4. Educación Cívica y Valores Políticos
Así pues, los demócrata-participativos creen que la participación origina toda una serie de elementos y valores extraordinariamente provechosos para la ciudadanía y su educación cívica, con un impacto muy positivo en la gobernabilidad del sistema a través de su democratización. En contraposición a esto, los liberales más o menos conservadores señalan las ventajas del sistema representativo, de un cierto grado de desimplicación ciudadana, de una cultura política más centrada en la autonomía individual, en la tolerancia y en las instituciones, que en la participación directa.
Es evidente que para ambos puntos de vista la educación cívica es importante, aun cuando los valores y actividades asociados a ella podrían ser muy diferentes si asumimos una u otra perspectiva.
Si asumimos la perspectiva liberal, el valor de la tolerancia se convierte en crucial. Los liberales confían en poder articular un Estado neutral entre las distintas concepciones del bien (al estilo de John Rawls, por ejemplo), que sea capaz de crear tolerancia negativa y desimplicada, una tolerancia pragmática que no exigiría más que una actitud de «vivir y dejar vivir» entre los ciudadanos . Esto explicaría, entre otras cosas, que los liberal-conservadores tendieran a ver el problema de la educación cívica en términos "privados" o familiares, es decir, en términos en los que lo único que se exigiría de un ciudadano sería el desarrollo de sus propias inclinaciones culturalmente valorativas en esferas privatizadas, y donde lo público apareciera como un ámbito de tolerancia mutua. Aun tratándose de una perspectiva que parece ajustarse bastante bien a algunos rasgos de la ciudadanía realmente existente, hay quien se queja de lo que podríamos llamar la "insoportable levedad del liberalismo" a este respecto. Es decir, para algunos, esto supondría una extrema "delgadez cívica" en los principios definitorios de la ciudadanía liberal , que basándose en una definición de reglas mínimas de participación y tolerancia, no tendería a la ampliación de las bandas participativas ni a la incorporación a los programas públicos de enseñanza de ciertas actividades destinadas a la creación de hábitos de diálogo y deliberación conjunta.
Quizá por esa razón, los demócrata- participativos son más exigentes con la educación cívica, y aspiran a elevar el tono de la ciudadanía mediante la participación y la creación, a través de ella, de mutuo respeto y no discriminación . O sea, categorías más densas que la de tolerancia, como las de mutuo respeto y no discriminación, sólo serían susceptibles de diseminarse socialmente mediante prácticas deliberativas emprendidas en común por los ciudadanos . Pero esta exigencia comportaría tanto la necesidad de incentivar la participación extensiva a todas las zonas de la sociedad civil, como la necesidad de diseñar programas educativos estatales y globales que incidieran positivamente en el tipo de valores que se trata de incentivar (deliberación conjunta, mutuo respeto, solidaridad, etc.).
En todo caso, conviene no sobrecargar demasiado la categoría de participación ciudadana, sobre todo para no convertirla en una visión en exceso moralizante e irrealista. Y ¿cómo evitar la sobrecarga? Para contestar a esta pregunta diríamos que es necesario acudir a recientes formulaciones sobre el concepto de ciudadanía. Es decir, es necesario construir un concepto intermedio de ciudadanía capaz de recoger con realismo las exigencias mínimas de lo que debe ser un ciudadano democrático, sin sobrecargarle demasiado de deberes cívicos y sin convertirle en un concepto vacío. Por decirlo como Robert Dahl, necesitamos un "good enough citizen".
