El nacionalismo español

Resumen

La definición de España[1] Hoy día el nacionalismo vasco, catalán y gallego[2]no aceptan el concepto primario de nación española y de pueblo español, concepto que está en la Constitución y que, muy probablemente, es compartido con más o menos entusiasmo por la mayoría de la población del estado español. Tampoco acepta siquiera el concepto de "España, nación de naciones", ni aun en la más ambigua de sus acepciones (en el sentido de una nación política que alberga a varias naciones culturales). Al nacionalismo vasco, en concreto, no le van las distinciones sutiles sobre el sentido primario o secundario del término naciones del que suele hablar, entre otros, Requejo, sino que se atiene a la vieja distinción entre naciones y estados, que asigna a aquellas la pertenencia intrínseca al orden natural de las cosas (en último término guiado por la providencia divina) mientras que los estados son construcciones meramente artificiales y arbitrarias. De modo que todas las corrientes del nacionalismo vasco coinciden en la idea de que España no es una nación (una comunidad natural), sino tan solo un estado (y una comunidad artificial). Todas ellas coinciden asimismo, en la idea de que Euskal Herria (o Cataluña y Galicia) sí lo son, por el contrario, en la medida en que tienen todos los atributos de las comunidades naturales. No obstante, esa definición negativa de España (que no es una nación) está en flagrante contraposición con la que reconoce y acepta que España sea una nación, definición que está presente además en Sabino Arana (De la Granja 2001).[3] Me refiero a la idea que ha venido sosteniendo el nacionalismo vasco a lo largo del siglo pasado de que España es la cuarta nación de la península ibérica (sin Portugal), esto es, la resultante de la operación de quitar a aquella los territorios de las nacionalidades vasca, catalana y gallega. Esta concepción aparece nítidamente en los escritos de Manuel de Irujo (1945) sobre la comunidad ibérica de naciones.[4] En mi opinión, ambas definiciones son francamente insatisfactorias. Se sustentan en definiciones de época, decimonónicas, cuyas insuficiencias (una concepción objetivista, la arbitraria asignación de un carácter natural a las naciones y de un carácter artificial a los estados, un exceso de primordialismo) ha enunciado con acierto y desde diferentes perspectivas la revisión crítica de los nacionalismos llevada a cabo en las últimas décadas. La idea de la "cuarta nación" no se ajusta a la realidad, pues también está presente en gran medida en las otras tres. Y otro tanto puede decirse de la negación de la nación española. Requejo (1999) ha señalado que en España no existe ni una sola ni 17 naciones y que España no es solo un estado sino que tiene también un componente nacional. Pero añado, por mi parte, que es menester tirar algo más de ese último hilo si se quiere llegar a una definición cabal de España. Creo que la definición de España debe abarcar por lo menos tres aspectos fundamentales:

a) es un ámbito territorial en el que se han desarrollado lazos comunes de muy diversos tipo (familiares, lingüísticos, culturales, económico-sociales, políticos, de costumbres y tradiciones, etc.) que han operado en el largo tiempo;

b) es una comunidad política, producto de esa experiencia histórica común de larga duración y de un fenómeno de integración de tipo nacional;

c) es un sentido de pertenencia nacional, un sentimiento afectivo de identificación nacional probablemente mayoritaria fuera de Cataluña, el País Vasco y Galicia, pero que también está muy presente aunque con menor intensidad en el interior de estas otras naciones[5]De manera que en ese triple sentido, España y lo español son un elemento consustancial de la propia definición de las nacionalidades históricas HYPERLINK "http://www.pensamientocritico.org/" l "_edn38" o "" .

Se antoja un imposible que pueda cuajar un federalismo multinacional en el estado español si el nacionalismo vasco no revisa y corrige su definición de España. Pero lo mismo podríamos decir, cambiando el sujeto de la frase, acerca de la definición predominante de España que tienen la mayoría de los españoles. También adolece de las mismas insuficiencias teóricas y de similares desajustes respecto a la realidad.

En este artículo, vamos a analizar el nacionalismo español del siglo XX desde la época de Primo de Rivera.

