La ética del servicio público (página 2)

7. Algunas ideas sobre el control de evaluación operacional de las funciones de la universidad.

Implantar las evaluaciones de funciones en las IES, con base en la eficiencia, eficacia y efectividad, han encontrado un campo fértil en las demandas sociales y en las críticas hacia los sistemas de control implantados por la administración pública, pero también creo, encontrarán serias resistencia en sectores internos del propio Estado, en el sentido en que se representa, por un lado, la necesidad de perfeccionar a cada Institución y por otro lado, ello representa una posible reducción del poder en la estructura jerárquica, bien como una necesidad de planeación de estrategias definidas, como metas preestablecidas.

El concepto de evaluación operacional de la eficiencia, eficacia y economicidad de las entidades públicas, ha sido ampliado para introducir el concepto de evaluación del desempeño, que sería subdividido en dos especies: Evaluación Operacional y Evaluación de Programas Públicos, abriendo así una evaluación de las propias funciones del gobierno, procurando evaluar criterios de efectividad. La evaluación operacional de las funciones del gobierno comprende aspectos relativos de sus órganos y entidades públicas que utilizan recursos públicos, para evitar la práctica de actividades monopólicas e ineficientes, con pleno respeto a los dispositivos legales aplicables, ligados a los aspectos mencionados. Así, para proceder a una evaluación operacional, deben abordarse, entre otras, las siguientes cuestiones:

1. Adecuar la estructura organizacional a los objetivos de órgano o entidad fiscalizadora;
2. Tener una existencia de sistemas de control adecuados, destinados a monitorear, con base en indicadores de desempeño válidos y confiables, aspectos ligados a economicidad y eficiencia;
3. El cumplimiento de prácticas recomendadas por la legislación, para la adquisición de bienes y servicios;
4. Adecuación de los procesos de adquisiciones, en los que se refiere a plazos, cantidades, al tipo de calidad de los productos, y precios de los mismos},
5. A guardar un inventario de los bienes muebles e inmuebles;
6. A tener rutinas y procedimientos de trabajo, documentados y actualizados;
7. Uso adecuado de los recursos humanos, instalaciones y equipo destinado a la producción y prestación de bienes y servicios, en proporción, calidad y plazos requeridos; y

   La evaluación de los programas tiene por objeto examinar el impacto de los programas, proyectos y actividades gubernamentales, entendiéndose ese impacto como el resultado líquido producido por un programa, proyecto o actividades, así como por las modificaciones verificadas al objeto de acción, que pueden ser atribuidas única y exclusivamente a aquellas modalidades de intervención estatal. Entre los aspectos abordados por una evaluación de programa, se destacan:

   1. Que tenga una concepción lógica.
   2. Una adecuación y relevancia de sus objetivos declarados o no, y que guarden consistencia entre las necesidades previamente identificadas.
   3. Una consistencia entre las acciones desarrolladas y los objetivos establecidos.
   4. Que tenga consecuencias globales para la sociedad.
   5. Que los efectos esperados sean incluidos de manera específica con los objetivos propuestos.
   6. Una relación de causalidad entre los efectos observados y las políticas propuestas.
   7. Incluir factores de desempeño.
   8. Calidad de los impactos alcanzados.
   9. Existencia de otras alternativas de acción, consideradas o no por la administración, incluyendo sus respectivos costos (análisis del costo-efectividad).
   10. Cumplimiento de dispositivos legales aplicables a su naturaleza y a sus objetivos.
8. Extensión del cumplimiento de las metas previstas por la administración y por la legislación aplicable.

En síntesis, en cuanto una evaluación operacional verifica toda la eficiencia operativa o el grado de cumplimiento de las metas, comparando las metas previstas con las metas realizadas, una evaluación de programas busca apuntar en qué medidas las acciones implementadas lograron producir los efectos pretendidos.

La evaluación operacional y la evaluación de programas pueden ser realizados de manera independiente, con información producida en cada una de ellas, lo que al conjuntarlas, proporciona un análisis completo de la actuación gubernamental, tanto en aspectos operacionales como en relación al impacto de las acciones implementadas. En ese sentido, las dos abordan una auditoría conjunta del desempeño de dichas acciones.

8. El Acuerdo Nacional Para La Transparencia Y El Combate A La Corrupción

Firmado el 26 de Febrero del año 2001, refleja el conjunto de lo expresado. Y refiere entre sus compromisos sustanciales, lo siguiente: Que es compromiso del Presidente de la República impulsar acciones para ofrecer un gobierno federal cuya actuación obedezca a una estrategia de trasparentar sus decisiones, así como combatir la corrupción. Que ninguna acción podrá ser emprendida en forma eficiente si no se cuenta con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad. Que la corrupción se presenta en múltiples esferas gubernamentales y por algunos de quienes integran los diversos sectores sociales. Que para erradicar esas prácticas, que sólo benefician a unos en perjuicio de otros, se requiere de la colaboración de todos bajo el principio de que es necesario emprender medidas para abatir la corrupción y efectivas para sentar las bases de un México progresista. Que con el fin de precisar algunas de las acciones que es preciso emprender, el Gobierno Federal, representado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el C. Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y las organizaciones e instituciones participantes, están conformes en suscribir el presente Acuerdo para lograr obtener transparencia administrativa y asimismo combatir la corrupción, mediante la asunción de los siguientes:

