- Introducción
- Resumen ejecutivo
- Neoliberalismo y globalización en Nicaragua
- Contrarreforma en el agro
- ESAF y Empleo a partir de 1990
- Modificaciones neoliberales
- Empleo estable vs Empleo precario
- La pyme en Nicaragua
- Las zonas francas industriales
- Contratos por servicios profesionales
- Trabajo infantil
- Migración de la fuerza de trabajo
- Resultado de la década 1990 al 2000
- Regulación legal sobre el trabajo
- Conclusiones
- Anexos
- Bibliografía
Introducción
Es nuestra intensión con la elaboración del presente estudio, poder obtener conocimientos, acerca de el proceso de cambio que vivió el pueblo nicaragüense durante el proceso post revolucionario, específicamente en lo que al trabajo se refiere.
El impacto del cambio de sistema social de 1980 a los gobiernos de Violeta Barrios y Arnoldo Alemán, una década totalmente diferente, en concepciones sociales, especialmente en el ámbito del trabajo, a nivel de oportunidades de empleo y un nivel de ingresos que puedan satisfacer las necesidades básicas de una familia nicaragüense.
No abordaremos el tema desde un punto de vista meramente estadísticos, si no, que pretendemos hacer un análisis cualitativo, de las oportunidades u obstáculos en esta década de cara al trabajo en Nicaragua.
También interesa a nuestro estudio, que papel jugaron las organizaciones sindicales en esta década, de cambios profundos en la economía de los nicaragüenses, de cara a la defensa de los derechos laborales.
No pretendemos en ningún momento abordar todos los aspectos, sino centrarnos en aspectos macros, relevantes en este periodo de estudio de cara a poder tener un mensaje claro de las trasformaciones específicas en el ámbito del trabajo.
El impacto que significo en la vida de los trabajadores nicaragüense, la reconversión ocupacional, ya que uno de los compromisos en esta década, fue reducir el reducir el número de trabajadores en el sector estatal, lo cual significo un aumento de trabajadores en el sector informal.
Resumen ejecutivo
Para 1990 Nicaragua está en el proceso de finalización de la guerra interna, que desde 1984 se intensificó entre las fuerzas que impulsaban la Revolución Popular Sandinista y las financiadas y promovidas por el gobierno de Ronald Reagan; y del proceso electoral que implicaba la disyuntiva entre la continuidad de la Revolución Popular Sandinista en el Poder o el establecimiento de un nuevo gobierno que propugnaba instalar un modelo económico, político y social diferente al aplicado en la década de los 80.
A nivel internacional las fuerzas de la globalización económica y el neoliberalismo avanzaban para asentarse en Latino América.
Para Julio de 1979, sin cambiar el modo de producción capitalista[1]imperante en Nicaragua, el Gobierno Sandinista se propuso construir un nuevo modelo económico centrado en la economía mixta y el Estado Social de Derecho, como un modelo dentro del llamado Estado de Bienestar, que proponía el pleno empleo, y el trabajo como un aspecto central de la sociedad y una forma más humana de las relaciones laborales y de relaciones sociales de producción. Ese modelo llegaría a sufrir un cambio con las políticas que en el ámbito económico y laboral impondría el nuevo gobierno que ganó las elecciones de 1990.
La guerra de agresión que sufrió Nicaragua en la década de los años 80 causó inmensa destrucción en las fuerzas productivas del país y obligaba a movilizar grandes contingentes de fuerza laboral a los frentes de batalla, como toda guerra el impacto en la economía y el trabajo fueron significativos; por otra parte, el país sufrió un embargo económico que unido a los otros factores mencionados impedían al país desarrollar las fuerzas productivas[2]
Durante la década de 1990-2000 los dos gobiernos nacionales impulsaron y aplicaron las políticas neoliberales propias del proceso de globalización económica capitalista, ejecutaron planes de ajuste estructural, aprobaron leyes para liberalizar el mercado y regular de nueva forma el trabajo provocando una profunda evolución en del trabajo en Nicaragua.
Se trató de una década agitada, con mucha actividad estatal y por parte del sector empresarial, para afianzar el modelo neoliberal; y por otra su lado el sector trabajo movilizó sus fuerzas con el propósito de impedir las acciones gubernamentales que afectaban a los trabajadores.
Los temas de la propiedad estatal y del restablecimiento de la propiedad a la situación anterior al 19 de Julio de 1979 también incidieron en el sector trabajo, pues se vincularon a la privatización de las empresas estatales y al desmantelamiento del sector cooperativo vinculado a la reforma agraria. Este elemento incidió en todo lo relacionado con el tema trabajo.
