El Congreso Nacional comenzó anoche a aprobar el proyecto de ley urgente sobre los servidores públicos durante una sesión salpicada de gritos, insultos y agresiones físicas que enfrentó a los diputados del Gobierno, socialcristianos, roldosistas, Pachakutik y emepedistas.El trámite de la ley se dio en dos etapas: la primera se inició a las 10h25, cuando el grupo de centroizquierda y los roldosistas perdieron con la diferencia de 4 votos la posibilidad de negar el proyecto; la segunda, en la sesión que se instaló pasadas las 17h00, en la cual el PSC, la Sociedad Patriótica, Prian, los independientes, la DP y el CFP lograron 51 votos, lo cual viabilizó el trámite de la ley. El proyecto que se discute pretende unificar y homologar los salarios de los servidores públicos, regular las indemnizaciones, mejorar el control del nepotismo y crear un organismo que administre los recursos humanos y se encargue de la fijación de los salarios.La sesión se tornó violenta a las 20h36, cuando se ordenó la votación de la moción del diputado socialcristiano Pascual del Cioppo, respecto a que apruebe en plancha los 101 artículos no impugnados y la nueva mayoría del Gobierno logró reunir los 51 votos que necesitaba. José Columbo, diputado de Pachakutik, votó con la mayoría.Al observar que el diputado Columbo se salía de la línea del movimiento, el jefe de bloque de esa agrupación, Jorge Guamán, se dirigió a su curul y a la fuerza pretendía bajar su brazo; en ese instante, los diputados de Gobierno, Gilmar Gutiérrez y Renán Borbúa, rodeados del personal de seguridad, escudaron a su aliado.Más adelante la legisladora del PSC, Rocío Jaramillo, se sentó junto a Columbo para vigilar su voto, que se constituyó en determinante para definir la mayoría.Los roldosistas, socialdemócratas y emepedistas gritaban en la sala: "Vendidos, miserables, golpistas", lo cual fastidió a los socialcristianos y se abrió una nueva riña entre los diputados Alfonso Harb y Simón Bustamante (PSC) y Omar Quintana (PRE).Durante la convulsión, el socialcristiano Pascual del Cioppo señalaba a los periodistas: "Esto es divertido, ustedes deben estar divirtiéndose". El legislador se atribuyó el triunfo de la negociación.En la sala se dobló la seguridad legislativa. Calmados los ánimos, el diputado Guamán anunció la expulsión del legislador José Columbo de las filas de su movimiento y los roldosistas hicieron circular una lista en la cual constaba el nombre del hijo del legislador, Cristian Columbo, como jefe de la unidad de relaciones institucionales de Petroecuador.Luego, la mayoría legislativa aprobó 5 artículos de los 57 impugnados, y negó uno que se refiere a los requisitos para el ingreso al servicio civil.Los diputados se declararon en sesión permanente por moción de los socialcristianos, quienes pretendían concluir con la aprobación del documento, y así evitar enfrentamientos con los servidores públicos que anunciaron movilizaciones para hoy hacia el Congreso.La sesión terminó a las 23h05.
Viernes 26 de septiembre del 2003Política
El Congreso aprobó la ley de los servidores públicos
Vicente Ordóñez, Redactor | QUITO
Ver más
QUITO.– Decenas de servidores públicos protagonizaron ayer enfrentamientos con miembros de la Policía, en el exterior del Congreso Nacional, en protesta a la Ley de Servicio Civil y Unificación Salarial.
Los diputados aprobaron un tope de hasta 30 mil dólares en las indemnizaciones del sector público.
Con el apoyo de los socialcristianos, prianistas, demócrata populares, independientes, cefepistas y un diputado disidente del movimiento Pachakutik, el Gobierno logró ayer que el Congreso apruebe la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación Salarial.
Los legisladores se tomaron 22 horas y 30 minutos, distribuidas en dos días de debates, para darle trámite a dicho cuerpo legal, que regula las actividades del sector público, unifica sus salarios y controla el nepotismo.La aprobación definitiva fue precedida por un escenario de violencia, matizado por insultos y agresiones entre diputados. Afuera del Parlamento, enfrentamientos entre servidores públicos y la policía obligaron al régimen a reforzar la seguridad.
La noche del miércoles, el Gobierno y los socialcristianos impusieron su criterio y fraccionaron al bloque de Pachakutik para ganar el voto del diputado José Columbo.La turba de manifestantes que se concentró en el Congreso agredió al legislador Héctor Bárcenas (DP-AN) y los vehículos de los diputados Pascual del Cioppo (PSC) y Kenneth Carrera (Prian) fueron apedreados y apaleados.En la sesión de ayer, los enfrentamientos se registraron hacia las 11h15, cuando Wilson Sánchez (Prian) y Mario Touma (PRE) se insultaron al tratar de explicar la posición de sus partidos frente a la ley.Después se enfrentaron Xavier Sandoval (PSC) y Carlos González (ID), y luego lo hicieron el independiente Vicente Olmedo y Ernesto Pazmiño (ID). Los ánimos se calmaron y prosiguió la discusión. Columbo fue nuevamente determinante para reunir los 51 votos que necesitaba cada artículo.De cerca, ese voto era vigilado por el jefe de bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, y el socialcristiano Pascual del Cioppo; mientras el jefe de bloque de Pachakutik, Jorge Guamán, ratificó la expulsión del legislador Columbo dijo que trataban de denigrar su honra al señalar que vendió su voto a la mayoría del Gobierno.El diputado Andrés Páez (ID) se excusó de presidir la Comisión de lo Laboral y Social y encargó al vicepresidente, Carlos Torres (PSC).El apuro del PSC y el Gobierno, quienes llevaron el control de la sesión, impidió que la sala realizara un receso al mediodía para homenajear a personas de la tercera edad con el
Premio Valdivia y se improvisó la ceremonia en el hall del Parlamento, hecho que recibió el rechazo de la centroizquierda.Marco Proaño Maya (PRE) dijo: "es una vergüenza que el Congreso, a la intemperie y con gases lacrimógenos, rinda homenaje a la tercera edad".Hasta las 17h00, el Parlamento logró acuerdos sobre la unificación de los salarios (exceptuando a los militares, policías, maestros, funcionarios legislativos y judiciales).En adelante, la sesión se estancó cuando comenzaron a tramitarse los puntos polémicos como el monto de las indemnizaciones e incluso se dijo que el PSC abandonaría la sala si no había consenso.La DP pretendió excluir de las indemnizaciones a los trabajadores amparados en los contratos colectivos, pero el PSC insistió en la votación y logró el voto del diputado Marcelo de Mora.Al final de la sesión, Wilfrido Lucero (ID) denunció que al disponer la derogatoria de los artículos 124 y 126 de la Ley de Aduanas, se levanta la prohibición de que los ex miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera se reincorporen a la entidad.Esa observación provocó un nuevo enfrascamiento y la sala resolvió solicitar al Presidente de la República que vete esta parte de la ley urgente.No pudieron salvar la ley, porque el artículo fue reconsiderado y para poder volver a tramitarlo tenían que contar con el voto unánime de los presentes en la sala. La sesión concluyó con esta recomendación. Eran las 22h40.