Segundo.- A cargo de las organizaciones e instituciones:

1. No participar en, ni propiciar actos de corrupción en sus trámites ante el gobierno, entre ellas mismas y con sus propios agremiados y asociados;
2. Denunciar los actos de corrupción a los que se enfrenten al realizar sus trámites ante el gobierno Federal y vigilar la honesta actuación de sus propios agremiados y asociados;
3. Colaborar en los programas y divulgación de las acciones establecidas para combatir la corrupción, y
4. Fomentar en sus agremiados y asociados, en sus familias, en sus centros de trabajo y en su comunidad, una cultura ética que rechace la corrupción;

9. El enfoque de reorientar la administración pública universitaria en cumplimiento al acuerdo.

El objetivo general para dar cumplimiento a este Acuerdo, deberá versar en una revisión y reestructuración del contenido actual de la Administración Pública Universitaria, que tienda a: Producir un informe preliminar con información práctica y confiable, a fin de buscar definiciones generales de políticas públicas para incrementar la transparencia y la eficiencia en las Instituciones de Educación Superior, que pueda ser utilizado para la toma de decisiones, en base a un proceso de selección de agentes que se desempeñan en las funciones básicas del proceso de gestión y administración universitaria: gestión de recursos humanos y financieros, y gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios, al ser éstas particularmente sensibles al desarrollo de prácticas irregulares, con el objeto de indagar acerca de los factores que permitan y promuevan el desarrollo de prácticas irregulares en la Administración Universitaria, durante períodos establecidos.

Propongo como objetivos particulares los siguientes:

1. Realizar la primer experiencia a nivel nacional en este tipo de estudios dentro de la Administración Pública en el entorno de las Universidades Públicas de Educación Superior, con autonomía, a fin de identificar, desde una perspectiva organizacional, las condiciones que permiten en diversas áreas y procedimientos, al desarrollo de prácticas irregulares, toda vez que no existen estudios sobre transparencia en este sentido, para detectar hechos irregulares, generalmente llamados "casos de corrupción".
3. Mapear los mecanismos que dan lugar y que puedan resultar en prácticas y comportamientos irregulares. En otras palabras, indagar sobre los causantes del fenómeno, antes que los actos de corrupción propiamente dichos.
4. Superar los efectos negativos que a veces provocan los estudios sobre el tema, al ocuparse exclusivamente de conductas individuales irregulares o hechos delictivos.
5. Indicar futuras líneas de estudio e investigación sobre el tema de transparencia, en el marco del Acuerdo sobre Transparencia, firmado con la Presidencia de la República y la SECODAM, el 26 de febrero de 2001.
6. Celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, o con el Consejo Latinoamericano de Administración, ubicado en Venezuela, y
7. Producir un informe, con información práctica a fin de buscar definiciones generales de políticas públicas para incrementar la transparencia y la eficiencia, que pueda ser utilizado para la toma de decisiones.

La metodología para el desarrollo del estudio propuesto debe abarcar los siguientes puntos de Interés: Hacer una revisión y análisis de las siguientes leyes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Normatividad de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Normatividad de la Secretaría de Administración del Gobierno de cada entidad. Normatividad universitaria: La correspondiente a cada Institución de Educación Superior relacionada con el tema.

Bases Para El Desarrollo Del Sistema Universitario De Integración

La estructura ha sido erigida por arquitectos de grandes habilidades y precisión; sus cimientos son sólidos; sus compartimientos son hermosos y útiles; sus diseños se encuentran colmados de sabiduría y orden; y sus defensas son impenetrables desde el exterior. Ha sido proyectado hasta la inmortalidad si el trabajo del hombre quisiera proyectarse hasta tal punto. Sin embargo, puede agonizar en tan sólo una hora por cualquier tontería, corrupción o negligencia de sus únicos guardianes: el pueblo. Las Repúblicas son creadas de acuerdo a las virtudes, el espíritu público y la inteligencia de sus ciudadanos. Ellas caen, cuando los sabios se echan de las instancias públicas, porque se atreven a ser honestos y los derrochadores son recompensados, por adular al pueblo, para luego traicionarlo".

