En busca de la participación comunitaria organizada. Zamurucuare

Ficha técnica del proyecto

PROYECTO.

Plan Estratégico para la Creación de la Unidad de Atención Socio-Jurídica, como Modelo de Participación Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Zamurucuare, Municipio Miranda Estado Falcón.

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN SIMÓN BOLÍVAR EN LA QUE SE ENMARCA.

Se enmarca en la línea de la democracia protagónica. A través de ella, es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorgan las asociaciones comunitarias; es decir, transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el establecimiento de la organización no implicará menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del individuo.

En ese contexto, los ciudadanos personificarán y ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder político, es decir, conservarán siempre su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada al bienestar de todos, con los principios de igualdad y libertad.

Visto de esa manera, el cambio debe estar orientado a poner de relieve los elementos en común, que permitan construir una comunidad, no individuos aislados y egoístas atentos a imponer sus intereses a la comunidad; a esa entidad – la comunidad – se entrega todo el poder originario del individuo, lo que produce una voluntad general, en el sentido de un poder de todos al servicio de todos, sustentado moral y colectivamente, lo que obliga a que la conducta de los asociados, aunque tengan intereses particulares, (voluntades particulares) esté guiada por la justicia, es decir, por principios de igualdad —única manera de fortalecer el cuerpo político colectivo-, y de libertad.

Al considerar que la soberanía reside en el pueblo, este puede por sí mismo dirigir el Estado, sin necesidad de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con la democracia representativa o indirecta, esta dirección del Estado está indisolublemente unida a la búsqueda del bien común, y no como en la democracia representativa en la que, bajo la argucia de la libertad individual, con el camuflaje de la "igualdad de oportunidades" y el acicate de la competitividad, se legitima el interés de grupos minoritarios contrapuestos al interés general de la sociedad.

En el contexto precedente, la democracia participativa, es la soberanía popular la cual se hace tangible en el ejercicio de la voluntad general, la cual no puede enajenarse nunca, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser presentado más que por sí mismo: el poder puede ser transmitido pero no la voluntad. La consecuencia es lógica: si la soberanía reside en el pueblo y éste acepta obedecer a un poder distinto, por ese mismo acto se disuelve como pueblo y renuncia a su soberanía.

La soberanía popular, reunida en asamblea pública de ciudadanos, (Asamblea Constituyente) es la única depositaria legítima del poder legislativo; la Soberanía no puede ser representada; la voluntad no admite representación.

Nadie puede renunciar, ni delegar su soberanía porque pierde su libertad y su derecho a una vida digna. Esa es la razón por la cual también la ejerce directamente, a través de la ley (de la función legislativa del ciudadano) y con un sentido ético. También es la razón por la cual es indivisible e incluso infalible, pues todos no pueden actuar en contra de sus propios intereses comunes.

Igualmente, el ejercicio de los derechos implica la corresponsabilidad social del ciudadano para garantizarlos conjuntamente con el Estado, el poder político. El funcionario público, cualquiera sea su nivel, es un simple delegatario de poder del ciudadano.

Siendo así, el ejercicio de la soberanía se realiza a través de la participación ciudadana en todos los ámbitos de la actividad legislativa y en la toma directa de decisiones para la dirección del Estado en todos los niveles de éste: nacional, regional y local. El ciudadano puede delegar su poder, pero no su soberanía. Por eso, cuando el funcionario a quien delega dicha función se aparta de ella, puede destituirlo a través del referéndum.

Finalmente, al considerar esta línea se debe acotar que el Desarrollo del proyecto se basó en dos de los objetivos de la misma: 1. Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad y 2. Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. Nada mejor para lograrlo que con la creación de la Unidad de Atención Socio-Jurídica para la comunidad en cuestión.

OBJETIVO.

Generar un Plan Estratégico para la Creación de la Unidad de Atención Socio-Jurídica, como Modelo de Participación Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Zamurucuare, Municipio Miranda Estado Falcón.

SUJETOS SOCIALES O ACTORES COMUNITARIOS DEL PROYECTO.

