La corrupción de los magistrados

El fenómeno de la corrupción desde un enfoque tridimensional significa que las personas tienen una predisposición afectiva y emocional que es condicionada por los aspectos culturales y económicos en el ámbito ocupacional que los direcciona para ejecutar conductas prohibidas e ilícitas; cuyas tendencias personales y narcisistas los llevan por su excesiva ambición a aprender conductas corruptas e ilícitas; y debemos recordar a Michael Foucault, que elabora un documento interesante con la microfísica del poder, se entiende que el dar al que recibe en términos de corrupción, se hace para evitar una posible represalia. "Yo pago para que no se lleven algo que yo obtuve, pero también pago para evitar una sanción", además está el que señala: "No pago lo que el Estado me cobra por algo que ya me costó", como es el caso de los impuestos y, otros dicen: "también pago para reducir una sanción e incluso eludirla".

Para Pacheco Bailón, los actos de corrupción se centran en las actividades del poder político como urdimbre y trama de la realidad social, y luego ahondaremos en el punto de vista psicológico, dicho aspecto es abordado de forma interesante por Julia Galletti Falcone, de origen argentino, radica en Mérida, Yucatán hace algunos años:

Consideramos que la raíz del problema se presenta en el modelo socio-cultural en el cual nos desarrollamos, desde el momento en que nacemos, somos educados bajo la premisa de premio-castigo-recompensa; sí hacemos lo que se nos pide, nos premian y en caso de romper con la disciplina, nos sancionan. Para el infante el valor que da al afecto lo conduce a decidir qué es bueno, reconoce que actuando como los demás quieren, es recompensado. Tal vez no se coma las verduras, pero se las ingeniará para cumplir con el objetivo de que el plato quede limpio, lo mismo las tareas domésticas…

En el presente ensayo será de uso común el término corrupción que se asocia con delito, transgresión, perversión, política, violencia… Una definición más precisa es la propuesta por la organización no gubernamental de lucha contra la corrupción Transparency International que afirma: "La Corrupción es el abuso del poder en beneficio privado"; ella destaca que la corrupción es una patología social, del poder, pero no es una patología psiquiátrica; porque el corrupto es consciente de lo que hace.

Factores psicológicos; socioculturales y de personalidad

Las personalidades con fallas narcisistas, con un self no suficientemente desarrollado, presentan una escasa tolerancia a las frustraciones y una incrementada necesidad de suministros narcisistas; esto los puede hacer caer en conductas corruptas y delitos.

Estos delitos tienen por finalidad elevar la autoestima. Sus deseos sin límites y la condición de "excepcionalidad" que se adjudican, los pueden llevar a "saltear la ley" y los medios socialmente aceptados para la consecución de logros.

Dentro de las personalidades con trastornos narcisistas es un hecho muy conocido que las personalidades antisociales presentan la mayor tendencia a recurrir a medios proscriptos para satisfacer sus propósitos.

Desde el punto de vista psicopatológico, a los móviles del narcisismo hay que agregar como particularidad distintiva la búsqueda de un beneficio utilitario. Por tanto, las personalidades con estas características serían proclives a desarrollar actos corruptos.

También las personalidades paranoides, que frecuentemente asumen liderazgos organizativos, por sus características críticas a los otros y excesivamente indulgentes consigo mismos, pueden derivar en la comisión de actos corruptos.

El ser humano se desarrolla y crece entre crisis, estas suponen siempre cierta pérdida, pero el psiquismo cuenta con la capacidad (mayor o menor) de procesarlas a través de un trabajo de duelo; pérdida y ganancia están implicadas; sin embargo, cuando las crisis sociales tienen un efecto traumático sobre el psiquismo, pueden sobrepasar la capacidad de ordenamiento reconstructivo y sobreviene un movimiento des-constructivo.

Los individuos presentan entonces sensaciones angustiosas catastróficas, e imposibilidad temporaria de producir respuestas adecuadas. Los efectos son más graves aun, en el psiquismo infantil o adolescente, que está en vías de construcción. Ellos se enfrentan a las pérdidas propias y a las de sus padres.

El alejamiento de la ley por parte de las instituciones representativas de la sociedad supone una falla simbólica. Nos preguntamos qué impacto traumático puede producir esto en el psiquismo de los individuos que advienen al grupo social, particularmente si han sufrido, además, traumas tempranos que de por sí suponen fallas en las representaciones psíquicas.

