El rol de las TIC en la construcción de capital social

1 – El universo conceptual – Revisión de algunos conceptos (NOTA 4)

ABSTRACT

Este documento presenta una reflexión sobre el rol de la e-democracia y el e-gobierno, y el aporte de las TIC, en la consolidación de una Sociedad de la Información y el Conocimiento inclusiva y plural para Latinoamérica, partiendo de un enfoque multidimensional de las problemáticas que hilvanan TIC, democracia y desarrollo. Las democracias latinoamericanas, con sus prácticas prebendarias y clientelares han facilitado la institucionalización de una cultura delegativa cuya gobernabilidad no estuvo orientada al desarrollo humano de las sociedades. Las políticas públicas emanadas de estos regímenes facilitaron la consolidación de una sociedad dual, escindida entre los que están incluidos en los beneficios de la globalización, y aquellos cuyo acceso a los bienes y servicios materiales y simbólicos que garantizan una calidad de vida digna, les es vedado. El aporte que las TIC pueden hacer para consolidar un sistema democrático orientado al desarrollo en América Latina, está fuertemente ligado al "uso con sentido" y a la apropiación de estas tecnologías a través de aplicaciones que favorezcan el desarrollo de capital social, habilitando el surgimiento de nuevos actores autónomos, informados y capacitados para participar en la toma de decisiones y la elaboración de propuestas de políticas públicas, en el marco de espacios reticulares de deliberación y construcción de consensos interdisciplinarios y heterogéneos, donde los procesos de aprendizaje y generación de conocimiento sociales sean reforzados a través del uso de las TIC. Las políticas de desarrollo del e-gobierno y la e-democracia en la región deberán contemplar estos aspectos, subordinándose a los objetivos estratégicos de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para el Desarrollo Humano de las sociedades latinoamericanas.

La pregunta central con la que se convoca a este II Congreso On-line del Observatorio para la Cibersociedad, abre el debate sobre la Sociedad del Conocimiento hacia la que nos estamos encaminando, e invita a la reflexión sobre lo que estamos haciendo como actores de esta construcción.

Particularmente, este documento intentará presentar una reflexión sobre el rol de la e-democracia y el e-gobierno, y el aporte de las TIC en la consolidación de una Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) inclusiva y plural para Latinoamérica, partiendo de un enfoque multidimensional de las problemáticas que hilvanan TIC, democracia y desarrollo.

¿Cómo analizar entonces las conexiones entre SIC, democracia y desarrollo en el contexto latinoamericano? ¿Por qué la necesidad de este análisis?

Coincidiendo con el Informe del PNUD "Profundizar la Democracia" (NOTA 1), la democracia permite contar con instrumentos que garanticen la responsabilización de los gobiernos; la participación de las personas en las decisiones que determinan su vida; la posibilidad de impugnar al poder. La apropiación de estos instrumentos por parte del conjunto de los ciudadanos es el camino para obtener satisfacción de las necesidades sociales y políticas, que pueden resumirse en un aceptable nivel de vida; la garantía de la subsistencia y la salud; disponer de conocimientos y educación que habiliten a la toma de decisiones y al debate abierto e informado y la participación en la vida comunitaria, en la toma de decisiones y en el control de la gestión pública. (PNUD; 2002: 58).

¿Qué modelo democrático contribuiría al Desarrollo Humano?

Siguiendo a Joan Prats (Prats; 2001), sabemos que la legitimidad de las decisiones tomadas en un contexto democrático depende de la calidad de las reglas de juego mediante las cuales se logra el consenso y se ejerce el poder resolviendo los conflictos pacíficamente. Cuando estas reglas formales e informales están viciadas de mecanismos populistas, clientelares y prebendarios, contribuyen a la institucionalización de prácticas delegativas que habilitan la concentración de recursos estratégicos en manos de pocos actores, bloqueando la posibilidad de ampliar el conjunto de actores autónomos que intervienen en la arena política para incidir en las decisiones públicas. Por el contrario, una gobernabilidad (NOTA 2)al servicio del desarrollo debe permitir el surgimiento de nuevos actores autónomos capacitados para incidir en las decisiones públicas, y la evolución de las reglas de juego para adaptarse a los cambios y servir como instrumento de resolución pacífica de conflictos (NOTA 3).