Los actores principales del Proyecto son los propios ciudadanos, constituidos en Consejos Comunales y Asambleas de Ciudadanos con el firme propósito de socializar sus decisiones y acciones colectivas para la defensa de sus intereses frente a los organismos de la Administración Pública, que en el presente caso están representados por la Alcaldía del Municipio Miranda y la Gobernación del estado Falcón, como los Entes Rectores para lograr el bienestar colectivo del sector de Zamurucuare. Sin embargo, también se puede contar con el apoyo de los integrantes de las Mesas Técnicas de Agua, Gas y energía, los Comités de Tierras Urbanas, entre otros.

LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD, ORGANIZACIÓN O SECTOR SOCIAL.

El Proyecto se desarrolló en la Comunidad de Zamurucuare, parroquia San Antonio del Municipio Miranda estado Falcón. Se localiza al sur oeste de la ciudad de Santa Ana de Coro.

FORMAS SOCIALES DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA COMUNIDAD.

Se destacan 03 Consejos comunales, mesas técnicas de agua, Mesas técnicas de energía y gas, consejos locales de planificación, Casa de la Alimentación, Centro Nutricional, Ambulatorio, Modulo Policial, Barrio Adentro, Comités de Tierras Urbanas, Misión Mercal, entre otros.

INSTITUCIONES PÚBLICA INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

Se puede mencionar a la Universidad Bolivariana de Venezuela a través de labor social y ejecución de Proyectos comunitarios; de manera eventual también se presenta la Alcaldía del Municipio Miranda.

Normas relacionadas con el proyecto

En primera instancia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en sus artículos 62, 70, 118 y 184, referidos a la libre participación y protagonismo en la Administración Pública.

Igualmente, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), la Ley Marco de Participación Ciudadana y Poder Popular, sancionada en primera discusión el 16 de Diciembre de 2009 y la ley Orgánica de Planificación Pública sancionada en Primera discusión el 16 de diciembre de 2009.

También se empleará Ley de tierras urbanas, Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, y Código de Procedimiento civil.

Breve resumen del estado actual del proyecto

El presente proyecto, referido a la formulación del Plan Estratégico para la Creación de la Unidad de Atención Socio-Jurídica, como Modelo de Participación Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Zamurucuare, Municipio Miranda Estado Falcón, se inició con un proceso de reconocimiento y sensibilización del sector mencionado para tal fin, a través de Asambleas de Participación ciudadana, encuentros con los integrantes de los Consejos Comunales, Mesas Técnicas de agua, gas y energía, Comités de Tierras Urbanas, entre otros.

Posteriormente, se aplicó una encuesta preliminar para determinar la problemática y prioridades en cuanto a las necesidades apremiantes del sector. En ese contexto, se seleccionó la problemática de falta de orientación y asesoría en los aspectos sociales y jurídicos. Una vez seleccionada la problemática, se efectuaron reuniones y diferentes encuentros con los actores y sujetos sociales del Proyecto, planteándose los objetivos, metas y formulando la propuesta requerida para darle solución a la misma. En esta fase, se ha ido sistematizando la experiencia y se ha hecho seguimiento y evaluación para determinar los logros que se han obtenido.

Visto de esa manera, el proyecto está en su fase de diseño y generación de la propuesta, lo cual incluye también la definición de su viabilidad o factibilidad.

ROSA MARTE

Introducción

La experiencia histórica corrobora la estrecha relación que existe entre: ser – hombre y vivir en sociedad; es decir, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, poseen la capacidad de comunicarse racionalmente. En ese sentido, la sociedad es, pues, el ambiente o medio natural de la existencia humana.

Partiendo de esa premisa, Trigo (2009:1), señala:

Se da en la vida humana un complejo y recíproco necesitar y ser necesitado; cada individuo vive, actúa y se realiza dentro de los sistemas o mecanismos que determinan la estructura básica de la sociedad…estos son, al menos, unidad de acción, cooperación, integración y ordenación formal.

Eso significa entonces que, el sistema básico de relaciones sociales, comporta los códigos y/o aspectos descritos por la autora citada, en donde la integración y el ordenamiento formal deben reflejarse en lo que se denomina en Venezuela como participación comunitaria organizada.

Visto de esa manera, se define la participación comunitaria organizada como "…el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la población interviene (de manera formal y apegado a las leyes) en los asuntos públicos que les afectan." (Alberich, 2002:2). Con ello se pretende lograr, que las personas involucradas, sean más sujetos sociales, con más capacidad de transformar el medio o sector donde vivan, en los aspectos sociales, administrativos, económicos, culturales, políticos y jurídicos.

