Finanzas públicas (página 2)

XII. Proceso de privatizaciones en la década menemista

Crisis de Estado

La década de 1970 es en el ámbito internacional el momento de la ruptura con la forma de desarrollo social y económico que supone al Estado como factor principal de ese crecimiento. La crisis del Estado acompañada con la del petróleo produce un decrecimiento económico y un aumento del desempleo y la inflación. Esto da pié a que las teorías económicas clásicas que se habían visto ocultadas por el éxito del Welfare State resurjan en toda su gloria al salvataje (así como lo hacen las religiones que ocultas por un Estado represor, despiertan con toda la furia de los extremismos).

Así, la década del 80 (la década perdida) ya ve hacer efectiva en esta política económica llamada neoliberal (Reagan en los Estados Unidos, Tacher en Inglaterra) de coordinación de la economía a través del mercado. La crisis en Latinoamérica – y particularmente en la Argentina – encuentra hacia finales de la década una síntesis de la crisis manifestada en procesos hiperinflacionarios. Un gasto que desborda al ingreso; un proteccionismo que distorsiona la competitividad de las nuevas industrias; un gasto social que subvenciona a los sectores medios en desmedro de los más pobres; una burocratización ineficaz que inhibe cualquier esfuerzo innovador, es la crisis final del último intento de ser de un Estado que bajo esa perspectiva juega en contra del desarrollo económico y se interpone al avance de la lógica de mercado.

En respuesta a la ortodoxia neoclásica que tampoco brinda respuestas satisfactorias durante la década del 80, surgen distintos enfoques que buscan determinar las causas de la crisis y plantear una solución para las mismas. Con mirada hacia Latinoamérica, tenemos referencia de dos enfoques: el "consenso de Washington" y el de Crisis fiscal.

Consenso de Washington

Este puede ser tratado como el enfoque que más se aferra a la cultura liberal. Apunta a conciliar la lógica del orden económico de acuerdo a las especificidádes de cada economía Latinoamericana. Encuentra entre las causas de la crisis un excesivo crecimiento del Estado, traducido en proteccionismo, exceso de regulación y empresas estatales ineficientes y numerosas; así como un "populismo económico", definido por la incapacidad de controlar el déficit público y de mantener bajo control las demandas salariales en el sector privado y público.

Su propuesta como solución a la crisis supone dos aspectos. En primer lugar establecer la estabilidad macroeconómica. Esta se logra a través del a) control de la inflación: la producción se ve entorpecida si el sistema de precios se encuentra fuera de control; b) control del déficit fiscal: es una de las causas del punto a. El Estado gasta más de lo que gana, es "benefactor"; c) equilibrio de la balanza de pagos: consiste en la reducción de la inflación y del gasto público; y d) estabilidad del tipo de cambio: variable clave para una economía que se disponga a apuntar al sector externo y a generar confianza.

Como aspecto de la reforma estructural piensa en a) privatizaciones: apunta a la lógica fiscal del ahorro estatal; b) desregulaciones: tasa de interés desregulada, libre al mercado, a la "ley de oferta y demanda"; y c) apertura de la economía: a ella se asocia la libre competencia que apareja el aumento de la competitividad y su consecuente mejora de calidad y precios.

Pueden señalarse como principales críticas a este enfoque su ahistoricidad, ya. que evitan establecer contacto con el desarrollo de los hechos.. Por otro lado en ningún momento hace mención a la deuda de los Estados, tanto interna como externa.

Crisis fiscal

El enfoque de la crisis fiscal enfrenta el problema dando mayor presencia al Estado del que le da la opción anterior. Si bien ve también una crisis en el Estado a partir de un crecimiento exagerado y distorsionado de éste, aboga por la reconstrucción de éste a partir de que al tiempo que reduce su tamaño se reconstruye como un Estado fuerte.

La principal problemática de los Estados Latinoamericanos en crisis es que se vieron impedidos de su capacidad de ahorro, por lo tanto de inversión social, de infraestructura, de subsidios para el desarrollo industrial. Los cinco puntos que definen la problemática estructural son a) el déficit público; b) un ahorro reducido o bien negativo; c) una deuda pública interna y externa, acarreada de la crisis que comienza en el 70 de los Estados que sostuvieron la situación a través del crédito mientras poseyeron la confianza de los acreedores, muy grande; d) falta de crédito e incapaz de seguir generando deuda pública interna y e) la falta de credibilidad de los gobiernos. Se podría resumir la causa de la crisis en el grave endeudamiento adquirido por los Estados a los efectos de financiar una estrategia "hacia adentro" en lugar de orientarla a las exportaciones.

La solución de esta postura apunta sustancialmente a la reducción de la deuda pública a través de un ajuste fiscal (sobre todo hacia aquellos que pueden pagar) y una reducción de gastos a los efectos de recuperar el ahorro del Estado. Esta recuperación se supone con una cierta prolongación en el tiempo, sin "soluciones mágicas". Por otro lado no adjudica el papel cuasi totalizante del mercado propuesto por la economía liberal, sino una economía de coordinación mixta entre Estado y mercado con una creciente orientación que vaya del mercado interno al externo. Es decir un Estado pequeño pero fuerte, con capacidad de arbitrar el avance ciego del mercado.

Crisis y reforma en el gobierno de Menem

Cuando Menem asume el poder anuncia – y más tarde hace efectivas – una serie de reformas que marcan un vuelco absoluto respecto de la política anunciada en el discurso previo a la ascensión. Podemos pensar que dichas reformas responden en gran medida al enfoque y propuesta del "consenso de Washington" pero en cierta forma alterada. La reforma habría sido aplicada casi con un mínimo de ortodoxia, presentando algunas alteraciones – que en el plano de lo teórico – que no se ajustan estrictamente a dicha propuesta, lo que daría como resultado una forma alterada de la misma. Dichas alteraciones cabría tipificarlas más allá del ajuste necesario – supuestamente – a las condiciones y contexto de cada país; podríamos pensar que responderían a una adecuación de características particulares para los actores de decisión económica que participaron en la reforma, donde desde este plano (el económico), dichos actores se verían beneficiados.

Las condiciones que presenta el Estado en el momento que Menem asume no cubren al menos parte del mínimo de características que debería cubrir el más mínimo de los Estados neoliberales: garantizar la propiedad y el orden interno y la estabilidad de la moneda. La hiperinflación del 89 provocó el colapso de las finanzas públicas, provocando no solo huidas hacia el dólar que potenciaron la situación, sino también "hacia los supermercados".