1 – El universo conceptual – Revisión de algunos conceptos (NOTA 4)

1.1 – Sociedad de la Información y el Conocimiento

Manuel Castells identifica al informacionalismo como un modo de desarrollo caracterizado, a diferencia del modo de desarrollo industrial, por "la acción del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de productividad" (Castells; 1997: 41), es decir, la aplicación del conocimiento para la constante mejora de las tecnologías de procesamiento de información, de generación de conocimientos y de comunicación de ambos (NOTA 5). Según Castells, los rasgos característicos de este paradigma son (NOTA 6):

La información como su materia prima
La capacidad de las nuevas tecnologías de penetrar en toda la actividad humana, expandiendo sus efectos en toda la sociedad
La "morfología de red", que se traduce en una interconexión e interacción crecientes penetrando en toda la sociedad
La flexibilidad, entendida como "posibilidad de reorganización, de reescritura de las reglas"
La convergencia creciente de las tecnologías y las industrias de la microelectrónica, las telecomunicaciones, y la informática, englobados como "sistemas de información".

Las transformaciones que Castells identifica como cruciales en la comunicación mediada tecnológicamente pueden resumirse en el pasaje de la comunicación de masas a la estratificación y diferenciación; de la diversidad de formas al modelo cognitivo común; de la unidireccionalidad a las comunidades virtuales; de la recepción pasiva a la interacción; de la masividad a la estratificación, diferenciación y personalización; de la uniformidad a la diferenciación social estratificada entre "interactuantes e interactuados" según sus capacidades para buscar información, elaborar conocimiento y usarlo en su propio beneficio o su condena a sólo acceder a "un número limitado de opciones preempaquetadas" (Castells; 1997: 404). Estas transformaciones de la comunicación mediada tienen, según Castells, un impacto profundo en la cultura y en la relación del hombre con su entorno, derribando las fronteras y las distancias (NOTA 7)y modificando la percepción del tiempo (NOTA 8).

Por otro lado, la irrupción de Internet en el campo de la comunicación social hace posible la conformación de una estructura material que facilita la consolidación de un tipo de organización social basada en un modelo reticular que flexibiliza jerarquías y relaciones y permite potencialmente interconectar a todo el globo, conformando la "sociedad red".

Posteriormente, Paul David y Dominique Foray plantean como un aspecto conceptual crucial la diferenciación entre información y conocimiento. Estos autores consideran que

"Poseer conocimientos, en cualquier esfera o ámbito, es ser capaz de realizar actividades intelectuales y manuales. El conocimiento es, por tanto, fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La información, en cambio, es un conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e inactivos hasta que no sean utilizados por los que tienen las capacidades necesarias para interpretarlos y manipularlos". (David y Foray; 2002: 5)

David y Foray atribuyen el cambio cualitativo que caracteriza a la economía del saber a la posibilidad de coproducción intensa de conocimientos por parte de diversos miembros de una comunidad – entendida como comunidad de intereses no necesariamente ligada a un espacio físico común -, facilitada por la existencia de un espacio público de intercambio y circulación de saberes y por la codificación y transmisión de nuevos conocimientos fuertemente basado en TIC (David y Foray; 2002: 6-7). Las TIC han facilitado estos procesos a través de la facilitación y reducción de costos y tiempos para la codificación, almacenamiento, reproducción, distribución y comunicación de conocimientos. Para estos autores:

"una comunidad con una utilización intensa de conocimientos es una comunidad en la que una parte no desdeñable de sus miembros produce y reproduce el conocimiento cuyos límites circunscriben un espacio público (o semipúblico) de circulación de los saberes y en la que la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación ha reducido radicalmente el costo de codificación y distribución del conocimiento" (David y Foray; 2002: 7-8)

Para David y Foray, el pasaje de la economía a la sociedad del conocimiento se producirá cuando se "multipliquen las comunidades intensivas en conocimientos. (…). Cuando sean cada vez más numerosas las comunidades de ciudadanos, usuarios y profanos, unidos por su interés común en tal o cual tema, que presenten esas mismas características (grandes capacidades de producción y reproducción del saber; un espacio público o semipúblico de intercambio y de aprendizaje y la utilización intensiva de las tecnologías de información y comunicación); la sociedad del conocimiento emprenderá el vuelo" (David y Foray; 2002: 16).

1.2 – Democracia electrónica (e-democracia)

Según define Martin Hagen, "Democracia electrónica es todo sistema político democrático en el cual las computadoras y las redes de computadoras se usan para llevar a cabo funciones cruciales del proceso democrático – como información, comunicación y agregación de intereses, y toma de decisiones (tanto deliberación como votación)." (NOTA 9) (Hagen; 1997: 2).

Por su parte, Benjamín Barber (Barber; 2001) identifica características de las industrias TIC que impactan sobre el sistema democrático en la medida en que la democracia electrónica avanza en su desarrollo: el progreso desigual y la difusión no universal de las TIC; el ritmo acelerado del cambio tecnológico; el desfasaje generacional entre quienes crean las tecnologías y quienes las usan; la forma en que las tecnologías son reflejo de la sociedad en las que surgen y no a la inversa; la velocidad de la "comunicación instantánea" y su impacto sobre los tiempos necesarios para la deliberación política; su inclinación a la reducción simplista "binaria" del análisis de los problemas; la soledad que acompaña la experiencia de "navegar por el ciberespacio"; la cultura de la imagen y el sonido en detrimento del texto; la comunicación horizontal; la sobrecarga de información; la atomización y fragmentación social mediante grupos de interés conectados a través de sus propios canales de comunicación.