Dr Sachi-danand Siha, presidiendo la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente de la India 1. Los pilares del Sistema Universitario de Integridad. Imaginemos el Sistema Universitario de Integridad (SUI) como un templo griego, con un techo plano (la integridad de la Nación) el cual está apoyado en una serie de "pilares" (cada uno de ellos representa un elemento individual del SUI). Descansan sobre el techo tres grandes globos "Calidad de Vida", "Estado de Derecho" y "Desarrollo Sostenible". Es crucial que el techo se mantenga siempre en el mismo nivel para que los globos no rueden y caigan. El "templo" mismo está construido y apoyado por "el pueblo" de quienes emana el poder de gobernar y es el "nosotros el pueblo" quienes dictaminamos nuestra Constituciones. El elemento más importante de esta obra es la "conciencia pública" de la corrupción. Esto efectivamente está a la base de toda la estructura. Si este nivel de conciencia es bajo, entonces el templo está construido sobre arena. Los "pilares" son interdependientes pero pueden soportar diferentes magnitudes de fuerza. Si un "pilar" se debilita, la carga sobre los otros aumenta, pero sí son varios los "pilares" que se debilitan, la carga terminará derrumbando al edificio en su conjunto, hasta que los "globos" de "Desarrollo Sostenible", "Estado de Derecho" y "Calidad de Vida" rueden con el edificio colapsando y terminando ser un caos. Para establecerlo se necesita identificar sistemáticamente los vacíos y las debilidades, al igual que las oportunidades para fortalecer o reforzar cada uno de estos pilares en un marco coherente de fortalecimiento institucional. El concepto de un solo "Sistema de Integridad" puede ser nuevo, pero de hecho todas las sociedades poseen uno u otro tipo de estos sistemas.

Se trata fundamentalmente de un asunto de percepción al verlo no como una serie de instrumentos separados y desconectados, al verlo no como un conjunto de sistemas operando en completo – o inclusive competitivo – aislamiento (parlamento, judicial, servicio cívico, medios, sociedad civil, etc.), sino al verlo como una estructura íntegra donde cada "pilar" sostiene y sirve a alguno o a la totalidad de otros. Si el sistema es totalmente dependiente de un "pilar" en particular (como por ejemplo sucedería en una "dictadura benigna"), o si se sostiene en unos pocos, el templo es más vulnerable y está más expuesto a caerse. El sistema podrá funcionar adecuadamente en el corto plazo (como sucede con las "limpiezas" que los militares ejecutan contra los destituidos de régimenes civiles corruptos), pero la inexistencia de un sistema de integridad sólido propicia el deterioro progresivo.

El enfoque propone una nueva metodología de diagnóstico y cura potencial. En vez de mirar a una institución en particular y enfocarse aisladamente en sus programas de reforma, proponemos comenzar a vislumbrar las relaciones, su interdependencia y el efecto combinado de éstas. De qué serviría invertir en la promoción de un sistema judicial si el departamento de policía y los fiscales son corruptos? Los jueces simplemente no podrían juzgar los casos que deberían juzgar porque no les llegan debidamente, y así el sistema judicial estaría en aislamiento total con capacidades de lograr muy poco. Este enfoque ha sido denominado "accountability horizontal", el cual es otro concepto útil para visualizar la forma en que los "pilares" conserven y refuerzan entre ellos la integridad y fortaleza, a diferencia del enfoque "impuesto desde arriba hacia abajo" de los gobiernos autocráticos. Los "pilares" pueden cambiar de sociedad en sociedad. Algunos serán más fuertes, otros más débiles. Pero siempre existirán contrapesos para compensar estas situaciones. (En Singapur hay una libertad de prensa coartada que se compensa con una oficina anticorrupción muy activa e investigativa).

Pese a las diferentes variaciones que puedan existir alrededor del mundo, los "pilares de integridad" más comunes de las sociedades que pretenden gobernarse de una forma "responsable" (accountable) son: Poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Sociedad Civil (incluyendo el sector privado y los gremios) Servicio Civil Defensoría del pueblo Entidades superiores de fiscalización Órganos de control: Procuradoría, Contraloría, Ministerio Público, Policía, Oficina anticorrupción, etc. Medios de comunicación Agencias internacionales Actores internacionales.

Respecto a la revisión de los mecanismos organizacionales que, a juicio de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia en Argentina (1998-199:12), incentivan la corrupción, se enlistan: 1. Ausencia de controles. Entendida como los espacios organizacionales que denotan la inexistencia de mecanismos de control, ausencia de agencias de control adecuados, la falta de definiciones claras de su rol y de las normas que imparten, la existencia de regulaciones vagas, la presencia de normas y regulaciones creadas ad hoc para encubrir prácticas irregulares, etcétera. 2. Discrecionalidad. Entendida como la capacidad que otorga la organización y sus normas a los agentes para disponer o solicitar nuevos recursos públicos sin un marco adecuado de regulación y/o control, y 3. Ausencia de transparencia y visibilidad. Definida como la falta de aplicación y/o ausencia de un sistema que permita el acceso generalizado a información pública en las distintas instancias donde dicha información se produce.