En el proceso de imponer las posiciones neoliberales fueron evidentes la radicalización del gobierno y del sector empresarial debido al fuerte sentimiento antisandinista, antiobrero, y de contrarrevolución que prevalecía entre los lideres de los dos gobiernos Barrio de Chamorro y Arnoldo Alemán.
Las principales políticas de ambos gobiernos se dirigían a crear una economía de mercado, favoreciendo la inversión extranjera, reduciendo el tamaño del aparato estatal, y lograr la estabilidad macroeconómica y a la par abaratar el costo de la mano de obra.
Esa medidas modificaron el trabajo, rompieron con la centralidad del trabajo imperante en las década previas a 1990, el mercado tomo el punto central de la sociedad, provocando el surgimiento masivo del trabajo informal, del trabajo flexible y la precarización del mismo, así como la subcontratación y otras nuevas modalidades de trabajo.
Las empresas de zona franca aumentaron su número y con ello fueron creados miles de nuevos empleos tanto directos como indirectos, caracterizado por la contratación masiva de mujeres, creando a su vez nuevas modalidades de trabajo, estableciendo nuevas relaciones con la pequeña y mediana empresa.
Por otra parte el sector informal de la economía creció y asimiló a la masa de trabajadores desempleados, llegando a convertirse en uno de los más importantes del país en cuanto a producción y generación de empleo.
A la par que la producción manufacturera fue reduciendo su peso, el sector informar crecía en importancia. Igualmente el sector terciario de los servicios aumentó, en particular lo vinculado al sector financiero.
La explotación de trabajo infantil en esta década fue significativa convirtiéndose en un tema a resolver en unión con el esfuerzo de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT.
Por otra parte la Constitución Política de la República fue reformada para adecuarla a las exigencias de la ideología neoliberal y la globalización, y luego la legislación laboral fue derogada aprobándose un nuevo Código del Trabajo más adecuado a las nuevas relaciones en el ámbito laboral.
La migración de la fuerza laboral, la flexibilidad laboral, la precarización del trabajo, el predomino del trabajo informal, la tercerización del trabajo, y la sustitución del paradigma de la centralidad del trabajo por el paradigma de la centralidad del mercado, constituyen los aspectos centrales de la evolución del trabajo en Nicaragua como efecto de la doctrina neoliberal y la inserción del país en la globalización.
Neoliberalismo y globalización en Nicaragua
El neoliberalismo y el ingreso de Nicaragua al proceso de globalización se produce más tarde que el resto de países latinoamericanos. Esto debido a que el país en la década de los 80 estaba inmerso en un proceso de cambio revolucionario posterior al derrocamiento de la dictadura militar somocista.
La década de los 80 para Nicaragua significó realizar cambios en el sistema político expresado en la supresión del aparato estatal que sostuvo a la dictadura militar, en lo económico la reestructuración para el pasó a una economía mixta, nacionalización de los principales sectores de la economía, tales como la banca y el comercio exterior; la creación de empresas estatales a partir de los bienes confiscados a los miembros de la dictadura militar somocista, cambiar el régimen de tenencia de la tierra, y con ello la estratificación del trabajo.
Década de los 80 creación el Área Propiedad del Pueblo.
A partir del 19 de Julio de 1979 inicia en Nicaragua un proceso de transformación en la sociedad. Entre los cambios está la transformación de la tenencia de la tierra agrícola, que incidirá en la evolución del trabajo en el campo. Así miles de campesinos pobres y sin tierra accederán mediante las acciones de Reforma Agraria a terrenos que les serán asignados y entregados en propiedad en las cuales realizarán actividades agropecuarias.
De esa manera, semiproletarios rurales, que parte del tiempo trabajaban bajo salario en haciendas agropecuarias, y otra parte del tiempo prestaban o alquilaban tierras para agricultura de autosubsistencia, se convertirán en campesinos propietarios y con trabajo estable.
Una parte de estos nuevos propietarios trabajarán de forma individual, y otros se organizaran en colectivos y cooperativas agropecuarias. Los antes campesinos sin tierra se tornan en campesinos propietarios de tierra y organizados en nuevas modalidades de producción. Eso significa un gran paso evolutivo en el trabajo del campo en Nicaragua.