Stefano Rodotà también expresa su preocupación por los efectos de las TIC aplicadas a un sistema democrático carente de instancias genuinamente participativas. Para él, la vía plebiscitaria se presenta como más factible, "en virtud de la reducción o de la eliminación de los procedimientos de efectiva participación y control, sustituidos por situaciones de neta investidura o de confirmación de decisiones ya adoptadas. La superposición de las tecnologías a este esquema refuerza su capacidad de acortar los tiempos de respuesta, lo vuelve más dependiente de las formas de comunicación inmediata y elimina la necesidad de toda mediación" (Rodotà; 2000: 11).

1.3 – Gobierno electrónico y gobernanza electrónica (e-gobierno, e-governance)

A partir de la aparición de la Internet, la idea de aplicar esta nueva herramienta de comunicación en conjunción con la informática para cubrir las necesidades de la administración pública abrió un campo de oportunidades y nuevas aplicaciones que se englobaron dentro del concepto de e-gobierno o gobierno electrónico (NOTA 10). En el 2000, el Gartner Group define e-gobierno como "la continua optimización de la entrega de servicios, la participación ciudadana, y el ejercicio del gobierno mediante la transformación de las relaciones internas y externas a través de la tecnología, la Internet y los nuevos medios" (NOTA 11)

Desde un punto de vista centrado en los aspectos técnicos, en función del aprovechamiento de las capacidades de las TIC para enriquecer las relaciones del gobierno con la sociedad, el e-gobierno puede abarcar funciones de información (aumentar la oferta de información disponible a través de medios tecnológicos como páginas Web), de transacción (prestación de servicios personalizados, facilitación de trámites "en-línea" durante las 24 hs.), y de participación ciudadana (plebiscitos electrónicos, correo electrónico con los funcionarios públicos, sondeos de opinión). Citando a Tesoro, Arambarri y González Cao, la finalidad del gobierno electrónico es:

"a) proveer más y mejores prestaciones a los ciudadanos,

b) proveer puntos de acceso unificados y sencillos para satisfacer múltiples necesidades informativas y de servicios,

c) adicionar productividad, calidad y valor a los servicios,

d) proveer atención "a la medida" de los requerimientos de cada usuario,

e) resolver trámites, consultas, reclamos y sugerencias "en línea",

f) aumentar la participación ciudadana,

g) aumentar la calidad y reducir el costo de las transacciones dentro del Estado,

h) reducir el costo (en dinero, tiempo, molestia y carga anímica) de tramitaciones del público, i) aumentar la transparencia de la gestión pública." (Tesoro y otros; 2002: 3)

Pero las decisiones que moldean el uso de las TIC para la gestión pública responden no sólo a estrategias puramente técnicas, sino también políticas. Y sus resultados, efectos e impactos también se despliegan no sólo en el orden administrativo sino también en el social y político.

El concepto de e-gobierno se ha ido ampliando a medida que el aspecto político va ganando un mayor peso, y se consolida la percepción de que el prefijo "e" es más que la posibilidad de ampliar los servicios al ciudadano-consumidor, sino que además abre un abanico de nuevas formas de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la elaboración de propuestas y en el control de la administración de los recursos públicos.

Estos nuevos aspectos que se incorporan en la concepción del gobierno electrónico se relacionan directamente con los impactos de éste en la gobernanza (NOTA 12) y en la gobernabilidad (NOTA 13) democrática.

Coincidiendo con Seifert y Petersen, aunando las visiones técnicas y las políticas, "desde un enfoque multidimensional, el E-gobierno es visto como un proceso de mejora de la gobernabilidad a través de la mayor eficiencia, nuevos servicios, mayor participación ciudadana, mejoramiento de la infraestructura de información. Incluye esto también los nuevos desafíos de coordinación, administración y control de los recursos informáticos del Estado, y la superación de la brecha digital." (Seifert, Petersen; 2001).

Según define la UNESCO, la idea de modernizar la administración pública a través de la adopción de soluciones basadas en TIC, debe orientarse al involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la participación, la transparencia y la rendición de cuentas que caracterizan a la buena gobernanza. (NOTA 14)

Dentro de esta línea conceptual, desde el punto de vista funcional y especialmente de la aplicación de las TIC como herramienta de comunicación, la e-governance abarca el uso de estas tecnologías para la integración intra e intergubernamental (e-administración), la provisión de servicios a ciudadanos y empresas (e-servicios o e-gobierno propiamente dicho) y los usos orientados a la ampliación de la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático (e-democracia) (NOTA 15).