Lunes 29 de septiembre del 2003Política
Ley salarial no cubrirá a todos, según analistas
Xavier Reyes, Redactor | QUITO
Ver más
QUITO.– Los servidores públicos expresaron su desacuerdo, fuera del Congreso el jueves pasado, con la aprobación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Según el presupuesto del Estado, hay 286.378 servidores públicos en el gobierno central.Alrededor del 80% de los servidores públicos estarán excluidos de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, también denominada "reforma laboral", según los términos utilizados en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).El presupuesto general del Estado, publicado en el Registro Oficial del 10 de abril pasado, contempla un total de 286.378 servidores públicos en el gobierno central, ubicados en 19 sectores.Pero el texto –aprobado por el Congreso el jueves pasado y que plantea la unificación y homologación salarial– no regirá para cinco sectores del gobierno central: Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía, Educación y las funciones Judicial y Legislativa.Según la Comisión de lo laboral del Congreso, estos sectores suman 219.800 empleados y trabajadores, que representan el 76,75% del total de servidores públicos. Gustavo Arteta, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), advierte que "la reforma está incompleta" y considera que los grupos "excluidos" debieron formar parte de la ley.El ex ministro de Economía, Alfredo Arízaga, expresa que "de hecho la norma se aplica solo a una minoría; sin embargo, es importante porque la presión salarial se hace extensiva a otros sectores".La relación del número de servidores frente al total es similar si se toma en cuenta el monto destinado a pagar remuneraciones.Según una presentación del Banco Central, solo los sectores Judicial, Educativo, la Policía y las Fuerzas Armadas –que juntos suman 1.422,32 millones de dólares para salarios– representan el 75,39% del gasto de personal de la pro forma de este año.El discurso oficial advierte que la nueva ley pondrá un límite a los privilegios de los sindicalistas y altos ejecutivos de Petroecuador, Andinatel, Pacifictel y las empresas eléctricas.Arteta, sin embargo, considera que la regulación debió extenderse a todo el sector público para que la reforma sea real.Arízaga, en cambio sostiene, por ejemplo, que "más que mandar una ley habrá que definir los roles de estos sectores"."¿Qué papel se quiere (para las Fuerzas Armadas)?, ¿defensa interna?, ¿lucha contra el narcotráfico?, ¿transporte de carga y pasajeros a zonas geográficas de difícil acceso? Con la Policía pasa lo mismo. Incluso puede haber una redistribución del personal de ambas instancias", agrega.Arízaga manifiesta que los cambios derivados de la aprobación de la ley de servicio civil deben incluir medidas complementarias que aseguren que los sectores en los que sí se aplica la reforma logren el objetivo del Gobierno: ahorrar. "Se deben aplicar medidores de gestión para un mejor desempeño de la calidad del gasto", puntualiza.
Viernes 03 de octubre del 2003 | 15:37Política
Las renuncias voluntarias de servidores públicos requieren 30 millones de dólares
Las solicitudes de renuncia de al menos unos 100 trabajadores de las empresas estatales representan un valor superior a los 30 millones de dólares "que el Estado ecuatoriano no tiene", aseguró este mediodía el ministro de Gobierno, Felipe Mantilla Huerta.
Como una reacción a la recientemente aprobada Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que regula las indemnizaciones hasta en un máximo de 30 mil dólares, empleados de entidades estatales autónomas presentaron sus renuncias en los últimos quince días, desde que comenzó en el Congreso el análisis del proyecto de ley, para buscar millonarias indemnizaciones.
Según una investigación de TC televisión, los valores por indemnización de algunos de los solicitantes a su trabajo de Petroecuador, sobrepasan los 250 mil dólares por persona.
El ministro Mantilla reconoció posibles dificultades de carácter jurídico, porque si bien la ley fue aprobada por el presidente Lucio Gutiérrez, aún falta su publicación en el Registro Oficial y además, los empleados presentaron sus renuncias antes de su aprobación. "Si la ley está publicada, los renunciantes deben someterse a ella", aseguró.
El presidente Gutiérrez dijo que la intención, y por eso su apresurada aprobación, es que no se tramite ninguna renuncia, y que éstas deberán someterse a lo que dispone la nueva ley con indemnizaciones de máximo 30 mil dólares.
Miguel García, representante de los servidores públicos, reconoció que el fenómeno está sucediendo en todas las entidades autónomas, como en las superintendencias, en el Banco Central, en Petroecuador, lo que "podría provocar desfases presupuestarios en esos organismos.
Viernes 03 de octubre del 2003 | 09:53Política
Pachakutik considera la ley de servidores públicos como inconstitucional
El diputado de Pachakutik, Jorge Guamán, dijo esta mañana a Citynoticias que la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa es inconstitucional porque viola los derechos de los trabajadores del país.
Jorge Guamán, quien además es jefe de su bloque en el Congreso Nacional, expresó que esta ley fue impuesta por los miembros del Partido Social Cristiano y del PRIAN (Renovador Institucional Acción Nacional)porque ellos serían los más beneficiados con su aprobación.
El movimiento Pachakutik junto al Movimiento Popular Democrático han comentado la posibilidad de plantear un pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, aprobada por el presidente Lucio Gutiérrez el pasado martes 30 de septiembre.
Guamán dijo que su grupo "buscaba desde el inicio realizar una ley buena, bien elaborada, pero no para satisfacción de algunas personas, de un partido político o del Presidente, sino que marque el siguiente paso a la modernización, para que los trabajadores sean responsables".
Su movimiento, al igual que otros partidos, nombres que no especificó, "aspiramos a hacer la demanda (de inconstitucionalidad) porque creemos que en el Tribunal Constitucional va a ser observada la inconstitucionalidad y no habrá un punto de vista parcializado".
Guamán criticó que al desarrollar la propuesta de ley, los funcionarios del gobierno "nunca aplicaron la realidad, no hay conocimiento cabal de la administración pública del país, que se estima que está por encima de 476 mil empleados, otros estiman 500 mil; Pachakutik sostiene que para hacer una buena ley se debe hacer un diagnóstico por región, por institución".
"Esta ley sin duda tiene dedicación, hasta ayer creíamos que (el presidente Gutiérrez) iba a vetar la ley porque hay artículos que se contradicen como en el caso de los artículos 123 y 124 respecto a los trabajadores despedidos de las aduanas, ellos pudieran regresar".
El parlamentario que si el Presidente busca algún consenso para corregir algunos puntos de la ley, habría que analizar los alcances de su propuesta.
Jueves 09 de octubre del 2003Cartas al Director
Nueva ley de servicio civil
Se encuentra en camino la nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que sin duda acabará con las millonarias indemnizaciones que en Petroecuador y otras instituciones del Estado, cobran cuando se despide a un funcionario público.De hecho, no es justo que una persona en un país pobre como el nuestro, sin demostrar muchos méritos como funcionario de carrera o habiendo llegado a esos escritorios por amistades y contactos, sea merecedora de interesantes sumas de dinero.Escuché el caso de alguien que salió de Pacifictel con más de $ 10.000, a cambio de unos pocos meses de trabajo.