Siguiendo la lógica organizacional, mediante un análisis de estos mecanismos, se buscará evaluar en qué medida contribuyen a incentivar comportamientos y prácticas corruptas. En cuanto a factores individuales, que a criterio de la DPPT resultan en irregularidades, se estudiaron la socialización en las normas de organización, los patrones de comportamiento, la capacidad profesional, los intereses particulares, el uso de la discrecionalidad y los valores éticos.

El estudio presta especial atención a ciertas etapas que forman parte del proceso de "administración pública". Estas pueden resumirse del siguiente modo: 1. Detección y determinación de necesidades en cantidad y calidad. Se trata de casos en los que hubo generación de demandas que sobrestimaron el precio, la cantidad y/o la calidad de los recursos humanos, bienes y/o servicios a fin de obtener un beneficio personal o para de terceros y en detrimento de la organización. 2. Elaboración de pautas/criterios para cubrir necesidades. Se trata del diseño de pautas/normas privilegiando crterios/cualidades que procuran el beneficio personal o de terceros, desviándose de las necesidades de la organización. 3. Publicidad y promoción de la demanda. Se trata de la inexistencia de convocatoria pública (Boletín Oficial) y amplia (publicación a través de otros medios) tal que asegure la igualdad de posibilidades de satisfacer la demanda por parte de quienes pudieran y quisieren satisfacerla. 4. Selección de oferentes, es decir, de quiénes cubrirán las necesidades detectadas. Se trata de la selección, promoción, evaluación y/o capacitación de recursos humanos o de beneficios y/o contratistas de acuerdo a la posesión de cualidades otras que las fijadas de acuerdo a los criterios legítimamente establecidos, a fin de lograr un beneficio personal o para terceros y en detrimento de la organización. 5. Cumplimiento del contrato (desempeño del mismo por parte del personal; y prestación efectiva _en cantidad_ y calidad del servicio/bienes prestados/contratados). Se trata del incumplimiento o mal cumplimiento en el ejercicio de las funciones para las que fueron contratados los recursos humanos, y no cumplimiento o mal cumplimiento de la provisión de los bienes / servicios contratados.

2. Elementos para fortalecer el Sistema Universitario de Integridad. El Sistema Universitario de Integridad deberá caracterizarse por un enfoque interdisciplinario que combina diversos elementos políticos, económicos, jurídicos, sociológicos y administrativos. Dada la complejidad del fenómeno de la corrupción, es necesario elaborar una estrategia integral para luchar en contra del fenómeno que debería incluir, entre otras, las siguientes acciones:

1. Instaurar reformas administrativas para reducir en lo posible, los conflictos de interés en la administración universitaria y controlar los actos de corrupción al interior de esta.
3. Es necesario contar con una estructura administrativa pública eficiente orientada hacia la consecución de objetivos claros y transparentes.
4. Aplicar de manera efectiva el derecho administrativo como elemento común en cualquier sistema de integridad y la "accountability" en la toma de decisiones.
5. Establecer mecanismos adecuados que ofrezcan a los miembros de la comunidad universitaria, medios para denunciar supuestos actos de corrupción y asegurar el control independiente de los sistemas y procedimientos.
6. Apoyar las acciones y tareas de las Contralorías Generales, para que sus procedimientos y determinaciones constituyan una barrera efectiva contra la corrupción. Es necesario un liderazgo político que exalte los valores éticos públicos y privados y sustente su aplicación.
7. Fortalecer a las Contralorías Generales, con el objeto de que estas garanticen la integridad y el buen manejo de los fondos públicos asignados a la Universidad.
8. Desarrollar un sistema público de adquisiciones abierto, competitivo y transparente.
9. Apoyar el desarrollo de Códigos de Etica y Procedimiento, y promover el papel de medidas disuasivas legales contra las prácticas corruptas. Es necesario establecer un conjunto de leyes, reglamentos y códigos de conducta adecuados a las funciones de la Universidad y las realidades sociales.
10. Respaldar el desarrollo de mecanismos que promuevan la "accountability" y la transparencia en los procesos democráticos, tales como el control de gastos de las partidas autorizadas en los ejercicios presupuestales, transparencia en la asignación de obras, entre otros.
11. Fortalecer y orientar a la sociedad civil para que actúe contra de la corrupción y apoye al proceso democrático en que está inmersa nuestra Institución.
12. Es necesaria una sociedad cuyos valores sociales, económicos y políticos -"los hábitos del corazón" mencionados por Alexis de Tocqueville en La Democracia en América– apoyen la honestidad.
13. Garantizar la existencia de una prensa alerta y libre que ejerza el papel de vigilante público.
14. Promover la cooperación nacional e internacional en la lucha contra la corrupción.
15. De la misma manera que los conceptos básicos de un sistema de integridad deben ser entendidos con claridad, las soluciones que resulten de ello deben fundarse en la realidad y la viabilidad.