Para empezar, ese ciudadano «intermedio» debe construir su autonomía como ciudadano «reactivo», es decir, debe participar directamente reaccionando ante lo intolerable cuando así lo aconseje su juicio político. Si los mecanismos institucionales rutinarios fracasan, la acción ciudadana dirigida a restaurar la sociedad democrática a sus fundamentos morales se hace ineludible. Lo que John Rawls llamaba «reinvigorate the public sense of justice» es justo lo que obliga al «good enough citizen» a la acción participativa en cualquiera de sus variantes. Esta «obligación participativa mínima» es ineludible por razones ligadas a la autoidentidad de una sociedad democrática. No se trata aquí de intereses sino en un sentido simbólico: la acción reactiva frente a la injusticia y lo intolerable, esté o no ligada al autointerés, es siempre algo más que el mero autointerés. Es también -y fundamentalmente- la protección del «interés» en vivir en un mundo que sea posible legitimar de acuerdo con nuestros valores centrales. Si algún suceso rompe la coherencia de la autodescripción, la participación reactiva debe restaurar los mínimos de coherencia. En este sentido, el ciudadano reactivo es, ante todo, un buen juez. Un juez crítico que utiliza su reflexividad sobre los valores públicos y se constituye así en intérprete crítico de la realidad política que le rodea.
Pero para realizar esas funciones críticas, se requiere un aumento de la capacidad cognitiva del ciudadano. No se trata ya de que participe directamente sino de que sea capaz de juzgar directamente (deliberativamente) las más diversas realidades. De que sea capaz, como recomienda Robert Dahl, de empatía con los otros y sus problemas. Que sea capaz, cabría añadirse, de empatía con las decisiones de sus representantes, esto es, de pensar poniéndose en su lugar. De hecho, lo que se exige a cualquier ciudadano en cualquier democracia es empatía con aquellos que toman decisiones en su nombre como vía para juzgarles. Incluso la más delgada teoría económica de la democracia, basada en la comprensión de los actores en términos de intereses, requiere de este concepto de empatía si quiere comprender la accountability de los procesos electorales. Esta condición del juicio empático es, en esta variante de ciudadano, el lugar de desarrollo de la autonomía. Los ciudadanos son autónomos si logran desarrollar su juicio político y juzgan mediante empatía. La tradición republicana democrática asociaba esta virtud con la participación política. La tradición liberal puede asociar el desarrollo del juicio político a otras esferas y actividades17 , pero no puede escapar de él sin eliminar al tiempo los fundamentos mismos de la democracia (incluso entendida en términos mínimos).
5. Acerca del concepto de gobernabilidad
El origen de la utilización reciente del término gobernabilidad está íntimamente vinculado a su inclusión como problema a abordar por la Comisión Trilateral durante la década de los años 70. Esta inclusión es el resultado de la constatación de un incremento en la insatisfacción y desconfianza que provoca el funcionamiento de las instituciones democráticas en los países desarrollados. La Comisión Trilateral adopta una interpretación claramente conservadora del concepto de gobernabilidad al asociarlo principalmente con una sobrecarga de demandas sociales frente al Estado (Huntington y otros, 1975). Desde esta interpretación la ingobernabilidad está asociada, por un lado, a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y, por otro, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas (Rojas Bolaños, 1995).
La esencia conservadora de esta postura está reflejada en la idea de que es la ampliación de la democracia la que, al permitir la articulación de mayores demandas de la sociedad civil frente al Estado, se deslegitima como sistema: «La democracia, según este razonamiento, cuando se profundiza, alimenta ofertas y demandas, vuelve ingobernable a la sociedad. La pérdida de confianza entre los electores y sus partidos, entre la ciudadanía y las políticas estatales […] produce estados de ingobernabilidad. Y como este tipo de sociedades no limita la participación popular, el resultado es una desconfianza hacia la democracia misma […]» (Torres Rivas, 1993: 92). Desde la perspectiva de la Trilateral, gobernabilidad y democracia parecen ser dos términos contradictorios: «…un exceso de democracia significaría un déficit de gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente…» (Rojas Bolaños, 1995: 24). Por otra parte, desde esta visión, el único protagonista capaz de crear condiciones de gobernabilidad es la elite gobernante a partir de una determinada ingeniería social, de modificaciones en el nivel procedimental de los sistemas políticos o de apelar a la ayuda de mass media a efectos de incrementar los niveles de legitimidad.
De esta manera, las estrategias que se proponen frente a esta situación también conllevan una impronta conservadora: disciplinar a través de mecanismos ideológicos o coercitivos a la sociedad, a fin de limitar su capacidad de demanda. Como veremos más adelante, el aporte que la educación puede brindar en el marco de este concepto de gobernabilidad se encuentra asociado únicamente a su función socializadora e ideológica en torno a legitimar un orden social establecido.