Como lo ha señalado bien la psicoanalista argentina C. Katz de Esquenazi, la abolición de un orden simbólico a nivel social "conforma el carácter de un hecho traumático, una representación faltante en lo real, en lo social (ley, justicia, castigo), que tiene su correlato en la estructuración edípica."…

Si la sociedad funciona de un modo según el cual "las leyes no se cumplen y los ciudadanos viven bajo la ley del "todo vale", los vínculos edípicos, la presencia de un tercero que introduce la razón y la ley (permitiendo de ese modo el intercambio y la distribución del poder), puede adquirir una modalidad perversa y corrupta." "La sociedad actual, con fuertes tendencias narcisistas, donde lo que predomina es una búsqueda continua de éxito y bienestar, en detrimento de los ideales humanistas y solidarios, favorece la arbitrariedad en los vínculos, el concepto de ley es menos respetado y el terreno es más propicio para la corrupción."

Cada cultura configura un tipo de "personalidad básica" (Kardiner-Linton). En nuestra época encontramos que los rasgos de las personalidades fronterizas se superponen y aparecen como una exageración de las quejas comunes y habituales de la gente normal, en relación con el malestar social actual.

En efecto, sentimientos de pérdida de identidad, crisis de los sistemas valorativos, intensas experiencias de soledad y desamparo, son características de las personas en nuestras sociedades actuales. Los individuos padecen desconcierto, sienten que las metas de la vida se vuelven inalcanzables, que las posibilidades para sus hijos son escasas, y no encuentran suficiente apoyo social o psicológico.

La vivencia personal es de fracaso, soledad, ansiedad, pesimismo y desesperanza.

Si bien es muy difícil sostener con rigor científico relaciones causales inequívocas entre los factores socioculturales y los desórdenes de personalidad, empíricamente puede sostenerse la idea de que algunos cambios sociales traumáticos pueden favorecer el desarrollo de estas patologías.

Cuando la crisis del orden social llega a extremos catastróficos, con una vertiginosa caída de los valores ético-morales y empobrecimiento de amplios sectores de la población, los individuos quedan expuestos a todo tipo de sufrimientos. La situación de exclusión social alcanza niveles dramáticos, la inseguridad y la incertidumbre hacen caer en una profunda desesperanza.

Esto puede provocar un derrumbamiento yoico que según la fortaleza del psiquismo de las personas, conducirá a distintos grados de desestructuración de la personalidad.

Factores sociales desfavorables pueden condicionar la vulnerabilidad de la personalidad, o bien, obrando sobre personalidades vulnerables, propiciar el desarrollo de cambios y trastornos de la personalidad, así como patología del eje ansiedad, pánico, depresión, manifestaciones psicosomáticas, suicidios.

La corrupción puede ser ejercida por personas de diferente estatus socioeconómico y abarcar distintos niveles. A todos nos llama la atención aquella corrupción de alto nivel ejercida por personas que ya poseen un alto poder adquisitivo, una buena posición profesional y cierto reconocimiento social.

Pueden haber muchas causas, pero aquí prestaremos atención a aquella causa de tipo psicológico. Existen personas que están más predispuestas que otras a cometer actos corruptos, y la explicación la encontramos en su estructura de la personalidad. Concretamente, las personas con una personalidad psicopática y/o narcisista pueden estar más predispuestas a entrar en el gran mundo de la corruptela. 

Vamos a imaginar la personalidad del corrupto ideal, aquel que mezcla características narcisistas y psicopáticas. A grandes rasgos, nos encontramos delante de una persona esencialmente egocéntrica y afectivamente anestesiada. Su objetivo se centra en satisfacer una doble necesidad: sentirse superior a los demás y usar a éstos para conseguirlo. 

De alguna forma, este es su principio rector, lo que deriva hacia un hecho clave: la no consideración del otro. Por lo tanto, la ética global no existe, existe sólo su ética. Es agarrándose a esta ética privada dónde este tipo de persona encuentra la reafirmación necesaria para no sentir ni la más mínima culpa ni arrepentimiento por ningún hecho. 

Su frialdad emocional y su inteligente locuacidad, permite a esta persona mostrarse públicamente como la ferviente poseedora de una integridad y ética social inquebrantable, toda una simulación perfectamente diseñada para cumplir sus objetivos. El corrupto y su falsa afectividad, se aprovecha de la afectividad real de los demás para que ésta juegue a su favor. Consigue un perdón que sólo le importa para reafirmar su superioridad y continuar con su juego. 

Este tipo de personalidades tienen una predisposición a la corruptela, pero lo que les dispone finalmente a a ella es una elección personal consciente, favorecida por el hecho de pertenecer a ciertos ambientes.

Psicología de la Corrupción y los Corruptos.