PALABRAS CLAVES: Nacionalismos, autodeterminación, pluralismo cultural, independencia, autodeterminación

Spanish nationalism in XX century

ABSTRACT:

Definition of Spain

Nowadays, the Basque, Catalan, and Galician nationalisms do not accept the primary concepts of Spanish nation and Spanish people, concepts that are included in the Spanish Constitution and that are shared, most likely, and with more or less enthusiasm, by most of the Spanish State's population. They do not even accept the concept of "Spain, a nation of nations", even in the most ambiguous of their meanings (in the sense of a political nation that holds several cultural nations). In particular, the Basque nationalism is not into the subtle distinctions about the primary or secondary meanings of the term "nations", that are usually employed, among others, by Requejo, but it sticks to the old distinction between nations and states, that assigns them the intrinsic belonging to the natural order of things (ultimately, guided by the Divine Providence), while the states are purely artificial and arbitrary constructions. So all tendencies of Basque nationalism agree on the idea that Spain is not a nation (a natural community), but only a state (an artificial community). On the other hand, all of them agree on the idea that Euskal Herria (or Catalonia or Galicia) are nations, insofar as they have all the attributes of natural communities.

However, this negative definition of Spain (that is not a nation) is in clear contrast to the one that recognizes and admits Spain as a nation, a definition that is also present in Sabino Arana (De la Granja, 2001). I refer to the idea that has been argued by the Basque nationalism during the last Century, that Spain is the fourth nation in the Iberian Peninsula (excluding Portugal), as the result of removing the territories of the Basque, Catalan, and Galician nationalisms. This conception appears clearly in the writings of Manuel de Irujo (1945) about the Iberian community of nations.

In my opinion, both definitions are frankly unsatisfactory. They are based on old, nineteenth-century definitions, whose shortcomings (an objectivist conception, the arbitrary assignment of a natural character to the nations and an artificial character to the states, an excess of primordialism) have been rightly stated, and from different perspectives, by the critical review of nationalisms carried out in recent decades. The idea of the "fourth nation" does not comply with reality, because it is also present to a great extent in the other three. The same would be applies to the denial of the Spanish nation.

Requejo (1999) pointed out that Spain is not a single or 17 nations, and that Spain is not only a state but also has a national component. As far as I am concerned, I would add that it is necessary to pull a little more that last string, if we want to achieve a comprehensive definition of Spain. I think the definition of Spain should include at least three fundamental aspects:

a) It is a territory where common ties of many different types have been developed (family, linguistic, cultural, economic, social, political, about customs and traditions…), that have operated during a long time;

b) It is a political community, as a result of that long-term common historical experience, and as an integrational phenomenon of national type;

c) It is a sense of national belonging, an affective feeling of national identification, probably majority outside Catalonia, the Basque Country, and Galicia, that is also present (although much less strongly) inside these other nations. So in that triple sense, Spain and the Spanish are an inherent part of the historical nationalities" definition itself.

It seems impossible that a multinational federalism can be acceptable in the Spanish state if the Basque nationalism does not review and correct its definition of Spain. But the same could be said, changing the subject of the sentence, about the prevailing definition of Spain that most of the Spaniards have. It also suffers from the same theoretical weaknesses and similar imbalances with regard to reality.

In this article, the nineteenth-century Spanish nationalism, since the days of Primo de Rivera, is going to be analyzed.

KEY BOARDS: Nationalisms, autodetermination, cultural pluralism, independence, right of self

Un breve repaso a la Historia

Se ha dicho que el pronunciamiento de Primo de Rivera puede explicarse por la conjunción de tres factores fundamentales, de diversa frecuencia temporal, pero íntimamente relacionados: la crisis estructural del Estado de la Restauración, la crónica presencia de las interferencias militaristas y la parición de un problema coyuntural[6]que corría el riesgo de transformarse en permanente, mientras las responsabilidades por el desastre de Annual habría actuado como precipitante[7]El hecho incontrovertible de que Primo de Rivera llegase al poder como resultado de una crisis política[8]obliga a evaluar la incidencia de estos y otros factores en el proceso de desligitimación y derrumbe del régimen liberal.

