Lineamientos para el programa de gobierno de unidad nacional en Venezuela (2013-2019)

Introducción

1. La Unidad Nacional tiene un programa para los venezolanos. Su elaboración ha sido un compromiso central de esta alianza.

2. El 26 de septiembre de 2011, con motivo de la firma del Compromiso por la Unidad Nacional, le ofrecimos a los venezolanos los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional que, basados en las 100 Soluciones para la Gente, contienen las políticas que impulsará nuestro gobierno a partir de enero de 2013.

3. Este documento contiene los Lineamientos en toda su extensión. La elaboración del documento ha sido precedida de un gran esfuerzo de encuentro político y técnico.

4. El actual gobierno ha traicionado el acuerdo social que rige a los venezolanos desde 1999. Ha violado constantemente la Constitución, irrespetando la separación de poderes, pisoteando la participación, inclusión y pluralidad.

5. Como consecuencia, nuestra administración pública ha experimentado un gran deterioro y atraso. Hoy en día hemos vuelto al modelo centralista, burocrático y corrupto que tanto se había criticado.

6. La discrecionalidad en el manejo de los recursos y la arbitrariedad en las relaciones con los factores de producción han convertido nuestra economía en una de las más vulnerables e improductivas de América Latina.

7. Las alarmantes cifras sobre homicidios, la alta tasa de desnutrición en niños y jóvenes, el resurgimiento de enfermedades controladas, los bajos niveles de rendimiento educativo, la inexistencia del sistema de pensiones de acuerdo con lo establecido en la Constitución y leyes aprobadas, la carencia de vivienda, la ineficacia de servicios fundamentales como agua, electricidad, vialidad, transporte, entre otros, evidencian el grave deterioro que experimentan los venezolanos en su calidad de vida.

8. En el ámbito internacional, las acciones que ha realizado el gobierno no han podido ser más nefastas. El manejo excluyente e irrespetuoso de la legalidad internacional, ha contribuido al desprestigio del país, y al debilitamiento de la soberanía nacional. Sólo la importancia de la producción petrolera de Venezuela ha impedido su aislamiento en la escena internacional.

9. Para enfrentar estos desmanes, y rescatar la institucionalidad democrática se presentan los siguientes Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, en procura de un buen gobierno, una sociedad productiva, con calidad de vida y con amplias relaciones internacionales.

10. Estos Lineamientos son producto de un trabajo sistemático que se viene realizando desde 2009, cuando se conforma la Comisión de Políticas Públicas de la Unidad Democrática, integrada por representantes de los diferentes partidos políticos, quienes se plantearon como objetivo "Elaborar propuestas programáticas consistentes con los objetivos políticos y estratégicos de la Mesa de Unidad Democrática"

11. En marzo de 2010, luego de un proceso en el que se recogieron, discutieron, consultaron y aprobaron las propuestas presentadas por los diferentes partidos, surgen las 100 Soluciones para la Gente, documento base de los Lineamientos que a continuación se presentan, y en el que se recogen los valores y principios que guiarán el Gobierno de Unidad Nacional.

12. Las Bases Programáticas contenidas en las 100 Soluciones para la Gente, aprobadas por la Unidad Democrática, se concentraron en las siguientes áreas.

13. Reconciliar al país y fortalecer la institucionalidad democrática. Para ello el Gobierno de Unidad Nacional reivindicará la Constitución de 1999, así como el compromiso de defender irrestrictamente los derechos humanos y las garantías constitucionales. Aspira fortalecer y promover los espacios de concertación, participación y diálogo social, así como garantizar a todos el acceso a la justicia. Se compromete a promover una amnistía de detenidos y exiliados por razones políticas y la ampliación de la democracia en los partidos y asociaciones políticas.

14. Vigorizar y remozar el Poder Público. La Unidad Democrática asumirá la promoción de la independencia y autonomía de las ramas del Poder Público en sus diferentes ámbitos Nacional, Estadal y Municipal. Se propone reformar leyes, reglamentos y disposiciones que hayan menoscabado las competencias de los estados y municipios. Impulsará la profesionalización y modernización de la Administración y Función Pública para adecuarla a las exigencias de un Estado moderno.