En ese marco descrito, las necesidades sociales y de carácter legal son prioritarias para una comunidad porque determinan su desarrollo y calidad de vida, promoviéndolos u obstaculizándolos.

Al considerar la relevancia de los planteamientos descritos, los autores de la presente investigación, cursantes del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la comunidad organizada del sector Zamurucuare, consideraron pertinente y prioritario para dicho sector, presentar el trabajo de grado referido a un "Plan Estratégico para la Creación de la Unidad de Atención Socio-Jurídica, como Modelo de Participación Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y Fortalecimiento del sector Zamurucuare, municipio Miranda del estado Falcón."

La referida Investigación, se sustentó en una Metodología de Investigación-Acción-Participativa y se estructuró de acuerdo a las siguientes partes: Ficha Técnica del Proyecto; un Capítulo I, contentivo de la Descripción General del Proyecto, el Planteamiento de la Problemática Abordada, Justificación, Objetivos de la Investigación y Metas Propuestas. Un Capítulo II, referido a la Sistematización de la Experiencia y Evaluación del Proceso. Un Capítulo III, correspondiente a las Conclusiones y Recomendaciones y un Capítulo IV, contentivo de la Propuesta. Finalmente se incluyen las Referencias Bibliográficas y los Anexos Correspondientes.

CAPÍTULO I

Descripción general del proyecto

El presente proyecto se desarrolló en la comunidad de Zamurucuare, ubicada al sur oeste de la ciudad de Santa Ana de Coro, parroquia San Antonio, municipio Miranda del estado Falcón. (VER ANEXO "A"). Limita por el norte con la variante Falcón Zulia y la Urbanización Cruz Verde, por el sur con un saque de Caliche, por el este con la Urbanización las Eugenias y por el oeste con el Barrio la Cañada. (VER ANEXO "B").

El sector Zamurucuare tiene una data de fundación de aproximadamente 35 años, en opinión de los actores sociales y líderes comunitarios más antiguos en dicho sector. Cuenta con una población de 8677 habitantes, de acuerdo con el censo poblacional 2001. Se distribuyen aproximadamente en unas 1500 familias con predominio entre 5 y 6 miembros.

En lo que respecta a los actores comunitarios y como se reseñó anteriormente, están conformados por 03 Consejos Comunales, las mesas técnicas de agua, Mesas técnicas de energía y gas, consejos locales de planificación, Casa de la Alimentación, Centro Nutricional, Ambulatorio, Modulo Policial, Barrio Adentro, Comités de Tierras Urbanas, Misión Mercal, entre otros.

También se hace mención a los indicadores sociopolíticos del Proyecto, tomando en cuenta que debido a la falta de datos referidos a este sector, se aplicó una encuesta preliminar para la recolección de los mismos. (VER ANEXO "C"), distribuyendo el sector en manzanas y espacios asignados a cada uno de los autores del Proyecto, atendiendo al área geográfica. (VER ANEXO "D").

Los resultados fueron tabulados y graficados empleando el programa SPSS (Statiscal and Service Solutions) que es una potente herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico. Al igual que el resto de las aplicaciones que utilizan como soporte el sistema operativo Windows, el SPSS funciona mediante menús desplegadles y cuadros de diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo de manera eficiente y eficaz. (VER ANEXO "E").

El análisis de los referidos resultados, permitió identificar y describir algunos indicadores socio políticos del proyecto que se describirán en el contexto del proyecto en los párrafos sub siguientes.

Población Beneficiaria del Proyecto.

Como se señaló anteriormente, la comunidad de Zamurucuare, conformada por una población de 8677 habitantes, distribuidos aproximadamente en 1500 familias, son los beneficiarios principales del presente proyecto ya que la situación socio-jurídica que les enmarca, permite caracterizar la misma como una necesidad prioritaria ya que repercute en el ámbito social, en el desarrollo del sector y en el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de vida de los sujetos sociales.

