Los partidos políticos colombianos y su compromiso de doble moral con la descentralización

Introducción

A lo largo de la historia colombiana, en la agenda de los partidos políticos aparece de diversa manera idearios y propuestas para profundizar la descentralización, la democracia local y la reorganización territorial del país. Se trata en este trabajo de hacer un estudio comparativo sobre sus propuestas y ejecutorias, así como de las propuestas más vigentes y pertinentes en los actuales momentos.

Los partidos políticos cumplen una tarea de fundamental importancia para las democracias, ya que ellos interpretan desde diversas ideologías y énfasis programático, los desafíos de la sociedad y además, la representan en los órganos de poder de origen popular. Esta tarea de "polea de amarre" entre los diversos estamentos de la sociedad y sus diversas interpretaciones del mundo con los entes encargados de la toma de decisiones que afectan el destino colectivo, para el caso colombiano hunde sus raíces en el propio origen de la Republica y desde entonces, el tema de los gobiernos locales ha sido un asunto permanente en sus agendas.

Sin embargo, los grupos armados ilegales se han valido de los partidos políticos y de la descentralización para horadar la legitimidad del sistema político. En efecto, La descentralización política llevada a cabo en Colombia para potenciar los gobiernos locales y regionales, complicó el sistema de partidos políticos en su dimensión regional y local desde el punto de vista de la distribución territorial del poder. Con la descentralización se produjo una mayor oferta de opciones político partidista[1]y la Constitución de 1991 otorgó mayor libertad para organizar partidos políticos.

El resultado fue que a partir de 1988 se configuraron subsistemas regionales de partido que van desde el bipartidismo hasta el multipartidismo atenuado. Fue a partir de 1992 cuando se produjo en el nivel regional y local un aumento de los sistemas con tendencia al multipartidismo. Las fuerzas no bipartidistas o tercerías obtuvieron mejor resultados desde 1992 y hasta 2000. En este intervalo los partidos tradicionales  perdieron espacio en la mitad de los municipios a favor de las tercerías. Aunque en este periodo post-constitucional no existieron muchos casos de que las tercerías tuvieron una presencia alta o muy alta su representación que se situó entre un 5 y 23%. Las tercerías que estuvieron presentes en el periodo 1988-2000 se repartieron de la siguiente manera: 31.5% de los municipios consiguieron niveles de presencia importantes y una alta permanencia, entre el 60 y 100% de las elecciones[2]Por otra parte, un 35% de los municipios la presencia de las tercerías fue efímera con niveles de presencia bajos o medios. Por último, el 27% de los municipios mostró una alta permanencia pero con bajos niveles de presencia. Por consiguiente, las tercerías lograron que en una tercera parte de los municipios obtuvieran altos niveles de permanencia y representación[3]

En resumen y como lo señala la investigadora Miriam Álvaro[4]podemos concluir que los resultados en el ámbito municipal  son mixtos: hay casos de multipartidismo, pero igualmente persisten los sistemas de dos partidos y los unipartidismos fuertes y atenuados. Por tanto en el nivel municipal se ha producido un aumento de la heterogeneidad de los sistemas partidistas. En este contexto, la Constitución de 1991 no requirió la organización de partidos políticos pues la ley prohibió que se estableciera exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos. Sólo en algunos estatutos se recogieron disposiciones relativas a la participación de afiliados en la selección de candidatos y en el nombramiento de autoridades internas mediante consultas internas o mediante convenciones y congresos. Pero en la práctica las decisiones fueron adoptadas por las propias directivas de los partidos. Es decir,  los partidos contaron con sus estatus tal y como marca la ley pero en realidad tan sólo constituye  una mera formalidad[5](Hernández, 2006). Estas medidas tomadas sobre la organización interna de los partidos y movimientos políticos permitieron la precipitación de los partidos tradicionales en un proceso de desintegración interna en grupos organizados alrededor de notables, grandes electores y caudillos regionales. Es decir, liberales y conservadores constituyeron  partidos y movimientos políticos nuevos con personería jurídica. Así, accedieron a la financiación directa del Estado, inscribieron a candidatos a las elecciones y usufructuaron espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva del Estado.

