Finanzas públicas venezolanas; Función de las Finanzas públicas en el proceso de desarrollo

Indice1. Introducción 2. Finanzas públicas venezolanas; Función de las Finanzas públicas en el proceso de desarrollo 3. Ingresos Fiscales y Tributación no Petrolera en Venezuela. Aporte Fiscal no Petrolero. 4. La Naturaleza del Gasto Público en Venezuela 5. Análisis comparativo de las variables macroeconómicas en Venezuela 6. Inflación y crecimiento. 7. Fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la reforma de las empresas estadales. 8. Conclusión 9. Bibliografía

1. Introducción

Venezuela es un país con grandes recursos humanos y recursos naturales renovables y no renovables, recursos que de haber sido canalizados en su momento de manera eficaz y eficiente nuestro país sería hoy día una potencia económica, pero en las últimas dos décadas los resultados económicos han sido decepcionantes debido a la aplicación de políticas económicas erróneas. Como consecuencia del aumento del precio del petróleo en los años 1973 y 1974 se produjo una expansión transitoria del crecimiento económico impulsada por la demanda, pero a pesar de una segunda alza de dichos precios en petróleo en 1979 y 1980, el crecimiento anual per cápita fue negativo en el período comprendido entre 1979 y 1985. Desde 1983 en adelante el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las personas a disminuido debido a constantes devaluaciones y una inflación que hoy es una de las más altas. El empleo público, que abarca alrededor del 15% de la fuerza de trabajo, ha sido un pesado lastre que en nada ha contribuido a mejorar la situación económica y social del país, esta es una inmensa suma, que supera el producto bruto de muchos países de la región. Entre los años 1986 y 1988 se pusieron en marcha políticas de expansión que llevaron a un aumento transitorio del crecimiento. Dichas políticas, sin embargo, resultaron insostenibles, la inflación aumentó, las reservas externas disminuyeron y se produjo una escasez generalizada. Luego de un corto período de crecimiento económico en los primeros años de la década de los noventa, entre 1992 y 1994 pero que no se traduce en una mejor calidad de vida para los habitantes: las escuelas y los hospitales de la nación están en ruinas, las carreteras siguen sin terminarse, no hay nuevas obras de infraestructura desde hace décadas y ni siquiera se ha podido restablecer la vialidad y los servicios básicos, esto conlleva que las condiciones económicas políticas y sociales de Venezuela se deterioren considerablemente, debido a una serie de hechos que tuvieron un gran impacto negativo en el país: la disminución de los precios de exportación del petróleo, la inestabilidad política, una crisis bancaria de importancia, el nivel de desempleo sigue creciendo, como consecuencia, se produjo una caída del PIB de los sectores no relacionados con el petróleo, la inflación continua en aumento y las reservas internacionales disminuyeron. A principios de 1.996, el gobierno puso en marcha un programa económico de Estabilización y Reformas Estructurales denominado "Agenda Venezuela", cuya fase inicial tuvo como objetivo el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, incluía la unificación de los tipos de cambio, que en un primer momento se encontraban bajo un sistema cambiario flotante y que posteriormente fue reemplazado por bandas cambiarias; la liberalización de las tasas de interés; la eliminación de la mayor parte de los controles en los precios, y el ajuste del precio interno de los combustibles. Petróleos de Venezuela (PDVSA), dio inicio a la modalidad de "Apertura Petrolera", que consistía en otorgar contratos a empresas privadas, para la exploración y explotación de petróleo, algo parecido a la política implantada por el gobierno del general Gómez, pero con la diferencia que estas concesiones son cedidas, en este caso a la empresa que mayor porcentaje de ganancia deje al país. Hacia 1.997 la economía del país una economía monoproductora dependiendo en su mayor porcentaje del sector petrolero y con serios desequilibrios estructurales, que incluían un aumento del déficit fiscal, un déficit en la cuenta corriente externa, un elevado nivel de desempleo, elevados índices de inflación y elevados actos de corrupción. Uno de los problemas que ha debido enfrentar Venezuela en la última década ha sido su dependencia económica del petróleo y la baja generalizada de los precios reales de este producto así como de los ingresos por este concepto , exceptuando 1.999 cuando su valor durante todo el año está en US$16 por barril. La contribución del petróleo al PIB total aumentó de aproximadamente el 21% a principios de los años noventa, al 26% a finales de esa década. Al mismo tiempo, la participación de la agricultura en el PIB disminuyó de alrededor del 6% en 1990, al 4% en 1998, la participación de la industria manufacturera disminuyó de aproximadamente el 13% al 10%, y del sector de servicios se mantuvo en alrededor del 60% del PIB. La participación de los productos de exportación distintos del petróleo ha sido, en promedio, inferior al 25% de las cifras totales de exportación, lo que refleja la falta de diversificación fuera del sector petrolero y el impacto que ha tenido, a lo largo del tiempo, la sobrevaloración de la moneda en la competitividad externa. En estas circunstancias, los salarios reales disminuyeron significativamente y el desempleo aumentó. A pesar de la existencia de un salario mínimo obligatorio durante la mayor parte del período comprendido entre 1990 y 1999, el salario real medio disminuyó aproximadamente un 23%. La caída del salario real afectó a todos los sectores del mercado laboral. Durante el segundo trimestre del año 2000, el PIB creció entre 2% y 3% en relación con igual período del año anterior (tras una expansión de alrededor del 0,3% en el primer trimestre), dando una señal de recuperación económica después de una caída del 7,2% en 1999. En agosto de 2.000 la inflación se redujo al 15%, la tasa más baja de los últimos 14 años que, además, se ajusta a la meta de 16% fijada por el gobierno para el año 2000.