Desde una perspectiva orientada al desarrollo, Richard Heeks propone pensar la e-governance como el aprovechamiento de las capacidades de automatización, información y comunicación de las TIC para mejorar los procesos de gobierno (e-administración); para conectar gobierno y ciudadanos (e-citizens); para dar servicios a los ciudadanos (e-services) y para construir interacción entre el gobierno y la sociedad civil y dentro mismo de la sociedad civil (e-society) (NOTA 16) (Heeks; 2001a: 3 y 4). Este autor enfatiza la idea de que la aplicación de las TIC en el gobierno no debe enfocarse solamente al comercio electrónico y al soporte a los negocios y el sector privado (e-commerce, e-business), sino que estas otras esferas de aplicación que él menciona permitirían atacar los problemas de costos, ineficacia, ineficiencia, inadecuación, autorreferenciamiento y aislamiento propios de los gobiernos en los países en desarrollo. El punto referente a la construcción de interacción social es particularmente interesante, ya que introduce la idea de que el gobierno debe involucrarse no sólo en la construcción del mercado, sino también en la construcción de capital social.

Desde esta perspectiva, e-governance es entendido como un concepto superador de e-government, en tanto implica un cambio en la forma en que los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos mismos, promoviendo un mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y de elaboración de propuestas de políticas públicas, fortaleciendo el concepto de ciudadanía.

Esta visión ampliada de lo que las TIC pueden aportar para el fortalecimiento de la gobernabilidad es estratégica a la hora de pensar en los efectos e impactos de las TIC para el desarrollo humano. En este sentido, entonces, la pregunta es ¿Qué relación puede establecerse entre el gobierno electrónico y la calidad de vida de las comunidades?

En un estudio encarado para Latinoamérica, Tesoro, Arambarri y González Cao consideran "al GE [Gobierno Electrónico] como variable potencialmente interviniente en una eventual mejora de la calidad de vida de una comunidad, suponiendo que –dentro de las restricciones emergentes de los propios "factores condicionantes"- puede facilitar procesos de interacción para que otras variables comunitarias catalicen transformaciones que contribuyan a satisfacer ciertas demandas y expectativas sociales." (NOTA 17) (18) (Tesoro y otros; 2002: 5).

Y concluyen : "A través de la indagación resulta evidente que el GE [Gobierno Electrónico] no opera como una variable "independiente" capaz de "disparar" cambios en las variables políticas, sociales, administrativas y culturales -entre otras- que inciden sobre la calidad de vida. En algunos casos, su impacto aparece más bien como "dependiente" de la Calidad Político Democrática, de la Gobernancia y de la Probidad Pública, dado que el imperio de actitudes y conductas parasitarias -profundamente arraigadas en ciertas dirigencias político-burocráticas- seguramente tenderá a neutralizar y a adaptar a su propia inercia las herramientas tecnológicas supuestamente dirigidas a mejorar las prestaciones a la ciudadanía, transformándolas en inconducentes rituales burocráticos. "(idem, p.14).

¿Cómo pensar entonces a las TIC como "motor de cambio" de la reforma y modernización del gobierno y la administración pública no sólo desde el punto de vista técnico sino también desde los valores y la cultura institucional?

Desde una perspectiva multidisciplinar, Criado Grande, Ramilo Araujo y Serna proponen un nuevo marco teórico para conceptualizar el gobierno electrónico articulando las visiones de la e-administración (prestación de servicios), la e-democracia (consulta y extensión de procesos democráticos) y la e-gobernanza (participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas) (Criado Grande y otros; 2002: 1). Estos autores, integrando distintas visiones desde las que se analiza hoy el gobierno electrónico, llegan a delinear un nuevo modelo conceptual de e-gobierno:

"El nuevo modelo de gobierno que se propone (Gobierno Electrónico) será capaz de resolver mejor los problemas sociales (garantizar la gobernabilidad), en la medida en que sea capaz de establecer reglas, principios y valores que hagan posible el cambio institucional necesario (Neoinstitucionalismo) para que los Gobiernos y Administraciones Públicas sean capaces de generar consensos entre aquellos actores críticos capaces de articular respuestas conjuntas a los problemas sociales (Policy Networks) mejorando de forma continua la calidad de las políticas y de los servicios públicos (Nueva Gestión Pública)" (NOTA 19) (Criado Grande y otros; 2002: 31).

Al decir de estos autores, el gobierno electrónico así definido "propone un nuevo modelo relacional e interactivo de Gobierno cuyo reto consistirá en garantizar la gobernabilidad de las sociedades. Esta gobernabilidad será posible en la medida que la acción política, social y económica sea capaz de formularse de manera consensuada teniendo presentes las necesidades y demandas del conjunto de la sociedad para ofrecer respuestas y resultados adecuados que permitan resolver los problemas, cada vez más complejos, de manera efectiva. Sólo así será posible recuperar la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas. "(ídem, p. 45).

