Políticas sociales y formación de políticas en materia de juventudes (página 2)
Enviado por Juan Carlos Pacora Huatuco
Algunos avances: En América Latina, en el curso de los años 70 este proceso centralizador fue reforzado por los regímenes autoritarios que surgieron en la mayoría de los países. A partir del final de los años 70 la situación comenzó a cambiar. Una indicación del cambio es que a comienzos de los años 80, en 23 de 26 países latinoamericanos, los alcaldes eran designados por el gobierno; en contraste, hacia el año de 1997, la elección directa de alcaldes era la regla en 17 de los 26 países. Aproximadamente, en América Latina 13,000 gobiernos locales tienen dirigentes electos, contra menos de 3,000 al inicio de los años 80. Otra indicación del cambio es que la participación de gobiernos subnacionales y locales en el gasto nacional de 14 países latinoamericanos aumentó de
15,6% en 1985 a 19,3% en 1995 con una tendencia al incremento de esa participación. Willem
Assies "La Descentralización en Perspectiva"
Muchos de los cambios o propuestas de cambio en el aparato estatal se inician a partir y en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, en el que se presentan como principales objetivos "…alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados; y fiscalmente equilibrado". El tenor de la Ley exige de repensar no sólo la estructura y definición del rol del Estado y de las instancias que la conforman, sino que ésta permita el funcionamiento o la puesta en marcha de procesos tales como la descentralización. Posiblemente los esfuerzos dirigidos hacia la descentralización no tendrían sentido, sino existieran condiciones estructurales, entre otros factores sociales o de voluntad o decisión política y estructuras normativas, que la hagan viable. Sistematización de experiencia. Proceso de Gestión de Módulo Básico I: El Proyecto del MIMDES, Nuestro Proyecto. Juan Carlos Pacora, Lucía Calderón. 2004
subnacionales un mejor tratamiento de sus propias particularidades, lo que podría garantizar mayor pertinencia, eficacia y eficiencia en sus intervenciones así como mejores niveles de focalización, vigilancia, etc.
2. Como se deja entrever líneas arriba, el proceso se da en el marco de una perspectiva de participación amplia que incluye a diversas poblaciones: niños, adolescentes, sociedad civil, mecanismos de vigilancia, entre otros.
3. Potencia la capacidad de movilizar más recursos y de una manera más eficiente, eficaz y plantea el ejercicio de mecanismos de seguimiento y participación en su programación y ejecución, procurando fortalecer mecanismos para superar pobreza.
B.- En el marco de la descentralización hace falta definir más claramente los roles de los gobiernos subnacionales. En la mayor parte de los planes nacionales no se define claramente los roles de estas instancias de gobierno, que por cierto, cuentan con amplios niveles de autonomía. En los planes está bastante clara la división de roles en el plano de intersectorial, pero hace falta redefinir aún más las funciones y responsabilidades con una mirada territorial. Hace falta un diálogo más fluido con los Planes Regionales y Locales de Desarrollo.
Se podrían trabajar las siguientes funciones:
A nivel de gobiernos regionales le compete un rol de promoción de las políticas, así como el de planificador del desarrollo regional en su conjunto.
A nivel de gobiernos locales una efectiva gestión de los servicios dirigidos a la población.
En este sector recae un peso mayor en la ejecución. Recordemos que es la instancia pública más cercana a la población y con mayores posibilidades de determinar particularidades en la misma que garantice una mejor intervención.
La necesidad de evaluar y pensar cómo serían las funciones de relación entre las políticas nacionales y políticas regionales y locales. Ha existido la idea de que a los niveles subnacionales le compete un rol "aplicador" de las políticas en lugar de verlos como "formadores" de políticas que tienen como marcos referenciales los planes nacionales que la instancia rectora emite o forma.
Existe una tensión entre una mirada "sectorial" en la formación de políticas en lugar de tener y desarrollar una mirada territorial del desarrollo. Una mirada territorial, podría, por ejemplo, relacionar el tema de nutrición infantil con la necesidad de desarrollar la producción local de alimentos bajo un enfoque de seguridad alimentaria. Lo mismo en el tema de la participación y formación ciudadana de niños y adolescentes, con la atención y promoción del medio ambiente, entre otros ejemplos.
Hace falta preguntarnos ¿Cuál es nuestro rol como ente rector y cuál es nuestra responsabilidad y capacidad de diálogo con las experiencias regionales y locales? ¿Qué tan flexible tiene que ser un Plan Nacional ante la diversidad? Esta última pregunta hace referencia a la necesidad de diálogo intercultural que los planes deben contemplar ¿Qué tanto conocemos y hemos sistematizado experiencias locales? [Justicia Social] Para Béjar es posible la construcción de una política integral si hay voluntad en el gobierno; y que haya voluntad en el gobierno depende también de que haya conciencia en la sociedad (y niveles óptimos de ciudadanía, entendida como ejercicio pleno de derechos de todo tipo). La abundancia de recursos no es requisito indispensable para diseñar una política social que garantice a la población peruana un mínimo de bienestar. Hace falta desarrollar un pensamiento basado en la justicia social5.
Ahora, con relación a las definiciones; no existe un consenso sobre el glosario de la política social en la literatura especializada. Sólo, destaco algunas definiciones que me parecen interesantes.
La política nos da la pauta, la orientación:
"…Las políticas, dicen Koontz y Weidrich, son planes, en el sentido de que constituyen declaraciones o interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento de los actores para la toma de decisiones…" Estos autores señalan que las declaraciones son expresas pero las interpretaciones son tácitas. Mientras las declaraciones se expresan en documentos, las interpretaciones se manifiestan en comportamientos.
Se puede decir que cuando hay un comportamiento generalizado de los funcionarios del Estado y la población de un país, eso equivale a una cultura y se convierte en una política, aunque tal comportamiento no figure en ningún documento como tal.
En este caso encontramos una vinculación directa entre cultura y política pública. A veces se niega que existe una política, cuando en realidad, se la pone en práctica omitiendo realizar acciones que son necesarias. Hay, por lo tanto, una política por acción y por omisión.
Un Estado puede argüir que no tiene política respecto de las minorías indígenas, pero su ignorancia del problema, su renuncia a dar respuesta a los intereses y demandas de estas poblaciones constituye, de hecho, una política. O lo que es más frecuente, la política real puede contradecir a la que está expresada en los documentos. Podemos afirmar que nuestro país tiene una política de protección a los niños y niñas, cuando la actitud general, del Estado y la población, es la de abandonarlos. En este caso es la situación real la que caracteriza la política.