15. Construir una sociedad productiva y de progreso. Como Gobierno de Unidad Nacional nos comprometemos a orientar el esfuerzo productivo hacia la diversificación de la economía basada en la creación y utilización del conocimiento. Impulsaremos una gran alianza de los sectores públicos y privados que facilite la creación de millones de empleos de calidad en las próximas décadas. Trabajaremos para asegurar los derechos a la propiedad privada y a la libertad económica, y para desarrollar la libre iniciativa privada y el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios de calidad.

16. Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nos comprometemos a diseñar y poner en práctica políticas que mejoren la vida de los venezolanos. Para ello, reconoceremos los beneficios otorgados, y trabajaremos para ampliarlos en cobertura y calidad. Estimularemos la participación de la sociedad en la prestación y seguimiento de programas y servicios sociales. Implementaremos reformas que contribuyan a reducir la inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de nuestra educación, garantizar el derecho a la cobertura universal de la salud, ampliar la formación permanente para el empleo, extender los beneficios para los adultos mayores, satisfacer las necesidades de alojamiento de la población, y cubrir adecuadamente los servicios públicos.

17. Proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo. Nos proponemos diseñar y ejecutar una política exterior amplia y soberana, que promueva la convivencia amistosa con todos los países sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los valores de nuestra democracia. Queremos recuperar el carácter profesional de la función diplomática para promover los intereses estratégicos de la República.

18. Con fundamento en estas Bases Programáticas se inicia la segunda etapa de formulación, consulta y discusión de los Lineamientos de Políticas Públicas que guiarán el gobierno de Unidad Democrática.

19. Se conformaron comisiones técnico – políticas en diferentes áreas de la vida nacional y luego de casi un año de trabajo surgió el presente documento en el que se recogen los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional.

20. El documento está estructurado en cinco áreas y cada una de ellas en subáreas en las que se presentan la situación actual y los lineamientos de acción para mejorarla.

21. El área de Institucionalidad Democrática, en la que luego de presentar el grave deterioro que ha experimentado, se presenta el espíritu general del nuevo gobierno, sus bases normativas y las fórmulas para apalancar las reformas normativas – institucionales y político – institucionales.

22. En el área de Buen Gobierno, se plantea el contexto de la actual administración pública y su ataque al Estado Federal Descentralizado y se propone una Administración Pública centrada en la gente.

23. El área de Sociedad Productiva en la que se analizan las políticas económicas, petrolera, energética, sistema agroalimentario, economía social y cooperativas, turismo, aduanas, desarrollo rural territorial, ciencia, tecnología e innovación, entre otras, y se plantean lineamientos de acción.

24. En el área de Calidad de Vida son tratados aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, protección social, salud, educación, pensiones, cultura, deporte, desarrollo urbano y vivienda, ambiente, energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte, vialidad, telecomunicaciones, gestión de riesgos, diversidad sexual y equidad de género.

25. Finalmente, en el área de Política Exterior se analiza nuestro contexto internacional, y se exponen los valores y agenda de interés nacional.

26. Todos estos temas fueron analizados y discutidos ampliamente por diferentes actores de la vida nacional, incluyendo los actores políticos.

27. Estos Lineamientos se presentan como base para un gobierno de unidad, amplitud, diálogo y respeto que promueva el progreso de todos los venezolanos.

Institucionalidad Democrática

Introducción

28. El actual gobierno ha traicionado el acuerdo social que representa la Constitución de 1999. En su empeño por imponerse a todos los venezolanos, el actual gobierno viola constantemente la Constitución fracturando la institucionalidad democrática y al país en general. Ataca el Estado de Derecho, irrespetando la separación de poderes, aprobando decretos-leyes inconsultos e inconstitucionales, ordenando arbitrariamente la adopción de decisiones judiciales y propiciando la total inacción de los organismos encargados de velar por el respeto de los Derechos Humanos.