En ese contexto debe acotarse que, como el propósito o finalidad es generar una propuesta socio jurídica de atención para los habitantes del sector, se debe recalcar que una vez consolidada, se pudieran extender sus bondades y beneficios, implementándola en las diferentes comunidades y parroquias que conforman la geografía del municipio Miranda, con lo cual se ampliaría la cobertura hacia más sujetos sociales y/o actores comunitarios.

Contexto del Proyecto.

La comunidad de Zamurucuare, ubicada al sur oeste de la ciudad de Santa Ana de Coro, de acuerdo con la versión de algunos de sus pobladores más antiguos y líderes comunitarios, se fundó aproximadamente hace 35 años; su nombre surge de la denominación que le hacían al sector los transeúntes, ante la cantidad de zamuros que frecuentaban la zona; esto debido a la cercanía del sector con el matadero de Coro, es decir, el lugar donde se sacrificaban los animales para el consumo humano. Igualmente hay quienes cuentan que el nombre Zamurucuare se derivó de una expresión Indígena en tiempos pasados, la cual se traducía como zamuro bailando en basura.

Visto de esa manera y con el firme propósito de ahondar en el contexto social, histórico, demográfico, económico, cultural y político de la comunidad en estudio, se procedió a la utilización del método de investigación acción participativa, las técnicas de observación directa y de la encuesta, aplicando un instrumento de forma preliminar, que permitió establecer y describir algunos indicadores al respecto y que se mencionan a continuación: en líneas generales debe acotarse que en el sector o comunidad de Zamurucuare, sus habitantes están mayormente integrados por mujeres, en un porcentaje de 56,4 %. El 65 % de la población está entre 10 y 35 años. El valor que más se repite (la moda) es una edad entre 23 a 35 años, con el 40, 7 % lo cual indica que es una población joven.

En relación con la calidad de vida, empleo, vivienda y los servicios, se determinó que Un 56.7 % tiene empleo y un 43.3 % no lo tiene. Este resultado es bastante alto, si se le compara con las cifras nacionales de desempleo que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, que está ubicado entre el 14 y el 16%. En el aspecto referido al ingreso familiar, el 97,3 % de las familias tienen un ingreso inferior a la canasta alimentaria, lo cual muestra el nivel de pobreza que tienen las familias de este barrio. Los servicios, de electricidad y aseo son catalogados como deficientes; de hecho, el 40% de los entrevistados manifestaron no estar conectados legalmente al servicio eléctrico de Cadafe. Con respecto al servicio de aseo urbano, estiman que es pésimo porque la recolección de la misma es eventual y muy irregular; en ese sentido, un 62.7 % afirma que existen focos de contaminación en la zona sobre un 37. 3 % que piensa lo contrario. Igualmente, un 66 % afirmó que es la basura el agente contaminante del ambiente, lo que representa un problema de orden administrativo que no es de difícil solución.

En el contexto precedente, y prosiguiendo con los servicios básicos, un 88 % de la población tiene el servicio de cloacas, y un 12 % no lo tiene lo cual es bastante preocupante debido a lo indispensable de este servicio para un nivel de vida aceptable; también, el 61,3 % de la población estima que el servicio de aguas blancas y cloacas es bueno o muy bueno, lo cual contrasta con el servicio eléctrico. También es pertinente resaltar el estado de la vialidad en donde sólo el 10% de la población lo define como bueno; el 90 % lo define como deficiente, malo o muy malo.

En relación con los servicios de educación, salud y seguridad se puede acotar que en el entorno educativo, cuentan con un pre escolar Simoncito y un Liceo Bolivariano que atiende los niveles de 1ro a 9no grado de Educación Básica, cuyo funcionamiento es percibido como bueno. La percepción de los servicios de salud, se detallan con mayor precisión en los siguientes términos: las condiciones físicas del ambulatorio, son positivas ya que un 88.4 % las percibe como buenas o regulares; igualmente, un 83.2 % acota que atienden bien y el 100% de los habitantes de Zamurucuare cree que funciona el programa Barrio Adentro adelantado por el gobierno nacional. Sobre la calidad de esta programa un 59.9 % afirma que éste funciona adecuadamente y un 38.1 % dice que funciona deficientemente. Al comparar el funcionamiento del Ambulatorio con el programa Barrio Adentro un 42.7 % afirmó que Barrio Adentro funciona mejor que el Ambulatorio, una 11.2 % afirmó que el Ambulatorio funciona mejor que barrio adentro y un 46.2% dijo que ambos funcionan igual