La disminución de la inflación se ha logrado a costa de una recesión económica y de una caída tanto del consumo como de la inversión, y el gobierno estima que el desempleo alcanzó el 13,5% en el mes de julio. La combinación de un tipo de cambio sobrevalorado y bajas tasas de interés real ha creado las condiciones para que surjan presiones en el sector externo. Sin embargo, no se han producido restricciones inmediatas a la balanza de pagos, las salidas de capital han sido ampliamente compensadas por el efecto expansivo de los elevados precios del petróleo en los ingresos provenientes de las exportaciones y, al mismo tiempo, las importaciones se han visto restringidas como consecuencia de la recesión. Hasta mediados de septiembre, el precio medio de la cesta petrolera Venezolana era de aproximadamente US$28, en comparación con aproximadamente US$16 durante todo 1999. Las reservas de divisas han aumentado a más de US$18.000 millones, de los cuales se han destinado al fondo de estabilización macroeconómica US$2.300 millones, que equivalen a 16 meses de importaciones. A fines de agosto el tipo de cambio llegó a 690 bolívares por dólar y es probable que se mantenga estable durante el resto del año, ya que el Banco Central todavía mantiene pleno control de los movimientos cambiarios. Aun después de la reciente monetización del déficit fiscal correspondiente a los sectores no relacionados con el petróleo, las reservas internacionales cubren por lo menos 2,1 veces la base monetaria y más del 75% del M2. Gracias a los considerables ingresos generados por el petróleo, el sector público registró un superávit durante el primer semestre del 2000. Sin embargo, algunas medidas clave adoptadas por el gobierno a comienzos de año, tales como la reducción de 1% del IVA, la eliminación del impuesto de débito bancario, y el aumento de los gastos corrientes, sumado a una baja recaudación de impuestos y a la disminución de los ingresos por tal concepto debido al bajo crecimiento económico, han conducido al deterioro del déficit fiscal correspondiente a los sectores no relacionados con el petróleo. Aun así, el desempleo aumentó, afectando especialmente a los trabajadores no calificados, a las mujeres y los jóvenes, y a la población urbana. Aunque no hay consenso sobre el verdadero nivel de pobreza en Venezuela, todos están de acuerdo en que el crecimiento ha continuado. Tanto la pobreza como la desigualdad se han mantenido por debajo del promedio para el resto de América Latina. Actualmente el gobierno enfrenta los mismos problemas de otras administraciones anteriores: un creciente déficit, presiones sobre la moneda y una inflación que comienza otra vez a salirse de control.

2. Finanzas públicas venezolanas; Función de las Finanzas públicas en el proceso de desarrollo

Finanzas Públicas venezolanas Las Finanzas Públicas constituyen la actividad económica del sector público, con su particular y característica estructura que convive con la economía de mercado, de la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción. Comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación y todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponde al Poder Nacional a través de las distintas instituciones creadas por el estado para tal fin. El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus necesidades públicas, debe contar con recursos, y los mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos legalmente estatuidos y preceptuados en principios legales constitucionales. Las finanzas públicas establece; estudia las necesidades; crea los recursos; Ingresos; Gastos El estado hace uso de los recursos necesarios provenientes de su gestión política para desarrollar actividades financieras a través de la explotación y distribución de las riquezas para satisfacer las necesidades públicas (individuales y colectivas). Crear la plataforma adecuada en cuanto a educación, salud, seguridad social, para el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, crear tecnología propia, en el marco de un sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos de conformación de la voluntad colectiva. Garantizar un mayor control social sobre su gestión, mejorar los medios e instrumentos que hoy existen de representación política y social y establecer otras vías de participación complementarias a las de representación política, que fortalezcan , descentralicen su poder y transfieran responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales y, finalmente, mejorar sus estructuras políticas. Desarrollar estrategias de acción concurrente y propulsar estas acciones tendentes a la protección, al desarrollo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el deporte, la cultura, el trabajo, y en fin, el bienestar social, para que la economía del país pueda desarrollarse y conducirla hacia un futuro próspero. La política fiscal como instrumento de estabilización y ajuste; Políticas heterodoxas y ortodoxas (tradicionales y no tradicionales) de las finanzas públicas