29. El discurso y las políticas implementadas, lejos de propiciar la inclusión y pluralidad que caracterizan la democracia, han promovido una división entre los venezolanos que está impidiendo alcanzar el bienestar y desarrollo individual y colectivo, y han establecido un modelo político-económico alejado del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

El espíritu general del nuevo gobierno

30. El próximo gobierno deberá ser de Unidad Nacional nacional para la construcción democrática y la inclusión social.

Un gobierno de Unidad Nacional

31. El proceso de escisión de la sociedad venezolana, impulsado desde el gobierno y el Estado en los últimos años, ha alcanzado tales proporciones que un objetivo prioritario del futuro gobierno de la Unidad Nacional será recomponer las bases de una convivencia democrática.

32. Si algo ha caracterizado al actual gobierno, es su voluntad de erigirse sobre las cenizas de los factores que adversa, lo cual se ha traducido bien en políticas deliberadas de supresión, bien en políticas de marginación, deslegitimación o arrinconamiento. El manejo de los símbolos patrios, la interpretación de la historia, el lenguaje político y la acción gubernamental han concurrido consistentemente en la dirección de fracturar al país y levantar una barrera infranqueable entre su ideología y el resto del mundo social y político.

33. La gran tarea de la nueva dirigencia gubernamental debe ser enaltecer la idea de pertenencia de todos los venezolanos, sin distingos de partido, a una misma nación, a una misma comunidad política. El desafío de la inclusión es por lo tanto ineludible.

34. Lo que está planteado en la Venezuela de hoy es una visión integradora del universo político del país en toda su diversidad, incluyendo a quienes con todo derecho adversarán al futuro gobierno y, sobre todo, a quienes han creído en la oferta del actual.

35. La Unidad a la que debemos aspirar y con la cual debemos procurar adhesión no es la unidad entre los afines, entre quienes comparten un ideario político-ideológico o de partido, sino la de la convivencia entre posiciones políticas diferentes e incluso contrapuestas, que encuentran garantías para su promoción en un espacio constitucional común dominado por el principio del pluralismo.

Para la construcción democrática

36. Porque es imprescindible construir instituciones democráticas, el futuro gobierno deberá ser ante todo institucionalista, constitucional.

37. La devastación institucional padecida en esta larga década, estimulada por la lava corrosiva del personalismo político y del autoritarismo, tiene que ser enfrentada con una dosis intensa de sentido de la institucionalidad. La reinstitucionalización del país pasa por su reconstitucionalización, con la Constitución de 1999 como pilar fundamental de esta lucha.

38. El levantamiento de la institucionalidad democrática implica rescatar los principios de la democracia electoral, pero también reivindicar otros valores esenciales de la democracia hoy seriamente en entredicho, como el pluralismo político y el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.

39. El mensaje político debe estar nítidamente orientado hacia una ambición de futuro y de creación conjunta del marco institucional para la convivencia político-social. La construcción democrática no ignora el pasado ni pretenderá comenzar de cero, pero el énfasis se coloca en lo que debe ser construido.

Y la inclusión social

40. La oferta social del programa y del gobierno de la Unidad pertenece al corazón de su ideario. La inclusión social será uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno, porque los abismos estructurales para el acceso al disfrute de los derechos sociales básicos son numerosos.

41. A lo anterior se suma la definición constitucional del Estado como un Estado social (Estado democrático y social de Derecho y de Justicia), lo que implica un compromiso de las instituciones con la lucha a favor de la igualdad de oportunidades y el goce de condiciones para una existencia digna. La política social debe estar en el centro de la agenda pública.

42. Lo anterior, sumado al espíritu integrador antes referido, hace aconsejable preservar los niveles de protección social que el actual gobierno haya alcanzado, aunque reorientándolos o reconduciéndolos a la lógica institucional y de respeto a los derechos humanos de todos que ha de guiar las políticas y la actuación oficiales. Debe producirse un corte categórico y visible con el uso clientelar o demagógico de la política social, como también con las exclusiones ideológicas hoy imperantes en ámbitos relacionados con el ejercicio de derechos de participación en la vida sociopolítica y con el goce de derechos sociales.

43. Es importante tener una oferta social propia, que lo sea tanto por la ganancia cualitativa o cuantitativa para el ciudadano implícita en ella, sobre todo para los sectores más vulnerables, como por la concepción global en la cual se inserte, la cual, sin aspirar a ser ideológicamente pura o cerrada, de acuerdo con los postulados de un determinado modelo económico, ha de inspirarse claramente en las premisas, constitucionalmente sustentadas, de preservación y garantía del derecho a la propiedad privada, de la libertad económica, y de la iniciativa privada, así como de acceso a empleos dignos y bien remunerados, a una educación de calidad en un mundo competitivo, y a un sistema público de salud y de seguridad social altamente eficiente, entre otras. Las políticas sociales con sentido de inclusión han de estar orientadas a la consecución de una mayor calidad de nuestra democracia.

