La vigente Constitución consagra un sistema de economía mixta que, entre otras manifestaciones, se basa en una planificación concertada, participativa y democrática de las actividades económicas, para compatibilizar la libre iniciativa con la regulación de dichas actividades y la intervención del Estado en los sectores de carácter estratégico; para promover el desarrollo armónico de la economía nacional, como cometido conjunto del Estado y de la iniciativa privada; y de un modo tal que garantice, además de la solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, la seguridad jurídica. Esta seguridad implica, por parte del Estado, el respeto a los derechos fundamentales, el cumplimiento del debido proceso y del pago oportuno de las justas indemnizaciones en los casos de sacrificios de los derechos particulares, la correcta interpretación de las normas vigentes, la independencia del Poder Judicial y el respeto de los contratos y de los tratados de inversiones suscritos por la República.
Por la frecuencia de determinadas acciones gubernamentales, se consideran que existe un desconocimiento del sistema económico constitucional. En efecto, la libre iniciativa es una excepción y no un principio en la planificación económica gubernamental. La prescindencia del debido proceso en los casos de intervención anticipada de actividades económicas privadas, con el apoyo de fuerzas militares, deja de lado las garantías expropiatorias del derecho de propiedad del debido proceso y de la justa y previa indemnización. La estatización de actividades propias de la libre iniciativa y de la libre competencia y la planificación dirigista, contradice el carácter mixto del sistema económico constitucional. La constante terminación anticipada de contratos celebrados por el Estado y la intervención estatal en contratos entre particulares, el empleo discrecional de la sanción administrativa de ocupación de bienes privados, y el exorbitante arbitrio de la Administración para calificar la utilidad pública, los servicios públicos esenciales y las faltas contra la seguridad alimentaria, fomentan una gran inseguridad jurídica que impide, ciertamente, lograr los objetivos de un desarrollo armónico de la economía nacional.
Inseguridad esta que se agrava por el desconocimiento de la validez de los títulos de propiedad reconocidos por el mismo Estado a través de las autoridades notariales y registrales y afianzadas por la historia del ordenamiento jurídico colonial y del republicano y del valor del trabajo como factor de legitimación de la propiedad de la tierra mediante una prolongada posesión productiva. A lo cual se agrega la ineficacia del poder judicial para proteger los derechos constitucionales de la propiedad, al acceso a la propiedad, a la protección de los bienes y de la integridad de las personas.
En ese orden de ideas, preocupa sobremanera un conjunto de acciones y decisiones gubernamentales que tendrán hondas repercusiones, agravando así el panorama económico del país. Una de ellas es el acoso sistemático a múltiples unidades productivas privadas, que se manifiesta a través de la imposición de controles de precios desproporcionados que no toman en consideración la evolución de los costos de producción, condenando a múltiples productores y distribuidores a trabajar a pérdida. Otra, es la aplicación de controles y permisos gubernamentales que obligan a las empresas a producir y distribuir determinados tipos de productos y en cantidades establecidas arbitrariamente por funcionarios gubernamentales.
También hay que mencionar la intervención y confiscación de fundos productivos bajo el pretexto de que las tierras no se están dedicando a la producción de rubros que, a juicio de las autoridades, son los que allí se deben cultivar, y la expropiación de fincas bajo el falaz argumento de que las mismas son propiedad de la Nación, a pesar de que se presenten pruebas inequívocas de su legítima propiedad. Estas acciones, además de violar derechos fundamentales, generan desabastecimiento e inflación, limitan la capacidad de acción de las unidades de producción y destruyen el aparato productivo tradicional, el cual se está pretendiendo substituir por otro que ha probado ser inoperante y que ha fracasado en otras economías donde se ha intentado instaurar.
No se justifica la estatización de múltiples empresas que estaban desarrollando sus actividades productivas de manera eficiente, utilizándose argumentos o razones irrelevantes y en algunos casos falaces, generándole esto costosos compromisos al Estado por concepto de indemnizaciones, y complejas responsabilidades operativas y gerenciales, dándose el caso de abruptas caídas de productividad y eficiencia en el manejo de algunas empresas estatizadas. Merece especial mención la confiscación y toma de control de múltiples empresas, nacionales y extranjeras, que prestaban sus servicios a PDVSA en condición de contratistas y a quienes se les adeudaba grandes cantidades de dinero. Esto, además de generar inconvenientes de carácter judicial por las múltiples acciones legales que emprenderán las empresas afectadas, traerá severas consecuencias a la industria petrolera nacional, ya que le será muy difícil a PDVSA operar eficientemente todas las unidades productivas y de servicios que ahora absorbe. Eso implicará menor eficiencia, obsolescencia tecnológica, interrupciones operativas y otros inconvenientes que se reflejarán negativamente en las operaciones de nuestra principal industria, pudiendo darse situaciones graves, como reducción de la capacidad de producción, afectación de yacimientos y otras calamidades.
No puede aceptarse el flagrante desacato al mandato popular expresado en el referéndum del 2 de diciembre de 2007, al insistirse en la implantación de una serie de acciones contempladas en la rechazada reforma constitucional a través de la aprobación por la Asamblea Nacional del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, que no es más que el plan de instrumentación de la reforma constitucional rechazada, de la imposición de 26 decretos ley en el marco de la Ley Habilitante cuyo período de vigencia culminó el 31 de julio de 2008, y la aprobación ulterior de varias leyes que violan abiertamente la Constitución vigente.
Especial mención merece la Ley de Propiedad Social que actualmente se discute. En las primeras versiones del anteproyecto se establecía, al igual que en la rechazada propuesta de reforma constitucional, que la propiedad privada sólo se reconocerá sobre bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos. Dado que los bienes de uso y consumo son aquellos que se utilizan o consumen para satisfacer las necesidades de los individuos, no pueden incluirse en esa categoría los bienes inmuebles distintos a la vivienda principal, tales como terrenos, viviendas para alquilar (incluyendo las más humildes, ubicadas en los barrios pobres de las ciudades(, o bienes muebles para ser explotados por terceros, tales como taxis, kioscos y otros. Esa limitación a la propiedad privada introduce fundados temores acerca de la eventual intención de expropiar bienes no catalogados como de uso y consumo que son propiedad no sólo de empresas o de personas naturales con abundantes posibilidades económicas, sino también de individuos de escasos recursos quienes podrían perder igualmente sus exiguas pertenencias. Con respecto a los "medios de producción legítimamente adquiridos" hay que decir que se podría condicionar la referida legitimidad a que los medios de producción fueran utilizados para la consecución del modelo económico socialista, quedando en manos del Estado la potestad de decidir si los mismos pasan o no a ser propiedad social.
Igualmente, en las primeras versiones del anteproyecto de esa ley, se establecía que el Ejecutivo Nacional podría decretar la adquisición forzosa de bienes y declararlos de propiedad social si considerara que su uso no está en línea con el modelo socio productivo, teniendo la potestad de declarar de propiedad social los bienes de origen público o privado que determinara necesarios para el desarrollo de la economía socialista. Basándose en esa norma, el Ejecutivo podría decidir que la tierra no puede ser objeto de propiedad privada sino de propiedad social (como de hecho lo mencionó recientemente el Presidente de la República(, y que, en consecuencia, cualquier edificación construida sobre un terreno ubicado en el territorio nacional es también de propiedad social. A nuestro juicio esas normativas violarían flagrantemente la garantía de derecho de propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución vigente.
Si bien es cierto que en versiones más recientes del anteproyecto de la Ley de Propiedad Social no se hace mención a la limitación del reconocimiento de propiedad privada a bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos, ni a la potestad del Ejecutivo Nacional de decretar la adquisición forzosa de bienes declarados de propiedad social cuando éste considere que esos bienes son necesarios para el desarrollo de la economía socialista, no deja de preocupar la inequívoca intención que subyace en ese proyecto de ley, que no es otro que la imposición forzosa de un esquema de economía socialista que viola lo establecido en la Constitución vigente y que fue inequívocamente rechazado por la mayoría de los venezolanos en el referéndum del 2 de diciembre de 2007.
Considero que no es correcta la forma como se está conduciendo al país a través de la aplicación de políticas públicas que violan la Carta Magna, y que en muchos casos están reñidas con principios democráticos fundamentales, ya que su implementación acarreará consecuencias muy adversas. Se está minando el aparato productivo nacional con sus consecuentes efectos negativos sobre la fuerza laboral y sobre la población en su conjunto, se está poniendo en riesgo la operatividad de nuestra principal industria y se están violando derechos fundamentales de los ciudadanos, pudiéndose mencionar múltiples ejemplos que lo demuestran, tales como el desacato al mandato popular expresado en las urnas cuando éste es contrario a los intereses del gobierno, y las limitaciones a la libertad de expresión y al derecho a acceder a información veraz y oportuna a través del acoso permanente a medios de comunicación social independientes.
NECESIDAD DE UN NUEVO RUMBO
Se hace imperativo un cambio de rumbo en la conducción del país. Creo firmemente que el camino a seguir es la implementación de un plan de desarrollo nacional integral y sustentable que busque como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la superación del ser humano, para así asegurarle una vida mejor a la presente y a las futuras generaciones. Ese proceso de desarrollo, que trasciende a lo puramente económico, y que debe incluir lo social, lo político, lo ambiental, lo cultural y lo tecnológico, tiene que fundamentarse en un acuerdo social, a través del cual se le dé un fundamento sólido de permanencia y sustentabilidad, conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional, dentro del marco constitucional del sistema económico armónico, que postula como principio de orientación la convergencia del esfuerzo privado y del poder del Estado, y de la garantía de la seguridad jurídica, que depende primordialmente del respeto a la supremacía de la Constitución y de la Ley y de la preeminencia de los derechos humanos.
En la consecución de ese acuerdo social no sólo se tiene que contar con la participación de los diversos sectores de la vida nacional, sino que es fundamental la intervención activa y decidida del Estado, porque sobre él recae la responsabilidad de implementar las reformas para el logro de la inclusión social; de establecer reglas de juego claras, creíbles y permanentes y asegurar su cumplimiento; de aplicar las reformas necesarias para crear un Estado democrático sólido con poderes públicos funcionales e independientes que garanticen la libertad y los derechos de los ciudadanos en el sentido más amplio; de asegurar la defensa de la nación y la seguridad ciudadana; de implementar las políticas públicas que permitan, conjuntamente con la participación del resto de la sociedad, el acceso universal a la educación y a la salud; de promover los valores y principios éticos que busquen la superación del ser humano a través del esfuerzo y la autoestima; de implementar los planes de inversión para satisfacer las necesidades de vivienda y para el desarrollo de la infraestructura física y de su mantenimiento; y, finalmente, de fomentar la inversión reproductiva para la creación de un sector productivo diverso, eficiente, competitivo y generador de múltiples y crecientes fuentes de empleo permanente y bien remunerado. Esto, además de ser condición fundamental para el abatimiento de la pobreza, es el camino para el logro de una economía diversificada, no dependiente de una actividad única y volátil, como es la petrolera, en la que se logre el control de la inflación y la consecución de altas y sostenidas tasas de crecimiento.
Es mi aspiración personal que las reflexiones aquí presentadas sirvan para la creación de conciencia de los graves momentos que se viven en Venezuela, y para llevar al convencimiento de quienes hoy tienen las responsabilidades de gobierno de las necesidades de corregir el rumbo de las políticas públicas, para así mitigar las consecuencias de la crisis global, e implantar un nuevo plan de desarrollo nacional que enrumbe al país hacia un futuro mejor.
CONCLUSIONES
Recientemente tres prestigiosos académicos venezolanos se dieron cita en la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), formó parte de la junta del Banco Central de Venezuela y dirige hoy el Centro de Desarrollo Internacional de la Escuela John F. Kennedy, Carlos Blanco, ex ministro de Planeación, autor y profesor de la Universidad de Boston. Y Leonardo Vivas, que dictó un curso titulado 'Chávez', en la Universidad de Tufts de esa ciudad y quien pronto publicará una biografía del Presidente, coincidieron en catalogar el gobierno de HCH como la dictadura perfecta.
Consideran que HCH tiene una agenda totalitaria que lleva a cabo según la resistencia que enfrenta. Pero como la renta petrolera ha caído, se están repartiendo activos en vez de ingresos. Por eso las expropiaciones de grandes haciendas de familias emblemáticas y a las empresas de servicios petroleros. Pero con esto ha vuelto inimaginable la idea de invitar a las petroleras a explotar los yacimientos de gas. La aceleración de su agenda revolucionaria está haciendo inviables algunos fundamentos de su supuesta estrategia económica.
En su avance hacia el totalitarismo. Se ha tomado las Cortes, ha anulado los partidos y controla los medios y el tiempo que emiten las cadenas. Utilizó la democracia para llegar al poder y usa la autocracia para mantenerse. Chávez es un militar vociferante que dirige un gobierno autoritario, militarista y con rasgos fascistas. Y el petróleo, bendición y maldición de Venezuela, le ha permitido aplicar un populismo de izquierda.
Dentro del contexto de la crisis económica en Venezuela no se espera nada bueno. Es un proceso de implosión, de fallas sistémicas. Cuando en febrero el precio del petróleo llegó a su punto más bajo, el gasto público estuvo volando. Las elecciones fueron justamente el 15, y el gobierno acabó con sus recursos. El año pasado, cuando el precio del barril rondaba los 86 dólares, hubo déficit fiscal. La diferencia con los 56 ó 60 dólares de hoy es, en términos anuales, 21.000 millones de dólares de incremento del déficit. Eso es más grave, pues se le ha cerrado el financiamiento internacional, si se considera el cambio del dólar y que los costos de producción petrolera aumentan un 30 por ciento anual. Además, en lo que va de año el país sigue viviendo de vender activos. Lo anterior permite concluir que el Estado es insostenible. Este año, el crecimiento económico será negativo, y el año que viene la situación será aun más difícil. Por si fuera poco, el sector del aluminio está quebrado, al igual que el del acero. No se consigue cemento. El crimen está disparado. La Policía roba. Venezuela es un coche que viaja a 150 kilómetros por hora contra una pared.La crisis económica y la situación internacional han llevado a HCH a reforzar su control social. Como la política de Barack Obama no cae en provocaciones, Chávez no puede usar a Washington para unir a los venezolanos. Para atornillarse gasta dinero y actúa selectivamente contra la oposición. Ahí está el caso de la Alcaldía de Caracas. En la que el tirano creó una vicepresidencia con funciones sobre la ciudad y envió gente para que tomara las oficinas. El alcalde no puede ejercer. Lo mismo hizo con la gobernación del Táchira uno de los estados o provincias fronteriza con la hermana República de Colombia. Por otro lado, sus amenazas de acabar Globovisión (único canal crítico de su gobierno) son preocupantes. No hay más canales de televisión críticos. Como si fuera poco, HCH quiere apropiarse de la cultura. Se ha tomado el Ateneo de Caracas, manejado durante años por la familia de Miguel Otero Silva (Presidente del Diario El Nacional), y últimamente a buscado salir retratado con personajes como Placido Domingo para tratar de vincularse al mundo de la cultura por la vía de la asociación.
Recientemente El Parlamento Europeo dictó una resolución crítica contra HCH. Pero Hasta ahora, el ambiente externo lo ha hecho ver como un vengador de los pobres. ha representado el antineoliberalismo en América Latina y así lo ha considerado la izquierda mundial. Dos elementos lo han legitimidado. Uno, Fidel Castro, que lo llamó su heredero. El otro, George W. Bush, pues los que lo odiaban veían a Chávez con simpatía. Pero todo cambia. En Cuba, Chávez ya no tiene a Fidel, sino a Raúl, y en Washington no tiene a Bush, sino a Obama. En cuanto a las relaciones con la vecina Colombia se pudiera decir que las relaciones de Chávez con Álvaro Uribe, han sido tensas… es como un matrimonio mal avenido. HCH preferiría que a Colombia lo gobernaran las Farc. Pero para Venezuela sería costoso romper los nexos. Venezuela tendría problemas de desabastecimiento, y más en la frontera. No es casual que en Táchira y Zulia (Estados Fronterizos) haya ganado la oposición. Venezuela importa bienes colombianos por 5.000 millones de dólares al año.Colombia es el obstáculo de su proyecto continental. Mucha gente lo ha interpretado como un accidente. Pero es un proyecto de larga maduración en el ejército. Su cercanía con las Farc se debe no sólo a que son enemigas de la institucionalidad colombiana, sino a que son un movimiento bolivariano. Cuando Chávez estaba mejor posicionado en el continente, apostó fuerte por las Farc y perdió. Ahora Introducir un bisturí para diseccionar a Colombia y Venezuela es como separar unos siameses. Pero HCH, con la visión antiimperialista que proclama, ha afirmado que Estados Unidos podría invadir Venezuela y por eso ha estado preparándose para una confrontación militar con Colombia, aliada de Washington. Lo cual es una fantasía. Por desgracia Chávez aun es popular y el 53 % que lo apoya acaba de darle en las urnas la posibilidad de ser reelegido eternamente, lo consiguió porque controla la sociedad. Venezolana a su antojo, Maneja el Parlamento y los tribunales. Si necesita una ley, la hace dictar. Si quiere una sentencia, la hace expedir. Es la dictadura perfecta de un monarca republicano.
Para finalizar concluiré diciendo que Si nunca vuelven las oportunidades Perdidas, no tendrá Venezuela lágrimas para verter por las que perdió en estos años en los que HCH despilfarró la mayor bonanza petrolera de su historia, y acaso la última para esta generación.
Nunca ha sido tan pobre nuestra nación como ahora, cuando debió ser más rica. Cuando pudo convertirse en una potencia en los biocombustibles, para abrirle alternativas a una riqueza petrolera, inmensa pero que fatalmente se agotará; cuando pudo crear un polo de desarrollo industrial gigantesco, para penetrar en su provecho el cercano mercado de los Estados Unidos; cuando pudo ser el centro del desarrollo energético, tecnológico y ambiental de América Latina; cuando pudo situarse a la cabeza del enriquecimiento humano de este continente, Venezuela ha malgastado cuanto le dio la Providencia en todas las torpezas, los excesos y las corruptelas de este dictador de opereta.
Los viejos dictadores, con todas sus equivocaciones y violencias, eran cuando menos eficaces. Como para aplacar su conciencia y justificar su triste paso por la vida de los pueblos, dejaban puentes y caminos y puertos y canales. Pues ni eso le quedará a Venezuela cuando haga el balance de estos tiempos calamitosos.
Chávez es un personaje extraño. Nació dotado de una mecánica verbal apenas comparable con la de Fidel Castro, con una cierta habilidad para mimetizarse entre el follaje de los resentimientos y los odios colectivos, de modo que parezca, a primera vista, el reparador de antiguas injusticias. Tiene la excelente memoria de los resentidos y el histrionismo de unos cuantos de los payasos que extrañas circunstancias hicieron poderosos. Talento medianísimo, ilustración inferior, inexistentes los frenos morales, ambición que lo desborda, carece también de cualquier rigor para la autocrítica. En suma, que es un sujeto de alta peligrosidad.
Cualquiera podría suponer lo que ocurriera el día que vinieran a disposición de una persona así cuarenta mil millones de dólares por año. Giovanni Papini dedicó una de sus obras inmortales -El Libro de Gog- a una hipótesis semejante. Pero las extravagancias fabulosas de este rico sin fronteras, terminaban por ser inofensivas. Chávez es como Gog, pero en perverso y en torpe. El otro era ingenioso y en el fondo bonachón.
La peligrosidad de Chávez no es hipotética. Ecuador la está pagando, pues que con el dinero del petróleo venezolano se instauró allá otra dictadura de pésimo pronóstico, la de Correa, cuyos costos a nadie escapan; está acabando con Bolivia, apoyando a Evo Morales, cuyo menor defecto es el de cocalero actuante y confeso; a Nicaragua le instaló por segunda vez un matón corrompido; demoró la transición en Cuba, mediante la transfusión de cinco mil millones de dólares por año, que los venezolanos pagamos, adoloridos y pacientes; le ha tendido la mano a los 'pingüinos' argentinos, con la friolera de más de diez mil millones de dólares en bonos que el mercado mundial aborrece; y Perú y México tienen la amarga experiencia de haberse sentido al borde de sendos abismos chavistas.
Pero ahora, más desesperado que nunca, vuelve a poner sus ojos en Colombia. Porque su situación interna es catastrófica. Cuando no hay comida en los mercados, cuando ya la oposición se sabe mayoría y el pueblo está dispuesto a batirse por Globovisión, sólo le queda un conflicto internacional. Que no será con los Estados Unidos, pero que sí puede ser con Colombia.
A un sujeto como Chávez no le queda lejos nada. Hitler, al que se parece tanto, invadió Polonia y después se metió en Rusia. Chávez no tiene con qué invadir Colombia, pero se muere de ganas de ensayar sus aviones rusos y de precipitar la más infame e irracional de las guerras. Este Chávez, no es un valiente. Lo demostró cierto 4 de febrero. Pero sí es un loco, como lo demuestra todos los días. Y un loco megalómano, con dinero en la chequera y juguetes letales, demasiado para lo que nos merecemos, nosotros y nuestros querido hermanos latinoamericanos.
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Ramírez Cruz, Z.D (2008) Empresas transnacionales e integración en América Latina y el Caribe: la Grannacional, una alternativa necesaria y viable,
Steinberg Federico La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php
http://www.talcualdigital.com/index.html
Autor:
Lic. Régulo Segundo Ramírez Yendys
Curso 2008 – 2009
Máster en Globalización, Comercio Internacional
Y Mercados Emergentes
Centro de Estudios Internacionales (CEI)
Universitat de Barcelona
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