Resulta bastante complicado poder llegar a definir el término corrupción. Lo que resulta más que claro es que este es un concepto multidimensional; dentro del término corrupción aparece relacionado el concepto de construcción social. Este es un mundo socialmente construido en el cual todos colaboramos; con respecto a esto los sujetos van a reaccionar más que ante la propia realidad sociocultural ante la percepción subjetiva que tienen de esta.

La realidad en la que viven los sujetos tiene que ser nómica, es decir, debe de estar ordenada a través de normas y reglas. Visto esto ¿es nómica aquella sociedad donde las prácticas corruptas son comunes? la respuesta seria que si que son nómicas porque están regidas por la regla de la corrupción pero esto no quiere decir que sean mejores. Un ejemplo claro de una práctica corrupta es la evasión de impuestos, COWEL se va a referir a ella como una práctica contagiosa en aquellos que la rodean.

Si se pretende garantizar la igualdad y la libertad en un futuro dentro de una sociedad se debe de procurar reducir las prácticas corruptas a la mínima existencia y en ningún caso justificar la corrupción. Debe de ser cada sociedad la que marque lo que entiende por corrupción demostrando así que la corrupción es una construcción social.

Como ya se indicó, no se debe ni justificar ni legitimar en ningún caso las prácticas corruptas, lo que sí se considera como importante legitimar es la realidad social que se va construyendo. Autores como HABRMAS hablan del problema que surge cuando los individuos perciben que sus expectativas no van a poder ser satisfechas con recompensas del propio sistema, cuando esto ocurre hablamos de una crisis de legitimación.

Lo siguiente que normalmente ocurre cuando una sociedad legitime algo es que esto se institucionalice tanto a nivel social como organizacional. Dentro del sistema capitalista avanzado se puede legitimar o justificar lo que se quiera siempre que se presente como justo, ético y moral. Así, MINTZBERG habla de aquellas empresas las cuales los beneficios económicos justifican la inmoralidad social.

Viendo todo esto uno se puede preguntar si en algún momento se puede llegar legitimar la esclavitud… la respuesta es que si siempre y cuando esta sea pública y o exista reacción contra ella. Así, en el pasado existieron un gran número de cosas que hoy rechazamos pero que en su momento eran vistas como legitimas como es el caso de la esclavitud, la quema de brujas etc.

Si se quisiera obtener una definición de corrupción aparecería un gran problema ya que todo el mundo sabe que es corrupción pero es difícil utilizar términos exactos, además esta varía a lo largo de la historia, de las diversas culturas, de una sociedad a otra dependiendo de sus estructuras económicas, cambios políticos e históricos. Lo que es sabido por todos es que la corrupción existe en todos los países de este planeta ya que las prácticas corruptas van impresas en todas las organizaciones políticas que el ser humano haya construido o construya en el presente pasado y futuro.

De STERNBERG (1990) y STERNBERG y POWEL(1989) tomamos algunas de las definiciones explicitas entendiendo por explicitas aquellas teorías que tienen su base en datos reunidos o hechos analizados por los investigadores y especialistas sobre la corrupción en general o alguno de los aspectos específicos del mundo de la corrupción.

PETERS Y WELCH definen Corrupción atendiendo a tres criterios:

El legalista; referido a la quebrantación de algún precepto legislativo reconocido; el de interés común o público; y la opinión pública, la cual tiene la última palabra.

ALATAS destaca las siguientes características de corrupción:

-Involucra a más de una persona; implica una cierta discreción; implica una obligación mutua; los corruptos intentan camuflar estas prácticas tras justificaciones legales; estas prácticas siempre suponen un cierto grado de decepción; es una traición a la confianza.

Violan las normas de los deberes y las responsabilidades dentro de la dinámica social.

GONG relata tres tipos de explicaciones sobre la corrupción:

-La individualista; la estructura social y porque tienen lugar ciertas condiciones.

Como estos autores, existe un largo listado de autores que se han preocupado por lo referido a la corrupción y han expuesto sus teorías explicitas.

Por otro lado encontramos las teorías implícitas que estarían fundamentadas en las conceptualizaciones que los individuos hacen de la corrupción. Se trata de poner de manifiesto lo que los ciudadanos piensan acerca de las prácticas corruptas.

Según RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ (1995) las teorías implícitas son:

Parecidas a otros esquemas de conocimiento social; a un conjunto de proposiciones con organización interna; estables y resistentes al cambio; con un punto de referencia inevitable y son un reflejo y el resultado de las particularidades culturales.

Dentro de las teorías implícitas podemos destacar las siguientes dimensiones de la corrupción dada por expertos:

Alta ambición personal; comportamiento desviado, delictivo o al margen de la ley.