El Gobierno Revolucionario emite los decretos DECRETO No. 3 intervención, requisición y confiscación de todos los bienes de la Familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de Diciembre de 1977 DECRETO NO. 38 De la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua Aclara y adiciona al Decreto No 3, de los 20 días del mes de Julio de 1979 Decreto No. 282 SITUACION JURIDICA DE LAS PERSONAS CON BIENES INTERVENIDOS O EN INVESTIGACION, por los cuales los bienes del dictador Somoza, sus allegados y militares de la Guardia Nacional, pasaron a ser propiedad del Estado y con ellos a formar lo que sería el Área Propiedad del Pueblo que construiría el conjunto de empresas estatales base de la economía mixta. Mediante la aplicación esos decretos fueron confiscadas unas 2,000 propiedades para unas 1, 400,000 manzanas[3]
Posteriormente a dicha leyes se Agregarían El Decreto No. 760 De Apropiacion Por El Estado De Los Bienes Abandonados, Decreto No 782 Ley De Reforma Agraria. Con estas leyes pasan al Estado unas 1,200 propiedades, con cerca de 820,000 manzanas[4]
El Estado compró 1,050 propiedades con un total de 196,000 manzanas, y de facto ocupó 510 propiedades con 300,000 manzanas[5]
Cuadro No. 1
Decreto | Fincas | área |
3 y 38 | 2,000 | 1, 400,000 |
760 | 1,200 | 820,000 |
compra | 1,050 | 196,000 |
ocupadas | 510 | 300, 000 |
2, 716 000 Mnz
Según datos de Molina, 1994, citado en Stanfield 1994, el Gobierno del FSLN en la década de los 80 adquirió un total de 5,872 fincas con unas 2, 823,181 de manzanas. Según datos del CIERA el total de tierras afectadas llegaron a los 3 millones de manzanas, para un total 37.2% del total de tierras agrícolas del país.
Cuadro No. 2
Todos esos bienes pasan a formar parte de las empresas propiedad del Pueblo (el 50. 5% del total[6]así como entregadas a las Cooperativas agropecuarias y agricultores individuales en el marco de la Reforma Agraria, y la organización del sector cooperativo en el campo.
Con estas acciones se proponía el Gobierno Sandinista modificar y modernizar la estructura productiva[7]en el agro, y dar acceso a la tierra para el campesinado pobre que para Julio de 1979 eran unos 60 000, un 34% del campesinado[8]De esa manera miles de trabajadores del campo que no poseían tierra pasarían a ser propietarios agrícolas y cambiar su situación laboral.
Así la tenencia de la tierra[9]que para el año 1979 era del 100% en propiedad privada con un total de 8,073.0 miles de manzanas (52.4% de la tierra agrícola estaba en manos del 4% de familias)[10], pasó con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista al 65.6 % con 5,292.4 miles de manzanas; y el sector reformado es creado a partir del año 1979, ya para el año 1984 tienen 3.00.2 miles de manzana con el 37.2 %, y para el año 1988 eran 2,780.6 miles de manzanas para un 34.4%.
Cuadro No. 3
Tenencia de la Tierra
El sector cooperativo agropecuario inexistente al año 1979, ya para el año 1984 tiene 1,430.9 miles de manzanas representando el 17.7 %, y para el año 1988 tenía 1,622.6 miles de manzanas para un 20.1%. El sector estatal denominado área propiedad del pueblo organizado en empresas agropecuarias tenía para 1984 un total de 1,516.9 miles de manzanas para un 18.8 % del total, pero se redujeron para el año 1988 a 946.2 miles de manzanas disminuyendo al 11.7 %, para aumentar el área del sector cooperativo.
El sector de campesinos pobres sin tierras pasó a tener tierras que ya para 1988 significaba 209.9 miles de manzanas para un 2.6% de la tenencia de la propiedad.
Cuadro No. 4
La reforma agraria estableció diversas modalidades tanto de titulación como de organización de los beneficiarios, estos fueron[11]a) grupos familiares que trabajarían en colectivo, son organizados en Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS), que también se llamarían Cooperativas de autodefensa, tuvieron 591,000 manzanas para un 18%; b) colectivos de trabajo CT, con 129,000 manzanas para un 4%; c) a cooperativas en las cuales lo miembros podrían trabajar de forma individual, entre las cuales estaban las Cooperativas de Surco Muerto y las Cooperativas de Crédito y Servicio, con 175,000 manzanas representando el 5%; y d) las entregadas a título individual que recibieron 2, 290, 000 manzanas, representando el 68 % del total; y las asignaciones a las comunidades indígenas de la Costa Caribe con 170,000 manzanas para apenas el 5%.