3. Reglas importantes para el éxito de la propuesta: La regla principal consiste en no intentar lo imposible. Tratar de romper radicalmente con el pasado, resulta contraproducente para el correcto desenvolvimiento de las reformas. Es importante identificar las áreas con mayor probabilidad de éxito para ejecutar los cambios y concentrarse en ellas. Conseguir algunas "victorias pequeñas" da mejores resultados que intentar cambios globales, a la vez que demuestra a los distintos segmentos de la sociedad que el cambio sí es posible. La segunda regla consiste en que la reforma debe ser lo más democrática, accesible y transparente posible, para disminuir cualquier resistencia que surja. Si existen buenos canales de comunicación, los funcionarios y la ciudadanía en general, aceptarán los cambios y se adaptarán a ellos.

10. Conclusiones generales.

Se debe insistir en la creación de un entorno ético. En su conjunto, los elementos enunciados establecen y promueven una tradición de vida pública basada en la transparencia, la eficiencia y la honestidad. Sin embargo, esto es necesario más no suficiente, es prioritario crear un entorno ético en donde se desenvuelva esta tradición y que: a) Se desarrolle, promocione, adapte y actualice de acuerdo a la evolución de los escenarios dominantes en cada país. b) Sea reconocido y respetado por parte de los particulares y los funcionarios públicos. c) Sea susceptible de cambios rápidos para eliminar posibles puntos débiles que se detecten en su estructuración. d) Sea apoyado por parte del liderazgo político y administrativo de cada país, con el objeto de generar confianza y credibilidad por parte de la sociedad civil hacia ese entorno.

Se debe generar mayor participación de la sociedad civil. Una de las razones fundamentales por las cuales las estrategias anticorrupción no han tenido resultados positivos se debe, en buena parte, a la falta de un elemento fundamental en la vida de todo país: la participación activa de la sociedad civil. Según un artículo en The Times of India: "La aceptación de la corrupción por parte de la sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado debe ser lo primero que se debe enfrentar". Muchos de los integrantes de una sociedad civil tienen un interés especial en lograr un sistema de integridad efectivo, incluyendo el sector privado, líderes religiosos, los medios de comunicación, profesionales y, sobre todo, el ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la corrupción. No cabe duda de que la sociedad civil constituye un elemento fundamental en toda estrategia exitosa contra la corrupción. En Argentina por ejemplo, se está diseñando un proyecto de control y de transparencia del Estado.

El objetivo planteado es darle impulso a la participación ciudadana para que intervenga en dicho control. Con este fin, se pretende contratar una consultora que en 24 meses organice un ámbito donde se discuta y participe, y a otra que cree mecanismos de control de la corrupción (por ejemplo, generando un banco de datos de los patrimonios de los funcionarios provinciales). El proyecto que es supervisado por el Banco Mundial, apunta a "generar algo que sea una parte más de las instituciones mendocinas" cuenta Alejandro Casabán quien está a cargo de la oficina de Inspección general- "y para el futuro, la esperanza es que cada municipio cuente con un organismo de esta naturaleza". Algunas de las soluciones se encuentran dentro de la misma sociedad, por ejemplo la necesidad de cambiar la apatía o tolerancia pública con respecto a la corrupción. Sin embargo, la sociedad civil es parte del problema. La idea de que las actividades del Estado se desarrollan en una esfera completamente ajena a la esfera de las actividades privadas es errónea.

El punto de contacto entre el sector privado y el público es el punto en el cual nace la corrupción y donde se pagan los sobornos. De esta manera, todo intento de establecer una estrategia contra la corrupción que no incluya a la sociedad civil está ignorando a una parte del problema y al mismo tiempo a una de las herramientas disponibles más útiles y poderosas para atacarlo. De hecho, en muchos países donde la corrupción predomina, la sociedad civil es débil, apática o se encuentra en las primeras etapas de movilización y organización. Pero de ninguna manera éstas son razones para ignorar su papel, dado que la simple participación de la sociedad civil en crecimiento puede, por sí misma, fortalecer y estimular el desarrollo de una estrategia contra la corrupción. El control social, entendido como una función administrativa, representa una función ligada a la propia naturaleza de la Administración, como ciencia. La función de la Administración Pública viene entonces a desarrollar mecanismo que permitan ejercer diagnósticos que posibiliten intervenciones correctas y eficientes. A su vez, el control administrativo del sector público está íntimamente relacionado con el funcionamiento de la burocracia estatal, que abarca las diversas dimensiones de evaluación institucional. En relación a lo anterior, el control político, por su parte, hablando en un sentido amplio, puede ser interpretado como el control ejercido por las instituciones políticas sobre los administradores de las cosas públicas, y en un análisis más restrictivo, puede ser clasificado como un control ejercido por los representantes electos del pueblo, sobre los otros administradores públicos, electos o no por sufragio popular.