2 – El mundo real – Hacia una nueva institucionalidad

Durante la década de los ’90, primero lentamente y luego con un crecimiento exponencial, un "tercer sector" comienza a cobrar forma haciéndose cargo de los temas sociales abandonados por el Estado y nunca contemplados por el mercado. La urgencia que impone el tipo de problemas que quedan desatendidos, además de la magnitud que alcanzan, empuja a la sociedad a actuar. La distancia que separa a los dirigentes de las necesidades de la gente, y el descreimiento y la desconfianza de la sociedad respecto a sus representantes, instan a buscar nuevas formas de incidencia (NOTA 20).

La escena pública se puebla así de nuevos actores, expresión de la diversidad y complejidad de problemáticas que enfrentan hombres y mujeres en los albores del nuevo milenio. Durante los segundos ´90, las TIC, la Internet y una lógica de organización en red facilitan el tejido de lazos sociales que van "enredando" individuos y organizaciones. Los nuevos movimientos sociales, aunque limitados por sus recursos y posibilidades de acceso, comienzan a apropiarse de la potencialidad de las TIC, y de la Internet como medio de comunicación interactivo y democratizador tanto del acceso como de la producción de información. (NOTA 21)

Estas organizaciones sociales comienzan actuando en forma aislada, para luego confluir en redes de organizaciones donde encuentran un espacio de interacción que les permite articular sus acciones con otras organizaciones, potenciar su capacidad de incidencia en las políticas públicas, y aumentar las oportunidades de acceder a los recursos del estado o de los organismos de financiamiento que, en muchos casos, son la única fuente de ingresos para estas organizaciones.

Estas instancias de participación democrática donde confluyen actores heterogéneos se constituyen en espacios sociales y políticos donde se democratiza información y se genera conocimiento social, al pensar soluciones concretas a los problemas reales que enfrenta la sociedad.

En la misma medida, comienza a delinearse un enfoque del desarrollo local entendido desde una perspectiva integral que permite interrelacionar cultura, necesidades, recursos, capital humano, actores y entorno. Esta concepción intenta pensar el desarrollo local como instancia superadora de la dualidad entre público/privado y entre Estado/mercado, entendiéndolo como un proceso capaz de integrar ambas visiones en decisiones consensuadas entre los diversos actores locales, en el marco de la búsqueda de soluciones para los complejos problemas que enfrentan las sociedades. Estas instancias de participación democrática son percibidas como la oportunidad de reconstruir una red de contención social que re-instale a los individuos en un entramado de relaciones que les permita reconstruir su identidad y que a la vez devuelvan el sentido a la política (Mires; 1994: 101), además de promover la recuperación del rol del Estado como copartícipe en la elaboración de soluciones promoviendo su involucramiento en estos escenarios de co-gestión de la "res pública" entre Estado y sociedad.

Paralelamente, desde la segunda mitad de los ’90 comienza un proceso de reforma institucional en numerosas ciudades de la región – entre ellas San Pablo, Buenos Aires, Rosario, Porto Alegre-, que avanza de la mano de: la jerarquización constitucional, creación, reglamentación y puesta en funciones de nuevos instrumentos institucionales para la participación política; el proceso de descentralización administrativa del gobierno; la construcción de espacios cogestivos de articulación de actores a nivel microlocal.

Se introducen así una variedad de instrumentos de democracia participativa directa y semi-directa, como ser el Presupuesto Participativo; las Audiencias Públicas; los Consejos Consultivos Honorarios; la elaboración participativa del Plan Urbano Ambiental; los Consejos co-gestivos y descentralizados para abordaje de problemas de Niñez y Adolescencia, de la Mujer, de Seguridad y Prevención del Delito; el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley; la consulta popular mediante referéndum; la solicitud de Revocatoria de Mandatos; las Defensorías del Pueblo y las Oficinas de Defensa del Consumidor. En función de estas pautas constitucionales, la voluntad política, indispensable para su concreción, hizo posible que se encararan diversas iniciativas tendientes a hacer realidad la participación de los vecinos en las decisiones a través de la implementación de estos instrumentos políticos, valiendo como ejemplo el proceso de Presupuesto Participativo en ciudades como San Pablo, Rosario, Buenos Aires, Porto Alegre; las Asambleas de Vecinos para el Plan de Prevención del Delito en Buenos Aires; las reuniones barriales para el Plan Urbano Ambiental en varias ciudades de la región; y poniendo en funcionamiento organismos como el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor.