Dejar al margen los comportamientos morales, éticos o al margen de la ley; utilizar el poder, posición o situación social en beneficio propio o de los allegados; romper la confianza que los ciudadanos han depositado personas, grupos, organizaciones e instituciones; manifestación social de una problemática social; la falta de seriedad y ausencia de responsabilidades individuales y sociales; asimismo la ruptura de los principios de equidad y justicia, y por último hay que considerar la corrupción desde una perspectiva cínica, descarada o desvergonzada.

A continuación aparecen que entienden por corrupción desde las teorías implícitas los "no expertos":

-Comportarse al margen de la legislación establecida; desviarse de lo socialmente establecido y no seguir una ética social; asimismo manifestar una patología social como puede ser un robo, falta de honestidad etc.; y la mala utilización del poder.

Uno de los conceptos más utilizados cuando se habla de prácticas corruptas es el concepto de crimen o delito de cuello blanco. Autores como Sutherland lo definen como un delito cometido por la clase socioeconómica alta. Dentro de este concepto conviene hacer una distinción entre crimen ocupacional y crimen corporativo. El primero sería el que está relacionado con las ocupaciones de quien los comete. El segundo e refiere a aquel que viola las reglas colectivas .Así podemos decir que los delitos de cuello blanco son aquellos que se cometen conscientemente para obtener una ganancia personal y los crímenes corporativos son aquellos que se realizan para tener una ganancia en una organización formal o informal.

Como características del Delito de Cuello Blanco podemos destacar:

Baja visibilidad; relativa complejidad; exhumación de responsabilidad; ambigüedad de la victimización y dificultad de identificación así como sanciones indulgentes y ambigüedad de la ley que ofrece posibilidades a aquellos que quieran delinquir y por último un estatus criminal ambiguo.

Otro de los conceptos incluido dentro de la corrupción es el de fraude fiscal. Se trata de dejar de pagar los impuestos cuyo pago corresponde legalmente. Se trata de una práctica generalizada en este país debida a la falta de conciencia pública ya que los ciudadanos se sientes explotados, timados y robados por el estado.

Después de todo lo expuesto podemos decir que a día de hoy la corrupción e presenta como u problema social. Alguna de las razones es que se considera la corrupción como:

Percepción de injusticia social. La corrupción es mayor en aquellos que tienen más poder y más dinero; no siempre se corrompe el que quiere sino el que puede asimismo falta de solidaridad social y quebrantamiento de un sistema legislativo socialmente establecido y el resultado de comportamientos y cogniciones de indefensión.

En el estudio que hemos efectuado sobre la Corrupción del Poder Judicial en el Perú en la década de los 90" hasta el presente milenio hemos hallado que los Encuestados están de acuerdo que las autoridades se desvían de la ley para beneficiar a sus amigos, y/o familiares (nepotismo) y esperan recibir recompensas "obsequios" y que existe favores políticos e interferencia de los otros poderes del Estado; asimismo la falta de independencia de los Jueces lo condiciona a cometer ilícitos penales, así como existen grupos económicos de poder que se oponen a la Reforma Judicial.

Los Encuestados están poco de acuerdo que las autoridades toleran al Crimen Organizado, a cambio de compensaciones económicas y que la corrupción institucional sea de efecto local y ni los programas de capacitación han podido fortalecer la independencia de los Jueces y medidas para reducir la corrupción, así como los sueldos, evite los actos de corrupción.

Los Encuestados están muy de acuerdo que la corrupción esporádico – individual es de alta nocividad social.

MUESTRA: Población de 60 MAGISTRADOS

• Hombres y Mujeres: 36 Hombres 24 Mujeres

• Edad: 30 a 50 años.

Y que de acuerdo a una evaluación psicológica hemos encontrado que las personas frías, impersonal, centrada en las cosas materiales, egoísta, poco afectuosa; que por momentos se presenta afable y atenta a los demás y colaboradora.

Persona reactiva y emocionalmente cambiable, se victimiza y evade responsabilidades, con resentimiento hacia a los demás.

Persona dócil acomodaticia, es orientada al cliente, servicial. Tendencia a acomodarse a los deseos de los demás, puede manejar la afectividad, le gusta que la alaben, agresiva en la búsqueda de metas materiales; sus rasgos son confiada a la buena ventura, charlatán, ambiciosa y rápida, es caprichosa, inmadura y poco fiable.

Estas personalidades proclives a actos de corrupción son personas indulgentes, despreocupadas, acepta pocas obligaciones, suele ser inestable en sus propósitos, libre, voluble, frívola, siente placer por las cosas materiales y económicas.

Suele esquivar las reglas y puede tener dificultades para ajustarse a normas estrictas, baja fuerza del Súper yo y poco confiable.