La Política Económica. Para hablar acerca de lo que es la Política Fiscal, debemos de entender primero lo que es la Política Económica. El ultimo objetivo de la economía es desarrollar políticas (tradicionales y no tradicionales) que puedan resolver nuestros problemas. Las políticas económicas sirven para mover la curva de demanda en la dirección que se necesite para alcanzar el pleno empleo y para que esto suceda, el Estado puede usar 2 instrumentos (medidas) principales para regular la demanda agregada. La política fiscal y la política monetaria. La política económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del empleo y de los precios, así como para condiciones necesarias para el desarrollo. Para lograrlo, la política económica recurre a las ideas elaboradas en el campo de la teoría económica ya que a través de los principios, de las teorías, de las leyes y de los modelos ofrecidos por esta última, los resultados de las acciones prácticas desarrolladas adquieren mayor confiabilidad, seguridad y certeza. La formulación de la política económica comprende 2 procedimientos interdependientes:

1. La determinación de los principales objetivos que se quieren alcanzar, necesariamente interrelacionados y cuantificados.
2. La elección de los instrumentos de acción que se utilizarán para la consecución de los objetivos determinados.

Principales objetivos de la política económica Desarrollo Económico Estabilidad Económica Eficiencia Distributiva

1. Desarrollo Económico: Es la búsqueda obstinada del desarrollo
2. Estabilidad Económica: Reúne tres objetivos que son de importancia vita a.-Mantenimiento del pleno empleo. b.- Estabilidad general de los precios. c.- Equilibrio de la balanza de pagos internacionales.

1. Eficiencia distributiva: Lo que busca es disminuir las desigualdades en la distribución de la riqueza nacional entre las unidades familiares

Instrumentos o Políticas de Acción en la Política Económica. Para la consecución de los diferentes objetivos que acabamos de mencionar, la política económica cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos instrumentos o políticas provienen de la teoría económica cuyo objetivo es la consecución de los fines relacionados con los principios teóricos del análisis macroeconómicos y son los siguientes:

La política monetaria: Es el control de la banca y del sistema monetario por parte del gobierno con el fin de conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno empleo y buscar el estado de liquidez de toda economía.

La política fiscal: Es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector publico. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente.

La Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto publico y los ingresos públicos. El gobierno gasta a través de inversiones públicas, y obtiene ingresos a través de los impuestos sobre las actividades de producción y de circulación de mercancías, sobre los ingresos y ganancias de cualquier otra naturaleza. La política fiscal en el 2001 reviste importancia por tratarse del primer presupuesto que será diseñado y ejecutado íntegramente por la nueva administración. Además se trata de un presupuesto que se formula en el contexto de un importante boom de precios petroleros, después de una muy severa contracción en el ritmo de actividad económica. A pesar de estas características la discusión pública del Proyecto de Ley ha sido escasa por no decir ninguna. A continuación exponemos algunos comentarios sobre este importante tema que esperamos ayuden y animen el análisis de este importante y crucial tópico.

Aporte Fiscal Petrolero Las finanzas públicas de Venezuela dependen en grado extremo de las fluctuaciones de los precios del petróleo (el petróleo representa cerca del 80% de todas las exportaciones) Los ingresos del país reflejan los ciclos de los precios del petróleo, pero los gastos son rígidos. De hecho, cuando el crudo sube, los ingresos y gastos aumentan, lo que significa que los ingresos extraordinarios generados por el petróleo son gastados rápidamente por el Gobierno. Sin embargo, cuando los precios bajan, los gastos no pueden ser disminuidos y se originan grandes déficit fiscales. La estimación de ingresos que se presenta en el proyecto de presupuesto del 2001 adolece de ciertos problemas ya presentes en el presupuesto del año 2000. Por una parte, hay una abierta subestimación de los ingresos fiscales petroleros que al contraponerse con la corriente inercial del gasto de los últimos años, obliga al fisco a cerrar la brecha bien sea sobrestimando algunos ingresos no petroleros, o abultando las partidas por ingresos extraordinarios (endeudamiento e ingresos no recurrentes). Los ingresos del sector petrolero (impuestos, regalías y dividendos) estimados para el año 2001 son de 6,04 billones de bolívares (8.500 millones de US$), lo que representa apenas el 26,3 % del total de 22,9 billones de bolívares de ingresos fiscales ordinarios y extraordinarios. Lo que es claro es que el ejecutivo prevé una caída de los ingresos ordinarios con respecto al año en curso que se explica en gran medida por la subestimación del precio del petróleo. Para mantener un precio promedio del barril petrolero de 20 dólares, como se estima en el proyecto de presupuesto, y con un precio registrando a fin de este año alrededor de 29 dólares, la cesta tendría que cerrar en cerca de 11 dólares si el ajuste siguiera una tendencia lineal. Este desempeño del precio coincide con las previsiones más pesimistas. Es de notar que más que una actitud conservadora en torno al desenvolvimiento del mercado petrolero, la subestimación de los ingresos petroleros responde a la manera peculiar como se está elaborando y "negociando" políticamente el presupuesto. La práctica ya es conocida para quienes siguen la cuestión fiscal venezolana: se subestima el ingreso petrolero, se sobrestima la tributación no petrolera, y se exageran las solicitudes de endeudamiento; al final, se termina autorizando un elevado nivel de gasto que se va resolviendo durante el año a través del mecanismo de los créditos adicionales financiados con la efectiva recaudación petrolera y, recientemente, con los retiros del FIEM (Fondo de Inversión de Estabilización Macroeconómica; diseñado en un principio como un mecanismo institucional para atender y amortiguar las caídas y alzas del ingreso petrolero) y las utilidades cambiarias. Esta práctica convierte, de hecho, a la aprobación del Presupuesto en un acto formal con poca incidencia real e indicativa de lo que verdaderamente será la política fiscal. En todo caso, es muy significativo el hecho de que el aporte fiscal petrolero como proporción de los ingresos por exportación petrolera llega a ser de sólo 37% para el año 2001 (muy similar al aporte efectivo para este año), cuando en las bonanzas inmediatamente anteriores de los años 1996-1997 y 1991-1990 llegó a estar por encima del 60% y del 70% respectivamente. Este deterioro esperado de la contribución fiscal de la industria petrolera puede ser explicado de distintas maneras, bien sea por incrementos significativos en los gastos operativos, en gastos financieros y/o en los proyectos de inversión de la industria o por el ascenso de la producción de las empresas ligadas a la apertura cuya estructura tributaria es bastante menor. La otra razón es que se piense extraer recursos petroleros posteriormente a la aprobación del Presupuesto por la vía del reparto de dividendos. Cualquiera que sea la explicación seguirá siendo especulativa mientras las cuentas de la industria petrolera se mantengan ocultas.