Bases normativas para el nuevo gobierno

La Constitución de 1999

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Modo de encarar la legislación inconstitucional

46. Las leyes o decretos-leyes inconstitucionales deben ser impugnados judicialmente, si aún no lo han sido. Adicionalmente, debe ejercerse la iniciativa legislativa del Presidente de la República para presentar proyectos de ley que desmonten las regulaciones contrarias a la Constitución dictadas en los últimos años.

47. Mientras no se modifique el marco legal en los puntos que la contravienen, será necesario acometer reformas reglamentarias y administrativas que permitan reconducir a la Constitución, tanto como sea posible, las pautas de actuación de las autoridades y funcionarios en los respectivos ámbitos de acción pública. Son muchas las modificaciones que pueden alcanzarse mediante la reforma de reglamentos o de prácticas administrativas, así como mediante una aplicación de la legalidad orientada por los principios constitucionales. Paralelamente, han de precisarse los asuntos que reclaman, de manera casi ineludible, una modificación normativa.

48. Tampoco hay que descartar la posibilidad de acuerdos o simples entendimientos con sectores o individualidades, hoy partidarios del actual gobierno, que se avengan a modificaciones en torno a las cuales pudiera haber coincidencias enmarcadas en la circunstancial conveniencia común, aunque responda a ópticas diferentes.

Lineamientos de acción

Fórmulas para apalancar las reformas normativo-institucionales

49. En algunas materias será necesario impulsar cambios de rumbo muy significativos, que en ocasiones deberán ir acompañados de la adopción de decisiones por la Asamblea Nacional u otros órganos del Poder Nacional.

50. Para favorecer estos cambios se proponen iniciativas en el campo sustantivo o programático y otras de índole orgánico-instrumental o de legitimación política y social.

Elaborar de manera participativa y plural el Plan de Desarrollo Económico y Social

51. Una forma de impulsar las reformas político-sociales necesarias estriba en promover, desde el inicio del gobierno de construcción democrática y con base en un trabajo previamente elaborado, una amplia discusión en el país sobre el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

52. Esta discusión debería involucrar a actores sociales diversos y a los factores políticos regionales y nacionales. Dos instancias públicas fundamentales para robustecer el debate sobre dicho Plan serían el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo de Estado, cuya relevancia general para el funcionamiento del gobierno será comentada posteriormente.

Rescatar el federalismo previsto en la Constitución

53. El nuevo gobierno ha de ser profundamente federal y descentralizado. No solamente porque ha de promover la descentralización y ha de respetar las competencias de los Estados y Municipios, sino también en el sentido de que la concepción y gestión del gobierno deberá sustentarse de manera permanente en la discusión y articulación de políticas con los Gobernadores y Alcaldes. Ello en relación no sólo con los temas directamente vinculados con la descentralización, sino también respecto de los grandes asuntos del desarrollo nacional y de la inclusión e integración político-social. La descentralización implica distribución de poder y de responsabilidades.

54. Es preciso adoptar las medidas necesarias para restituir a los Estados el ejercicio de las competencias exclusivas de las que inconstitucionalmente fueron despojados. Igualmente, el Distrito Metropolitano de Caracas debe recuperar competencias y recursos que son inherentes a la función constitucional de este nivel de gobierno.

55. Es igualmente perentorio impulsar la aprobación de la Ley de Hacienda Pública Estadal, para dar respaldo financiero a la autonomía de los Estados y Municipios.

56. El Consejo Federal de Gobierno debe ser reivindicado como instancia fundamental para la gobernabilidad.

Instalar el Consejo de Estado

57. Otra institución constitucional que debe ser rescatada es el Consejo de Estado, el cual no ha entrado en funcionamiento, al no haber sido designados sus miembros. Tampoco ha sido dictada la ley correspondiente, prevista en el artículo 251 de la Constitución, pero su ausencia no impide su integración y actuación, pues la regulación constitucional es lo suficientemente precisa como para hacerla posible.