Estas personas suelen iniciar los contactos sociales con facilidad y no son nada tímidas cuando se encuentra en un ambiente nuevo y rodeado de gente; tiene habilidad para relacionarse con los demás.

Persona objetiva, nada sentimental, sensibilidad dura, realista, práctica, evaluativa, insensible suele tener un enfoque muy utilitario, muestra menos sentimientos y atiende más a lo material de las cosas;

Persona, celosa, desconfiada, suspicaz, escéptica, precavida, vigilante, está pendiente de caerle al otro, despreocupada de lo cotidiano, bohemia, motivada por sí misma y despreocupada de personas particulares, sus intereses se dirigen hacia su persona, su individualidad.

Persona astuta, burda en sus expresiones, ordinaria de mente imprecisa, mundana, calculadora, discreta que planea todos sus actos corruptos.

Persona, flexible, poco ansiosa, serena y animada, tranquila, sin preocupaciones; persona satisfecha de si y de todo, precavida, cuestionadora de las Instituciones, poco inclinada a moralizar y más a preguntarse por la vida en general.

Otra de las características y rasgos de los Magistrados corruptos es estas personas se integran al grupo con facilidad, pueden ser negativas pues son influenciables hacia conductas corruptas, por otro lado, son personas individualistas, prefieren trabajar solas, se aíslan, son recursivas para utilizar en forma práctica lo que tienen o quieren obtener.

Persona tolerante con el desorden y faltas, perezosa, no se preocupa por aceptar o ceñirse a las exigencias sociables. Es relajada, placida, tranquila, paciente, sosegada, calmada, satisfecha, no se frustra con rapidez, y le resulta fácil ser paciente con la gente. Es poco confiable, con tendencia a mentir, a utilizar ardid, engaño, le gusta hacer todo lo que sirve a sus intereses económicos y personales.

Factores Económicos de la Corrupción

Sin duda existe una estrecha relación entre la corrupción y el desempeño económico de los países. Las opiniones al respecto son diversas y muchas veces contrarias. Sin embargo, aún no podemos hablar de corrientes de pensamiento claramente definidas entre los estudiosos de la corrupción. El análisis económico de la corrupción no ha llegado pues a alcanzar el desarrollo de otras áreas de la ciencia económica.

Particularmente en lo referente a sus causas y consecuencias económicas. Si bien desde otras ópticas la corrupción puede ser calificada como favorable o desfavorable, en términos económicos debería existir una preocupación por el crecimiento de la corrupción si ésta produce subdesarrollo y pobreza. Las consecuencias económicas de la corrupción son negativas. Este problema se refuerza en aquellas economías en las que los servidores públicos son relativamente mal pagados, pues es frecuente que una parte sustancial del ingreso provenga de exacciones que siendo legales no tienen como contrapartida servicios gubernamentales o abiertamente de prácticas indebidas, otro criterio establece que en sociedades donde las relaciones raciales, religiosas, de castas o tribales son importantes (por ejemplo, en África), los funcionarios públicos suelen estar obligados a repartir los ingresos de las oficinas públicas entre los miembros de su grupo de referencia. Ello lleva en su etapa más elemental a prácticas de nepotismo. En países donde los partidos políticos son fuertes y representan intereses de grupos sociales o regiones, el comportamiento de los servidores públicos tiende a estar determinados por estas lealtades desarrollándose una forma bastante extendida de corrupción a través del clientelismo.

Aparte de los incentivos individuales a la corrupción, a nivel colectivo se requiere además un análisis de la forma en la cual cada sociedad enfrenta el problema y cómo éstas reaccionan frente a ella cuando aumenta su intensidad. Ello lleva a estudiar el papel que le cabe a los sistemas de administración pública, político y legal en inhibir la corrupción. En términos generales, los siguientes elementos favorecen la aparición de la corrupción y están presentes en buena parte de los países en desarrollo:

Primero por la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado; y la existencia de un ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad nacional y; por último la inoperancia práctica de las instituciones públicas.

La cultura legal de una sociedad es una forma importante de delimitación de lo público y lo privado. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. A su vez, la existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Por otro lado las recientes reformas en los países en desarrollo, han dejado al descubierto que la corrupción puede ser una respuesta al conflicto que se produce cuando formas de organización y de sistemas normativos tradicionales se enfrentan a un orden económico moderno. Frecuentemente, se producen brechas sustanciales entre los requerimientos impuestos por la dinámica del mercado y la capacidad de intervención pública, entre los recursos de la administración pública y la dinámica social.