3. Ingresos Fiscales y Tributación no Petrolera en Venezuela. Aporte Fiscal no Petrolero.

El ingreso público es la acción que el estado desarrolla al efecto de procurarse los medios necesarios a los gastos públicos para la satisfacción de las necesidades publicas y en general para la satisfacción de sus propios fines. Posee ciertas características que se derivan de dos premisas fundamentales.

1. Que los ingresos los percibe el estado por cualquier título.
2. Que dichos ingresos tengan significación económica.

La Gestión Tributaria (o ingresos públicos) mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos, en su política económica. Los tributos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Al actuar como ente generador de recursos el estado obtiene estos recursos a través de la modalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios. Ingresos ordinarios no tributarios de dominio público industrial (industria petrolera; minera). A través del dominio público comercial (entidades bancarias); dominio público territorial. Ingresos ordinarios tributarios, a través de impuestos; tasas y contribuciones (contribuciones de mejoras y parafiscales) Otra forma de clasificarlos:

1. Recursos patrimoniales propiamente dichos;
3. Recursos de las empresas estatales;
4. Recursos gratuitos;
5. Recursos tributarios ;
6. Recursos derivados de sanciones patrimoniales;
7. Recursos monetarios,
8. Recursos del crédito público.

En esta parte del trabajo pondremos el acento en el análisis de los recursos no tributarios (de dominio industrial, comercial y territorial) y recursos tributarios como fuente de ingresos no petroleros del Estado Nacional, y como expresamos en el párrafo anterior los ingresos tributarios son aquellos que el estado obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, es decir, mediante leyes que crean obligaciones a cargo de los administrados, en la forma y cuantía que las mismas establecen. La característica común de los recursos tributarios es su obligatoriedad por imperio de la ley en la cual tiene su origen, pero dicha obligatoriedad se encuentra enmarcada dentro de las limitaciones que emergen de la Constitución Nacional. En el Estado moderno constitucional y, especialmente, en la economía liberal, la que está fundada en los principios de la propiedad privada y de la iniciativa individual, prevalecen los recursos tributarios, los que son frutos del poder de imperio del Estado. Para implementar un sistema impositivo deben considerarse varios atributos: los impuestos deberán hacer que los individuos sean tratados en forma justa, que se minimicen las interferencias en las decisiones económicas y que no se impongan excesivos costos a los contribuyentes y/o a los administradores. Una de las áreas de investigación que analiza estos atributos es conocida como "optimal taxation". Este es un enfoque normativo de análisis basado en las herramientas de la economía del bienestar, aplicada cuando no se alcanza la mejor distribución del ingreso y de los recursos. Este enfoque supone que el gobierno busca maximizar el bienestar social y para ello debe alcanzar determinado nivel de recaudación. Ésta se logra con las decisiones de maximización de los individuos y de las firmas. La Gestión Tributaria (ingresos públicos) es un elemento importante de la política económica, porque financia el presupuesto público; Es la herramienta más importante de la política fiscal, en él se especifica tanto los recursos destinados a cada programa como su financiamiento. Este presupuesto es preparado por el gobierno central y aprobado por la Asamblea Nacional, es un proceso en el que intervienen distintos grupos públicos y privados, que esperan ver materializadas sus demandas. Es un factor clave que dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de financiamiento, para así mantener la estabilidad macro económica. La pérdida de control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad con efectos negativos insospechados. Es importante mencionar que los ingresos y gastos gubernamentales se ven afectados por el comportamiento de otras variables macro económicas, como el tipo de cambio, los términos de intercambio, el crecimiento del PBI, etc. Además la Gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a determinados sectores, por ejemplo, otorgando exoneraciones, incentivos. De este modo la gestión tributaria es un elemento importante porque va ayudar a crecer, mantener o decrecer la economía en la medida que los indicadores de gestión se hayan llevado en forma eficiente a través de estrategias (Recaudación, presentación de la Declaración Jurada, para detectar el cumplimiento de los contribuyentes). La gestión tributaria optima es aquella en la que la política fiscal es estable y el Sistema Tributario eficiente(diseñado para nuestra realidad). Si la gestión tributaria es optima atrae inversión. Como ya se menciona, el proyecto de presupuesto manifiesta cierta sobrestimación en los ingresos por impuestos indirectos. Los ingresos por IVA, por ejemplo, se incrementan en un 48% en términos nominales con respecto al presupuesto del 2000 y en 34% en términos reales. Este aumento estimado en el IVA no se compagina con el moderado incremento en el nivel de actividad, con las decisiones recientes de reducir la tasa de 15,5% a 14,5%, con la exoneración del pago a varias zonas francas y puertos libres y con la debilidad institucional que viene mostrando el SENIAT desde hace varios años. Lo que parece más significativo es que aún sobrestimando los ingresos no petroleros, la participación de los ingresos ordinarios sobre el total de ingresos del presupuesto pone más que nunca en evidencia los peligrosos síntomas de fragilidad que arrastra la gestión presupuestaria en Venezuela. Si se incluyen los gastos sin asignación presupuestaria, los ingresos ordinarios alcanzan a cubrir sólo el 60% de los gastos del gobierno central, un problema ya latente en el presupuesto de este año (donde se aspira cubrir sólo el 75% del gasto con ingresos ordinarios) pero que se arrastra y se agrava para el año 2001. Esta extremadamente baja presión tributaria en medio de una bonanza petrolera es atípica en Venezuela. Mucho se compara la realidad tributaria nacional con la foránea al señalar, como características diferenciales entre esta última y aquélla, que en otros países se observa una carga tributaria más onerosa; que existe afuera un mayor poder por parte de las respectivas administraciones tributarias para fiscalizar a los contribuyentes y perseguir a los infractores; que las sanciones son en otros países mucho más severas, y que, además, en Venezuela se observa una evasión fiscal que difícilmente se aprecia en la mayor parte de los países extranjeros. A la luz de los textos legales y de las estadísticas oficiales de cada país, lo dicho anteriormente pareciera ser cierto. Sin embargo, al analizar el asunto bajo las perspectivas política, socioeconómica, e incluso filosófica, se evidencian diferencias de fondo que, sin pretender justificar lo injustificable, ponen de manifiesto las realidades culturales de cada país, dando respuesta a muchos porqué. Comencemos por observar las cargas tributarias que, contrariamente a lo que algunos piensan, no es cierto que en Venezuela se paguen pocos impuestos Al lado de los impuestos directos e indirectos, dentro de la actividad económica formal, ejercida lamentablemente por los menos (y eso no es culpa de los particulares sino de las políticas y de otras realidades socioeconómicas) existe una variada gama de contribuciones parafiscales: INCE, IVSS, Política Habitacional, Paro Forzoso, impuestos municipales, etcétera. Por si fuera poco, los contribuyentes deben asumir costos directos e indirectos relacionados con servicios públicos a cargo del Estado, los cuales, por la ineficacia o la inexistencia de éstos, son trasladados a los particulares, como es el caso de la vigilancia, el transporte y el correo. Ni hablar de la seguridad social (SSO). Si no se tiene un buen seguro privado, puede presentarse una enfermedad que comprometa seriamente el patrimonio personal o familiar. Todos sabemos de casos en los que los gastos incurridos como consecuencia de una enfermedad, han llegado a arruinar la economía de una familia en poco tiempo. Por su parte, aquellos que aspiran asegurar su vejez deben acudir a costosos planes de retiro disponibles en el mercado internacional privado, pues en la práctica, la seguridad social solo garantiza el cobro de los aportes del trabajador, mas no su retiro. Por último, si se agrega a todo lo enunciado la inflación y la devaluación crónicas como fuente de ingresos de los gobiernos, la carga tributaria para los ciudadanos y las empresas domiciliadas en el país, puede ser calificada como pesada. Continuando con las diferencias del derecho comparado en la legislación tributaria venezolana, con respecto a las atribuciones de la administración tributaria y a las sanciones, ambas incrementadas con gran esmero en la reciente reforma del Código Orgánico Tributario, pudiéramos afirmar que hoy nos encontramos en franca competencia con las legislaciones de otros países.

Evasión fiscal El Superintendente del SENIAT, Trino Alcides Díaz, informó que la evasión tributaria alcanza 47%, es decir, un monto mayor a 4 billones de bolívares. Considera que la recaudación en Venezuela debería estar en el mismo nivel que en Chile, donde se obtiene por la vía impositiva hasta 20% del producto interno bruto, mientras que en el país sólo llega a 10% del PIB. El Banco Mundial podría dar asesoramiento técnico, así como préstamos no reembolsables, para apoyar el proceso de modernización de las aduanas que se adelanta en Venezuela, según lo informó el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, Trino Alcides Díaz. Por lo que se refiere a la evasión fiscal, debemos reconocer que, según las cifras oficiales, los índices en Venezuela son superiores a los de la mayoría de los países de Europa y América. En todo caso, habría que tener cuidado a la hora de identificar la fuente de esas cifras y el volumen de la economía informal en cada país. Pero en todo caso, aceptemos como válidos los criterios y los resultados existentes. A este punto es necesario hacer la reflexión que se han hecho en alguna oportunidad casi todos los contribuyentes en cualquier parte del mundo cuando tienen que pagar impuestos: ¿adónde va a parar mi dinero?, ¿en qué se invierten mis impuestos? De la respuesta que dé el propio contribuyente, se podrá inferir, por una parte, la disciplina fiscal que existe en ese país, y por la otra, la disposición de ese contribuyente a pagar impuestos. Si el contribuyente está satisfecho con su respuesta, se podrá suponer que respeta y reconoce como proba la forma en que se manejan los dineros públicos, y en consecuencia, está en buena sintonía con el pago de impuestos. Si impera la indisciplina fiscal, la falta de probidad, la ausencia de rendición de cuentas públicas, ausencia de sistemas de información computarizados que permitan la transparencia en las instituciones públicas y la imposibilidad del ciudadano común de reclamar estas situaciones, estaremos en presencia de un administrador no legitimado para exigir el pago de impuestos, y por ende, frente a un contribuyente contumaz. Así que, sin adherirnos a la posición de rebeldía de algunos frente al pago de impuestos, no podemos dejar de lado el derecho de poner de manifiesto como ciudadanos nuestro más alto rechazo a la conducta dispendiosa y a la visión feudal que del ejercicio del poder tienen y han mantenido en muchos años en este país, muchos de sus empleados públicos en todos sus niveles. Los gastos superfluos, el derroche de los fondos públicos por parte de la administración y la falta de control e información de la gestión administrativa pública, unidos a continuos rumores de que la corrupción flagelo que se posicionó en Venezuela desde la década de los sesenta (en los cuales por supuesto han estado involucrados altos personeros de los gobiernos anteriores), ha continuado creciendo, trayendo consigo una serie de calamidades económicas sociales morales, por lo visto no solo ha podido ser controlada sino que se ha desatado en estos últimos dos años de manera alarmante. Una corrupción flagrante y generalizada, echan por tierra cualquier motivación que trate de justificar ante la opinión pública la creación de nuevos o mayores impuestos, y merma la recaudación de los existentes. Pudiéramos decir entonces que al lado del principio de legalidad tributaria, según el cual solo por ley se pueden crear tributos, existe un principio de legitimidad tributaria que deriva del precepto constitucional basado en la justa distribución de las cargas públicas, debiendo entender por "justa" no solo la distribución, sino también la carga, la cual debe dar fiel respuesta al ejercicio, desarrollo y protección de los más legítimos intereses de la sociedad. Por lo tanto, la indisciplina fiscal deslegitima no solo al gobierno que la protagoniza, sino además puede quitarle legitimidad a los tributos. Y dentro de las distintas gamas del dispendio, hay derroches que por su futilidad son más condenables que otros. Tal es el caso de los cambios de nombre de organismos públicos, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, que actualmente se denomina Ministerio de Finanzas, e incluso se le ha cambiado el nombre al país. Todo ello se hace sin una razón válida, lo cual, además de generar costos inútiles, produce malestar en la comunidad, más aún, si luego se le pide a esa comunidad utilizar el papel de escribir por ambas caras. Pago impuestos para mantener un Estado que me brinde buenos servicios y me dé seguridad social. Pago impuestos a cambio de que exista una disciplina fiscal por parte de quienes determinan y ejecutan el gasto público. Pago impuestos a cambio de que me rindan cuentas claras y fidedignas, a las que tenga fácil acceso. Pago impuestos para que éstos no terminen indebidamente en el peculio de quienes los administran. Estas reflexiones tienden a contribuir con esa corriente de opinión pública que exige inaplazablemente la actuación eficiente y transparente de los poderes públicos, lo cual, entre otros beneficios, dará legitimidad a los distintos tributos.

4. La Naturaleza del Gasto Público en Venezuela

El gasto público se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. El gasto público lo rigen principios que dependen de los objetivos que se quieran alcanzar. Gastar lo menos posible; Obtener el máximo beneficio posible con los recursos posibles; los gastos deben ser adecuados a la capacidad económica; Incentivar pero no inmiscuirse en la economía privada; Se origina como respuesta a las necesidades públicas.

• Necesidades absolutas, propias e ineludibles del estado, las realiza directamente: Defensa; Seguridad y Paz Social; Administración de justicia
• Necesidades relativas. Pueden ser satisfechas por particulares. El estado delega pero supervisa: Salud; Educación; Energía eléctrica; Control de calidad.

Se clasifica:

• Gastos Ordinarios (atiende el normal desenvolvimiento del país).
• Gastos Extraordinarios (hace frente a situaciones imprevistas del estado)
• Gastos esenciales: Primordiales para cubrir las necesidades del estado.
• Gasto Compensatorio: Redunda en beneficio de la nación.
• Gastos personales. Para cubrir prestaciones sociales o de servicio.

Se ejecuta: A través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintas maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo. Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios. La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo. Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social. Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura. Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía. Gasto social es un subconjunto del gasto público que agrupa los recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su población. Hay diferentes criterios sobre las partidas presupuestarias que deben incluirse en el cómputo del gasto social, pero hay acuerdo respecto a sectores básicos tales como la educación, la salud y la vivienda. En este trabajo se utilizan los datos suministrados por la Oficina Central de Presupuesto (OCPRE) donde se especifican los siguientes sectores sociales: educación, salud, seguridad social, cultura y comunicación social, ciencia y tecnología, vivienda y servicios y desarrollo social. Estrategia del gasto en los sectores sociales: La distribución sectorial del gasto con relación al PIB permite analizar cómo el gasto se reparte entre los distintos sectores sociales y establecer la priorización en su distribución. La participación del sector educación fluctuó entre un mínimo 2,12 % en 1996 y un máximo 3,74% en 1992, Esta asignación es bastante baja si se considera que expertos de la UNESCO establecen que el gasto en educación debe ser por lo menos el 6% del PIB. La participación del sector salud, disminuyó en 1.993 aunque se aprecia una pequeña recuperación en el año. El sector vivienda y sus servicios mantuvo su participación, advirtiéndose disminuciones durante el lapso 1993-1995 e incrementos en 1997 y 1998. Los sectores de seguridad social y desarrollo social mejoraron su prioridad en los dos últimos años. El análisis de la distribución del gasto social sectorial no permite evaluar el impacto en el progreso y desarrollo de un país o región, es necesario especificar dentro de estos sectores inversiones sociales eficientes en el progreso social. Para analizar el Desarrollo Humano es importante considerar las agrupaciones del gasto que tengan un importante impacto diferenciado en los niveles de desarrollo de la población (gasto social destinado a la inversión). En la búsqueda de esta eficiencia se define la prioridad del gasto social como los gastos en educación básica, atención primaria en salud e infraestructura social básica (de acuerdo a lo establecido internacionalmente por el Programa para las Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD). La razón de prioridad social refleja el porcentaje de gasto social destinado a acciones de prioridad humana. Si bien la información disponible en estos momentos no permite el análisis de esta razón para Venezuela, existe bibliografía donde se resalta la inadecuada distribución del gasto en educación, al favorecer programas altamente regresivos como la educación universitaria descuidando la inversión en el sector básico, y la concentración del gasto del sector salud en programas de atención médica curativa de menor impacto colectivo, en desmedro de los recursos para atender las prioridades de la estrategia de atención primaria en salud (García, 1988) (De Venanzi, 1996). Sin embargo, según el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado en un momento dado por un país, será necesario definir indicadores diferentes de gasto en capital humano con una concepción más amplia. Si se toma en cuenta esta acotación, la razón de prioridad social, en un sentido amplio, se puede calcular con los gastos totales en educación y en salud (CEPAL, 1994, p. 37). De acuerdo con lo antes expresado, la razón macroeconómica del gasto en capital humano (educación y salud) para Venezuela, durante el período considerado, fluctuó entre 2,89% en 1996 y 5,62% en 1992 y la razón de prioridad social se mantuvo en niveles bastante elevados, moviéndose entre el 39,9% en 1996 y el 59,3% en 1994 (ver Gráfico No. 5.3). En 1998, esta razón registró un porcentaje de 52,1%. Sobre la base del concepto de "desarrollo humano", el PNUD recomienda, en general, alcanzar el valor del 50% para la razón de prioridad social y del 5% para la razón macroeconómica en capital humano (ibídem, p. 36). El elevado gasto público, en vez de contribuir a mejorar la situación de los más pobres, ha favorecido como siempre a determinados grupos de interés y amenaza ahora con alterar (como ya lo ha hecho en Argentina) los propios equilibrios económicos básicos. Las ilusiones de que puede servir para mejorar la calidad de vida y reducir las distancias sociales se han mostrado, una vez más, como un peligroso mito que deberíamos desenmascarar y combatir.