Propuestas. Elaboración de La Carta Compromiso con el Ciudadano por parte de las Instituciones de Educación Superior. Justificación. Uno de los objetivos principales de la actual administración pública, es impulsar la consolidación de un modelo de gestión que ponga énfasis en la responsabilidad de la Administración Pública, por medio de una clara e inequívoca rendición de cuentas a la sociedad por las mejoras en la prestación de servicios, base para la revalidación cotidiana de su compromiso de acercar el Estado a la ciudadanía. Este programa apunta a transparentar la relación de las IES con los destinatarios de los servicios a su cargo, potenciando el derecho a ser escuchados (cuando se definen los servicios y se establecen los niveles de calidad de la prestación), informados (en un lenguaje que pueda entender), respetados (tratados en forma justa y sin discriminarlos), y a recibir una respuesta o solución cuando el servicio no se presta adecuadamente. Su desarrollo implica tanto el reconocimiento explícito de los derechos de los ciudadanos, como el compromiso claro de nuestra Institución para prestar sus servicios con determinados niveles de calidad – los mismos son monitoreados periódicamente a través de sus respectivos indicadores -. Asimismo, se induce a la creación de sistemas de quejas y sugerencias, ágil y de fácil acceso que garantice la confidencialidad en el tratamiento de las distintas presentaciones. En este sentido, el Programa Carta Compromiso, constituye una herramienta para consolidar un sólido enfoque en el ciudadano en la modalidad de prestación de servicios. Esto supone que las IES son conscientes del papel en la construcción de un Estado democrático, actuando en consecuencia con responsabilidad en la atención directa al ciudadano, informando a través de un programa transparente, su operatoria a través de la publicidad de estándares de calidad de prestación y planes de mejora de corto plazo, como demostración del esfuerzo continuo por lograr satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos a los que sirven.

¿Qué es una Carta Compromiso? Es un documento en el que cada organización explicita a los ciudadanos sus derechos y obligaciones, les informa sobre los servicios que presta y la forma de acceder a ellos, se compromete a prestar esos servicios con determinados niveles de calidad (estándares), fija los mecanismos para la presentación de las quejas y sugerencias y establece o da a conocer los mecanismos de corrección, apelación y reparación cuando la organización no puede cumplir con los compromisos asumidos. El documento Carta Compromiso a elaborar por cada organismo, deberá contener los siguientes puntos: 1. Información sobre el prestador: a. Descripción clara de los servicios ofrecidos; b. Identificación de los beneficiarios; c. Descripción de las formas de acceso a los servicios; d. Enumeración de los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante el organismo. 2. Sobre la Calidad a. Los Estándares de calidad de los servicios; b. Los procedimientos para la presentación de Quejas y mecanismos de compensación implementados; c. Información sobre las formas de participación del ciudadano, y d. Compromisos de mejora para el siguiente período.

El Programa Carta Compromiso implica:

1. Formalizar el compromiso de las organizaciones públicas para mejorar los niveles de calidad de los servicios que brinda, facilitando una mayor participación de los destinatarios directos de los mismos.
3. Asegurar el derecho a que los ciudadanos reciban la información veraz, oportuna y de fácil comprensión.
4. Garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta o solución cuando las cosas no salen bien o existen problemas en la prestación de los servicios.

El Programa tiende a lograr entonces los siguientes objetivos: 1. Aumentar la sensibilidad y receptividad del organismo frente al ciudadano; 2. Brindar servicios de calidad, y 3. Normalizar el uso de indicadores de calidad para la promoción de la mejora continua. Dichos objetivos se sustentan en cuatro ejes principales: Calidad: definida por las necesidades y expectativas de los usuarios. Eficacia: medida a través del cumplimiento de los estándares comprometidos. Capacidad de respuesta: relacionada con la capacidad de los organismos de responder a las cambiantes demandas de la sociedad. Coordinación interinstitucional: destinada a favorecer la simplificación de los procedimientos de atención al ciudadano. En síntesis, el Programa induce a un proceso de transformación dentro de los organismos que adhieran que asegure mayor transparencia y comunicación con los ciudadanos; que genere nuevas formas de participación ciudadana en la gestión; transparente ante el ciudadano las reales capacidades de prestación de servicios; genere el ambiente para un cambio cultural hacia adentro que pondere la percepción del ciudadano en el diseño de los servicios y su posterior evaluación; y propone compartir e intercambiar experiencias entre los diferentes organismos públicos que adhieran a esta iniciativa.

El estado de situación describe cuáles son las dependencias involucradas en estos procesos, y los tiempos de evaluación de los compromisos asumidos. Además, desde allí podrá acceder a información sobre cada dependencia en particular: servicios que presta, estándares de calidad asumidos, compromisos de mejoras, sistemas de quejas, derechos y obligaciones de los ciudadanos. Instalación De Una Oficina Independiente Contra La Corrupción En Las Instituciones De Educación Superior. Crear al interior de cada Universidad esta instancia, toda vez que mientras que los actos de corrupción se vuelven más sofisticados, las oficinas tradicionales responsables de hacer cumplir la ley se vuelven menos capaces de descubrir y perseguir casos complejos de corrupción. En un sistema donde la corrupción es endémica, es posible que las instituciones convencionales para exigir el cumplimiento de la ley cuenten entre sus filas a funcionarios corruptos. Aunque la experiencia es todavía muy precaria en América Latina, en años recientes, en otras regiones del planeta, algunos gobiernos han multiplicado los esfuerzos para descubrir y combatir la corrupción creando Comisiones u Oficinas Independientes Contra la Corrupción. Dado que prevenir es siempre mejor que curar, una pequeña oficina que investigue y supervise con apropiada autoridad -posiblemente informando directamente al parlamento- puede estar mucho mejor preparada para asegurar que se identifiquen y tomen medidas preventivas efectivas.