Existe también un dilema de política entre la modernización y desarrollo reciente de las economías de América Latina y la adopción de sistemas de administración pública basados en desarrollos culturales muy distintos a los de la región (extranjerizantes). No obstante, este es un falso dilema pues, objetivamente, los sistemas de administración pública empleados en los países desarrollados han sido ampliamente superiores a los empleados en los países en desarrollo. Así, independientemente del tipo de organización que se dé al Estado, la mejor calidad de dicha administración incide positivamente sobre el control de la corrupción y reduce sus efectos adversos sobre el bienestar social.

Una muestra tradicional de la mala calidad de administración es la capacidad de las empresas de obtener beneficios por lobby o influencia en la regulación. Existe una correlación alta y positiva entre el grado de corrupción y el tiempo dedicado al lobby, sino además que la corrupción depende de cuánto las regulaciones afectan la competitividad del mercado y de en qué medida las regulaciones son imprecisas o mal aplicadas. En muchos países, las reformas económicas, además, han significado un gran costo social en la forma de menores salarios reales, menores recursos para la gestión pública y fiscalización. A la vez, se han abierto nuevos desafíos en las áreas de provisión de bienes públicos y regulación que han significado sustanciales poderes para el reformador. En este contexto, los incentivos a la corrupción han aumentado enormemente. Pero la capacidad del Estado para controlar el problema gestión no se ha desarrollado a la par: el sistema de incentivos para los funcionarios públicos continúan siendo débil de modo tal que los buenos empleados no son recompensados y los malos no son castigados, los mecanismos de información y evaluación son caros y se usan de manera aislada, y el desarrollo de instituciones que permitan verificar el uso del poder político y sirvan de balance a su accionar se ha retrasado notablemente. Más aún, algunos gobiernos enfrentan pocas restricciones para financiar su ineficiencia debido a la presencia de transferencias hechas por la ayuda externa, lo que a su vez incentiva la corrupción. Existe, por tanto, una brecha entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. Ello permite que se mantenga la brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Evidentemente, resulta difícil evaluar el grado de participación de la sociedad en el sistema político pues éste depende de complejos mecanismos institucionales, políticos y constitucionales vigentes en cada país. En principio, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. La literatura económica tiende a asociar regímenes democráticos con mayores niveles de participación ciudadana. En este contexto, en sociedades no democráticas los burócratas están menos restringidos en su capacidad de usar recursos públicos en beneficio propio o de grupos de interés y para perpetuarse en sus cargos mediante lobby. En tal caso, los incentivos a la corrupción son más altos que en sociedades más democráticas, en las que las instancias de verificación por parte de los ciudadanos son mayores, la prensa es libre y en las cuales la alternancia en el poder permite que se destruyan más fácilmente círculos de corrupción enquistados en la maquinaria estatal. Existe una correlación negativa entre índices de libertad de prensa y varios indicadores de corrupción. Los índices de libertad de prensa incluyen leyes y regulaciones que influyen en el contenido de la información, influencia política y económica en la prensa, y actos represivos, es posible que la mayor libertad de prensa reduzca la corrupción al permitir revelar e informar sobre actos corruptos, aumentando la probabilidad de un castigo para los culpables. Es posible, por otro lado, que gobiernos donde hay mayor corrupción tiendan a poner mayores restricciones a la libertad de información o que se corrompa directamente a los mismos periodistas.

Sin duda existe una estrecha relación entre la corrupción y el desempeño económico de los países. Las opiniones al respecto son diversas y muchas veces contrarias. Sin embargo, aún no podemos hablar de corrientes de pensamiento claramente definidas entre los estudiosos de la corrupción. El análisis económico de la corrupción no ha llegado pues a alcanzar el desarrollo de otras áreas de la ciencia económica.

Particularmente en lo referente a sus causas y consecuencias económicas. Si bien desde otras ópticas la corrupción puede ser calificada como favorable o desfavorable, en términos económicos debería existir una preocupación por el crecimiento de la corrupción si ésta produce subdesarrollo y pobreza. Las consecuencias económicas de la corrupción son negativas. Este problema se refuerza en aquellas economías en las que los servidores públicos son relativamente mal pagados, pues es frecuente que una parte sustancial del ingreso provenga de exacciones que siendo legales no tienen como contrapartida servicios gubernamentales o abiertamente de prácticas indebidas, otro criterio establece que en sociedades donde las relaciones raciales, religiosas, de castas o tribales son importantes (por ejemplo, en África), los funcionarios públicos suelen estar obligados a repartir los ingresos de las oficinas públicas entre los miembros de su grupo de referencia. Ello lleva en su etapa más elemental a prácticas de nepotismo. En países donde los partidos políticos son fuertes y representan intereses de grupos sociales o regiones, el comportamiento de los servidores públicos tiende a estar determinados por estas lealtades desarrollándose una forma bastante extendida de corrupción a través del clientelismo.