Al mencionar el tópico de la seguridad, el 73.8 % afirmó que no existe ya que los niveles de inseguridad eran altos. La principal causa de inseguridad en la zona es la venta y consumo de drogas que obtuvo un 74.7 % de los entrevistados y un 16.7 % el consumo y venta clandestina de alcohol lo cual suma un 91.4 % entre estos dos flagelos. Aunado a ello, un 94. 3 % de los entrevistados afirmó que la vigilancia policial es insuficiente o sencillamente que no existe, Los principales delitos ocurridos en Zamurucuare, según la opinión de los entrevistados es el robo de vivienda en un 62.2 % y el hurto en viviendas y vehículos en un 26.4 %.

Partiendo del marco precedente debe señalarse que, en el aspecto político la comunidad vive la dinámica democrática del país, en donde predomina la polarización entre chavistas y opositores. Sin embargo, al preguntar a los pobladores acerca de las promesas y compromisos del gobierno actual, un 32.9 % consideró que está cumpliendo pero no como quisieran, sumado a un 19.5 % que cree que sí está cumpliendo bien; la suma de ambas percepciones totaliza un 52.4 % de personas que creen que se están haciendo realidad las promesas del gobierno.

Fundamentación Teórica y Social de la Investigación.

En el siguiente aspecto, se detallarán algunas teorías relacionadas con la base fundamental de la investigación como es la participación comunitaria, en el paradigma del cambio social, para lograr bienestar social, implementando una unidad de atención socio jurídica que contribuya con el desarrollo del sector y el logro de una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por ello se menciona:

• 1) Teoría de la Modernización de Inglehart (1998).

Se entiende por teoría de la modernización al conjunto de disertaciones teórico filosóficas que buscan explicar la evolución histórica del mundo fundadas en la idea del progreso humano. Con ello se busca dar cuenta, no sólo del transcurso de tiempo recorrido por la humanidad en su conjunto, sino de las características que en particular una nación o región presentan en un momento dado, las cuales pueden ser valoradas comparativamente. Básicamente, las sociedades modernas se definen por haber pasado de un estadio supervivencial, con desequilibrios e insuficiencias en las satisfacciones más primordiales de buena parte de su población, a uno industrializado. Este último, caracterizado por la acumulación del capital y la explosión demográfica y urbana en torno a los centros de trabajo, ha evolucionado hacia un conjunto de condicionantes definidas por la amplia satisfacción de necesidades materiales y el paso hacia aspiraciones más de tipo espiritual de los individuos, en lo que se ha dado en llamar como sociedades post-industriales.

La reconfiguración de valores tradicionales y sistemas de creencias, es una de las principales condiciones del cambio de estadio, y está relacionada estrechamente con el desarrollo socioeconómico, idea central como variable explicatoria de la modernización, la cual provoca cambios en la cultura y la vida política, debido a los efectos emancipatorios que algunos autores han demostrado.

Uno de los autores que se ha ocupado del tema es el norteamericano Roland Inglehart, para quien uno de los principales indicadores de la modernidad se encuentra en el inherente cambio de valores. Este politólogo de la Universidad de Michigan, dirige el World Values Survey, una organización internacional encargada del monitoreo de este importante indicador, que suministra fundamentos para la generación, actualización y confrontación de conocimiento en torno a la teoría de la modernización a partir de los valores que asumen colectiva e individualmente las personas. Algunos críticos de la teoría de la modernización, como Immanuel Wallerstein, cuestionan la linealidad del proceso, negándose a aceptar el atraso o subdesarrollo de algunas naciones, las cuales son presentadas más bien como producto de un sometimiento por parte de las naciones más poderosas, lo cual se explica en la teoría de la dependencia, donde se analizan las condiciones macro estructurales de pobreza y explotación de los países en desarrollo.

El paso de sociedades industriales a sociedades postindustriales implica, además del aseguramiento de la supervivencia y las necesidades más trascendentales, la adquisición de nuevos valores, como la creatividad, encaminados a la auto-expresión de la individualidad. Además, colectivamente se habla de la transición de la relación comunitaria a la relación asociacional.