Cuadro No. 5
Con esto se evidencia la transformación operada en el agro no sólo en la tenencia de la tierra sino en el cambio del empleo, y particularmente en la estructura de clases sociales en el país, miles de personas campesinas sin tierras pasaron a ser propietarios y productores agropecuarios organizados en un novísimo sector de cooperativas agropecuarias. Creándose un nuevo estrato o segmento en el trabajo.
En lo social el gobierno revolucionario logró la mejoría en las condiciones de vida de gran parte de la población, mejorando el consumo mediante subsidios a los precios de los productos, de igual manera las condiciones del trabajo en el campo y la ciudad mejoraron, de igual manera los servicios de salud y educación fueron masificados, el analfabetismo fue reducido dramáticamente.
A pesar de los logros obtenidos, el imperialismo norteamericano logró capitalizar el descontento de ciertos sectores y los lanzó a una guerra de agresión que durante casi una década dejó en crisis el sistema productivo. En la guerra destruyeron gran parte de la infraestructura del país y provocaron la muerte a miles de nicaragüenses que se movilizaron en defensa del país.
La situación de crisis económica llevó a que el gobierno aplicara planes de ajuste estructural a partir de 1988. Esto significó reducción en el gasto público, que al fin no contuvo lo suficiente el deterioro de la economía.
Para 1989, con el inicio de las negociaciones para dar término a la guerra de agresión, y con la programación de las elecciones presidenciales las posiciones del neoliberalismo en Nicaragua inician su presencia en los grupos y partidos políticos que integrarían la llamada Unión Nacional Opositora en el año 1989, promovidos por sectores empresariales y la embajada de los Estados Unidos de Norte América en Nicaragua. Esa tendencia que expresaba el proyecto de la burguesía nicaragüense predominó en la alianza UNO y generó la plataforma programática para el nuevo gobierno[12]
Así que el neoliberalismo en Nicaragua se expresa con un alto contenido de contrarrevolución, anticomunismo y en ese sentido una fuerte confrontación política al FSLN y contra todo nicaragüense vinculado al proceso revolucionario.
Esta será una característica propia del neoliberalismo en Nicaragua que se expresarán el la concepción del trabajo que se tuvo en la década del 90 del siglo XX.
Posteriormente en el año 1990, producto de los resultados electorales. El Gobierno del revolucionario aprueba leyes para afianzar la propiedad inmobiliaria a los sectores beneficiados durante la década del 80. Así son aprobadas las leyes: No. 85 LEY DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES PERTENECIENTES AL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES, que benefició más de 11 000 familias ; LEY No. 86 ESPECIAL DE LEGALIZACION DE VIVIENDAS Y TERRENOS, que benefició a más de 105, 000 familias[13]LEY No. 88 DE PROTECCION A LA PROPIEDAD AGRARIA, con este bloque de leyes se otorga el dominio sobre bienes inmuebles urbanos y rurales a los beneficiarios.
Con esas leyes miles de campesinos de cooperativas agropecuarias pasan ser dueños de fincas agrícolas, de igual manera miles de pobladores pasan a ser propietarios de lotes o solares para construcción de viviendas, y otros miles pasan a ser propietarios de casas de habitación que venían poseyendo.
Cuadro No. 6 Datos de producción comparativos 1979 – 2000
Fuente BCN estadísticas 50 años.
Con estos datos se puede observar la significativa variación en aumento de las áreas sembradas luego de producirse la entrega de tierras a los campesinos, y el nivel se mantiene durante la década de los 80, volviendo a aumentar luego de la pacificación y nuevas entregas de tierra en la década del 90.
El impacto de la reforma agraria de los 80 fue importante en la modificación tanto de la tenencia de la tierra, la equidad en su distribución, y el desarrollo del trabajo en el campo, tendencia que se mantuvo hasta el año 2000.