Aparte de los incentivos individuales a la corrupción, a nivel colectivo se requiere además un análisis de la forma en la cual cada sociedad enfrenta el problema y cómo éstas reaccionan frente a ella cuando aumenta su intensidad. Ello lleva a estudiar el papel que le cabe a los sistemas de administración pública, político y legal en inhibir la corrupción. En términos generales, los siguientes elementos favorecen la aparición de la corrupción y están presentes en buena parte de los países en desarrollo:

Primero por la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado; y la existencia de un ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad nacional y; por último la inoperancia práctica de las instituciones públicas.

La cultura legal de una sociedad es una forma importante de delimitación de lo público y lo privado. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. A su vez, la existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Por otro lado las recientes reformas en los países en desarrollo, han dejado al descubierto que la corrupción puede ser una respuesta al conflicto que se produce cuando formas de organización y de sistemas normativos tradicionales se enfrentan a un orden económico moderno. Frecuentemente, se producen brechas sustanciales entre los requerimientos impuestos por la dinámica del mercado y la capacidad de intervención pública, entre los recursos de la administración pública y la dinámica social.

Existe también un dilema de política entre la modernización y desarrollo reciente de las economías de América Latina y la adopción de sistemas de administración pública basados en desarrollos culturales muy distintos a los de la región (extranjerizantes). No obstante, este es un falso dilema pues, objetivamente, los sistemas de administración pública empleados en los países desarrollados han sido ampliamente superiores a los empleados en los países en desarrollo. Así, independientemente del tipo de organización que se dé al Estado, la mejor calidad de dicha administración incide positivamente sobre el control de la corrupción y reduce sus efectos adversos sobre el bienestar social.

Una muestra tradicional de la mala calidad de administración es la capacidad de las empresas de obtener beneficios por lobby o influencia en la regulación. Existe una correlación alta y positiva entre el grado de corrupción y el tiempo dedicado al lobby, sino además que la corrupción depende de cuánto las regulaciones afectan la competitividad del mercado y de en qué medida las regulaciones son imprecisas o mal aplicadas. En muchos países, las reformas económicas, además, han significado un gran costo social en la forma de menores salarios reales, menores recursos para la gestión pública y fiscalización. A la vez, se han abierto nuevos desafíos en las áreas de provisión de bienes públicos y regulación que han significado sustanciales poderes para el reformador. En este contexto, los incentivos a la corrupción han aumentado enormemente. Pero la capacidad del Estado para controlar el problema gestión no se ha desarrollado a la par: el sistema de incentivos para los funcionarios públicos continúan siendo débil de modo tal que los buenos empleados no son recompensados y los malos no son castigados, los mecanismos de información y evaluación son caros y se usan de manera aislada, y el desarrollo de instituciones que permitan verificar el uso del poder político y sirvan de balance a su accionar se ha retrasado notablemente. Más aún, algunos gobiernos enfrentan pocas restricciones para financiar su ineficiencia debido a la presencia de transferencias hechas por la ayuda externa, lo que a su vez incentiva la corrupción. Existe, por tanto, una brecha entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. Ello permite que se mantenga la brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Evidentemente, resulta difícil evaluar el grado de participación de la sociedad en el sistema político pues éste depende de complejos mecanismos institucionales, políticos y constitucionales vigentes en cada país. En principio, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. La literatura económica tiende a asociar regímenes democráticos con mayores niveles de participación ciudadana. En este contexto, en sociedades no democráticas los burócratas están menos restringidos en su capacidad de usar recursos públicos en beneficio propio o de grupos de interés y para perpetuarse en sus cargos mediante lobby. En tal caso, los incentivos a la corrupción son más altos que en sociedades más democráticas, en las que las instancias de verificación por parte de los ciudadanos son mayores, la prensa es libre y en las cuales la alternancia en el poder permite que se destruyan más fácilmente círculos de corrupción enquistados en la maquinaria estatal. Existe una correlación negativa entre índices de libertad de prensa y varios indicadores de corrupción. Los índices de libertad de prensa incluyen leyes y regulaciones que influyen en el contenido de la información, influencia política y económica en la prensa, y actos represivos, es posible que la mayor libertad de prensa reduzca la corrupción al permitir revelar e informar sobre actos corruptos, aumentando la probabilidad de un castigo para los culpables. Es posible, por otro lado, que gobiernos donde hay mayor corrupción tiendan a poner mayores restricciones a la libertad de información o que se corrompa directamente a los mismos periodistas.