Siguiendo a Eduardo Pizarro[6]la consecuencia de este nuevo marco legal fue la atomización interna de los partidos en micro empresas electorales. Este proceso de atomización partidista tuvo su origen durante el Frente Nacional  pero fue en los años noventa cuando se disparó llegando a alcanzar en 1998 un total de 316 listas para el Senado en representación de 80 partidos, movimientos o coaliciones. Pedro Medellín[7]subraya que para frenar esta situación se planteó que mediante el acto legislativo n.º 1 de 2003 o reforma política de 2003 se modificara las reglas de juego electoral para acceder a los cargos de elección popular. Con ello esta ley buscaba la agrupación de los políticos para el ejercicio de la política mediante la introducción de un umbral mínimo (2%). Igualmente se buscó acabar con las campañas electorales individuales y establecer mecanismos para hacer más transparentes la financiación de las campañas políticas.

En este contexto, los grupos armados ilegales, en particular los paramilitares, utilizaron el clientelismo como medio para infiltrarse en el poder político local y en la clase política local y regional. Sin embargo, en un primer momento utilizaron la violencia como intención de apropiación o ingerencia en distintas instituciones estatales. Investigaciones recientes llevadas a cabo por la analista Claudia López [8]y basada en las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, planteaban que entre 1998 y 2001 se incrementaron los asesinatos de dirigentes políticos por parte de los paramilitares. Así, las masacres aumentaron en un 140% y las que llevaron a cabo grupos paramilitares en un 664%. Se amplió el número de municipios afectados por estos asesinatos, pasando de 52 municipios en 1998 a 63 en el bienio 2002-2003. Posteriormente establecieron el control militar y continuaron con su penetración en política y en economía local mediante el clientelismo armado[9]en zonas rurales y el clientelismo mafioso en zonas urbanas. Mediante estas dos tácticas penetraron en los municipios, desplazaron a los grupos guerrilleros y se establecieron como actor hegemónico. La táctica usada por los grupos paramilitares para acceder al poder político local fue mediante el clientelismo armado, es decir, la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas. Mediante el uso del clientelismo armado les permitió acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas de influencia a través de sus redes o aliándose con políticos tradicionales. Las formas que adoptó este tipo de clientelismo eran las habituales del clientelismo tradicional: contratación en cargos públicos de personal recomendado por los grupos paramilitares, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por los contratistas, entre otras[10]Duncan[11]añade que en las ciudades predominó el clientelismo mafioso. Se diferencia del clientelismo armado en que la intimidación se daba hacia una de las partes de la relación del intercambio entre patronos y clientelas: los miembros de la clase política. En las ciudades las redes mafiosas estaban en condiciones de intimidar únicamente a los políticos profesionales, los contratistas del Estado y la burocracia que ocupaba los cargos públicos, pues a la población civil que componía la clientela de otros competidores resultaba muy complejo amenazarla. Sin embargo en los municipios y zonas campesinas patronos y clientes eran intimidados además de pagar comisiones y obligados a votar por los candidatos señalados. Esta situación sigue estando presente en vastas regiones del país con otros ropajes, pero con las mismas prácticas lesivas para la democracia local.

Los partidos políticos han sido determinantes fundamentales del rumbo de la descentralización, no solo por ser quienes desde el Congreso o el gobierno nacional la han diseñado, sino porque también han sido sus implementadores desde los órganos de poder regional y local. En el balance de este proceso, tienen acciones a favor y obviamente, grandes errores y desatinos.

Breve contexto histórico

En la naciente República Granadina hay un periodo conocido como la Patria Boba (1810-1815) caracterizado por la pugna entre el Estado de Cundinamarca, partidario del CENTRALISMO orientado por Antonio Nariño, y las Provincias Unidas de la Nueva Granada, defensoras del FEDERALISMO y orientadas por Camilo Torres. Entre 1812 y 1813 se enfrentaron en la primera guerra civil entre granadinos.