Contrarreforma en el agro
El Gobierno de Barrios Chamorro a partir de inicio de su mandato se propuso revertir los efectos de la reforma agraria y urbana del gobierno Sandinista, enmarcado en el objetivo central de liquidar a la Revolución Popular Sandinista, y para el caso aprueba un conjunto de leyes: DECRETO LEY No. 11-90 DECRETO-LEY DE REVISION DE CONFISCACIONES, por la cual se crea una comisión "facultada para proceder a la revisión de todas las confiscaciones ejecutadas por el gobierno anterior bajo las leyes y decretos confiscatorios, expropiatorios o de reforma agraria y los que de una u otra forma privaron de sus bienes, derechos y acciones a personas naturales o jurídicas…" y dicha comisión por mandato del ACUERDO PRESIDENCIAL No. 248-92 está obligada la Comisión Nacional de Revisión "para que resuelva favorablemente todos los reclamos presentados en tiempo ante la Procuraduría dentro del espíritu del Decreto 11-90 y sus reformas" es decir dejar sin efecto de forma total las leyes 85, 86 y 88 antes indicadas; DECRETO No 35-91 CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, oficina que "tendrá a su cargo, principalmente, la revisión de las adquisiciones o traspasos de inmuebles efectuado al amparo de las Leyes 85 y 86, aprobadas por la Asamblea Nacional el día 29 de Marzo de 1990, así como los casos de asignaciones con títulos de propiedad emitidos dentro del concepto de la Reforma Agraria, cuyos beneficiarios hubiesen entrado en posesión efectiva de las tierras entre el 25 de Febrero de 1990 y al 25 de Abril de ese mismo año", pudiendo dar pie a la nulidad y rescisión de las adjudicaciones,
Postriormente el doce de Diciembre de mil novecientos noventa y siete es sancionada la LEY No. 278 LEY SOBRE PROPIEDAD REFORMADA URBANA Y AGRARIA, que a continuida al proceso de desmontar las reforma a la propiedad urbana y rural. Los plazos establecidos por dicha ley fueron prorrogados por varios: LEY No. 288, de abril de 1998, DECRETO No. 69-99, LEY No. 345 de mayo del dos mil, y continua con DECRETO 56-98 De CREACION DE LA INTENDENCIA DE LA PROPIEDAD.
Durante toda la década del 90 se mantuvo en agenda la liquidación de la reforma urbana y agraria impulsada por el Sandinismo.
Sin embargo, ese gobierno, a la par que desmontaba el esquema de tenencia de la tierra establecido por el Sandinismo, realizó un proceso entrega y legalización de la propiedad, en el marco de la pacificación del país. Y desde 1992 a 1996 emitió, a favor de ex miembros de la Resistencia y del Ejército de Nicaragua, 23,403 títulos de propiedad sobre 840,301 manzanas de tierra, para beneficiar a unas 37,516 personas.
Esta nueva asignación abrió el mercado de tierras que favoreció el surgimiento de nuevos latifundios de 200 a 500 manzanas.
Cuadro No. 7
Entrega de Títulos Reforma Agraria 1992-1996
El programa de la UNIÓN NACIONAL OPOSITORA UNO proponía crear un nuevo modelo económico opuesto al de la década de los 80, y entre las acciones contemplaba: eliminar la economía mixta, es decir, la participación estatal en la economía, la privatización de la economía (es decir, privatizar o desaparecer las empresas estatales que eran patrimonio nacional), liquidar la reforma agraria, fortalecer la libre empresa, garantías a la empresa privada y el fomento de la inversión extranjera.
La UNO también se proponía la liberalización del comercio exterior, la reducción de los aranceles de importación, unificar el tipo de cambio oficial con el mercado libre y un programa de devaluaciones[14]En ese sentido: "El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro inició el proceso de despojo, mediante el cierre del crédito campesino, de las empresas, tierras, lotes, haciendas y demás activos entregados a miles de trabajadores y obreros agrícolas, a través de la Reforma Agraria de la Revolución Popular Sandinista"[15]
Al inicio de los noventa, las políticas del gobierno de Nicaragua, estuvieron centradas en problemáticas macroeconómicas como la inflación y el crecimiento económico, dejando para después la solución de problemáticas sociales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, entre otros. [16]El orden de prioridades establecido por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro pretendía crear condiciones para que se produjera la liberalización y apertura económica del país al capital extranjero, esquema que incidirá en el sector trabajo.
A partir de 1991 el gobierno y el Fondo Monetario Internacional firman un acuerdo por el cual se compromete a reducir el estado, principalmente el ejército, aumentar los impuestos sobre ventas y consumo. Producto de ese acuerdo el estado pasó de 290.000 a 107.000 empleados, de los cuales 68.000 eran miembros del ejército y 74.000 empleados de las empresas públicas cerradas, en la privatización de la banca unos 5, 600 empleados perdieron el empleo.
En ese contexto, y por efecto de las protestas de lo trabajadores, el gobierno lanza el "plan de Concertación Económica y Social". Este plan tenía como objetivo general lograr estabilidad política y social entre los principales sectores del país (gobierno, sociedad civil e iniciativa privada). El programa de Concertación Económica y Social tenía dos objetivos específicos:
1.- Alcanzar estabilidad y paz social mínima que propicie un clima estable para la inversión.