3 – Conclusiones – Cómo conectar los conceptos con la realidad

José ArocenA (NOTA 22) afirma que en Latinoamérica, "la democracia está sometida a la prueba del desarrollo", situación que puede comprobarse a través de los altos índices de "distanciamiento, pérdida de confianza y falta de credibilidad" (PNUD; 2004) de los ciudadanos respecto a sus instituciones políticas representativas como consecuencia del fracaso de las políticas sociales implementadas por gobiernos elegidos democráticamente.

El incumplimiento de las promesas electorales relacionadas con los derechos sociales opaca los progresos alcanzados durante los últimos veinte años en la consolidación de los derechos civiles y políticos (NOTA 23) en la región. Sin embargo, coincidiendo con Guillermo O¨Donnell (O´Donnell; 2004), podemos decir que existe una combinación mínima de derechos sociales, civiles y políticos, propia de cada contexto social, político y nacional, por debajo del cual la insatisfacción de cualquiera de esos derechos implica el fracaso del sistema. Podemos decir que el acceso a los bienes y servicios materiales y simbólicos que garantizan la subsistencia, la salud, la educación, la comunicación y la información, la participación política, la incidencia en las decisiones que afectan la propia vida, son requisitos cuya satisfacción universal es necesaria para considerar al sistema político democrático como salvaguarda del desarrollo humano. América Latina, aún con altos índices de democracia formal, ha fracasado en la garantía de los derechos sociales. El retroceso sufrido en la distribución equitativa de la riqueza, y consecuentemente la exclusión permanente de amplios sectores de la sociedad al acceso a los bienes y servicios básicos para la subsistencia son la constatación empírica más contundente de que el sistema necesita ser reformulado. Un sistema político cooptado por el poder económico y por los intereses personales, que funciona en base al clientelismo, las prebendas y la delegación personalista – antes que la representación – genera un tipo de gobernabilidad que bloquea el desarrollo. Un régimen democrático delegativo que funciona bajo esas pautas genera mecanismos de resolución de conflictos a través de la cooptación de los potenciales nuevos actores mediante mecanismos clientelistas, populistas, prebendarios y la mayoría de las veces a espaldas de la opinión pública inhibiendo la evolución del propio régimen hacia nuevas formas de búsqueda de consensos y de legitimidad. Valga como ejemplo el caso argentino, donde un régimen de estas caractarísticas lideró una transformación que en el lapso de una década instaló la condición de "dual" en nuestra sociedad: los incluidos en el sistema global, gozando de altos índices de acceso a educación, salud, servicios y mercados; y los excluidos no sólo de los beneficios de la globalización, sino también del acceso a los bienes y servicios básicos para la subsistencia.

¿Cuáles son las barreras al desarrollo que este modelo de democracia delegativa presenta y cuyos efectos pueden notarse en las prácticas y cultura políticas? (NOTA 24)

Escasa responsabilidad por las acciones públicas
Escasa rendición de cuentas de los funcionarios
Altos grados de corrupción en todos los niveles de gobierno
Autonomización de la clase dirigente: políticos, empresarios y sindicalistas
Alianzas corporativas entre la clase dirigente local y los intereses transnacionales
Permeabilidad del Estado ante las presiones internacionales
Cultura delegativa, desinterés del ciudadano por la "cosa pública"
Falta de compromiso general con el destino colectivo
Compromisos débiles, identidades inestables
Exacerbación de la competencia y falta de cultura colaborativa
Excesiva dependencia de los liderazgos políticos
Fortalecimiento del régimen presidencialista, con su consecuente desequilibrio entre los poderes.

¿Cuáles son las barreras al desarrollo que el modelo de inserción en la SIC impone, guiado por el mercado y por políticas públicas decididas en el contexto antes descripto? (NOTA 25)

Una brecha digital que se superpone a las brechas sociales existentes, a través de:
Tarifas inaccesibles para amplios sectores de la población
Acceso desigual a la infoestructura (NOTA 26)y a la infocultura (NOTA 27)
(desigual cobertura geográfica y social)
Potenciación de los servicios avanzados orientados a los mercados más rentables, y escaso desarrollo de contenidos y servicios que faciliten la apropiación social de las TIC por parte de los sectores más relegados
Amplia cobertura de servicios orientados al entretenimiento y al consumo, y escaso desarrollo de aplicaciones orientadas al desarrollo humano
Orientación del desarrollo de la "nueva economía" bajo el criterio exclusivo de industria dinamizadora de la economía, sin complementar con los criterios de industria facilitadora del desarrollo humano
Inserción en la economía global respondiendo más a la lógica de "ofrecer un mercado de oportunidades" que a la de "aprovechar las oportunidades del mercado". Nos insertamos más como consumidores que como productores de bienes y servicios globales
Ampliación de oportunidades para los integrados a la economía global, debilitando el mercado interno y la inserción de las PyMEs y de los excluidos

