Análisis económico de la corrupción

Resumen

La economía que con sus criterios racionales y científicos pretende identificar el marco conceptual que está detrás de los distantes acercamientos al tema de la corrupción, dichos criterios han dividido entre el aspecto de la exploración de las utilidades que considera el agente corrupto, con énfasis en los estudios de carácter macro económico: causas y consecuencias de la corrupción sobre la economía y el enfoque institucional, con una marcada aproximación a estudios de enfoque organizacional y de micro economía: racionalidades de los servidores públicos, básicamente, ambos aparecen como complementarios e incluso, suele presentarse una mixtura de ambos a nivel micro económico (el servidor público como un monopolista que maximiza su renta). Este criterio analítico surge a dar respuesta a las interrogantes de ¿Cuál es la racionalidad económica de los corruptos?, ¿Cuáles son las variables explicativas?, con la finalidad de tratar de responder a estas preguntas, formularemos un modelo microeconómico de la corrupción, especificando las principales variables y los mecanismos que explican la conducta económica y racional de un corrupto estándar.

PALABRAS CLAVE:

CORRUPCIÓN, ECONOMIA, MICROECONOMIA, PRECIOS, COSTOS DE OPORTUNIDAD

ABSTRACT

The economy with rational and scientific criteria seeks to identify the conceptual framework behind the distant approaches to the issue of corruption, these criteria have been divided by the aspect of the exploration of the profits that the agent considers corrupt, with emphasis on macro-economic character studies: causes and consequences of corruption on the economy and the institutional approach, with a strong approach to studies of organizational focus and micro economics: rationality of public servants, basically, both appear as complementary and even often presented a mixture of both micro-economic level (the public servant as a monopolist that maximizes your income). This analytical approach appears to answer the questions of What is the economic rationale of the corrupt?, What are the explanatory variables?, In order to try to answer these questions, we will formulate a microeconomic model of corruption, specifying the key variables and mechanisms that explain the rational economic behavior and a corrupt standard.

KEYWORDS

CORRUPTION, ECONOMY, MICROECONOMICS, PRICES, COST OF OPPORTUNITY

Introducción

Nadie puede negar que la corrupción es un mal que afecta principalmente a las personas, atenta también contra los derechos fundamentales, socava la democracia, destruye la institucionalidad democrática, impide la igualdad de oportunidades, el ejercicio de las libertades y acentúa las desigualdades. Asimismo, la corrupción es un acto de poder, que tiene, además, una perspectiva política que implica una alta discrecionalidad para actuar por encima de los derechos y las expectativas de los demás. Lamentablemente la corrupción, que está en un proceso de generalización, ha ido debilitando la cohesión social al carcomer paulatinamente un conjunto de valores importantes en la sociedad, llegando al extremo de la existencia de altos niveles de desconfianza. Si en las sociedades, países e instituciones existe corrupción, ello refleja obviamente la existencia de individuos corruptos que practican actividades ilícitas o irregulares.

En este contexto, aparece la economía que con sus criterios racionales y científicos pretende identificar el marco conceptual que está detrás de los distantes acercamientos al tema de la corrupción, dichos criterios han dividido entre el aspecto de la exploración de las utilidades que considera el agente corrupto, con énfasis en los estudios de carácter macro económico: causas y consecuencias de la corrupción sobre la economía y el enfoque institucional, con una marcada aproximación a estudios de enfoque organizacional y de micro economía: racionalidades de los servidores públicos, básicamente, ambos aparecen como complementarios e incluso, suele presentarse una mixtura de ambos a nivel micro económico (el servidor público como un monopolista que maximiza su renta). Este criterio analítico surge a dar respuesta a las interrogantes de ¿Cuál es la racionalidad económica de los corruptos?, ¿Cuáles son las variables explicativas?, con la finalidad de tratar de responder a estas preguntas, formularemos un modelo microeconómico de la corrupción, especificando las principales variables y los mecanismos que explican la conducta económica y racional de un corrupto estándar.

CAPÍTULO I

Metodología

1. Planteamiento del problema

¿La corrupción encuentra su justificación en los parámetros económicos de eficiencia y racionalidad implícitos e los comportamientos humanos?

2. Hipótesis

2.1 Primera Hipótesis

La corrupción podría ser el reflejo de conductas económicas de individuos que buscan maximizar su nivel de utilidad o bienestar.