58. Esta instancia, presidida por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, estaría dotada de pluralidad institucional u orgánica, al reunir en su seno a sendos representantes de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, así como a las personas designadas por el Presidente de la República, quienes deberían tener una autoridad moral que les proporcione representatividad social. Su tarea consistiría en pronunciarse, a requerimiento del Presidente de la República, sobre políticas de interés nacional que a juicio de aquél posean especial trascendencia (art. 251 de la Constitución).

59. Para consolidar la base político-institucional del nuevo gobierno, debería conformarse el Consejo de Estado, el cual debería ser consultado sobre las líneas maestras de las reformas político-administrativas que se quiere introducir.

Reformas político-institucionales

Reivindicar el estatus constitucional y las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva

60. La Constitución de 1999 quiso otorgar a la Vicepresidencia Ejecutiva un estatus y unas funciones de especial relevancia. A tenor de su Exposición de Motivos, esta figura estaba llamada a ser una pieza clave en el diseño de un "nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible". Esta expectativa del constituyente, o de los autores de la citada declaración de propósitos, dista mucho de corresponder con la regulación constitucional, que sigue atendiendo al modelo del presidencialismo, pero es al menos expresión del significativo papel que se pretendió conferir a la Vicepresidencia Ejecutiva y que en parte quedó plasmado en el texto aprobado.

61. El Vicepresidente Ejecutivo no puede ser un Ministro más, ni un simple vocero o portavoz gubernamental, como ha ocurrido durante el actual gobierno Debe ser una figura con estatura político-institucional, que ocupe una posición capital en el manejo de las relaciones del Poder Ejecutivo con la Asamblea Nacional, así como en la coordinación de la Administración Pública Nacional. Ello aunado a su colaboración con el Presidente en la dirección de la acción del gobierno (art. 239 de la Constitución). Adicionalmente, debería perfilarse como una instancia fundamental en la articulación del Poder Nacional con el de los Estados y Municipios, y particularmente en la promoción de la descentralización, más aún en el contexto de la nueva función política que los Gobernadores habrían de asumir en virtud de los principios básicos de gobernabilidad antes enunciados.

62. Se considera recomendable rescatar esta relevancia constitucional de la figura en el marco del nuevo gobierno de construcción democrática. Ello debe visualizarse desde la campaña electoral a la presidencia, con la finalidad de transmitir un mensaje no personalista y de dotar de legitimidad y sustento político a quien luego sería designado para tal cargo. Esto brindaría soporte al papel que el Vicepresidente o Vicepresidenta debería desempeñar en el Consejo Federal de Gobierno y en el Consejo de Estado.

Respetar la función legislativa y de control de la Asamblea Nacional

63. El nuevo Presidente debería distinguirse por el respeto a las funciones de la Asamblea Nacional como institución fundamental de la democracia, siendo éste uno de los campos en que habría que demostrar sabiduría, elevación política y coherencia con los principios proclamados.

64. Debe asumirse el compromiso de no proponer leyes habilitantes con la extensión material y temporal de las que han sido solicitadas por el Presidente de la República durante la vigencia de la Constitución de 1999.

65. El Presidente debería presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley en relación con las principales materias que írritamente han sido reguladas por decreto ley en los últimos años, promoviendo un debate nacional sobre las mismas, que estimule una revisión por la Asamblea Nacional.

66. También debe respetarse el ejercicio de las funciones de control político de la Asamblea Nacional, puesto que es indispensable la transparencia en el ejercicio del poder, muy especialmente en los asuntos relacionados con el manejo de fondos públicos.

Limitar las posibilidades de reelección de titulares de cargos ejecutivos

67. Una de las enmiendas o reformas constitucionales que deberá ser propugnada al recuperar o alcanzar un contexto democrático es la de fijar límites a las posibilidades de reelección de los titulares de cargos ejecutivos. La actual regulación, fruto de la enmienda constitucional del 2009, que permite la reelección indefinida o continuada del Presidente de la República, y de los Alcaldes y Gobernadores, atenta gravemente contra la alternabilidad y el pluralismo democráticos.