Los diputados, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y los servidores públicos llegados por arte de casi suerte divina, se pueden dar por satisfechos.Con este asunto de la ley de los servidores públicos, pienso en mi caso: tengo 28 años trabajando en la Armada del Ecuador como empleado civil, en el cargo de contador.Mi sueldo básico de nivel 8 es de $ 299.Me pregunto: ¿Cuál será mi ingreso básico con la homologación salarial? Tengo la profesión de ingeniero comercial.Lucio Eusevio Campos BorjaGuayaquil
Es hora de que el Ecuador disminuya el tamaño del gasto público.El Gobierno ecuatoriano tiene exceso de empleados burocráticos. Forzado por el FMI, el
Gobierno ecuatoriano así como su Congreso, se han visto obligados a pasar leyes que le permitan al país sacar de muchos puestos públicos a sinnúmero de vagos.El Presidente del Ecuador ha hecho lo correcto con pasar nuevas leyes que norman la presencia de tantos vagos en los cargos públicos. Al hacer estándares, las cantidades de cesantía que aquellos puedan percibir (eliminando las posiciones doradas), muchos trabajadores gubernamentales se verán obligados a trabajar para mantener sus posiciones.Escuché por la radio que grupos sindicalistas están por organizar paros. ¿Hasta cuándo se va a dejar que estos grupos antipatrióticos molesten a la población cada vez que se trata de hacer algo para sacar al país de la corrupción? Simplemente dichos pagos de cesantía de $ 300.000 van en contra del progreso del Ecuador.Isidro AyoraEE.UU.
Siempre el Ejecutivo, el Congreso y las cortes de Justicia hacen las leyes para su beneficio, mientras el pueblo se sigue hundiendo en el abismo.
Los burócratas amenazan con huelgas, pero a los dirigentes de estas huelgas les callan la boca dándoles ciertas cantidades de dinero y se acabó la bulla. Todo esto es negocio y corrupción. ¿Por qué estos huelguistas no hacen una protesta a nivel nacional pidiéndole al Gobierno y al Congreso que firmen una ley penal civil contra la corrupción, a fin de que todo ladrón corrupto que robe al Gobierno no pueda de por vida volver a ocupar un cargo público?Marcos NúñezMiami, EE.UU.
Viernes 19 de diciembre del 2003Economía
Salarios de servidores públicos quedan congelados por dos años
QUITO
Los empleados públicos tendrán el mismo ingreso hasta enero del 2006, según la última resolución.El congelamiento de los salarios contemplados en los contratos colectivos que se firmen en el 2004 y el 2005, así como de las remuneraciones de las entidades autónomas y gobiernos seccionales, provocó el rechazo de los trabajadores.La decisión de no incrementar los gastos de personal fue tomada por el Consejo Nacional de Remuneraciones del sector público (Conarem), mediante Resolución 197, que se publicó el pasado miércoles en el Registro Oficial. En el texto se señala que "…se mantendrá la misma masa salarial a diciembre del 2003".Jaime Arciniegas, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), subrayó que el FUT, no dialogará "ni un solo instante con este gobierno" y anunció movilizaciones y protestas a
partir de enero.Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, cuestionó la competencia del Conarem para expedir la Resolución. Explicó que la nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que entró en vigencia el pasado 6 de octubre, señala que en el ámbito salarial le corresponde a la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres).Entre los considerandos (argumentos a favor) de la Resolución 197, se argumenta que "es facultad privativa del Conarem determinar y fijar la política remunerativa de los servidores y trabajadores de las instituciones del Estado".Sin embargo, la disposición decimotercera de la Ley de Servicio Civil dispone que la Senres se hará cargo de "los bienes, derechos y obligaciones del Conarem y de la ex Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional".El diputado Andrés Páez, presidente de la Comisión de lo Laboral del Congreso, dijo que la resolución es inconstitucional y anunció que tratará el tema el martes próximo, a las 11h00.
Miércoles 14 de enero del 2004Política
Debate de ley de servidores públicos se suspendió anoche
QUITO
La primera jornada del Congreso extraordinario, convocado para discutir en segundo y definitivo debate el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se frustró anoche, por la salida del bloque socialcristiano del Parlamento.La sesión se inició a las 17h50 y, en su primera etapa, aprobó el proyecto de minoría (favorable) presentado por el PSC. Cuando se intentaba formar una mayoría legislativa para cambiar el proyecto del Ejecutivo, los socialcristianos salieron del edificio.El presidente encargado, Ramiro Rivera, convocó para continuar el debate hoy a las 09h00.Por la mañana, el presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, manifestó que "la Presidencia del Parlamento no es negociable", al ser consultado si negociaría su estabilidad en ese cargo a cambio de unirse a una mayoría legislativa para nombrar al Contralor del Estado y el levantamiento de la inmunidad a su coideario, Guillermo Haro (ID).Landázuri reconoció que el Congreso está en deuda por no haber nombrado al Contralor, pero "en estos días el país tendrá una agradable sorpresa".
Jueves 11 de noviembre del 2004 | 11:38El País
Servidores públicos iniciaron cierre de carreteras
Un miembro de la Policía abre el paso vehicular, luego de que empleados del Ministerio de Agricultura cerraron por media hora la avenida Machala, a la altura de Padre Solano, para exigir al Gobierno Nacional la homologación de sus salarios.
El presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), Héctor Terán, confirmó este jueves a Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil) el cierre de algunas carreteras del país para exigir al Gobierno el cumplimiento de la homologación salarial.
Terán indicó que durante las horas de la mañana los burócratas bloquearon la vías de ingreso de las provincias de Esmeraldas y El Oro, mientras que en le resto del país también se procederá a cerrar otras vías.
Siete ministerios mantienen la medida en reclamo de recursos para el proceso de homologación salarial que, según la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, debe empezar en enero del 2005. Terán señaló que gracias a la gestión de la primera dama, Ximena Bohórquez, ayer los trabajadores lograron reunirse con el ministro de Trabajo, Raúl Izurieta, para analizar la propuesta del régimen.
"No se llegó a ningún acuerdo y los trabajadores continuaremos con la medida porque no aceptaremos la propuesta del régimen, porque en ella no existe homologación, sino un congelamiento de sueldos para la mayoría de los servidores públicos", sostuvo el presidente de la Conasep.Los burócratas en primera instancia pidieron al Ejecutivo la entrega de 96 millones de dólares, pero ahora exigen 60 millones.
Sin embargo, luego de una reunión mantenida con las autoridades gubernamentales, los servidores públicos recibieron la propuesta de asignarles 30 millones de dólares.Los servidores llevan cinco semanas de paralización porque el régimen no ha aceptado incluirlos en la homologación salarial. Debido a ello, aseguran, si el Gobierno no los incluye en la homologación, el 24 de noviembre realizarán una gran marcha hacia el Congreso Nacional.
Los burócratas también advierten sobre la realización de una huelga de hambre desde el próximo lunes.