Dice Garcia de Cortazar y Lorenzo Espinosa que casi cuarenta años de historia de cualquier país son más que suficientes para constituir un periodo digno de estudio. Si ese tiempo, además, está monopolizado por un sistema político y una personalidad omnímoda como la de Franco, requiere también la intervención del historiador para dar, no solo una versión aséptica sino sobre todo una explicación satisfactoria a su duración.

Una de las interpretaciones que estamos obligados a abordar respecto al franquismo es, por tanto, la de su inusitada permanencia. Hubiera sido bastante improbable, según estos autores, este mantenimiento sin un consenso generalizado, durante la mayor parte de la larga trayectoria, que la oposición atribuyó siempre a una intensa represión político-social. La creencia en un abrumador anti-franquismo no se compadece con la real tolerancia con que amplias capas de la sociedad española soportaron el rigor de estos cuarenta años. Cabría más bien interpretar los factores de sostenimiento del régimen a través de un amplio apoyo mesocrático, en el que no faltaron numerosos obreros apolíticos, que en el lenguaje de la oposición no pasaban de ser estómagos agradecidos.

La época de Primo de Rivera

El 13 de septiembre de 1923 el General Primo de Rivera se subleva contra el Gobierno de Madrid presidido por García Prieto[9]en nombre del ejército y para salvar España. El golpe ponía fin al régimen liberal de parlamentarismo de la Restauración. Existen una serie de factores que confluyen creando el clima propicio para el golpe. La cuestión por las responsabilidades de Annual enardeció a la opinión pública, divide a  los políticos acerca de las estrategias a seguir para poner fin al problema de Marruecos y unió al ejército deseoso de resarcirse de la humillación en contra de los políticos. La crisis de los años 20 se manifestó en la presión fiscal lo que llevo a una oleada de huelgas y terrorismo.

Con el golpe de Primo de Rivera llego primero un Directorio Militar , que mediante un Real Decreto el 15 de Septiembre se le daba la Presidencia del Directorio, como único ministro, a Miguel Primo de Rivera. Aunque la Constitución no fue oficialmente anulada, se suprimieron, por la declaración del estado de guerra, los artículos relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Se disolvieron el Congreso y la parte electiva del Senado. A partir de Enero de 1924, se emprendió la organización administrativa, de reforma de los gobierno civiles. Por decreto los consejos fueron sustituidos por nuevas corporaciones donde los vocales asociados (concejales) y los alcaldes-excepto en municipios de más de 100.000 habitantes serian elegidos por el Gobierno- habrían de ser elegidos por los contribuyentes, la eficacia de las nuevas corporaciones fue enseguida puesto en entredicho, pero el dictador no flaqueo ante las dificultades.

El mayor éxito de Primo de Rivera fue la solución del problema de Marruecos, que facilito la creación en1925 del Directorio Civil. Desde la instauración del Directorio Primo de Rivera era partidario de la evacuación pacífica del Protectorado, pero esta medida no satisfacía a los Africanistas. Debido a los avances de Abd el-Krim[10]en territorio francés, Primo de Rivera logro un acuerdo con los franceses para realizar una ofensiva conjunta, que culmino con la derrota del Abd el-Krim en 15 días.

El 13 de Diciembre de 1925 se constituía el primer gobierno civil , aunque los puestos de Presidente, Vicepresidente, Gobernación y Guerra, eran ocupados por militares: Primo de Rivera como Presidente, Martínez como Vicepresidente y Gobernación y Juan O´Donnel, Duque de Tetuán, en Guerra. Durante el Directorio Civil la Constitución siguió suspendida. En 1927 se creaba la Asamblea Nacional Consultiva, su estructura representativa se componía de 400 miembros en una única cámara, elegidos unos por sufragio universal entre las Corporaciones y otros por designación directa. 