68. La introducción de modificaciones en la Constitución no ha de ser asumida como el reto primero y principal del nuevo gobierno. Pero la limitación de la reelección debe ser un objetivo de mediano plazo presente desde el comienzo entre los lineamientos programáticos de la Unidad.

Suprimir las barreras ilegítimas a la participación política y social

69. En los últimos años se han impuesto leyes, actos y prácticas inconstitucionales que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Pese a que su revisión escapa del campo de atribuciones del Presidente de la República, desde esta alta magistratura pueden promoverse iniciativas dirigidas a corregir tales vicios.

70. El nuevo Presidente de la República debería requerir a los órganos del poder público que consideren carentes de efectos las sanciones de inhabilitación política dictadas por la Contraloría General de la República, así como actuar en consonancia en su propia esfera orgánico-funcionarial, si es que antes ello no ha ocurrido en virtud del obligado acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto.

71. Deberá reformarse toda normativa reglamentaria que sujete el ejercicio de la participación política o social a la adhesión a una determinada ideología o doctrina de partido. Esto es particularmente importante respecto de los consejos comunales y su registro.

72. Por vía de reforma reglamentaria debe no sólo suprimirse todo requisito asociado a la identificación con una ideología determinada sino también optarse por una reinterpretación de las correspondientes disposiciones legales que las haga compatibles con la Constitución, reemplazando la alusión a tal ideología por conceptos constitucionales como el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y la promoción y defensa de los derechos humanos.

73. Deberá presentarse ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Referendos, que deliberadamente ha sido eludido por la mayoría oficialista en esta instancia, lo cual se ha traducido en un impedimento para la activación popular de este mecanismo.

74. Deberán presentarse proyectos de ley que supriman la facultad del Contralor de imponer inhabilitaciones políticas, si con anterioridad no se ha promulgado la reforma correspondiente, y que despojen a las leyes vigentes de la sujeción ideológica que se ha desplegado normativamente en los últimos años. Estas y otras tareas de reforma legislativa no necesariamente tendrían que originarse en una iniciativa presidencial formal, sino que serían expresión de un trabajo coordinado con los Diputados de la Unidad ante la Asamblea Nacional.

Preservar los consejos comunales como instancias de participación comunitaria

75. Los consejos comunales deben estar claramente perfilados como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de la Constitución. Ellos deben ser deslastrados de todo sesgo ideológico-partidista así como de toda confusión que los configure como instancias híbridas que terminen asumiendo funciones públicas que le son ajenas.

76. Los consejos comunales deben estar en relación preferente con los Estados y Municipios, conforme a lo establecido en el artículo 184 de la Constitución y a través de las múltiples vías allí previstas.

77. La preservación de su identidad de organizaciones sociales implica el más escrupuloso respeto a su autonomía, al igual que su participación en la formulación y gestión de políticas públicas, incluyendo en la prestación de servicios, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

78. Mediante reformas reglamentarias puede avanzarse mucho en esta dirección, suprimiendo, por ejemplo, la dependencia de estas organizaciones del Presidente de la República u otras instancias públicas. De manera general debe promoverse la genuina participación ciudadana y comunitaria, que tenga reflejo en cauces como los consejos estadales y locales de planificación pública, entre otros.

Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos

79. Efectuar, en los primeros días de gobierno, una declaración pública contentiva del compromiso de estricto acatamiento de las decisiones o sentencias de los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.

80. Este compromiso se referiría no sólo a casos futuros, sino implicaría también obligarse a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a decisiones que el actual gobierno no ha observado, cuando entren dentro de su esfera de competencias, o a instar a los órganos competentes del poder público a hacerlo.

81. Como muestra de la importancia que el gobierno de construcción democrática otorgará a los derechos humanos y a los mecanismos nacionales e internacionales previstos para su defensa, el gobierno haría pública su intención de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita oficial a Venezuela, en la cual ella examine la situación general de derechos humanos en el país. Ello iría acompañado de la remisión formal de tal invitación.

82. Se propondrá la pronta sanción de la ley sobre la reparación de las violaciones a los derechos humanos prevista en el artículo 30 de la Constitución.