2.2 Segunda Hipótesis

El letargo y la pasividad en la aplicación de sanciones a los corruptos y corruptores, la postergación o dilación innecesaria y dolosa en la aplicación de acciones efectivas, la imposición de barreras institucionales, la crítica destructiva que no genera aportes, la falta de compromiso, concertación y participación efectiva de las instituciones y la limitada disposición de diálogo y atención de los problemas ciudadanos, es lo que podría estar creando incentivos para la comisión de este tipo de conductas delictivas.

3. Objetivos

3.1 Primera Objetivos

Desde parámetros objetivos que se fundan en un análisis económico se identificará el comportamiento corrupto de los agentes.

3.2 Segundo Objetivos

Identificar la reacción y efecto en los agentes de corrupción ante las normas anticorrupción.

3.3 Tercer Objetivos

Identificar los mecanismos que permitan aumentar los costos implícitos y explícitos en la conducta de los agentes corruptos.

3.4 Cuarto Objetivos

Establecer propuestas que permitan reducir los incentivos en los agentes corruptos.

4. Justificación e importancia del estudio

La pasividad está incorporada en la cultura del latinoamericano típico como elemento intemporal, impermeable a ciertos actos externos que aparezcan más allá de las propias manos. En este sentido, como investigadores, estamos atrapados en el dilema de saber que sin una crítica, las cosas no mejorarán; en este sentido los análisis científicos y comparativos que se esta por efectuar, son necesarios para comprender las causas fundamentales de la corrupción, desde un punto de vista económico sumamente objetivo.

5. Metodología

Método económico

Método jurídico

Método histórico

CAPITULO II

Aspectos generales de la corrupción

2.1. Algunos casos de Corrupción en los Gobiernos del Perú

Para tratar de comprender el fenómeno de la corrupción en un país como el Perú, consideramos oportuno comenzar por citar algunos ejemplos tomados del periodo republicano. El primero se refiere a las ""guerras de la independencia. Estas fueron financiadas, de una parte, por capitales extranjeros, principalmente ingleses y, de otra parte, por la confiscación de bienes y la imposición de contribuciones pecuniarias a determinados sectores de la población""[1]Al finalizar estas guerras, el nuevo gobierno republicano tuvo que reconocer como deuda nacional interna, el valor de los bienes expropiados por el ejército libertador. Para cumplir con esta obligación, el gobierno recurrió sea a los créditos extranjeros, sea a los beneficios producidos por las riquezas naturales del país. En el primer caso, la deuda interna se transformó en deuda externa; mientras que en el segundo, implicó una distribución indebida del patrimonio de la nación.

"En el plano económico, la deuda interna se pagó mediante la instauración de un proceso tendiente a la creación de capitales nacionales a fin de promover la industria, la agricultura y el comercio"[2]. En realidad, el reconocimiento y pago de la deuda interna, constituyeron un caso escandaloso de corrupción: la existencia de acreencias y su monto no fueron objeto de un control mínimo. El Estado fue de este modo engañado; se le defraudó con la participación interesada de sus propios órganos.

El segundo ejemplo concierne a la explotación del guano. ""Durante la segunda mitad del siglo XIX, esta riqueza natural era explotada por un sistema de concesiones que el Estado otorgaba a los particulares. El favoritismo, la influencia política, los vínculos de parentesco (nepotismo) eran los criterios decisivos para obtener el derecho de explotar y exportar guano""[3]Estos privilegios eran dispensados y distribuidos ilegalmente por los políticos que se sucedían en el gobierno. Esta riqueza no fue en consecuencia utilizada para desarrollar la industria, la agricultura o el comercio. Así, una clase minoritaria se enriqueció en detrimento de la mayoría de la población. Después de la dilapidación de esta riqueza, el país se sumió nuevamente en la pobreza.