Martes 21 de febrero del 2006 | 15:48Economía
Contraloría regulará sueldos gigantes en servidores públicos
Para la Contraloría, la época de la llamada "burocracia dorada" llegó a su fin. Desde mañana, el organismo de control iniciará una revisión a las cuentas de las empresas públicas para que todos los empleados que ganaron más de $ 8.000 al mes devuelvan con intereses los montos al Estado.
La decisión se tomó hoy luego de la denuncia que el secretario de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres), Abel Echeverría, y el presidente de la Comisión de lo Laboral del Congreso, Andrés Páez (ID), presentaran ante el contralor Genaro Peña.
Peña recordó que desde octubre del 2003 ningún funcionario público puede ganar más de ocho mil dólares, que es el sueldo del Presidente de la República. Lo hizo con papeles en mano, entre ellos una comunicado del procurador José María Borja del 16 de febrero en la que admite que "todos los funcionarios públicos están bajo las regulación de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa con los límites salariales que ello implica".
Echeverría mostró ante la prensa con un poco de ironía ejemplos entre los cuales consta el sueldo del último Superintendente de Bancos. "Se rebajó el sueldo a 7.999 dólares, es decir, un dólar menos que el Presidente, para cumplir con la norma".
La resolución de Contraloría molestó a los servidores públicos, que ya anuncian movilizaciones para los próximos días, informó Teleamazonas.
Lunes 17 de diciembre del 2007Política
Notarios y registradores serán servidores públicos
MONTECRISTI, Manabí
Ver más
Oswaldo Salazar, auxiliar de la Notaría Primera de Pichincha, mientras revisa los documentos del archivo de esta oficina.
La propuesta es de Acuerdo PAIS para que estos funcionarios tengan un sueldo fijo.En el bloque de asambleístas de Acuerdo PAIS se analiza una reforma constitucional para que los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los notarios tengan el estatus de servidores públicos con relación de dependencia y un salario fijo.La reforma apunta a controlar y a poner límite a los onerosos ingresos económicos que perciben estos sectores por un servicio considerado público y que pasen a ser administrados por los municipios del país.
Los 440 notarios y 190 registradores de la Propiedad, así como los mercantiles no fueron incluidos en el segundo mandato constituyente que analiza PAIS y que reduce el salario de la burocracia dorada a nivel nacional, por debajo de lo que percibe el mandatario, Rafael Correa ($ 4.250).El manejo del tema se lo hará dentro de las reformas constitucionales que tienen que ver con el reordenamiento territorial y el traslado de competencias, donde se definirá la institución que se hará cargo y los recursos que utilizará.La regulación de estos servicios fue un ofrecimiento de campaña electoral que hizo el Mandatario. Esta sería una alternativa válida, si se toma en cuenta que esos gobiernos intermedios centralizan la información del pago de los impuestos prediales, con lo cual se facilitará la entrega de los certificados que demande la ciudadanía. Ese es el criterio que maneja el asambleísta Jaime Ruiz, del partido de Gobierno, quien informó que el tema fue consensuado con organizaciones sociales y municipios que están en contra de que estos entes sean manejados como un negocio particular, que genera ingresos en función del flujo y cantidad de trabajo.Situación que, a su juicio, hace que los registradores y notarios de las grandes ciudades (Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas), con un alto desarrollo urbano, tengan ingresos semanales desproporcionados de más de 5, 10 o 20 mil dólares.Según Ruiz, si estas actividades, que son eminentemente públicas, llegan a ser municipalizadas a través de reformas constitucionales o legales (Ley de Régimen Municipal), el costo para la ciudadanía bajará cuando requiera el servicio.En esa misma línea se maneja el presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea, César Rodríguez (PAIS), quien explicó que el tema no fue manejado en el segundo mandato constituyente, que regula las remuneraciones del sector público, porque las registradurías y notarías están normadas por una ley especial, que debe tener un trato técnico.Lo cierto, dijo Rodríguez, es que esas entidades se han convertido en negocio privado. "Vemos que determinados funcionarios judiciales están renunciando apresurados ante la posibilidad de perder sus privilegios, por lo que amerita que ese mandato entre en vigencia con mayor agilidad", dijo, al referirse a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dimitieron la semana pasada para no perder su bono de 160.000 dólares.En iguales términos se pronunciaron los asambleístas Pedro de la Cruz (PAIS) y Lenin Hurtado (MPD), quienes dejaron a consideración del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, la decisión de introducir en el orden del día del organismo la aprobación del segundo mandato constituyente.
Martes 17 de junio del 2008Economía
15% subió el salario de los burócratas
QUITO
El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, anunció ayer un ajuste salarial -por homologación- de entre el 12% y el 15% para los funcionarios públicos amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Lo hizo luego de una marcha de empleados estatales que llegaron al Palacio de Carondelet con un pliego de peticiones.Existen más de 50 mil beneficiarios, explicó ayer Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Y agregó que este aumento significará un egreso al fisco por alrededor de $ 25 millones anuales.
El Gobierno también fijó, mediante Decreto Ejecutivo 1127, la escala de jubilaciones para los maestros que decidan separarse voluntariamente del Magisterio.Los servidores públicos afirman que el ajuste es parte de la homologación salarial. Los servidores públicos de las instituciones adscritas al Ejecutivo tendrán un reajuste salarial que va entre el 12% y 15%, de acuerdo con el proceso de homologación salarial. Esto beneficiará, exclusivamente, a los funcionarios que están bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Losca).La Resolución Técnica Presupuestaria respectiva fue entregada ayer por el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, a los representantes de la Confederación de Servidores Públicos (Conasep), que llegaron a Carondelet representados por su presidente, Remigio Hurtado, y el asambleísta de Alianza País, Héctor Terán.La aplicación de la resolución aprobada por el Ministerio de Finanzas implica que los beneficiados de las instituciones estatales recibirán un reajuste que va entre los $ 40 y $ 60 al año; además, se contempla que el alza rija con carácter retroactivo, desde enero del 2008.Según Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, el incremento fijado consiste en un piso de $ 435 y un techo de $ 1.600, lo cual, no obstante, no cubre las expectativas de los trabajadores públicos. Esto, porque según dijo, las entidades autónomas tienen salarios mayores y no fueron reguladas por el mandato 2 de la Asamblea Constituyente.García explicó que este incremento beneficiará a unos 54.000 empleados, ya que dentro de este reconocimiento por homologación no están los maestros.El dirigente explicó que lo presupuestado para este incremento representará al Estado alrededor de $ 25 millones anuales.En horas de la mañana, decenas de servidores estatales, encabezados por Hurtado y Terán, marcharon hacia el Palacio de Carondelet para pedir que se aplique la homologación. Incluso, los empleados del Ministerio de Gobierno paralizaron por cerca de cuatro horas la atención al público y se declararon en Asamblea General.Este sector de trabajadores al conocer la decisión del Ejecutivo descartó realizar alguna paralización. No obstante, los manifestantes aclararon que aún quedan pendientes tres puntos que tienen que ver con la derogatoria de la Norma Técnica de evaluación y revisión de los servidores públicos, la reforma del mandato constituyente 2, mediante el cual se estableció techos para las indemnizaciones del sector estatal y la aprobación de una Ley Única de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Sábado 10 de mayo del 2008El País
Servidores públicos exigieron sus derechos
Los servidores de las instituciones públicas de Galápagos, entre ellas el Parque Nacional Galápagos (PNG) y el Instituto Nacional Galápagos (Ingala), participaron ayer de una marcha pacífica en las islas Santa Cruz y San Cristóbal.La medida, según los participantes de la marcha, fue porque ciertas autoridades gubernamentales (no citaron nombres) pretenden desconocer los derechos adquiridos tanto en la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos (Loreg), como por una posterior Ley Interpretativa, que les concede beneficios económicos a los servidores públicos del archipiélago. Los servidores públicos han mantenido conversaciones con las autoridades de la provincia, sin embargo, ante la negativa de encontrar una solución justa decidieron protestar para que las remuneraciones sean las que por ley les corresponde.
Miércoles 27 de agosto del 2008 | 08:02Política
Servidores públicos se pronunciarán mañana sobre el proyecto de Constitución
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores públicos, indicó este miércoles que mañana harán una declaración pública sobre la opinión que tienen del proyecto de Constitución, cuyo texto han estado analizando de manera pragmática.Enfatizó que lo dable es respetar el pronunciamiento y la opinión de cada uno de los servidores públicos, por lo que las acotaciones se harán en términos gremiales y el pronunciamiento en uno u otro sentido serán personales. Indicó que como organización se ven casi obligados a dar una opinión mañana para que no se diga o se interprete que el silencio de ellos es porque no tienen interés en el proyecto que se va a someter a referéndum, "y en ese sentido vamos a actuar". La declaración, sobre el balance de la Constitución 2008 la harán a las 10:00 en Quito, en el local de la Ciespal.
García indicó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que personalmente considera que hay algunos artículos de la nueva Carta Magna que no están bien estructurados, pero haciendo un balance "entre lo bueno y malo" cree que el proyecto constitucional es mejor que el del 2008, por lo que está de acuerdo con la nueva carta magna.Así como él hay otros sindicalistas que tienen sus posiciones. Sobre, todo cuando se trata del código de trabajo y las reformas que se hacen en la nueva Constitución, como el tercer inciso del artículo 229, que indica que solo los obreros y obreras serán regidos por el Código de Trabajo. Señaló que a criterio de ellos (los otros sindicalistas) "es un enorme perjuicio porque los trabajadores ya no podrían ser regidos por el Código de Trabajo, no podrían acceder a la contratación colectiva ni a los contratos colectivos, en consecuencias deberán sumarse -así se entiende- todos a la Ley de Servicios y Carrera Administrativa, que no es precisamente la mejor ley", refirió.
Miércoles 27 de agosto del 2008Política
Servidores públicos no harán campaña electoral
QUITO
Los servidores públicos se abstendrán de hacer campaña por el sí, pese a que dirigente de PAIS lo planteó como una obligación.
Respuesta.Los servidores públicos amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa somos "neutrales" y no adoptaremos ninguna posición institucional frente al proyecto de nueva Constitución, aclaró ayer el presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, Miguel García.El lunes el subsecretario de Coordinación Política e integrante del buró de Alianza PAIS, Eduardo Paredes, dijo que es "obligación" de los empleados que trabajan para el régimen hacer campaña por el Sí. "Ellos deben apoyar los cambios impulsados en el país, para eso fueron designados por el Presidente de la República", aseguró. García defendió la imparcialidad de los trabajadores y subrayó que nadie puede obligar a los burócratas a impulsar un determinado proyecto político y mucho menos con una imposición. "Nosotros no trabajamos para un Gobierno en particular sino para el Estado".
Sin embargo, el dirigente aclaró que hasta el momento no ha existido ningún acercamiento por parte de las autoridades del régimen para obligarles a trabajar por el Sí en la campaña electoral. Consideró que los involucrados son los más de dos mil trabajadores de libre remoción que entran al sector público cada cuatro años con el cambio de gobierno.La Federación realizará mañana un pronunciamiento oficial, pero adelantó que la tendencia es la "neutralidad" frente al proceso.El presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Ayala, dijo que existe total independencia de este sector sindical ante el referéndum del 28 de septiembre. "En ningún momento se han acercado las autoridades del Ministerio para hacer campaña. Lo que hemos hecho por nuestra cuenta es analizar el tema eminentemente laboral para ver cuál es el beneficio o perjuicio".La presidenta encargada de los trabajadores del Ministerio de Compañías, Anabel Vinueza, señaló que por iniciativa propia han repartido a todos los empleados un ejemplar de la nueva Constitución para la difusión del proyecto. "Nadie nos ha dicho nada y además, obligar a hacer proselitismo político está prohibido en la Constitución en vigencia".Mientras tanto, el contralor general del Estado, Carlos Pólit, volvió a advertir que la institución estará vigilante y anticipó sanciones conforme a la ley, sobre el uso de los bienes públicos como soporte de la campaña electoral.Pólit advirtió, además, que los funcionarios públicos que utilicen los bienes y recursos del Estado (autos e infraestructura) en la campaña electoral pueden ser destituidos.
Sábado 07 marzo del 2009Política
Contraloría advierte a servidores
Uso de bienes públicos
La Contraloría recordó a los funcionarios estatales que está prohibido el uso de recursos, bienes y cargos públicos en actividades proselitistas, previo al inicio de la campaña electoral el próximo martes para los comicios generales del 26 de abril.Los servidores públicos no pueden ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar con este fin vehículos u otros bienes del Estado y ejercer actividades electorales en uso de sus funciones, según la Ley de Servicio Civil.El candidato a asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso (PSC-UDC), acudió ayer a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir que se inicie la veeduría lo antes posible y que se tome en cuenta las "desigualdades" existentes entre la campaña del Gobierno y PAIS frente a los grupos ajenos al régimen.
Martes 28 de julio del 2009 | 09:50Política
Servidores públicos inician primer día de protestas
Redacción-AFP
En los exteriores del Hospital del Niño, en Quito y Gómez Rendón, también se dio esta mañana la protesta de los trabajadores contra la política laboral del Gobierno.
Agremiados en diferentes sindicatos de varias instituciones del sector público, los trabajadores iniciaron hoy una jornada de tres días de protesta.Desacuerdos laborales llevaron a los sindicatos a salir a las calles a protestar en contra del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público que entregó el Jefe de Estado, Rafael Correa, los primeros días de julio a la Comisión Legislativa.Xavier Vera, dirigente sindical, indicó que "hoy empezamos los trabajadores, mañana serán los profesores, posteriormente serán las universidades, reportó Ecuavisa.Los empleados señalarom que si el Gobierno no acepta las exigencias, el 5 de agosto harán una marcha nacional. Rosa Rondoy, empleada pública, dijo al noticiero de Teleamazonas que "nos vamos a ir a la huelga nacional"."Hoy (martes) empezó una jornada nacional de resistencia, en la que participan diversos sectores sociales. Estamos hartos de la política laboral del gobierno, tenemos la capacidad de reacción y por eso son estas acciones de lucha", dijo Eduardo Valdez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).Entretanto, el gobierno respetará la protesta "siempre y cuando no se recurra a la violencia", al tiempo que mantiene abierto el diálogo, según indicó ayer el ministro de la Política, Ricardo Patiño. A las movilizaciones, que en Guayaquil, llegaron hasta el Ministerio del Litoral se unieron estudiantes universitarios y de la Unión Nacional de Educadores (UNE, que agrupa a unos 115.000 profesores estatales) en varias ciudades, señaló Valdez."Hay la intención de destruir la organización sindical pública para privatizar las empresas, y a eso nos oponemos", dijo Valdez.