Estas perspectivas son retomadas para América Latina en los años 90, a partir de los documentos elaborados por los organismos de financiamiento internacional, en particular el Banco Mundial y el BID. Probablemente los documentos Governance and Development (1992) del Banco Mundial y Gobernabilidad y Desarrollo. El estado de la cuestión (1992) del BID, han jugado un papel fundamental en la reaparición del concepto en la arena de la política y las ciencias sociales de la región. Recuperada la institucionalidad democrática y habiendo desaparecido (al menos momentáneamente) los enemigos «externos» del sistema, los problemas de gobernabilidad se visualizan principalmente como deficiencias del propio Estado y del sistema político. Por otra parte, la preocupación por el uso eficiente y transparente de la asistencia financiera internacional lleva a incorporar a la idea de gobernabilidad los conceptos de «rendición de cuentas» o responsabilidad (accountability), predictibilidad, honestidad, etc.
De esta manera también se incluyen en un lugar privilegiado las variables vinculadas a la relación del Estado con el conjunto de organismos económicos y poderes públicos y la interacción con los actores de la sociedad civil organizada, la economía y el mercado. Estas interacciones aparecen como fundamentales para desarrollar la posibilidad de formar «consensos o mayorías estabilizadoras». Así la gobernabilidad deja de ser un asunto de ingeniería en el ámbito de la cúpula del Estado para pasar a ser un proceso más complejo donde deben interactuar un conjunto de actores: «[…] por lo tanto la gobernabilidad democrática no es solo el producto de la capacidad de un gobierno para ser obedecido por sus propios atributos (transparencia, eficacia, accountability), sino de la capacidad de todos los actores políticos estratégicos para moverse dentro de determinadas reglas de juego -una especie de concertación-, sin amenazas constantes de ruptura que siembren la incertidumbre en el conjunto de la sociedad…» (Filmus, 1998).
En este punto también es sustancial señalar una distinción que, para el caso de las condiciones particulares de los países latinoamericanos, no es menor. Esta distinción hace referencia a las perspectivas que absolutizan el papel de la voluntad de los actores en torno al mantenimiento de un equilibrio inestable, que se ajusta periódicamente a través de mecanismos previstos institucionalmente, y aquéllas que priorizan las condiciones socioeconómicas necesarias para alcanzar un grado de legitimidad (no solo de legalidad) que permita la gobernabilidad democrática. Las primeras perspectivas, aun incorporando al análisis de las condiciones de gobernabilidad los mecanismos de articulación entre Estado y sociedad civil, enfatizan principalmente los aspectos vinculados al espacio político-institucional. Desde esta visión, la gobernabilidad estaría cuestionada sobre todo por la «crisis de representatividad» que hoy viven nuestras sociedades. Esta crisis, si bien no ha afectado aún a la credibilidad en el sistema democrático, ha comenzado a cuestionar los procedimientos utilizados para la elección de los representantes, a los partidos políticos y a los propios políticos como grupo que prioriza sus propios intereses antes que los de sus representados.
El aporte de la educación a la gobernabilidad democrática La visión restringida del fenómeno de la gobernabilidad implica la perspectiva de un aporte también acotado del sistema educativo. Desde estas concepciones se enfatiza su capacidad para propender hacia la reproducción y legitimación de un orden social preestablecido, con el objetivo de limitar la capacidad de la ciudadanía para desarrollar demandas que desborden la posibilidad del Estado de satisfacerlas. Al mismo tiempo, se sostiene que la escuela, en el marco de la fuerte tendencia a la exclusión que presentan el mercado de trabajo y la sociedad de consumo, pasa a ser la única institución capaz de evitar la «anomia social» que, en el sentido durkhemniano, puede cuestionar la cohesión social (Filmus, 1998). La posibilidad de impedir la gestación de «minorías vehementes» que, a través de manifestaciones violentas, expresen su enfrentamiento con una sociedad que los margina, es también uno de los principales aportes que la escuela está en condiciones de realizar para la gobernabilidad.