Las máximas de nacionalismo económico, intervencionismo y el miedo a la competencia alcanzaron durante la dictadura su máxima expresión. La designación de Aúnas, Calvo Sotelo y Burin ( Conde de Guadalhorce) en tres ministerios claves, Trabajo, Hacienda y Fomento, mostraban la voluntad de llevar a cabo una modernización económica. La colaboración de los Socialistas, representaba para Primo de Rivera la legitimación del régimen por parte de la clase obrera. La UGT disfrutó de un estado de legalidad, imposible para la CNT, lo que determinó una actitud de oposición de los anarquistas y comunistas. Pero la colaboración no tardaría en abrir una brecha dentro del socialismo. Reacios a la colaboración habían sido, entre otros, Fernando de los  Ríos[11]o Indalecio Prieto[12]Manuel Llaneza[13]y Largo Caballero[14]habían visto una oportunidad de crecer y ensanchar la base de la organización socialista, mientras que otros, como Besteiros, solo estaban dispuestos a colaborar en determinados puntos. La ruptura definitiva tuvo lugar cuando se constituyo la Asamblea Nacional Consultiva, de la que los Socialistas se negaron a formar parte.

La oposición al Régimen de sectores tales como: un sector del ejército, en el cual la cabeza visible era el Cuerpo de Artillería debido a los conflictos con Primo de Rivera , a consecuencia de una seria de decretos que acaban con la escuela cerrada y el ascenso por elección, que tendría como final la disolución del arma de Artillería; los comunistas y anarquistas; las organizaciones patronales, que se pasaron a la oposición debido a la intensificación del intervencionismo y a la presión fiscal; así como, las desavenencias  entre Alfonso XIII y Primo de Rivera que llevaron a este último enfermo y agotado, en Diciembre de 1929, a abandonar el poder.

El elegido por el rey para sustituir a Primo de Rivera fue Dámaso Berenguer,[15] pero Berenguer tenia poca practica y no estaba preparado para llevar a cabo el cambio. La sublevación de Jaca en Diciembre de 1930, adelanto de los planes conspirativos de la oposición. Las condenas de los conjurados y el fusilamiento de los capitanes Galán[16]y García Hernández[17]solo sirvieron para republicanizar a la opinión pública. Ante esta situación el Almirante Juan Bautista Aznar[18]forma un nuevo gobierno, cuyo programa era las elecciones, la vuelta a la Constitución  y la revisión de la autonomía de Cataluña. Las elecciones de abril dieron la victoria en las grandes ciudades a los candidatos republicanos y de Izquierdas. La monarquía cayó como la dictadura y se consiguió la proclamación de la II República sin derramamiento de sangre.

Dice González Calleja[19]que, con la perspectiva que proporcionan los tres cuartos de siglo transcurridos desde su liquidación, se podría afirmar que la dictadura de Primo de Rivera ha gozado de una discreta fortuna historiográfica, "emparedada" entre los ensayos parlamentaristas de la Restauración y la Segunda República, cuyas circunstancias de nacimiento, evolución y crisis han centrado gran parte de las discusiones académicas sobre el siglo XX español. Sin embargo, continua este autor, bien como factor precipitante del derrumbamiento del régimen restauracionista, bien como preludio necesario al efímero ensayo democrático republicano o como antecedente más o menos directo del régimen de Franco, la dictadura presidida por el segundo marqués de Estella debiera ocupar un puesto de mayor relevancia en el debate científico sobre ese singular periodo de tres décadas que Carlos Mª Rama definió como "la crisis española del siglo XX"[20]. No en vano para Raymond Carr, la rebelión militar de 1923 representa "el momento crucial de la historia moderna de España, la gran línea divisoria"[21].

.- El auge del pretorianismo en la Europa de entreguerras.

Especialistas de las relaciones cívico-militares en la España contemporánea como Julio Busquets, Gabriel Cardona, Manuel Ballbé o Carolyn Boyd han destacado la creciente actitud pretoriana del Ejército[22]que se puede rastrear desde los aledaños del desastre del 98. Los asaltos a periódicos catalanes en 1905 que condujeron a la Ley de Jurisdicciones, y sobre todo el papel desempeñado por el Ejército en la crisis de 1917, marcaron las etapas de una intromisión creciente en las tareas y atribuciones encomendadas al poder civil. Esa intromisión corporativa en la esfera política, según González Calleja, quedó sancionada con el triunfo episódico de las Juntas de Defensa y con el control autónomo de los resortes del orden público en ciudades como Barcelona.