La seguridad existencial, esto es, la autonomía ideológica, económica y social, refuerza la individualidad, que no es individualismo, y que conlleva al surgimiento de la sociedad del conocimiento, donde se privilegia la elección y emancipación. No obstante, el cambio en los valores se da progresiva y acumulativamente; es un proceso que tiene que ver con el aprendizaje de nuevos valores, que tardan en demostrar su trascendencia, y aún más en institucionalizarse, excepto en casos de eventos extraordinarios que aceleran el proceso.

Una de las principales reflexiones que se despiertan en torno a esta teoría, tiene que ver con la diferencia con que muchas naciones acuden a la cita con la modernidad, ya que, mientras que algunas se ocupan de valores trascendentales post-materialistas, para muchas la resolución de los requerimientos fundamentales es aún un asunto pendiente.

En ocasiones la modernidad se explica por medio de opuestos, que surgen como reacciones a los principales estandartes de la modernidad, por ejemplo, la reacción del regionalismo contra la globalización. Otras veces se manifiesta en una sociedad cada vez más informada y demandante de democracia y rendición de cuentas.

Pero también, la explosión de aspiraciones, de no hallar canales adecuados para satisfacerse, da lugar a presiones que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos. El desafío al que se enfrentan las sociedades en proceso de modernización consiste en poder emprender su correspondiente transformación institucional, es decir, en lograr establecer nuevas estructuras políticas y, por tanto, nuevas relaciones de poder, capaces de recoger las demandas de las fuerzas sociales surgidas del proceso de transformación social.

En todo caso, lo menos que se puede hacer es estar alerta de los cambios que se presentan alrededor y que definen el lugar de los colectivos y comunidades en la historia de la humanidad.

• 2) Teoría del Cambio Social. (citada en Rodríguez, 2008).

No existe un solo concepto de cambio social. Existen distintas corrientes teóricas y por tanto existen también distintas aproximaciones de lo que es el cambio social. Nisbet (funcionalista), define el cambio social como una sucesión de diferencias que se produce en el tiempo sobre una identidad persistente. Rocher (visión más dinámica del cambio social, pero no tanto como Marx), define el cambio social como una transformación observable en el tiempo, pero dicha transformación en este caso afecta a la estructura, y en la medida de ello modificaría el curso de la historia. Ejemplo, el caso de las revoluciones. En ese sentido debe acotarse que las estructuras no son estáticas, sino que están en continuo cambio.

Partiendo de las premisas anteriores, debe señalarse que la noción de cambio social implica la modificación o transformación de estructuras de diverso tipo pertenecientes a un conjunto poblacional. Este cambio social puede expresarse de numerosas maneras, desde elementos superficiales y en constante desarrollo, como hasta en estructuras de arraigada tradición. Las razones por las cuales se puede dar el cambio social son de variada índole y pueden además ser explícitas o implícitas, voluntarias o involuntarias de acuerdo al tipo de población y a elementos externos a la misma.

Visto de esa manera, los primeros sociólogos de la historia, con Auguste Comte a la cabeza, el concepto de cambio social siempre fascinó a los estudiosos de las sociedades ya que tiene que ver con la capacidad de una población determinada o de varias poblaciones que actúan al mismo tiempo, de variar estructuras de diversa importancia para acomodarse a diferentes momentos históricos de su existencia.

El cambio social puede aplicarse a numerosos aspectos de una sociedad. Aunque normalmente se lo relaciona con cuestiones económico-políticas, también puede y debe aplicarse a cuestiones culturales, éticas e identitarias de una comunidad. Por ejemplo, los cambios en las formas de gobierno, la evolución de los programas económicos, la variación en los sistemas de costumbres, las modificaciones en los modos de representar culturalmente la realidad, la alteración de los valores de comportamiento y los cambios identitarios intrínsecos de una sociedad son todos claros patrones de cambio social, a pesar de que algunos se desarrollen más fácilmente y sean más visibles que otros.

Se puede decir que la idea de cambio social posee en la mayoría de los casos una connotación positiva ya que implica la evolución y adaptación de una sociedad a las necesidades particulares de cada momento histórico. En este sentido, los grupos sociales progresistas y modernistas siempre verán con buenos ojos el cambio social hacia nuevas estructuras. Sin embargo, para muchos sectores de la población, aquellos que se denominan conservadores o reaccionarios, el cambio social puede ser visto como algo negativo ya que significa dejar atrás ciertos valores, reglas de conducta y formas de entender el mundo tradicionalmente aceptados como los más correctos sin importar el desenvolvimiento del conjunto social.