83. Se adoptarán medidas dirigidas a salvaguardar la libertad de expresión e información, restituyendo derechos vulnerados, y evitando el uso desmesurado de facultades gubernamentales así como la partidización de los medios públicos.

84. Se examinará, por medio de una comisión plural en la que participen diversos sectores de la sociedad, especialmente las ONGs, toda la red de servicios de policía política, inteligencia o para-inteligencia que se ha robustecido en los últimos años, evaluando especialmente sus consecuencias sobre el ejercicio de los derechos humanos.

85. Se adelantará una evaluación de las ocupaciones o expropiaciones de tierras o industrias efectuadas por el actual gobierno, con miras a resolver estas situaciones con apego a la Constitución.

86. Se revisará el otorgamiento de títulos precarios de pseudo-propiedad a agricultores o a los habitantes de zonas populares, para reconocer a los beneficiarios la propiedad plena (pura y simple).

87. Se formularán las bases de un sistema de seguridad social y de un sistema de salud para todos.

88. Se revisará, en consulta con los sectores representados en las comunidades educativas, los planes curriculares, instructivos o prácticas que pretenden utilizar la enseñanza primaria y media como espacios para la ideologización, cerrados a la universalidad del pensamiento.

89. Se adoptarán medidas que se traduzcan en el respeto y garantía de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, colaborando con la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de su misión constitucional.

90. Robustecer los mecanismos que garanticen la investigación y el proceso de las violaciones a los derechos humanos, la reparación del daño causado y la adopción de medidas que eviten la repetición de tales abusos.

Respetar al Poder Judicial como garante de la Democracia .

91. Promover un diálogo nacional sobre la situación del sistema de justicia, el cual podría desembocar en un compromiso institucional que involucre a todos los poderes públicos y a los sectores sociales.

92. Propiciar, en diálogo con la sociedad y en el seno de la Asamblea Nacional, un debate dirigido a consolidar la profesionalización de la Defensa Pública y del Ministerio Público

93. Proponer la regulación de las responsabilidades por el anormal funcionamiento del Poder Judicial.

94. Favorecer, en diálogo con la sociedad y en el seno de la Asamblea Nacional, una discusión sobre la necesidad de fortalecer la carrera judicial.

95. Proponer la discusión de la Ley de la Carrera de Penitenciaristas y de la Ley de creación del ente autónomo y técnico del Sistema Penitenciario.

La Fuerza Armada Nacional

96. Restablecer la plena vigencia del artículo 328 de la Constitución que define las funciones de la Fuerza Armada y subordina su actuación al poder civil.

97. Restablecer los conceptos de Obediencia y Lealtad Institucional.

98. Reinstitucionalización basada en el rescate del mérito, el escalafón y la jerarquía, que parta de la modificación de la metodología actual de aprobación de los ascensos para que se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 331 de la Constitución.

99. Reorganizar y reformular la institución castrense para que responda a amenazas multidimensionales, con componentes profesionales, altamente entrenados, dinámicos y con capacidades operativas para responder eficazmente.

100. Proponer la revisión de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

101. Eliminar la Milicia Bolivariana, como componente militar dependiente del Presidente de la República.

102. Reconducir a los integrantes que manifiesten su voluntad de seguir en servicio a los componentes de la Reserva.

103. Profesionalizar la tropa. Eliminar gradualmente al soldado no profesional.

104. Adecuar los planes de defensa, planificación, entrenamiento, doctrina y empleo a las amenazas multidimensionales a la seguridad y defensa definidas por el ejecutivo en concordancia con el Consejo de Defensa de la Nación previsto en el artículo 323 de la Constitución, así como los planes de empleo de los sistemas de armas y equipos.

105. Propiciar la elaboración de un Libro Blanco de Defensa, conforme a los estándares establecidos por el Consejo Sudamericano de Defensa que recoja el concepto estratégico de la nación, y los planes de adquisición mediante criterios de transparencia internacional.

106. Reforzar los Teatros de Operaciones.

107. Revisar integralmente el sistema de previsión social de la Fuerza Armada Nacional con el objeto de fortalecerlo y adecuarlo a las necesidades de los efectivos militares. Debe promoverse una Ley de Protección Social de la Familia Militar.