La Corrupción en el Poder Judicial

Herbert HART puso de manifiesto los defectos que tendría un derecho primitivo compuesto únicamente por reglas de obligación. Tal serie de reglas adolecería de falta de certeza, carecería de reglas de cambio y tendría una difusa presión social.

Con el objeto de solucionar estas deficiencias. HART supuso la existencia de una regla de reconocimiento, de reglas de cambio y de adjudicación. No pasare revista aquí, en detalle, al pensamiento HARTIANO; si, en cambio, quisiera señalar que, según el autor británico. un derecho desarrollado se caracterizaría, entre otras cosas, porque contiene reglas secundarias de adjudicación que establecen que órganos y bajo que condiciones se determinaría, en forma revestida de autoridad, cuando se ha violado una norma y si cabe, o no, en consecuencia, la imposición de una determinada sanción. En este sentido, los jueces constituirían un elemento necesario de todo orden jurídico moderno.

Ahora bien, quien ha ejercido el papel de juez, como lo ha ejercido en qué circunstancias lo ha hecho, ha dependido por cierto de condiciones históricas. Antes dela advenimiento del orden democrático, los jueces dependían directamente del gobernante e impartían justicia por delegación. La potestad jurisdiccional descansaba en el propio gobernante. Encarnación del estado, quien con frecuencia la ejercía personalmente. Tal fue el caso de España. El rey era en efecto en aquella época, el primer juez del reino, y no solo un órgano de la justicia, sino la justicia misma. Se podría considerar en este sentido, a los reyes católicos como los últimos reyes juzgadores, aunque la justica siga dependiendo de la corona y se impartía en su nombre. Pero ya en la edad moderna con el aumento de las competencias del Estado y frente la nueva necesidad impuesta por el, orden social. Comienza una rápida burocratización de los órganos jurisdiccionales

En este contexto, no era infrecuente la venta de cargos judiciales, el fortalecimiento de los jueces por dadivas y compensaciones o la utilización del aparato judicial como un poderosos mecanismo político en las luchas por el poder.

En la Francia prerrevolucionaria (por ejemplo) se compraba el cargo de juez. La riqueza, base socioeconómica de la clase alta, era considerada como el requisito para la formación de una elite cultural y esta a su vez se consideraba como garantía de una jurisprudencia imparcial. En virtud de esta situación el estrato superior del personal judicial en los parlamentos se convirtió en una auténtica nobleza del cargo, con derechos legítimos hasta hereditarios.

Por eso, no es de extrañar que el pensamiento ilustrado y los impulsos democratizadores vieran con preocupación a quienes decidían sobre la vida y la hacienda de las personas. Se suponía que estas tenían unos derechos inalienables y había que desarrollar un diseño institucional equilibrado que garantizase el disfrute de tales derechos. Con ese objeto, se propugnó lo que tradicionalmente se considera la separación de poderes asignándoles a los jueces un papel muy específico.

Kant sostenía, por ejemplo que los tres poderes del estado están coordinados esto es, se complementan mutuamente para lograr la integridad de la constitución del estado. El poder soberano, que radica en el pueblo y se personifica en el la figura del legislador, tiene una prelación lógica sobre los otros dos poderes. Su voluntad respecto de lo mío y o tuyo es irreprochable. Él debía ejercerse siempre siguiendo los mandatos legales. Es el Poder Judicial, cuyas sentencias supremas son irrevocables, debía adjudicar a través de los jueces a cada uno de los suyos. Pero además ninguna de estas tres dignidades del estado podía interferir en la acción de las otras.

Por razones lógicas, el legislador no podía gobernar, porque esta actividad supone ya la sujeción a la ley. El pueblo soberano, cuya voluntad crea la ley, no podía quedar sometido a la misma. Tampoco pude castigar al gobernante a los ciudadanos porque el acto de coaccionar es ejecutivo y supone, en este esquema sumisión a la ley. Si el gobernante que legisla se transforma en déspota, con peligro para los derechos de los ciudadanos. Y ambos legislador y gobernante, no pueden juzgar, sino únicamente designar a quienes lo hagan. El legislador no pude hacerlo porque para indagar si los ciudadanos son inocentes o culpables se debe aplicar la ley, y por lo tanto esto resultaría lógicamente inadmisible. Si en cambio es el ejecutivo el que juzga, se corre el riesgo de que obre injustamente exponiéndose a una apelación. Y naturalmente ene este esquema excedería cualquier previsión de que los jueces que deben conceder a cada uno su derecho según la, ley pudieran desarrollar funciones propias del legislador o del ejecutivo.