El ascenso al poder de Primo de Rivera coincidió con una serie de pronunciamientos militares producidos en Europa meridional y oriental durante la década de 1917-1926: Sidonio Pais Gomes da Costa en Portugal (1917 y 1926); pronunciamientos republicanos del Coronel Plastiras[23](1923) y el General Pangalos[24](1926) hasta la toma del poder por Metaxas[25](1936) en Grecia; el autoritarismo "constitucional" del General Averescu[26]en Rumanía con el apoyo del Rey Carol (1920-1922) y el autoritarismo pluralista de Pilsudski[27]y los Coroneles en Polonia (1926-1939), a los que habría que añadir el centralismo autoritario del rey Alejandro en Yugoslavia y la dictadura protofascista del dirigente serbio Milan Stojadinovic (1929-1934), o el golpe militar búlgaro de 1934 y luego la dictadura del rey Boris en 1935. Características comunes a estos regímenes militares o semimilitares según este mismo autor, fueron:

– La visión negativa de la política como factor de desunión nacional.

– La creación de movimientos políticos organizados de forma muy laxa en torno a principios y valores muy generales vinculados a un único interés nacional.

– La toma de decisiones de acuerdo con criterios técnicos y administrativos, basados en la racionalidad y la eficacia impuestas desde arriba de forma autoritaria, y

– Un constante déficit de legitimidad, que podía reducirse si el régimen era capaz de resolver los problemas que habían justificado el golpe de estado.

Fueron, en definitiva, regímenes transicionales, fuertemente inestables, que a lo largo de su desarrollo tuvieron que aceptar una creciente participación de elementos civiles y cuya diferencia de los regímenes fascistas es muy significativa: en el fascismo, la respuesta a la crisis de la posguerra se dio desde la misma sociedad civil, a través de la construcción de un movimiento con una ideología clara, explicita, integral e innovadora, mientras que los regímenes militares corporativos forjaron una mentalidad política basada en el pensamiento orgánico-estatalista.

.- La crisis de la posguerra y sus repercusiones económicas y sociales.

La primera guerra mundial transformó muchas economías, realzando el poder de la industria, intensificando la emigración a las ciudades, acrecentando las aspiraciones políticas de las clases medias y el descontento del proletariado urbano, y fomentando la causa del nacionalismo económico[28]

Como era de esperar, España entró en crisis una vez recuperadas las economías del resto de la Europa de la postguerra a partir de 1921.

La crisis también agudizó el conflicto de intereses entre los distintos grupos de presión económicos: el Gobierno Maura-Cambó de agosto de 1921 a marzo de 1922 fue percibido como un defensor de los sectores industriales catalanes y vascos, favorecidos por el arancel ultraproteccionista de 1921, mientras que el Gabinete de Alhucemas-Alba de 1923 fue acusado de hacer el juego a los cerealistas castellanos. Un terreno de conflicto inevitable fue la determinación del arancel de 1922 y las cláusulas establecidas en los tratados de comercio firmados con Francia e Inglaterra, e iniciados con Bélgica y Alemania, con el fin de soslayar la normativa aduanera. Inerme económica y políticamente con la crisis económica y el declive de la Lliga, la patronal catalana apoyó a Primo de Rivera con la esperanza de que su proverbial energía trajera la paz social e intensificara el proteccionismo. Los industriales y comerciantes del Principado habían comenzado a retirar su confianza en el sistema parlamentario porque la política arancelaria de los gobiernos conservadores plasmada en la Ley de autorizaciones de 1922 les parecía insuficiente, el sistema hacendístico era reputado como anacrónico e injusto por gravoso, y el reformismo sociolaboral era considerado una claudicación intolerable ante la presión reivindicativa del obrerismo[29]

.- El problema del orden público y la situación en Barcelona.