Por su parte, la UNE se opone a una evaluación exigida por el gobierno, que prevé la destitución de los maestros que pierdan las pruebas tras recibir capacitación.Sector eléctrico Son 9.000 empleados eléctricos de todo el país que piden la eliminación del decreto 1701y 1786. En Guayaquil, decenas de empleados se concentraron en los exteriores de la Empresa Eléctrica.
También protestan por los acuerdos ministeriales 080 y 155, que impulsa la creación de una comisión que revisará los contratos colectivos, reportó Ecuavisa.Con carteles en mano cumplían con el denominado "día de resistencia del trabajador"A la protesta se sumaron algunos jubilados, quienes indicaron que están en la conquista de sus derechos. Uno de los manifestantes indicó a Canal Uno que la protesta se debe a que las mesas de diálogo que se nombró con el presidente de la República, Rafael Correa, "no han funcionado para nada".Los activistas señalaron que aunque se encuentran protestando, no han paralizado la atención al usuario. "Nunca hemos afectado el servicio eléctrico", señaló uno de los dirigentes.Indicaron que las ventanillas de servicios al cliente están atendiendo, así como las emergencias.
Lunes 18 mayo del 2009| 09:22Política
Protesta de servidores públicos es en rechazo a "política antiobrera"
Santiago Yagual Yagual, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), así lo aseguró esta mañana, al referirse al paro que realizarán el próximo miércoles 20. La medida de hecho, de carácter nacional, se decidió en la reunión del pasado sábado.Yagual explicó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que la protesta es en rechazo a la "política antiobrera" que el presidente de la República, Rafael Correa, "está esgrimiendo hacia los sindicatos del sector público", dijo.El dirigente cuestionó la falta de diálogo en la revisión del contrato colectivo que -según dijo- afecta a los trabajadores organizados del país. "No han querido escuchar, han cerrado las puertas, no han querido dialogar", reclamó.Yagual enfatizó que ahora la unidad del movimiento obrero hará respetar sus derechos, a través de las movilizaciones y la huelga nacional.
Martes 28 de julio del 2009 | 11:53Política
Movilización de servidores públicos no afectará jornada laboral
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, indicó que la protesta de hoy es en contra de la vigencia de un proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público. Señaló que deben impulsar un diálogo para estructurar un mejor proyecto de ley del servicio público, porque el entregado por el Ejecutivo el pasado 2 de julio es atentatorio contra todos los derechos de los trabajadores del sector.Indicó que en el caso del decreto 1701, en el que se establecen los criterios que regirán la contratación colectiva de trabajo en el sector público, está de acuerdo en que se eliminen ciertos privilegios.Lo que cuestionan es que "por estas circunstancias de excepción se generalice diciendo que todas las conquistas de los hombres tienen que ser conculcadas", refirió.García enfatizó que no pueden estar acuerdo con ello, por lo que "vamos a participar" en la manifestación, dijo esta mañana a Ciitynoticias (89.3 FM en Guayaquil).No obstante, aclaró que no suspenderán sus actividades y que la manifestación se realizará después de las horas laborales. Añadió que tampoco respaldarán reclamos orientadas a consagrar privilegios de la contratación colectiva.
Miércoles 21 de octubre del 2009Política
Docentes no entran en Ley de Servicio Público
QUITO
Los maestros no entrarán en la Ley de Servicio Público, pues continuarán amparados en la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, según el informe de mayoría del proyecto de Ley de Servicio Público que aprobó la comisión legislativa de Derechos de los Trabajadores.El grupo de asambleístas de Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE) presentó ayer el respaldo a la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, quien elaboró el informe que es sustancialmente diferente a la propuesta del Ejecutivo.El documento pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su trámite en primer debate. Según Vélez, es una ley absolutamente diferente a la del Gobierno, pues se desecha la figura del despedido por parte de la autoridad nominadora y se incluyó un texto que determina que se debe respetar el debido proceso.La asambleísta de ADE explicó que siendo una lucha de años del magisterio no se la puede echar abajo, por lo tanto, se plantea que los profesores sigan rigiéndose bajo el amparo de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. "La Ley de Servicio Público no regirá para los maestros y profesores", resaltó. También argumentó que la propuesta de la comisión, de hacer una diferenciación entre los maestros y servidores públicos, no cae en la inconstitucionalidad, porque si se observa el artículo 349, sí prevé que los maestros pueden estar bajo la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio.Además, la Ley de Servicio Público garantiza horarios especiales con las mismas remuneraciones para aquellos servidores públicos que tienen a su cargo o protección a personas con discapacidad.
Jueves 21 de enero del 2010 | 07:58Economía
Servidores públicos rechazan pago mensual de décimos sueldos
Remigio Hurtado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, asegura que cuenta con el apoyo de los jefes de bloque de la Legislatura para no dar paso a esta reforma.Señaló que, en busca de apoyo en la Asamblea Nacional, ha logrado dialogar con Paco Mocayo, los asambleístas del ADE, ID, Prian, SP, Madera de Guerrero y "tenemos muchos servidores y servidoras públicas que también están con nosotros en la posición de rechazar esta propuesta de Richard Espinosa (Ministro de Relaciones Laborales)".
Hurtado asegura que estas reformas deberán pasar por la Asamblea Nacional y no podrán entrar en vigencia por decreto Ejecutivo.El pago mensual de los decimotercero y decimocuarto sueldos, junto con los fondos de reserva y una remuneración variable en función de las utilidades, están entre los cambios en la política salarial para este año, según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Hurtado indicó que lo que pretende el Gobierno con esta decisión es que si no aceptamos esta mensualización de los décimos sueldos, "no habrá incremento salarial en el 2010".Destacó que en el presupuesto general del Estado para el 2010 hay $ 6 mil millones más que en el 2009 y de ese dinero, no hay destinado nada para la remuneración de los servidores públicos.Razón por la que hacen un llamado a los servidores públicos del país para prepararse para la gran marcha nacional pacífica que realizarán el día que se debata en segunda instancia la Ley de Servicio Público.
Viernes 23 de abril del 2010Política
Mandatario apunta a reducir recursos de FF.AA. a futuro
QUITO
El presidente Rafael Correa manifestó ayer que es necesario revisar el monto del presupuesto destinado para las Fuerzas Armadas. "En esta nueva época nuestra única guerra es contra la pobreza, la inequidad, el desempleo, la corrupción, la injusticia", dijo en el marco de la ceremonia del cambio de la cúpula militar.
Según el Mandatario, se debe pensar que el gasto en defensa alcanza los $ 1.600 millones, de los cuáles $ 398 millones son para invertir en la recuperación de la capacidad operativa de las FF.AA.; el resto, para sueldos y salarios de los más de 40 mil uniformados. Esto representa, según Correa, el 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB).El presupuesto para Defensa Nacional se incrementó en la pro forma presupuestaria del 2010. Mientras en el 2009 esta contemplaba recursos por 1.287 millones de dólares, en el 2010 llegó a $ 1.670 millones, es decir, registró un aumentó de $ 383 millones, que equivale al 29,8% de incremento. "En el futuro, estas cifras deben disminuir al menos en términos relativos al PIB, para dar paso a mayores recursos en ciencia y tecnología, educación, salud, vialidad, vivienda", puntualizó el Jefe de Estado.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, manifestó que bajo ese criterio se "está negociando" con las autoridades militares una eventual reducción del monto destinado para la inversión militar en el presente año.Correa, además, señaló que se debe analizar la vigencia de ciertas unidades militares que perdieron su razón de ser, no precisó cuáles, además de optimizar los recursos, simplificar y unificar estructuras administrativas y operativas y reducir el número del personal. También dijo que se debe racionalizar las cesantías y jubilaciones de la fuerza pública para regular distorsiones como el nivel de ingresos de los generales en servicio pasivo que ganan más que los activos.Se mostró en desacuerdo de que los militares aporten el 23% de su salario para la seguridad social. Dijo que con la nueva Ley de Servidores Públicos que se debate en la Asamblea, se tendrá una adecuada cesantía para militares y policías.
El comandante del Ejército, Luis Aguas, señaló que el solo anuncio de la revisión salarial ya es un motivo de preocupación. Pidió al mando militar que realice los estudios correspondientes para que no afectar los ingresos de los oficiales."Las jubilaciones son justas y dignas en función de los importantes aportes y el esfuerzo a lo largo de nuestra vida militar".
Lunes 24 de mayo del 2010Política
Nuevas normas para gratuidad, docencia y carreras en informe
QUITO
QUITO. Las universidades analizaron el miércoles en una asamblea nacional el informe de la Comisión de Educación.
La gratuidad de la universidad estatal, el régimen laboral de los profesores y la selección de las carreras tendrán un nuevo esquema, nuevas reglas, una vez que se apruebe la Ley de Educación Superior, cuyo proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional.El informe para el segundo y definitivo debate –elaborado por la Comisión de Educación– está listo desde el pasado 7 de mayo. Este contiene nuevas disposiciones respecto a estos temas.Allí se contempla que para el ingreso a universidades estatales los alumnos deberán participar en un sistema de nivelación, cuyas normas serán desarrolladas en un reglamento. La gratuidad se aplicará en la educación de tercer nivel (cuando se elige la profesión que desea seguir) para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 50% de los créditos y aprueben en las condiciones ordinarias.No se cubrirá la segunda ni la tercera matrícula. Para el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE de Pichincha), Carlos Torres, la gratuidad debería abarcar hasta el cuarto nivel (de posgrado) y manejarse con criterios de responsabilidad académica.Ese documento –además– considera en este régimen a casos especiales, como el de estudiantes embarazadas o en periodo de lactancia, así como personas que sufren accidentes, enfermedades graves o calamidades domésticas que sean debidamente comprobadas.Actualmente, la matrícula y los aranceles (derechos) son gratuitos.El director financiero del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), Jorge Carrillo, considera que la gratuidad es un caos, porque los estudiantes creen que todo es gratis, cuando existen aranceles que tienen un costo. Por ejemplo, el uso de laboratorios, los formularios de inscripción, el servicio de Odontología, derecho de arrastre de matricula, cambio de carrera y otros.En el informe para segundo debate se modifica la situación de los profesores universitarios, que pasarían a ser considerados servidores públicos. Los que trabajen a tiempo completo deberán cumplir 40 horas semanales; los de medio tiempo, 20 horas; los de tiempo parcial se regirán a lo que disponga el reglamento.
Para ser profesor titular se exigirá un título de PhD, que será obligatorio después de diez años de vigencia de la nueva ley. En el reglamento se determinarán las condiciones de los docentes e investigadores. Allí se fijarán las garantías laborales, como la cobertura de Seguridad Social, y también las normas de ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, sanciones, jubilación y cesación.El presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos (Fenapupe), Ernesto Álvarez, considera que el incremento de horas semanales deberá compensarse en los sueldos. "Si no hay incremento salarial, nos mantendremos con la misma carga horaria de 30 horas", sentencia.Para este dirigente, ese tema de los profesores no fue consensuado.Respecto a las carreras universitarias, el informe propone que luego de una evaluación, estas sean ratificadas o eliminadas, dependiendo de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).Si las universidades no acatan esta disposición podrían ser sancionadas con la suspensión del financiamiento por parte del Estado.Según el Consejo Nacional de Educación Superior, hasta el 2009 se registraban 3.681 carreras, con 502.913 alumnos matriculados.Para Xavier Tomalá, asambleísta de PAIS que forma parte de la Comisión de Educación, la evaluación contínua para acreditar las carreras y los programas académicos es necesaria. "Si no cumplen, el Estado no puede invertir en carreras y programas académicos que no dan resultado", señala.
Esta comisión legislativa también elaboró un informe de minoría que propone la gratuidad sin excepciones, incluyendo –por ejemplo– la segunda y tercera matrícula.
Miércoles 09 de junio del 2010Política
Cambios en la Ley de Servicio Público
QUITO
La Asamblea Nacional debatirá y aprobará mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la estabilidad laboral en el área pública de aquellos que actualmente laboran y además ratifica que ningún servidor público podrá ganar más de cinco mil dólares mensuales.Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios públicos. La normativa no cobija a los maestros o profesores porque se determinó que ese grupo de servidores se regirán por la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.Para los servidores públicos de los gobiernos seccionales se determina que serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se respeta su autonomía, cuya actual remuneración tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de hasta cinco mil dólares.El informe fue suscrito unánimemente por los miembros de la comisión, destacó la presidenta de ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la figura del despido intempestivo de aquellos servidores que actualmente laboran en el sector público.En la ley se elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los asambleístas consideran que toda persona que ingrese al sector público debe hacerlo por concurso de méritos y de oposición, y que además el cargo debe estar vacante.Las personas que laboran en el sector público en situación de riesgo, como radiólogos, enfermeras, etc., tendrán seis horas de trabajo, pero con una remuneración igual.Además, se amplía de nueve meses a un año los meses de lactancia materna para las madres servidoras públicas.
Jueves 10 de junio del 2010Comunidad
Docentes de colegios militares piden les den nombramientos
Empleados de planteles militares asistieron a la reunión convocada por las asociaciones de trabajadores que los ampara.
Que se apruebe la Ley de Educación con la disposición transitoria séptima, donde se garantice la estabilidad de los docentes en los establecimientos educativos regentados por las Fuerzas Armadas, es la aspiración de los maestros de planteles militares que desde el próximo año serán fiscales.Según la Federación Nacional de Asociaciones de Empleados de los Colegios Militares, el acuerdo que suscribieron en marzo pasado los ministerios de Defensa, Educación y Gobierno lesiona su estabilidad y no respeta sus años de servicios (antigüedad), explicó Arturo Bueno, coordinador nacional de Asuntos Administrativos de la organización."En el acuerdo se habla de que serán considerados los necesarios (docentes y personal administrativo). ¿Y cómo sabemos quiénes serán los necesarios?. ¿y el resto?, ¿los que no son necesarios?, ¿y nuestros derechos adquiridos?", dijo.Su compañero, Eddi Zavala, quien es el secretario general nacional de la asociación, que agrupa a más de 4.200 empleados en el Ecuador, detalló que con el acuerdo vigente todos tendrán que obligatoriamente participar en concursos de merecimientos y oposición para obtener el nombramiento o para ingresar como docentes."Dónde quedan entonces nuestros años de servicios y las constantes evaluaciones a las que estamos sometidos? Nosotros ya pasamos por un concurso de merecimientos y oposición. No sería justo", agrega Zavala, quien afirma estar de acuerdo con el proyecto de la nueva Ley de Educación porque ahí se habla de que se incorporarán con nombramiento al Ministerio de Educación. En esta disposición transitoria séptima, que los docentes lograron que se incluya para el segundo debate que se trata en la Asamblea Nacional, también se especifica que solo serán evaluados para la ubicación en la categoría del escalafón.El articulado fue aprobado con 8 votos a favor y una abstención, el pasado 13 de mayo, en la Comisión Especializada Ocasional (presidida por César Rodríguez, de PAIS), que trata la Ley de Educación. Pero en esta disposición solo se habla del personal docente. Los empleados del área administrativa y civil esperan también enviar un articulado que los incluya y que les garantice su continuidad, pues solo los trabajadores del Ejército tienen nombramientos, pese a que muchos, según Bueno, son considerados servidores públicos.
"Nosotros (del ejército) no tendríamos problema porque nos ampara la resolución del Senres (Secretaría Técnica de Desarrollo de R. Humanos y Remuneraciones del Sector Público), oficiada en septiembre del 2005", añadió Bueno. De no aprobarse la ley con sus pedidos interpondrán una demanda de nulidad por inconstitucionalidad.Ayer, en una reunión que tuvo este gremio con docentes se citó el pluriempleo que afecta a unos 300 maestros en el país porque fueron contratados como particulares en los centros militares, además de trabajar en planteles fiscales. Para ellos se estudia la forma en pedirán ser liquidados por sus años de trabajo, manifestó Patricio Analuiza, presidente de Federación Nacional de Unidades Educativas de las Fuerzas Armadas y policía Nacional.
Viernes 11 de junio del 2010Política
Colegas y oposición critican a la oficialista Nívea Vélez por norma
QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público llevó a constantes consultas entre los asambleístas de PAIS y de la oposición.
El informe para segundo debate de la Ley de Servicio Público no se alejó de las críticas de los asambleístas, quienes ayer advirtieron que la normativa violaría la Constitución y garantizará prebendas a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS), quien resaltó las bondades del proyecto sobre la estabilidad laboral de los servidores públicos, montos de jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones geográficas, beneficios de maternidad, evaluación laboral, entre otras.Pero las críticas se iniciaron con la intervención del gobiernista Mauro Andino, quien advirtió que se está legislando de manera ambigua, general e imprecisa y pidió eliminar beneficios inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional Electoral. Seguidamente, la oficialista Betty Amores lamentó que los 9 asambleístas de la comisión hayan suprimido el capítulo de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo cual es grave porque la disposición transitoria de la Constitución establece que se debe aprobar "la normativa para regular el servicio público y no una ley para los servidores públicos", dijo. El asambleísta Paco Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno, pues dijo que según el Ministerio de Finanzas reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron nombramiento. Lo más tenebroso, añadió, es que en la ley se ordena la contratación temporal del 20% del total de servidores públicos cada inicio de gobierno, con lo cual ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos gastos?, preguntó.El gobiernista César Rodríguez, quien al inicio de su intervención recibió pifias desde las barras altas, sugirió la eliminación del texto que excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus entidades y regímenes especiales de las escalas salariales que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que determina que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.También observó el artículo sobre el personal docente que menciona que los maestros en todos niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar conflictos cuando se aplique la normativa.
Miércoles 16 de junio del 2010Política
Ley de Servicio Público va a debate
QUITO
La Asamblea Nacional intenta hoy aprobar en segundo y definitivo debate la Ley de Servicio Público, para lo cual hasta ayer en la tarde la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (ADE), intentaba llegar a consensos en cuatro puntos.Uno de los temas observados tiene relación con una transitoria que dispone otorgar nombramientos a aquellos empleados públicos que estén bajo la modalidad de contrato por dos años consecutivos. En el tema de los gobiernos seccionales existe una discrepancia respecto a la garantía para que los servidores municipales puedan alcanzar una escala salarial que valore su esfuerzo, todo ello, sin afectar la autonomía de los gobiernos descentralizados, afirmó la asambleísta Vélez.Otro punto crítico también se refiere a la sugerencia que se dio en el debate de que la ley precise que quienes pueden acceder a ser funcionarios públicos serán únicamente los ecuatorianos.
Jueves 17 de junio del 2010Política
Dos sillas para ejecutivo en ente que controlará medios
QUITO
Ampliar imagen
QUITO. La reunión de jefes de bloque de ayer, no sirvió para que la Comisión de Comunicación respete el acuerdo interbloques.
Con una moción de Rolando Panchana (PAIS) para respaldar el texto presentado por Betty Carrillo (PAIS), los seis oficialistas integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación aprobaron ayer que el futuro Consejo de Comunicación cuente con dos representantes del Presidente de la República, uno de los Consejos de Igualdad, uno de las facultades o escuelas de comunicación y tres de la ciudadanía (que serían designados por el Consejo de Participación Ciudadana)..A las 17:30, cuando la Secretaría de la Comisión proclamó los resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG, SP, CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó: "Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la oposición denunció que el presidente Rafael Correa no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete, porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo. La oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo político firmado en diciembre pasado establecía que el Consejo de Comunicación tendrá autonomía e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y que la Constitución prohíbe que un organismo regulador esté integrado por representantes que se constituyan en juez y parte al momento de tomar decisiones.
Antes de votar por la integración del Consejo, con los mismos 6 votos, PAIS aprobó 19 atribuciones para el Consejo de Comunicación. Entre ellas, proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución; los instrumentos internacionales y la ley; vigilar que las políticas públicas garanticen y promuevan los derechos de comunicación; conocer y resolver en sede administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a la comunicación; el monitoreo técnico de la programación de radio y televisión con el fin de determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación pública y el debate, mediante audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos.Se agregó una atribución propuesta por Panchana en el sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la información sobre el tiraje, sintonía y niveles de audiencia de los medios. Pero no acogió la de Montúfar para que "los servidores públicos no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael Correa.Tibán recordó que en el art. 68 del proyecto que todavía no se vota (hasta las 18:30 de ayer), al Consejo se le da otra atribución: la de otorgar los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del tema.
| Página siguiente |