La inserción de Latinoamérica en la SIC es una oportunidad histórica para reconsiderar que tipo de sociedad queremos construir. La constatación del fracaso de los modelos de desarrollo y de inserción en la SIC delineados en los ´90 nos enfrentan a la pregunta por los usos y aplicaciones de las TIC que pueden contribuir al diseño de un modelo de desarrollo inclusivo, participativo y plural para la región. La utilización de las TIC en aplicaciones que contribuyan al fortalecimiento de una democracia orientada al Desarrollo Humano (Prats; 2001) habilitaría nuevos campos de "apropiación social y uso con sentido" (NOTA 28)de estas tecnologías, impactando positivamente en la creación de capital social (NOTA 29) a través de la consolidación de espacios multidisciplinares y heterogéneos de actores autónomos que deliberan para alcanzar el consenso nutridos de información y conocimientos que se democratizan en estos entornos de aprendizaje social y colaborativo, recuperando para el ciudadano su condición de "agente" a la hora de diseñar la sociedad en la que participa y vive.

La necesidad de fortalecer la gobernanza y gobernabilidad democráticas habilitadoras de desarrollo humano, como requisito para revertir el sub-desarrollo social, político, económico y humano de la región, imponen subordinar las politicas de e-gobierno y e-democracia a las necesidades impuestas por el gobierno y la democracia reales, integrando las decisiones de políticas TIC para un uso estratégico enrolado en el logro de los objetivos de un fortalecimiento democrático que habilite el desarrollo humano.

Una e-democracia al servicio del desarrollo humano debe favorecer la ampliación de actores autónomos informados y preparados para la participación en la elaboración de propuestas y en la toma de decisiones de políticas públicas que afectan en forma directa su vida.

Los procesos de generación y difusión de información y conocimiento que ocurren en el marco de los procesos participativos que se desarrollan como consecuencia de la implementación de los instrumentos de democracia directa o semi-directa que constituyen una democracia deliberativa o participativa encierran la clave para determinar los usos con sentido y la apropiación social de las TIC. La aplicación de las TIC para el fortalecimiento y la ampliación de estos procesos será de vital importancia para lograr una inserción positiva en la SIC de nuestra región, habilitando un círculo virtuoso de desarrollo en el cual la democracia real y la democracia virtual permitan neutralizar y superar las barreras que un sistema democrático delegativo viciado de clientelismo, prebendas y concentración del poder cerró frente a nosotros instalando la dualidad social, y permitir así recuperar la condición de ciudadanos-agentes para los habitantes de Latinoamérica.

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Notas

[1] – PNUD; Informe Mundial sobre Desarrollo Humano. "Profundizar la democracia en un mundo fragmentado". 2002. Disponible en: http://www.undp.org/hdr2002/espanol/.

[2] – Seguimos la definición de gobernabilidad seguida por Joan Prats (Prats; 2001): Gobernabilidad: "un sistema social es gobernable cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales – que pueden registrar diversos niveles de institucionalización – dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias".

[3] – Al respecto afirma Joan Prats (Prats; 2001): "el conflicto puede resolverse – positivamente- en nuevas reglas de juego que incentiven el desarrollo mediante los cambios institucionales necesarios o -negativamente- mediante la ampliación de la coalición distributiva a los nuevos actores, sin alterar la institucionalidad -patrimonialista, populista, clientelar, caudillista, mercantilista, corporativa (…) – que bloquea el desarrollo."

[4] – El marco conceptual ha sido extractado de (Goldstein; 2004)

[5] – Para ampliar estos conceptos ver (Castells; 1997; 41-42)

[6] – Adaptado de (Castells; 1997: 87-90).

[7] – Castells define esto como "el pasaje del espacio de lugares al espacio de flujos", en el que "se jerarquizan los espacios en función de su interconexión en red y de los flujos que por él circulan, los espacios están determinados por su conexión a la red más que por su relación con sus entornos territoriales" (Castells; 1997: 409) Siendo que "el espacio reúne aquellas prácticas que son simultáneas en el tiempo …el espacio de los flujos es la organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan a través de los flujos" entendiendo por flujos "las secuencias de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la sociedad" (idem, p.445). Las prácticas sociales dominantes en la Sociedad de la Información no se basan en la contigüidad. (ibidem). Para ampliar estos conceptos ver idem Cap. 6.

[8] – Castells define esto como el pasaje del tiempo lineal al "tiempo atemporal", caracterizado por la ruptura de la percepción "lineal, irreversible, medible y predecible" (1997: 466) del tiempo durante la modernidad. Esta ruptura es producto de la velocidad de las transacciones en el espacio de flujos; la flexibilidad para la toma de decisiones; la desagregación del trabajo en el proceso laboral; una nueva articulación del tiempo laboral y el tiempo de la vida; la flexibilización de los límites biológicos y por lo tanto los modelos de vida. Para ampliar ver idem Capítulo 7.