Citemos otros dos ejemplos de corrupción institucionalizada en el Perú del ""sigloXX. En los años 70, gracias a la corriente marítima de Humboldt, rica en plancton, el mar peruano contenía una gran riqueza pesquera. La pesca y la fabricación de la harina de pescado se convirtieron en una gran industria. El Perú llegó a ser el primer productor a nivel mundial. Los industriales nacionales y extranjeros se enriquecieron enormemente y el Estado peruano obtuvo grandes ingresos. Estos fueron dilapidados por el Estado como si se tratara de un patrimonio inagotable""[4]

Dichos recursos sirvieron para conceder ventajas, para satisfacer a los seguidores, para contentar a los militares. Sin embargo, la pesca industrial al no respetar el ciclo de reproducción de los peces determinó la extinción tanto de éstos como de la industria de la harina de pescado. Por lo demás, el fin de este periodo estuvo marcado por el asesinato del pionero de esta industria, lo que provocó un escándalo político y financiero.

La corrupción institucionalizada resulta también del tráfico de drogas en razón a que el Perú es no solamente uno de los primeros productores de la hoja de coca sino también donde se elabora la pasta básica de cocaína. El poder económico de esta actividad ilícita permite a los traficantes adquirir una influencia política significativa a todos los niveles del Estado y de la organización social. Ministros y altos funcionarios de la policía han estado directamente implicados en el tráfico o en la protección de la red de traficantes. Esta infiltración en todos los engranajes de la sociedad hace que no sea posible distinguir la riqueza proveniente de una actividad legal o del tráfico de drogas. El funcionamiento de la economía se ve completamente distorsionado por el flujo de dinero sucio producido por el tráfico de drogas al punto de condicionar la política económica de todo gobierno.

Esta situación se puso en evidencia cuando la mafia colombiana asesinó al Ministro colombiano de Justicia, hecho que dio lugar a que el gobierno colombiano intensificara la guerra contra el tráfico de drogas. Con este objeto, se cerraron la frontera peruana con Colombia y se bloquearon las pistas de aterrizaje clandestinas. Esto generó un "cese del flujo de dólares colombianos provenientes del tráfico de drogas en el mercado peruano y, en consecuencia, la subida del curso del dólar y la devaluación de la moneda nacional". Frente a este fenómeno y, tal vez, para tranquilizar el país, el Presidente de la República de aquel entonces declaró que la crisis monetaria cesaría cuando volvieran a ingresar al país dólares de Colombia. En cierto modo, el mismo Estado admitía el lavado del dinero sucio mediante el tráfico de divisas. El funcionamiento del mercado paralelo de divisas se explica, fuera de las causas económicas, por la corrupción de funcionarios, de jueces, de la policía y de los agentes económicos (bancos, agencias de cambio, etc.).

2.2 Definición de Corrupción

En un sentido clásico del pensamiento político, la corrupción era el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico. "Tal concepción se expresa en la tan citada frase de Lord Acton según la cual el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente"[5]. En la actualidad tal sentido sigue, como se verá, estando confusamente presente en el discurso político aunque predomina como referente uno de los tipos de abuso del poder, "aquel que consiste en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen". Están en juego, así, conceptos de manejo deshonesto de recursos públicos o recursos en torno a una gestión pública; deshonesto en particular en un sentido individual, porque generalmente el público es escéptico de que los manejos calificados de corruptos no conduzcan en algunos casos a una apropiación indebida de esos recursos"[6]; en torno a una gestión pública quiere decir que abarca conductas no sólo de funcionarios públicos sino también aquellas dirigidas hacia actividades del estado. Este punto de vista, exigiría descartar del concepto la corrupción que se desenvuelve sólo en el ámbito de empresas o actores privados en general, sin embargo el uso común del término corrupción suele confundir ambos niveles.

Las tipologías jurídicas, por su parte, abundan en distinciones que intentan captar las abigarradas y proteicas formas que asume el fenómeno, mediante una no menos variada nomenclatura, por ejemplo, soborno, peculado, extorsión, concusión, tráfico de influencias, valimiento, peculado, abuso de información privilegiada, etc., etc. En el campo jurídico es necesario constatar, además, la tendencia tan importante del actual derecho comparado consistente en la producción de leyes nacionales anticorrupción de diferente tipo. Esta multiplicación y auge de leyes contra la corrupción es de una convergencia tan generalizada en la actualidad como para hacer que la corrupción no sólo sea política en cuanto que en ella estén envueltos políticos sino también en cuanto que los políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra ella y que estas políticas y normas crean fuertes restricciones al actuar político. 