Podemos presentar los principales puntos de la propuesta del "consenso de Washington" resumiéndolas en dos grupos de medidas: la primera apunta a promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y la adopción de políticas liberales de mercado, y la segunda a reducir el Estado.

En términos generales los cambios efectuados por el gobierno de Menem con la prioridad de reducir el déficit fiscal y contener la inflación antes que aumentar la competitividad y productividad de la industria a largo plazo, con lo que se puede pensar que las políticas aplicadas se vieron conducidas por un "apresuramiento".

Entre las primeras acciones se encuentra la de perfilar la ley de Emergencia Económica, produciendo el primer gran corte con la metodología de asistencia estatal al suspender los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, así como autorizar el licenciamiento y el fin de esquemas salariales de privilegio en la administración pública. Esta política de eliminación de subsidios viene aparejada en la política propuesta por el modelo norteamericano por un aumento de la inversión pública en los ámbitos de salud, educación e infraestructura.

En este aspecto obtenemos una primera alteración del modelo de Washington con respecto a la aplicación del mismo por el cambio del gobierno de Menem. Este aspecto se adecua a la reducción de los subsidios pero no a aquel aumento de la inversión pública que se supone lo acompaña. Si bien aumenta la Inversión en términos generales a partir del año 91 (16,3 % del P.B.I.) llegando al 22 % del P.B.I. en el año 96, la inversión pública sigue el sentido inverso, pasando del 2,3 % del P.B.I. en el año 90 al 0,9 % del mismo en el 93.

Reforma tributaria

Siguiendo el mismo orden de cosas, es menester hacer referencia a la política fiscal como uno de los ejes donde gira la reforma estructural del Estado en el primer período menemista. En este sentido el enfoque del "consenso de Washington" propone la aplicación de una fuerte disciplina (tendiente a eliminar el déficit público) y por otro lado una reforma tributaria tendiente a ampliar la base de la misma. La reforma llevada a cabo en este sentido supone tres aspectos. El primero consiste en la concentración de la estructura impositiva en pocos impuestos, básicamente I.V.A. y ganancias, expandiendo la base del imponible, aumentando las alícuotas y ampliando los mecanismos de agentes de retención (este último manifiesto en campañas publicitarias). Resulta interesante apreciar como esta reforma tiñe al aspecto impositivo de una particular "equidad". Primeramente el I.V.A. lo pagan todos. Para el impuesto a las ganancias, al reducir el imponible, aquel que no tenga cargas de familia ni demás declaraciones puede llegar a pagar el impuesto a partir de los $ 1.500 de ingreso.

El segundo cambio estaría vinculado al aspecto anteriormente descripto (suspención de subsidios) y se aplica al eliminar parcial o totalmente las exenciones impositivas especiales de promoción industrial y regional. El tercer aspecto del cambio se adecua a la aplicación de una mayor rigurosidad sancionando una nueva ley penal tributaria que aumentaba los riesgos de evasión, intentando invertir una cultura del pago tributario corroída.

Liberalización comercial

Un segundo eje de reformas es el de la liberalización comercial o así también llamada apertura económica. Esta se instrumenta por medio de la baja y anulación de aranceles y cupos en la importación. Se pueden señalar como objetivos de la apertura la caída de precios, fomentar las importaciones con lo que aumenta el consumo interno. También permitiría el ingreso de capital industrial nuevo, lo que daría una mejora en la competitividad a largo plazo. Sobre este último aspecto es importante señalar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas quedan fuera de esta renovación al no tener acceso a créditos en el exterior más baratos de los que ofrecía la Argentina. Solo alrededor de las 400 empresas más grandes del país lograron ponerse a tono a este respecto. Se puede señalar entre otras consecuencias que a corto plazo esto trae un desequilibrio en la balanza comercial así como una distorsión en los precios relativos dada la protección tanto natural como preferencial de algunos productos (industria automotriz). Relacionado con esto se podría pensar en un aporte realizado por el profesor Diego Raus. Sostiene que la paridad del peso con el dólar 1=1 no es real sino forzada tanto por la ley como por los fondos que la respaldan dado que desde establecida ésta ha habido igual inflación, con lo que la paridad real no es la nominal, sino de alrededor de 1,4=1. Esto distorsiona el precio real de los productos exportables, lo cual no solo apareja desequilibrio en la balanza de pagos, sino que se traduce en una reducción de costos, o sea, en aumento de desempleo.

Uno de los principales problemas con los que se enfrentó esta política de apertura fue, respondiendo a la constante del resto de las reformas en función de reducir el déficit fiscal y contener la inflación, el no haber sido aplicado con un carácter gradual. El peligro de no efectuar las reformas en forma gradual en nuestro país trae como consecuencia un elevado cierre de empresas, sumando un factor más a las causas del aumento del desempleo en ese periodo.

Privatizaciones

Pasando al eje de las privatizaciones, la manera vertiginosa ("al cabo de un año, hacia octubre de 1990, casi todas las empresas públicas seleccionadas habían sido transferidas al sector privado") con que se realizaron, demuestra el mismo carácter apresurado en su aplicación. Su instrumentación se llevó a cabo mediante un llamado a licitación y venta de acciones mediante la sanción de la ley y los respectivos decretos presidenciales que las posibilitaron. También se instrumentó un plan de capitalización de la deuda, que permitía aceptar hasta un cierto porcentaje del valor de la venta a los desvalorizados títulos de deuda al precio que habían sido emitidos, es decir, se igualaba el valor nominal al real revalorizándolos a su valor inicial. Esto permitiría cancelar en parte la deuda, pero las privatizaciones en general tuvieron como objeto disminuir el déficit de la apretada situación financiera del sector público.

Una característica fundamental de las privatizaciones, que encuentra conexión con lo que será luego una de las críticas, es el consenso que estas tenían. La defectuosa, y deficitaria en algunos casos, situación de las empresas legitimó el explícito objetivo del gobierno de mejorar el servicio. Esto aparejó a que la rapidez con que se llevaron a cabo las mismas no permitiera el necesario saneamiento de ellas a los efectos de mejorar su precio.

La venta permitió acumular recursos del tesoro que serían fundamentales para hacer efectivo el plan de convertibilidad, pero se hacen manifiestas consecuencias que en gran medida se traducen a una desprotección de los consumidores. Tal vez sea la crítica más trillada, pero presenta una contradicción que debe ser marcada; se trata de las condiciones en que fueron presentadas las ofertas de los eventuales compradores. Las privatizaciones fueron realizadas bajo un carácter monopólico que daría grandes beneficios a los compradores al sacarse de encima el "estorbo" de la competencia, permitiendo en la instancia más manifiesta disponer del aumento de las tarifas.

A la luz de la teoría que sustenta la perspectiva del "consenso de Washington" la instrumentación de privatizaciones llevada a cabo por Menem se presentaría como contradictoria. Si bien "las empresas públicas deberían ser privatizadas", la forma en que fueron realizadas estas se presentarían más bien como objeto de crítica al fundamento teórico del consenso. Las privatizaciones consistieron en trasladar el por ellos mismos criticado monopolio estatal a un monopolio privado. El beneficio que supone la aplicación de una política de libre mercado se ve trunco desde su raíz. Su razón de ser, la libre competencia a los efectos de mejorar la calidad del servicio mediante la competencia, no es puesta sobre el tapete de juego bajo las reglas que le dan su característica esencial; característica que le aporta el único beneficio que tiene. Sin ella simplemente no es. Por lo tanto podemos pensar que aquí se hace manifiesta otra alteración de las reformas aplicadas en referencia a la propuesta norteamericana. Principalmente por los aspectos de la aplicación del método de capitalización de la deuda como por el traslado de un mercado monopólico estatal a uno privado, podemos comenzar a pensar que la aplicación de la reforma del estado se presenta con una alteración sustancial respecto de la propuesta ortodoxa. Dichas alteraciones pueden ser pensadas en un principio como instrumentación de una política que otorgaría beneficios en el plano económico no solo a empresas internacionales, sino también a grandes capitales nacionales que participaron de la privatización y que veían afectados sus intereses por la política de desregulación efectuada por el gobierno.

Con la aplicación de la convertibilidad – a la cual las reformas anteriores fueron en alguna medida funcionales – se logra frenar la inflación, reaparece el crédito y se reactiva el consumo. La estabilidad atrae por otro lado a capitales financieros.

XIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIVATIZACIONES EN ARGENTINA

Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsin como Menem han manifestado una voluntad política de efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes específicos al respecto plasmados en normas legales, a diferencia de países como México o Chile. En la década de los 80’ las privatizaciones efectuadas afectaron tan solo a cuatro empresas publicas procedentes de antiguas empresas privadas en crisis, mientras que el numero total de empresas publicas superaba las 300, si bien la mayoría de ellas de pequeña entidad.

El objetivo preferente perseguido por el gobierno, a juzgar por las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos años, no parece haber sido tanto recaudatorio como de intento de mejora de la gestión de determinadas empresas de servicios públicos, mezclados, eso si, con el de la reducción de la deuda externa.

Las operaciones más importantes en este sentido las ha llevado a cabo el gobierno de Menem, que se inicio en las privatizaciones vendiendo el 60 % del capital de la compañía telefónica, ENTEL, que ha pasado a estar controlada por dos sociedades, una (Telefónica de Argentina) liderada por la Telefónica española, y otra (Telecom Argentina) liderada por France Telecom. Y la italiana STET. La operación se realizo ligada a una reducción de la deuda externa argentina.

Igualmente a finales de 1990 la compañía española Iberia adquirió íntegramente Aerolíneas Argentinas y una parte importante del pago consistió en que Iberia se hiciese cargo de 20.000 millones de dólares nominales (un importe una cinco veces inferior en precio efectivo) de deuda publica argentina.

A esto ha seguido la venta en 1992 de la compañía eléctrica estatal Edenor a un consorcio liderado por la francesa EDF y la española Endesa (curiosamente ambas publicas), por un importe de 428 millones de dólares, de los cuales el 70 % en forma de absorber también deuda publica exterior, y la venta de la otra compañía eléctrica Edesur a un grupo argentino. Las otras privatizaciones importantes en el bienio 1991-92 han sido: una empresa de astilleros (adquirida por la francesa Brisard), una cadena de televisión, varias empresas petroquímicas, diversos pozos de petróleo y la compañía estatal de distribución de aguas, Obras Sanitarias de la Nación.

Los planes privatizadores del gobierno son, no obstante, más amplios aun. Se han privatizado a partir de 1993,entre otras, a las siguientes empresas públicas: Gas del Estado, que ostenta al monopolio de suministro para el area de la capital y a cuya compra opta la francesa Gas de France; tres gaseoductos; concesiones petrolíferas; líneas de metro; ferrocarriles de cercanías; la empresa siderurgia Somisa y hasta el propio servicio de correos, Encotel.

Como puede verse, junto a la política del gobierno de Menem de llegar a la privatización de las empresas publicas más clásicas (ferrocarril, metro, correos), destacan dos aspectos en el caso de Argentina: por una parte que las grandes operaciones de privatización se han efectuado vendiendo las empresas a compañías extranjeras publicas (las españolas Telefónica, Iberia y Endesa y las francesas EDF y pago acodado ha consistido en que la compradora extranjera asuma el pago de títulos de la deuda externa argentina. Una suma pues de dos objetivos: el de racionalizacion/potenciacion de las empresas, al dar entrada a grupos industriales extranjeros del mismo sector, que asumen la gestión de las empresas privatizadas; y el objetivo recaudatorio de reducir la deuda publica externa.

XIV. CONSECUENCIAS DE LAS PRIVATIZACIONES

Bajo la presidencia de Carlos Menem se vendieron empresas del estado a empresas privadas extranjeras a bajo costo, haciendo que fluya mucho dinero pero a largo plazo esto produjo desempleo (ya que al venderlas sin poner una restricción les daba libre control de la empresa).

La privatización abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta de control social como la emisión de documentos de identidad.

Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevo a cabo.

Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias.

Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial).

Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones.

El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.

El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante el período que precedió a las privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto mas rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.

En tercer lugar se argumentaba que el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.

Por ultimo se afirmaba que el estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios.

Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Organos de Control. La segunda ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. El camino que llevo a la entrega del patrimonio nacional quedo allanado.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaciones y Transportes.

Podemos analizar las consecuencias según cuatro grandes áreas:

Sobre la propiedad:

Esta es la consecuencia mas evidente del proceso de privatización que tiene que ver con el pasaje de la propiedad del estado de sectores estratégicos de la economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de los grandes grupos económicos. Asimismo acentuó la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos locales con los grandes capitales extranjeras.

