Procesos de integración en Latinoamérica: El ALBA como alternativa posible (página 2)

En la década de los 60s nuevas tentativas integracionistas se dan parte en el escenario latinoamericano y caribeño. La primera de estas consistió en la gestación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) cuyo marco jurídico fue el Tratado de Montevideo de 1960. Originalmente, los países signatarios de dicho acuerdo fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. A los que luego se le unirán Colombia y Ecuador en 1961, Venezuela en 1966 y Bolivia en 1967. El ALALC pretendía favorecer la integración económica regional como forma esencial para el fomento del desarrollo socio-económico entre sus miembros. Para ello se pensó constituir una región de libre comercio en un periodo de doce años, el cual luego fue ampliado a veinte años.

Vale la pena recalcar que los debates de cómo debía ser dicho proceso de integración estuvieron representados por dos grupos con posiciones encontradas. Por un lado, la idea de integración acelerada en base a un proyecto supranacional era promovida por Chile, Venezuela y Colombia; por el otro, la concepción de un proceso de integración gradual era sostenida por Argentina, Brasil y México. Este último grupo logró concertar el apoyo de otros países miembros con lo que consiguió pasar su formula de integración. No es una casualidad que hayan sido los tres países latinoamericanos industrialmente más desarrollados los que hayan propuesto la integración gradual fundamentada en las prácticas y avances de desarrollo nacionales.

El ALALC promovió el diálogo y las iniciativas concretas para facilitar la integración. Sin embargo, muchas de estas se quedaron en su marco jurídico e intencional, y no fueron traducidas en su totalidad en mecanismos prácticos. En esa misma dimensión cabe destacar la declaración de Punta del Este de 1967 donde los presidentes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y el primer ministro de Trinidad y Tobago acordaron desarrollar lo que sería el Mercado Común Latinoamericano en un plazo no mayor de quince años. Este reimpulso del ALALC propició acuerdos subregionales con miras a la integración total.

En 1965, con la independencia de gran parte de las naciones caribeñas se crea una nueva ola del movimiento integracionista, reflejada ésta en articulación de la Asociación Caribeña de Libre Comercio conocida como CARIFTA por sus siglas en inglés. Esta asociación perseguía la unión económica de sus integrantes para negociar como bloque en el mercado internacional. Sus esfuerzos estaban encaminados al incremento, liberalización y diversificación del intercambio comercial, así como a la promoción de un sistema de justa competencia como forma de proteger la pequeña empresa en los países miembros. El CARIFTA finalizó en 1973 dando paso a la formación de la Comunidad del Caribe.

Por su parte, en 1966, Suramérica veía la germinación de dos fuertes iniciativas que estaban siendo promovidas por la ALALC de cara a la integración regional. El primero de estos esfuerzos fue la constitución del Grupo Andino (GA) cuya formulación tiene lugar con la Declaración de Bogota de 1966, siendo firmada por los gobiernos de Colombia, Chile, Venezuela, Perú y Ecuador. Bolivia se adhirió al GA un año más tarde. Las actividades formales del Grupo Andino comenzaron en 1969 con la instalación en Perú de su organismo rector.

El segundo paso suramericano a favor de la integración tiene que ver con la creación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad financiera para la promoción del desarrollo y la cooperación andina. En este sentido, la CAF ha funcionado como banco múltiple, cuyas políticas de financiamiento no solo han beneficiado a los países andinos, sino que han sido expandidas a otros Estados de América Latina y el Caribe.

La última señal integracionista de la década de los 60s fue el Tratado de la Cuenca del Plata, acuerdo de cooperación regional signado en 1969 por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los objetivos del mismo promovían la investigación científica para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, la cooperación recíproca en materia de educación y sanidad, así como el desarrollo de las vías y procesos de comunicación y transporte, entre otros.

Tres fueron las principales acciones para la integración en América Latina y el Caribe durante los años 70s. La primera de ellas tuvo lugar en el Caribe en 1973 cuando el CARIFTA se transformó en la Comunidad del Caribe (CARICOM), la cual contempló como parte integral de sus funciones el desarrollo de un Mercado Común (Deere & Esty, 2002). El CARICOM promueve la cooperación económica y técnica, así como la coordinación de la política exterior entre sus Estados miembros. En este sentido, el CARICOM se ha planteado como objetivos de futuro la unidad monetaria y la creación de un mercado interno único. En la actualidad, el CARICOM cuenta con quince Estados miembros, cinco países asociados y cinco países observadores.

Con la constitución del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en el año 1975 tiene lugar la segunda iniciativa en materia de integración que se da en el subcontinente en la década de los 70’s. El SELA tiene como objetivos promover la cooperación técnica para favorecer la integración, al mismo tiempo que actúa como entidad de consulta y coordinación para la concertación de estrategias y posiciones comunes entre sus miembros, de manera que puedan ser presentadas como bloque único en la relación que estos puedan tener con otros actores en el plano internacional.

El tercer importante paso para la cooperación e integración de esta época fue el nacimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en 1978. Integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana, la OTCA tiene como componente medular la conservación del medio ambiente y la utilización racional del los recursos naturales de la Amazonía.

A los veinte años de la creación de la ALALC un nuevo enfoque toma curso en la propuesta de integración de la región. Es así como en 1980 la ALALC se transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). A diferencia de ALALC, ALADI promueve un modelo de integración semejante a los parámetros de libre comercio planteados por la Organización Mundial de Comercio. Sobretodo, la ALADI fomenta un regionalismo abierto cuyo objetivo ulterior es la creación a largo plazo del Mercado Común Latinoamericano.

Aunque la idea de desarrollar un mercado común Sudamericano se remonta a los años 80s, cuando Brasil y Argentina iniciaran formales acuerdos de comercio bilateral; no es hasta 1991 cuando se creó la entidad que daría curso a la concreción de las estrategias para alcanzar dicha meta. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) nació con la intención de generar los mecanismos y vías político-administrativas para fomentar un proceso de integración orientado a facilitar el desarrollo de sus países miembros, y esto con un marcado sentido de justicia social.

El MERCOSUR está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este ha logrado un gran avance en lo que se refiere a la eliminación de aranceles para los productos de la región. No obstante, no se puede afirmar lo mismo en lo relativo a la circulación de factores de producción y a la armonización de políticas macroeconómicas.

En el mismo año, 1991, se forma el Grupo de los Tres, el cual cuenta con la participación de Colombia, México y Venezuela, y cuya idea primordial consiste en desarrollar un área de libre comercio de bienes y servicios entre sus partes, al mismo tiempo que se facilita el acceso a la inversión. Entre los principales temas de discusión que han tenido espacio en el Grupo de los Tres están: energía, trasporte y telecomunicación, medio ambiente, pesca y agricultura; así como la cooperación del Grupo con Centroamérica y el Caribe en asuntos de desarrollo turísticos y vías de comunicación.

Asimismo, en América Central aparece el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), integrado por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. A quienes más tarde se sumo Belice como miembro pleno, y la Republica Dominicana como Estado asociado.

Por otro lado, en 1994 fue establecida la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la cual está integrada por veinticuatro naciones de la cuenca del Caribe, teniendo como objetivo común el fortalecimiento de la cooperación técnica para el desarrollo económico y la protección del medio ambiente de la región. Entre los temas comunes debatidos en como relevantes para el llamado Gran Caribe se encuentran: turismo sostenible, transporte, desastres naturales y comercio, entre otros.

Un nuevo episodio de proceso de integración Latinoamericana se abre con la entrada en vigencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Aunque sus intenciones originales se remontan a la década de los 60s, es en 1997 cuando los Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela suscriben el acuerdo que da inicio a sus actividades. El objetivo principal de la CAN es propiciar un modelo de desarrollo regional más acelerado, equilibrado y autónomo, que a la vez pueda ser expandido a todo el subcontinente. En este sentido, todas las estrategias de integración han quedado delimitadas a tres grandes ejes de trabajo: 1- Profundización de la integración comercial, 2- Desarrollo y competitividad; y 3- Política exterior común, cooperación política y social.

Los avances emanados de la experiencia andina han sido solidificados con la creación de la Comunidad Sudamericana, la cual representa la fusión del CAN, del MERCOSUR y Chile como forma de propiciar mecanismos para el diálogo y la concertación política en América del Sur. Con esto se persigue alcanzar un mayor nivel de cooperación en aspectos políticos, económicos, socioculturales e intercambio de información; así como en temas relacionados a infraestructura física.

En sentido general, todas estas iniciativas reflejan el caminar histórico de los procesos y proyectos integracionistas que han surgido en América Latina y el Caribe desde mediado del Siglo pasado. Los cuales se han caracterizado por la definición de aparatos burocráticos que, mal que bien, han dado curso a los actuales lazos de cooperación existentes en la región. Los cuales sobrevividos a los vaivenes políticos, económicos y sociales que han caracterizado la historia de esta parte del hemisferio.

III- El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN) aparece un nuevo elemento en los procesos de integración sostenidos hasta el momento en el continente. Cada país del subcontinente, con excepción de Cuba, había mantenido, de alguna u otra forma, fuertes relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América (EUA). Pero en el marco de la integración regional, era la primera vez que Canadá y EUA se acercaban en forma conjunta a un país Latinoamericano con fines de intercambio comercial. Es más, el TLCN es la primera experiencia de libre comercio entre países vecinos con marcados niveles diferenciados de desarrollo (Taylor & Thomas, 1999).

El TLCN aparece en un momento crucial en el que las ideas neoliberales son abiertamente promovidas como prerrequisitos para el desarrollo económico. Dichas ideas estaban traducidas en el conjunto de reformas de ajuste estructural que cada gobierno de la región debía seguir para asegurar la ‘estabilidad’ nacional. Esto siguiendo los parámetros y ‘sugerencias’ de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), representadas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que luego pasarían a ser conocidas como el "Consenso de Washington" (Franco, 2003; Harris, 2002; Wrobel, 1998; Smith, Acuña & Gamarra, 1994).

En síntesis, el discurso neoliberal promovido por el Consenso de Washington se materializa en un modelo económico que visualiza el desarrollo como resultado directo de la apertura al libre mercado, prescindiendo del Estado en su papel regulador y mediático del mismo (Harris, 2000; Kay & Gwynne, 2000; Green, 1995). Facilitando así el establecimiento de un Darwinismo económico magistralmente representado en modelo chileno de los años de Pinochet (Green, 1995).

La puesta en marcha de los llamados ‘ajustes estructurales’ no solo generó mayor inestabilidad en todos los países que fueron aplicados, sino que despertó un renovado descontento social expresado en protestas callejeras que en su mayoría estuvieron marcadas por sucesos violentos (Ibid).

Sin embargo, la acelerada liberalización económica no necesariamente genera aspectos positivos para los países menos desarrollados en sus negociaciones bilaterales con otros países de mayor desarrollo, ya que estos últimos cuentan con una posición preferencial para la competitividad (Khor, 2005; Green, 1995). En este sentido, el TLCN presenta unas características singulares ya que el mismo no ha podido responder a las expectativas mexicanas en materia de acceso al mercado (Wrobel, 1998), pues los EUA mantienen una alta demanda de liberalización para con sus socios, a la vez que crea barreras internas de protección (Carlsen, 2005). Recordemos aquí que México ha acordado bajo las negociaciones trilaterales con Canadá y EUA la liberalización total de sus productos agrícolas para el año 2008 (Khor, 2005). Sin embargo, los EUA no han asumido decisión alguna para la eliminación de sus subsidios agrícolas en ninguno de los acuerdos de libre comercio que dicho país ha suscrito (Gibbs & Wagle, 2005).

Por otro lado, uno de los pocos aspectos positivos del TLCN tiene que ver con la creación de mecanismos y estrategias para la protección del medio ambiente, así como a temas relacionados a la salud y al derecho laboral. El TLCN es el primer acuerdo internacional que incluye estos temas en la agenda de libre mercado. Además, el TLCN ha creado un proceso para favorecer la participación de la sociedad civil en sus negociaciones, aspecto poco común en las leyes y mecanismos de comercio internacional (Garvey, 1995). A pesar de esto, para que esos dispositivos puedan actuar con independencia y a plena capacidad de acción deben ser estructuralmente mejorados, a la vez que deben ser dotados de los recursos financieros necesarios (Deere & Esty, 2002).

En 1994, basado en la experiencia del TLCN, los Estados Unidos de América promueven la idea del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La misma tuvo como preámbulo la propuesta de la "Empresa de las Américas" impulsada por la administración Bush (padre) a mediados de 1990. Pero es en la Primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994, cuando treinta y cuatro de los países del continente deciden poner en marcha un proceso para la integración hemisférica basada mera y exclusivamente en las estrategias de libre mercado. Dicho proyecto aparece en un momento

A pesar de que el TLCN se perfilaba como el modelo a seguir en las negociaciones para el ALCA, éstas no han dado cabida a los temas de salud, trabajo y medio ambiente que fueron incluidos en el convenio Norteamericano. En la actualidad, el documento base para la articulación del ALCA no cuenta con criterio alguno para dar seguimiento a estos tópicos. En este sentido, el ALCA no parece prestar atención a las problemáticas laborales, salariales, ambientales, entre otras, generadas en México a partir su entrada en el TLCN (Estevadeordal et. al, 2004).

También ha habido discrepancia en cuanto a la forma de aplicación del ALCA ya que los EUA sostienen la expansión del TLCN en una modalidad de país-por-país (Green, 1995), mientras que ciertos países Latinoamericanos, particularmente Brasil, abogan por un modelo de negociación conjunta (Chambers & Smith, 2002). Lo cual parece tener pleno sentido ya que en los pactos de libre mercado asumidos hasta el momento entre Norte y Sur han estado caracterizado por una desventaja proporcional para los países con menos desarrollo, lo cual se refleja en las prácticas discriminatoria asumidas por las naciones más desarrolladas (Gibbs & Wagle, 2005). Además, los acuerdos de libre comercio, como el ALCA, están generalmente fundamentados en principios de reciprocidad, los cuales no permiten un trato diferenciado entre las partes generando así mayor desigualdad entre los signatarios, según su nivel y capacidad de desarrollo (Khor, 2005).

Si bien es cierto que el ALCA podría significar una reducción en los precios de los artículos de consumo para la clase urbana, no es menos real que, a la par, podría multiplicar la pobreza no solo en el área rural, sino en los espacios citadinos. Muestra de ello se ha visto con la aplicación del los ajustes estructurales y sus estrategias de liberalización económica en países de la región (Green, 1995; Smith, Acuña & Gamarra, 1994), así como por las acciones proteccionistas, específicamente en el sector agrícola, establecidas en los países más desarrollados (Gibbs & Wagle, 2005; Guadagni & Kaufmann, 2004). Por otro lado, la acelerada liberalización económica emanadas en las negociaciones del ALCA pueden facilitar e incrementar el deterioro del patrimonio ambiental, y con ello la regresión en el desarrollo sostenible del hemisferio (Estevadeordal et al., 2004; Franco, 2003; Harris, 2000).

La celebración el pasado noviembre de la IV Cumbre de las Américas en Mar de Plata, Argentina no cumplió con su cometido de dejar definitivamente establecida el área de libre mercado del continente. Por el contrario, al igual que en otros encuentros previos, dicho conclave fue el detonante de protestas masivas en contra la puesta en marcha del ALCA. Parecería que esta situación junto a otras consideraciones planteadas en materia de acceso a mercados, subsidios agrícolas y niveles diferenciados de desarrollo fue la que motivo a los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela a frenar la agenda de libre comercio del modelo ALCA (Valente, 2005)

Pero, ¿cuáles podrían ser entonces las estrategias de integración que aseguren el desarrollo sostenible de Latinoamérica y el Caribe en su relación comercial internacional interna y externa? ¿Que características tendría que definir la integración Norte-Sur en América? La breve reseña histórica de las iniciativas de integración tenidas en el continente americano parece reflejar que esta cuestión no tiene respuesta única. De aquí que en la siguiente sección nos proponemos presentar lo que podría ser una alternativa posible para la integración regional.

VI- La Alternativa Bolivariana para las Américas

La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) comienza a vislumbrarse en el año 2001. Esta aparece con el deseo manifiesto del gobierno de Venezuela de promover un modelo diferente de integración regional opuesto a las iniciativas del ALCA (Valencia, 2005). En este sentido, la administración Chávez ha iniciado ciertas prácticas de política exterior que se perfilan como independientes del movimiento neoliberal, las cuales le han otorgado de cierto liderazgo en el panorama internacional (Ellner, 2001). Con estas iniciativas, al decir de Ellner, "Chávez, más que cualquier otro presidente Latinoamericano, era sospechoso de la creación de una zona de libre comercio en el hemisferio sin darle a las naciones de América Latina el tiempo necesario para prepararse para la competencia internacional" (2001, p.21). Es así como Venezuela, haciendo uso de la llamada ‘diplomacia petrolera’ está promocionando un modelo no mercantil de construcción social, modelo que prioriza las relaciones solidarias entre sus Estados miembros (Gambina, 2005; Báez, 2004).

El ALBA comienza a materializarse con los acuerdos firmados entre los gobiernos de Cuba y Venezuela en Diciembre de 2004 (Trujillo, 2005). Dichos convenios buscan garantizar el intercambio de bienes y servicios para el beneficio mutuo de ambas naciones, en aspectos no sólo económicos sino también de carácter social. Con la inclusión de Bolivia como tercer miembro del acuerdo en Abril del presente año, las estrategias del ALBA comienzan a expandirse de manera más sólida e integral. Además, con los acuerdos petroleros que crean a Petroamérica (MERCOSUR), Petrocaribe y Petroandina, el ALBA parece estarse abriendo paso como modelo real de cooperación solidaria (Zibechi, 2005).

Entre los componentes esenciales de la Alternativa Bolivariana para las Américas se encuentra la necesidad de los países miembros de diseñar un plan estratégico que garantice un modelo productivo fundamentado en el uso racional de los recursos y las ventajas existentes de cada una de las partes. Con lo cual se habilita a una estrategia conjunta que impulsa el desarrollo endógeno, la seguridad y soberanía alimenticia, los aspectos culturales y sociales relacionados al proceso productivo, así como la cooperación técnica en salud, educación, energía, entre otros (López, 2005; Tavares, 2005). En otras palabras, según afirma Gibbs, el ALBA suscita un modelo de desarrollo "basado en el fortalecimiento de los sectores productivos nacional como la agricultura y la industria versus maquiladora – tipo industrial que no parece resolver las causas soterradas de la pobreza o estar construyendo economías sostenibles" (2006, p.275). Resumiendo, el modelo ALBA está cimentado sobre la base de la necesaria participación del Estado en asuntos de salud, educación y energía como forma de asegurar servicios esenciales para sus ciudadanos y ciudadanas (Gibbs, 2006; Valencia, 2005)

Dicho esto, ¿cuáles son los retos que el ALBA tendría que enfrentar para lograr sus objetivos?

En primer lugar, algunos intelectuales latinoamericanos describen a Chávez como una figura mesiánica cuyo poder político está creando una influencia negativa en la región. Otros lo califican de ‘jacobino’ o como un ‘agitador de izquierda’ (Ellner, 2001). Esta imagen sobre el líder de la llamada ‘Revolución Bolivariana’ puede afectar la aceptación del ALBA en ciertas esferas sociales e intelectuales. En cierto modo porque dicha caracterización tiende a ser confundida con la imagen de ‘mano dura’ que represento a los regimenes militares en la historia reciente del continente. No obstante, la más cercana identificación que podría hacerse del Chavismo está asociada al populismo radical. En particular, por su dimensión creadora de mecanismos de participación capaces de responder a los sectores menos privilegiados (ídem).

El ALBA tiene que seguir ganando terreno en el panorama Latinoamericano, aprovechando el marcado apoyo que existe en la región de cara a la integración (Seligson, 1999). Para ello, los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela podría adoptar una estrategia conjunta de invitación formal o de expansión de los acuerdos con aquellos países que desde ya se benefician de la ‘diplomacia petrolera’. Pues, recordemos que ésta es uno de los componentes básicos del modelo. Asimismo, desde el ALBA se debe seguir enfatizando si no el rechazo a la firma de convenios de libre comercio con EUA, la re-evaluación de los mismos. De manera que estos contemplen criterios alusivos a desarrollo diferenciado y trato preferencial para las naciones menos desarrolladas (Carlsen, 2005).

En otra dimensión, las estrategias enmarcadas en el ALBA en cuanto a la temática medioambiental y el uso racional de los recursos naturales debe ser desarrollada en su plena capacidad. Esto como forma de potenciar la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad en las políticas generales de desarrollo (Guadagni & Kaufmann, 2004). En particular, porque las acciones destinadas a la construcción de infraestructuras físicas con fines energéticos en Sudamérica no se compaginan con los principios enarbolados por el ALBA. Además, este tipo de acciones puede malograr los derechos de comunidades indígenas y de otras poblaciones rurales.

En cuanto las áreas de salud, energía y agricultura, se precisa reforzar la creación e incorporación de tecnologías que faciliten el denominado desarrollo endógeno. En particular, el ALBA demanda de una mayor elaboración de los aspectos relacionados a la propiedad intelectual de los pueblos, en su rechazo del actual modelo de propiedad intelectual asumido en las negociaciones del ALCA.

Finalmente, se debe preservar la flexibilidad del Plan Estratégico de manera que las necesidades en las naciones integrantes del acuerdo puedan encontrar cabidas en los mecanismos formales de negociación solidaria no mercantilistas. En este sentido, la ampliación de los mecanismos consultivos y de participación para la sociedad civil debe ser claramente establecida en cada uno de los países miembros. Esto como forma de asegurar la participación democrática en las decisiones que afectan a las economías nacionales (Adams, 2003; Harris, 2002).

V- Conclusión

En la medida en que el ALBA favorezca un modelo de integración regional que reconozca las diferencias en los niveles de desarrollo de cada uno de sus integrantes, al mismo tiempo que priorice las relaciones solidarias en los mecanismos y entidades formales, entiéndase en sus aspectos legales; podríamos afirmar que dicho modelo se perfila como una fuerte alternativa posible para la integración en América Latina y el Caribe.

Cuatro son los aspectos generales que, a mi entender, deberían definir dicho proceso. En primer lugar, se debe potenciar la cooperación interna entre los Estados del subcontinente, esto sin pretender el aislamiento en la economía global, pero sí con la marcada intención de crear una experiencia de intercambio netamente Latinoamericana, por lo menos en sus etapas iniciales y de crecimiento. La misma tendría que contar con un marco temporal en relación a las necesidades y ventajas que cada país presenta.

Segundo, se precisa del fortalecimiento de los mecanismos de participación social como forma de asegurar y fomentar el apoyo político, la prevención de la corrupción y el respeto de los derechos fundamentales en las políticas y estrategias de desarrollo. Para esto debe considerarse la gama cultural de los pueblos de Latinoamérica, facilitando un mejor entendimiento de los procesos locales, nacionales y regionales en materia de cooperación y diálogo.

En lo que al desarrollo ambiental se refiere, éste no debe estar supeditado al desarrollo netamente financiero. En este sentido, hace falta un mayor proceso creativo para el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales, así como para la creación de mecanismos y tecnologías para el uso de los recursos energéticos renovables.

Finalmente, no se debe prescindir de la participación del Estado tanto en el sector productivo, como en la generación y suministro de los servicios esenciales de educación y salud. Si bien es cierto que esto no debe anular la participación del sector privado, el Estado debe conservar y fortalecer su papel regulador y mediático en dicha intervención.

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Autor

Francisco Burgos

Nació en Santo Domingo, Republica Dominicana en 1972.

Realizó su licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, además de realizar estudios de postgrado en Pedagogía Social en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Universidad de Sevilla. Adicionalmente, Francisco ha cursado ciertos estudios Teológicos en el Instituto de Centroamericano de Ciencias Religiosas.

En la actualidad, Francisco Burgos es un candidato en la maestría en Desarrollo Sostenible en ‘The School for Intenational Training’.