Conceptualización de la estructura de una oficina contra la corrupción. Para funcionar con éxito, una Oficina Contra la Corrupción debe poseer lo siguiente: Apoyo político en los niveles más altos del gobierno; Independencia política y operativa para investigar aún los niveles más altos del gobierno; Suficientes poderes para tener acceso a la documentación y efectuar preguntas a los testigos; y, Una jefatura caracterizada por su integridad. También es importante que los poderes especiales conferidos a la Oficina, funcione con total respeto a la ley y sea responsable el máximo órgano de gobierno de nuestra Universidad. Al fijar los parámetros para el establecimiento de tal Oficina, el conjunto de la Universidad necesita preguntarse a sí mismo si está haciendo algo que sería aceptable a sí mismo. Muchas veces la respuesta cambia según cualquiera de esas perspectivas. La fórmula debe ser una que sea justa y funcional para todos, dentro y fuera del gobierno universitario, asignando apropiadas facultades de investigación, para procesamiento y, algunas veces, lo más importante, para prevención, de modo que pueda sobrevivir a cambios en la administración.

Se deben tener en cuenta dos consideraciones importantes: 1. Es posible que una Oficina Contra la Corrupción no sea independiente si se ubica bajo una dirección política y pueda ser utilizada como un arma para atacar a sus críticos; y 2. La Oficina puede convertirse en una instancia para la extorsión y la corrupción.

Proceso para la designación del jefe de una oficina o comisión contra la corrupción. Al principio, la forma e independencia de una Comisión puede ser determinada por la manera como sea designado o removido el funcionario. Si el mecanismo de nombramiento asegura el apoyo consensual para una designación por un grupo plural de universitarios, en vez del gobierno, así como un mecanismo de responsabilidad fuera del gobierno universitarios (por ejemplo, un comité de la Comisión de Hacienda para la selección, en que todos los principales actores universitarios estén representados) el espacio para el abuso por parte de actividades no partidistas pudiera ser minimizado. Una falla de muchos esquemas legislativos deriva en otorgar al Rector General (o a cualquier otra figura política) demasiado control sobre el nombramiento y operaciones de un tribunal contra la corrupción. Es cierto que el Rector General es la cabeza del Ejecutivo Universitario y los miembros del Ejecutivo (Vicerrector, Secretario General) también pueden sucumbir a la tentación. Esto pudiera colocarlo en la difícil situación de decidir si deben enjuiciarse a sus colegas políticos cercanos. Por lo tanto, es importante que el proceso de nombramiento sea tal que reconozca que la tarea del funcionario es mantener una vigilancia de los procesos administrativos y financieros de la Universidad.

Si el Rector General o incluso otro directivo de alto rango tuviera control completo en relación con el nombramiento, ello significaría una pérdida inmediata de efectividad práctica y de la confianza del público. Se concluye entonces, que el proceso de nombramiento debe involucrar más personas de las que actualmente tienen el poder político en la Universidad, es por ello que se insiste en la conformación de grupos plurales desligados a intereses personales. Los procedimientos precisos para el nombramiento para aislar la designación del dirigente, deben ser transparentes, de modo de asegurar que una persona íntegra e independiente sea elegida y que ella sea suficientemente protegida mientras está en el cargo. El funcionario también debe tener los mismos derechos que los de un juez del más alto nivel, por decirlo de algún modo, mientras permanezca en la oficina. Su destitución no debe ser decisión de las personas que tienen el poder, sino que debe ser de acuerdo con un procedimiento establecido y sólo bajo los cargos de incompetencia o mal comportamiento.

Frenos y equilibrios en el diseño de una estructura. También se debe considerar la posibilidad de que la Oficina tenga evidencias y deba actuar contra un Directivo corrupto. Siempre debemos esperar acontecimientos imposibles de predecir. También necesitamos pensar en la desconfianza que se generaría entre la comunidad universitaria, si el Rector General es visto inmune o fuera de la jurisdicción efectiva de la Oficina. Aún más importante, una disposición especial al respecto enviará una importante señal al público en cuanto a que la Oficina Anticorrupción y el Ejecutivo Universitario, o algún otro directivo están luchando seriamente contra la corrupción y que nadie está por encima de la ley. En todo caso, se deben afinar mecanismos para que las determinaciones de acusar, enjuiciar, suspender, condenar o destituir a un Directivo, Coordinador, Jefe de Unidad o cualesquier otro cargo establecido en la estructura orgánica universitaria corrupto, correspondan a procedimientos adecuados que logren conciliar la vigencia del Estado de Derecho con la credibilidad de las oficinas independientes contra la corrupción.