Nivel y estructura del gasto público en Venezuela Los gastos planeados del Gobierno Central se reducirían tanto en términos reales (-2%) como en proporción al PIB (-1,5%); como estos ajustes son menores que los esperados en los ingresos ordinarios se supone que tanto el déficit como los requerimientos financieros del gobierno se incrementaran. De nuevo debe advertirse que un análisis más riguroso exige incluir las denominadas "erogaciones sin afectación presupuestaria" que se estima podrían ascender a casi 2 billones de bolívares. Considerando este concepto ampliado del gasto, el nivel del mismo podría alcanzar a casi 25% del PIB . Si se examina con más detalle dónde el Ejecutivo Nacional esta proponiendo como políticas fiscales, ajustes fundamentales como instrumentos de estabilización, se nota con claridad que estos ajustes se concentran en las transferencias corrientes y de capital a las regiones. Estas transferencias pasan a representar, en la propuesta del nuevo presupuesto, el 12,2% del PIB y 54,1% del total de gastos, en contraste con el presupuesto actual donde alcanzan el 15,1% del PIB y 62,5% de los gastos (sin incluir "erogaciones sin afectación presupuestaria") Cabe destacar, adicionalmente, que los gastos corrientes aumentan su participación relativa en la estructura del gasto en detrimento de los gastos de capital. La inversión directa del Gobierno Central sigue siendo de relativa poca importancia con respecto a los gastos totales (4,2 %), aunque debe acotarse que en términos reales, de cumplirse los supuestos inflacionarios gubernamentales, se incrementaría en 29 %. Muy probablemente el Ministerio de Finanzas tendrá que corregir, aumentando el situado que se le aporta a las gobernaciones y alcaldías, así mismo el aumento salarial está muy por debajo de las expectativas del sector laboral. Téngase en cuenta que aquí tampoco se están incluyendo gastos adicionales que podrían financiarse con la transferencia de utilidades cambiarias desde el Banco Central de Venezuela ( BCV). En síntesis, muy probablemente, los niveles de gasto del gobierno central durante el 2001 terminarán siendo muy similares a los de este año y bastante superiores a los que se alcanzaron en el anterior quinquenio.

El déficit fiscal y las necesidades de financiamiento Tanto el déficit primario como el fiscal en el 2001 serían mayores en casi 1% del PIB a los que se calculan para el 2000. Si consideramos los gastos "sin afectación presupuestaria", el déficit fiscal podría elevarse hasta 7,5% del PIB. Este incremento del resultado deficitario es consecuencia, como ya se explicó, del insuficiente ajuste en el nivel de gasto ante la caída esperada en los ingresos ordinarios. Como el Gobierno prevé pagos por amortización de deuda pública interna y externa que ascienden a los 3,5 billones de bolívares, sus requerimientos financieros estarían en el orden de 11,6% del PIB, superando en casi 3 puntos las ya históricamente elevadas necesidades del 2000. Con el objeto de cubrir las necesidades de financiamiento previstas, el Gobierno se plantea recurrir al endeudamiento público por un monto equivalente a unos 11.400 millones de dólares, además de utilizar recursos acumulados en el FIEM por un monto de unos 2.300 millones de dólares. Aunque no se han establecido metas precisas con relación a cuanto obtener en el mercado interno y cuanto en el externo, se presume que la mayor presión se ejercerá en el mercado financiero nacional. Esta hipótesis se basa en la aún reducida accesibilidad que tiene el país al crédito externo a costos razonables. Venezuela sigue siendo castigada con una elevada prima por riesgo, si se tiene en cuenta el boom que están experimentando sus ingresos ante la favorable coyuntura petrolera y la mayor estabilidad política que se ha alcanzado una vez que finalizó la fase crítica del ciclo político electoral. Es importante señalar que el stock de deuda interna ha crecido en forma vertiginosa, esperándose que se multiplique su nivel por seis en apenas tres años. Esta situación está planteando serios retos a la gestión fiscal futura por la incidencia que tendrá el servicio (un gasto rígido), sobre el nivel de egresos. Sí consideramos que el Gobierno puede disponer discrecionalmente de recursos adicionales procedentes del FIEM e, incluso, hacer que el Banco Central le transfiera utilidades cambiarias acumuladas por el instituto emisor como reservas de capital, el nivel de endeudamiento podría ser finalmente bastante menor al previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto. El gasto fiscal de Venezuela alcanzó en enero de 2002 a 1,24 billones de bolívares (US$1=VEB 902,25), cerca de un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, informó el jueves el banco central a través de su sitio web. El gasto fue apoyado por 1,05 billones de bolívares en ingresos ordinarios, lo que incluyó 172.120 millones de bolívares en regalías del monopolio estatal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. Los impuestos a la renta contribuyeron con 288.320 millones de bolívares, el impuesto al valor agregó 431.340 millones de bolívares y los aranceles aduaneros aportaron 105.680 millones. Con los ingresos por concepto de petróleo cayendo, Venezuela continuó recortando el gasto público, lo que ayudó a que la economía creciera un 2,7% en el 2001, menos que el 3,2% del 2000. El precio promedio del petróleo venezolano fue inferior a US$16 por barril en enero 2002, frente a los US$20,18 por barril del 2001 y el promedio de alrededor de US$25,91 por barril del 2000, cuando la producción además fue mayor. El petróleo equivale a cerca de la mitad de los ingresos fiscales y a cerca del 30% del PIB del país de aproximadamente US$110.000 millones.