Ante el incremento de la agitación laboral y la deriva pistoleril de los intercambios entre patronos y obreros, el empresariado catalán solicitó al Gobierno la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación de una firme política de orden público. En los cinco primeros meses de 1923 hubo en Barcelona 34 muertos y 76 heridos por atentados, que de un centenar al año se dispararón a 800 de enero a setiembre de 1923. En estas condiciones, tiene sentido la afirmación de Cambó de que la Dictadura "la creó el ambiente de Barcelona" cuya Capitanía mandaba Primo de Rivera, con quien se alinearon los sectores catalanes de "orden" frente al Gobernador Civil Francisco Barber.

La rebeldía latente de algunos empresarios, como los afiliados a la muy combativa Confederación Patronal Española, se vio estimulada por una circunstancia exterior: la llegada al poder de Mussolini en octubre de 1922. Respetables hombres de negocios como Tomás Benet patrocinaron ensayos protofascistas como el vinculado a la aparición de la revista "Camisa Negra" el 16 de diciembre de 1922 o la candidatura de Ángel Osorio al puesto de "cirujano de hierro" costista[30]

El catalanismo conservador actuó de puente necesario entre esas aspiraciones autoritarias y el candidato más plausible a la Dictadura. La Lliga aparcó sus aspiraciones autonomistas y apostó por una involución política que le permitiera perpetuar su poder de interlocución en Cataluña. Se habla[31]incluso de un pacto verbal suscrito en agosto en Font-Romeu entre Primo de Rivera y los autonomistas Puig i Cadafalch y Junoy sobre la implementación de diversas modalidades de colaboración política a cambio de la potenciación de la Mancomunitat y de una intensificación del proteccionismo arancelario.

.- La cuestión Catalana, ejemplo del uniformismo del régimen.

La Dictadura, en resumen, fue muy bien recibida entre las "fuerzas vivas" catalanas[32]movidas por su fobia anticenetista y antialbista, por su apoyo a la aplicación de la política de orden público de Martínez Anido a toda España y por las simpatías que despertaba el aparentemente sincero regionalismo del dictador, que por un momento pensó en suprimir las provincias y organizar 10 o 12 grandes unidades regionales. Aunque la Lliga no participó directamente en el pronunciamiento de setiembre, si que lo apoyó desde su fase conspirativa, y alguno de sus miembros colaboró en los primeros compases de la Dictadura, como el Presidente de la Mancomunitat Joseph Puig i Cadafalch, autor de una nota de aceptación del golpe que fue publicada en los diarios el 19 de setiembre.[33]

La reactivación regionalista prometida por Primo de Rivera quedó pronto en letra muerta debido a que en el seno del Directorio se impuso inmediatamente la tendencia centralista que entendía el hecho diferencial catalán opuesto radicalmente al proyecto nacionalista español que se buscaba patrocinar desde el poder. Las presiones de la Junta de Defensa de Infantería, dirigida por Nouvilas, lograron la imposición el 18 de setiembre de un RD[34]"contra el separatismo" que amplió la tipología de los delitos contra la Patria perseguidos en los artículos 2º y 4º de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

Desde la proclamación de la Dictadura, todo el poder político se desplazó del Gobierno civil regentado por Joaquín Milans del Bosch a la Capitanía General, donde el General Emilio Barrera actuaba como "ministro universal" de Primo de Rivera, relegando a los gobernadores civiles al rango de simples figuras decorativas. El nuevo Capitan General alentó la clausura de centros políticos y la persecución y encarcelamiento de la militancia catalanista, hasta la más moderada, incluidos algunos sacerdotes. Los delegados gubernativos fiscalizaron y reprimieron casi todas las manifestaciones de exaltación de la identidad regional. Medidas como los intentos de desmembración territorial en 1923, la prohibición de izar la Senyera, cantar Els Segadors o usar el catalán en las comunicaciones oficiales vinieron a acompañar otras decisiones todavía menos afortunadas como la castellización arbitraría de los nombres de calles y pueblos, la obligación de publicar sólo en castellano los anuncios de obras teatrales, 1924, la limitación del baile de sardanas, 1925, o la persecución de instituciones aparentemente neutras, como el Centre Cátala, los Pomells de Joventut[35]el Ateneu barcelonés, el Ateneu Enciclopèdic Popular, la Associcò Protectora de l`Ensenyanca Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, deportivas y musicales, las comisiones organizadoras de los Jocs Florals o los cursillos escolares de lengua catalana. El 22 de setiembre se procedió a la clausura de 28 centros nacionalistas barceloneses entre los que figuraba el Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de l`Industria (CADCI), cuya junta directiva fue amenazada el 12 de enero de 1924 con la clausura definitiva si no redactaba en castellano toda la documentación de sus libros de contabilidad.