La relación entre la Oficina Contra la Corrupción, el Contralor General y el Abogado General también es importante. ¿Qué valor tendría la evidencia si el sospechoso no puede ser enjuiciado? Por lo general el Abogado General tiene, según la normatividad universitaria, la vigilancia del respeto a la norma y el poder de intervenir en todos los procedimientos iniciados por otra persona o autoridad. Sin embargo, al evaluar la independencia y la efectividad de la Oficina, hay que preguntarse si, de acuerdo con la legislación universitaria, el Abogado General tiene suficiente independencia para ejercer esa potestad discrecionalmente, de modo que no haya posibilidades de interferencia política.

La relación con el público es importante para apoyar la función de prevención de una Oficina o Comisión Contra la Corrupción. La estructura necesita involucrar varios tipos de personas e intereses en la formulación de políticas de prevención y para su ejecución. De esta manera, diversas personas que tienen responsabilidad se ven envueltas en el proceso de prevención y sus propias instituciones -dentro del gobierno y en el sector privado- pueden ser movilizadas en apoyo de los esfuerzos de la Comisión. Otro factor importante es si la Comisión puede, en la realidad, cambiar prácticas corruptas sin aumentar sus facultades para incluir, entre ellas, la posibilidad de exigir el cumplimiento de sus decisiones. Sería equivocado pensar que todas la recomendaciones de una Comisión serán siempre relevantes y prácticas. Por lo tanto, puede ser improductivo dar a una Comisión el poder de exigir que se hagan cambios específicos.

Finalmente, se debe establecer la conveniencia de conferir a una Oficina o Comisión Contra la Corrupción, atribuciones suficientes para tener acceso a documentos y para interrogar testigos. En algunos países, se han hecho esfuerzos para limitar el acceso de la Comisión a la información. Sin embargo, no hay ninguna razón teórica o práctica, para que una Comisión no pueda tener, como el Defensor del Pueblo, todos los derechos atribuidos a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes y el acceso completo a documentos gubernamentales y a funcionarios públicos. Reforzar la Contraloría General de las Instituciones de Educación Superior. Las Contralorías Generales constituyen una pieza fundamental en el sistema universitario de integridad. Como entidad encargada de la auditoría de los gastos e ingresos, actúa como vigilantes de la integridad financiera y de la credibilidad de la información divulgada. Las diversas modalidades adoptadas en su conformación en Latinoamérica varían de país a país. No obstante y, al margen de su denominación, cumple como tarea común el ejercicio de la auditoría externa sobre las cuentas de los recursos financieros del Estado, tiene el propósito de proveer información oportuna, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, fomentando la transparencia en el uso de los recursos y la responsabilidad por la función pública Su actividad está orientada a promover la eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos estatales y prevenir la corrupción a través del desarrollo de procedimientos financieros, administrativos y de auditoría diseñados para posibilitar el desarrollo de la transparencia y reducir efectivamente la incidencia del fenómeno. Características fundamentales de la Contraloría. Debe desempeñar un papel de gran significación en la lucha contra la corrupción, en tanto constituye una agencia directamente vinculada con el control de los recursos públicos. Para cumplir cabalmente con esta tarea deberían reunir las siguientes características:

1. Completa independencia operativa, funcional, técnica y presupuestaria en su trabajo. Es de particular importancia que las normas que rigen el nombramiento o la remoción del Contralor garanticen la mayor independencia económica y política posibles.
3. Disponibilidad suficiente de recursos humanos y financieros para enfrentar los programas de operaciones o actividades de auditoría.
4. Acceso irrestricto a la información sobre las operaciones de captación y uso de recursos públicos y operaciones sujetas al ámbito de control en los distintos niveles de la administración pública.
5. Eficiencia, eficacia y austeridad en el desempeño de sus atribuciones.
6. Debe promoverse la participación cívica en el proceso de gestión y estimularse el control ciudadano como fuente de información calificada y permanente sobre áreas críticas de la administración pública.
7. Debe implantarse un programa de denuncias y sugerencias ciudadanas que pueda generar una conexión directa entre la sociedad y la Contraloría General, facilitando la mejor programación de las actividades de control.
8. Se debe impulsar por parte de la Contraloría General una verdadera cultura anticorrupción, la cual deberá basarse en la educación ciudadana especializada y contar con mecanismos de difusión que aseguren su propagación, y
9. Se debe trabajar en el diseño de amplias bases de datos que aporten la información necesaria y confiable para detectar a los agentes generadores de la corrupción, a sus protagonistas o a sus aliados.

Autor:

José Luis Hernández Ramírez

Secretaría Técnica de la Rectoría General Universidad de Guadalajara