Esta es la diatriba que se presenta en la actualidad en Venezuela: ante los cambios radicales que se vienen suscitando desde hace más de diez años, surge la resistencia a los mismos e inevitablemente la polarización de opiniones e ideas. Sin embargo, en el marco de la presente investigación, esos cambios son necesarios y relevantes porque ello conlleva a que las comunidades asuman la gestión de sus necesidades para buscarles solución de manera colectiva, conjunta y logren los beneficios para un conglomerado, a través de la participación protagónica en la gestión socio-política.

3.- El Bienestar Social.

En opinión de Gutiérrez (2008: 3), por Bienestar Social se designa al:

conjunto de factores o elementos que participan a la hora de determinar la calidad de vida de una persona y que en definitivas cuentas son también los que le permitirán a estas gozar y mantener una existencia tranquila, sin privaciones y con un constante en el tiempo estado de satisfacción.

Entre estos factores se incluyen e incidirán casi de la misma manera aspectos económicos, sociales y culturales. Si bien es cierto que lo que se entiende por bienestar posee una importante carga subjetiva que le imprimirá cada individuo con su propia y singular experiencia, porque es claro, lo que para uno es bienestar para otro puede no serlo, existen factores objetivos para determinarlo y que son los que permitirán hablar y distinguir cuando hay o no hay una situación de bienestar.

Entonces, básicamente, en la concepción del bienestar social se incluyen todas aquellas cosas que inciden de manera positiva para que un sujeto, una familia, una comunidad puedan alcanzar el objetivo de tener una buena calidad de vida. Un empleo digno, en el cual se respete la percepción de un salario acorde al trabajo, capacitación y esfuerzo que se desempeña, más el merecido lapso de descanso que le corresponda a cada cual por ley y por la tarea que realiza, recursos económicos para poder satisfacer las necesidades básicas como son de educación, vivienda, salud, tiempo de ocio y entretenimiento, son las principales cuestiones que indican bienestar o no en el cual vive una persona o una sociedad.

Igualmente, existen diversas maneras para medir el bienestar, desde un punto de vista estrictamente económico, porque sin dudas más allá de cualquier tipo de consideración, a favor o en contra, es lo que permitirá realizar un acercamiento al logro de una situación de bienestar global en la que se incluyan todos los otros aspectos, el social, el cultural, entre otros; el Producto Interno Bruto (PIB) de una Nación será el que asociado con el nivel de distribución de la riqueza al cual haya llegado dicha sociedad, el que dirá si hay o no bienestar, porque un alto PIB con una real distribución en materia de riqueza, provocará que el bienestar esté extendido en la sociedad; pero si por el contrario, el PIB no es significativo y la concentración de la riqueza en unos pocos es lo que manda, entonces, no se podrá hablar de bienestar en la sociedad en cuestión.

Asimismo, los índices de precios, bien medidos, claro está, no los dibujos que muchos gobiernos hacen para favorecer sus gestiones y el índice de desempleo de una Nación, permiten saber del bienestar o no que existe en una sociedad. Pero, también hay otras formas para determinar el bienestar de una comunidad: la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización, la cantidad de libros que se publican al año, el número de personas que pueden acceder a la Universidad, la disponibilidad que existen de algunos bienes de consumo considerados no dentro de las necesidades básicas, como ser una computadora, un teléfono celular, entre otros.

En tanto, el responsable máximo que tendrá en sus manos que una sociedad logre el tan ansiado bienestar es el estado, quien, mediante diversas políticas y medidas tendientes a corregir los vicios y las inequidades que se suscitan, promueva el bienestar para cada uno de los habitantes de la nación y por eso, además, tendrá la exigencia de el mismo poder generar y multiplicar riquezas.

4.- Participación Comunitaria.