Pero la condición de honestidad o deshonestidad, como la de lo justo o injusto, no se agotan en los textos legales por más que estos traten de abarcarla. Por consiguiente el concepto de corrupción siempre tendrá un mayor alcance que las definiciones jurídicas. Por otra parte, es importante insistir en la esencial interfaz entre agentes privados con una agencia o agentes públicos. Así tanto la literatura analítica sobre la corrupción como la más popular, que se mueve entre los reportajes de prensa y las admoniciones éticas, siempre destacan la participación de actores privados que comparten con los públicos tanta o mayor responsabilidad en el acto de corrupción.

2.3 Corrupción política

La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que quisiéramos y los políticos estarían dispuestos a admitir. "En primer lugar, no hay que perder de vista que la corrupción no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva sino también un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro. En el fondo, los actores políticos sobre todo en los casos de corrupción oficial y no personal (ver supra)"[7] casi nunca están dispuestos a renunciar completamente a esta forma de influencia. Si esto rige para la política interna es de figurarse con cuanta mayor "razón ""se aplica al ámbito internacional y a situaciones en las cuales no son simples operaciones comerciales las que están en juego sino también luchas de poder, donde cada estado, en el mundo de la competitividad y el globalismo""[8]tiende a identificar su interés con el de sus empresas, máxime si se trata de negociaciones sobre armamentos y otros ramos similares donde entran en juego enormes sumas de dinero. Por consiguiente, una sana ""cautela metodológica nos obliga a tomar las debidas precauciones para movernos en medio de una atmósfera que contiene densos elementos tanto de cinismo como de hipocresía y a valorar en su justa dimensión""[9]decisiones que, frecuentemente, son arrancadas a sus autores por la fuerza de los acontecimientos, a pesar de que a menudo se trata más de acciones para la galería que para el círculo reducido de quienes se supone tienen la principal responsabilidad de aplicarlas, pero ¿qué dirigente político se arriesga a que se repute que está en contra de acuerdos y políticas anti-corrupción?.

Pese a ello es imposible desconocer la dimensión ética del asunto porque en la política también operan argumentaciones y se emprenden acciones que no pueden ser comprendidas si no se tienen en cuenta valores que los actores postulan como absolutos e incondicionados por contraposición a argumentaciones y actuaciones fundamentadas en filosofías puramente utilitarias. "En la actualidad en el campo de los derechos humanos y cada vez más en materia ecológica y de conservación del medio ambiente, se manejan posiciones éticas que van más allá de cálculos de costos y beneficios"[10]. Por lo tanto, pese a toda la dificultad que para regular la corrupción deriva de su conexión con la política, se trata también de un asunto donde tiene mucha fuerza y hasta predomina la posición de que debe ser perseguida y reprimida independientemente de los costos que ello acarree. "Este predominio comporta que el cinismo político tiene que replegarse vergonzosamente y no esgrimir sus argumentaciones o tropezar con mayor resistencia que en otras épocas, lo que ha dado pie para hablar de que los escándalos no revelan una crisis moral sino más bien la elevación de los patrones de moralidad (Pérez Perdomo y Capriles 1991)"[11], pero no significa que en contra de la corrupción no se alegue que es dañina ya sea para el comercio internacional o para el desarrollo de los países, pero estos argumentos sólo refuerzan un rechazo principista que les da mayor vigor del que tendrían por sí solos.

2.4 Corrupción burocrática e Institucional

El término "burocracia" hoy en día a pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano, en especial en lo referente a las organizaciones públicas que constituye el Estado, olvidándose que también ello implica a la empresa privada. "El modelo de burocracia es un marco racional y legal, donde se concentra la autoridad formal en el diseño del sistema de administración y control de la empresa"[12].  Los medios de gestión no son propiedad del administrador intermediario. Sus competencias no son sujeto de herencia o venta.

Por su parte, es importante identificar que "el problema de corrupción, es más avasallante y no puede reducirse a un mero fenómeno excepcional, transitorio, criminal, preventivo o represivo, cuando su entorno tiene características estructurales en aspectos, de estabilidad gubernamental, macro y microeconómicos, sociales y educativos"[13].