Durante los últimos meses de 1923, la Dictadura arrestó a decenas de curas acusados de separatismo y clausuró la Academia Católica de Sabadell. Algunos religiosos fueron trasladados de residencia y alejados de Cataluña como el obispo de Barcelona, doctor Joseph Miralles i Sbert, que fue trasladado temporalmente a la diócesis de Mallorca.

El acoso cultural generó un amplio movimiento de solidaridad de los intelectuales castellanos, 117 de los cuales firmaron en Marzo de 1924, a iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo[36]y Eduardo Gómez Baquero, un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana redactado por Pedro Sainz Rodríguez[37]

Sólo en 1924, Primo de rivera decidió abrir una vía de negociación, pero no con la Lliga, sino con Unió Monárquica Nacional presidida desde 1918 por Alfonso Sala Argemí, conde de Egara. El Capitán General Barrera y, posteriormente, el propio Primo de Rivera, se reunieron con una representación de este Partido y de la Federació Monárquica Autonomista a la que exigieron una firme adhesión al Directorio y la creación de una agrupación política regionalista. Ante la negativa de estos, el 12 de enero disolvió todas las diputaciones provinciales, salvo las de las Provincias Vascas[38]

El Estatuto Municipal de abril de 1924 recortó aún más las posibilidades de autogobierno, mientras que el Estatuto Provincial de marzo de 1925 eliminó de hecho la Mancomunitat de Cataluña. Ello supuso la ruptura definitiva entre el Directorio y la Lliga, que acusó a Primo de Rivera de romper las promesas realizadas antes del golpe de setiembre y la oportunidad histórica de reconciliar una tendencia política-cultural no definida como antiespañola con el resto de la Nación española.

La persecución oficial a la cultura catalana se tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo particular. Esta acción cultural de resistencia queda ejemplificada en la propaganda difundida en el extranjero, en el desarrollo de instituciones como la fundación editorial Bernat Merge o en el fomento de actividades diversas, como las conferencias en los Ateneos populares, las sociedades excursionistas o las asociaciones religiosas. El papel de la Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero catalán en primera línea de la defensa de las libertades regionales y de la autonomía cultural[39]Todo ello generó una cultura catalana, donde lo intelectual tuvo un protagonismo político significativo, al hacer de su actividad un arma eficaz de afirmación política nacional.[40]

Para finalizar este epígrafe podemos afirmar que, como consecuencia de las intransigencias de Primo de Rivera se reafirmó a Estat Catalá en su convicción de que la insurrección era la única vía regeneradora posible para Cataluña. El 7 de octubre de 1923 Francesc Macià[41]a punto de huir a Perpiñán, exponía como principal objetivo de su formación política la unión de los partidos obreros y republicanos catalanes, junto a la alianza con los separatistas vascos y gallegos con el propósito de derrocar a la Dictadura mediante un movimiento subversivo. Para ello impulsó la creación de los primeros escamots[42], y organizó en París un Comité Separatista Catalá, que se identificó con el Comité Revolucionario de París, y que era en realidad una oficina de conspiración con visos de cuartel general en campaña.

La primera oportunidad de resolver el conflicto nacionalista no solo se pierde sino que arma moralmente a quienes lo plantean y defienden.

El error Berenguer.[43]

Finalizada la Dictadura de Primo de Rivera entra a formar Gobierno Berenguer,de cuya opinión damos cuenta reproduciendo un texto de José Ortega y Gasset, fechado en 1930:

"No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de la equivocación individual y quedará inscrito en la historia de nuestro país. Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué consiste desliz tan importante, tan histórico. Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente «generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato. Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error que es. Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son… los normales. Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo. Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes.