Las crisis familiares, proceso de ajuste y adaptación familiar con intervención interdiciplinaria

Antecedentes y Justificación

Colombia ha sido caracterizada como uno de los países más violentos del mundo, fenómeno cuyas dimensiones ha hecho aparecer un importante número de estudios y un amplio debate que se ha centrado en el análisis de la violencia generada por el conflicto armado. La violencia doméstica es un fenómeno de más reciente consideración pública y académica en el país. Los 'actores armados' en casa, han sido poco considerados en lo que se ha denominado los estudios sobre la violencia. La violencia doméstica, al igual que la política, tiene importantes características desde la dimensión conceptual de género. Una de ellas parte del hecho que la violencia es primordialmente ejercida por hombres, lo cual se constituye en elemento de intersección entre las diferentes expresiones de violencia. Los hombres son los principales perpetradores de la violencia, y, en el campo de lo público, sus principales víctimas. Según un estudio del Banco Mundial (2002), la probabilidad de ser víctima de homicidio para los varones colombianos en edades entre 15 y 35 años fue quince veces superior a la de las mujeres de la misma cohorte. Aunque el número de víctimas disminuye con el incremento de la edad, las brechas de género persisten. Por su parte, la violencia ejercida por hombres contra sus parejas en relaciones heterosexuales sigue siendo un fenómeno amplio. En la última década, varias encuestas a mujeres en algún tipo de unión conyugal han establecido que entre el 33 y 37% ha sufrido algún tipo de violencia verbal, y entre un 19.3 y 39.5%, violencia física.Las expresiones de violencia están relacionadas con ideas de lo que significa ser hombre o mujer en cada contexto específico, en nociones que confieren determinados derechos a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las consecuencias violentas que dicho ejercicio implica. Los hombres como hombres, con identidades de género, se articulan en jerarquías de poder donde no todos son privilegiados o contra quienes se discrimina de la misma forma, en una diversidad de elementos culturales, raciales, de clase, etc., que articulan las diferentes definiciones y usos de la violencia (Hearn, 1997; Greig, 2002). Hombres y mujeres, niños y niñas, experimentan formas de violencia basadas en género. No obstante, este tipo de violencia es predominantemente ejercido por hombres contra mujeres, niños y niñas, contra otros hombres y contra sí mismos: en el abuso infantil, la escuela, la guerra o el hogar. El carácter de género de los conflictos violentos en Colombia ha sido recientemente explorado en el campo de la violencia doméstica (Rico de Alonso et al., 1999; Galvis, 2001; Zambrano, 2001; Rubiano et al., 2003;), e igualmente, con mayor intensidad, en el campo del conflicto armado (Rojas y Caro, 2002; Mazo, 2001; Velásquez, 2001; Pino, 2002; Meertens, 1995/97/98 y 2000 ; Tuft, 2001; Grupo Mujer y Sociedad et al., 2001; Estrada et al., 2003). Durante la década de 1980, crecientes organizaciones de mujeres iniciaron un amplio reconocimiento del fenómeno de violencia intrafamiliar en Colombia, acompañadas por la importancia que el tema presentó en las agendas y conferencias de los organismos multilaterales de cooperación. Durante los años noventa, con la nueva Constitución de 1991 y la ratificación de convenios internacionales en la materia por parte del Estado colombiano, se inició un conjunto de reformas normativas y del Estado, a fin de intervenir en la problemática, abriendo de manera clara la negociación de concepciones de lo público y lo privado y creando campos de acción para la protección de derechos humanos en lo doméstico. No obstante, dado lo reciente de las normas y de la intervención pública, el debate sobre el alcance y características de dicha normatividad e intervención apenas se abre. El presente artículo busca contribuir al entendimiento de la violencia doméstica en Colombia. Se exploran las identidades masculinas y femeninas presentes en los casos de violencia con el propósito de mostrar cómo el modelo de intervención del Estado en este campo es limitado.

Se define en nuestro estudio como familia funcional las que tienen un nivel de comunicación, interactúan para conseguir un objetivo en común, que es la realización de cada uno de sus miembros.

Las familias disfuncionales, en cambio, se caracterizan por una desorganización, malestar, situaciones de enfermedades físicas y emocionales en sus miembros.

Las familias se entienden como sistemas, es decir, como un conjunto de individuos que con sus características particulares y actitudes hacia los demás, van impactando significativamente en los demás miembros y en el ambiente familiar en general. De tal suerte que, cada cambio que se genera en la vida de cada uno, transforma "la faz" de toda la familia.

Dicho poder de influencia se da tanto de los miembros adultos hacia los pequeños como al revés."Los niños tienen su propio poder sobre los papás". Por eso se habla de que cuando un miembro de la familia, por ejemplo el hijo, manifiesta un síntoma grave: fracaso escolar, drogadicción, depresión, enfermedades graves o recurrentes, trastornos en la alimentación, etc., lo que en realidad está pasando es que este miembro de la familia se convierte en un "chivo expiatorio" (una persona que se sacrifica por los demás) para que los demás miembros de la familia se den cuenta de que las cosas no están funcionado bien.

Familias disfuncionales

En una familia disfuncional hay competencia y rivalidad: se relacionan luchando por el poder y hacen partícipes de esta lucha y rivalidad a los hijos, haciéndolos partícipes e intermediarios de sus problemas de pareja. Dicha rivalidad va aumentando en la pareja sentimientos de odio, que poco a poco desencadenan en ambientes familiares llenos de violencia y falta de comunicación. Ello impacta a los hijos, puesto que ellos no perciben unión, sino una rivalidad que puede llegara a aprovechar para conseguir lo que quieren.

Cuando los padres utilizan a los hijos para resolver aquello que no resuelven ellos como pareja se dan las llamadas "triangulaciones". Por ejemplo: un papá se alía con su hijo para agredir o cuestionar a mamá, o mamá deposita en el hijo toda la necesidad de afecto que no satisface con papá buscando ese afecto con su hijo y se genera una relación codependiente con él; o bien, papá se coloca en el mismo nivel del hijo y se comunican sólo entre ellos y no con mamá. Todas estas situaciones impactan negativamente en los niños: les generan problemas con los límites, en su proceso de independencia, seguridad, madurez emocional.

En una familia disfuncional los miembros no son libres de expresar sus sentimientos: "los niños no lloran", "las niñas no se enojan"; lo cual no es sano porque las emociones son naturales: los seres humanos necesitamos expresarlas para conservar un equilibrio, incluso corporal, pero además esto influye en qué tan sanamente podamos relacionarnos con los demás.

En una familia disfuncional los padres no tienen control en los límites a manejar con su familia: por ello, o todo mundo opina y nadie tiene claridad en aquello que se debe hacer; o en el caso contrario, los padres son muy rígidos en sus criterios y no permiten la interacción de sus miembros con el exterior, lo cual empobrece los criterios para conducir sanamente a su familia y limita la riqueza de influencias que sus hijos pueden tener en el contacto con los demás.

En una familia disfuncional se imponen ideas: no se respeta el hecho de que alguien pueda pensar de manera distinta, generar sus propios criterios y proyectos de vida.

Las familias funcionales

En contraparte de lo que hemos visto, una familia funcional es aquella donde:

Existe un buen nivel de comunicación, primero entre la pareja.

Los padres no hacen partícipes a los hijos de sus problemas. Los hablan y los resuelven en privado.

Se busca acercamiento afectivo entre sus miembros.

Cada persona tiene derecho a expresar su personalidad, ideas y sentimientos, con el único requisito de no agredir a otros.

Los padres establecen reglas y límites claros, tanto para ellos como para sus hijos.

Los padres asumen su rol de padres dándole a cada quien su lugar: papá y mamá son pareja y una autoridad frente a los hijos, los hijos están subordinados a la autoridad de los papás, pero tienen derecho a ser respetados y tomados en cuenta.

Se toman en cuenta los cambios evolutivos de los hijos (los cambios naturales que se tienen que dar de una edad a otra), así como de aquellos que se dan por cualquier alteración en la composición de la familia (nacimiento de un hijo, muerte de algún miembro, p ej.) y luchan por restablecer el equilibrio, aceptando y manejando estos cambios.

La manera actual como se educa a los hijos e hijas está influenciado por el contexto cultural, por los valores, por la concepción del ser humano, de la familia, del amor, de la pareja y de los roles de la equidad de género es una responsabilidad de los padres de familia. Los centros educativos colaboran con la familia, pero no reemplazan a esta.

La violencia doméstica es un problema generalizado e países desarrollados y en desarrollo. Se estima que el 22% de las mujeres estadounidenses sufren violencia física marital, así como el 21% de las suizas, el29% de las canadienses, el 34%de las egipcias, el 67%de las mujeres de Papúa-Nueva Guinea, el 16% de las camboyanas, el 47% de las de Bangladesh, el 45% de las etíopes o el 20% de las sudafricanas7,25. En Colombia existen diferentes estadísticas que estiman esta misma prevalencia entre el 2025 y el 50%22 (en mujeres desplazadas). Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) 16, 17, en Colombia, la violencia física está aumentando en los últimos años y ha llegado a afectar a 189,6 personas por 100.000habitantes en el año 2001. Del total de los casos registrados en el país por violencia conyugal, el 91% son mujeres. Las ciudades con mayores tasas de violencia doméstica fueron Tunja, San Andrés, Puertocarreño, Leticia, Villavicencio, Yopal y Popayán. En ciudades como Cali, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Arauca, Bucaramanga y Bogotá se produjo un descenso de la tasa respecto al año anterior. En las ciudades pertenecientes a ciudades intermedias el acto de agresión o maltrato a las mujeres con ciertas garantías, pese a que el acceso al aparato judicial es más fácil la denuncia de acuerdo al estrato socioeconomico es menos frecuente entre más alto es.

El papel del consumo de alcohol o drogas psicoactivas por parte del varón se encuentra documentado por diversos estudios. En México, en el 49% de los casos el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas Si a este hecho se suma la disfunción familiar, se incrementa la generación de violencia, teniendo en cuenta que ambos factores aumentan las en la comunicación, elevan el nivel de estrés y permiten que se perpetúe el ciclo de pobreza.

En el proyecto ACTIVA5 se describen, como aspectos que facilitan la violencia, la embriaguez, haber sido golpeado durante la infancia y tener armas de fuego. En nuestro estudio se pretende analizar a las familias en cuanto a la función familiar: en la medida en que la familia es menos capaz de resolver sus problemas y adaptarse, la situación de violencia se incrementa. Es muy probable que a esta situación se sumen otras variables sociales, como el nivel educacional, y otras actitudes de orden comunicativo que pueden explicar este fenómeno.

En Perú, la Policía Nacional y la Oficina de Desarrollo Estratégico del Perú evaluaron a 6.118 mujeres maltratadas, de las que el 63% tenía problemas de tipo conyugal, el 10%, problemas en el ámbito familiar y el 9%, problemas de tipo económico, entre otros. Según la ocupación, las amas de casas presentaron el mayor porcentaje de maltrato respecto a las diferentes opciones dé trabajo (ama de casa, 53%; ocupación informal, 23%; profesionales, 6%, y otras ocupaciones, 0,3%). En nuestro estudio, determinaremos que ser ama de casa puede constituirse como un factor de riesgo para la violencia.

En la década del 90 se presentó la preocupación por la educación cívica. Esto debido a que el marco legal de la nueva Constitución de 1991 reconoció la pluralidad en todos los aspectos (religiosa, social, racial, política, etc.), e instituyó la democracia participativa y el modelo del Estado Social de Derecho; promoviéndose, el respeto por los valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, y se reivindicaron valores económicos y sociales. Con referencia específica a la educación, el artículo 67 de la Constitución la enuncia como un derecho y un servicio público con función social, que no sólo debe facilitar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a otros bienes de la cultura, sino también educar a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. La responsabilidad de la educación con este enfoque reside tanto en la familia como en el Estado. Asimismo, el artículo 41 enuncia el deber de todas las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, de "fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana", y promover el estudio de la Constitución y la conocida como Instrucción Cívica (Constitución Política de 1991).

La Ley General de Educación dentro de los fines de la educación contempla en el artículo 5 algunos puntos relacionados con la educación cívica y ciudadana. Los primeros puntos de este artículo aluden al deber de formar ciudadanos con pleno desarrollo de su personalidad, en un ámbito de formación integral (física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y cívica), en el que prima la enseñanza por el respeto a los derechos humanos, la vida, la paz y los principios democráticos y de convivencia. Esta formación debe promover la participación del estudiante en la toma de decisiones de la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y de su comunidad, en el respeto de la autoridad legítima, de los símbolos patrios y del marco legal que impone la Constitución Nacional.

Por último, el fin cívico de la educación debe ser promover el estudio y la comprensión de la diversidad cultural de la nación, para la creación de una conciencia sobre la identidad y la soberanía nacional, y su integración con la comunidad latinoamericana y del Caribe (Ley General de Educación).

En Colombia, el grupo de competencias ciudadanas que por grado se debe trabajar son las siguientes:

Convivencia y paz.

Participación y responsabilidad democrática.

Pluralidad, identidad.

Valoración de las diferencias.

Formar para la ciudadanía es una prioridad importante hoy en día en cualquier país del mundo. Entre las distintas instancias en que esta formación puede ocurrir, la escuela es un lugar privilegiado. Allí las competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la ciudadanía no solamente se pueden aprender sino que se pueden practicar en ambientes reales. Sin embargo, esto no ocurre de manera espontánea. La formación para la ciudadanía debe diseñarse con base en principios claros, implementarse con persistencia y rigor, y evaluarse permanentemente para garantizar que se está teniendo el impacto deseado.

Las competencias ciudadanas son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el hombre actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos respeten y defiendan los derechos humanos, contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respeten y valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a nivel internacional. Las competencias ciudadanas son de conocimientos, competencias cognitivas como la capacidad para generar opciones creativas ante una situación de conflicto, competencias emocionales como la auto-regulación de la rabia y de ciertas competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente sus intereses cuidándose de no agredir al otro.

La escuela es uno de los espacios más privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, el propósito fundamental de la escuela es la formación, pero no es el único, la familia, el barrio, los medios de comunicación y muchos otros espacios de socialización deben cumplir un papel fundamental en la formación. La escuela es una pequeña sociedad y como tal presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana. En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada con la formación académica que ocurre permanentemente en la escuela.

Muchas personas piensan que una vez que abandonen la casa de sus padres, dejarán atrás sus problemas familiares y de su infancia. Pero lo cierto es que muchos pueden encontrarse de nuevo con los mismos problemas, así como sentimientos y formas de relacionarse similares.

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, aprenden que sus sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser expresadas. Estos niños suelen formar, en la edad adulta, relaciones saludables y abiertas.

Sin embargo, muchas familias no logran satisfacer las necesidades emocionales o físicas de los niños; además, los patrones de comunicación de la familia pueden limitar severamente la expresión de las necesidades y emociones de los niños. Los niños que crecen en familiar de este tipo suelen tener una baja autoestima y creer que sus necesidades no son importantes o que los demás no las van a tomar en serio. Como resultado, pueden formar relaciones insatisfactorias en la edad adulta.

Tipos de familias disfuncionales

Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son los siguientes:

Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia en la familia.

Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de sus padres.

Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen que proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.)

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al niño de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional adecuado.

Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario sobre los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida a un sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias.

Cuando predominan los patrones como los descritos, conducen al abuso o la negligencia. Los niños pueden:

Ser forzados a ponerse de parte de uno de los padres en los conflictos.

Ser testigos de una alteración de la realidad, en la que lo que se dice contradice a lo que de verdad ocurrió. Por ejemplo, un padre puede negar que algo que el niño ha visto ha sucedido. Esto lleva a los niños a dudar de su propio juicio.

Ser ignorados, rechazados, no tenidos en cuenta o criticados por lo que sienten o piensan.

Tener padres que se inmiscuyen de manera excesiva en las vidas de sus hijos o son sobreportectores.

Tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se implican en las vidas de los hijos.

Ser sometidos a unas normas demasiado rígidas respecto a su comportamiento, elección de amistades, planificación de su tiempo, etc. o por el contrario, no tener ninguna disciplina en absoluto.

Ser privados de una comunicación completa y directa con otros miembros de la familia, como si no fueran parte de ella.

Ser maltratados físicamente.

Como resultado…

El abuso y la negligencia impiden al niño desarrollar una confianza en el mundo, en los demás y en ellos mismos. En la edad adulta, les puede costar confiar en los demás, dudan de su propio juicio y de su propio valor como personas. No es raro que también hayan tenido problemas en los estudios, relaciones con los demás y desarrollo de su propia identidad.

Con frecuencia, estas personas tratan de negar lo sucedido y describir a sus familias como normales. Por desgracia, cuanto más luchen por creer que la situación era normal, más posibilidades tienen de desarrollar conceptos negativos de sí mismos (es culpa mía, soy mala persona, soy un inútil, no hago nada bien), porque al privar de toda culpa o responsabilidad a sus padres, solo pueden culparse a sí mismos.

Empezar a cambiar

Con frecuencia, esas personas continúan en la misma situación porque están esperando que sus padres les den "permiso" para cambiar. Pero ese permiso sólo puede partir de sí mismos, no de sus padres. En las familias disfuncionales, los padres se ven amenazados por el cambio en sus hijos, de manera que pueden insistir y ejercer una influencia para que vuelvan a ser como antes. Por este motivo es muy importante que confíes en tus propias percepciones y sentimientos. La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la causa de la justicia social, de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo interdependiente.

Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En esos valores asientan el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad.

La educación básica es la base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación y capacitación.

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional.

Marco político y legal

Este marco incluye una conceptualización general sobre el lugar de la familia en las políticas sociales, en el mundo y en Colombia, y la conexión de tales políticas con los programas y servicios del ICBF. El propósito de estos planteamientos es puntualizar el marco de referencia que da origen a la necesidad de ofrecer servicios para la familia y el carácter de los compromisos de las instancias políticas, de las instituciones oficiales y privadas y de los agentes que participan en la atención de familias.

1. La perspectiva familiar es un enfoque específico de las políticas sociales: se requiere una política social de familia

En general, la política social se refiere al conjunto de instrumentos a través de los cuales se pone en marcha y se actualiza el estado de bienestar

En la Resolución ICBF n.° 2491 de diciembre de 2004, las políticas son definidas como un "conjunto de estrategias, normas y parámetros que sirven de guías para orientar la acción; criterios o lineamientos generales que orientan la actuación de los servicios públicos para alcanzar los objetivos y metas de la organización. Son un marco general de actuación"

Por otra parte, "toda política social se basa en un modelo de sociedad"5. Corresponde a una opción ideológica que conlleva una acción tendiente a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y la transformación de la estructura social para lograr la justicia social por diversos medios, entre ellos los servicios sociales como instrumento de cambio. Esta postura es asumida por las agencias internacionales y la mayoría de los países en el mundo, lo cual no implica que en el ámbito global sean claras las políticas sobre familia

Una política social de la familia consiste por lo tanto en la promoción del bienestar familiar, lo cual implica el afianzamiento de la institución familiar, la promoción y el desarrollo integral y equitativo de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades. Ante la ausencia de políticas se diría que más bien los ideales y valores relacionados con la familia se encuentran implícitos en la legislación sobre familia, matrimonio e infancia, y en programas que derivan de otras políticas sectoriales como las fiscales, de educación, salud y población6.

La División para Política Social y Desarrollo de las Naciones Unidas hace énfasis en que se debe ayudar a la familia a desempeñar su papel de apoyo, educación y nutrición como contribución a la integración social. Esto implica: a) estimular políticas económicas y sociales orientadas a la satisfacción de las familias y de sus miembros individuales; b) garantizar las oportunidades para que los miembros de las familias comprendan y asuman sus responsabilidades sociales; c) promover el respeto mutuo, la tolerancia y la cooperación dentro de la familia y la sociedad; d) promover la equidad entre hombres y mujeres en la familia. Además sugieren que: cuidado, apoyo y afiliación que la familia cumple con sus miembros, como red de relaciones.

La perspectiva familiar es actualmente un importante factor en los procesos de desarrollo. Si le falta claridad, dirección y recursos se debe a que en la distribución de recursos limitados entre sectores que compiten en el ámbito nacional, se restringe la habilidad de los planificadores para asignar los presupuestos deseables para atender las necesidades de las familias.

Es necesario formular políticas de familia dentro del marco del desarrollo económico, para lo cual son un prerrequisito los diagnósticos de situación y de necesidades de las familias a escala nacional.

En el pasado las familias se han visto con el prisma de los derechos y responsabilidades de sus miembros individuales, más que desde la dimensión de colectivo o comunidad. Hay que reconocer el contexto familiar con sus derechos, porque, aun cuando sus miembros no vivan juntos, la familia ofrece un sentido de identidad, responsabilidad y afiliación. Eso lo demuestran los efectos positivos de abordar dentro del contexto familiar la atención de diversos problemas individuales.

El enfoque de familia es a la vez un proceso, una estrategia y un instrumento. Como proceso, le corresponde identificar las implicaciones que tienen las acciones planeadas para las familias, incluyendo legislación, políticas y programas. Como estrategia, debe hacer de los intereses de las familias una dimensión integral de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas. Como instrumento debe fortalecer las políticas y programas centrados en la familia, dentro de una aproximación integrada y completa para la planeación del desarrollo.

El enfoque debe abordar los asuntos de inclusión e integración social. La familia, como unidad básica de la sociedad, no está marginada sino que es de hecho central en la sociedad. Por lo tanto es preferible aplicar el concepto de "integrar una perspectiva familiar en la formulación de políticas"

En consecuencia hay que integrar los asuntos de familia en el desarrollo de políticas y programas nacionales por medio de cuatro pilares institucionales: 1) un compromiso nacional al más alto nivel del gobierno, preferiblemente en forma de declaración o proclamación del Jefe de Estado; 2) un mecanismo efectivo de coordinación nacional; y 3) legislación para el apoyo familiar apropiada y coherente con las condiciones culturales, ambientales, sociales y económicas del país. 4) Mantener una saludable alianza entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil (ONG, academia, sociedades de profesionales, empleadores, cámaras de comercio e industria, etc.), especialmente a través de su participación en el mecanismo de coordinación nacional.

En Colombia también se asume a la familia como núcleo fundamental de la sociedad (Art. 42 de la Constitución) y hay acuerdo acerca de que el proceso de construcción y puesta en marcha de la política social debe buscar la participación activa de todos los actores involucrados para generar mayor compromiso y hacer efectiva la corresponsabilidad de familia, sociedad y estado para la garantía de los derechos de los miembros de la sociedad. Esto, porque desde 1991 el contrato social, expresado en la Constitución Política, se basa en el principio axiológico de dignificación del ser humano y reconocimiento universal e indivisible de los derechos.

A este principio corresponde un concepto de Estado social, caracterizado por ser una república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, con prevalencia del interés general. Como mecanismo de coordinación se creó en Colombia el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Ley 7. ª De 1979).

Una política de familia no es neutra porque siempre lleva un trasfondo ideológico y privilegia ciertas concepciones de familia, ciertas visiones de la vida humana, las personas, las relaciones interpersonales y la sociedad en general. Esas concepciones corresponden a determinados valores económicos, sociales, culturales y morales, cambiantes con las épocas, los cuales se operacionalizan a través de los programas de apoyo social y de la legislación sobre las intervenciones en este campo.

En el documento que fundamenta los Ejes Misionales del ICBF (2003) se justifica el papel de la familia en las estrategias y programas así:

La familia le aporta a la vida social un matiz especial como espacio de la subjetividad, sitio de una interioridad libre y desenvuelta donde tiene lugar el cultivo de la identidad del sujeto.

La familia sienta las bases de su desarrollo personal y aporta la protección afectiva.

La familia es la mediadora entre lo público y lo privado gracias a la formación que requiere el ejercicio de la ciudadanía.

La familia expresa una forma particular de la vida social, pues por ella atraviesa la construcción de lo público, el retraimiento a lo privado y el disfrute de lo íntimo.

La familia es un actor decisorio en el desarrollo social, una instancia deliberante y actuante de la sociedad civil.

Parafraseando a Ribeiro (op. cit.), es válido afirmar que:

La política familiar se refiere al papel que desempeña el Estado en el bienestar de los individuos y de la familia como grupo, a través de estrategias y programas referentes a asuntos como el matrimonio, el divorcio, la procreación, la filiación, la socialización y el cuidado de todos los miembros de la familia, los cuales se desarrollan en el contexto de las relaciones conyugales, paterno – filiales, fraternales, con la familia extensa, y entre la familia, la sociedad y el Estado. Como las demás políticas sociales, una política de familia abarca entonces al menos cuatro aspectos: Ético social: ligado a la concepción de sociedad, justicia, solidaridad.

Político: referente a la acción del gobierno, la participación activa de la población en su diseño y aplicación, y el debate público para garantizar su asimilación social e institucional.

Económico: la inversión social requerida para garantizar el cumplimiento de la política.

Público: las políticas sociales, en cuanto políticas públicas, son acciones reguladas por el Estado con impacto en la población general. La concertación social y la participación de la población son indispensables para asegurar mayor equidad social.

2. La política de familia se basa en principios de democracia y equidad, los cuales determinan que esta sea una política de: Inclusión, en cuanto aporta a superar la pobreza y otras formas de exclusión sociocultural y política.

Construcción de equidad, en la medida en que busca reconocer los derechos y posibilidades de cada uno de sus miembros en coordinación con los sectores de educación, salud, vivienda, atención, recreación, etc.

Expansión de la ciudadanía, en la medida en que pretende hacer efectivos progresivamente los derechos sociales, económicos y culturales, cuya vigencia es condición necesaria para el disfrute de todos los derechos humanos. Fortalecimiento integral de los derechos humanos.

Construcción de libertad, en la medida en que sus acciones están orientadas hacia la generación de oportunidades económico-sociales (equidad), políticas (empoderamiento y participación) y culturales (valoración de estilos de vida diferentes, respeto y reconocimiento).

Con base en lo anterior, la política de familia se caracteriza porque:

Debe derivarse de un proyecto colectivo de país y de municipio, donde converjan sectores económicos, sociales y políticos diversos, capaces de asumir un compromiso colectivo y de ser el eje articulador de dicho proyecto.

Parte de la identificación de problemas críticos y formula orientaciones estratégicas de acción para enfrentarlos y resolverlos. Se enfoca hacia la erradicación de cualquier forma de exclusión.

Le apuesta al fortalecimiento de las oportunidades y de las capacidades de las personas para participarte en los procesos de desarrollo como agentes transformadores de su propia realidad y no como simples receptores pasivos de programas de ayuda. Construcción de equidad, en la medida en que busca reconocer los derechos y posibilidades de cada uno de sus miembros en coordinación con los sectores de educación y salud.

Expansión de la ciudadanía, en la medida en que pretende hacer efectivos progresivamente los derechos sociales, económicos y culturales, cuya vigencia es condición necesaria para el disfrute de todos los derechos humanos.

Fortalecimiento integral de los derechos humanos.

Construcción de libertad, en la medida en que sus acciones están orientadas hacia la generación de oportunidades económico-sociales (equidad), políticas (empoderamiento y participación) y culturales (valoración de estilos de vida diferentes, respeto y reconocimiento).

Con base en lo anterior, la política de familia se caracteriza porque:

Debe derivarse de un proyecto colectivo de país y de municipio, donde converjan sectores económicos, sociales y políticos diversos, capaces de asumir un compromiso colectivo y de ser el eje articulador de dicho proyecto.

Parte de la identificación de problemas críticos y formula orientaciones estratégicas de acción para enfrentarlos y resolverlos.

Se enfoca hacia la erradicación de cualquier forma de exclusión.

En otras palabras, la política de familia implica aceptar e incluir la diversidad, partir de diagnósticos participativos, valorar el contexto, realizar un análisis multirrelacional de los problemas, generar espacios de participación con niños, niñas, jóvenes y familias como actores sociales sujetos de derechos y considerar la cultura como factor condicionante.

3. La familia es un actor decisorio en la formulación de las políticas sociales

Además de las consideraciones anteriores, en su fundamentación de los Ejes Misionales (2003) el ICBF afirma que "no podemos continuar definiendo desde las instituciones qué es lo que necesitan las familias; debemos ser consecuentes con el discurso del sujeto de derecho y darle el lugar que le corresponde a la familia como protagonista e interlocutora válida en la formulación de las políticas que le atañen; tampoco podemos seguir erráticamente asistiendo al niño sin buscar transformaciones concertadas y conscientemente apropiadas por su grupo familiar contextualizado en un entorno cultural particular. Centrados en el individuo no vamos a lograr movilizar a la sociedad en torno a la corresponsabilidad entre sociedad civil y Estado frente a la garantía de los derechos".

4. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la garantía de los derechos de sus miembros y corresponde al Estado velar porque se respeten y se cumplan

Los derechos humanos son "un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" (Pérez-Luño, 1984)7.

A partir de la formulación de los Derechos Humanos en 1948 se impone la necesidad de establecer unos principios universales de libertad, dignidad y respeto para todos los hombres. Se trata de interrelacionar los derechos individuales con los sociales y los de participación. Estos derechos tienen cuatro ejes: los derechos políticos de participación y democracia y los que se ejercen en el campo económico y social (derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo).

Una de las principales características del enfoque de los derechos humanos es que hace énfasis en las personas y sus relaciones. Concibe a la sociedad como una gran red conformada por una multiplicidad de redes sociales que a su vez articulan los planes de acción individuales y grupales y propician los lazos de pertenencia que configuran el proceso de integración social (tejido social). La instauración de reglas conscientemente constituidas posibilita llegar a acuerdos y a prácticas relacionales que permiten la inclusión activa de las personas como sujetos.

El Art. 5 de la Constitución señala que "El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad". De este principio se desprenden dos supuestos (F. Jiménez, 2003)8: