. De ahí el gran incremento poblacional urbano sobre todo en Buenos Aires, y la problemática social, trabajo, conventillos, etc.
Ya con la Ley Avellaneda (1876), se había desatado una carrera especulativa alrededor de la tierra.
Entre 1886 y 1887 fueron solicitadas 400 concesiones para establecer colonias y se otorgaron 198 por una superficie de 11.400.881 has. 19 concesionarios de 943 leguas pusieron en evidencia la escasísima seriedad de sus empresas, fueron aceptadas sus solicitudes aún cuando no dieron cumplimiento a la Ley de Sellos, requisito inicial cuyo incumplimiento resulta excluyente.
El Senador Oroño cita, en el Congreso, los casos de la Provincia de Santa Fe en que se le adjudicaron 100 leguas a un Sr. Navarro y 20 leguas a un Sr. Demot, que no prosperaron las colonias y la Provincia quedó privada de contar con ellas y tener la tierra ya que se habían otorgado las escrituras.
Igualmente ocurrió con un Sr. Alvear sobre el límite con la Pcia. de Buenos Aires, recibió 108 leguas con cargo de hacer una casa con azotea y capital de $1.000, introduciendo en el término de 3 años 150 personas. A los 8 años no había hecho nada y había transferido parte de la propiedad. La Provincia de Santa Fe perdió la tierra porque se le había transferido por escritura. Los valores de adquisición de estos terrenos eran de $300 cuando la Ley de la Provincia establecía un valor de $ 1.500 para la venta a un oferente común (no colonia). Quienes vendieron la tierra que les fue adjudicada como colonia ganaron entre 5 y 20 veces el valor de adquisición y el negocio fue facilitado y generado desde la negligencia y/o connivencia desde el Estado.
En la denominada "Década Infame" se producen innumerables hechos de corrupción. En el caso específico de la tierra, el denominado "Negociado de las tierras de El Palomar", marca un hito en la historia de la corrupción argentina.
Explicado en pocas palabras, consistió en lo siguiente: el ministro de Guerra, general Márquez, decidió comprar 222 hectáreas para agrandar el Colegio Militar y otras dependencias militares.
Las propietarias de esas tierras eran las hermanas Pereyra Iraola de Herreira Vegas que se la ofrecen en venta el Ejército.
La Dirección General de Ingenieros tasa esas tierras en 19 centavos la unidad métrica por "ser terrenos anegadizos y de poca calidad". Pero el general Márquez se las arregla para que el Presidente da la Nación, Dr. Ortíz, firme un decreto que autoriza un precio de 1,10 pesos por unidad métrica. Y la venta se hace de este modo: las propietarias le venden a un intermediario las tierras en 1.447.906 pesos y en el mismo acto ese intermediario, Néstor Luis Casás, se las vende en 2.450.303 a la Nación. Es decir, que en unos minutos, el intermediario ganó 1.003.000 pesos.
Por supuesto, ese intermediario era un testaferro de importantes hombres del gobierno. Todo saldrá a la luz gracias a un periodista: José Luis Torres, de la revista Ahora. En una sociedad llena de presiones, miedos y misterios, de pronto la verdad se abre paso y es incontenible. En el Parlamento hay también hombres honestos, pocos, pero los hay. Los senadores Suárez Lagos, Benjamín Villafañe y Alfredo Palacios serán los artífices de una investigación a fondo.
El pueblo no cree: "se van a cubrir entre ellos", "no va a pasar nada", murmura. El humor popular ha apodado "Palomárquez" al general Márquez., quien trata de echarle la culpa a sus subordinados, lo que provoca la airada reacción de sus generales Ramón Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande que renuncia el propio presidente de la Nación, doctor Ortíz. Aunque tal renuncia no es aceptada, el mandatario no volverá a aceptar su cargo por razones de enfermedad y lo suplantará el vice, Ramón Castillo. El gabinete renunciará en pleno, entre ellos el general "Palomárquez". Siete implicados recibirán penas de cárcel de hasta seis años, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Juan G. Kaiser.
El diputado radical Guillot se suicida antes de que se le inicie juicio. Pero a pesar de que esta vez no hubo impunidad -aunque no todos los culpables fueron condenados- este negociado fue la gota que faltaba para que el régimen cayera en descrédito.
En la segunda mitad del siglo XIX José Hernández decía, por boca de Martín Fierro: La ley es como una tela de araña que atrapa a los más chicos y la rompen los más grandes. A esa altura, la Argentina ya tenía su previo entrenamiento en la violación de las normas. En la era colonial, las Leyes de Indias que se dictaban desde España con la intención de gobernar a estas tierras desde ultramar, estaban atravesadas por buenas intenciones incumplibles: no era lo mismo reconocer la humanidad de un nativo en los papeles escritos en Sevilla que tratarlo todos los días en las minas americanas como mano de obra esclava.
Los datos expuestos permiten constatar dos grandes dinámicas en la apropiación masiva de la tierra, capital indispensable para producir los únicos productos que la provincia de Buenos Aires podía ofrecer, en el período estudiado, a los mercados internacionales: cuero, sebo y carne salada. La primera de las dinámicas estuvo dada por la ley de enfiteusis, que permitió el usufructo a muy bajo costo, de grandes extensiones por parte de unos pocos beneficiarios. Estos, en vez de explotar la tierra, la subarrendaban. De esta manera, al tener que pagar cánones al gobierno muy bajos (que la mayoría de las veces no hacían), iban conformando sus fortunas con los ingresos del arriendo, además de vender la producción. Cuando Rosas permitió a los enfiteutas comprar sus tierras, estos ya disponían del dinero, generado por la misma tierra que iban a comprar. Incluso, si no disponían del mismo, las facilidades de pago eran amplias.
La segunda dinámica fue similar, pero en vez de la enfiteusis, la figura legal fue el arrendamiento. Aquí, nuevamente, los ahora arrendatarios no ocupaban la tierra, sino que acumulaban extensiones que, a su vez, subarrendaban. De esta manera, constituían su fortuna de una manera similar al enfiteuta: pagaban poco o nada al Estado (la gran mayoría eran morosos), pero percibían importantes ingresos por la tierra acumulada, que utilizaron para comprar las tierras cuando el Gobierno se las ofrecía en venta, a precios muy accesibles y facilidades de pago beneficiosas. Tanto en este caso, como en el de la enfiteusis, el otro negocio importante era el de la venta de los derechos. Muchos enfiteutas o arrendatarios denunciaban para sí grandes extensiones, y luego vendían al poco tiempo los derechos de una parte de las mismas.
Queda claro, entonces, que en un proceso de transferencia de un recurso público, como son las tierras fiscales, la responsabilidad del Estado es insoslayable. En este sentido se puede comprobar que, más allá de las intenciones enunciadas en los considerandos de muchas de las leyes que hemos visto, que procuraban distribuir la tierra con el fin de poblar el territorio, y de evitar la especulación y el acaparamiento de tierras en pocas manos, el resultado fue el surgimiento de grandes latifundios. En muchos casos se observa que los mismos legisladores pertenecían al grupo de terratenientes que se beneficiaban con las medidas, pero en otros parecería, más bien, que las leyes, aunque bien intencionadas, dejaban resquicios que eran fácilmente aprovechados por los especuladores. En todo caso, sin la complicidad, o impericia, del Estado, el proceso de transferencia de la propiedad de la tierra pública descripto hubiese sido improbable.
Por último, no deja de llamar la atención la falta de control del pago de los cánones respectivos, así como la falta de transparencia en la denuncia, y posterior validación, de las posesiones.
Jorge S. Zappino
Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires)
Magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas (Universidad de Buenos Aires)