La reconversión de la empresa:

Tiene implicancias directas sobre los trabajadores.

Se perdieron los derechos que tenían como trabajadores públicos como la estabilidad en el cargo.

Se produjo una fuerte reducción de los planteles por la vía de los llamados retiros "voluntarios" para los cuales las empresas destinaron enormes sumas de dinero. Esto da cuenta de la importancia estratégica que las empresas le otorgaron a la reducción de personal. Esto fue acompañado por un proceso de sustitución del personal con mas antigüedad en la empresa cuya experiencia sindical y política no era deseada.

Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los trabajadores convocados se iniciaba una campaña persecutoria o discriminatoria contra ellos, se los trasladaba a zonas alejadas de sus hogares o a otros sectores de trabajo con tareas desconocidas o disgustantes (para usar un termino utilizado por algunas empresas), o bien colocados en estado disponibilidad sin tarea asignada, con lo que se inducía un gran desgaste psicológico destinado a hacerlos aceptar el retiro "voluntario".

De esta manera se conseguían renuncias evitando los despidos y el costo político que ellos implicaban. El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. (Ver cuadro 1 al final del documento).

En tercer lugar, el aumento del horario de trabajo y de los ritmos habituales por medio de introducción de nuevas tecnologías o simplemente imponiendo otras pautas de producción.

En cuarto lugar, se aplican nuevos y diversos contratos flexibles, por tiempo determinado, pasantías, con salarios flexibles que incluyen pagos por productividad, entre otros.

Por otra parte se da un fuerte proceso de tercerización de ciertos sectores de la producción que antes estaban integrados a la empresa, lo cual se constituye en una fuente de fragmentación y precarización del colectivo de trabajo.

Por último, las empresas privatizadas se apuraron la firma de nuevos convenios colectivos que destruyeron viejas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo como la polivalencia.

Estas son algunas de las cuestiones que hacen a la reconversión de las empresas que afectan directamente las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

La desnacionalización.

La extranjerización de las áreas privatizadas es muy fuerte y evidente. Las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales públicos españoles, franceses e italianos ; la distribución de gas de la Capital en manos británicas ; la generación y distribución de electricidad, capitales provenientes a su vez de la privatización de la seguridad social chilena ; la red cloacal y de agua, franceses. El escritor Eduardo Galano ironizó este proceso de desnacionalización al definir las privatizaciones como "la transacción mediante la cual el estado argentino pasa a ser propiedad del estado español".

Por un lado, las empresas públicas en nuestros países se extranjerizan, y por otro las empresas públicas de los países centrales se amplían y expanden. Según la Corporación Financiera Internacional, las 2/3 partes de las privatizaciones a nivel mundial se realizaron en América Latina.(Ver Cuadro 2 al final del documento)

La desregulación:

En este punto lo central fue introducir el concepto de competencia en el sector. Para eso se busco eliminar la prestación monopólica del servicio creándose un mercado mayorista y otros minorista para la compra-venta del fluido. La desregulación habilita la competencia entre las empresas y lleva a una búsqueda espectacular de reducción de costos. La desesperación por reducir costos sumada a la falta de control efectivo amenaza la calidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico, como lamentablemente hemos podido comprobar en nuestro país. La estrategia de las empresas consistió en obtener ganancias rápidamente sin reinversión.

XV. COMPARACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Las privatizaciones en el período 1990-1999

Ingresos totales por privatizaciones nacionales y provinciales

(en millones de dólares)

Privatizaciones por modalidad de pago

(en millones de dólares)

XVI. CASOS PRACTICOS

La Privatización del Sector Eléctrico (SEGBA)

Las características generales del proceso de privatización en el sector eléctrico no escapan de las descriptas a nivel global, pero interesa señalar algunas particularidades.

Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado por cuatro empresas nacionales y dos binacionales destinadas al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos. Las empresas nacionales garantizaban el 84% de la generación y eran propietarias del 100% del transporte.

En cuanto a la distribución, esta estaba a cargo de dos empresas nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, veintiún empresas provinciales que abastecían el 34% y cuyo límite era el territorio provincial, y cerca de 600 cooperativas privadas que prestaban el 11% restante del servicio en áreas municipales.

Al inicio de la reforma del sistema eléctrico, las empresas se enfrentaban graves dificultades económicas y financieras por causa del endeudamiento al que habían sido empujadas por el desvío de fondos propios para cubrir gastos del presupuesto nacional y por el atraso en las tarifas. Esto derivó en una fuerte reducción de la capacidad de inversión y de mantenimiento y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico.

Esta situación influyó sobre el precio de venta. Como el interés del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados, se dejo en libertad a los oferentes para la fijación de precios. En el caso de las centrales térmicas, se tuvo en cuenta para la cotización la vida útil restante, por lo que fueron cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa.

En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda, transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 1.294 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.

A fin de asegurar rentabilidad y la competencia, la reforma del sistema se encaró en dos sentidos,

2. separando completamente los distintos procesos de la industria: Generación (producción de energía), Transporte (vinculación de la producción con el consumo), y Distribución (abastecimiento a los usuarios),
3. se procedió a la atomización de empresas definiendo unidades de negocio mínimas.

Así se vendieron las centrales térmicas , las hidroeléctricas, y las líneas de alta tensión se vendieron como unidades independientes ; las líneas de menor tensión fueron agrupadas y vendidas en unidades regionales ; y las dos empresas de distribución, pasaron, una a control provincial, y la otra (SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR, EDENOR y EDELAP).

Las tres empresas distribuidoras y las cuatro centrales térmicas del área metropolitana de Buenos Aires, quedaron en manos de capitales extranjeros en su mayor parte.

Por otra parte, si se analiza la composición de los grupos que ganaron las licitaciones, resulta evidente que la desintegración a la que apuntó la reforma, se vio deformada con la reintegración provocada por la coincidencia de los propietarios en mas de uno de los procesos de la industria eléctrica. Por ejemplo, las empresas que reúnen el 90% de las acciones privadas de la Central Térmica Costanera, reúnen a la vez el 92% del acciones de EDESUR, a pesar de la expresa prohibición de los Decretos Reglamentarios. Esto mismo se extiende al sector de transporte de alta tensión.

Esto se logró gracias a que ninguno de los grupos domina en forma total los consorcios de los que forman parte. Esto manifiesta la estrategia integral de estos grupos económicos tendiente a no quedar fuera de ninguno de los negocios altamente ventajosos. De este modo participan de todas las fases del proceso de la industria : generación térmica e hidroeléctrica, transporte y distribución. A ello se suma que varios socios participan activamente del negocio de la industria del gas y del petróleo. Esto significa que la electricidad distribuida en Buenos Aires, por ejemplo, fue generada con algún derivado de petróleo o con gas y luego transportado por las empresas de las cuales participan los mismos grupos económicos. Lo que en apariencia no es un monopolio, el predominio de los mismo grupos en todos los sectores, evidencia que sí lo es dado el grado de integración real que consiguieron.

Efecto de las Privatizaciones Sobre los Usuarios:

Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las consecuencias de las privatizaciones sobre los usuarios:

1) Acceso al servicio

2) Tarifas

3) Calidad

Cada una de ellas, tiene íntima relación con el modo en que se realizó la reforma y los objetivos centrales a los que se apuntaba con el proceso de privatización. Hemos descripto en la parte anterior que dichos objetivos estaban centrados en privilegiar la participación de capitales extranjeros y grandes grupos económicos, así como también dar un marco de garantía a los inversores de las utilidades que generaría su participación en el sector.

Hemos visto además que la intención de promover la competencia dividiendo el proceso de la industria y creando unidades de negocio mínimas, quedó truncada en los hechos desde el momento en que la mayoría de los grupos intervinientes participan de todo el proceso.

Por otra parte, al desaparecer el sistema integrado y considerarse a la electricidad, como un producto mas del mercado sin diferenciarla con otros bienes, se descarta tanto la necesidad de satisfacción de la demanda continua como las ventajas de la producción conjunta, negando con esto el carácter estratégico de la electricidad en las sociedades modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana necesitan de la energía eléctrica para llevarse a cabo.

De este modo se altera el concepto de servicio público existente hasta la privatización, considerando sólo la distribución y el transporte como servicio público, quedando excluida de este concepto la generación que se considera de interés general. Esto significa que si al generador le resulta antieconómica su empresa puede cerrarla sin que el Estado tenga la obligación de intervenir aunque las consecuencias para los usuarios pueda llegar a ser la falta de suministro.

Asimismo cabe destacar que no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la prestación de un servicio de calidad.

Por otra parte, del análisis del marco regulatorio del sector, surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro del mercado eléctrico son los transportadores, generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los pequeños usuarios industriales, familiares o comerciales quedan excluidos.

Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que la privatización tuvo efectos negativos para los usuario en los tres aspectos señalados.

Respecto al acceso al sistema, la primera medida que tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que estaban "enganchados" a la red., para reducir las pérdidas en las redes de distribución. El acceso al sistema queda restringido a la posibilidad de pagarlo. El precio de la energía en el mercado mayorista gira alrededor de los 0,03 centavos de dólar el Kw., mientras que los pequeños consumidores abonan entre 0,10 y 0.15 centavos.

En relación a las tarifas se produjo un aumento en el precio del bajo consumo y una baja en el precio del alto consumo. Los consumidores residenciales pagan tarifas mas altas que los grandes usuarios ya que estos últimos tienen acceso directo a comprar en el mercado mayorista.

Por último, respecto de la calidad del servicio, no se registraron mejoras en la atención al cliente y el apagón en la Ciudad de Buenos Aires nos muestra que no se presta un servicio de calidad.

El Efecto de las Privatizaciones Sobre los Trabajadores del Sector Eléctrico:

Reducción de Personal: Se produjo una fuerte reducción de personal. En las empresas de distribución la reducción alcanzó al 30% del personal, en las centrales térmicas superó el 45% y en el área del transporte fue cercana al 25%.

En algunas centrales hidroeléctricas, como la del Chocón, el impacto fue aún mayor, porque a la pérdida del empleo hay que agregarle que los trabajadores debieron entregar las viviendas que ocupaban.

La reducción del personal se basó en el sistema de Retiros Voluntarios a los cuales muchas veces se inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones persecutorias o discriminatorias.

Tercerización: El proceso de tercerización de varios sectores de la producción permitió a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores contratados en estas empresas son generalmente trabajadores precarios, con condiciones de trabajo mucho mas desfavorables y salarios menores.

Programas de Propiedad Participada: Otro aspecto que fue importante en el sector fue el tema de la aplicación de los Programas de Propiedad Participada. El gobierno reservó el 10 % de todas las unidades de negocio privatizadas para ser adquiridas por los trabajadores de las empresas. En el caso de las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas reservó el 2%. Dichos programas intentaron por un lado contener las resistencias de los trabajadores y sus organizaciones a las privatizaciones y por otra parte formaba parte de una estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora "adquirentes"), para obtener de ellos mayor colaboración en los procesos productivos con el propósito de asegurarse el aumento de la productividad.

La Federación sindical-patronal: la federación que nuclea a los sindicatos de la electricidad licitó y ganó tres centrales térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y el transporte del Noreste y Noroeste. En algunos casos para la adjudicación capitalizó las deudas sindicales que las unidades de negocio mantenían con ella.

Convenios Colectivos de Trabajo por Empresa: Los nuevos convenios de empresa avanzan en condiciones flexibles de trabajo. La jornada de trabajo quedó establecida en 41,5 horas semanales en turnos rotativos aplicando la Flexibilidad horaria. Se acepto la polivalencia y se destruyo el sistema de categorías fijándose 6 categorías que absorben las doce que establecía el Convenio anterior de las dos distribuidoras.

Se fija el salario básico entre 500 dólares y 780 dólares y se establecen adicionales por productividad que se medirán de acuerdo al rendimiento de la empresa, del sector y del trabajador. Además se bonifica el trabajo nocturno con un 15 %, con lo cual se avanza en la Flexibilidad salarial, tendiéndose a la disminución del costo salarial por el no pago de horas extras.

Se establece un período de prueba para los trabajadores nuevos de hasta 6 meses sin aportes jubilatorios y sin derecho a indemnización en caso de despido, avanzando de este modo en la Flexibilidad Contractual. Dentro de esto mismo, se habilita a la empresa a contratar hasta un 20% del plantel total, con contratos de tres meses renovables hasta dos años. Este tipo de contratos se está extendiendo dentro de la actividad al resto de las empresas.

El Apagón de Febrero de 1999 de EDESUR: Crónica de un Apagón Anunciado.

Resulta importante incluir algunos antecedentes respecto de la calidad del servicio brindado por la empresa antes del apagón.

Según datos oficiales mas del 50% de los reclamos realizados por usuarios ante el ENRE están dirigidos a EDESUR, de los cuales la mayor parte se realizaban por falta de suministro.

En 1993 el Gobierno de la Ciudad publicó una lista de sanciones a las empresas de servicios públicos por roturas en la vía pública, excavaciones realizadas sin permiso, obstrucción de vereda y falta de señalización adecuada de las obras. El primer puesto lo ocupaba la empresa EDESUR. En junio del mismo año varias escuelas del Gran Buenos Aires, debieron suspender las clases como consecuencia del corte de suministro que Edesur había ordenado por falta de pago. Posteriormente se constató que la deuda era mucho menor al importe reclamado ya que la mayor parte de las facturas reclamadas estaban abonadas. Edesur culpó al sistema de pagos burocrático de los organismos oficiales.

En diciembre de 1994 un ingeniero que regresaba de su trabajo, cayó en un pozo abierto por una contratista de Edesur sobre una avenida de importante tránsito de la ciudad. Muerte por electrocución. Edesur no cumplió con las normas elementales de seguridad.

Apenas iniciado el año 1995, dos obreros de una empresa contratista de Edesur que estaban trabajando en la reparación de un cable de la red en pleno centro financiero de la ciudad de Buenos Aires, sufrieron una descarga de 13.000 kw lo que les provocó graves quemaduras. Edesur destacó que se trató de un error humano.

En 1996 vecinos del barrio de Ezeiza, se opusieron a la instalación de una torre de alta tensión de Edesur que se situaba a 10 metros de una escuela primaria, solicitando el alejamiento de la misma. En medio de las negociaciones, la empresa cortaba el suministro de luz a los vecinos entre las 18,30 y las 23,00 horas.

En mayo de 1998, una joven de 22 años murió inmediatamente al atender el teléfono de su casa y recibir una descarga eléctrica de 13.200 voltios. Tanto Edesur como Telefónica negaron cualquier tipo de vinculación con el accidente alegando que "por las líneas telefónicas no circula corriente".

En la madrugada del 15 de febrero se produce un incendio en la Subestación Transformadora Azopardo a raíz de un cortocircuito en un empalme de cables de alta tensión que deja sin luz a 250.000 familias en los días mas calurosos del año. El corte se prolongó por 11 días.

Los informes respecto de las causas, que se fueron dando a conocer con mucha demora, indican trabajos de empalme de la red existente con la nueva dentro del túnel de cables por la posibilidad de fallas que puedan afectar las instalaciones preexistentes. Esto regía como norma en la empresa estatal Segba. Edesur respondió que habían desestimado ese riesgo. Se comprobó con datos brindados por expertos en el tema que el hecho de haberlo realizado fuera del túnel hubiera ocasionado un incremento de 1.000.000 de U$S en el costo de ejecución.

En segundo lugar no se realizaron las pruebas de los cables a empalmar con el nivel de tensión especificados en las reglamentaciones obligatorias. Si se hubieran realizado las pruebas de tensión adecuadas se hubieran detectado las fallas a tiempo. En tercer lugar, no existían los elementos de prevención de incendios en el túnel. Si el túnel hubiera sido llenado con arena se evitaba que el incendio iniciado en un empalme, se expanda hacia la línea de alimentación alternativa. Asimismo no había extinguidores fijos ni móviles, no había o no funcionaron los sistemas de detección de fuego o humo.

Sumado a ello, no había personal que supervisara el buen funcionamiento de la instalación recientemente energizada.

Por otro lado, no mantuvo la subestación anterior hasta asegurarse de que la nueva planta funcione.

Por último, y ya en medio del corte, demoró la solución porque se insistió en realizar la reconexión en el lugar del siniestro.

El apagón fue consecuencia de dos cuestiones centrales:

La primera tiene que ver con una estrategia de la empresa tendiente a la reducción de costos y al aumento acelerado de sus ganancias en detrimento de la calidad del servicio y la seguridad de trabajadores y usuarios :

• Intenso proceso de tercerización.
• Reducción de personal y el desmantelamiento de los planteles profesionales estables y experimentados con que contaba el servicio al momento de la privatización.
• Falta de inversión en sistemas de seguridad.
• Ahorro de costos en el diseño y planificación de las obras.

La segunda cuestión tiene que ver con el poder y el desempeño de los entes estatales de control que no cumplieron con su función.

El caso de ENTEL

La privatización de ENTEL fue definida por un decreto presidencial que dispuso una separación de la empresa tanto funcional como geográfica. Funcionalmente fue dividida en servicios básicos, internacionales y competitivos. El servicio básico se dividía a su vez en dos zonas – norte y sur – en la que cada una de las empresas adjudicatarias gozaría de monopolio por siete años con opción a extenderlo tres años más. A su vez se crearon dos empresas denominadas "Sociedad Prestadora de Servicio Internacional" y "Sociedad Prestadora de Servicios en Competencia". Estas últimas se adjudicarían conjuntamente y por partes iguales a los consorcios que ganaran la licitación del servicio básico.

La privatización se realizó en dos pasos. En noviembre de 1990 se vendió el 60% de las acciones de cada una de las empresas de telefonía básica. Cada consorcio que participaba en la licitación debía tener uno o más operadores de telecomunicaciones que tuvieran al menos 10% del capital del consorcio. Asimismo se impusieron restricciones en cuanto al nivel de activos que cada consorcio debía disponer y en cuanto a ciertos servicios técnicos que deberían garantizar (por ejemplo garantizar que el tiempo de conexiones fuera como máximo de 15 días). Poco antes de la licitación se introdujo un contrato de management entre el operador y los accionistas sobre temas de transferencia de tecnología, de planeamiento, de contratación de personal calificado y de formulación de presupuestos anuales de operaciones.

Se utilizó un sistema de "doble sobre", por el cual primero se evaluó la capacidad técnica y financiera y luego se permitió realizar ofertas a los grupos precalificados. Una vez que los consorcios calificaban tenían dos meses para preparar sus ofertas. Se fijó un precio base en efectivo de U$S 100 millones para la zona norte y U$S 114 millones para la zona sur. Se estableció que el grupo ganador de la licitación sería aquel que ofreciera el mayor número de títulos de deuda externa argentina.

Siete grupos se presentaron a la licitación y calificaron, pero una semana antes de la presentación de los segundos sobres se introdujeron cambios de último momento en las condiciones legales (por ejemplo el nivel de activos requeridos) y como consecuencia tan sólo fueron tres las ofertas recibidas en la fase de cotización de precios: la de Telefónica de España, Bell Atlantic y STET/France Telecom. El grupo encabezado por Telefónica de España resultó ganador en ambas zonas. Como los pliegos no permitían que el mismo consorcio obtuviera las dos compañías, Telefónica decidió quedarse con la del sur. La zona norte fue entonces entregada al segundo mejor postor, el grupo de Bell South. Sin embargo, este consorcio no pudo juntar los títulos de deuda que había prometido y aunque le extendieron el plazo se retiró, quedando entonces el tercer grupo como adjudicatario.

La recaudación total fue la parte en efectivo acordada en la licitación más títulos de deuda externa argentina por un valor nominal de U$S 5150 millones, correspondiéndole U$S 2372 millones a STET/Telecom y U$S 2778 millones a Telefónica de España. Dichos títulos cotizaban a un 14% de su paridad. De esta manera se constituyeron las nuevas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones: Telefónica de Argentina S.A. (Operador: Telefónica de España) y Telecom Argentina S.A.(Operadores: STET y France Telecom).

El Banco mundial prestó asistencia técnica y financiera para la privatización de ENTEL, ya que dicha venta era una de las condiciones que el organismo exigía al gobierno argentino para otorgarle el "Préstamo para la Reforma de Empresas Públicas".

La privatización fue completada con la venta de 30% de cada una de las compañías mediante oferta pública de las acciones que mantenía el gobierno. La venta de las acciones de Telefónica de Argentina se realizó en diciembre de 1991 y generó ingresos para el estado por U$S 838 millones. El año siguiente en Marzo se realizó la venta de las acciones de Telecom obteniéndose ingresos por U$S 1.227 millones. El restante 10% de cada una de las compañías fue adquirido por los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

XVII. ANEXO

Listado de empresas privatizadas y/o liquidadas

• Administración General de Puertos – AGP Privatizada
• Aeropuertos Concesionados
• Agua y Energía Eléctrica S.E. Privatizada / Sector Eléctrico
• Area Material Córdoba Aviones Privatizada
• Argentina Televisora Color S.E. LS 82 tv Canal 7 (A.T.C.) Disuelta
• Astillero Ministro Manual Domecq García – DOMECQ Disuelto
• Astilleros y Fábricas Navales – AFNE S.A. Provincializado
• Banco Hipotecario Nacional Privatizado
• Banco Nacional de Desarrollo – BANADE Disuelto
• Caja Nacional de Ahorro y Seguro Privatizada
• Canal 11, Dicon Difusión S.A. LS 84 tv Privatizado
• Canal 13, Río de la Plata S.A. LS 85 tv Privatizado
• Carboquímica Argentina Sociedad Anónima Mixta Privatizada
• Carolina S.A. Minera Disuelto
• Compañía Azucarera las Palmas S.A.I.C.A.P.U. Disuelta
• Conarsud S.A. Asesoría y Consultoría Disuelta
• Consultara S.A. – Consultara de la Armada Disuelta
• Corporación Argentina de Productores (CAP) – Disuelta
• Empresa Desarrollos Especiales S.A. – EDESA Disuelta
• Empresa Líneas Marítimas Argentinas – ELMA Privatizada
• Empresa Nacional de Correos y Telégrafos – ENCOTEL Disuelta
• Empresa Nacional de Correos y Telégrafos – ENCOTESA Privatizada
• Empresa Nacional de Telecomunicaciones – ENTEL Privatizada
• Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. – ENACE Disuelta
• Establecimientos Altos Hornos Zapla Privatizados
• Fábrica Militar de Acido Sulfúrico Privatizada
• Fábrica Militar de Tolueno Sintético Privatizada
• Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos – ECA Privatizada
• Fábrica Militar General San Martín Privatizada
• Fábrica Militar Pilar Privatizada
• Fábrica Militar San Francisco Privatizada
• Ferrocarril Belgrano S.A. Concesionado
• Ferrocarriles Argentinos S.A. Concesionado
• Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Concesionado
• Fondo Nacional de la Marina Mercante Disuelto
• Forja Argentina S.A. Disuelto
• Gas del Estado S.E. Privatizado
• Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. – HIDRONOR Privatizado / Sector Eléctrico
• Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera – HIPASAM Privatizado
• Hipódromo Argentino Concesionado
• Induclor Sociedad Anónima Mixta Privatizada
• Indupa S.A. Privatizada
• Instituto Nacional de Reaseguros S.E. – INDER Disuelto
• Interbaires S.A. Privatizado
• Intercargo S.A. Privatizado
• Junta Nacional de Carnes Disuelta
• Junta Nacional de Granos Privatizada
• LR3 – Radio Belgrano Concesionada
• LR5 – Radio Excélsior Concesionada
• LV3 – Radio Córdoba Concesionada
• Llao-Llao Holding Privatizado
• Monómetros Vinílicos – Privatizado
• Obras Sanitarias de la Nación – OSN Concesionada
• Petropol – Privatizada
• Petroquímica Bahía Blanca S.A – Privatizada
• Petroquímica General Mosconi S.A.I. y C. Privatizada
• Petroquímica Río Tercero – Privatizada
• Polisur Sociedad Mixta Privatizado
• Redes de Acceso a grandes ciudades – Concesionadas
• Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires – SEGBA Privatizada / Sector Eléctrico
• Sociedad Mixta Siderurgia Argentina – SOMISA Privatizada
• Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. – TANDANOR Privatizados
• Tanque Argentino Mediano S.E. – TAMSE Disuelto
• Tecnología Aeroespacial S.A. – TEA Disuelta
• Yacimientos Carboníferos Fiscales – Y.C.F. Concesionados
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. – Y.P.F. Privatizados

XVIII. Resumen

La aplicación de un programa de privatización de empresas públicas implica una decisión estratégica por parte de un gobierno de retirarse de la actividad económica directa. Uno de los países precursores en adoptar este tipo de programas fue el Reino Unido. A fines de la década del 70, el partido conservador británico puso en marcha un extenso programa de privatizaciones con la idea de reducir la intervención del gobierno en la actividad económica y ampliar la participación del sector privado. En América Latina, el primer país en desarrollar un programa de privatizaciones de gran alcance fue Chile, cuando a partir de 1974 el gobierno militar transfirió a manos privadas la mayoría de las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno anterior, devolviéndolas a sus antiguos dueños. Unos años después, el programa también alcanzó a las más grandes empresas públicas de infraestructura y transporte.

Más tarde, a partir de mediados de la década siguiente y particularmente a comienzos de los 90´s, estos programas comenzaron a llevarse a cabo en un número importante de países en desarrollo, en especial en América Latina. En estos países, además de perseguir objetivos de largo plazo, las privatizaciones fueron una manera de aliviar los abultados déficits presupuestarios de los gobiernos, en un momento en el que el acceso al crédito era muy restringido. México fue uno de los primeros de la región en emprender un amplio y extenso programa de privatizaciones. Luego de ventas de empresas públicas menores llevadas a cabo a mediados de los ochenta, se privatizaron a fines de la década las dos aerolíneas nacionales y las empresas de telecomunicaciones y, a principios de los noventa, bancos nacionales y empresas mineras y de manufacturas de hierro y acero.

El amplio proceso de privatizaciones encarado por el gobierno argentino a comienzos de la década del noventa se enmarcó en este contexto. En ese momento, se inició en el país un importante proceso de reformas que apuntó a la reestructuración de la economía y a la redefinición del rol del estado en la misma. La privatización de las principales empresas estatales (avalada por la Ley de Reforma del Estado de 1989) constituyó uno de los lineamientos principales de la nueva política económica, cuyo primer objetivo residía en la estabilización de precios, paso primordial para lograr la confianza y credibilidad de los inversores y la subsecuente entrada de capitales necesarios para el crecimiento de la economía.

Las privatizaciones aliviaron la situación financiera del gobierno en varios sentidos. El ingreso de efectivo sirvió como financiamiento en un momento en el que el acceso al mismo era escaso tanto interna como externamente, y la aceptación de papeles deuda pública como forma de pago permitió mejorar la situación de las cuentas externas y de ese modo, acercarse a un acuerdo con sus acreedores, que desde la década anterior presionaban por la realización de este tipo de operatoria. Por último, se mejoró la situación fiscal ya que el estado se desprendió de empresas que generaban déficit y las nuevas empresas privatizadas generarían futuros recursos tributarios con el pago de impuestos.

La forma en que se realizaron los pagos de las privatizaciones respondió a distintos motivos prioritarios a lo largo del proceso. Los primeros desprendimientos realizados por el Estado Nacional tuvieron como objetivo central reducir la deuda externa y facilitar la regularización de los pagos externos, requisito necesario para generar confianza en la comunidad de negocios y crear las condiciones para lograr el acceso a los mercados de capitales y la estabilidad macroeconómica. Para cerrar el paquete financiero – que concluyó con la negociación del Plan Brady en 1992- el estado necesitaba reducir el stock de deuda a refinanciar a un monto compatible con los fondos disponibles para destinar a la compra de las garantías del nuevo plan de refinanciación.

Durante los años 1990-1991 fueron vendidos algunos de los activos más preciados del Estado, a diferencia de otros países que comenzaron sus procesos privatizadores con la venta de activos menores. En el año 1990 el valor nominal de los títulos entregados en pago ascendió a U$S 6.343 millones lo que representó un 47% del total para todo el período. A partir de 1992, ya lanzado el plan de convertibilidad, con la mejora en el ordenamiento de las cuentas públicas y con la economía en franca recuperación, las privatizaciones comenzaron a privilegiar la recaudación en efectivo.

Todo este proceso estuvo caracterizado por una amplia participación del capital extranjero llevando a un rápido crecimiento de los flujos en concepto de inversión extranjera directa y de inversión de cartera.

XIX. CONCLUSIÓN

Luego de haber investigado y realizado el presente trabajo pudimos apreciar el sistema de privatizaciones en el mundo y en Argentina. Observamos que el origen del este proceso de privatizaciones fue en Inglaterra, en la década del 80, durante el Gobierno de Margaret Thatcher, producto de su política neoliberal que era la tendencia del mundo en ese momento para fomentar una economía de mercado, y acabar con los monopolios estatales en su mayoría ineficientes y deficitarios.

Esta tendencia se fue propagando en el mundo con el propósito de reducir la deuda pública, tanto externa como interna, (característica de muchos países de América Latina) y lograr un equilibrio presupuestario, ya que en muchos países el déficit presupuestario era persistente. En Argentina ésta fue una de las principales causas, ya que uno de los mayores problemas de nuestro país fueron los ya nombrados persistentes desequilibrios fiscales y la gran crisis de deuda en la que se hallaba el país a partir de la década del 80. Este proceso debería haberse llevado a cabo durante el gobierno de Alfonsín a fin de que la estabilidad económica se consolidara, pero por razones políticas de mayorías y minorías gubernamentales, que superaron las razones económicas, no se concretó este proceso. Como consecuencia el proceso inflacionario se multiplicara y golpeara cada vez más la economía del país.

Finalmente con el gobierno de Menem, que había sido el principal opositor de las privatizaciones, se fue consolidando el proceso de privatizaciones pero no mostraron los resultados esperados, porque no se adecuo la situación para llevarlas a cabo . Si bien estos resultado mostraron indicios favorables en el corto plazo, a largo plazo demostraron sus resultados negativos conduciendo a la ruptura de las bases económicas y de desarrollo de nuestro país.

Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsín como Menem han manifestado una voluntad política de efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes específicos al respecto plasmados en normas legales, a diferencia de países como México y Chile.

XX. PROPUESTA

Para llevar a cabo el proceso de privatizaciones se debería haber preparado el escenario adecuado, es decir establecer un marco regulatorio en donde las empresas privadas tuvieran limitado el ejercicio de su poder para no controlar nuestra economía y no propiciar la fuga de dinero proveniente de sus ingresos a los distintos países de origen.

Este marco regulatorio, además, nunca debería haber dejado de lado los intereses de los usuarios y de los trabajadores de esas empresa, los que se vieron perjudicados al no ser protegidos por el Estado.

XXI. BIBLIOGRAFÍA

• Bocco Arnaldo, "Las privatizaciones y sus consecuencias" en revista argentina Administración y empresas nro. 556, año 1997 (mayo-junio)
• Verges Joaquin, "Las Privatizaciones de empresas", Editorial Eada Gestión
• Tesoro José Luis, "La privatizaciones del mundo y en la Argentina", en revista argentina Administración y empresas nro. 235, año 1989 (octubre-noviembre)

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Miriam Quintans