De acuerdo con Tovar y Del Pino (2008: 1), en la sociología moderna se usa aún el término comunidad, en ciertos casos, de modo general y deliberadamente vago. Sin embargo, es necesario aclarar, que lo que realmente la define son los lazos afectivos de base espontánea que se generan dentro del grupo o colectivo, más que los criterios de utilidad de una asociación; como bien señala Sánchez (2000: 48): "Lo que distingue una comunidad de cualquier otra agrupación social, tenga o no un territorio específico, es el sentimiento global de pertenencia, de solidaridad y de confianza, el valor del colectivo que implica la noción de sentido de comunidad".  

Este sentimiento de pertenencia es definido como aquel donde "los miembros se preocupan unos por los otros y el grupo por ellos y una fe compartida de que sus necesidades serán satisfechas permaneciendo juntos" (McMillan y Chasis, 1986: 9). Es decir, se está frente a un conjunto de atributos humanos que hacen posible la convivencia de los grupos, independientemente de su ideología, religión o estrato social.

En este marco se consolidan las relaciones y se procura el bienestar del colectivo. Es importante destacar que la comunidad "aporta apoyo, seguridad, integración, identidad y sentido de pertenencia social, es un entorno humano donde la virtud tiene un atributo social y donde, por tanto, existe una conciencia moral compartida" (De Pablos y Sánchez, 2003: 20). Desde esta perspectiva, la referencia a la comunidad la ubica en un nivel que supera el sentido de intereses particulares o de propiedad.

En las Leyes venezolanas se maneja el concepto de comunidad expresado en la Ley de los Consejos Comunales (2006), en su artículo 4, parágrafo 1, la cual expone que comunidad es un:

Conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra naturaleza.

Se observa en lo antes expuesto que el principal elemento que conforma una comunidad son las familias, lo cual concuerda con lo observado en otras definiciones. En consecuencia, para efectos de este estudio, se asume por comunidad, el conjunto de personas que interactúan entre sí, habitando un espacio común, unidas por lazos afectivos de solidaridad y pertenencia, basándose en el interés del bien común. 

En el marco precedente "Participación" es una palabra de uso muy común en la vida cotidiana, pero esto no significa que sea una expresión de significado transparente ni comprendida por todos perfectamente. La palabra participación procede del latín participare, está compuesta de la raíz pars (parte) y del derivado capure (tomar), así que etimológicamente significa "tomar parte" de algo, pero éste es un término que se caracteriza por ser muy amplio y a la vez equívoco, ambiguo, relativo y con fuertes connotaciones ideológicas.

En ese contexto puede considerarse como un vocablo popular, usado de muchas maneras; por ejemplo, se habla de participación política, participación vecinal, participación ambiental, entre otros. Pero es importante acotar que existe equivalencia en los términos Participación Ciudadana, Participación Comunitaria y Participación Social. No obstante, para Cunill (1991:67) la participación ciudadana comprende "todas aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos en actividades públicas para hacer valer intereses sociales"".

Para los efectos del presente proyecto, se ha decidido asumir el término participación comunitaria, puesto que participación social se considera una redundancia, ya que toda participación es por definición social y la participación comunitaria es un concepto más amplio. En síntesis, el sentido de participación comunitaria que se maneja en el estudio es aquel que va más allá de la toma de decisiones por parte de los miembros de la comunidad, implica compromiso y responsabilidad en la misma, es aquella que involucra un proceso de aprendizaje en cuanto a la planificación, gestión, supervisión y control de los proyectos comunitarios en el marco del consenso e incorporación del colectivo.

Fundamentación Jurídica de la Investigación.

En Venezuela, los mecanismos de participación comunitaria están en el marco de la democracia participativa y protagónica. En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), señala el basamento que le confiere legalidad, en los siguientes artículos:

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa. Constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autosugestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Como lo expresan los referidos artículos de la Carta Magna, el Estado venezolano, tiene la obligación de promover la participación comunitaria a través de las comunidades organizadas en instancias de control o a través de organizaciones no pertenecientes a él. Reseña, además, que dicha participación podrá ejercerse con la presentación de sugerencias y reclamos sobre la actuación de los funcionarios públicos e igualmente mediante consultas populares sobre temas de interés nacional. De allí que en las Asambleas Populares, entendidas como la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el Consejo Comunal respectivo, la comunidad tiene la oportunidad de participar de manera directa en la toma de decisiones políticas relacionadas con las necesidades de su comunidad.