2.- Lograr una nueva y dinámica forma de vinculación con la comunidad internacional que produzca un tratamiento preferencial para el país"[17].
Producto de este proceso de concertación, se lograron tres tipos de compromisos (Gobierno de Nicaragua: 1991).
A). Compromisos globales: la adopción de un programa económico realista apegado a la legalidad, la estabilización de la inflación, por medio de una estabilidad monetaria y cambiaria. Estabilidad crediticia, reducir el déficit fiscal por medio de la racionalización del gasto.
B). Acuerdos sectoriales sobre crédito e inversión a la producción; devolución, privatización y participación obrera en las medidas anteriormente señaladas.
En lo que respecta a empleo y salarios, el gobierno se compromete a impulsar la reactivación económica del país con el objetivo de reducir el desempleo existente. Asimismo, se compromete a promover un nuevo código laboral y promover el sector agroexportador y las instituciones financieras privadas.
C). Los compromisos giran entorno a los tres sectores participantes (empleadores, empleados y gobierno). Los trabajadores, se comprometieron a mantener la eficiencia y productividad del trabajo, cumplir con los convenios colectivos, agotar todos los mecanismos legales antes de irse a la huelga y disminuir el ausentismo laboral.
El gobierno por su parte se comprometió a: aplicar y poner a la disposición los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los acuerdos. Intervenir para eliminar actitudes y acciones que conduzcan al revanchismo político, respetar las políticas de empleo y salario convenidas en la Concertación, establecer tarifas preferenciales de los servicios públicos para la población de menores ingresos. "
El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, en su campaña de privatización de las empresas estatales logra con algunos sectores obreros que estos acepten la privatización a cambio de obtener acciones en las empresas y así convertirse en propietarios de empresas. Esta medida cambiará el concepto de trabajo que tradicionalmente se había tenido y afectará la composición del sector laboral.
En esta modalidad de privatización se afectaron bienes de la Corporación Nacional del Sector Público (CORNAP) en el sector agropecuario hasta 599 fincas, 310,480 manzanas, beneficiando a ex miembros del Ejército, a trabajadores del sector agropecuario y ex miembros de la Resistencia[18]
Así para 1991 el gobierno y la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) convienen en privatizar empresas nacionales del sector agropecuario, y distribuir las propiedades entre cuatro grupos: los trabajadores, los exmilitares, los excontras y los empresarios. Esa modalidad traería consecuencias en la estructuración del mercado laboral del país. Dará pie al surgimiento de nuevos propietarios de bienes de producción.
Como producto de los referidos acuerdos la privatización de los bienes del Estado, para 1992[19]las tierras se distribuyeron entre privados que se apoderaron del 38 % del total, trabajadores del ex sector área propiedad del Pueblo con el 43 %, los ex militares con 18.1% , el Ejército con el 17.5 % y la Resistencia con el 20.8%.
Cuadro No. 8
Distribución de la tierra por privatización
Año | Privados | ExTrab. APP | Ex milt | RN | EN | ||||
1992 | 38% | 43% | 18.1 % | 20.8 % | 17.5% |
Los trabajadores se organizaron como nuevos propietarios y formaron empresas, y posteriormente formaron la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados – UNAPA. Esta luego se diversificó con empresas de procesamiento y mezcla de agroquímicos, la comercialización, y otras actividades. Esta agrupación explotaba para 1995 unas 149,323 manzanas de las cuales 20% son utilizadas para la producción agrícola, 37% son dedicadas a la ganadería y un 43% son compuestas de bosques y tierras de vocación agrícola no explotadas[20]
Con está privatización surgirán nuevos propietarios: ex militares, ex miembros de la resistencia y ex trabajadores agrícolas asalariados de las ex empresas agropecuarias APP. Con ello surgirá un nuevo sector de la clase social de propietarios agrícolas. Una nueva estructura de clases sociales se producirá con esta privatización.