Para Koontz y Weidrich, las políticas son definidas a través de procesos que suponen consensos En lo particular, me atrevería a decir que la política social pública amplia, diversa y coordinada (para muchos casi inexistente en nuestro país) se construye y pasa por todo un proceso de formación. De acuerdo a los autores antes mencionados:
"… es una secuencia de pasos en que un número de distintas categorías analíticas puede ser diferenciado por autores [actores] diversos. Este proceso incluye la identificación del problema, la fijación de una agenda de trabajo, la adopción de la política, su implementación y evaluación…" entre otros aspectos.
El modelo de formación de políticas del INDES (Modelo Interactivo e Iterativo) estaría en este sentido; opuesto a la construcción clásica vertical e instrumental de las políticas.
El INDES visualiza a la política social como un Contrato Social entre la entidad de gobierno encargada de impulsarlo y llevarla a acabo y los beneficiarios de la misma. Es un contrato porque para que la política tenga un mínimo de éxito, ambas partes se tienen que comprometer, al comenzar el proceso de ejecución, a realizar una serie de acciones, renunciar a otras, y contribuir con recursos (tiempo de trabajo frecuentemente en el caso de los beneficiarios pobres) para lograr los objetivos de la política6.
"Toda la literatura sobre las políticas sociales participativas muestra hasta la saciedad que sin la participación de los interesados y beneficiados es difícil alcanzar el éxito. Un déspota benevolente e ilustrado que, desde lo alto de su poder, diseñara una política social perfecta en beneficio de sus súbditos, particularmente de los más necesitados y marginados, y la impusiera coercitivamente, no tendría ninguna garantía de éxito si los recipientes no cooperan" Participación por contrato. La participación como mecanismo contractual en las políticas sociales. Luis de Sebastián
Modelos de formación de políticas
Modelos tradicionales de formulación de políticas y programas Poco flexibles De arriba hacia abajo Acciones emprendidas responden a decisiones previamente tomadas Poca consulta a los diferentes interesados Alejados de las realidades que enfrentan Modelos de Laswell 1962
El modelo de Laswell sintetiza los que fueron modelos verticales y paradigmáticos en su momento y reconocidos como pioneros en el tema de formulación de políticas y programas. Es claramente vertical, las decisiones fluyen de arriba hacia abajo, siendo las actividades iniciales o superiores las dominantes y donde la actividad de evaluación es de carácter terminal.
Modelo de Kingdon 1984 El modelo de Kingdon ofrece, por su parte, una importante evolución. Es un modelo centrado en la definición de agenda, en la cual para efectos analíticos, se incluyen en ella por primera vez, dos actividades clave: la definición del problema y la generación de alternativas. Ambas actividades están, pues, relacionadas, aunque dominadas por distintos actores, entre los cuales se destacan el gobierno (que da lugar, por ejemplo, a la agenda gubernamental) y otros menos visibles pero importantes políticamente (que dan lugar, por ejemplo, a la agenda política y a la agenda para "decisión"). Lo importante radica en que ambas actividades tiene sus propias corrientes y dinámicas, que cuando logran confluir, dan lugar a políticas públicas sólidas con mejores resultados.
De otro lado, el modelo interactivo e iterativo propuesto por el INDES cuenta con los siguientes componentes:
Análisis de la situación Definición de prioridades y objetivos Análisis de opciones Selección entre opciones Gestión de la opción seleccionada Monitoreo y evaluación
A. Análisis de la situación, definición de prioridades y de objetivos Uno de los principales problemas de los sectores sociales es su poca capacidad para precisar los objetivos buscados. Ello se explica, en parte, por la dificultad para definir adecuadamente los problemas que se quieren atacar y las causas que los originan; por la poca inclinación y, a veces, rechazo a sintetizar en afirmaciones precisas y verificables lo que se quiere hacer; y, por la multiplicidad de dimensiones, intereses y sectores involucrados en el análisis de la situación. En estos tres aspectos se puede y se debe avanzar significativamente.
En primer lugar, un adecuado análisis de la situación está en la base de una buena definición de los objetivos. Definir adecuadamente los últimos es una regla de oro para el éxito de cualquier política social. Por eso, el trabajo para establecer cómo se originan los problemas, para conocer sus causas y para definir cuáles de ellos están en la base de los siguientes, es decir, de establecer un ordenamiento, es de la mayor relevancia. Además debe recordarse que los problemas sociales siempre pueden ser vistos desde diversos ángulos, cambiando, con ello, su enfoque o relevancia. Así, en tanto construcciones sociales, la definición del problema no es una tarea fácil, y menos aún mecánica. En ello, instrumentos como el árbol de problemas son de suma utilidad. Este árbol, una vez invertido, es una buena base para la jerarquización y definición de los objetivos. Una buena comprensión de los problemas y recíprocamente una más clara definición de los objetivos es la base de las actividades subsiguientes.
La segunda dificultad tiene que ver, entonces, con la posibilidad de sintetizar y, más precisamente, con la posibilidad de hacer gerenciables y evaluables los objetivos perseguidos. Los paradigmas de gerencia y evaluación que apoyan un control efectivo de desempeño (o sea, una estrategia de "accountability" puesta en acción) requiere de objetivos que sean claros, viables, delimitados y verificables. Los objetivos con que solemos trabajar, particularmente al iniciar el proceso de definición y priorización, tienden a ser ambiguos y, a veces, inviables. Se formulan de manera poco precisa, logrando así la movilización de fuerzas políticas, pues describen de manera genérica una transformación que múltiples actores o interesados desearían promover.
Esta formulación general de los objetivos tiene una razón de ser válida en el proceso de movilización de fuerzas de las fases iniciales de formación, pero resulta insuficiente para avanzar en las fases subsiguientes, particularmente de selección de alternativas y ejecución. Hasta tanto no se avance en la especificación de objetivos delimitados y verificables, la gerencia y la evaluación no tendrán respaldo firme para la construcción de un "accountability" verdadero. Sólo contra objetivos delimitados y verificables es que se podrán entender y precisar las acciones posteriores. Pero, tanto el análisis de la situación como la evaluación, para ser legítimos, deben haber tenido en cuenta los intereses y perspectivas de los diferentes involucrados, que es la tercera dificultad mencionada. El vincular y conocer los intereses de los involucrados, y con ello el establecimiento de las prioridades, es igualmente relevante para el desarrollo de los otros componentes y constituye una de las características centrales del modelo. Las técnicas de análisis de involucrados para acercarse a la definición del problema y a una precisión compartida de lo que se quiere adelantar es vital en el proceso.
En cuanto a la forma como llegan los problemas a la agenda, recientemente se han dado cambios importantes. De un único camino, el tradicional o burocrático, válido por cierto, se está pasando a conformar la agenda de problemas vía muy distintos canales. Entre los nuevos canales se destacan el rol más activo de los medios de comunicación, que empiezan a ganar fuerza e independencia; el creciente lobby o cabildeo de gremios y asociaciones, ahora de muy distintas categorías; y, sobre todo, la expresión misma de la comunidad que gracias a los cambios en los sistemas políticos tiene hoy día mayores y mejores canales de expresión, ya de manera directa, ya a través de ONG. Evidentemente, según los contextos de cada país, estos grados de participación varían.
B. Análisis de opciones, bases para el consenso y selección de opciones La generación y análisis de diversas opciones es quizá la actividad más débil en los procesos actuales de formación de políticas y programas sociales en la región. Hoy día casi nunca se proponen ni se analizan opciones que respondan a los distintos intereses de los involucrados y que permitan vislumbrar, si fuesen desarrolladas, las consecuencias de los diferentes caminos potenciales. En los raros casos en los cuales se ventilan diversas opciones, la propuesta de ellas suele ser dominada por una sola racionalidad, como, por ejemplo, la técnica, lo que reduce sus posibilidades. Las opciones, para ser certeras, deben ser comprensivas en los distintos aspectos que caracterizan la acción, incluidos los políticos y los institucionales.
Pero además, en los casos en que se proponen diversas opciones, el proceso de selección de una de ellas casi nunca es claro. No lo es porque no se acude a los instrumentos, que en este caso sí deben ser eminentemente técnicos, que permitan pesar dichas opciones (tales como los de costo– efectividad o costo-beneficio) o porque dadas las limitaciones que éstos tienen, se prefiere tomar las decisiones de manera artesanal. Hay, en la toma de decisiones, la "cultura del olfato". Este hecho plantea uno de los desafíos que tienen los sectores sociales, que es el de generar instrumentos y metodologías que dejen ver con mayor claridad cuáles son los efectos potenciales de las decisiones por tomar.
Por supuesto, la selección entre opciones no deja de ser polémica. De hecho, cualquier actividad del modelo de formación de políticas y programas sociales lo es toda vez que en ellas intervienen distintos intereses. Pero la fortaleza y la sostenibilidad de los programas sociales radican justamente en que se haya sabido dar una adecuada cabida a los intereses en juego. Entre más confluyentes sean esos intereses hacia los objetivos y líneas de acción del programa, opciones y decisiones, mucho mejor. Por tanto, la existencia de consensos resulta ser una característica fundamental para alcanzar la sostenibilidad de las acciones sociales hacia la cual hay que propender. Como ella no siempre es posible, es entonces claro que entre más transparente se sea en la selección de las opciones, mejor será el resultado.
Adicionalmente, para que esa selección tenga validez, es condición necesaria que quien la realice sea legítima ante los involucrados. Es generalmente el gobierno el que toma este tipo de decisiones, y por tanto su legitimidad y la naturaleza democrática del proceso decisorio son dos condiciones necesarias para el éxito de la opción que se quiere implementar.
C. Gestión de la opción adoptada Dadas las características del modelo propuesto, la puesta en ejecución de las políticas requiere de una gerencia especial fundamentada en las siguientes características:
Continua interacción con las otras actividades de formación de las políticas; Apertura y permanente interacción con los usuarios e involucrados; Flexibilidad y capacidad de respuesta a los frecuentes cambios del entorno; Claro entendimiento de las viabilidades técnicas, financieras, políticas e institucionales, como base de las acciones a emprender; Un buen conocimiento de su organización así como de su relación con su entorno; y Una gran capacidad coordinadora.
Es, quizá, la primera característica la que le da otro alcance a esta actividad: poder y saber interactuar con las otras actividades del modelo (definición de problema, selección de opciones, evaluación), a fin de asegurar que la formación de las políticas sea un proceso continuo e indivisible enriquecido desde la acción misma y donde "la puesta" en acción sea congruente con la formulación y diseño de alternativas. Supone entender, además, las racionalidades que mueven las otras actividades y saber dialogar con ellas.
Asimismo, y como ya se dijo, requiere disposición al cambio y a la flexibilidad y apertura a los distintos involucrados. También, exige un claro reconocimiento de las viabilidades, condición eficaz en la acción. La acción que promueve esta gestión corresponde en este caso, al desarrollo de los programas y proyectos que componen la política en formación.
Por tanto, su actividad tiene que ver, en mucho, con asegurar el éxito de dichos programas. Estos, a su vez, en su proceso de desarrollo, enfrentan complejidades y actividades similares a las de los procesos de formación de políticas, aunque con desarrollos cada vez más específicos. En el cuadro 5 se muestra como a nivel de programa se puede también repetir el modelo de formación, pero esta vez limitado al ámbito del programa.
D. Monitoreo y evaluación El alcance de este cuarto componente puede verse de dos formas complementarias entre sí. La primera perspectiva destaca la importancia de observar resultados obtenidos, pues son ellos que dan sentido a las anteriores actividades.
Al respecto, una discusión frecuente gira alrededor de cuáles resultados se deben analizar, incluso si ellos son o no medibles. Aquí nos referimos a la gama amplia de resultados que puede tener una política o un programa y hay una apuesta grande a que todos los resultados son susceptibles de ser medidos, bien sea cuantitativa o cualitativamente, y así estén sujetas a ciertas limitaciones. La segunda y más reciente perspectiva del componente evaluativo reconoce que cada una de las actividades del proceso de formación y gestión genera resultados, los unos relacionados con el proceso mismo de formación de política, los otros relacionados con los resultados intermedios o complementarios a los resultados finales. En cualquier caso, estos resultados hay que estudiarlos y reconocerlos, para poder tener un mejor desarrollo de la política y para poder dirigir más adecuadamente las acciones hacia los resultados deseados. La conjunción de estas dos perspectivas es lo que asegura el aprendizaje continuo. Esta actividad recurrentemente evaluativa es la que permite ir reorientando las acciones en las actividades precedentes y, por tanto, ir teniendo mejores resultados.
NIVELES Y OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
La política social, es una política pública, es decir, un conjunto de criterios que orientan el comportamiento del Estado. En el caso de las políticas sociales se refieren a temas específicos sentidos por la población.
"…en el Perú la política social no existe como política pública; lo que hay es un conglomerado de políticas sectoriales y programas estatales dispersos y descoordinados…" Béjar "En el Perú, /la política social/ se entiende como el conjunto de las políticas de educación y salud, las de protección social (jubilación y seguro de enfermedad o accidentes de trabajo), y un conjunto de programas sociales dirigidos a los grupos en situación de pobreza" CIES – Consorcio de Investigación Económica y Social.
Posee tres elementos (o intervienen tres elementos):
a.- La población: en el sentido tradicional, como población objetivo o factor pasivo; pero en un sentido contemporáneo como actriz o promotora.
b.- El Estado: (administración pública o gobierno) como actor o como espacio que recibe la influencia o la presión de la población.
c.- El tercer elemento está dado por un conjunto de criterios y líneas de acción que, al comunicar los dos primeros, constituyen las políticas sociales en sentido estricto.
UBICACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL:
Gráfico obtenido del libro Justicia Social, Política Social de Héctor Béjar. CEDEP
La política social está muy relacionada con los valores, nos dice Béjar, la formación de una política social supone una preocupación general por la situación de cada uno de los que componen una sociedad, lo que a su vez supone una base común de cierta generosidad y altruismo. (Ideas asociadas también a la justicia social) Esto es al mismo tiempo el consenso8 de partida sin la cual la política social es imposible, afirma. Dado que, de no contar con el consenso no se tendría el respaldo social indispensable para existir. Esto quiere decir que hay una relación de continuidad entre política social, consenso social y valores sociales. Estas ideas complementan la frecuentes definiciones instrumentales u operacionales que se dan de las políticas sociales como instrumentos para conseguir objetivos predeterminados como el de reducir la pobreza.
Los programas sociales en el marco de la lucha y la superación de la pobreza
A principios de la década de los noventa los programas sociales tomaron mayor impulso, en especial los programas de apoyo alimentario, como una manera de atenuar el impacto del proceso de estabilización de la economía; y luego como un mecanismo de compensación (se dice que de los que no se beneficiaron del crecimiento económico experimentado entre 1994 y 1997).
Unos de los programas sociales más importantes fue el FONCODES (Fondo de Compensación para el Desarrollo Social) creado en 1991 con la finalidad de financiar proyectos que contribuyan a generar empleo temporal. También tuvo a su cargo el Programa de Desayunos Escolares hasta el 2001. Luego se crea el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) en 1992 a partir de la fusión de la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) y el Programa de Asistencia Directa (PAD) con la finalidad de dar apoyo alimentario infantil, a comedores populares y alimentación escolar, entre otros.
La cantidad de programas de ayuda alimentaria fue muy grande. En el año 2002 el MEF publica un boletín de Transparencia Fiscal en la que habla de una "masificación" de los programas de apoyo alimentario en la década de los noventa debido a los altos índices de pobreza.
A fines de los noventa se lanza el programa Projoven, posteriormente el programa A Trabajar Rural, A Trabajar Urbano, entre otros que ya todos conocemos.
US$ 318 millones 1993 US$ 1 000 millones 1995 US$ 1 087 millones 1997 US$ 900 millones 1998-1999 US$ 850 millones 2000-2004 US$ 720 millones 2005 No obstante, todos estos esfuerzos, no lograron traducirse en una reducción de la pobreza:
Muchos especialistas sostienen que las causas van más allá de la recesión económica y están relacionadas más bien con el diseño y funcionamiento de los programas mismos. El desempeño del Estado para cumplir con los objetivos de reducir pobreza y beneficiar a los más pobres ha sido largamente cuestionados. La falta de cobertura se debe a una fuerte filtración de los recursos; y de otro lado la mala gerencia de los recursos.
Gerencia Social Eficiente Bernardo Kliksberg nos dice que gerenciar proyectos para poblaciones carenciadas en campos como la nutrición, la educación el empleo, la vivienda, el desarrollo rural, etc. se muestra en la práctica como una actividad gerencial muy particular que no pueden manejarse con enfoques de la administración de empresas privadas o de la administración pública tradicional. Se requiere de un enfoque diferenciado, de un enfoque de Gerencia Social.
¿En qué consiste un enfoque de Gerencia Social? En cualquier programa social de ciertas dimensiones intervienen múltiples entidades: ministerios, alcaldías, gobernaciones, ONGs, sociedad civil, comunidades etc. entre estos suelen haber choques, disputas, entre otras limitaciones para coordinarse. La gerencia social trata de maximizar las sinergias entre los distintos participantes. En segundo lugar, la evidencia mundial nos da a conocer el alto grado de correlación que existe entre los niveles de participación e involucramiento de la población carenciada en el diseño y gestión con los niveles de éxito de los programas. Una gerencia social, efectiva, favorece por todos los medios posibles la participación. En tercer lugar, la gerencia social cree en la descentralización. Los programas sociales pueden ser más efectivos si están más cerca de la población a la que se dirige. En cuarto lugar, un enfoque eficiente de gerencia social se apoya en la cultura de la comunidad. Sus valores, sus creencias, liderazgos naturales, tradiciones, tecnologías no deben ser marginados sino más bien movilizados en favor de éste. En quinto lugar, en los programas sociales, las condiciones cambian continuamente; por lo que es necesario practicar un estilo gerencial adaptativo y flexible que permita ir respondiendo a esos cambios sobre la marcha. En sexto lugar, en gerencia social se practica el control social del programa. Se trata de que los programas sean transparentes para la sociedad, de que haya continua información sobre su marcha.
(sinérgico, participativo, descentralizador, adaptativo, y apela al control social) "América Latina, está enfrentada actualmente a graves e ineludibles déficits sociales. Uno de los diversos aspectos a reexaminar es el gerencial. Desarrollar capacidades para practicar una gerencia social eficiente aparece como un desafío estratégico para la región" Berbardo Kliksberg.
"La focalización de estos programas hacia los grupos que más lo necesitan no ha tenido éxito. Hoy tenemos la misma proporción de pobres que hace cinco años y más pobres en términos absolutos que antes, todo ello a pesar del esfuerzo de gasto público realizado en los últimos diez años" sostiene Rafael Cortez en su trabajo: "La nutrición de los niños e edad pre-escolar" (Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico – 2002) Cortez, en su trabajo, profundiza en el estado nutricional de los niños y menciona los resultados de la Encuesta de Demografía y Salud Familiar (Endes 2000) del INEI. Ésta revela que el 25,4% de los niños menores de cinco años presentan un considerable retardo en el crecimiento producto de la desnutrición crónica y que, más de 50% de los niños menores de cinco años presentan cierto grado de desnutrición. La situación es más grave en las zonas rurales, donde el 11,9% de los niños menores de cinco años presentan desnutrición severa, mientras que en las zonas urbanas este porcentaje de reduce a 3%.
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA: A. Errores de focalización:
Juan Chacaltana de GRADE observó distorsiones en la asignación final de recursos entre pobres y no pobres, como filtraciones de recursos hacia los no pobres (se beneficia a personas que no forman parte del grupo objetivo) y situaciones de subcobertura (no se atiende a todo el grupo objetivo) La focalización implica en primer término superar un enfoque de homogeneidad que no discrimina la población objetivo de un determinado programa social y, por tanto, segmenta a dicha población de acuerdo a sus carencias y necesidades para lograr un mayor impacto de los recursos utilizados.
Según la CEPAL (1995) «focalizar consiste en concentrar los recursos disponibles en una población de beneficiarios potenciales, claramente identificada, y luego diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender un determinado problema o necesidad insatisfecha, teniendo en cuenta las características de esa población, a fin de elevar el impacto o beneficio potencial per cápita».
Tomando en cuenta que los recursos son escasos resulta necesario seleccionar aquellos grupos cuyas necesidades no son postergables y que resultan ser los más afectados por el ajuste.
Focalizar implica romper con la dispersión de recursos que conlleva el beneficiar a sectores no pobres por mal diseño o generalización de la población objetivo de determinadas acciones, por la mayor presión que ejercen grupos con menores necesidades pero con mayor organización social y política y, en última instancia, implica relegitimar al Estado frente a los sectores más desfavorecidos si se logra romper con el tradicional clientelismo asociado al reparto de beneficios que normalmente se asocia a la política social.
Al menos dos dificultades se asocian a la focalización. La primera se refiere a los costos (no solamente monetarios sino sociales, culturales y especialmente políticos) en que se incurre para identificar a los beneficiarios, los cuales se incrementan a medida que aumenta el nivel de diferenciación o precisión del grupo. La segunda se refiere a la capacidad informática, burocrático- administrativa y técnica necesarias para lograr dicha identificación. Pero podríamos agregar una tercera, que tiene que ver con el incremento de la pobreza y por ende, de la exclusión social.
Las ventajas de la permanencia de los programas sociales focalizados vendrían asociados a:
Optimizar el diseño del programa; Incrementar la eficacia y el impacto del mismo y Que opere un necesario mecanismo de exclusión de aquellos que no necesitan estar incluidos en dicho programa.
Focalización e impacto son dos elementos inseparables si se quiere evaluar el efecto de la política social compensatoria. Por ello, la CEPAL (1995) afirma que «El impacto debe ser definido como la magnitud del beneficio que reciben los destinatarios de los programas según los objetivos buscados». Por ello debe quedar claro que ni la cobertura, ni la inversión en infraestructura social, ni los gastos corrientes son considerados como impactos de las políticas instrumentadas. En definitiva, impacto es la real mejora en las condiciones de vida de las personas que fueron beneficiadas por los programas sociales implementados.
B. Sesgo asistencial:
Una característica común que comparten los programas de lucha contra la pobreza es que están más orientados al alivio y a la protección social que a la superación de pobreza y a un mejoramiento permanente de la condiciones de vida. Juan Chacaltana también evalúa este problema y revela que el 85% del gasto en la lucha contra la pobreza se destina a programas de asistencia alimentaria y a infraestructura social; mientras que un 15% se ha dedicado a programas de infraestructura económica y de apoyo a la producción.
Los programas asistenciales no han contribuido a generar mayores y mejores oportunidades para que la población salga de la pobreza por ellos mismos.
(Efectos negativos de inmovilización y atomización de capital social) C. Interferencia política:
Esto hace referencia a la interferencia político-partidista, como problema que en materia institucional, enfrentan y han enfrentado algunos de los programas sociales. Rafael Cortez menciona que en la década de los 90 la mayoría de los programas sociales respondían a intereses políticos de gobierno. Y esto se aprecia más en zonas rurales, donde los programas alimentarios cubren parte de las necesidades de la población en términos de acceso a alimentos pero no satisfacen sus necesidades nutricionales. La relación que se estableció en los noventa entre el gobierno y las OSBs permitió que los fines políticos prevalecieran y que se perdieran de vista los objetivos por los cuales fueron creados los programas de apoyo alimentario ejecutados por PRONAA.
D. Conflicto entre objetivos:
Uno de los problemas que han enfrentado los programas sociales es que a menudo, se ha pretendido que cumpla con varios objetivos simultáneamente, los cuales pueden llegar a ser conflictivos entre sí. Esto le sucedió, a fines de la década de los noventa, al PRONAA. PRONAA se crea para mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables, pero este objetivo fue desplazado por el de elevar los ingresos de los campesinos. En el caso de FONCODES, según Pedro Francke, no cumplía con el objetivo de maximizar la generación de empleo porque se dedicó a financiar obras que no eran intensivas en empleo, pero que sí respondía a demandas de la población pobre.
E. Débil monitoreo y evaluación:
Otro problema, quizás el más conocido, es la falta de evaluaciones de impacto de los programas de lucha contra la pobreza extrema. Según una investigación del Instituto Apoyo, menos del 20% de los proyectos públicos realizaron evaluaciones de desempeño. Esta carencia de evaluaciones de impacto es una debilidad importante de las políticas sociales en el Perú, a lo que se suma el hecho de que las pocas evaluaciones que se hacen no se usan para tomar decisiones de política. (poca cultura y poco compromiso político en materia de monitoreo y evaluación) Propuesta de modelo general para el desarrollo de un Plan de Acción para la persona joven en el ámbito de Lima Metropolitana9
(Lineamientos Básicos) Marco General Aportar efectivamente a la inclusión social, la calidad de vida y el respeto de los derechos de los jóvenes de nuestro país. Esta propuesta, tiene como desafío la implementación de políticas locales de juventud que garanticen la sustentabilidad de un trabajo orientado a jóvenes de largo aliento y orientados a la construcción de una política pública de juventud en Lima Metropolitana, que promuevan el desarrollo de estrategias innovadoras relacionadas a la intersectorialidad y a la puesta en agenda, incluso regional, de la problemática juvenil y de sus posibilidades10. Esta propuesta podría entablar; asimismo, diálogo con los avances logrados en el marco de las acciones dirigidas a población infantil y adolescente11 y evaluar la posibilidad de dirigir acciones para incidir en la transformación y dinamización de la institucionalidad local pública o privada en el tema.
La relevancia del nivel local para el éxito de las intervenciones en juventud no puede ser desconocida. Actualmente, en el marco de los procesos de descentralización, el ámbito local (sea provincial o distrital) adquiere especial relevancia. La propuesta debe ser consciente de la necesidad de definir roles y competencias en el ámbito de los diferentes niveles de gobierno. Deben estar claros, en este sentido, el enganche de la propuesta con documentos normativos relevantes que van definiendo la marcha de la descentralización. Los intereses prácticos de lo local, el carácter primario de los actores que participan en él, el sentido pragmático de las acciones implementadas y la dimensión de convivencia cotidiana constantemente presente en este ámbito, definen la necesidad de traducir directrices globales de diseño de políticas a parámetros específicos que permitan al espacio comunal mayor eficiencia en su gestión y mayor capacidad de diagnóstico de problemas, intereses y demandas juveniles, así como de potencialidades y posibilidades en el entorno local12. En este sentido, la propuesta, así como el Plan mismo y su ejecución deben tomar como marcos referenciales el documento de Lineamientos de Políticas de Juventud, aún vigente, entre otros documentos orientadores de políticas, tales como el Acuerdo Nacional y los Objetivos del Milenio, etc.
Un elemento importante previo al inicio del trabajo es definir qué tipo de política queremos; o en otras palabras, cuál es el enfoque que orientará el diseño. La propuesta es que esta labor se desarrolle a partir de un enfoque basado en derechos ciudadanos y movilización de condiciones favorables y potencialidades de los jóvenes con un claro interés en tema de empleo13. En todo caso esto es materia de discusión, pero el eje orientador básico debe estar claro.
Para el logro de lo anterior, son indispensables los siguientes elementos:
Voluntad política del municipio para asumir este proceso y generar condiciones institucionales para hacerlo posible; es decir, voluntad de las autoridades municipales para impulsar el trabajo con jóvenes como una acción importante de su gestión, comprendida en su propuesta de desarrollo local a través de la destinación de recursos humanos y materiales pertinentes para realizar una labor sostenida en el tiempo.
Protagonismo juvenil como fuente de desarrollo del Plan, cuya fuente de legitimidad y pertinencia está en estrecha relación con las posibilidades de participación real a de los jóvenes en el diseño, implementación y evaluación de todo el proceso de construcción.
Adecuación de la Plan a las especificidades locales distritales. En cada momento de desarrollo del Plan, las experiencias locales deben tener acceso a su identidad y su historia e introducirla en el modelo de política propuesta. Esto permitirá el acercamiento entre los criterios de trabajo generales y contenidos específicos con los que tal política dará satisfacción a los requerimientos locales.
Constituir un proceso formativo en el ámbito local para la gestión en el tema de juventud. Premisa central del proceso que se inicia con este programa de actividades, es el desarrollo y fomento de las capacidades locales para el trabajo con jóvenes. Esto supone tanto la entrega y apropiación de herramientas de diagnóstico e intervención en juventud, como también la vinculación de los problemas y requerimientos locales con estrategias globales de políticas públicas, de modo tal de vincular ambas perspectivas en un intento de acoplar los intereses de Estado y comunidad.
Estrategias de comunicación e incidencia. Un último, pero no menos importante componente está relacionado a los procesos comunicativos y de incidencia que permitan dar impulso, tanto en la etapa de diseño como de ejecución y seguimiento del Plan. Hace falta posicionar el tema de jóvenes y apuntar a modificar percepciones al respecto. Nada puede ser visto como logro si no orientamos la percepción de actores clave para el proceso, de que el tema orientado a personas jóvenes es necesario.
En este sentido, como objetivos finales del Plan pueden ser entendidos los siguientes:
Incorporación de la perspectiva de derechos para fortalecer la ciudadanía juvenil, esto es, construir un contexto social que posibilite la visualización y ejercicio de los derechos ciudadanos, así como del reconocimiento y dinamización de sus potencialidades. Incluso que el enfoque que oriente a un eventual diagnóstico debe estar basado en el contexto y en las posibilidades más que en la descripción de los problemas que "los jóvenes representan".
Contribuir a un reordenamiento de la institucionalidad pública y privada local en materia de juventud. Este espacio se articula desde la mirada, opiniones e intereses de distintos actores: el municipio, organizaciones sociales y los jóvenes de la localidad, entre otros. Orientar esfuerzos y objetivos generales hacia un mismo sentido contribuyendo a la construcción de una política pública para la persona joven, a fin de compatibilizar objetivos generales de la intervención pública y privada en el tema de juventud con formas especificas de intervención en el ámbito local.
Objetivos de la propuesta Objetivo general Diseñar e implementar un Plan Local de Juventud para la Región Lima Metropolitana orientado a la construcción de una política pública de juventud con especificidades locales14.
Objetivos específicos Instalar capacidades y entregar herramientas de diagnóstico (basado en enfoques de contexto y posibilidades) e intervención en el nivel comunal para el trabajo en la temática juvenil. Sistematizar la oferta pública, privada y del tercer sector vinculada a la temática juvenil en el ámbito local.
Articulación de diversos actores de nivel local para dotar de contenido al modelo de plan local de juventud.
Estructura de la propuesta Componente 1: Gestión para la propuesta en marcha del proceso La propuesta asume que el proceso de construcción de los planes de juventud debe ser ejecutado por organismos locales, en especial por las Unidades Municipales de Juventud. En este entendido, las instituciones organizadoras de este proceso, jugarán un doble rol: por una parte, actuarán como asesores técnicos y por otra, como sistematizadores de los distintos eventos que se desarrollen.
Componente 2: Diagnósticos locales El diagnóstico local estará estructurado sobre la base de cinco áreas temáticas; estas son: Área de Empleo Área de Salud, autocuidado y deporte Área de Educación y formación Área de Cultura participación El análisis de esta fase se operativizará por medio de las variantes siguientes:
Diagnóstico de la realidad juvenil comunal. Se recogerá información pertinente de diversas fuentes secundarias tales como estadísticas oficiales y estudios relevantes.
Desarrollo de mesas de trabajo con agrupaciones juveniles y jóvenes interesados en participar del diagnóstico de la realidad juvenil comunal. Esta variante supone los pasos siguientes:
– Selección de grupos de jóvenes – Convocatoria a mesas de trabajo – Orientación en las discusiones sobre la base de las áreas temáticas propuestas – Sistematización de la discusión – Consolidación de una propuesta por área de trabajo definida Sistematización de la oferta pública, privada y del tercer sector. A través de un esfuerzo de coordinación intersectorial se procederá a detectar el conjunto de acciones, planes y programas cuyos beneficiarios son los jóvenes. Dicha información se organizará de acuerdo a las áreas prioritarias (temas y funcionales) establecidas por la institución organizadora de este proceso Diseño de estrategia para la elaboración del Plan Local de Juventud en función de los antecedentes anteriores.
Componente 3: Gestación del Plan Local de Juventud Este componente supone la generación de redes locales de trabajo y el desarrollo del plan operativo de la política local de juventud. El desarrollo de redes locales implica la ampliación de las mesas de trabajo juveniles a otros actores comunales con el fin de establecer una red de sustentación y vinculación de la institucionalidad juvenil local. El diseño del plan operativo de la política local de juventud supone la concreción de las discusiones de las mesas de trabajo en acuerdos y compromisos específicos entre los diversos actores involucrados.
Las actividades centrales de este componente son las siguientes:
Selección de actores relevantes para el desarrollo del Plan Local de Juventud.
Convocatoria de mesas de trabajo.
Presentación de la estrategia para la elaboración del Plan Local Juventud.
Organización de la discusión sobre la base de las áreas temáticas propuestas.
Sistematización de las discusiones y levantamiento de demandas y condiciones de los diversos actores involucrados.
Cruce y compatibilización de demandas y condiciones de actores participantes de las mesas de trabajo para la implementación del Plan local de Juventud.
Diseño de plan operativo.
Componente 4 Seguimiento, Evaluación y Acompañamiento Técnico.
Este componente implica definir estrategia para producir la documentación y sistematización de todo el proceso que se implemente en cada localidad o distrito. Asimismo, se espera definir un sistema permanente de evaluación de los resultados en relación con los impactos, procesos y aprendizajes obtenidos en la fase operativa del plan, de modo tal que el propio plan pueda ser redireccionado de acuerdo con las variaciones que en el transcurso de su aplicación aparezcan como necesarias.
Las actividades centrales de este componente son las siguientes:
Convocatoria a grupo de evaluación y seguimiento.
Definición de indicadores de seguimiento y evaluación Diseño de plan de seguimiento y evaluación.
Para efectos de plan de acompañamiento de cada una de las experiencias, los planes elaborados y ajustados a las realidades locales serán enviados a las instituciones convocantes, las cuales los distribuirán a las demás comunas participantes, esto como una forma de alimentar con insumos a distintas experiencias locales. Compartir los planes de trabajo de cada comuna se justifica en la medida que el desarrollo de esta experiencia piloto deberá tener como componente fundamental el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los participantes, esto como una forma de construcción de conocimiento útil para la replicabilidad de las experiencias.
Para asumir las necesidades de capacitación que no puedan ser cubiertas por las propias instituciones, se propone recurrir a otras instituciones públicas o privadas que cuenten con las experticias necesarias. Esto como una forma de construir una red de instituciones de apoyo a la generación de políticas locales de juventud.
En el período de tiempo entre cada encuentro se propone que las que las localidades mantengan comunicación vía correo electrónico o telefónicamente con las instituciones asesoras y entre ellas. Por su parte las instituciones convocantes se reunirán periódicamente con el fin de preparar los encuentros bimensuales, ajustar y unificar criterios y analizar el desarrollo del proceso en cada localidad.
Finalmente, para dar un mayor dinamismo desde el puno de vista del traspaso e intercambio de información, se propone la construcción de una página web a través de la cual se haga llegar, de manera simultanea a todas las experiencias, documentos de interés para el trabajo en juventud e información sobre los procesos locales. La administración de la página será responsabilidad de las instituciones convocantes.
Plan Local de Acción por la Infancia de la Provincia de Ica 2005-2010 Pautas metodológicas empleadas.
Objetivo:
Contar con una herramienta de gestión que permita desarrollar políticas integrales a favor de la niñez y adolescencia, involucrando a instancias de Estado y del gobierno local (Provincial de Ica) así como a la sociedad civil y la empresa privada.
Principios:
Supervivencia y desarrollo (necesidades básicas cubiertas y desarrollo integral de la infancia y adolescencia) No discriminación.
Interés superior del niño (En cualquier acción o toma de decisión que involucre a niños y niñas y adolescentes el "interés superior" debe ser la consideración primorial) Participación protagónica de niños(a) y adolescentes.
El niño como sujeto de derechos.
Neutralidad política.
Vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.
Transparencia y derecho a la información.
Acción multisectorial.
Metodología de trabajo utilizado
1. ESPACIOS CREADOS Comisión de Coordinación del Plan. El COMUDENA (Comité municipal por lo derechos del Niño) se crea por acuerdo de Consejo Nº 018-99-ACM-MPI (29.04.05) órgano consultivo y de apoyo a la gestión municipal. Mecanismo permanente de participación cudadana y de coordinación onterinstitucional Participan: Municipalidad provincial de Ica, representantes de las municipalidades distritales, representantes de las DEMUNAS, Unidades de Gestión Educativa, Unidades territoriales de Salud, fiscalías de familia, jefaturas locales del MIMDES, ONGs vinculadas con el tema 2. ACTIVIDADES Encuentro de motivación y lanzamiento del proceso de diseño del plan.
Talleres de diagnóstico.
Talleres de construcción de objetivos y líneas de acción.
Reuniones de trabajo.
Consultas de la versión preliminar.
Aprobación del Plan.
3. PROCESOS CENTRALES:
Técnico Político participativo Comunicacional 4. MOMENTOS CLAVE:
Diagnóstico Formulación del Plan Consulta local Aprobación del Plan Notas:
1 Documento elaborado por Juan Carlos Pacora a ser presentado en Diploma de Políticas de Juventudes organizado por el CONAJU y la Universidad Pedro Ruíz Gallo. Chiclayo. Julio 2005 ([email protected] / [email protected]) El documento recoge ideas fuerza a ser desarrollados en la ponencia.
2 Brodersohn (1992) señala que las características principales de la política social compensatoria son las siguientes:
Tienen un papel emergente y de corto plazo.
Tratan de proveer de satisfactores básicos a la población más afectada por los programas de ajuste.
Tratan de promover el desarrollo de una nueva gestión social con gerentes sociales con capacidad de innovación para adecuar necesidades y recursos. La focalización: políticas sociales «estructuralmente ajustadas» Miguel Lacabana, Thais Maingon.
3 Y aunque suene trillado, el mismo Bernardo Kliksberg utiliza la metáfora diciendo textualmente: "Dice que la política social es actualmente la "asistencia pública" que recoge a los muertos y heridos que deja la política económica" Libro: Hacia una economía con rostro humano.
4 El Perú es uno de los países más centralizados de la Región. A pesar de poseer más de 2,000 gobiernos municipales [194 provinciales y 1,864 distritales], éstos apenas manejan el 5% del presupuesto de la república. El gobierno central concentraba, en el año 2000, el 87% de los ingresos públicos después de las transferencias de ley, frente al 65% en promedio de gobiernos de países medianos y grandes de la Región y 54% en países desarrollados. A nivel del gasto público se daba el mismo comportamiento, para el mismo año, los gobiernos locales, fueron responsables del 12% del gasto total, frente al 34% en América Latina y al 43% en los países desarrollados. Mariana Llona, Laura Soria "Presupuesto Participativo: Alcances y Límites de una Política Pública".
5 "La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad" (…) "La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre…" Catecismo de la Iglesia Católica.
6 Las políticas sociales, como las entendemos, son políticas sociales- específicas, es decir, dirigidas a grupos determinados, basadas en criterios teóricos y que incluyen procedimientos de focalización y delimitación de los beneficiarios. Son políticas para segmentos sociales concretos, establecidas para resolver problemas concretos. Me imagino que todas las políticas públicas que sean dirigidas a grupos concretos probablemente también se pueden analizar como contratos. Por ejemplo, una política comercial para proteger a los productores de bananas se puede analizar con una relación por la que dos partes, el ministerio de comercio respectivo, en nombre del estado, y los productores, se obligan a realizar acciones especificas. (…) Una política general, que no tiene como destinatario un grupo específico sino que está dirigida al bien de la sociedad en general, como por ejemplo la política anti-inflacionaria, es más difícil de concebir como un contrato entre el estado y la sociedad, aunque no imposible. Pero en este caso se diluye mucho la fuerza de la aplicación del concepto de contrato, a no ser que se considere que toda política pública es el resultado de un contrato implícito entre los grupos beneficiados por esa política y el estado6. Pero entonces, ¿cómo considerar la relación entre el estado y los grupos que pueden ser afectados negativamente por esa política? Sería un contrato para perjudicarlos? Participación por contrato. La participación como mecanismo contractual en las políticas sociales. Luis de Sebastián.
7 Datos obtenidos del documento de trabajo: Modelos de Formación de Políticas y Programas Sociales. Notas de Clase. Carlos Gerardo Molina INDES-BID.
8 Asimismo, la cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de los miembros de un grupo social en la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo. De otro lado, crear bienestar social e impulsar el desarrollo humano supone una conciencia generalizada (conciencia social) de la importancia de lograr esta realización plena; y una base educativa, cívica, política y económica hace que esa importancia sea comprendida. "Conciencia social es la suma de los deseos de bienestar y justicia que proceden de cada una de las personas que forman una sociedad…" Béjar.
9 Este documento da a conocer orientaciones y pistas muy básicas para el diseño de un Plan Local de Acción dirigido a la persona joven. Participaron en su elaboración: Juan Carlos Pacora, Luis Vélez y Alex Casas. Está pendiente su discusión y mejora.
10 La idea de posibilidades apunta a dar a conocer potencialidades de la persona joven.
11 Actualmente, en el marco del D.S. Nº 009-2004-PCM se definen las prioridades de política en las que se menciona a la primera infancia, se llevan a cabo planes locales y regionales de emergencia infantil que tienen un alcance a población adolescente constituyendo y estructurando instancias de coordinación.
12 Por mucho tiempo las estadísticas dan a conocer datos que visualizan a los jóvenes como problemas y orientan el diseño de políticas a la asistencia de los mismos sin dar a conocer, por ejemplo, potencialidades y condiciones que permiten dinamizar el desarrollo de esta población.
13 Debemos apostar a la construcción de una política pública que visibilice a la persona joven; específica en la medida que aspire a responder a las múltiples dimensiones y situaciones de la persona joven; descentralizada que articule lo nacional, lo regional y lo local; participativa que propicie espacios para las personas jóvenes; y de inclusión en su sentido amplio. Con enfoque basado en derechos nos referimos a los derechos civiles y políticos (vida, libertad, seguridad personal y participación); y derechos económicos, sociales y culturales (salud, familia, equidad y no discriminación, económico, educación, expresión, recreación y deporte).
14 Debemos diferenciar: Las políticas, políticas sectoriales y políticas públicas. Así como de política de gobierno, política pública y política de Estado. Este Plan de Acción debe contribuir a la construcción de políticas públicas, lo que en nuestro país constituye un reto ya que lo que siempre han primado son las políticas sectoriales dispersas. Una política que contribuya a la realización de la condición ciudadana, y reconocimiento de potencialidades por ejemplo, pasa por reconocer que una política pública de juventud, a la que aspiramos, es múltiple, diversa e integral y esto se construye; y la idea es incorporar este componente en el Plan. En esta propuesta somos conscientes que las políticas han venido orientando acciones de diverso tipo e incluso dispersas. Esta propuesta plantea que a partir de las acciones de un Plan se contribuya a la construcción de una política pública de juventud amplia y diversa, así como sostenible.
Políticas Sociales y Formación de Políticas en materia de Juventudes.
Autor:
Juan Carlos Pacora Huatuco.
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