[9] – Traducción propia. Texto original: ""electronic democracy" is any democratic political system in which computers and computer networks are used to carry out crucial functions of the democratic process – such us information and communication, interest articulation and aggregation, and decision-making (both deliberation and voting)." (Hagen; 1997: 2)

[10] – En inglés e-government. Según Tesoro, Arambarri y González Cao: "expresiones "Gobierno electrónico", "Gobierno digital", "Gobierno en línea", "Administración electrónica" y "Estado digital", como equivalentes a las anglosajonas "electronic government" "e-government" o "e-gov", pretenden aludir a un "nuevo" paradigma tecnológico asociado a la prestación telemática de servicios por parte de los poderes públicos" (Tesoro y otros; 2002: 3)

[11] – Traducción propia. Versión original "the continuous optimization of service delivery, constituency participation, and governance by transforming internal and external relationships through technology, the Internet, and new media.". Fuente: Gartner Group, "Key Issues in E-Government Strategy and Management," Research Notes, Key Issues, 23 May 2000. Citado en (Seifert, Petersen; 2001)

[12] – La "gobernanza" es entendida como la capacidad de ejercer el poder para ejecutar las decisiones de gobierno.

[13 ] – La "gobernabilidad" es entendida como la capacidad de construcción del consenso que sustenta las decisiones de gobierno.

[14] – Ver UNESCO E-Governance Capacity Building Project. Disponible en: http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=4404&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077214445Page

[15] – Ibidem.

[16] – Traducción propia. Texto original : "Improving government processes: e-Administration; connecting citizens: e-Citizens and e-Services; building interactions with and within civil society: e-Society" (Heeks; 2001:4)

[17] – Los autores aclaran: "En este ensayo se sostiene que la variable GE [Gobierno Electrónico] puede considerarse como independiente, interviniente o dependiente respecto de la calidad de vida de las comunidades: a) independiente cuando se la visualiza como disparadora o efectora de una mejor calidad de vida; b) interviniente cuando se supone que el GE genera condiciones adecuadas para que otras variables comunitarias catalicen transformaciones que contribuyan a una mejor calidad de vida, o c) dependiente cuando se supone que los impactos sociales del GE están determinados por la "calidad de vida" de la comunidad analizada; por ejemplo, que no podrían esperarse impactos socialmente significativos del GE en una comunidad cuyas dirigencias político-burocráticas degradan las instituciones violando –reiterada e impunemente- preceptos, garantías y derechos constitucionales, en perjuicio de la ciudadanía y de la credibilidad del país en el mundo." (Tesoro y otros; 2002: 5). (El resaltado en negrita es de los autores).

[18] – Los autores definen como "factores condicionantes del gobierno electrónico: "al conjunto de parámetros políticos, económicos, administrativos, sociales y culturales que favorecen, potencian, acotan, restringen o inhiben la inserción, los recursos, los procesos, los productos, los resultados y los impactos del GE en una comunidad." (Tesoro y otros; 2002: 19).

[19] – La bastardilla es de los autores.

[20] – Ver (Goldstein; 2004).

[21] – Idem.

[22] – Ver en (Arocena; 1995: 36).

[23] – Para ampliar los conceptos de ciudadanía civil, política y social ver (PNUD; 2004: 73 a 136)

[24] – Puede ampliarse este análisis en (Goldstein: 2004).

[25] – Ibídem.

[26] – Seguimos la definición del IDH Venezuela 2002 (PNUD-Venezuela; 2002: 14-15): Infoestructura: "Se incluyen, entre otras, las tecnologías de las telecomunicaciones, del almacenamiento y recuperación de información, de las interfaces, de la digitalización, de la conmutación, integradas y potenciadas por las tecnologías de la comunicación. Incluye lo que se conoce como "hardware", junto con todo el universo de programas básicos y de aplicación ("software"), y los registros de contenidos en las distintas áreas de aplicación".

[27] – Seguimos la definición del IDH Venezuela 2002 (PNUD-Venezuela; 2002: 14-15): Infocultura: "Es aquella parte de la cultura orientada a comprender y usar de la mejor manera la infoestructura para resolver los distintos problemas que se presentan en el devenir de la sociedad. En el estrato cultural se destaca la importancia de la organización, de las regulaciones, de las competencias, de los contenidos, de las actitudes y de las responsabilidades".

[28] – Para ampliar estos conceptos ver (Camacho; 2003)

[29] – ara ampliar el concepto de capital social, y su importancia determinante para la superación de la pobreza en Latinoamérica ver (Atria y otros; 2003).

Roxana Goldstein

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