La cantidad de tierras agrícolas entregadas en privatización a los ex militares para el año 1994 fueron unas 577,360 manzanas, a favor de 17,091 personas. Todos nuevos propietarios en tierras de la antigua APP[21]
Por el proceso de privatización de la tierra la estructura de la tenencia se modificó, así para 1988 el sector privado tenía unas 5,292.4 de manzanas para un 65.6% , y para 1996 ya aumentó a 5,572.4 de manzanas para un 70 %; el sector reformado paso del 34.4% en 1988 al 30% en 1996; el sector cooperativo se redujo del 13.8% con 1,115.7 de manzanas, al 9% con 742.5 miles de manzanas en ese mismo período; el sector individual es el que más cambio sufrió, pasó del 8. 9% en 1988 al 19.2 % en 1996[22]
Cuadro No. 9 Evolución de tenencia de la tierra Miles de mnz
En ese período las empresas de Reforma Agraria desaparecen en su totalidad, estás representaban para 1988 el 11.7 % del la tierra, y para 1996 ya no existían en su totalidad.
El sector cooperativo agropecuario sufre un cambio negativo pues en 1990[23]eran 510 cooperativas con un área de 582,066 manzanas y para 1998 quedaban 250 con un área de 122,335 manzanas.
El problema de la propiedad mantendrá en inseguridad jurídica a muchos agricultores beneficiados en la década del 80, algunos perderán sus propiedades por acciones del gobierno o de los ex dueños, lanzando a muchos al desempleo.
En 1997 una tipología de los hogares agropecuarios señala que: "el peso número de los minifundistas y pequeños productores constituye las tres cuartas partes del total de hogares, aunque sólo controlan el 18 % de la tierra. Los medianos y grandes representan el 26 de las fincas controlando el 82% de tierras. En la ganadería el 5% de los hogares agropecuarios controlan el 52% del hato total"[24].
Cuadro No. 10 Estratificación de la tenencia de la tierra
ESAF y Empleo a partir de 1990
Para 1994 el Gobierno pone en marcha un ESAF[25]para tres años, que contemplaba entre otros resultados el despedir a 9 mil empleados del Estado, y continuar con la privatización de empresas del sector público, en particular telecomunicaciones. De esa manera el sector estatal pasó de 286,654 trabajadores en 1990 a 95,646 en 1995, y con sueldos que sólo cubren el 69% de la canasta básica para cuatro personas. [26]
Contracción del sector público
Cuadro No. 11
Año 1990 | No. Empleados 286,654 | ||||
1995 | 95,646 |
Por la contraparte de la empresa privada, poco numerosa y débil, esta no tiene capacidad para generar suficientes empleos que absorban la fuerza laboral desempleada que para 1996 ya estaba la tasa de desempleo en un 35 %, y en un 51 % tasa de desocupación de la PEA[27]Para 1998 en el sector urbano tenían empleo unas 338,240.00 personas.
Los cambios operados en la tenencia de la tierra en la década del 90 son fundamentales para la evolución del trabajo en Nicaragua. Estos cambios producirán una nueva estratificación del trabajo y las clases sociales en el campo, con el surgimiento de nuevos propietarios agrícolas, el paso de miles de trabajadores asalariados a su nueva condición de propietarios privados de fincas rurales, así como de miles de ex militares sin tierra y posiblemente sin experiencia agropecuaria que pasarán a ser propietarios de tierras agrícolas. La contrarreforma básicamente se centró en la devolución de propiedades a confiscados y expropiados, la privatización de las tierras del Estado, y el ataque a la validez de los títulos de reforma agraria y a las cooperativas agrícolas.
Con la disminución de las cooperativas agropecuarias y la campaña de desprestigio a los titulo de reforma agraria el campesinado se vio orillado a desligarse de las cooperativas y a vender las tierras, produciéndose una nueva modificación o diferenciación social en el sector, algunos cayeron nuevamente en el sector de campesinos sin tierra, otros se convirtieron en asalariados, en comerciantes o en trabajadores informales.
Cambio en el sector Financiero.
Para el período 1980 a 1990 la banca era estatal y orientada a financiar los sectores económicos de la economía mixta. Estaban en operación el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) (antes Banco Nacional de Nicaragua), Banco de Crédito Popular, Banco Nicaragüense, Banco de América, y Banco Inmobiliario.
En 1990 al 2000 con la política de liberalización de la economía y permisibilidad del flujo de inversión extranjera, y apertura a la banca privada y la desaparición de la banca estatal.
Con estos cambios la importancia de la banca fue en aumento. Para de 1990 la banca tenía activos por unos 585 millones de dólares, equivalentes a 35% del PIB, a finales de 1999 los activos eran éstos 1.828 millones de dólares, equivalentes a 65% del PIB[28]
En ese período fueron creados 12 bancos privados, y desaparecían los últimos bancos estatales que habían sobrevivido: BANADES y Banco Popular, y el BANIC posteriormente quebraría.
El sector bancario pasó una ola de quiebras que inició en 1996 y se extendió hasta el año 2000, cerrando con la quiebra de Interbank, Banco del Café, BAMER, PRI-Banco, y BANIC.
Como resultado de las quiebras el BANPRO absorbió tres bancos: Pribanco, Banco Intercontinental y BANIC; el Banco de Finanzas (BDF) absorbió a Banco de Café y BANCENTRO a Banco Mercantil
Para 1999 existían nueve bancos privados que concentraban más de 90% de los depósitos del sistema.
La Política neoliberal sería aplicada en Nicaragua tanto el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, como por el gobierno de Arnoldo Alemán en el año 1997. Y de éste último resultó en cuanto al empleo: "El empleo ha dejado de ser una prioridad nacional para convertirse en un factor residual; es decir, algo que sucede como resultado automático de otro fenómeno. En efecto, según los asesores de Alemán el empleo tenía que venir cuando el mercado funcionara bien"[29].
En resumen: "Los resultados económicos desde 1990 a 1996 no pueden ocultar el hecho de que estos resultados se obtuvieron a un elevado precio (coste social). La política de austeridad, la reducción drástica de subsidios estatales, la privatización de empresas estatales y la fuerte redacción del sector publico aumento el nivel de desempleo"[30].
Para el año 1997 asume Arnoldo Alemán la Presidencia de la República, y este para 1998 firma un segundo ESAF para tres años, y contempla la reforma al sector público, lo cual significaría el despido de al menos 7, 650 empleados[31]así como la privatización de las empresas de energía y agua, y elevar la tarifa de servicios públicos, cierre del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES).
La desaparición de la banca estatal incidirá en el trabajo rural, por la falta de instituciones de crédito al sector, ese vacío sería llenado por las nuevas organizaciones no gubernamentales (ONG) que se harían cargo de intermediar créditos.
Al desaparecer la banca estatal, el sector rural y las MYPIME no tienen fuente de financiamiento lo que da pie al surgimiento de nuevas instituciones financieras, de esa manera surgirán las microfinancieras en Nicaragua.
Cuadro No. 12 Las microfinancieras en 1999-2000
Año | cartera miles US $ | clientes | |||
1999 | 36,848 | 84, 328 | |||
2000 | 43,640 | 103,88 |
Dos gobiernos en la década del 90 significaron la perdida de empleos, la reestructuración del sector laboral y una nueva estratificación ocupacional que perjudica a los más pobres[32]y no mejora la equidad en los ingresos.
El sector Industrial
A partir de de 1990 se produce igualmente una modificación en el sector industrial con la mejoría en los rubros siguientes: Carne de pollo, Leche pasteurizada, Carne vacuna deshuesada, Embutidos, Alimentos para aves, Galletas finas, Azúcar, Bebidas alcohólicas, Bebidas no alcohólicas, Cuero elaborado, Madera aserrada, Bolsas plásticas y Cemento, la producción se mantiene en aumento durante la década. Las empresas de zona franca que en el año 1992 eran 8 empresas con 1,003 trabajadores directos, y para el año 2000 eran 39 empresas con 30,199 trabajadores directos.
De esa manera el sector industrial tuvo un impulso importante en la década, generando empleos directos, y principalmente fortaleciendo el sector de trabajadores industriales. Con ese cambio la clase obrera se fortalece.
El sector construcción.
A partir de 1994 el sector de la construcción produce un alza que se expresa en los metros de área construida, siendo el sector de construcción de residencias el que tiene mayor auge, le seguirá el sector servicio, el comercio y por último el industrial. Eso expresa la tendencia de la economía nacional de no centrar esfuerzos en el sector industrial, sino en gastos personales, y servicios. Sin embargo a partir del año 1999 la construcción en la industria se eleva.
Los cambios en este sector se expresarán en el aumento de la contratación de personal directo.
Cuadro No. 13
Edificaciones privadas construidas.[33]
Fuente estadísticas 50 años. BCN
El sector inmobiliario creció, con mayor peso en el sector residencia, evidenciando la estratificación de la sociedad de acuerdo a los cambios en los niveles de acumulación de riqueza y la configuración de nuevas clases sociales, principalmente la llamada clase media.
La construcción en el sector servicios tiene un alto peso y es el referido a construcciones destinadas a restaurantes, clínicas, hoteles e iglesias. Le sigue el sector comercio con la construcción de centros comerciales principalmente.
BALANCE DE LA FUERZA DE TRABAJO 1980-2000
Cuadro No. 14
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