Democratización de las comunicaciones

Situación actual

108. La actual administración ha sido incapaz de garantizar el ordenamiento del espacio público de las comunicaciones para promover y garantizar amplitud y variedad de las coberturas informativas y, en particular, el pluralismo de la opinión pública nacional.

109. Los venezolanos, por el contrario, hemos estado sometidos a una peculiar represión mediática que se expresa en dos vertientes fundamentales: por un lado, la confiscación progresiva de todos los medios radioeléctricos del Estado para uso exclusivo y beneficio de la parcialidad política en el gobierno; por otro, el cerco incesante a la libertad de expresión.

110. La oferta política de este gobierno se desnaturalizó de sus propósitos y orientaciones primigenias en función de la implantación de un modelo de pensamiento único, autocrático y de culto a la personalidad del Presidente de la República.

111. Se ha ido articulando la hegemonía comunicacional. La presencia de toda una estructura de medios en manos del Estado evidencia una política bien orquestado de un "Estado- comunicador" que ha visto en la información y la comunicación el espacio privilegiado para la educación e ideologización en pos de una "sociedad socialista" que es el objetivo prioritario hacia donde se orienta este proceso gubernamental.

Lineamientos de acción

112. El gobierno de Unidad Nacional promoverá la democratización de las comunicaciones.

Ello implica asegurar efectiva libertad de comunicar a todos, en un ámbito de pluralismo democrático, modernidad tecnológica, empleo universalizado de las tecnologías de información y comunicación, y armoniosa convivencia, entre vigorosos servicios públicos, no gubernamentalizados, privados, comerciales y comunitarios.

113. El gobierno de Unidad Nacional asume el respeto integral por los derechos de la comunicación; la seguridad jurídica de los actores de la comunicación (ciudadanos, empresas-medios, gremios); la diferenciación entre la política de comunicación del Estado venezolano y los programas de gestión comunicacional de los distintos órganos del Poder Público, la promoción de un ambiente comunicacional determinado por el ejercicio pleno de las libertades, la responsabilidad social y la justicia independiente; el estímulo a la participación y el emprendimiento de individuos y colectivos en la construcción de un sistema nacional de comunicación mixto, plural, diverso y democrático.

114. Serán fundamentos de su acción la profundización de los servicios públicos de telecomunicaciones; la convergencia digital en el sector comunicaciones; la apropiación social de los servicios universales de la comunicación y la información y el desarrollo de la sociedad de la información como modelo de acceso a las fuentes del conocimiento y el desarrollo cultural.

115. Proponemos establecer un marco regulatorio democrático y congruente con el principio de fortalecimiento de los derechos humanos y las corrientes universales de la legislación y reglamentación de las actividades comunicacionales.

116. Ordenaremos la estructura oficial del sector comunicaciones para emprender la edificación de un genuino servicio público nacional de comunicación e información.

117. Actuaremos apegados de manera irrestricta a las convenciones de derechos humanos.

118. Promoveremos un ambiente comunicacional determinado por el ejercicio pleno de las libertades, la responsabilidad social y la justicia independiente.

119. Estimularemos la participación y el emprendimiento de individuos y colectivos en la construcción de un sistema nacional de comunicación mixto, plural, diverso y democrático.

120. Restableceremos la confianza pública y la seguridad jurídica necesarias para el ejercicio de las libertades de la comunicación.

121. Superaremos las brechas culturales y tecnológicas para el tránsito a la sociedad del conocimiento.

122. Convertiremos los soportes de la comunicación y la información en mecanismos estables para facilitar el desarrollo integral de los ciudadanos y de la nación.

123. Se revisará el marco jurídico y reglamentario referido a las comunicaciones bajo el criterio de un debate amplio que incluya a diversos sectores (organismos públicos del ámbito, MCS privados, ONG, medios comunitarios, cámaras, gremios, universidades, entre otros).

124. Entre la legislación que debe revisarse está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; el Código Penal; la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Debe procederse a la reestructuración del Directorio de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

125. Habrá que revisar también las cinco leyes que soportan jurídicamente el llamado Estado Comunal. Someter a profunda revisión todos aquellos decretos, providencias administrativas y creación de organismos que coliden con el precepto constitucional de una comunicación libre y plural.