El último aspecto cobra notoriedad en el sentido que la moral, la ética y la axiología de los pueblos está siendo afectada "seriamente por los fenómenos de fraude y corrupción, inclusive en el comportamiento humano de los individuos, desvirtuando la cultura organizacional en las empresas, donde se ha invertido principios y valores éticos, morales y axiológicos en su visión, misión y objetivos concertados"[14]. Por ello, se considera interesante abordar el estudio de esta temática, en el sentido como la burocracia ha sido empleada, para el desarrollo y la complicidad más grande de los delitos financieros, cometidos en la sociedad, adecuando su enfoque, a partir de la teoría de la burocracia de Max Weber[15]en tres connotaciones:

1) Burocracia en el sentido de vulgata, que corresponde al significado ordinario, popular y parroquial; cuyo sentido, ha sido siempre mal utilizado, en la forma despectiva de caer en la ineficiencia e ineficacia del desempeño funcional referente a la lentitud, exceso de trámites y velación de disposiciones, que traban las actividades y que en muchas de sus situaciones, son fácilmente vulnerables y corrompidas, como parte de una solución, justificada para la sociedad.

2) Burocracia como clase social dominante, incrustada en el Estado, que corresponde su acepción, en la genealogía del poder ejercido por dirigentes, asesores, especialistas y sindicalistas, que son parte de una élite direccional. Para Max Weber, todo parece indicar que es la autoridad la que proporciona el poder, aunque este concepto hoy también es desvirtuado por la legitimidad, es decir la capacidad de justificar su ejercicio. Es interesante recordar, que el autor distingue tres tipos de autoridad en lo que resulta ser el tradicional, la carismática y la racional conocida con otros denominativos de legal o propiamente burocrática. Esta acepción también queda vulnerada ante la prestación de los delitos de fraude y corrupción en la asignación de las altas direcciones, dadas por la clase política, sindical y privilegiada, (dominantes) y; donde la prebenda es una forma de expresión y compensación a su ejercicio.

3) Burocracia como modelo de organización, connotación que es más ampliamente enfocada, desde la concepción filosófica, sociológica, política y en especial administrativa. Para situarnos en este espectro, se hace interesante recurrir a la definición del autor, que señala; "la burocracia, es la organización eficiente por excelencia, llamada a resolver, racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, por extensión de las empresas. Esta diseñada científicamente, para funcionar con exactitud, precisamente para lograr los fines, para los cuales fue creada"; no más ni menos, para conseguir esta eficiencia planeada, el modelo burocrático, necesita precisar por anticipado como deben hacerse las cosas en la mejor manera y sin pretender incursionar en fomentar, mayores errores e irregularidades que respondan a intereses de clase particular en desmedro de lo social.

2.5 Causas Económicas de la Corrupción

Sin duda existe una estrecha relación entre la corrupción y el desempeño económico de los países. Las opiniones al respecto son diversas y muchas veces contrarias. Sin embargo, aún no podemos hablar de corrientes de pensamiento claramente definidas entre los estudiosos de la corrupción. El análisis económico de la corrupción no ha llegado pues a alcanzar el desarrollo de otras áreas de la ciencia económica.

Particularmente en lo referente a sus causas y consecuencias económicas. Si bien desde otras ópticas la corrupción puede ser calificada como favorable o desfavorable, en términos económicos debería existir una preocupación por el crecimiento de la corrupción si ésta produce subdesarrollo y pobreza. Las consecuencias económicas de la corrupción son negativas. Este problema se refuerza en aquellas economías en las que los servidores públicos son relativamente mal pagados, pues es frecuente que una parte sustancial del ingreso provenga de exacciones que siendo legales no tienen como contrapartida servicios gubernamentales o abiertamente de prácticas indebidas, otro criterio establece que en sociedades donde las relaciones raciales, religiosas, de castas o tribales son importantes (por ejemplo, en África), los funcionarios públicos suelen estar obligados a repartir los ingresos de las oficinas públicas entre los miembros de su grupo de referencia. Ello lleva en su etapa más elemental a prácticas de nepotismo. En países donde los partidos políticos son fuertes y representan intereses de grupos sociales o regiones, el comportamiento de los servidores públicos tiende a estar determinados por estas lealtades desarrollándose una forma bastante extendida de corrupción a través del clientelismo.

Aparte de los incentivos individuales a la corrupción, a nivel colectivo se requiere además un análisis de la forma en la cual cada sociedad enfrenta el problema y cómo éstas reaccionan frente a ella cuando aumenta su intensidad. Ello lleva a estudiar el papel que le cabe a los sistemas de administración pública, político y legal en inhibir la corrupción. En términos generales, los siguientes elementos favorecen la aparición de la corrupción y están presentes en buena parte de los países en desarrollo:

• 1. La falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado

• 2. La existencia de un ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad nacional y;

• 3. La inoperancia práctica de las instituciones públicas.