Los centralistas propendían por la soberanía única e indivisible ejercida por el poder único y ejercido desde Bogota y planteaban que el federalismo fomentaba rivalidades, regionalismos, egoísmos personales, favoreciendo intereses de gamonales regionales. Como se sabe, el federalismo exige el respeto y el reconocimiento a la autonomía territorial soberana, y se reserva atribuciones de carácter local y regional, dejando para el gobierno central atribuciones generales. Argumentaban los federalistas que no era posible un gobierno centralista en razón de las diferencias geográficas, falta de vías de comunicación, grandes distancias, y ponían como ejemplo el éxito federativo de Norteamérica.

El 12 de diciembre de 1814, Simón Bolívar sitió y dominó a los centralistas de Santa Fé, por lo cual Cundinamarca reconoció el Congreso de las Provincias Unidas.

Las guerras de independencia comandadas por una generación de militares formados en su mayoría en el fragor de los combates, lanzó a la palestra americana a su caudillo máximo: Simón Bolívar. Su pasión fue la organización de los Estados nacionales, realización de una verdadera revolución social y económica, la búsqueda de la justicia social, la abolición de la esclavitud, la protección de los indígenas, y culminó su sueño de lograr una unidad continental cuando en el Congreso de Angostura, el 17 de diciembre de l.819, nació la República de Colombia, conformada por la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, conocida como la Gran Colombia

Sin embargo, persistieron las ideas centralistas y federalistas al interior de la gran nación. La Constitución Boliviana de l826, que pregonaba las ideas de Bolívar, creó un enfrentamiento con la corriente civilista de Francisco de Paula Santander. Allí comenzaron las divergencias, y la Gran Colombia se dividió entre Civilistas y Militaristas. Los civilistas, partidarios de un Estado de Derecho, regido por la constitución y las leyes, opositores a un gobierno autocrático y militarista, preferían que se desintegrara la Gran Colombia antes de caer en la tiranía. Este grupo de Santander fue denominado "liberales o constitucionalistas".

El grupo boliviano, defensor de las ideas de Bolívar en la Convención de Ocaña se manifestó partidario de un gobierno autoritario y absoluto.

Ante los desacuerdos, se disolvió la Convención de Ocaña, y Bolívar asumió el poder con el título de Libertador Presidente. En 1828, y después de la conspiración septembrina, la tensión se intensificó, y las fuerzas separatistas venezolanas y quiteñas lograron la desintegración definitiva de las Gran Colombia en 1830[12]

Los partidos liberal y conservador de mediados del siglo XIX entraron en el juego del centralismo y federalismo .La Constitución del 53 admitió la posibilidad del federalismo, y los partidos se repartieron las provincias erigidas en Estados. Los conservadores eran dueños del poder general y los Estados de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, los radicales en el Magdalena y Santander, conservadores y liberales compartían Panamá, igual acontecía en el Cauca.

Mariano Ospina Rodríguez asume el poder en 1857. Disposiciones de su gobierno crearon gran inconformidad en diversos Estados, y se suscitó la guerra civil de 1859 a 1861, que culmina con el triunfo de los federalistas. El poder queda en manos de Tomás Cipriano de Mosquera.

El transcurrir de la vida republicana con todos sus avatares y dificultades, necesitaba de una consolidación y modernización de sus partidos que los enrumbara por el camino de las ideas políticas y no por el de los intereses de los gamonales de turno. El ideario político se fue alimentando de modelos políticos y económicos de Francia, Gran Bretaña, y Estados Unidos.

En 1848 Ezequiel Ramírez publicó el artículo "la razón de mi voto", en el que explicaba porqué votar por José Hilario López. Allí expuso lo que debía ser un gobierno liberal, y su propuesta se convirtió en el "ideario liberal", que concentra las ideas de los más connotados pensadores liberales: Ezequiel Rojas y Vicente Azuero.

En 1842, José Eusebio Caro escribió una carta a José Rafael Mosquera, que terminó por convertirse en los lineamientos centrales del partido conservador. Rafael Núñez fue el gestor del movimiento de la Regeneración, el cual determinó 50 años de la historia de Colombia, produjo la Constitución de 1886 cuyos principios perduraron hasta la Constitución de 1991.

La Regeneración desencadenó toda una serie de pasiones y luchas por parte de comerciantes, terratenientes e industriales. Las fuerzas políticas formaron en diversas trincheras: el partido liberal dirigido por los radicales, el partido nacional de Núñez y Caro, el conservatismo dirigido por Marceliano Vélez y Carlos Martínez Silva. La Regeneración fue también un movimiento contra el partido liberal. Núñez y Caro lograron amarrar al partido liberal con el régimen aprobado por la constitución de 1886 que organiza el territorio nacional bajo el principio de "centralización política y descentralización administrativa". Los liberales terminan por dividirse entre partidarios de una oposición pacífica y los de una oposición armada contra la Regeneración.

Núñez y Caro, y su movimiento de la Regeneración, tenían como propósito fundamental liquidar al partido liberal, y fortalecer el régimen conservador acabando con las libertades democráticas y fortaleciendo el régimen unipartidista. En 1892, el partido liberal se encuentra sumido en una profunda crisis, agravada por las divisiones internas. La convención de 1897, deja al partido aun más postrado, al ceder en su lucha de más de 40 años en cuestiones económicas, la libertad religiosa y la separación iglesia-Estado. El partido afronta una crisis ideológica, política, popular, y militar. El régimen conservador aviva las divisiones liberales, los desafía para la guerra, y así, debilitados los liberales son derrotados en la Guerra de los 1000 días, lo que trae como consecuencia el fin del partido liberal del siglo XIX. Los últimos años del siglo XIX, muestran un partido liberal en descomposición, y un partido conservador consolidado y dueño del poder.

El siglo XIX no es prolijo en realizaciones y progreso del país. Luchas intestinas, políticos corruptos y defensores de los intereses de terratenientes y poderosos, dejan el país ad portas del siglo XX atrasado, débil, indefenso, además de humillado por la pérdida de Panamá.

Finalizando el siglo XIX, entra en escena en la vida nacional, la modernización capitalista. Ello trae la industrialización, las masas obreras, centralización de la política, desplazamiento de valores tradicionales, enfrentamiento entre ideas tradicionales dominantes e ideas modernizadoras. Las fuerzas conservadoras de orden tradicional condenan las ideas de orientación liberal, y muchos aspectos y valores modernos. Los curas prohíben leer El Espectador, El Tiempo, e incluso revistas como Colombia, dirigida por un conservador pero con una tendencia modernizante.

Durante el siglo XX el régimen territorial imperante será el derivado de la Constitución de 1886, salvo algunas reformas de 1945, 1968 y 1986. Los departamentos se erigen y organizan fundamentalmente como circunscripciones electorales, sin criterios de unidades económicas, geográficas, culturales, sociales o históricas lo cual explica sus actuales dificultades para ser intermediarios entre la nación y los municipios y garantes efectivos del desarrollo humano regional.

Pese a lo anterior, es necesario señalar que los partidos políticos en Colombia, tanto los tradicionales como los recientes, tienen grandes semejanzas y coincidencias frete al tema de la necesidad de que el país avance en la consolidación de la descentralización administrativa, política y fiscal, y en la autonomía de las entidades territoriales. Tal vez podemos decir, que ha tenido mas peso la situación económica, política, cultural, geográfica, ambiental y social de las regiones, que la ideología partidista a la hora de la implementación de las formulas descentralistas.

El Partido Liberal

En los últimos 25 años el partido liberal colombiano ha liderado de manera importante el desarrollo de la descentralización. Desde el Congreso de la Republica, la Presidencia y los Ministerios, así como también desde las Alcaldías y Gobernaciones, el liberalismo ha hecho importantes contribuciones. Vasta señalar protagonistas de este proceso como son Jaime Castro, Cesar Gaviria, Luís Carlos Galán, Ernesto Samper. Más atrás en el tiempo encontramos a Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitan y Carlos Lleras Restrepo como lideres de la descentralización y del fortalecimiento de los gobiernos municipales y departamentales.

3.1. La plataforma ideológica liberal y la descentralización.

En su plataforma ideológica se pueden encontrar los siguientes aspectos relacionados con el fortalecimiento de la descentralización y la democracia local:

• El Partido Liberal Colombiano es el partido del pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales, económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado.