La función reproductora de la educación que se espera, desde estas perspectivas, opera en una doble dimensión. Por un lado, respecto al sistema político, tanto a partir de su capacidad para seleccionar las elites dirigentes como de asegurar obediencia y disciplina social frente a un orden institucional que es presentado como «natural» y que reserva el papel protagónico para una selecta minoría. En este punto, parece más importante el rol de la educación de socializar a todos los niños y jóvenes en los valores y actitudes hacia el respeto a las instituciones, que dirigirse a la adquisición de las competencias necesarias para la participación integral en el mundo del trabajo y de la vida ciudadana. Es por ello que en ciertos períodos históricos se ha privilegiado mucho más la permanencia de los estudiantes en la escuela que el acceso a los conocimientos que la educación promete. En este sentido no hay que olvidar que la escuela es la única institución con capacidad de sanción (a través del trabajo pedagógico y por intermedio de la autoridad pedagógica) hacia quienes no incorporan las pautas de socialización previstas. Ello no implica desatender el papel que con gran eficacia desempeñan con el mismo objetivo los medios masivos de comunicación.
La segunda dimensión en torno a la reproducción hace referencia al orden económico. En este sentido, se potencia la capacidad del sistema educativo para tender a reproducir y legitimar las desigualdades sociales y económicas, principalmente a partir de la imposición de perspectivas falsamente meritocráticas, y de la reproducción de los circuitos de la pobreza. La posibilidad de demanda frente al Estado queda disminuida cuando se atribuyen las causas de la desigualdad social a las diferentes capacidades individuales de las personas. Estas funciones, destinadas a crear condiciones de gobernabilidad a partir del disciplinamiento y la reducción de las expectativas de los grupos sociales subalternos respecto a la posibilidad de que el Estado incorpore sus perspectivas y atienda sus demandas, han sido fuertemente cuestionadas y denunciadas por los teóricos crítico-reproductivistas en las últimas décadas. Sin embargo, estas concepciones teóricas dejaron poco lugar para prever un aporte sustantivo de los sistemas educativos a la construcción de una gobernabilidad democrática en el sentido integral con que la hemos definido anteriormente, y que requiere, entre otros aspectos, un fortalecimiento del conjunto de los actores sociales. Entre otras razones, porque desde estas visiones también el Estado y los grupos dirigentes son vistos como actores excluyentes en la construcción de las orientaciones que determinan las políticas y las prácticas educativas.
Tomemos el problema sobre los actuales dententadores del poder politico y hasta qué punto quisieran hacer que el ciudadano tenga un espacio de participación, evitando que la asociación de la idea anterior sea vista como pérdida del poder. Para ello intentemos plantear un razonamiento de cómo llegar a crear este espacio haciendo premisas: a. Al Estado entendido hacia los ciudadanos como el Gobierno Central (Ejecutivo) en su conformación actual no le conviene desprenderse de parte de su poder a favor de un grupo de ciudadanos, de algunas ONGs e inclusive a favor del mismo gobierno a nivel descentralizado, y nos apoyamos en los problemas de asignación de situado a las gobernaciones y alcaldías. b. Al Estado actual lo conforman nuevos actores políticos, figuras que están donde están por aliarse con el Presidente: estas figuras quieren surgir, hacer algo para que se note que son personas y no zombies. Una manera es estorbar, oponerse a directrices que vienen de la fuente partidista (MVR). Por otra parte debe haber desconocimiento de cómo realizar algunos procedimientos burocráticos (sin cuestionar si son necesarios o no, la burocracia en Europa, p.e. sí funciona). c. El estado actual está en un proceso de "reconversión": La aparición de nuevas instituciones por mandato de la Constitución Bolivariana de 1999, la transformación de otras ( aunque se aprecie que sólo de nombre), el control de la cantidad de funcionarios públicos a nivel de jubilación de los existentes y contratación por tiempo determinado (3 o 6 meses) y sólo contratando a los que "hacen falta", no ya repartiendo cargos por razones políticas). Estos hechos son muestra de que existe una transformación del Estado. Esta reconversión se está reflejando en el marco legal, sea a nivel de A.N o esta Asamblea le delega al Presidente a través de una Ley Habilitante la creación de normas jurídicas.
El modelo del nuevo ciudadano participativo que se quiere, (el cual no está definido dentro del marco del nuevo Estado, y que se está generando según el punto c.) será moldeado fundamentalmente a través de un proceso continuo de transformación por la educación. La educación formal es una vía para lograrlo, pero el resultado será observable en el largo plazo. Una institución que puede comenzar desde ya a trabajar sistemáticamente en ello es el CONICIT, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología.Y otro aspecto a tener en cuenta en todo este modelaje es la sostenibilidad o la continuidad de estos programas durante las sucesivas administraciones posteriores a la que decida implementar un programa de esta índole.
6. Constituciones venezolanas y participación ciudadana
Durante los años transcurridos entre la Declaración de la Independencia a nuestros días, los destinos de la nación se han visto regidos por el ordenamiento jurídico establecido en las Constituciones. Desde la primera Constitución en 1811, hasta la Constitución de 1999 han existido aproximadamente 27 Constituciones en Venezuela. Las constituciones venezolanas, hasta 1961 no muestran en su conjunto, la definición de instituciones donde la ciudadanía pueda participar directamente en la política. Quizá ello obedece a que en el escenario donde fueron definidas imperaba la idea de la democracia representativa, donde el pueblo delegaba lo relacionado con el poder a un grupo de dirigentes agrupados alrededor de partidos políticos. ¿Se comprobará la tesis de Marx de que las instituciones burocráticas no posibilitan la transformación de la sociedad? Norberto Bobbio (Bobbio, 1987:44) afirma que la burocracia se crea como un medio para lograr cietos fines, pero después ella misma se convierte en un fin, es decir, que la programación de actividades para perpetuarse a sí misma es el fin que suplanta al que le dio origen. Tal fórmula encuentra su mejor comprobación en el ejercicio venezolano, donde la democracia se ha convertido en un fin para procurar poder, que ha suplantado a los postulados, como dice Bobbio, que le dieron origen. Vamos enseguida a analizar aspectos claves de las modificaciones propuestas en la constitución y suscritas por el soberano, en aras de evaluar hasta qué punto son éstas herramientas que podrían echar las bases de nuevas y más efectivas fórmulas de participación para el logro de una nueva cultura política.
Espacios de Participación Ciudadana Analizada a través del concepto de autogestión El enfoque que le hemos dado al ejercicio propuestotiene como presupuesto hacer un aporteen el ámbito de la participación ciudadana. Realizando el análisis a través de las categorías marxistas tomamos el concepto de autogestión. En su escrito "sobre la cuestión Judía" Marx expresó la opinión de que "la emancipación humana sólo será completa cuando el individuo […] haya reconocido y organizado sus propias fuerzas como fuerzas sociales, de forma que ya no separe el poder social de sí mismo como fuerza política". Tambi´´en escribe Marx en su "Miseria de la Filosofía": …"las asociaciones de la clase obreradeberían sustituir a la administración política de la sociedad burguesa".
En "El Capital" (III, Cap. 48) expone Marx la idea de la libertad en la esfera de la producción material: "Los productores asociados regulan un intercambio con racionalidad natural" y "en condiciones más favorables para la naturaleza humana y dignas de ella". En el marxismo se consolidó un proceso de autogestión en donde se incorporaba directamente al obrero a los órganos básicos que adoptan decisiones en las empresas. Los medios de producción están socializados (son propiedad de la comunidad obrera o de la sociedad entera). En las comunidades menores directamente, y en las mayores a través de sus delegados del Consejo Obrero, los trabajadores deciden sobre los asuntos fundamentales de producción y la distribución de los ingresos. La gestión operativa técnica está subordinada a ellos, quienes también la controlan. En un sentido más general la autogestión es una forma democrática de organización de toda la economía constituida por diferentes niveles de consejos y Asambleas. Los Consejos centrales de los obreros de las empresas envían a sus delegados a corporaciones de más alto nivel de todo el sector y del conjunto de la economía.
En cada nivel la corporación o grupo autogestor es la suprema autoridad responsable del desarrollo y realización de la política y de la coordinación entre empresas relativamente autónomas. En el sentido más general autogestión es la estructura básica de la sociedad socialista en el campo de la economía, de la política y nde la cultura. En todos los sectores de la vida pública –educación, cultura, investigación científica, servicios sanitarios, etc. La adopción de decisiones básicas está en manos de los consejos y asambleas de autogestión organizados según los principios productivos y territoriales. En este sentido, trasciende los límites del Estado. La autogestión implica un nuevo tipo socialista de democracia. En contraposición con la democracia parlamentaria, no se reduce a la política, sino que se extiende a la economía y a la cultura; subraya la descentralización, la participación directa y la delegación de poder para lograr un mínimo de coordinación necesaria. Los partidos políticos pierden su función dominante y estructura oligárquica. Su nueva función consiste en educa, expresar una serie de intereses, formular programas de largo alcance y buscar el apoyo de la masa en su favor.
Trasladándonos al espacio-tiempo actual y buscando dentro del texto constitucional venezolano leyes que apoyen procesos de autogestión como espacios de participación ciudadana, observamos en el Título VI Del Sistema Socioeconómico y la función del Estado en la economía, en el artículo 300 se contempla: "La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realiazción de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan" Los procesos de autogestión en Venezuela forman parte de un empuje hacia la Reforma del Estado y en el fondo es un proceso de redistribución social. Los procesos de autogestión rompen con la democracia centralista y esto forma parte de un proceso histórico que esperaba del poder central un grado mayor de autonomía para tomar aquellas decisiones que son esenciales a la vida, pese a que esta aspiración es sentida por muchos ciudadanos, no se ha observado que efectivamente se haya luchado por ella, de hecho la descentralización ha sido dada "desde arriba" por la misma necesidad del Estado de reformarse.
Analizando el hecho escueto de la materialización de la principal promesa electoral (llamado a la Constituyente y modificación de la constitución), los resultados observables en el corto plazo parecieran estar demostrando que no descansa solo en un cambio de los intstrumentos de participación, en las normas o en reglas formales la fórmula perfecta para propiciar el ejercicio de toda una nueva cultura política. Los hechos parecieran mostrar que es en la ética, en el respeto a las reglas de juego, y en el ejemplo, donde está la clave. Un cambio actitudinal, propiciado en el cultivo intelectual y actitud cívica de los ciudadanos como parte activa y fundamental del sistema es inexcusable a la hora de echar las bases formativas de los sujetos de la verdadera democracia. La concreción de reformas puntuales, oficializadas con el favor del voto popular, no constituyen la fórmula segura del cambio. Los diagnósticos han sido planteados hasta la saciedad, y se han concretado algunas de las fórmulas de solución planteadas; pero la realidad está mostrando que aún no se logra el verdadero cambio en su esencia. La realidad parece decir que no es en el cambio de los instrumentos sino de la concepción y la práctica donde está la clave para la formación de individuos capaces de accionar una nueva cultura política. Esta revolución pacífica está llena de paradojas. Se ha montado sobre un descontento generalizado que acicateó la participación del soberano en acciones que ha respaldado más por rechazo a lo hasta ahora existente, que por conocimiento concienzudo de las nuevas propuestas. La revolución se está concretando, pero a la vez, a medida que avanza el proceso, la desmotivación gana terreno en buena parte del electorado. Es contradictorio por decir lo menos, que gozando del inmenso apoyo popular que propugna con frecuencia, los procesos electorales impulsados por los nuevos actores, no logren estimular la participación ciudadana mediante el voto. Según cifras del Consejo Supremo Electoral, ahora funcionando como Consejo Nacional electoral, desde 1993, la abstención del venezolano se ha situado en niveles no inferiores al 36 por ciento, lo que constituye una ruptura con las elevadas tasas de participación en comicios presidenciales que prevalecieron hasta la década de los ochenta. La abstención electoral, que fue baja en los primeros seis comicios nacionales de la era democrática (7 % en 1958; 8% en 1963; 3 % en 1968; 3 % en 1973 y 12 % en 1978 y 1983) alcanzó 18 % en las elecciones de 1988; 40 por ciento en 1993, 36 % en 19998 y el 44 % el 30 de Julio de este año. En consultas y elecciones no presidenciales, aumenta la falta de concurrencia con valores del 63 %, 54 % y 56 % observador en abril, julio y diciembre de 1999 respectivamente, con motivo del referendum consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Constituyente, de la elección de los integrantes a esa Asamblea y del referendum aprobatorio de la nueva Constitución. Tal y como analiza Herbert Koeneke en su ponencia sobre la participación política en la Venezuela finisecular presentada en noviembre pasado ante la convención anual de ASOVAC, "la participación política en una democracia está asociada con factores actitudinales, motivacionales, sociales e institucionales cuyos pesos o importancia pueden variar de un contexto geográfico o de un contexto histórico a otro". El aporte de la educación a la gobernabilidad democrática no se puede restringir de ninguna manera a su papel en la reproducción social. Por el contrario, el afianzamiento de la democracia exige poner el énfasis en el rol de la educación para fortalecer la capacidad de los actores de la sociedad civil en su articulación con el Estado. La participación ahora se contempla desde el punto de vista de sus efectos beneficiosos en la creación de mutuo respeto, de comunalidad, de confianza interpersonal, de experiencia en la negociación, de desarrollo de valores dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en definitiva, de autodesarrollo personal en la multiplicidad de esferas públicas que la democracia pone al alcance de los ciudadanos. De hecho, el autodesarrollo personal es puede ser descrito en buena medida, en términos de autodesarrollo moral . Con todo, tal vez el gran logro de la revolución que se nos revela hasta ahora, sea justamente el de haber reivindicado la política como tema fundamental de discusión. Es innegable que en matrimonio con la decadencia del sistema, la necesidad de información de los ciudadanos ha ido en franco aumento: valga de ejemplo la profusión de medios de comunicación de los últimos diez años. La política es ahora el eje central de las discusiones colectivas, no excentas de gran expectativa. Pero los medios acaparan en todo este proceso un doble rol: el de satisfacer la creciente necesidad de información de los ciudadanos, y el del espacio vacío que han dejado los partidos como creadores de distintas corrientes de opinión , al sucumbir ante los rigores de la revolución. Todo lo anterior no hace menos que colocar la discusión en otro nivel de análisis: ¿por qué, siendo profusos y coincidentes los diagnósticos del fracaso del Puntofijismo, habiendo consenso en torno a la necesidad del cambio, habiendose materializado buena parte de esos cambios, los niveles de participación lejos de aumentar disminuyen cada vez más? Recordando a Marx: "La causa remota, la raíz del proceso revolucionario no es otra que la propiedad de los medios de producicón; la causa inmediata es la alienación total de la clase proletaria; la condición esencial y principal del proceso revolucionario es la cristalización y politización de una conciencia de clase".
CARRACEDO Paradigmas de la política. Edit. Anthropos, Barcelona, 1990 José Rubio Constitución de 1953 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA. (Es copia de la Gaceta Oficial, Nº 372 Extraordinario, del 15 de abril de 1953). Encontrada en la Biblioteca Simón Rodríguez, Caracas. ROMERO, Aníbal DECADENCIA Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA.Editorial Panapo, Tercera Edición, 1999. LINZ, Juan J LA QUIEBRA DE LAS DEMOCRACIAS, Alianza Universidad. 1987. ROMERO, Aníbal LA MISERIA DEL POPULISMO, Editorial Panapo, Tercera Edición, 1996. ROMERO, Aníbal DISOLUCION SOCIAL Y PRONOSTICO POLITICO. Editorial Panapo, 1997. CONSTITUCION DE 1961 EDITORIAL "LA TORRE" (Es copia de la Gaceta Oficial, Nº 662 Extraordinario, de 23 de enero de 1961). Incluye las enmiendas de 1973 y 1983.
Autor:
Ma. Elena Lavaud. Ninoska Litchenka Arellano Carlos Alberto Marcano
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