La cultura legal de una sociedad es una forma importante de delimitación de lo público y lo privado. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. A su vez, la existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Por otro lado las recientes reformas en los países en desarrollo, han dejado al descubierto que la corrupción puede ser una respuesta al conflicto que se produce cuando formas de organización y de sistemas normativos tradicionales se enfrentan a un orden económico moderno. Frecuentemente, se producen brechas sustanciales entre los requerimientos impuestos por la dinámica del mercado y la capacidad de intervención pública, entre los recursos de la administración pública y la dinámica social.

Existe también un dilema de política entre la modernización y desarrollo reciente de las economías de América Latina y la adopción de sistemas de administración pública basados en desarrollos culturales muy distintos a los de la región (extranjerizantes). No obstante, este es un falso dilema pues, objetivamente, los sistemas de administración pública empleados en los países desarrollados han sido ampliamente superiores a los empleados en los países en desarrollo. Así, independientemente del tipo de organización que se dé al Estado, la mejor calidad de dicha administración incide positivamente sobre el control de la corrupción y reduce sus efectos adversos sobre el bienestar social.

Una muestra tradicional de la mala calidad de administración es la capacidad de las empresas de obtener beneficios por lobby o influencia en la regulación. Existe una correlación alta y positiva entre el grado de corrupción y el tiempo dedicado al lobby, sino además que la corrupción depende de cuánto las regulaciones afectan la competitividad del mercado y de en qué medida las regulaciones son imprecisas o mal aplicadas. En muchos países, las reformas económicas, además, han significado un gran costo social en la forma de menores salarios reales, menores recursos para la gestión pública y fiscalización. A la vez, se han abierto nuevos desafíos en las áreas de provisión de bienes públicos y regulación que han significado sustanciales poderes para el reformador. En este contexto, los incentivos a la corrupción han aumentado enormemente. Pero la capacidad del Estado para controlar el problema gestión no se ha desarrollado a la par: el sistema de incentivos para los funcionarios públicos continúan siendo débil de modo tal que los buenos empleados no son recompensados y los malos no son castigados, los mecanismos de información y evaluación son caros y se usan de manera aislada, y el desarrollo de instituciones que permitan verificar el uso del poder político y sirvan de balance a su accionar se ha retrasado notablemente. Más aún, algunos gobiernos enfrentan pocas restricciones para financiar su ineficiencia debido a la presencia de transferencias hechas por la ayuda externa, lo que a su vez incentiva la corrupción. Existe, por tanto, una brecha entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. Ello permite que se mantenga la brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Evidentemente, resulta difícil evaluar el grado de participación de la sociedad en el sistema político pues éste depende de complejos mecanismos institucionales, políticos y constitucionales vigentes en cada país. En principio, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. La literatura económica tiende a asociar regímenes democráticos con mayores niveles de participación ciudadana. En este contexto, en sociedades no democráticas los burócratas están menos restringidos en su capacidad de usar recursos públicos en beneficio propio o de grupos de interés y para perpetuarse en sus cargos mediante lobby. En tal caso, los incentivos a la corrupción son más altos que en sociedades más democráticas, en las que las instancias de verificación por parte de los ciudadanos son mayores, la prensa es libre y en las cuales la alternancia en el poder permite que se destruyan más fácilmente círculos de corrupción enquistados en la maquinaria estatal. Existe una correlación negativa entre índices de libertad de prensa y varios indicadores de corrupción. Los índices de libertad de prensa incluyen leyes y regulaciones que influyen en el contenido de la información, influencia política y económica en la prensa, y actos represivos, es posible que la mayor libertad de prensa reduzca la corrupción al permitir revelar e informar sobre actos corruptos, aumentando la probabilidad de un castigo para los culpables. Es posible, por otro lado, que gobiernos donde hay mayor corrupción tiendan a poner mayores restricciones a la libertad de información o que se corrompa directamente a los mismos periodistas.

CAPITULO III

La corrupción y como fenómeno económico

•  La Corrupción su criterio de Eficiencia

"Para un análisis correcto es importante verificar a profundidad los equilibrios implícitos"[16]: en razón de que el gobierno proporciona un servicio de manera deficiente que no satisface las necesidades de los particulares, éstos buscarán procesos alternos para satisfacer sus necesidades utilizando el mercado y el sistema de precios.

En el primer ejemplo, se creo un mercado de velocidad en la prestación del servicio y el sistema de precios actúa a través de soborno. El cliente paga para que se realice un trámite más rápido y alcanza una situación mejor que la inicial. Por su parte, el agente también se encuentra en una situación mejor que la inicial. Así, encontramos que el óptimo individual constituye una mejora en el sentido de Pareto.

En el segundo ejemplo, el policía y el automovilista negociaron para que el castigo no se aplique. Aquí el soborno funciona en una negociación en la que el agente se abroga el derecho de tolerar una falta al reglamento de tránsito y el cliente tiene que sobornar lo para que no le aplique el castigo.

Algunos científicos sociales argumentan que en algunos casos la redefinición de soborno como pago, es decir, la legalización del soborno, sería un avance en el sentido de la eficiencia. "De hecho, algunos afirman que eventualmente el burócrata corrupto es quien proporciona un servicio más eficiente, dados los incentivos pecuniarios". Desde ese punto de vista, un "sistema de pagos"[17] es "económicamente justificable" y la corrupción puede entenderse de la manera más simple: como una respuesta de mercado a una deficiencia gubernamental, es decir, puede verse como una solución que lleva a un óptimo.

3.2 La Corrupción según el Óptimo de Pareto

"Producir el mayor beneficio para el mayor número posible es lo que se denomina eficiencia. La eficiencia viene determinada por el Óptimo de Pareto que basa sus criterios en la utilidad"[18]. Si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, no es una situación óptima paretiena, es que el punto óptimo, conocido como Óptimo de Pareto es aquel punto de equilibrio en el que ninguno de los agentes afectados puede mejorar su situación sin reducir el bienestar de cualquier otro agente. En este sentido una decisión social es óptima de Pareto cuando no hay otra situación diferente que se prefiera unánimemente. Lamentablemente una situación que a todas luces es una Optima según el criterio paretiano, no necesariamente es justa, como veremos a continuación.

Pareto se dio cuenta de que en la Italia de su época el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza del país. Hoy en día eso mismo se sigue aplicando no sólo a Italia, sino a todo el mundo con alguna variación en las cantidades. Pero la idea es la misma, unos pocos tienen mucho y el resto, que son muchos, tiene poco. El principio de Pareto también se conoce como la "regla del 80/20?, "regla del 80-20? o el "principio del factor de parquedad". No es algo estricto en el sentido de que siempre se cumpla la proporción 80/20. Unas veces la regla es del 70/30. Los importante es que todo se refiere a lo mismo: Un 20% de lo que haces produce el 80% de los resultados que obtienes y viceversa, un 80% de lo que haces produce el 20% de los resultados.

Desde el punto de vista de la corrupción se puede decir, que, los actos de corrupción llevan implícito el criterio de la eficiencia económica, ya que la tendencia es realizar el menor esfuerzo posible con la finalidad de percibir la mayor riqueza en términos económicos. Generalmente un simple acto de corrupción del cual puede resultar una considerable ganancia, se agota en un ínfimo momento, es decir se emplea en ello muy poco esfuerzo y poco tiempo, pero los resultados en términos de ganancias son mucho mayores, por lo tanto tal situación resulta altamente productiva.

Para explicar con mayor precisión esta situación, daremos un ejemplo. Un funcionario del sector público trabajaba mucho, demasiado; no sólo por el esfuerzo y empeño que ponía en ello sino por la dedicación y el número de horas; se puede decir que era una de esas personas que se quedaba al último en la oficina, habiendo llegado primero; además también se llevaba el trabajo a casa y se ponía con ello por las noches y en los fines de semana. A pesar de eso, lo que percibía a fin de mes no era proporcional al esfuerzo que ponía en el trabajo. Sin embargo otras personas, que además trabajaban "únicamente" durante las horas que ponían en su contrato y no ponían ni el menor esfuerzo, tenían una situación económica mucho más ventajosa. Es lamentable que este trabajador consiga resultados tan pobres; cuando hay otras personas que no son ni más ni menos inteligentes que y que además dan mucho menos, ero sin embargo tienen mejores ingresos. Fijémonos en este grupo de personas, en todos los casos, la diferencia estaba por un lado en que estas personas hacían únicamente lo que debían hacer y por otro en que lo hacían con aras de sacar el mayor beneficio económico, lo que en términos de eficiencia es ahorrar tiempo y esfuerzo.

Esta es precisamente la mentalidad de los corruptos, si el 100% de las actuaciones que deben realizar en el ejercicio de sus funciones las hicieran teniendo como base la honradez, a fin de mes solo percibirían únicamente su sueldo; que en el caso de un juez supremo el monto oscila a unos 15 600 soles. Sin embargo si del 100% de actuaciones que deben de realizar, el 20% fueran actos corruptos, sin duda la ganancia percibida seria mucho más del doble de ese monto. Al final del mes el 20% derivarías de su sueldo como juez y el 80% de los actos de corrupción que en ejercicio de sus funciones realiza.

Desde un unto de vista económico la mecánica resulta bastante lucrativa, por lo que esto incentivara a que al próximo mes el juez concentre sus esfuerzos en llevar acabo unos tantos actos de corrupción que le originan una mayor ganancia que su sueldo mismo.

3.3 La corrupción desde un enfoque de equilibrio del mercado competitivo

Mostraremos que la persona corrupta es también un agente maximizador y comete un nivel óptimo de corrupción en concordancia con sus preferencias y objetivos de maximización. Asumimos que el corrupto es un agente consumidor de bienes y servicios, que trata de alcanzar la máxima utilidad o satisfacción posible con sus decisiones de consumo, es decir, es un agente que maximiza una función de utilidad. Imaginemos que el beneficio que adquiere el corrupto en función a los actos de corrupción es el conjunto de bienes y servicios que compone la canasta de consumo del corrupto. La maximización de la función de utilidad está sujeta a su restricción presupuestal o ingreso, es decir los ingresos del corrupto son la suma de su ingreso proveniente de sus actividades lícitas y honestas y de su ingreso neto de sus actividades irregulares o deshonestas

El ingreso total percibido por las actividades deshonestas es el que justamente representa el retorno o el beneficio para el corrupto. El ingreso neto se define como la diferencia entre el ingreso total obtenido por tal actividad ilícita (corrupta) y el costo que implica el mismo. El corrupto trata de maximizar el ingreso neto de sus conductas delictivas tratando de incrementar sus ingresos totales y minimizando los costos totales, de tal manera, el número de actividades de corrupción cometidas o nivel de corrupción. Se asume que cuanto mayor sea el nivel de corrupción, mayor será el nivel de ingreso bruto captado por el corrupto; de la misma manera, mayores niveles de corrupción generan mayores costos; en otros términos, el ingreso marginal y el costo marginal de la actividad de corrupción es positivo. También se asume que la segunda derivada del costo respecto al nivel de corrupción es positiva, es decir, en la medida en que aumenta el nivel de corrupción el costo aumenta de una manera creciente (costo marginal creciente).

El ingreso total percibido por los actos de corrupción está en función del nivel de corrupción condicionado al tamaño económico de la institución y el grado de libertad que posee el corrupto; de este modo el conjunto de otros factores que, aparte del tamaño económico y el grado de libertad existente, determinan el ingreso captado por el corrupto durante sus acciones irregulares (por ejemplo, habilidad y eficiencia delictiva).

El ingreso que obtiene el corrupto será mayor en la medida en que también sean mayores: el nivel de corrupción, el tamaño económico de la institución y el grado de libertad que goza el corrupto en la institución que labora. Suponemos que existe una relación lineal entre el ingreso percibido con el nivel de corrupción, tal que el ingreso marginal que genera cada acción adicional de corrupción es constante e igual.

El tamaño económico está relacionado con el nivel de la actividad de la institución, el mismo que puede comprender su nivel de producción, recursos o ingresos. El tamaño económico de una institución será mayor cuanto mayor sea el nivel de ingresos o recursos que maneja. Por ello, dado "el nivel de corrupción y el grado de libertad del corrupto, en la medida en que sea mayor el tamaño económico de la empresa mayor será el monto del ingreso que va a percibir el corrupto con sus actividades delictivas".