• El Partido Liberal Colombiano tiene su razón de ser en la promoción del ser humano y la defensa de los derechos fundamentales de las personas, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, al trabajo, a la educación, al desarrollo cultural, a la equidad, incluyendo la de género, a la solidaridad, a la libre asociación y a un desarrollo social sustentado fundamentalmente en la educación y la salud públicas.

• Para el Partido Liberal Colombiano, el Estado y la economía están al servicio de los seres humanos.

• El Partido Liberal Colombiano está comprometido con la defensa y promoción de las comunidades regionales y locales, la evolución de sus propias culturas en un ambiente de pluralidad étnica y un medio ambiente sano con Servicio públicos a costos razonables que satisfagan sus necesidades básicas, en especial, vivienda digna, así como condiciones democráticas que garanticen su desarrollo autónomo en armonía con el de la nación. El Partido Liberal Colombiano está convencido de que la autonomía regional y local favorece la democracia y garantizan la unidad y el desarrollo equilibrado del país.

• El Partido Liberal Colombiano apoya y promueve las organizaciones sindicales de la ciudad y del campo, las organizaciones de empresarios, al igual que las instituciones de economía solidaria.

• El Partido Liberal Colombiano defiende y promueve el uso racional y sostenible de la biodiversidad, la profundización en las investigaciones del genoma humano y el acceso de toda la población a los bienes tecnológicos, científicos y culturales.

• El medio ambiente será parte integral de la concepción que el Partido tenga del desarrollo económico.

• El Partido Liberal Colombiano se compromete a buscar la solución de los conflictos existentes en el seno de la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la deliberación, la concertación y la negociación política, entendiendo estos procesos como el desarrollo de una función de Estado que debe materializarse en formas económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación.

• El Partido Liberal Colombiano promoverá el liderazgo juvenil y la participación directa de los jóvenes en los procesos políticos que deciden los destinos del país, para contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y la renovación política.

• El Partido Liberal Colombiano abandera la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ningún atropello a ellos podrá hacerse en Colombia a nombre del Partido.

• El Partido Liberal Colombiano ha reconocido y reconoce el papel que juega la economía de mercado en el proceso económico y social. Este reconocimiento está en un todo de acuerdo con los postulados de la Internacional Socialista. El Estado impulsará y promoverá dicha economía de mercado garantizando siempre la igualdad de oportunidades para todas las personas. El Partido se compromete, así mismo, a promover la competencia entre las empresas, a combatir y regular los monopolios y las posiciones dominantes en los mercados, de manera especial, en el de los medios masivos de comunicación social. El Partido Liberal Colombiano defiende el principio fundamental tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, en contraste con las formulaciones neoliberales que promueve el capitalismo.

• El Partido Liberal Colombiano profundizará el proceso de democratización interna. Así mismo, promoverá programas de capacitación para fortalecer sus líderes y el establecimiento de canales de comunicación con la comunidad y con la militancia del Partido.

• La afiliación del Partido Liberal Colombiano a la Internacional Socialista lo vincula a las corrientes del pensamiento contemporáneo. El ingreso a dicha organización debe servir a los países latinoamericanos como vehículo necesario para que los gobiernos del mundo regidos por la socialdemocracia, ayuden a obtener los resultados concretos en la lucha por la igualdad entre los países. Tales resultados deben significar una mayor y más justa participación en el comercio internacional, el acceso a la ciencia, a la tecnología y al capital que permita un desarrollo económico a bajos costos.

• El principio de la función social de la propiedad ha sido y continuará siendo bandera del Partido Liberal Colombiano.

• Para el Partido Liberal Colombiano, la globalización no puede significar que los países desarrollados impongan a los países en desarrollo sus intereses comerciales, financieros y culturales. En este sentido, el Partido se compromete a trabajar con intensidad por una economía global debidamente regulada.

• El Partido Liberal Colombiano promoverá, en el marco de las relaciones internacionales, la integración regional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la prevalecía de la justicia social sobre los intereses particulares. Igualmente, promoverá el desarrollo integral de las zonas de frontera.

• El Partido Liberal Colombiano propenderá por una sociedad y una economía que estén en función del pleno empleo y por la realización de una seguridad social integral para todos los habitantes.

• El Partido Liberal Colombiano manifiesta con firmeza que Colombia sólo alcanzará su madurez democrática y la paz, cuando se recuperen los valores éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los dirigentes de los partidos políticos, de la empresa privada y de las organizaciones sociales. En consecuencia, declara una lucha frontal contra la corrupción.

• El Partido Liberal Colombiano es el partido del libre examen, de la tolerancia, y en sus deliberaciones internas practicará la crítica y la autocrítica

3.2. Las posiciones liberales en el Congreso de la Republica

En los últimos años, el partido liberal ha sido ambiguo frente al tema de la descentralización. Nos referiremos a algunas situaciones particulares que ratifican esta idea:

En primer lugar, sobre el tema de regalías y su reforma este partido expresó su aprobación al proyecto de acto legislativo que estaba en trámite en octubre, y que buscaba la distribución de esos recursos para todo el país.

"En mi condición de vocero del Partido, hemos decidido votar positivamente el acto legislativo de regalías, porque consideramos que es un esfuerzo importante para la distribución de esos recursos para todo el país, buscamos bienestar y equilibrio sano para que haya una inversión más óptima de los recursos de la Nación", senador Álvaro Ashton.

 "Lo que nosotros pedimos es que se haga justicia con las regiones productoras, que no las vayan a despojar de sus recursos. Santander, por ejemplo, está recibiendo 164 mil millones de pesos anuales y esperamos cerca de 212 mil millones para 2011. Hemos propuesto una fórmula para partir de ese piso. Si se hacen esos ajustes y modificaciones votaré positivamente, de lo contrario tendré que expresar la inconformidad. Creo que vamos a llegar a un buen punto de concertación, si las cosas se dan vamos a votar positivamente", senador Honorio Galvis.

 "Vamos hacer unas modificaciones de fondo que no están claras en el proyecto, que no pierdan las regiones su autonomía, que tengan más control. Estamos aburridos de que se roben la plata y vengan a defender las cosas porque son dizque de las regiones, lo que está en el subsuelo es de todos. Se que va haber modificaciones y sé que vamos aprobar el acto legislativo", senador Camilo Sánchez Ortega[13]

Entre otros aspectos, "esta reforma a los artículos 360 y 361 de nuestra Constitución  establece un Fondo de Ahorro y Estabilización en el exterior con el propósito de  ahorrar en tiempos de vacas gordas un porcentaje importante de esos recursos, para utilizarlos en las épocas de vacas flacas. Se destinará un 10% del total de regalías a financiar los Fondos de Pensiones Territoriales, igual porcentaje a los proyectos de ciencia y tecnología que presenten las entidades territoriales y no más del 30% al Fondo de Ahorro en el exterior que administrará el Banco de la República, pero cuyos titulares son los entes territoriales.

El resto de los recursos se destinará a un Fondo de Competitividad Regional, que a su vez tendrá un Fondo de Compensación Regional con el que se busca  priorizar la inversión social y en infraestructura en los departamentos más marginados y con mayores índices de pobreza del país, entre los cuales están los ubicados en las costas Caribe y Pacífica y los de fronteras, por lo cual el Norte de Santander se verá favorecido de manera clara en esta nueva distribución regional. En pocas palabras, se trata de que los millonarios recursos que se reciben por concepto de regalías no vayan únicamente a los departamentos productores y marginalmente a los no productores, sino que a través de estos fondos se destinen a todas las regiones, preservando eso sí una ventaja a los productores y además dejando claro que estos ingresos en su totalidad seguirán perteneciendo a las entidades descentralizadas y de ellos no se podrá apropiar la nación. Es decir, no habrá raponazos a departamentos y municipios como si se presentaron con la reforma a las transferencias. En el texto se han tomado todas las precauciones para evitarlo. Estos fondos que se crean y manejarán recursos importantes serán administrados por unos Comités en los que departamentos y municipios a través de sus gobernadores y alcaldes serán mayoría frente al gobierno central"[14].  

En segundo lugar, respecto al proyecto de acto legislativo de sostenibilidad fiscal, el partido liberal emitió un comunicado en 24 de noviembre de 2010 en el que señaló:

• 1. ". El Partido Liberal Colombiano comparte el espíritu del proyecto que busca que el país tenga un presupuesto equilibrado y unas finanzas públicas sanas, pero no coincide con la idea de cambiar la Constitución Nacional como mecanismo para lograrlo.

• 2. El Partido Liberal le ha insistido al Gobierno que este mismo propósito se puede alcanzar a través de la Ley de Regla Fiscal que se ha venido debatiendo y que el liberalismo apoya, sin necesidad de introducir un cambio estructural a la carta política como el que se contempla en la iniciativa…..

• 3. El liberalismo no puede acompañar al Gobierno en esta iniciativa, y así se lo ha hecho saber el Director de la colectividad al Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, porque atenta contra los derechos económicos y sociales de los colombianos, recorta los alcances de la Acción de Tutela, va en contravía del estado social de derecho consagrado por la Constitución de 1991 que el liberalismo defiende y debilita la rama judicial y legislativa del poder público.

  Es una controversia conceptual e ideológica de fondo que nos debe permitir con ánimo constructivo, llegar a una solución que garantice este propósito de sostenibilidad fiscal sin vulnerar los derechos alcanzados por nuestros ciudadanos ni modificar el estado social de derecho previsto en la Constitución del 91"[15].

Por su significado en el proceso de recentralización que ha vivido el país en los últimos años, es importante tener en cuenta las consideraciones del partido liberal en torno al proyecto de acto legislativo 169/06 cámara, 011/06 senado "por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la constitución política" reformatorio del sistema general de participaciones. El partido liberal, entonces, en ejercicio de la oposición al gobierno, expreso en la ponencia:

"El Congreso de la República en 1986 y la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 avanzaron en un marco institucional proclive a la autonomía territorial, permitiendo que las regiones participen equitativa y democráticamente de la riqueza nacional a través de un sistema de transferencias ligado a los Ingresos Corrientes de la Nación. El gobierno esta proponiendo, ni más ni menos que romper este principio de participación democrática y equitativa de las regiones en la riqueza nacional, bajo un argumento de defensa fiscal de la Nación. En realidad esta discusión plantea una disyuntiva de concepción de modelo de Estado, el gobierno en defensa del centralismo político y en consecuencia económico; y el liberalismo en defensa de la descentralización y la equidad en la búsqueda de un desarrollo regional equilibrado. La descentralización territorial en Colombia, constituyó una decisión política con la cual se pretende generar las condiciones para la construcción de una democracia participativa en todo el territorio nacional. Se equivocan quienes consideran que la descentralización es un mecanismo para hacer más eficiente el gasto.

La eficiencia del gasto territorial solo se logra, después de consolidado un proceso democrático y no antes; por esto no pueden ser de recibo los intentos de recentralización del gasto con argumentos de eficiencia. Tampoco lo son aquellos que pretenden justificar esa centralización del gasto argumentando la corrupción en las entidades territoriales, basados en un incremento de la percepción de la corrupción generada precisamente por la posibilidad de control directo de las autoridades, que genera la descentralización. Por lo anterior, es necesario que el Congreso de la República y la sociedad en general tomen una serie de decisiones y medidas encaminadas a profundizar el proceso de descentralización y que no pueden ser tratadas aisladamente, porque hacen parte del mismo propósito, construir una democracia participativa desde el territorio, que es en donde la participación es real y efectiva. Consideramos necesario desvirtuar los efectos negativos planteados por el Gobierno Nacional, en caso de no modificar el Acto Legislativo No. 1 de 2001, o como se propone, conservar la formula de vínculo entre los ingresos corrientes y las participaciones territoriales.

Inestabilidad en el monto de recursos a girar porque depende del ciclo económico. Si bien es cierto que con el vínculo entre SGP e ICN, la participación dependería del ciclo económico, ello no se debe considerar un efecto negativo en sí mismo, sino una consecuencia lógica, cuando los ingresos crecen la participación debe crecer y cuando los ingresos caen, la participación debe caer. Asegurar una fórmula diferente haría un proceso de descentralización inequitativo, en donde solo la Nación debía asumir los costos de las recesiones. Por otra parte, el Gobierno Nacional refuerza el argumento de la estabilidad afirmando lo crítico que fue el proceso en 1999, cuando la recesión llegó a su máximo nivel. Es importante anotar que esa circunstancia solo se presentó en un año durante un periodo de más de 10 años de la formula Constitucional y solamente representó, en promedio, una caída del 10% de las participaciones, lo cual es perfectamente manejable con una adecuada planeación financiera y presupuestal. Afirma adicionalmente el Ministro de Hacienda, que el régimen transitorio del Acto Legislativo No. 1 de 2001, le ha dado a las entidades territoriales seguridad y estabilidad en los recursos, lo cual no es cierto, dado que nunca durante la vigencia de la Constitución de 1991, fueron sometidos a un reparto a cuenta gotas1 de los recursos impidiendo una adecuada programación presupuestal al no saber cuantos son los recursos que le corresponden.

Limita el cumplimiento de las coberturas puesto que la posible variabilidad de los ingresos no permitiría cubrir completamente el gasto recurrente. Ni las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni las de los analistas económicos hacen prever que el nivel de ingresos del Gobierno Nacional, caerá a niveles tales que pueda reducir las participaciones, afectando de forma considerable la continuidad de las coberturas de los servicios públicos y sociales esenciales que son de competencia de las entidades territoriales. Por otra parte, si como se plantea en este documento, se evalúan y reforman la totalidad de fuentes de financiación territorial, se podrán prever los mecanismos que garanticen la continuidad y la ampliación de coberturas en búsqueda de coberturas universales, máxime si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional según las primeras informaciones del DANE, censo 2005 ha estado disminuyendo. Además, si el Gobierno Nacional plantea conseguir coberturas universales, disminuyendo el crecimiento de las participaciones, qué impide que con su crecimiento, se consigan los mismos objetivos, pero ejecutando el gasto en el nivel al que le corresponde, es decir, el territorial.

Asimetría del ingreso y el gasto que genera desequilibrio fiscal que incide en un manejo fiscal sostenible y por lo tanto la estabilidad macroeconómica de la Nación. Esto afecta la dinámica de crecimiento de los ingresos tributarios, generando menores participaciones. No existe evidencia, de que el desequilibrio fiscal sea generado por las participaciones territoriales, máxime cuando el Gobierno Nacional Central proyecta gastos en funciones territoriales en proporción igual o superior al recorte del crecimiento de las participaciones.

Elevación de las tasas de interés, debido a las mayores presiones fiscales, reduciendo la inversión y la afluencia de flujos de capital externo, lo cual se traduciría en desaceleración de la tasa de crecimiento económico y en un mayor nivel de endeudamiento. Podría ocurrir, pero el problema no es éste, sino el tamaño de la deuda. Estas opciones solo se presentarían en caso de recesión, pero de forma más grave si se desligan las participaciones de los ingresos, dado que el Gobierno Nacional tendría que recurrir a un mayor endeudamiento para mantener el valor constante de las participaciones.

Aumento en los riesgos de elevar los niveles de pobreza y los índices de desigualdad, por efecto de los ciclos de recesión económica. Los ciclos de recesión económica ameritan tomar medidas excepcionales, lo que no se justifica es tomar medidas permanentes de carácter Constitucional para una etapa del ciclo económico, que no es de carácter permanente. Por último, es necesario llamar la atención del Gobierno Nacional en relación con las declaraciones que sobre el tema del Acto Legislativo No. 169/06 Cámara, 011/06 Senado viene presentado a los medios de comunicación, con lo cual podría generar algún nivel de pánico económico, cuando lo que se está planteando es que el gasto que pretende hacer desde el nivel nacional lo realice a través de las entidades territoriales que son las titulares de las competencias en materia de servicios públicos y sociales básicos.